Por: Mario Hernandez
“Haciendo lo que hay que hacer” (spot macrista)
Según el gobierno, hacia octubre la economía crecería un 4%. La inversión arriba del 8%. Y también lo haría el consumo. El repunte de la economía sería calculado contra el tercer trimestre del año pasado (caída del 3,7%). La inversión sobre un retroceso del 8,2 %. Y el consumo de bajar 2,9 % (representa más de 2/3 del PBI).
Simplemente se estaría remontando la pérdida del 2016. Y flaca en sectores que ocupan mucha mano de obra, como la industria, donde en mayo hubo 1.900 puestos menos que en abril.
El índice de precios se ubicaría en el 21% anual, por encima de la banda de entre el 12 al 17% soñada por Sturzenegger. El acumulado semestral ya llegó a 11,8 %. Consultores privados estiman más de 2 % para julio. Según Standard & Poors “la meta de inflación es inalcanzable”.
Entre enero y marzo, de acuerdo a la Dirección General de Estadísticas y Censos de la CABA, los alquileres aumentaron entre 36.8 % y 28,4 %. Los que alquilan una casa o departamento en la Ciudad destinan, en promedio, entre el 35 y 45 % de sus ingresos a pagar solo el alquiler mensual. Con otros gastos, como expensas y servicios, puede absorber más de la mitad de los sueldos o ingresos. Al respecto, las expensas aumentaron más del 40 %. Según la Asociación de Administradores de Consorcios, el total de consorcistas morosos alcanza a 600.000 (20 %).
Los taxis subieron un 19,5 %, pero el GNC que los hace funcionar 100 % en los últimos doce meses.
Se prevén nuevos aumentos para la luz en noviembre y febrero próximos. Para el gas en noviembre y abril. Falta añadir colectivos y combustibles. El gobierno analiza un boleto de colectivos a $ 11, un 73 % de incremento.
La “reparación histórica” prometida a los jubilados solo llega al 40 % de la clase pasiva con un incremento promedio del 24 %, muy por debajo de lo prometido. En el transcurso del corriente año se iniciaron 12.000 nuevas causas por reajustes.
Los medicamentos más consumidos por los jubilados subieron hasta un 236 % en los últimos dos años. El aumento promedio fue de 98,9 %.
En la “era Macri”, entre enero de 2016 y junio de este año, las compras de minoristas y mayoristas para atesoramiento alcanzaron los U$S 26.000 millones. Mientras que para hacer turismo en el exterior se fueron 14.415 millones. Solo por esas dos vías salieron U$S 40.000 millones, una cifra equivalente hoy a la totalidad de las reservas del Banco Central. De allí que crezca el déficit de la balanza comercial en el primer trimestre en un 40 % interanual alcanzando los U$S 6.800 millones, el mayor de los últimos años. El incremento de las importaciones ha venido más por el lado de los bienes de consumo (26 %), al igual que los automóviles, mientras que los bienes de capital e intermedios lo hizo en un 6,5 % interanual.
Según Federico Braun, dueño y presidente de la cadena de supermercados La Anónima, tío del secretario de Comercio, Miguel Braun, “es el peor primer trimestre desde 2002 y el próximo será seguramente peor”.
Por eso no llama la atención que la confianza en el gobierno declinó entre mayo y junio un 10 %, según datos de la consultora Isonomía.
Rompiendo la piñata
El Banco Provincia descontó un 50 % en los supermercados para quienes tuvieran su tarjeta. El resultado fueron colas de varias cuadras y una multiplicación de las ventas por diez. Lo repetirán después de las PASO. Macri no quiere que antes de las elecciones primarias se vea una situación que “parezca a Venezuela”.
Preocupado por su resultado electoral, el gobierno anunció los créditos financiados por la ANSES para beneficiarios de la AUH y de distinto tipo de pensiones que no sólo suponen un uso discrecional de los fondos previsionales mediante un mero decreto presidencial. Antes que eso, representan una política de endeudamiento de las familias de menores recursos, que compromete de manera gravosa su futuro.
El proyecto es para movilizar unos $ 50.000 millones en forma de mini créditos. De 3.000 a 5.000 pesos por hijo, que se pueden multiplicar de acuerdo a la cantidad de planes que tenga cada familia. El Gobierno prevé que el dinero se devuelva descontándolo en 12 o 24 cuotas del ingreso mensual. La tasa de interés que se le aplicará al crédito será del 24% anual, bastante por encima de las actualizaciones que recibirán los jubilados, pensionados y los beneficiados de la AUH. Así, el pago de las cuotas implicará una reducción de los ingresos, que podrá implicar hasta un 30% de los mismos.
El financiamiento del consumo mediante endeudamiento conduce inexorablemente a comprometer el consumo futuro. Esto vale muy especialmente con este anuncio oficial. El consumo cotidiano de una familia debe ser cubierto por el ingreso corriente. Para eso es necesario que los salarios y las jubilaciones cubran al menos el costo de la canasta familiar, que no es lo que ocurre en la actualidad, ya que la mayoría de las personas con ingresos fijos recibe mensualmente menos de $ 10.000.
El único “brote verde” es la suba del dólar
El alza del dólar que cerró el último viernes a $ 18.01 ($ 16.30 a mediados de junio), le agregó pimienta a las PASO, pero también dejará huellas en el bolsillo de la población y en las arcas oficiales, a pesar de los dichos del Presidente de que “no hay que preocuparse por el aumento del dólar”.
La suba del billete verde impactará en las tarifas de gas, que en octubre aumentarán cerca del 18 % y agregará presión sobre el precio de la electricidad y los combustibles. En las últimas dos semanas hubo incrementos del 5 % en harinas y aceites, cuyos precios están dolarizados, y de empresas como Arcor, Coca Cola y Molinos. También en chapas, polietileno, productos de limpieza e higiene personal.
Más allá del impacto indirecto sobre casi todos los bienes y servicios, también lo hará en la deuda pública nacional que está dolarizada en un 59 % y en la de las provincias que emitieron bonos durante el último año.
El gobierno armó el Presupuesto 2017 con un pronóstico de $ 17.92, pero para diciembre. Lo sucedido hasta el viernes con el dólar ya incide en varios precios regulados como, por ejemplo, el del gas. A través de la resolución 212/16, el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, fijó el precio del gas en boca de pozo con el que remunera a las petroleras en dólares. En octubre, el millón de BTU (unidad de medida) pasará de U$S 3.77 a U$S 4.19, un alza del 11 % a la que ahora habrá que agregar la devaluación de casi un 10 %.
También sufrirán daños colaterales las provincias que en los últimos meses fueron alentadas por la Casa Rosada a emitir títulos en el exterior para cubrir sus gastos.
Según la consultora Ecolatina, durante 2016 las provincias colocaron bonos por U$S 9.600 millones, la porción mayor fue de la provincia de Buenos Aires con una emisión de U$S 4.500 millones. En la Ciudad de Buenos Aires, el 79 % de la deuda es en dólares. Los pasivos adicionales los pagarán los impuestos de los contribuyentes.
Las 165.000 familias que sacaron créditos hipotecarios para comprarse una casa también enfrentan una complicación financiera. Recibieron pesos, pero las propiedades se cotizan en dólares. Cuentan con un 10 % menos.
Siguen los despidos
Despidos sin justificación y, en paralelo, más de 300 designaciones de supervisiones y jefaturas sin concurso; desarticulación de los mecanismos de control interno como la Comisión evaluadora, encargada de monitorear las compras realizadas por el hospital; tercerizaciones dudosas como la de mantenimiento del hospital mientras los trabajadores de ese servicio están aislados y sin funciones; desmantelamiento de la farmacia del hospital, que dejó de producir medicamentos y, a cambio, compras directas a la droguería Suizo, parte del grupo Quintana. Falta de insumos, rotura de equipamientos, denuncian los trabajadores del Hospital Posadas, quienes a compañados por pacientes y vecinos, realizaron un acto, frente a las escalinatas del hospital, para denunciar la mala gestión, los despidos y cambios arbitrarios en las condiciones laborales que la dirección del hospital viene llevando adelante desde comienzos de 2017.
Luego marcharon hasta la intersección de Rivadavia y Avenida de Mayo, en Ramos Mejía. El gobierno y la Dirección cuentan con el apoyo de ATE local y UPCN, que guardan silencio frente a los más de 700 despidos en lo que va del año; también medidas cautelares apeladas y una larga lista de acuerdos bajo tabla dan cuenta de ello. Mientras tanto, La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires (CICOP-CTA) realizó una Jornada Provincial de Protesta en apoyo al conflicto.
La misma empresa que critica los despidos y el ajuste del macrismo en el canal C5N, ejerce la precarización, la desinversión y el ajuste por medio de despidos masivos en CN23. El Grupo Indalo despidió a más de 40 trabajadores del canal de noticias CN23 los últimos días. Es por medio de la apertura de «retiros voluntarios», que usa la empresa para encubrir los despidos masivos que viene realizando y que el año pasado afectó a otros 100 trabajadores.
El vaciamiento de CN23 responde a la decisión de la empresa de cambiar el formato televisivo para pasar a la emisión de programas producidos fuera del canal, y lo viene implementando desde que la actual gestión del Gobierno Nacional recortó la pauta oficial. Con esto busca deshacerse del total de trabajadores para pasar a funcionar con personal contratado fuera de convenio y tener así el camino libre para precarizar pagando salarios de miseria y deteriorar -aún más- las condiciones de trabajo en la empresa.
Astilleros Ultrapetrol SA, anunció el despido de su centenar de trabajadores. La firma, ubicada en Punta Alvear, provincia de Santa Fe informó que la medida es «consecuencia de la falta de órdenes para la construcción naval, la situación del flete en el río y la ausencia de la materialización de los proyectos de Ley de Marina Mercante e Industria Naval que cuentan con media sanción del Senado Nacional».
Por convocatoria del Ministerio de Trabajo de la Nación, se realizó el jueves una reunión en la sede porteña de la cartera laboral para analizar la situación y buscar alternativas de rescate del astillero. La próxima reunión será el 4 de agosto, y mientras perduren las conversaciones en procura de un salvataje «el gremio se comprometió a no aplicar medidas de fuerza, mientras que la empresa no podrá realizar despido alguno», comunicó el titular del Sindicato Argentino de Obreros Navales, Juan Speroni.
Los setenta empleados de la distribuidora Distripaper fueron despedidos sin mediar siquiera una palabra. La empresa está ubicada en el municipio de San Martin desde hace 30 años. En las últimas horas, sus dueños tomaron la decisión unilateral de declarar la quiebra y cerrar la distribuidora. Además, adeudan parte del medio aguinaldo y el sueldo de julio.
Un relevamiento realizado por el Observatorio Socioeconómico municipal de San Martín sobre 248 firmas arrojó los siguientes resultados: en un 27 % hay menos empleados; dos de cada tres empresas no realizaron inversiones de capital durante 2016; en el sector textil cayeron las ventas un 28 %, en el automotriz 20 % y en muebles 18 %; seis de cada diez empresas consideran que su situación ha empeorado respecto del año pasado y dos de cada 10 que es igual.
Los trabajadores del Ingenio La Esperanza (Jujuy) realizaron el jueves una caminata por la Ruta 34, en el marco del paro por tiempo indeterminado que iniciaron el lunes para reclamar la continuidad de todos los puestos de trabajo en el proceso de venta de la planta.
El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar (SOEA) rechazó la convocatoria a conciliación obligatoria “por notificación indebida”, ya que estaba fechada para el 29 de julio y la audiencia fue programada para el viernes 28, un día antes de la notificación. También fue rechazada “porque deciden armar otro expediente únicamente debido a las declaraciones sindicales a los medios de comunicación”.
El conflicto entró en su sexto día de paro en reclamo de mejores condiciones laborales, para los 1.080 obreros de la planta fabril que el gobierno provincial quiere reducir a 600 como condición para venderla a un supuesto y aún desconocido grupo inversor colombiano.
Otra industria atraviesa por una profunda crisis. Se trata de la fábrica Tevinor SA, instalada en el área industrial El Pantanillo (Valle de Catamarca), que se dedica a fabricar cuerina para distintos productos. Los propietarios de la firma anticiparon que tendrán que realizar despidos de personal.
La fábrica ya viene con suspensiones desde hace dos meses los días lunes y martes. Todavía falta un mes para completar la medida. Por cada día de suspensión, se acordó en la Dirección de Inspección Laboral que se pagaría el 75% de la jornada. Sin embargo, la fábrica argumentó que la situación es insostenible por la caída de las ventas.
La crisis de Tevinor SA, que emplea a 80 catamarqueños, no es aislada sino que se enmarca en el crítico año que atraviesa el sector con la caída de la promoción industrial.
En junio llegó el final de la textil Yersiplast, luego de una lenta agonía. A principios de este mes los empleados se manifestaron frente a la fábrica en reclamo del pago del 100% de la indemnización.
Alpargatas también atraviesa por una crisis similar. Ya hubo suspensiones y cerca de 80 retiros voluntarios. Igualmente atraviesa un momento difícil la fábrica de confecciones Nortextil, que tiene 20 empleados. Otras fábricas ubicadas en el Parque Industrial El Pantanillo están atravesando momentos delicados. En febrero la ex Helametal, Finpak, despidió a 40 empleados, redujo un turno de trabajo y a los 28 operarios que continuaron luego de la reconversión les redujo un 30% el sueldo. Por su parte, Industrias Plásticas Catamarca, que fabrica discos compactos, les planteó en febrero el panorama crítico a sus empleados: tuvo que reducir un turno, y para no despedir a ningún trabajador decidió desistir del servicio de vigilancia, que ahora lo cubre el propio personal.
Tras 90 años de producción, Fideos Manera de Bahía Blanca anunció que despedirá a sus 59 operarios en los próximos meses.
Cinco mujeres choferes de trolebuses de Córdoba aguardan en una carpa que el Intendente radical, Ramón Mestre, las reciba. Representan a 57 operadoras de trolebuses despedidas ilegalmente tras el paro realizado contra una paritaria cerrada por UTA a nivel nacional que solo les dio un 8 % de aumento para este año, según denunciaron.
“Hay una clara discriminación de género, un ensañamiento con las mujeres porque fueron las que se pusieron al frente de la lucha, las que consensuaron con los compañeros, las que fueron voceras”, apunta Ana Morillo, de la Comisión de Género y Violencia Laboral del SUOEM, sindicato de empleados municipales, que forma parte de la Comisión Intersindical de Mujeres de Córdoba, que agrupa a más de veinte gremios de las cuatro centrales, las dos CGT y las dos CTA, que está acompañando la lucha de las guerreras del volante. El jueves se realizó un festival “Por la vida y el trabajo”.
Atanor desconoció la conciliación obligatoria y no reincorporó a los 24 despedidos de Río Tercero (Córdoba).
También Dota incumplió la conciliación y los choferes de la Línea 60 advierten que podrían retornar al conflicto. Luego de 8 días de un cese de actividades, dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor, en la hora cero del domingo 23 de julio, los trabajadores reanudaron el servicio. Pero los directivos de DOTA les impidieron que retomen sus tareas a los diez trabajadores despedidos y los veinte suspendidos.
Los trabajadores despedidos de PepsiCo continúan reclamando la reapertura y su reincorporación. Junto a organizaciones sociales y dirigentes políticos marcharon el miércoles desde el Obelisco hasta el Congreso. Policías de la Ciudad bloquearon el paso a los trabajadores. Los efectivos se enfrentaron a los manifestantes a los empujones y con gas pimienta para evitar que pudieran llegar hasta el Congreso, donde tenían planeado entregar un Proyecto de ley que plantea la expropiación de la planta.
“Gases lacrimógenos fue la respuesta del Estado a nuestro reclamos. Somos trabajadores, no podemos perder nuestros puestos de trabajo. Queremos volver a trabajar y que se reabra la fábrica de alimentos”, sostuvo Camilo Mones, uno de los delegados de PepsiCo tras el avance de la policía que les bloqueó el paso y a los golpes, empujones y gases lacrimógenos les impidió llegar hasta las puertas del Parlamento. “Veníamos a entregar un petitorio, un Proyecto de ley para plantear la expropiación o nacionalización y nos responden con palos. El Gobierno tiene un nuevo deporte, reprimir trabajadores que luchan”, repitió el delegado.
Al mismo tiempo, el Ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, decidió premiar con un ascenso a la agente policial que resultó herida tras el brutal desalojo de los trabajadores de PepsiCo, el 13 de julio. Tal como dispuso en una resolución interna, la sargento Natalia Soledad Tapia Almeyda, quien sufrió la fractura de una pierna ese día, fue ascendida de forma extraordinaria “al grado inmediato superior”.
“En el marco del cumplimiento de la medida judicial que dispuso el desalojo de la planta perteneciente a la firma Pepsico S.R.L., la Sargento Tapia Almeyda, resultó lesionada al repeler la agresión de los usurpadores ante la negativa de retirarse del predio”, dice la resolución firmada por Ritondo.
Vale recordar, que la orden judicial que la oficial de la Bonaerense cumplimentaba, se trató de una medida ilegal con un pretexto absurdo, en pos de desplazar a los trabajadores en lucha, para dar vía libre a la empresa en su accionar completamente fraudulento e ilegal. Por tales “honorables” fines, Ritondo premió a Tapia Almeyda.
Andrés Ibarra, ministro de Modernización, confirmó que habrá más despidos de estatales “porque lo que pretendemos es tener la mayor austeridad”.
El ministro destacó que “en la administración pública hemos producido una reducción importante al principio de la gestión y después durante el año, producto de jubilaciones y de contratos que no se renovaron en la administración central, el Estado Nacional ha generado un ahorro de alrededor del ocho y el nueve por ciento”, cifra a la consideró “importante”.
Las declaraciones fueron formuladas en la Casa Rosada luego de la firma de un convenio entre representantes de la OIT, el gobierno y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) para capacitar inspectores del trabajo.
El desembarco de las low cost afectaría a las empresas de colectivos que amenazan con despedir a 4.000 trabajadores del sector. No obstante, algunas empresas estudian reconvertirse en aerolíneas de bajo costo. Es el caso de Vía Bariloche que lo informó al Ministerio de Trabajo. Por otro lado, la aerolínea FlyBondi tentó a Flecha Bus, Vía Bariloche y Andes Mar, para formar parte del negocio.
Mientras, negocian en Transporte una nueva regulación para el sector, con más libertad para las patronales y menos controles del Estado.
El martes por la noche en una asamblea en las puertas de la planta y con la presencia del sindicato se confirmó la reincorporación de los 51 despedidos de Cresta Roja en el marco de la conciliación obligatoria que durará 15 días. Los trabajadores que habían sido desvinculados volverán a sus puestos de trabajo.
Ante el apoyo popular, quedó suspendida la orden de desalojo que había dictado el fiscal Alejandro Irigoyen de la planta de Carboclor en Campana. Más de 500 efectivos de infantería de la Bonaerense habían rodeado la fábrica para amedrentar a los trabajadores que realizaban su décimo día de acampe.
Los trabajadores exigen el pago total de las indemnizaciones y denuncian que no se está cumpliendo con la ley.
El cierre de Carboclor se produjo el 30 de mayo pasado. Allí la empresa química dispuso el cierre de sus dos plantas y argumentó que atravesaba una «grave situación financiera».
«Somos personas con más de veinte años de antigüedad y la empresa quiere pagar el 50 % de lo que corresponde por ley», señaló el secretario del sindicato de Personal de la Industria Química y Petroquímica, Oscar Casco.
«Hoy apareció un comisario y nos recomendó desalojar la zona. Pero nadie se va a ir. El día que se cumpla el pago por ley, nos vamos», agregó.
Trabajadores de la fábrica de calzados y productos textiles GGM tomaron la planta que la firma tiene en la localidad bonaerense de Las Flores, en demanda de los sueldos adeudados desde hace cuatro meses. La situación de los 300 empleados empeoró cuando la empresa comenzó a dar licencias de dos meses para compensar la caída de la producción. Según les dijeron a los trabajadores, la fábrica corre riesgo de cerrar por la apertura de las importaciones en el sector, que sólo en el verano aumentaron un 62 % en detrimento de la industria nacional.
Desmantelamiento científico
Pasaron siete meses de la toma del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) que finalizó con la firma de un Acta Acuerdo donde se establecía la incorporación en instituciones científicas de los 498 científicos que habían aprobado las evaluaciones para la Carrera de Investigador del CONICET, pero cuyo ingreso el gobierno les prohibió por razones presupuestarias. La única oferta llegada desde el Ministerio, hasta el momento, es incorporar en distintas universidades nacionales a 410 de esos postulantes. Les proponen que entren con cargo de Jefe de Trabajo Práctico con dedicación exclusiva, y en universidades que no necesariamente se ubiquen en sus zonas de residencia. ¿Qué sucederá con los restantes 88? Dijeron que se colocarían en organismos tecnológicos como el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Los científicos rechazaron de plano la idea del gobierno de ubicarlos en universidades de cualquier parte del país con cargo docente, y no de investigación. El convenio anunciado ofrece cargos interinos (precarios) a concursar en el momento en que la Universidad lo disponga, un salario 6.000 pesos por debajo, tareas de docencia y no de investigación, nulas posibilidades de promoción y relocalización forzada.
Información periodística del pasado sábado dio a conocer que el Conicet ocupa el puesto 158 entre más de 5.000 instituciones científicas y universidades centradas en la investigación de todo el mundo, para el período 2011-15. El segundo lugar entre las argentinas es para la Universidad de Buenos Aires en el puesto 425 del ranking y la segunda mejor institución universitaria de América Latina, solo superada por la Universidad de San Pablo (Brasil). Pero entre los organismos gubernamentales de Latinoamérica, el Conicet se ubicó primero.
El Congreso Extraordinario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que lidera Carlos De Feo, aprobó un documento crítico elaborado por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC), sobre el anunciado “Plan Maestro” de la gestión Macri que amenaza con implementarse en la educación superior.
Los docentes señalan que “el Plan declara que se propone mejorar la tasa de “retención” (sic) y graduación de los estudiantes universitarios, así como la “calidad” de la enseñanza, sin hacer ninguna referencia a las condiciones del trabajo docente. No hay ninguna preocupación por los salarios, la estructura de dedicaciones, la regularización de las plantas, ni la implementación de las disposiciones establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo, que constituyen las condiciones necesarias para mejorar la enseñanza jerarquizando la tarea docente”.
Asimismo, definió la aceptación de la propuesta salarial del gobierno y la continuidad del plan de lucha en Defensa de la Universidad Pública.
Sin embargo, la otra Federación que agrupa a los docentes universitarios, Conadu Histórica,
rechazó el acuerdo paritario por considerarlo insuficiente ya que la propuesta deja por fuera de la garantía salarial a los docentes más bajos del escalafón, los ayudantes de segunda, que son los de menores salarios. Por otro lado, el porcentaje de aumento dista mucho del 35 % reclamado. Por tal motivo, la Conadu (H) ha resuelto continuar el plan de lucha durante el segundo semestre por los reclamos paritarios y contra la reforma universitaria.
Para finalizar con el ataque a CyT, el presidente Mauricio Macri aprobó la venta de ARSAT de manera ilegal a una empresa de Estados Unidos. Los próximos satélites producidos en Argentina serán manejados por una firma internacional que también se quedará con el espacio orbital que le correspondía al país.
Paritarias
El gremio de los tintoreros logró un acuerdo salarial del 37% con la Federación de Cámaras de Lavaderos de Ropa, Limpierías y afines (Federala).
Los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) decidieron retomar las medidas de paros de dos horas en rechazo a la propuesta de incremento salarial del 22,8%.
Los metrodelegados reclaman un incremento salarial del 35% y mejores condiciones laborales, además del sostenimiento de la personería gremial a Agtsyp , actualmente en revisión por el Ministerio del Trabajo tras una avanzada judicial de la UTA, que firmó el acuerdo.
El gremio docente Ademys de la Ciudad de Buenos Aires llama a no reiniciar las clases:
– Porque la oferta del Gobierno mantiene el salario inicial por debajo de la línea de pobreza.
– Porque incluye bonos de $ 400 en negro por tres meses.
– Porque estamos contra la precarización y el traspaso de idiomas.
– Porque no queremos medidas aisladas y decidimos en Asamblea la continuidad con NO INICIO
El 31 paran y se movilizan a las 11:00 en el Cabildo para marchar al Ministerio de Educación. Al finalizar realizarán una asamblea.
El Sindicato de Tripulantes de Cabina de Latam Argentina decidió aplicar medidas de fuerza y no realizar servicios de venta a bordo hasta que la empresa acuerde “una retribución acorde con esa nueva tarea”, y sostuvo que ello implica “una gran responsabilidad y es preciso proteger la operación, por lo que la compañía debe asumir el problema”.
“Los tripulantes no se niegan a realizarla, pero quieren percibir una retribución acorde con esa responsabilidad”, dijo Paula Marconi, secretaria general de la organización.
La dirigente adelantó que la decisión gremial se extenderá hasta que “la empresa ofrezca respuestas concretas, porque los trabajadores solo exigen lo que contempla la legislación vigente”.
Marconi destacó que los tripulantes de cabina ejercen a bordo “la función de seguridad de los pasajeros y la tripulación”, y precisó que “están entrenados para evacuar el avión en 90 segundos, prestar primeros auxilios, custodiar a menores no acompañados y administrar equipos de emergencia relacionados con el fuego”.
La dirigente sindical advirtió a los usuarios que deben comprar sus alimentos de forma previa a ascender al avión, porque durante el vuelo no se ofrecerá menú ni servicio de catering.
El Gobierno firmó un acuerdo por productividad para los trabajadores rurales
– En las actividades rurales, especialmente las temporarias, se estima que el trabajo “en negro” es superior al 60%, e incluso en ciertos sectores como la horticultura o fruticultura podría superar el 80% de empleo no registrado.
– De quienes están “en blanco”, el 50% tiene remuneraciones inferiores a $ 11.301 al mes. Para los no registrados los ingresos son aún inferiores.
– El salario promedio de los trabajadores registrados de la rama primaria es un 41% inferior a los salarios del resto de la economía.
– Una de las formas de las patronales para exigir más a sus obreros del campo es mediante el trabajo a destajo, modalidad extendida en el agro.
– En distintos sectores como la yerba mate se encontraron muchos casos de esclavitud y trabajo infantil.
– Las condiciones de trabajo incluyen muchas veces jornadas extenuantes, con adversidades climáticas extremas como las altas temperaturas.
Así describe la economista Lucía Ruiz las condiciones laborales en el campo. Nada de esto fue contemplado en los acuerdos firmados por Macri, entidades rurales y el sindicato UATRE en vísperas de la inauguración oficial de la Sociedad Rural.
En un caso elimina la cantidad máxima de arándanos a cosechar por trabajador y acuerda aumentos de entre 23 y 25 % para la actividad. En el sector avícola hubo un acuerdo para desregular la actividad nocturna, donde se concentra el trabajo y se estableció un aumento salarial del 25 %. En la actividad porcina las partes se comprometieron a tratar a futuro las condiciones de trabajo. Además, se fijaron pautas para el manipuleo y almacenamiento de granos en silobolsa como la libertad de contratación.
La administración PRO de la Ciudad de Buenos Aires no quiso quedarse atrás y concesionó el nuevo Centro de Exposiciones por 15 años a La Rural e IRSA. Pagarán un canon mensual de $ 1.411.401. El gobierno de la Ciudad invirtió $ 500.000.000. Un negocio redondo en la ciudad más elegida de Latinoamérica para organizar congresos y convenciones y 17º del ranking a nivel mundial. Así funciona lo público-privado. El Estado se ocupa de los gastos y las empresas de los beneficios.
Pero no todas son rosas para la producción primaria. El vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui , consideró que los productores de peras y manzanas del Alto Valle de Neuquén y Río Negro “se han quedado produciendo fruta que no es la que hoy pide el mercado” y que su salida es “una gran reconversión de plantas”.
A la postura del Gobierno para con el Alto Valle, la más complicada de las economías regionales, se suma que el Fondagro, el fondo creado bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria con parte de la baja menor de las retenciones a la soja que había prometido Mauricio Macri, no arrancó.
El titular de Agroindustria, Ricardo Bury ail
El 23 de mayo, Buryaile anunció un fondo para el Alto Valle de 540 millones de pesos, de los cuales 300 millones iban a salir del Fondagro. “Pasaron dos meses y no tenemos nada, nos dicen que ya sale, que nos van a llamar en breve para ir a firmar, pero no pasa nada”, dijo Sebastián Hernández , presidente de la Federación de Productores del Alto Valle.
Al Alto Valle se suma la situación de Santa Fe y Córdoba. El ministro de Producción santafecino, Luis Contigiani , contó que le deben 200 millones del Fondagro. “El anuncio fue en marzo, pero de los 250 millones sólo llegaron 50, estamos pagándole a los tamberos con aportes de la provincia, pero tampoco sabemos cuándo va a llegar la plata”, dijo Contigiani.
La situación es similar en Córdoba, provincia con mejor sintonía con la Casa Rosada que Santa Fe. Al ministro de Agricultura, Sergio Busso , le habían prometido 100 millones para tamberos, pero la plata todavía no llegó.
Distintas localidades del sur bonaerense fueron testigos del “cebollazo” realizado por pequeños productores de la región nucleados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
Definen a su situación como muy crítica y entre los motivos apuntan a la suba de los costos y el peso de las importaciones.
A esto se le suma la baja rentabilidad y la poca participación de los productores en el precio final en las verdulerías.
Sancor
Está operando a casi un cuarto de su capacidad en sus 16 plantas. Son varias las empresas interesadas en comprarla que buscarán cambiar los acuerdos laborales con Atilra. La que más ha avanzado es la neozelandesa Fonterra, el primer exportador de leche del mundo y el cuarto productor del planeta. Sus dueños son 12.000 tamberos. La compra sería presentada como una asociación. Además de la mexicana Lala, la número uno en Centroamérica con 163 centros de producción y distribución, también talla la francesa Lactalis, que factura U$S 20.000 millones y maneja marcas como Parmalat, Lactel y Celia, entre varias más.
Juan Gufi es uno de los intendentes de la provincia de Santa Fe que más exposición mediática ha tenido en los últimos meses. Esto se debe al cierre de la planta de la empresa láctea SanCor en Centeno, que era la principal fuente de trabajo e ingresos para los habitantes de la localidad situada a 100 kilómetros de Rosario, sobre la ruta 34.
Consultado sobre el tema, el titular de la comuna aseguró que “tenemos entre 2,5 y 3 millones de pesos menos circulando en la economía del pueblo todos los meses”. Y agregó que “eso se siente en los comercios, en la comuna, en todos lados. Nos cuesta mucho llegar a reunir el dinero para los sueldos, se está haciendo una rueda muy pesada”, aseveró.
Respecto de la ayuda que pidieron al Estado provincial y nacional, apuntó: “Estuvimos trabajando con la provincia muy de cerca, no así con la Nación. No hemos tenido una comunicación con funcionarios nacionales por este tema”.
Y aventuró que “si no se da la llegada de capitales extranjeros, la opción es conformar una cooperativa”.
Tras medio siglo, cerró la distribuidora de Sancor en Puerto Madryn (Chubut), que no pudo soportar la crisis que atraviesa el gigante lácteo a nivel nacional. Era una empresa familiar que tenía 49 años de vida. En la mañana del viernes hubo reuniones entre los representantes de la empresa y de los trabajadores, acordando el pago de las indemnizaciones de los empleados con los representantes gremiales, tanto del Sindicato de Camioneros como de Empleados de Comercio.
Por los movimientos sociales
La CTEP y la CCC le reclamaron a la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley que se cumpla con la Ley de Emergencia Social, de la cual sólo se ejecutó un 30 %, y se sancione una Ley de Emergencia Alimentaria.
Las organizaciones que integran la CTEP se movilizaron en distintos puntos de la Ciudad y el Conurbano y continuaron con la recolección de firmas para impulsar la Ley de Emergencia Alimentaria, “una situación que hay que tratar de forma urgente”, insistió el coordinador nacional de Barrios de Pie, que semanas atrás lanzó la iniciativa, luego de realizar un relevamiento en los comedores populares, que arrojó que el 43 % de los chicos sufrían malnutrición. También minimizó uno de los logros mostrados por la gestión de María Eugenia Vidal sobre la mejora en los fondos para los comedores escolares e indicó que “el aumento del presupuesto fue de 8 a 16 pesos por chico. Está muy lejos de lo que se necesita para alimentar de manera digna a los pibes”.
El reclamo por ambas iniciativas continuará el próximo 7 de agosto, cuando la CTEP tiene programado repetir la masiva movilización del año pasado desde la Iglesia de San Cayetano. Las organizaciones marcharán desde Liniers hasta el Congreso, donde entregarán un millón de firmas a favor de la Ley de Emergencia Alimentaria y luego finalizarán en la Plaza de Mayo.
El jueves también instalaron ollas populares y campaña de firmas por la aprobación de la Ley de Emergencia Alimentaria frente al Obelisco y a las principales cadenas de supermercados del país, el Frente Popular Darío Santillán y el FPDS (CN).
El pasado 20 de julio diferentes movimientos piqueteros realizaron una masiva protesta en Plaza de Mayo para exigirle al gobierno Nacional: aumento salarial y puestos de trabajo genuinos. “No queremos planes, queremos trabajo”, fue una de las consignas.
Cuatro mil pesos es lo que cobran los trabajadores del programa «Argentina Trabaja» y del «Ellas Hacen», quedando de esta forma por debajo de la línea de indigencia, ya que la canasta básica familiar ronda entre los 14/15.000 pesos y el salario mínimo es de $ 8.860.
La masiva concentración comenzó en Av. 9 de Julio y 25 de Mayo y finalizó en Plaza de Mayo. Banderas y remeras rojas colmaron la Ciudad de Buenos Aires y se hicieron oír frente a la Casa Rosada. Ahora esperarán una respuesta del gobierno.
Fuentes: La Nación, Clarín, Tiempo Argentino, Página 12, La Izquierda Diario, Anred, Resumen Latinoamericano, www.cronista.com , www.ambito.com , www.infogremiales.com.ar , Equipo de Comunicación de la CTA Jujuy, Perfil y Prensa Obrera.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229772&titular=de-esto-no-se-habla-
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