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América del Sur/Argentina/24 Septiembre 2016/Autor: Universidad Nacional de Rosario (UNR)/Fuente: Notas Periodismo popular

Adriana Puigróss, doctora en Pedagogía y diputada nacional (mandato cumplido) fue entrevistada en el marco de la Cátedra Libre Nuestra América de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). La pedagoga opinó sobre la situación actual de la educación, los peligros de la privatización y el contexto de América Latina.

– ¿Cuáles son las tareas de los educadores populares para la gestación de proyectos pedagógicos emancipatorios en la actual coyuntura de América Latina?

– En este momento se está destituyendo a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sin ninguna razón jurídica. Claramente es un ataque a una política popular y democrática. Ese es el marco en el cual estamos casi todos los países de América Latina. En este contexto, la situación educativa es realmente preocupante. Uno de los intereses más fuertes de quienes llevan adelante este tipo de golpes institucionales, utilizando la Justicia como un instrumento político de las corporaciones, es la educación.

Por un lado, por motivos ideológicos. Los sectores más poderosos siempre han estado convencidos de que la educación debe ser para pocos. La comprenden como un instrumento de pacificación y de control de las grandes mayorías para formar la mano de obra indispensable para el mercado de trabajo, una mano de obra de reserva. Su intención es que solamente lleguen a la educación superior algunas elites.

Desde que asumieron Lula, Kirchner y el resto de gobiernos populares en América Latina, tuvieron lugar políticas destinadas a promover y garantizar la educación como un derecho universal. Esas políticas exitosas que estaban en un punto de maduración en Argentina, en Brasil y en otros países de la región, hoy son atacadas fuertemente.

Por otro lado, la educación está en peligro porque las clases dominantes han descubierto que es un mercado potencial para su explotación. Las grandes corporaciones están interviniendo en la educación pública. Es el caso del Banco Santander que gerencia las cuentas sueldo de muchas universidades o el de Monsanto que introduce contenidos en muchas escuelas rurales y universidades públicas. Lo ven como un gran negocio porque allí el cliente es infinito.

– Con respecto a la autonomía universitaria y relacionándolo con la participación de empresas privadas en los planes de estudio, ¿en qué lugar queda la construcción de una universidad popular?

– Yo sostengo que estamos en un momento en el cual se está pasando a un sistema complejo en la educación superior. Creo que el ingreso de quien termina el secundario debe garantizar el ingreso directo al sistema de educación superior. Esto no viola la autonomía universitaria, porque el sistema educativo no es autónomo. Las universidades, tal como dice la ley, pueden fijar cursos de nivelación y formas de articulación con el secundario que consideren necesarias.

Hace falta encontrar alternativas pedagógicas para evitar el fracaso. Desde una concepción meritocrática se va descalificando al niño, diciendo que no aprende, construyendo una profecía del fracaso y haciendo sobresalir al meritócrata.

Entonces, la otra postura es cambiar la idea en lugar de formar desertores. Incluir a más estudiantes cambiando las estructuras organizativas de las instituciones educativas, las currículas, etc. En general está muy atrasada esa estructura, no puede ser que en Argentina hayan todavía carreras de siete años.

Hay que revisar la duración de las carreras, planteando títulos intermedios que pueden ser no terminales, sino que acreditan para seguir otras carreras, en vez de un sistema de desacreditación como el actual.

– ¿Cuál es su balance de las políticas educativas durante el gobierno del Frente para la Victoria?

– Creo que fue la mejor política desde la época de Perón por la osadía de incluir a sectores que estaban excluidos. Era ahora el momento de impactar sobre el sistema educativo.

Por ejemplo, el Plan FINES fue una gran acierto: 800 mil argentinos lograron titularse en la secundaria. Habría que haber evaluado por qué tanta gente no pudo terminar el secundarios. Después de la crisis del 2001 era un plan necesario pero es  muy importante que las políticas populares produzcan transformaciones estructurales profundas.

Pero el Plan FINES no podía ser pensado como un plan permanente, a riesgo de convertirlo en una secundaria para pobres. Sin embargo, yo creo que esta gestión va a dejar un Plan FINES residual.

El proyecto presentado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) es un programa, un compromiso social con metas hasta el 2021. No sólo plantea que el 8% del PBI debe sustentar la educación obligatoria y otro 2% a la educación superior, sino que hay metas para alcanzar en el trayecto.

Por todo esto hemos insistido tanto para que se dictara una nueva Ley de Educación Superior y la nueva Ley de Financiamiento Educativo, que creemos que hay que militar mucho más.

Fuente: https://notas.org.ar/2016/07/05/adriana-puigross-grandes-corporaciones-educacion-publica/