Reseñas

Por Mar Ferragut

Padres y madres reclaman al Govern que desarrolle un plan para que sus hijos puedan ir a centros educativos ordinarios como cualquier otro escolar

Escuela inclusiva. Familias reclaman al Govern que cumpla con los derechos de los niños con discapacidad y desarrolle un plan para que sus hijos puedan ir a centros educativos ordinarios como cualquier otro escolar. Se ha avanzado, pero muchos siguen encontrando trabas, segregación e intentos de forzarlos a ir a centros especiales.

En 2017 la ONU llevó a cabo una investigación confidencial en el sistema educativo español para aclarar si España estaba violando de forma sistemática el derecho a la educación de los menores con discapacidad. La conclusión del informe no hace concesiones: sí.

El informe critica que en España «se ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio, basado en la discapacidad». Los niños con discapacidad intelectual o psicosocial y con discapacidad múltiple se ven afectados «de forma desproporcionada».

Para realizar esta investigación la ONU solicitó datos a todas las comunidades pero sus técnicos sólo se personaron en las que que tenían denuncias concretas (Balears no estaba entre ellas).

¿Cómo va a haber discriminación si las estadísticas reflejan que en España el 83% de estos menores acuden a colegios ordinarios? En el archipiélago son el 84%.

El texto de la ONU confirma que las estadísticas «indican un porcentaje alto de inclusión», pero insiste en que la realidad generalizada en España es otra ya que la inclusión se percibe como»un principio, una tendencia o un método pedagógico» pero no como lo que es: un derecho.

Así lo recoge el artículo 24 del la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y asumida (en la teoría) por España.

La Plataforma per l’ Escola Inclusiva y la Associació Pitiüsa per la Inclusió Educativa i Social (APIES) ya han tenido reuniones con la conselleria de Educación y otras adminitraciones públicas (como la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor) para mostrarles el informe y exigirles que actúen y atajen esta situación de discriminación que, indican, también se da en Balears.

Ellos la han vivido en sus carnes. Estas familias lamentan que en la mayoría de los casos «han de luchar» para que se haga efectivo ese derecho a la escolarización en centros ordinarios. Y deploran que muchos progenitores ni siquiera saben que tienen ese derecho.

La Plataforma nació para unificar la batalla y darle visibilidad. Y entre sus aliados encontraron a Joan Jordi Muntaner, profesor e investigador de la Universitat especializado en educación inclusiva, que recuerda que incluso varias sentencias judiciales, corroboradas por el Tribunal Supremo, han confirmado que la derivación a un centro de educación especial ha de ser excepcional y antes «se han de agotar todas las opciones».

Sin embargo en algunos colegios estos progenitores han encontrado rechazo; trabas y ‘recomendaciones’ (disfrazas de obligación) para que lleven a sus hijos a un colegio de educación especial, aunque ellos no quieran.

Los miembros de esta agrupación admiten y celebran una actitud más receptiva por parte de la conselleria de Educación y que haya más recursos que en los años de los recortes (también criticados por la ONU), pero señalan que eso no basta y que ha llegado el momento de que se afronte la situación confeccionado un plan de acción que fije objetivos; plazos; evaluación y presupuesto. En Cataluña ya lo tienen.

«Nos dicen que creen en la inclusión, pero parece que es de un modo utópico», apunta Inés Martín, madre de una niña con Síndrome de Down, que solo quiere su hija vaya a un colegio «como los otros niños».

Javier Lozano, que también tiene un hija con ese síndrome, pide que el plan incluya mucha formación; más recursos y más personal de apoyo y de atención a la diversidad (hay profesores con buena predisposición que se ven desbordados ante la falta de medios, señala); una bajada del número de alumnos por aula y también «un cambio de actitud» por parte de ese personal que aún se resiste a asumir el derecho de estos niños: «Y ese cambio lo ha de liderar la Conselleria».

La educación especial, opcionalEstos progenitores no piden que se eliminen los centros de educación especial, pero quieren que sea algo que elijan los padres; que no se les fuerce a ir dándoles a entender que no hay otra opción.

Tampoco quieren que se les mande a las aulas UEECO (clases dentro de los centros ordinarios a las que se deriva a estos estudiantes) ya que algunos creen que también es segregación. «Pedimos respeto y libertad de elección», resume desde Eivissa Mª Dolores Penín, presidenta de APIES.

A Martí March le piden una modificación de la normativa para que estos jovenes puedan ir a FP Básica, una seguna oportunidad para los que no han titulado que no se ofrece a sus hijos.

En definitiva estos padres solo quieren abrir puertas a sus hijos y facilitarles que sigan el camino que elijan. Como todos los padres.

Fuente de la reseña: https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/09/02/quiero-hijo-colegio/1343872.html