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Reforma educativa: los costos de una ilusión.

Por: Manuel Gil Antón.

Cada día, durante 2016, la SEP gastó 2 millones 259 mil pesos en propagar, por todos los medios, la existencia, avance y éxito de la Reforma Educativa. En su página oficial es posible localizar los 398 contratos que firmó con distintas empresas a través de la Dirección de Comunicación Social, y hacer la suma de sus montos: 824 millones 639 mil pesos.

La velocidad promedio del gasto en publicidad, síntesis de lo que se dice de la SEP y sus funcionarios, y el análisis del impacto de sus mensajes es enorme: presumir, con hartos anuncios, una reforma que no existe en las aulas corrió a 94 mil pesos por hora.

No afirmo que sean ilegales los contratos, ni de parte de quien paga ni de los que cobran por el servicio. Considero, sí, que el monto y sentido de ese despilfarro es indecente, propio de demagogos apresurados por mostrar, de manera artificial por medio de inserciones pagadas en la tele, diarios y revistas, radio y “redes sociales”, que la problemática educativa se está resolviendo, gracias a la acción de un gobierno agonizante, ahíto de corrupción e impunidad, pero presto a mostrar, como real, lo que no está pasando en las escuelas. Un dineral para hacer de cuenta que sucede lo que ni de lejos siquiera entienden.

“Servicios de difusión relativos a la Campaña Quehacer educativo, versión Infraestructura Educativa”: con este nombre se cuentan 106 contratos. “Contratación de los servicios de difusión de los mensajes en televisión, radio, medios complementarios, digitales, periódicos y revistas como parte de la campaña de comunicación social Quehacer educativo, versión Educación para Todos”: 93 contratos con este membrete fueron asignados. Por las contrataciones realizadas bajo estos dos conceptos, la SEP erogó 510 millones 880 mil pesos. ¿Modalidad? Adjudicación Directa.

Los contratos para comerciales que contienen la expresión “Reforma Educativa” fueron 207. Se dividen, también, en dos rubros: “Servicios de Difusión” y “Contratación de servicios de difusión”. Luego, se pueden ordenar en subconjuntos por el mensaje que envían, ya sea la “versión fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente” o “Reforma y Modelo Educativo” (Etapa 1 y 2). Estos nos costaron 303.4 millones de pesos, adjudicados directamente a las empresas. Ya van 814 millones.

¿Y los otros 10? Morralla: monitoreo, capacitación, algún documental. Y dos joyas: “Servicio de investigación de mercado para evaluar y analizar la comunicación de la Secretaría en redes sociales”: un poco más de 3 millones, y otro, vital, pues de él parece desprenderse todo lo demás: “Servicio integral para el diseño de una estrategia de comunicación para la SEP” por el que se pagaron otros 3 millones.

¿Contratos con Televisa y TV Azteca, las cadenas más importantes? Nueve y siete, respectivamente. No son tantos. ¿La suma que implicaron? Enorme: 211 y 118 millones a cada una en el mismo orden. Agregados, 329, es decir, el 40% del total (mal)gastado. Para los reformadores, lo que ocurra en la tele es primordial. Lo demás es lo de menos.

Desde la mirada de un lego en contrataciones, no entiendo, por ejemplo, el siguiente caso: el contrato 1259984, firmado con Televisa para difundir el tema de “Educación para Todos”, por 86.2 millones de pesos, fue signado el 25 de noviembre de 2016. La fecha de inicio, se informa, fue ese día, y la de término ocurrió el 16 de diciembre del mismo año: 21 días naturales, una quincena hábil. ¿Tanto dinero, más del 10% del total, en tan poco tiempo? Misterio.

En 2015, el gasto de la misma entidad fue de 687.5 millones. Se le regalan al SNTE más de 500 millones para difundir la reforma. Las prioridades están claras: que parezca que hay, aunque no haya. Lo que (a)parece, es. Propaganda. Transparente intención. Opacidad del gasto millonario que reluce. Qué vergüenza.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/reforma-educativa-los-costos-de-una-ilusion/

Imagen: http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2015/10/aurelio_nuno-e1457490901926.jpg

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Los vicios de la reforma educativa.

¿Cómo pregonar una reforma educativa que pisotea los derechos de los docentes en todo el país?

Por: Manuel Fuentes.

El proceso de selección para la evaluación magisterial en todo el país, a propósito de la mal reforma educativa, sigue llena de vicios. La Secretaría de Educación Federal ordena a los gobiernos de los estados que inicien el proceso de evaluación, pero éstos no atinan en respetar los derechos básicos de los docentes.

Los procesos de notificación que se llevan a cabo son totalmente ilegales. Les avisan por medio de correo electrónico, a pesar de no ser un medio legal para emplazar a los maestros. El aviso es masivo sin cerciorarse de que haya llegado a los destinatarios. Esas notificaciones no están permitidas por la normatividad jurídica, porque no se tiene la aceptación del destinatario de que las notificaciones legales sean por esa vía y porque tampoco se tiene la certeza de que la persona esté debidamente enterada de ese envío.

¿Cómo puede estar obligada una persona a participar en un proceso que puede significar la pérdida de derechos si no se le avisa de manera personal y con la debida anticipación?

El artículo 16 Constitucional sigue siendo obligatorio para todas las autoridades del país, pero los gobiernos de los estados lo ignoran de manera descarada. Este ordena:

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Algunas autoridades actúan con tal desaseo que pegan unas listas en pizarrones para que allí los maestros se busquen como si fuera un sorteo de lotería. Si aparecen deben iniciar el proceso de evaluación, sin que les respeten sus derechos mínimos de notificación legal.

Lo que está ocurriendo es que los gobiernos, a instancia de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pisotean la propia ley que da origen a la evaluación educativa. No son capaces de respetar sus propias leyes.

La norma indica que cuando un profesor es seleccionado debe dársele a conocer losperfiles, los parámetros e indicadores con base en los cuales se aplicarán los procesos de evaluación,  y notificarlos con al menos 3 meses de anticipación antes de que se inicien éstos.

Las autoridades nunca entregan estos documentos. Cuando los docentes los reclaman, les dicen que consulten la página electrónica de la SEP, que allí la busquen. Pero estos deben ser personalizados, porque cada una de las materias, niveles, especialidades y hasta lugar de desempeño tiene diferentes retos y peculiaridades.

Los perfiles educativos son características, requisitos, cualidades o aptitudes que deben desempeñar los docentes en el puesto que realizan, pero estos son específicos en cada caso y no se les dan a conocer.

Los indicadores de la evaluación que son instrumentos para fijar, por medio de unidades de medida, el grado de cumplimiento de una característica, cualidad, conocimiento, capacidad, objetivo o meta, empleado para valorar factores que se desean medir, tampoco se entregan.

Los parámetros, que son los valores para medir avances y resultados alcanzados en el cumplimiento de objetivos, metas y demás características de su ejercicio como docente, son ignorados por las autoridades.

Cada uno de estos aspectos (Perfiles, Indicadores y Parámetros) que debe señalar la autoridad, debe entregarlos al momento en que el docente es seleccionado, pero no lo hacen.

Cuando ocurren estas omisiones el docente no está obligado a iniciar los procesos de evaluación, ni tampoco está obligado a asistir a los exámenes correspondientes porque sus derechos no son respetados.

¿Cómo sancionar a una persona a la cual no se le avisó legalmente?

Existe la jurisprudencia PC.IX.C.A. J/2 A (10a.), Contradicción de Tesis 5/2015 publicada el 6 de mayo de 2016 la cual indica que en todos los procesos de evaluación se requiere previamente la citación del personal docente:

«a) las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán evaluar el desempeño docente; b) dicha evaluación consta de diversas etapas, pues acorde con el citado artículo 52, por lo menos deberá comprender una evaluación cada 4 años, quedando a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación establecer su periodicidad; y c) el personal docente debe someterse a la referida evaluación en la que se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para fines de permanencia sean definidos y autorizados conforme a la indicada legislación, para lo cual será citado por la autoridad educativa correspondiente; en ese sentido, para el desarrollo del proceso de evaluación educativo se requiere previamente la citación del personal docente, lo cual invariablemente marca el inicio de dicho procedimiento, el que se llevará a cabo en sus distintas etapas, según los resultados obtenidos. En virtud de lo anterior, si la Secretaría de Educación (…), ejerce unilateralmente su atribución legal de ordenar al plantel educativo correspondiente que cite a un docente al inicio del proceso de evaluación concerniente, esta citación y su notificación constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.

Esta obligación es aplicable para todas las autoridades del país y ahora el Poder Judicial Federal ha puesto un límite a este tipo de arbitrariedades.

¿Cómo pregonar una reforma educativa que pisotea los derechos de los docentes en todo el país?

Tenemos un gobierno que da dos caras, una que pregona una reforma educativa sin demostrar avances y otra que no respeta los derechos básicos de los maestros.

Es conveniente que las autoridades federales y estatales reciban un curso básico de derechos humanos, y entiendan que los maestros no son objetos, sino personas con todos sus derechos.

Queda a los maestros defender sus derechos de manera organizada, sin sectarismos y no dejarse intimidar con la amenaza de despidos o sanciones porque estas no procederán. Al tiempo.

Fuente: https://lasillarota.com/opinion/columnas/los-vicios-de-la-reforma-educativa/160119

Imagen: http://definicion.de/wp-content/uploads/2011/08/reformaeducativa.png

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UAM: Rumbo a una crisis de legitimidad

A mediados de los 70, Jürgen Habermas escribió Legitimation Crisis. No se refería sólo a la política, incluía al gobierno de instituciones. Afirmó que una organización entra en crisis de legitimidad cuando pierde o merma sus capacidades para mantener estructuras eficientes para alcanzar sus fines.

Si bien los sucesos de la semana pasada culminan una etapa de deterioro que viene de tiempo atrás, el proceso de designación del nuevo rector de la Universidad Autónoma Metropolitana incide en el malestar de la comunidad.Eduardo Abel Peñalosa Castroarriba al cargo con un déficit de legitimidad debido al procedimiento de la Junta Directiva.

La irritación entre diversos actores de la UAM no es gratuita. Las protestas abundan en charlas de pasillo, redes sociales y comunicaciones formales. Me apego a hechos verificables:

La Junta sesionó con siete de nueve miembros. El Colegio Académico no escogió a quien sustituiría a Enrique de la Garza Toledo. Otra integrante estaba fuera del país.

El tiempo de auscultación fue breve, insuficiente para escuchar todas las voces que querían expresar sus puntos de vista.

Sin explicación razonable, la Junta sólo citó a tres de 12 candidatos para escuchar sus propuestas. Por primera vez en su historia no convocó a ningún rector en ejercicio. Tampoco a quienes cabían en el supuesto de que cumplirían 70 años durante su rectorado.

Tras concluir las entrevistas, el 28 de junio, los miembros de la Junta comieron, luego sesionaron y en menos de cuatro horas acordaron designar al nuevo rector.

¿A qué hora leyeron los cientos de comunicados de colegas que no pudieron auscultarse en persona, pero enviaron por escrito sus opiniones? ¿Por qué tomaron una decisión trascendente con tanta premura?

Esta concatenación de hechos levanta sospechas entre la comunidad. La primera: buena parte del proceso fue una finta para justificar —que no legitimar— una decisión tomada con anterioridad. Los más desconfiados aseguran que fue para garantizar la continuidad. Claro, el grupo dominante hubiera preferido a Norberto Manjarrez. Pero, en caso de que él no pudiera transitar —por el doctorado fraudulento— Eduardo Peñalosa representaba el plan “B”.

Además de las quejas de profesores y trabajadores, en un hecho inédito, cuatro rectores de Unidad —Patricia Alfaro Moctezuma, Xochimilco; Octavio Nateras Domínguez, Iztapalapa; Romualdo López Zárate, Azcapotzalco; y Emilio Sordo Zabay, Lerma— que aspiraban a conducir a la UAM, dirigieron una carta a la Junta. En ésta expresaron que varios de los aspirantes cuentan con una “sólida trayectoria académica y administrativa y con apoyos significativos evidentes por parte de la comunidad”. Consideran que la decisión es injustificable y que “va en contra del espíritu universitario de apertura e intercambio de ideas”. Además, que “profundiza aún más el ambiente de crisis por el que transcurre nuestra institución”.

El panorama es grave. A pesar de los esfuerzos del rector saliente, Salvador Vega, y su grupo, en su sesión del 29 de junio, el Colegio Académico no aprobó los estados financieros de 2016. Se exhibieron controversias entre el contralor y las autoridades. Éste manifestó que tuvo limitaciones para realizar su labor. Todo agranda la desconfianza.

El malestar en la UAM es mayúsculo. No puede decirse que esté en una crisis. La institución es sólida e inteligente; tiene normas y reglas que se cumplen, pero cada vez es más complicado mantener armonía en la comunidad. El grupo dirigente la mantiene llena de agravios. Quizá, si no hay correctivos institucionales, entonces sí, pronto enfrente una crisis de legitimidad.

Retazos

Más leña a la hoguera: Oscar Terrazas Revilla, el decano de la Junta, renunció a ella este jueves.

Fuente:

UAM: Rumbo a una crisis de legitimidad

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Education Cannot Wait – a fund for education in emergencies: Statement by the Global Campaign for Education

By CLADE

462 million school-aged children – or one in four around the world – live in countries affected by crisis. 75 million are either in danger of, or are already, missing out on their right to a free, quality education. Education empowers and promotes resilience, provides a safe space and stability, is fundamental for children, youth and adults to tackle emergencies, and breaks the cycle of conflict.

Supporting children and young people living in some of the world’s most difficult contexts has proven to be a serious challenge: in 2015, only 12% of children identified as living in conflict situations were reached by humanitarian funding dedicated to education. Efforts must be redoubled if the world is to meet its shared ambition to leave no one behind.

As such, the Global Campaign for Education welcomes the launch of the Education Cannot Wait fund for education in emergencies, which was announced at the World Humanitarian Summit in Istanbul, Turkey, 23-24 May 2016. The fund aims to reach more than 13.6 million children and young people living in crisis situations, such as conflict, natural disasters and disease outbreaks, with quality education over the next five years, and 75 million by 2030. GCE believes that the new fund constitutes an historic opportunity to fund the future by ensuring access to quality education for some of the world’s most vulnerable children and young people.

The European Union, the Netherlands, Norway, the United Kingdom, and the United States have all made financial contributions for the first year of the fund so far, with Denmark indicating its willingness to make a financial contribution in 2017. The fund’s target for the first year is US$150 million, with an overall ambition of achieving $3.5 billion over a five-year period; by the close of the World Humanitarian Summit, just over 50% of the year one target had been pledged.

GCE welcomes these pledges and will be holding governments to account by analysing these commitments in the coming days. It is crucial to ensure that new monies have been pledged, and that countries supporting the new Fund do not double-count commitments, such as those made during the February 2016 Syria Conference, or draw back their support from existing mechanisms, such as the Global Partnership for Education.

Similarly, GCE urges those governments making pledges to the new fund to commit to delivering the vision of equitable, inclusive and free quality education to which they have pledged for every child in the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Education 2030 Framework for Action; all children, young people and adults have the same rights, and these rights should not be compromised for those living in crisis contexts. We particularly call on governments to ensure that public funds dedicated to education are used for quality, public provision and systems, and not to support for-profit private companies seeking to draw financial profit from humanitarian crises. This practice, known as ‘disaster capitalism’, has already been applied in several cases and contexts, and has proven to be profoundly detrimental to the realisation of human rights. For the right to education, it places quality, equity, and inclusion in serious jeopardy.

GCE also welcomes the fund’s commitment to being inclusive and transparent in its own governance. We call on the fund to adhere to the principle of engaging with and including civil society, both in its own governance arrangements and in its ways of working on the ground. The voice of citizens is vital to ensuring that its work is well-informed, and held accountable by those it seeks to serve.

GCE submitted its own pledge to the World Humanitarian Summit. The pledge encompassed building civil society capacity in countries afflicted by disaster and conflict to ensure citizens are involved in sector planning in and for such contexts, as well as monitoring education financing and delivery. At local, national, regional and international levels, GCE is also committed to advocating for increased and additional resources for education in emergencies and crises, and monitoring such commitments and delivery of services.

The statement above can be downloaded in English.

Source:

http://www.campaignforeducation.org/en/news/global/view/679-education-cannot-wait-a-fund-for-education-in-emergencies-statement-by-the-global-campaign-for-education

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Combating global poverty with education

By: Sarwar Md. Saifullah Khaled

Education is at the core of progress in all fields in the world. Its role in eradicating poverty through equitable distribution of income and achieving progress and prosperity can hardly be over-emphasised. There is no alternative to education to achieve Sustainable Development Goal (SDG) to alleviating poverty by 2030. A new United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) policy paper shows that the global poverty rate could be more than halved if all adults completed secondary school.

But new data from the UNESCO Institute for Statistics (UIS) show persistently high out-of-school rates in many countries. This makes it likely that completion levels in education will remain well below the target for generations to come. The paper titled ‘Reducing global poverty through universal primary and secondary education’ is being released ahead of the UN High Level Political Forum (10-19 July), which will focus on poverty eradication in pursuit of the 2030 Agenda for Sustainable Development (ASD).

The paper demonstrates the importance of recognising universal primary and secondary education as a core lever for ending poverty in all its forms everywhere in the world. UNESCO Director-General Irina Bokova was quoted as saying in a message received from Paris that the new analysis on education’s far-reaching benefits should be good news for all those working on the Sustainable Development Goal (SDG) to eradicate poverty by 2030. She said, «It shows we have a concrete plan to ensure people no longer have to live on barely a few dollars a day».

The new analysis on education’s impact on poverty and income inequality by the UNESCO’s Global Education Monitoring (GEM) Report team is based on average effects of education on growth and poverty reduction in developing countries from 1965 to 2010. It shows nearly 60 million people of the world could escape poverty if all adults had just two more years of schooling. If all adults completed secondary education, 420 million could be lifted out of poverty in the world, reducing the total number of poor people by more than half globally and by almost two-thirds in sub-Saharan Africa and South Asia. Studies have shown that education has direct and indirect impacts on both economic growth and poverty.

Education provides skills that boost employment opportunities and incomes of people while it helps protect people from socio-economic vulnerabilities. A more equitable expansion of education globally is likely to reduce inequality of income, lifting the poorest from the bottom of the income ladder. Despite education’s immense potential, the new UIS data show that there has been virtually no progress globally in reducing out-of-school rates in recent years. Nine per cent of all children of primary school age globally are still denied of their right to education with rates reaching 16 per cent and 37 per cent for youth of lower and upper secondary ages, respectively. In total, 264 million children, adolescents and youth were out of school in 2015.

Sub-Saharan Africa remains the region with the highest out-of-school rates for all age groups. More than half (57 per cent) of all youth between the ages of 15 and 17 are not in school, as are more than one-third (36 percent) of adolescents between 12 and 14 years and one-fifth (21 percent) of children between the ages of about 6 and 11. Six countries, namely Ethiopia, India, Indonesia, Nigeria, Pakistan and Sudan are home to more than one-third of all out-of-school children of primary age. Of the 61 million children of primary school age currently out of school, 17 million will never to set foot in a classroom if current trends continue. This affects one in three children out of school in sub-Saharan Africa, Western Asia and Northern Africa, and more than one in four of those in Central Asia and Southern Asia.

Girls in poor countries continue to face barriers to education. According to UIS data, in low-income countries, compared to almost 9 million of boys, more than 11 million girls of primary age are out of school. But the good news is that the girls who do manage to start school at primary level tend to complete the primary cycle and pursue their studies at the secondary level.

Education must reach the poorest to maximise its benefits and reduce global income inequality. Yet the GEM Report shows that children from the poorest 20 per cent of families are eight times as likely to be out of school as children from the richest 20 per cent in lower middle-income countries like Bangladesh. Those of primary and secondary school age in the poorest countries are nine times as likely to be out of school as those in the richest countries.

While urging countries to improve the quality of education, the paper stressed the need to reduce direct and indirect costs of education for families. New UIS data confirm that many households still have to bear expenses relating to education, totalling US $87 per child for primary education in Ghana, US $151 per child in Côte d’Ivoire and US $680 in El Salvador. This is higher in comparison to the level of cost that they can afford comfortably.

Source:

http://www.thefinancialexpress-bd.com/2017/07/02/75725/Combating-global-poverty-with-education

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Lack of sex education hurts female labor migrants

Ana P. Santos

Getting pregnant has little to do with promiscuity but everything has to do with ignorance.

On the wall hung a framed cartoon of a perplexed obstetrician looking at the patient sitting up on the examination table. The patient was a mermaid.

Dr Christine Felding translated the Danish cartoon for me as talking about how an obstetrician needs to be prepared to see all kinds of patients and we both had a laugh.

It wasn’t exactly what I expected to find in an abortion clinic. Till then, my experience with abortions in the Philippines had been limited to dark back alleys and eccentric hilots (roughly translated, a masseuse) who claimed to have the power to induce an abortion through magical chants.

I was in Denmark where abortions are legal up to the 12th week of pregnancy and where women’s health clinics like the one I was in treat patients for a full circle of sexual health conditions: pregnancy, infertility, and reproductive health diseases. Included in this bundle is medical abortion.

Dr Felding’s clinic was made up of white walls with pictures of flowers and witty cartoons and windows where warm sunlight streamed through. In the waiting room, I could sit by the window and have a full view of the tree-lined streets of Rungsted, a very affluent suburb just outside Copenhagen.

SURPISED. Dr. Christine Felding was surprised to see that it was mostly young Filipino women coming to her clinic for abortion services. Photo by Ana P. Santos/Rappler

SURPISED. Dr. Christine Felding was surprised to see that it was mostly young Filipino women coming to her clinic for abortion services. Photo by Ana P. Santos/Rappler

I was there to see Dr Felding who had been cited in news reports as saying that most of her patients coming in to get an abortion were Filipino women.

I came there to get behind the why. I wasn’t convinced that the young Filipino women who came to Denmark to work as au pairson a cultural exchange program had a monopoly on sexual liaisons.

«When I ask them about contraception, they say they haven’t heard of it or don’t use it. When I ask them why, they say it’s because they’re Catholic,» Dr Felding told me.

Unplanned pregnancies beyond borders

I’ve had variations of this conversation in other parts of the world highlighting the problem of unplanned pregnancies among female migrant workers.

On one hand, this is somewhat an extension of what is happening in the Philippines where one out of 4 pregnancies is unplanned and the rate of teen pregnancy is soaring.

Our conservative and prudish refusal to teach sex education is hurting our migrant women. It is leaving them unprepared for the physical and psychological realities of living abroad.

Having an unplanned pregnancy at home in the Philippines can set off a chain of events with a list of long-term health and economic ramifications.

Imagine having an unplanned pregnancy as a migrant worker in a foreign country where your earning capacity is directly tied to you being able to work in your host country. In some cases, you may not even be there legally.

An unplanned pregnancy puts you in a very tight corner where only hard choices are left.

In Denmark, where many Filipino migrant workers fall into the category of au pairs on a cultural exchange program, the employment contract stipulates that au pairs must be single and must not have children.

Before Danish laws softened in 2015, a pregnancy automatically meant employment termination for the au pair and deportation.

Currently, a pregnant au pair can stay in Denmark for the duration of her pregnancy and up to two months after – provided that her host family/employer allows it.

In Gulf countries where more than two million Filipino migrant workers are deployed, an unplanned pregnancy has even more dire consequences.

Pregnancy outside a legal marriage is a criminal act. It is a violation of zina laws patterned after Islamic legal tradition which define any act of illicit sexual intercourse between a man and woman as unlawful.

Collectively known as «love cases», acts such as unmarried sex, pregnancy outside of marriage and adultery are punishable by imprisonment of up to one year. If the offender is a Muslim, the sentence will carry an additional punishment of 100 lashes. Married Muslim offenders will be sentenced to death by stoning.

Both men and women can be charged with the crime of zina, but since it is only women who get pregnant, it is mostly women who are prosecuted.

In Dubai, there are reports of babies being abandoned at hospitals so unmarried mothers can avoid detention. Alongside this are stories of women giving birth at home, of clandestine arrangements with doctors who agree to perform pre-natal checkups on unmarried patients without reporting them to the authorities. A higher consultation fee is paid to buy their silence.

Human Rights Watch is calling for the abolition of zina laws, calling them archaic, inhumane and unjust because they are discriminately applied and disproportionately affect low-skilled migrant women.

On a recent reporting trip to Doha last May, I visited two jails and saw that the women detained with their children for breaking zinalaws were mostly domestic workers from the Philippines, Bangladesh, and India.

Overlooked and absent

There are no official statistics on the number of Filipino migrant women who have unplanned pregnancies, but the reports from the different countries attest to its high level of occurrence.

If we trace back the causes, we will find ourselves with the basics: the absence of adequate sex education.

I’ll go even further to include the dichotomy of our social conditioning that excessively romanticizes relationships and motherhood, but stigmatizes contraception and slut-shamesanyone who needs to use it.

You may argue that other labor-sending countries don’t have a stellar record as far as progressive sex education is concerned and that is true. But neither do they have the record of having one of the best practices when it comes to migrant worker support.

The Philippines has been applauded as having successfully institutionalized a labor exportation policy that prioritizes the welfare of its citizens. This is supported by the mandatory orientation seminars and the presence of welfare offices in countries with a large Filipino migrant population.

In Doha, for example, when I visited the jails, the lady guards automatically assumed I was from the embassy. When I told them I wasn’t, they said that it is only the Philippine embassy that regularly sends officers to visit detained citizens, monitor their cases and provide legal advice.

But clearly, there is one aspect of protection that we are overlooking. Reproductive health education needs to be integrated in a migrant woman’s preparation for her life abroad.

On the average, a Filipino female migrant worker is between 25 to 29 years old, and for the most part, single with dependents. The typical duration of an employment contract is two years. It is not realistic to expect that a migrant worker will not explore romantic relationships during that time.

Being away from family and friends compound feelings of homesickness and loneliness. Adjusting to a new place, a foreign culture and a language you do not speak add to the isolation.

It is natural to seek out companionship of friends or other like-minded individuals. Romantic relations may be viewed as a welcome distraction and a form of validation.

However, what seems less obvious is that intimate relationships do not need to result in pregnancies.

Love, romance, sex education

There is a need to equip our migrant women with information about reproductive health information and reinforce the consequences of unplanned pregnancy for a labor migrant.

This gap can be filled by distributing information at the various touch points labor migrants are required to cross before they leave the country.

One is the pre-departure orientation seminar (PDOS) required by the Philippine Overseas Employment Agency. As required by law, an HIV 101 module is already integrated in the PDOS; a reproductive health segment can be easily tucked on.

Direct hires can be informed at the OFW desks in the airports where their employment documents are screened. Recruitment agencies where a lot of people spend a lot of time lining up may also be another channel.

To be clear, I am not talking about a medical brochure with illustrations of a uterus. Neither do I envision something pornographic or bordering on salacious. I do envision a graphic romance novel written as a friendly non-judgmental narrative and presented in the language that the migrant worker is most familiar with.

I imagine it to be a story framed around the complicated realities of falling in love and managing relationships as a female migrant worker. I expect it to be entertaining as well as educational.

Just like any other bit of information that needs to be learned, social media can be utilized to amplify this information in channels that OFWs can access even while overseas.

In more liberal host countries like Denmark, there could be informal sessions and workshops on relationship and cultural norms similar to those dating workshops given to refugee men in Norway.

Not promiscuous just ignorant

Clearly, something must be done to address the problem.

Dr Felding seemed pensive and wistful when she talked to me about the Filipino au pairs who came to her clinic.

Her clinical experience gave her the perspective of two different worlds: one where Danish women are empowered to make decisions about their bodies and another where Filipino women are clueless and left to suffer the consequences.

In the case of the latter, getting pregnant had little to do with promiscuity but everything had to do with ignorance.

«I’ve always said that when that plane from Manila comes in, the au pairs should already have a pill in their mouth,» Dr Felding said.

Sadly, a pill in your mouth or a condom in your bag won’t be of much help unless you have the information on how to use it. – Rappler.com

Reporting for this piece was supported by the Pulitzer Center on Crisis Reporting in Washington, D.C.

Source:

http://www.rappler.com/thought-leaders/174450-lack-sex-education-hurt-female-labor-migrants

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15 denuncias de violencia de género cada día en los juzgados

Por:

El País Vasco presenta una tasa de 11,83 mujeres víctimas de violencia machista por cada 10.000 mujeres.

Los juzgados vascos reciben de media15 denuncias al día mujeres por maltrato de sus parejas o exparejas, según los datos facilitados este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Así, durante el primer trimestre se registraron 1.333 denuncias, todas ellas de mujeres.  En el conjunto del Estado, de las 40.509 denuncias recogidas, 38.018 correspondían a mujeres.

El País Vasco presenta una tasa de 11,83 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, por debajo de la media del resto de España, que es de 16,03.

Durante el primer trimestre del año, se incoaron en Euskadi 208 órdenes de protección, de las que siete no fueron admitidas. Además, los órganos judiciales ordenaron la puesta en marcha de 111 órdenes de protección de las víctimas de violencia de genero y se denegaron 90 solicitudes.

Según refleja este Observatorio, un total de 149 mujeres vascas, es decir el 11,2 % de las que denunciaron ser víctimas de violencia machista, se acogieron a la dispensa legal de declarar.

La víctima denuncia

La mayoría de las 1.333 denuncias presentadas por este motivo en Euskadi entre enero y marzo fueron interpuestas por la propia víctima (838 casos), mientras que la Policía hizo lo propio 389 veces y los familiares de la mujer en 15 ocasiones.

En lo que va de año 29 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja en España (uno de los casos aún en investigación), lo que supone un aumento del 47 % respecto al mismo periodo de 2016, una lacra que también se ha llevado por delante la vida de seis niños.

Fuente: http://www.eldiario.es/norte/euskadi/denuncias-violencia-genero-dia-juzgados_0_656885422.html

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