La educación debe tener como objetivo la equidad para garantizar los mismos derechos y oportunidades para todos. Para ello debe garantizarse la justicia social y la educación como bien público.
Decía Aristóteles que si el fin de la educación es la justicia, la educación debe ser única y la misma para todos de modo que no sea el dinero y la clase social la que diferencia la educación.
Las personas que formamos parte del Foro de Sevilla queremos manifestarnos para que la educación tenga como objetivo primero la equidad. Porque todos los alumnos y alumnas, sean quienes sean, puedan tener una educación equivalente que les proporcione los mismos derechos y oportunidades ante la vida. Para ello debe garantizarse la justicia social y considerarse la educación como un bien público.
Una nueva ley de educación debe ser consensuada con la comunidad educativa, colectivos y organizaciones sociales que trabajan por la educación y cumplir con los siguientes principios:
Financiación: Un sistema educativo público y de calidad necesita una financiación suficiente y adecuada. Pero tan importante como la inversión es la intencionalidad política que define los fines que pretendemos y los objetivos que le atribuimos. Un sistema basado en la equidad como principio, que desarrolle instrumentos y acciones dirigidos a compensar las desigualdades y a garantizar una educación de calidad para cualquier persona requiere un esfuerzo económico notable (consiste en que una desigualdad de origen no implique nunca una desigualdad en las oportunidades educativas), pero el retorno exponencial, en términos de progreso, bienestar y cohesión social, es impagable para cualquier país. La inversión en un sistema educativo público y de calidad debe ser suficiente y sostenida. Requerimos una ley de Financiación de la educación pública que garantice un nivel de inversión del PIB en educación que se sitúe en la media de los países más avanzados de la Unión Europea. Un 5% en una legislatura con el compromiso a medio plazo del 7%, trasladando ese incremento al gasto por alumno en todos los territorios, vinculando esa subida a programas y proyectos socialmente debatidos, con objetivos y prioridades que respondan a las necesidades educativas compartidas por toda la sociedad (Pedro Badía Alcalá).
Escuela plural: Cada escuela debe ser una foto microscópica del conjunto de la sociedad donde conviven alumnos y alumnas plurales y diversos. En las escuelas de público homogéneo se aprecia una segmentación y segregación de la educación democrática, disminuye el aprendizaje y la capacidad de reconocimiento del “otro”, los y las que son diferentes, hurtando el aprecio por los demás y la capacidad de convivencia. La segregación social también disminuye las posibilidades del sistema educativo para enseñar, se inhibe el efecto de los pares (con quienes se aprende) y son escuelas con menos recursos y menos oportunidades. El efecto principal de obtener menores logros educativos no proviene del origen social individual, sino de agregar estudiantes de similar origen social a la misma escuela; bajan las expectativas hacia los estudios y se producen situaciones de vulnerabilidad y bajo desempeño escolar, mientras el profesorado tiene dificultades, baja motivación para el trabajo y para mantener su estabilidad en estos centros (Carmen Rodríguez Martínez).
Inclusión educativa: El mundo de ideas que orienta la manera de pensar y actuar se encuentra colonizado por un modo de conocer positivisto, centrado en la mejora de la productividad de las sociedades. Esta lógica afianza la línea divisoria entre ‘excluidos’ e ‘incluidos’ y es contraria al principio de inclusión educativa. La comprensión numérica de la realidad contribuye a asociar ‘diferencia’ y ‘déficit’. La imposición administrativa de una práctica racionalista y clasificatoria desvirtúa el significado genuino del principio de inclusión. Apremia romper esta secuencia, en la que al diferente se le asignan espacios marginales, profesorado especial y un currículo degradado. Es preciso dotar a los sistemas escolares de las condiciones estructurales básicas que exige una educación inclusiva, en la que todos y todas tengamos las mismas posibilidades de construirnos como personas comprometidas con una sociedad más justa en lo económico, sabia en lo social y ecológica en lo ambiental (Rodrigo J. García Gómez).
Red de titularidad y gestión públicas: Sabemos que en nuestra sociedad quien hace suyo el derecho de todos a la educación en condiciones de equidad es la escuela de titularidad y gestión públicas. Su compromiso es garantizar el éxito educativo de todos desde el profundo respeto a la diferencia para conseguir la mayor igualdad. Es el espacio en el que es posible aumentar siempre el grado de justicia escolar y social sin ningún tipo de discriminación y segregación. Es el lugar donde se hace efectivo el derecho a la fraternidad y la fraternidad como derecho. Por ello tenemos la obligación de trabajar en esta dirección para hacer realidad la escuela pública democrática y equitativa, donde el protagonismo de los que aprenden se dé en condiciones de máxima libertad y calidad para garantizar que nadie quede, respetando su singularidad, al margen de su pleno desarrollo y realización humana (Julio Rogero Anaya).
Laicidad: Una educación laica responde a las necesidades de los pueblos, que han aspirado a asegurar no solo la libertad de conciencia de todas las personas, tanto la de quienes adoptan alguna religión como la de quienes no lo hacen; sino también a afianzar, mediante la educación, una forma de organización y un sistema de vida democráticos en los que se pueda expresar el pluralismo ideológico, social y político de toda sociedad, respetando plenamente las garantías individuales y los derechos humanos de cada persona. La educación laica no cuestiona las religiones, que son formas de vida y creencia respetables. Pero tampoco quiere que los contenidos educativos se basen en dogmas y creencias particulares, sino en los resultados del progreso de la ciencia. Prescinde así, de pretensiones dogmáticas y se ubica en la libertad; no se trata de una educación atea o agnóstica, sino de una educación independiente de religiones y creencias particulares. Las familias que quieran que sus hijas e hijos reciban formación religiosa son muy libres de hacerlo, pero evidentemente al margen del sistema educativo (Enrique Javier Díez Gutiérrez).
Coeducación: La educación debe ofrecer a las niñas y a los niños las mismas oportunidades de vida y de conocimiento. En el momento actual la educación tiene que ir eliminando los mensajes relativos a las desigualdades de género y no diferenciar ni las actividades, ni los espacios ni los mensajes que van dirigidos a unos y otras. Pero para ello debemos avanzar en una cultura andrógina que permita valorar igualmente los antiguos saberes masculinos y femeninos, y debemos integrarla en la educación ofreciéndola de modo universal a unas y otros, para que cada criatura pueda encontrar su personalidad y configurar su proyecto, a partir del descubrimiento de sus propias capacidades y posibilidades, y con independencia de su sexo biológico. Sólo así podremos acabar con el androcentrismo en la cultura, superar la violencia de género masculino que se sigue valorando y exigiendo a los chicos, y la inseguridad que se continua transmitiendo a las chicas. Y evitaremos también el sufrimiento de las criaturas que no encajan en los moldes de género, y que ahora se ven obligadas a acogerse a la etiqueta “transgénero”, con las consiguientes dificultades para sí mismas, sus familias y el profesorado. (Marina Subirats Martori).
Participación democrática: La participación plena y efectiva de toda la comunidad educativa debe presidir la ordenación del sistema educativo, el proceso educativo y la gestión y control de los centros educativos, obligando a las administraciones a impulsar y garantizar dicha participación. La educación es democrática o no es educación y sí mera instrucción ideológica. Una sociedad democrática existe cuando sus ciudadanos y ciudadanas se comportan democráticamente, y cuando sus instituciones se rigen por normas democráticas y actúan según ellas. Una escuela democrática es la que enseña a ejercer la democracia, dando ejemplo al plasmarla en todas sus actuaciones y buscando con ello que los menores interioricen el comportamiento democrático en su aprendizaje personal y social. Es imprescindible que la escuela revise sus normas y las formas que mantiene al aplicarlas, abandonando estilos de relación que se muestran inoperantes, alejados de los requerimientos de una sociedad democrática, justa y moderna. (José Luis Pazos).
Saberes contextualizados y aprendizajes relevantes: Si queremos tener alguna posibilidad de influir con las ideas en las instituciones educativas, si pretendemos que estas sean valiosas, relevantes y mejores para los individuos, no deberíamos dejar de contemplarlas como agentes y canales de conocimiento, de saberes diversos y, en definitiva, de cultura. A eso lo denominamos contenidos de la enseñanza. Estos son inherentes a la actividad de la educación y no podemos entender que hubiera una pedagogía vaciada de contenidos, pues eso sería otra cosa y no educación. Una pedagogía liberadora (crítica) somete a escrutinio el valor de las prácticas, de las tradiciones y de los contenidos. El conocimiento puede ser emancipador cuando colabora a la comprensión del mundo físico, el material, el social, el relativo a las actividades humanas, la cultura artística… Elegir contenidos potencialmente valiosos, traducidos a experiencias positivas, donde los tiempos asignados a las tareas sean los necesarios para que la experiencia despliegue sus posibilidades, cambiarían la calidad de los sistemas educativos, de los cuales parece que las administraciones estén más preocupadas por controlarlos desde fuera que mejorarlos por dentro (José Gimeno Sacristán).
Formación del profesorado y equidad: Es importante una formación del profesorado que desarrolle una verdadera autonomía poniendo énfasis en la equidad profesional. Dada la heterogeneidad del alumnado es de importancia fundamental formar al profesorado en procesos educativos no homogeneizadores, en instituciones y organizaciones más flexibles, en inclusión educativa y diversidad en todos sus niveles y ámbitos. La formación del profesorado ha de permitir asumir una profesionalidad basada en la diversidad en las aulas y en los centros. Promover el trabajo colaborativo entre los docentes y con el alumnado y, por supuesto, trabajar conjuntamente con la comunidad que envuelve la escuela ya que la equidad no está únicamente dentro de la institución educativa sino en la sociedad para conseguir un cambio hacia la equidad, el respeto, la convivencia y la democracia en la escuela (Francisco Imbernón Muñoz).
Acción global de la equidad: Existen desigualdades que requieren una acción global, una respuesta integrada que trasciende el centro escolar y que impacta, en gran medida, en la eficacia de las oportunidades educativas. En este sentido, garantizar unas condiciones de educabilidad adecuadas (sean materiales o afectivas), generalmente degradadas en contextos de pobreza, puede resultar tan determinante como contar con un proyecto pedagógico de calidad o con profesionales bien cualificados. Ello exige que cualquier sistema educativo orientado a la equidad considere la necesidad de diseñar estrategias de colaboración y coordinación conjunta, como puedan ser planes interdepartamentales o acciones intersectoriales, para resultar más eficaces (Montse Milan Hernàndez).
Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/12/05/manifiesto-por-la-equidad-en-educacion/
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