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Justicia y educación

Por Ricardo Peirano.

¿Cómo puede saber el juez si el alumno debe o no repetir el año salvo una manifiesta torpeza o abuso por parte de las autoridades educativas?
El fallo del Tribunal de Apelaciones de Familia, revocando la sentencia de primera instancia que habilitaba la promoción de cuarto a quinto año de una niña que había sido declarada repetidora en el colegio al que asistía, hizo respirar a mucha gente. En especial, a las autoridades educativas. El consejero de Primaria Héctor Florit señaló que un «fallo contrario hubiese colocado a la autonomía de la enseñanza en una situación difícil» y añadió que es «inadmisible que la promoción la firme un juez».
Pero no todas fueron maduras. El Tribunal de Apelaciones, al revocar el fallo de primera instancia aprovechó para reivindicar el derecho de la Justicia para actuar en el caso. «Cuando los tribunales son requeridos legalmente no solo pueden, sino que deben actuar (…) Lo contrario sería una injustificada denegación de acceso a la Justicia. La llamada autonomía de la enseñanza no puede privar a los ciudadanos de reclamar el amparo del Poder Judicial» si están en juego los derechos. Pero por otra parte, el Tribunal señala que no corresponde otorgar el pasaje de curso porque «existe legislación específica y mecanismos administrativos dentro de la ANEP, para cuestionar fallos docentes y deben ser estas autoridades quienes decidan si la resolución fue acertada o no». Es lo que argumenta en la apelación que presentó el colegio, donde adujo que la familia de la niña no completó el trámite administrativo en Primaria, y recurrió directamente a la Justicia.
Es decir, para el Tribunal, se puede acudir a la Justicia si están en juego los derechos pero se debe acudir a la legislación específica y los mecanismos administrativos dentro de ANEP, para decidir si la resolución docente fue acertada o no. Porque, en definitiva, ¿cómo puede saber el juez si el alumno debe o no repetir el año salvo una manifiesta torpeza o abuso por parte de las autoridades educativas? Y no es por defender la autonomía educativa u otras autonomías. Es por sentido común. Por ello, una persona puso un tuit luego de conocido el fallo de primera instancia que decía: «Sr. Juez, ¿no me puede dar por aprobado el examen de matemáticas que he perdido tres veces?».
Es claro que en ninguna instancia donde esté en juego un derecho personal, puede quedar fuera del escrutinio judicial ni siquiera en casos vinculados a la autonomía técnica. Pero, ¿hay un derecho a «promover de grado» o aprobar un examen? No. Hay un derecho a no ser tratado de forma abusiva o ilegal. Pero si no se trata de eso, y claramente en este caso no se trataba de eso, la Justicia no tiene nada que decir. Hay innúmeras razones para promover o para no promover a un alumno pero ello debe ser decidido por el instituto al cual asiste el alumno y eventualmente por recurso administrativo ante autoridades de ANEP. Pasar de curso no es derecho, ser repetidor no es un castigo o un estigma. Y menos en el estado actual de nuestra enseñanza con altos niveles de repetición.
Por ello es bueno recordar una frase de la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal a los docentes: «Les pido a los docentes que no aprueben a un alumno que no haya aprendido. Es una estafa. Que ninguna inspectora o directivo interfiera en sus calificaciones. A mí no me dan miedo las estadísticas. Se que van a dar mal porque estamos mal en educación».
Ojalá alguien acá se animara a decir algo semejante y a reconocer sin tapujos la realidad, por más mala que sea. Es el primer paso para corregir errores y defectos. Pero esas voces, si existe, son sumamente escasas. Y por ello seguimos engañándonos a nosotros mismos y sin solucionar problemas o judicializándolos.
Fuente: https://www.elobservador.com.uy/justicia-y-educacion-n1174870
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MIR educativo: seis años para ser profesor

España / 25 de febrero de 2018 / Autor: Olga R. Sanmartin / Fuente: El Mundo

Buena parte de la comunidad educativa admite que la formación inicial de los maestros es mejorable, que los másteres que habilitan para dar clase en Secundaria dejan mucho que desear y que el modelo actual no es válido para seleccionar adecuadamente a los mejores profesores. Pero nadie va a regalarle así como así a Íñigo Méndez de Vigo ese plácet que le haría pasar a la Historia como el ministro que elevó el nivel de exigencia a los docentes en una de las más profundas reformas de la escuela española.

En el tic tac de la cuenta atrás electoral, el llamado MIR educativo tiene un precio muy alto. Este nuevo sistema de acceso, que también ha propuesto Ciudadanos, supone aumentar la duración de la formación de los aspirantes a maestros de los cuatro años actuales a seis años. En el caso de los profesores de Secundaria, serían siete años, porque se añadirían dos más al grado y al máster. El Gobierno va a necesitar «bastante dinero» para ponerlo en práctica, según todas las fuentes consultadas, pero, sobre todo, mucha mano izquierda para que profesores, rectores, padres, alumnos, consejeros autonómicos y oposición política den el visto bueno. Porque ahora todo el mundo pone peros a un asunto en el que existía cierto consenso.

El Consejo Escolar del Estado, en el que está representada toda la comunidad educativa, aprobó a finales de 2017 un informe en el que planteaba estudiar la posibilidad de un MIR educativo, «considerando que el profesorado es un factor clave en la calidad de los sistemas educativos y que debe ser una profesión fortalecida». También se pronunció en esta línea la mayoría de los 83 expertos que el año pasado hablaron ante los diputados que negocian el pacto de Estado por la educación.

La UE ha recomendado asimismo «una formación inicial eficaz de los docentes», «una selección adecuada» y «apoyo al inicio de la vida profesional». Las conclusiones del Consejo de la UE del 20 de mayo de 2014 instaban a los Estados miembros a «garantizar que los programas de formación inicial establezcan oportunidades para que los futuros docentes adquieran todas las competencias pertinentes necesarias para iniciar con éxito sus vidas profesionales». «Facilitar una formación inicial de gran calidad, un apoyo al principio de la carrera profesional (iniciación) y un desarrollo profesional permanente son factores significativos para garantizar que se atraiga a los candidatos adecuados», insiste.

Y lo mismo advierte la OCDE: «El éxito de los sistemas educativos de calidad combina el aprendizaje de los profesores en las universidades con las prácticas y la experiencia real en las escuelas».

¿Cómo lo hacen en Europa? En la mayor parte de los länder de Alemania, todos los graduados tienen que realizar el vorbereitungsdienst, un servicio preparatorio remunerado en un centro escolar de entre uno y dos años. Además, tienen dos exámenes estatales, antes y después de estas prácticas, y el segundo es requisito imprescindible para lograr un empleo fijo como docente, aunque no lo garantiza.

En Finlandia, donde los profesores tienen un gran reconocimiento social, los requisitos de entrada son superiores a los de los médicos. Hay pruebas de acceso a la formación universitaria que supera sólo uno de cada 10 candidatos y, después de graduarse, deben hacer un máster de forma obligatoria. Está también la opción francesa, con unos institutos superiores de formación del profesorado que se han ganado a pulso su prestigio.

«En casi dos tercios de los países de la UE, los docentes recién titulados tienen acceso a fases de iniciación estructuradas», señala el informe La profesión docente en Europa realizado por la red Eurydice de la Comisión Europea. Este trabajo, que utiliza datos del informe TALIS 2013, advierte de que España registra el porcentaje más bajo de todos los países -el 61% frente a un 89% de media- en cuanto a profesorado que tiene acceso a programas para docentes nuevos en centros escolares que incluyan actividades de mentoría.

También considera «preocupante» que sólo el 63% de los docentes españoles en el primer ciclo de Secundaria haya finalizado un programa de formación inicial del profesorado que combine conocimientos académicos, pedagogía y práctica. La mayoría de los países está en torno al 90% y sólo Italia -con un 53%- registra una cifra más baja.

Tanto en el grado para ser maestro como en el máster de Secundaria hay créditos para el practicum en colegios o institutos, pero fuentes educativas reconocen que «no son suficientes» y que «el sistema no está bien organizado». En muchas autonomías ni siquiera se paga a los mentores. Y aunque después de aprobar la oposición el docente hace un año de prácticas, «nunca han despedido a nadie por no hacerlo bien».

«Estamos formando a demasiados maestros. No podemos tener un sistema que saca a la calle a tantos docentes», admiten fuentes universitarias, que se muestran partidarias de poner un examen selectivo a los aspirantes antes de comenzar el grado. «La formación tiene que cambiar, el acceso debe ser más riguroso», coinciden en los campus. Pero, a la hora de la verdad, los rectores no quieren una prueba común en toda España -de la misma forma que rechazan una Selectividad nacional-, porque eso alteraría su statu quo.

Mientras, los sindicatos de profesores se niegan a respaldar el MIR porque temen que los interinos sean desplazados por esta nueva generación de profesores más preparados, que cobrarían la mitad que ellos durante los dos primeros años. Por eso los partidos de izquierda rechazan ahora el MIR. Por eso y porque, en un contexto de negociación sobre la concertada, la Religión y, ahora también, el modelo lingüístico, cada respaldo al partido del Gobierno exigirá una contraprestación. Con un encuentro con los decanos de Educación, el Ministerio comenzó el jueves una ronda de contactos con universidades, partidos y autonomías para convencerles de que digan sí al MIR.

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FAQ: la reforma educativa xalapeña

México / 25 de febrero de 2018 / Autor: Wenceslao Vargas / Fuente: Plumas Libres

La reforma educativa no ha tenido tropiezos desde el oficialismo desde que nació en 2013, pero a fines de enero de 2018 recibió de parte del PRI veracruzano la embestida de una iniciativa legal para reformarla a nivel constitucional eliminando la evaluación docente para permanecer en el empleo. Abordaremos el tema a la manera de las preguntas que se hacen frecuentemente (Frequently asked questionsFAQ).

¿Ha defendido el PRI a la reforma educativa y ahora quiere revertirla? El PRI, como gobierno y como partido, ha defendido la reforma educativa tal y como la construyó con ayuda del PAN y del PRD en los años 2012 y 2013. La defendió hasta los días 25 y 31 de enero del año en curso. El jueves 25 la bancada del PRI en la legislatura veracruzana propuso, y el pleno aprobó por unanimidad, el miércoles 31, remitir al Congreso de la Unión una iniciativa de ley que pretende modificar el artículo tercero constitucional para eliminar por siempre la evaluación del desempeño docente, pieza fundamental en la reforma educativa tal como el discurso oficial la presentó. Revertir en esa área la reforma de 2013 es crear una especie de reforma educativa xalapeña.  

¿Qué dice el párrafo pertinente en el artículo tercero por modificar? Lo que hay que modificar –inicialmente- es el párrafo tercero del artículo 3º. de la Constitución. Dice lo siguiente, con comillas externas y comillas internas en el párrafo para llamar la atención al lector sobre las palabras a modificar: “La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la “evaluación obligatoria” para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la “permanencia” en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”. Así, la evaluación docente para permanencia es obligatoria en el nivel constitucional.

¿Se pueden o no modificar estas palabras a como lo propone el PRI desde la legislatura veracruzana? Técnicamente es posible. Nosotros, en nota previa, decíamos que sí puede lograrlo el PRI, y nos sostenemos en la respuesta. Partimos del supuesto de que, el haber sido apoyado en Veracruz por todos los partidos políticos representados en la legislatura (PAN, PRD, Morena, Panal, independientes), garantiza que en el altiplano estarían en la misma postura de respaldo al PRI. Suena descabellado pero así es.

¿Qué hace falta para modificar la constitución y darle gusto a la bancada local del PRI veracruzano? Necesita el apoyo de los demás partidos y ya lo logró, muy extrañamente, de parte de todos. Hace falta también que al llegar la iniciativa a la Cámara de Diputados se entregue en la Comisión de Educación, que pase después al pleno y la aprueben dos terceras partes de los diputados y dos terceras partes de los senadores. Luego se necesita que la aprueben 17 legislaturas locales; la de Veracruz se da por hecho.

¿Tendrán tiempo para desahogar la reforma educativa xalapeña en los noventa días que le quedan a la legislatura federal? Nosotros aventuramos la idea de que sí, sosteniendo nuestra respuesta con los mismos argumentos que decíamos en respuesta a pregunta anterior: todos los partidos en Veracruz están de acuerdo. Lo reiteramos, pero si no fuese así estaríamos frente a una broma.

¿Qué le espera a la iniciativa en la Cámara de Diputados? Siguiendo el mismo razonamiento de las respuestas previas, el destino de la iniciativa de reforma deberá ser halagüeño. Es difícil pensar que en la Legislatura federal 63 le exijan que se forme en la cola pues le acompaña el apoyo unánime de los partidos representados en la legislatura veracruzana, que son los mismos que en la federal, aunque le anteceden 4 mil 500 iniciativas pendientes de dictamen. La fuente de esta cifra es un portal especializado (Expansión CNN; bit.ly/2EEiVKI). ¿Qué dicen de la iniciativa la SEP y el INEE? Extrañamente nada dicen, no han salido a atajar la iniciativa que ya ha agotado las etapas iniciales que son las dos más sencillas; nada dicen, quizá porque saben que es una broma electoral. Otra opción es que saben que la iniciativa va en serio y es mejor guardar silencio, por ahora, y demostrar sorpresa -y aceptación- en el momento oportuno. Llama la atención la ausencia del apellido Meade en el proceso, en el caso de que vaya en serio.

El PRI jarocho debe lograr la reforma constitucional en los noventa días (primero de febrero a 30 de abril) que le quedan a la legislatura federal 63 en su último periodo ordinario para que no se le tome a broma. Después de eso noventa días se instala la Comisión Permanente y a partir del primero de julio ya habrá nuevos diputados. Dicho de otra forma, ésta iniciativa de reforma constitucional tiene poco tiempo y no debe tener reversa política. En medio del camino se hallan dos reuniones magisteriales: la de Morena y su simpatizantes magisteriales en Zacatecas el sábado 10 de febrero para tocar el tema, precisamente, el de la desaparición de la reforma educativa entera y, dos días después, el SNTE ortodoxo el lunes 12 en Jalisco para su proceso electoral nacional. En ambos el tema es fundamental.

Si al final del día no se prosigue el proceso legislativo lanzado a fines de enero por el PRI jarocho, la iniciativa, con un costo político anexo para todos sus candidatos, habría quedado como broma. Cabrá entonces plantear la pregunta de quién tuvo la idea de comenzarla.

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FAQ: la reforma educativa xalapeña

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Pactos, 4 por ciento y reforma de la educación -2 de 3-

República Dominicana / 25 de febrero de 2018 / Autor: Jesús de la Rosa / Fuente: Hoy Digital

En las décadas de los años ochenta del pasado siglo 20, la instrucción pública de la República Dominicana confrontaba grandes calamidades. Sus índices de calidad revelaban un gran desastre: baja tasa de cobertura acompañada de una alta tasa de deserción; bajo porcentaje de estudiantes promovidos de grado y sobrecogedores índices de sobre edad. Más de 700 mil niños y jóvenes debieron permanecer fuera de las aulas por falta de cupo o por problemas económicos que los afectaban tanto a ellos como sus padres. En las comunidades más empobrecidas del país se había ido perdiendo la costumbre de enviar sus hijos a las escuelas. La educación inicial era un producto muy caro por lo que la cobertura en ese nivel apenas cubría el 20% de la demanda potencial. El 20% de los dominicanos mayores de 15 años no sabían ni leer ni escribir. La escolaridad promedia de la República Dominica apenas alcanzaba los 4 años de educación básica; hecho éste, que se manifestaba en una baja capacidad tecnológica en su población económicamente activa. Como bien lo señaló el entonces Secretario de Educación, Bellas Artes y Cultos, Nicolás Almánzar: “existe una severa crisis educativa. Sería necio y absurdo negarlo, cuando la realidad es más fuerte que el pálido reflejo de lo que escriben sobre la crisis educativa, los especialistas y los formadores de opinión”. ¿Qué evitó el colapso definitivo del sistema dominicano de instrucción pública? El diseño y puesta en práctica del Plan Decenal de Educación 1993-2003 a cargo, no de un individuo en particular, sino de cientos de personas capacitadas y deseosas de mejorar las condiciones de vida de los dominicanos. Los candidatos de los principales partidos políticos a ocupar la Presidencia de la República en las elecciones generales celebradas aquí en 1996 acordaron con los comisionados del Plan Decenal de Educación 1993-2003 que quien resultara ganador en esos comicios nombrara como Secretario de Educación, Bellas Artes y Cultos a una persona ligada al sector y muy entendida en materia de educación y de didáctica. El candidato triunfador en esas elecciones, el doctor Leonel Fernández Reina, cumplió con lo acordado.

¿Quién o quiénes fueron los primeros en sugerir un presupuesto para educación equivalente a un 4% del Producto Bruto Interno? El Sistema Dominicano de Instrucción Pública era, y todavía lo sigue siendo, uno de los peores financiados de la América Española y el Caribe. Los gobiernos que se sucedieron en las décadas de los años 90 y en los inicios de la primera del siglo 21, invirtieron en educación un promedio de 2.3% del PBI, en momentos en que el promedio de los gastos en educación de parte de los gobiernos latinoamericanos sobrepasaba con creces el 4.7% del PBI. Ante esa situación, nuestros gobernantes reaccionaban de distintas manera; unos, otorgando al sector de educación montos cada vez más insuficientes; y otros, dejando hacer a los secretarios de Estado del ramo lo que querían y podían para mejorar la grave situación en que se encontraba el sistema dominicano de instrucción pública.

Todo ello, sin analizar los graves problemas a los cuales nos enfrentábamos y sin concertar soluciones de fondo a los mismos. Afortunadamente, al multiplicarse los grupos sociales que demandaban más y mejor educación, aumentaron las expectativas. Lo mismo ocurrió con el financiamiento de las escuelas públicas. Cuando eran pocas y poco también su impacto en las finanzas públicas, sólo a un reducido grupo de personas se le ocurría pensar y sugerir que los gobiernos invirtieran más en el ramo.

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Pactos, 4 por ciento y reforma de la educación

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http://crees.org.do/es/gráfica-del-día-calidad-de-la-educación-en-centroamérica-y-república-dominicana

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¿Cómo interpretar los resultados de Planea?

México / 25 de febrero de 2018 / Autor: Eduardo Backhoff Escudero / Fuente: El Universal

Recientemente, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) dio a conocer los resultados de Planea de la educación secundaria del país. Esta evaluación forma parte del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, que realiza periódicamente el INEE para conocer en qué medida los estudiantes de distintos niveles educativos adquieren los aprendizajes esperados (conocimientos y habilidades) de los diversos planes y programas de estudio nacionales. Por ello, Planea avalúa a los alumnos que culminan los últimos grados de educación preescolar, primaria, secundaria y Media Superior (EMS). Los resultados de estas evaluaciones sirven de termómetro para conocer el progreso en materia educativa que tiene el país en su conjunto y en cada uno de los estados de la Republica.

Pues bien, la “temperatura” recién tomada al sistema educativo muestra que una tercera parte de los estudiantes que terminan la secundaria tiene problemas importantes para comprender lo que leen y dos terceras partes carecen de las habilidades básicas de matemáticas que se enseñan en este nivel educativo (resultados muy similares a los de primaria y EMS). Esto quiere decir que los alumnos que tienen estas carencias académicas enfrentarán grandes retos para superarlas y corren un alto riesgo de abandonar la escuela por motivos de reprobación.

La sociedad civil y los medios de comunicación han reaccionado ante estos magros resultados educativos, mostrando su preocupación e indignación a las autoridades educativas y poniendo en duda la pertinencia de la reciente Reforma Educativa. Cuando se me ha preguntado mi opinión sobre lo que significan estos resultados y la forma de interpretarlos, siempre comento lo siguiente: Lo que mide una prueba estandarizada de logro educativo representa el aprendizaje acumulado del estudiante desde su nacimiento hasta el día en que responde el examen. Dicho aprendizaje se adquiere tanto fuera de la escuela (principalmente en el hogar y en la comunidad) como dentro de ella (principalmente en sus aulas y en los diversos recintos escolares). Por ello, los resultados de aprendizaje no se le pueden atribuir sólo al profesor del alumno, ni siquiera a la escuela donde ha cursado los grados anteriores, ya que las oportunidades que ha tenido el estudiante para aprender fuera de la escuela son tan importantes y determinantes como aquellas que se dan a su interior. Las estimaciones más optimistas calculan que la mitad del aprendizaje de un alumno se explica por lo que ocurre en la escuela, mientras que la otra mitad la explica el contexto familiar y social. Por ello, los alumnos cuyos padres alcanzaron la licenciatura tienen un mejor rendimiento académico que aquellos cuyos progenitores apenas cursaron la primaria.

Los resultados de Planea representan el cúmulo de éxitos y fracasos del sistema educativo, así como de la complacencia e irresponsabilidad que el Estado y la sociedad en su conjunto han tenido en temas educativos. Los resultados de las evaluaciones estandarizadas han provocado que el país se despierte de un largo letargo, durante el cual: 1) los temas educativos no han sido de interés nacional, 2) el Estado mexicano ha sido omiso en vigilar que se cumpla con el espíritu del tercero constitucional, 3) las autoridades federal y estatales no han garantizado que las escuelas cuenten con las condiciones materiales y humanas mínimas para operar, 4) los sindicatos y grupos políticos se han aprovechado del financiamiento educativo para sus propios beneficios, 5) los supervisores y directores han atendido aspectos administrativos y burocráticos, sin preocuparse por el aprendizaje de los estudiantes, 6) los docentes han trabajado con prácticas memorísticas y enciclopédicas que son fáciles de implementar, por ineficaces y desalentadoras, 7) las escuelas han permitido que los estudiantes arrastren las deficiencias de los grados anteriores, 8) los padres de familia han preferido no acompañar el proceso educativo de sus hijos, dejándole toda la responsabilidad a la escuela y 9) la sociedad en su conjunto ha estado ajena al tema educativo y ha permitido que se construya una cultura juvenil ajena al mérito y al amor al conocimiento.

En el mejor de los casos, los resultados de Planea han proporcionado evidencias del fracaso acumulado de las reformas implementadas en el país, especialmente de aquellas que han tenido el tiempo suficiente para impactar los procesos educativos. Para evaluar la Reforma Educativa actual es necesario esperar, al menos, el tiempo que tarda una generación de estudiantes para cursar los distintos niveles educativos, a partir de su completa implementación: para preescolar, tres años; para primaria, nueve (tres de preescolar más seis de primaria); para secundaria, doce (tres de preescolar, seis de primaria y tres de secundaria); y para EMS, quince años (el total del ciclo). Por ahora, los resultados de Planea sirven de línea base para evaluar, en un futuro próximo, el grado en que la Reforma Educativa es capaz de mejorar el aprendizaje de los estudiantes mexicanos, revirtiendo los efectos acumulados de la educación en nuestro país. En caso de que esta Reforma sufra cambios mayores, el tiempo para conocer su impacto empezará a contar nuevamente.

Fuente del Artículo:

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/eduardo-backhoff-escudero/nacion/como-interpretar-los-resultados-de-planea

Fuente de la Imagen:

http://www.dgep.sep.gob.mx/

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Un abogado a Educación: ¿desacierto o coherencia político-pedagógica?

Chile / 25 de febrero de 2018 / Autor: Domingo Bazán Campos / Fuente: La Nación

Cada vez que asume un nuevo gobierno, uno de los momentos más esperados, desde un punto de vista político y noticioso, corresponde a la designación de quienes acompañarán al Presidente electo en su mandato. Es decir, su gabinete, su equipo de confianza, esos más de 20 ciudadanos que asumirán la responsabilidad de la administración de la nación y de poner en marcha el valorado Programa de Gobierno.

En este contexto, más allá de las expectativas en torno a qué partidos de la coalición gobernante se favorece, es relevante observar el cumplimiento de una mínima coherencia entre los valores del Presidente y lo trazado en el Programa de Gobierno, por un lado, con los perfiles, competencias y experiencias previas de los designados, por otro lado, para ejecutar esas “partituras políticas” y asumir como ministros de Estado. En el caso de Educación, la opinión pública está manifestando sorpresa y desazón, resaltando la aparente baja experiencia en el campo educativo de Gerardo Varela junto a una relativa distancia del flamante ministro en relación a un determinado perfil exigido para ocupar esta cartera.

¿Qué sentido y validez posee esta desazón por el nombramiento de un abogado y directivo empresarial en el Ministerio de Educación? Si miramos desde un enfoque crítico y social, no debería ser sorpresa esta reciente designación, pero si miramos desde cierta superficialidad periodística, de la novedad, las expectativas rotas y la frustración podrían entenderse. Revisemos algunos argumentos que están detrás de esta novel frustración de una parte de la opinión pública:

a) Dime con quién andas y te diré quién eres: Como hemos sugerido, los ministros son hombres de confianza de su Presidente. De ellos, se espera “unidad, diálogo y calidad”, en el fondo, lealtad al Mandatario y su programa. No tiene sentido esperar un ministro que no esté dispuesto a hacer lo que tiene que hacer. Los partidos que lo avalan han asegurado previamente que cada nombre sugerido cumpla estos principios. En este contexto, si las intenciones del nuevo gobernante refieren a desmontar distintas leyes asociadas a gratuidad, lucro e inclusión, qué mejor que un abogado para ello, máxime si públicamente el designado ya se refirió negativamente a estas transformaciones de la Nueva Mayoría. Si, por otro lado, se concibe a la educación como un bien de consumo más que como un derecho, qué mejor que un experto líder empresarial para resignificar lo avanzado y girar hacia categorías más economicistas de la educación y la sociedad. En todo esto hay estricta coherencia política, la mejor y más eficiente de las coherencias. Los sorprendidos con esta designación, sorprenden.

b) Pastelero a tus pasteles: Esta premisa -ya fuerte en las redes sociales- supone que las carteras ministeriales deben ser ocupadas por expertos en los temas propios de cada cartera. Así, un economista a Hacienda; un artista a Cultura; un abogado a Justicia; un médico a Salud, en fin. Aunque esto se diluye en otras carteras, como Vivienda y Defensa, por ejemplo, persiste la representación social que sostiene que los educadores saben más de educación que otros. Lamentablemente, nunca ha sido comprendido así por quienes detentan el poder (pocas veces, en rigor, si recordamos a M. Aylwin o E. Schiefelbein). Bien sabemos que si algo caracteriza a nuestra sociedad es la gran importancia que le asigna a la educación, pero no a los educadores. Esta contradicción se explica por la connotación social, cultural, política y económica que tiene el fenómeno llamado educación, lo que lleva a pensar que debe ser administrada por otros profesionales, mas no por profesores. Así, la expectativa de un profesor para el Ministerio de Educación es una ilusión que no correlaciona con los valores de la sociedad chilena, con su ethos cultural, más allá del gobierno de turno. Nuevamente, los sorprendidos deben sorprenderse de su sorpresa.

c) En casa del herrero, cuchillo de palo: Supongamos ahora que alguna epifanía (o iluminación pedagógica freiriana) hubiese orientado a Piñera a designar un profesor en Educación. La algarabía en el Colegio de Profesores no duraría medio día, pues, no podría tratarse de un pedagogo cualquiera sino de uno que enfatice la racionalidad de la política pública chilena, más preocupada de los rendimientos que de lo que ocurre en el corazón y la mentes de niños y niñas, más centrada en el currículum prescrito que en la vida en las aulas, más obsesionada de enseñar que de aprender, más cuidadosa de la eficiencia que de la eficacia de fines pedagógicos construidos participativamente, más satisfecha de la homogeneidad en la escuela que de la heterogeneidad. En consecuencia, un profesor que llegue a Ministro de Educación debe asegurar la continuidad de la racionalidad instrumental por sobre los procesos de formación crítica y de transformación social. Por algo sonaba fuerte para esta cartera la ex ministra y profesora M. Aylwin, es decir, más de lo mismo. Que un abogado sea Ministro de Educación, no es sorpresa; que un profesor sea Ministro es una sorpresa, pero menor (siempre y cuando sea tecnócrata, eficientista y tenga un posgrado en economía). La verdadera sorpresa sería nombrar un pedagogo (estudioso de la educación), con formación fuerte en torno al sistema escolar (administración educacional o políticas educativas) y, todo ello, desde un enfoque crítico y social (pedagogía y didáctica crítica).

De acuerdo a esto, la designación de un abogado-empresario en Educación representa un acto político de estricta coherencia, así como un potencial desacierto si se subvalora la expresión popular, gremial y juvenil que desencadena. En efecto, pocas sorpresas nos trae 2018, pues, podemos anticipar ya los cambios que esta cartera tendrá en su accionar, tampoco debe sorprender las tempranas expresiones de descontento de una parte de la sociedad que no cree en la educación como un negocio ni en su instrumentalización para profundizar un sistema opresor, competitivo e individualista. Nada es sorpresa, entonces.

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Un abogado a Educación: ¿desacierto o coherencia político-pedagógica?

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La historia oculta del programa EDUCO

El Salvador / 25 de febrero de 2018 / Autor: D. Brent Edwards Jr. / Fuente: El Faro

El programa Educación con Participación de la Comunidad (EDUCO) no fue eficiente. Sus resultados en exámenes fueron peores que con el sistema tradicional. Pero las agencias internacionales neoliberales lo siguen promoviendo como ejemplo, escondiendo sus intenciones ideológicas y sus debilidades de ejecución.

La Educación con Participación de la Comunidad (EDUCO) fue un programa educativo emblemático que atrajo la atención internacional hacia El Salvador entre 1991 y 2011. Su objetivo declarado era aumentar el acceso a la educación para los niños de El Salvador, y se basó en una forma extrema de descentralización.

En contraste con muchos otros países en el momento, el Ministerio de Educación de El Salvador (MINED) transfirió la responsabilidad legal de la gestión de asuntos educativos del gobierno central al nivel local. De repente, en numerosas comunidades en todo El Salvador, consejos comunitarios formados por cinco padres o madres, conocidos como Asociaciones Comunales de Educación (ACE), se hicieron responsables de llevar a cabo algunas de las tareas más importantes y fundamentales de la política educativa, como la contratación y despido de maestros y la administración de presupuestos escolares. Era, en realidad, una versión exagerada de la neoliberalización de la educación.

Desde sus inicios, EDUCO fue adaptado por países vecinos (Nicaragua, Guatemala y Honduras), estudiado por diseñadores de políticas de todo el mundo y presentado en las publicaciones de alto perfil de las organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los partidarios de EDUCO lo han promovido como una política naturalmente superior, y en el proceso han producido una historia de los orígenes del programa y sus logros. Esta narrativa dominante, o «historia oficial», se puede encontrar en publicaciones presentadas por el MINED, el Banco Mundial y varios consultores del Banco Mundial (especialmente en sus evaluaciones de programas, que se citan con frecuencia). Esa narrativa ha sido recogida y reproducida por muchos autores y comentaristas que abordan cuestiones relacionadas con la educación.

Pero la historia que cuentan los promotores de EDUCO es incorrecta. Oscurece lo que yo considero una historia oculta, más fidedigna.

La historia política de EDUCO

En varias publicaciones, pero más recientemente en mi nuevo libro The Trajectory of Global Education Policy: Community-Based Management in El Salvador and the Global Reform Agenda , proporciono evidencia que revela esta historia oculta. Mi investigación se llevó a cabo principalmente durante el periodo 2011-2012 cuando estuve afiliado a la UCA con una beca Fulbright. Consulté los acervos de la biblioteca de la UCA, los archivos de La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, el MINED, FUSADES, USAID, el Banco Mundial y una colección de documentos personales de la consultora de la UNESCO que concibió la idea de seguir el camino de dejar la administración de la educación en manos de la comunidad. Complementé mi investigación de archivo con 82 entrevistas con actores clave.

Los defensores de EDUCO lo describen como un simple caso de formulación de políticas racionales en el que el MINED simplemente quería encontrar una manera de mejorar el acceso de los niños a la educación después de una década de guerra civil. Pero, si bien esto era parte de la historia, muchos otros factores estaban en juego:

Primero, al final de la guerra el gobierno salvadoreño y sus formuladores de políticas educativas enfrentaban presiones que influyeron fuertemente en la dirección de la reforma educativa. Después de una década de guerra civil, y en el contexto de un presupuesto drásticamente reducido para la educación, una de las únicas formas de acceder a la financiación de la educación era a través del Banco Mundial. Sin embargo, para recibir la aprobación de un préstamo del Banco Mundial, generalmente los países tenían que adoptar reformas económicas neoliberales rígidas. Fue por esta razón que el MINED, bajo el liderazgo de Cecilia Gallardo, nombrada ministra en agosto de 1990, consideró primero imitar la reforma educativa chilena, en la que los padres recibían vales para enviar a sus hijos a escuelas privadas. Sin embargo, la misma Ministra se dio cuenta de que este modelo no funcionaría en El Salvador debido a las limitaciones del MINED y también a la segura resistencia del sindicato de maestros a la privatización de la educación.

A fines de 1990 una consultora de la UNESCO convenció al MINED y al Banco Mundial que experimentaran con la gestión basada en la comunidad. Esta idea surgió del estudio de la consultora sobre las condiciones del sistema educativo de El Salvador en los catorce departamentos. La consultora descubrió que durante la guerra civil, ante la ausencia de educación proporcionada por el gobierno, muchas comunidades se organizaron y contrataron maestros con una compensación mínima.

Por lo tanto, uno de los secretos irónicos de EDUCO es que la inspiración para sus iniciativas de descentralización provino, al menos en parte, de las áreas controladas por el FMLN, donde el descuido del gobierno se combinaba con una filosofía de organización comunitaria democrática para producir educación autónoma basada en la comunidad.

Tanto el MINED como el Banco Mundial se resistieron a imitar un enfoque que tenía orígenes en las comunidades del FMLN, pero finalmente se dieron cuenta de que podían adaptarlo a sus necesidades. El Banco Mundial razonó que la retórica de la solidaridad podría eliminarse y que la gestión basada en la comunidad podría enmarcarse en torno a conceptos favorables al neoliberalismo como la rendición de cuentas, la eficacia y la eficiencia. La idea era que la rendición de cuentas resultaría de la contratación de docentes por contratos de un año, renovables a discreción de las ACE. Este sistema sería, sobre el papel, más efectivo a través de una mejor calidad de enseñanza y mejores resultados en los exámenes, porque los maestros se ausentarían en teoría con menos frecuencia y tratarían de realizar sus tareas mejor por temor a perder sus trabajos. Finalmente, la eficiencia sería el producto de una mejor gestión del presupuesto por parte de las ACE porque supuestamente solo comprarían los suministros que necesitaba su escuela local.

Para el MINED, EDUCO cumplió con otros dos objetivos políticos que convenientemente quedan fuera de la historia oficial. Primero, ese diseño permitiría al gobierno socavar y subvertir el sistema educativo que el FMLN había construido durante la guerra, y que se estima que atendió a más de 13,000 estudiantes con una coalición de aproximadamente mil educadores populares, principalmente en los departamentos de Morazán, Chalatenango y Cabañas. Debido a que el programa EDUCO requería que las ACE contrataran maestros con credenciales oficiales (es decir, un certificado de enseñanza), las comunidades del FMLN no podían contratar a sus educadores populares.

La segunda agenda política que satisfizo EDUCO fue el debilitamiento del sindicato de maestros, que el gobierno de ARENA consideraba aliado del FMLN. Este objetivo se logró al exigir que las ACE contrataran maestros que no fueran miembros del sistema de carrera oficial del MINED, lo que significaba que no eran elegibles para unirse al sindicato.

Un plan anterior a los Acuerdos

Hacia fines de 1990, el MINED y el Banco Mundial comenzaron a implementar EDUCO. Lanzaron un breve programa piloto en seis comunidades a principios de 1991, y poco después se comprometieron completamente con el programa. A mediados de 1991 el Banco Mundial aprobó los fondos para el programa, lo que significaba que EDUCO se implementó incluso antes de que se firmaran los Acuerdos de Paz en 1992, y antes de que comenzara oficialmente el proceso de reforma educativa de posguerra.

A lo largo de la década de 1990, EDUCO recibió un apoyo inmenso, no solo en la forma de 69.3 millones de dólares en préstamos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, sino también por medio de consultorías y evaluaciones. El Banco Mundial impuso en el programa varios requisitos relacionados con la evaluación, su marco legal, documentación e incluso la forma en de comerciarlo. Siguiendo las directrices del Banco Mundial, el MINED organizó una campaña radial y periodística para dar a conocer el programa y reducir la posible oposición.

Un aspecto final de la historia oculta de EDUCO es el papel de los Estados Unidos y el contexto de la Guerra Fría. EDUCO nunca hubiera existido de no haber sido por la creación de FUSADES y FEPADE, ambos financiados en parte por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en los años ochenta. Estas organizaciones permitieron el surgimiento de nuevos actores políticos receptivos a las reformas neoliberales orientadas al mercado, incluyendo al presidente de ARENA, Alfredo Cristiani (1989-1994), y la ministro Cecilia Gallardo, que estaba vinculada a la cúpula del partido ARENA. Al menos 17 personas más afiliadas a FUSADES obtuvieron posiciones clave en el gobierno de Cristiani, desde donde aceleraron las reformas neoliberales.

Un economista del Banco Mundial incluso tomó un año sabático para asumir el cargo de Ministro de Hacienda en el gobierno de Cristiani.

El escándalo del legado de EDUCO

Aunque los defensores de EDUCO hacen una variedad de afirmaciones sobre su éxito, una lectura atenta de la evidencia revela que no produjo mejores resultados educativos. Por el contrario, tuvo efectos negativos en los resultados de las pruebas. El Banco Mundial y sus consultores han presentado interpretaciones irracionalmente favorables de los datos.

No existe evidencia que indique que EDUCO fue más eficiente, que condujera a una forma más sólida de participación comunitaria, o que promoviera la rendición de cuentas entre los docentes y las ACE. Si bien la evidencia disponible muestra una gran variación en el rendimiento y las actividades de las ACE, también muestra que los padres tuvieron en muchas comunidades problemas con los requisitos de documentación y con su propia inexperiencia en el seguimiento y la gestión de los docentes.

Además, no existe evidencia que respalde la afirmación de que la función principal de las ACE, es decir, la contratación y el despido de profesores, se realizara de manera significativa. Un estudio producido por el MINED muestra que a menudo el proceso de contratación no lo orientaban las ACE, sino más bien respondía a sugerencias de otros profesores, directores de escuela o personal en las oficinas departamentales. Este hecho revela una seria debilidad en EDUCO, porque el proceso de contratación se presenta como una de sus características más importantes y exitosas.

Se puede decir mucho más sobre EDUCO en la práctica. Por ejemplo, las escuelas EDUCO eran, en promedio, más desfavorecidas que las escuelas públicas tradicionales (en términos de recursos disponibles y proporciones entre maestros y estudiantes), y con frecuencia recibían un apoyo mínimo de las oficinas departamentales del MINED. El punto más importante es que, en general, ninguna de estas deficiencias de EDUCO se conoce, ni en El Salvador ni a nivel internacional. Por el contrario, EDUCO vive como una fantasía, un ejemplo ficticio de gestión exitosa basada en la comunidad. Gracias a los estudios producidos y difundidos ampliamente por el Banco Mundial, junto con el incansable apoyo de muchos representantes del MINED que trabajaron con EDUCO durante la década de 1990, este programa continúa siendo citado como una forma de mejorar la rendición de cuentas, la eficacia y la eficiencia en la educación.

El engaño es que a pesar de que la realidad práctica de EDUCO no fue positiva, el legado basado en una historia oficial continúa apoyando reformas educativas. Y a la vez, desvía la conversación de cómo hacer que la participación comunitaria funcione más genuinamente en la práctica.

Fuente del Artículo:

https://elfaro.net/es/201802/ef_academico/21445/La-historia-oculta-del-programa-EDUCO.htm

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