Safer usa la herramienta basada en hashing y matching, algoritmos que pueden detectar material de abuso sexual.
Los datos y la inteligencia artificial para su análisis puede salvar niños que son víctimas de abuso sexual. Solo en Estados Unidos se recibieron más de 88 millones de archivos reportados en los que menores de edad eran víctimas de abuso sexual, según el Centro Nacional de Niños Explotados y Desaparecidos en el 2022. Descubre cómo la tecnología es utilizada para detectar y denunciar a los pedófilos y abusadores.
«Como profesionales en tecnología tenemos el poder de acabar con las pesadillas de niños (que son abusados)», dijo la Dra. Rebecca Portnoff, jefa de ciencia de datos en Thorn, quien fue invitada en la serie de conferencias AWS re:Invent 2023. En los últimos cinco años, se reporta un aumento del 329% en archivos de material de abuso sexual infantil (CSAM).
Thorn es una ONG fundada por los actores Ashton Kutcher y Demi Moore, que desarrolló el software Spotlight para detectar imágenes o videos de pornografía infantil. Con esta tecnología se ha logrado identificar al menos 9 niños cada día que son presuntas víctimas de abuso sexual.
Esta organización también lanzó Safer, un software basado en la tecnología de Amazon Web Services (AWS) que es utilizado por las empresas para evitar que en sus plataformas en la nube se registre pornografía infantil.
A la fecha, este programa es empleado por empresas como GoDaddy, que aloja miles de sitios web; Imgur, que permite subir fotos; Vimeo, que facilita el almacenamiento de videos; entre otras. Todas estas plataformas tienen el potencial riesgo de que malos usuarios suban contenido ilegal como pornografía infantil.
Lo cierto es que los depredadores en línea vienen utilizando tecnologías novedosas, como los chatbots, para atraer a menores de edad en internet. De 2021 a 2022, se detectó un 82 % de aumento en los informes de incitación para realizar actos sexuales con menores como víctimas en Estados Unidos.
Eso no es todo. Solo entre 2021 y 2022, la Internet Watch Foundation observó un aumento del 9% en material de abuso sexual infantil generado por computadora usando IA y otras tecnologías.
«Estos no son solo archivos, son niños pidiendo ayuda desesperadamente», alertó Portnoff. «La inteligencia artificial y el machine learning hace la diferencia», dijo, recordando que comenzaron a trabajar en la plataforma en el 2019, cuando ya se estudiaba el uso de redes neuronales convolucionales para detectar pornografía infantil.
«Construimos un clasificador que actúa como un magneto poderoso para encontrar nuevos archivos de abuso infantil», agregó. Para que esta herramienta sea utilizada por las plataformas tecnológicas donde se almacena contenido se emplea Amazon ECR para distribuir el modelo IA entrenado.
También se utiliza Amazon EKS para mejorar el algoritmo y Amazon S3 para recibir retroalimentación como falsos positivos de parte de las compañías tecnológicas, y así afinar aún más la detección.
Inteligencia artificial para acabar con el abuso infantil
Para ello, Safer usa la herramienta basada en hashing y matching, algoritmos que pueden detectar material de abuso sexual infantil e interrumpir su propagación en línea. Normalmente se utilizan dos tipos de hash: hash perceptual y criptográfico. Ambas tecnologías convierten un archivo en una cadena única de números llamada valor hash. Es como una huella digital para cada contenido.
Estos algoritmos se apoyan de inteligencia artificial y machine learning para comparar el contenido detectado con material previamente denunciado. Esta metodología permite a las empresas de tecnología identificar, bloquear o eliminar este contenido ilícito de sus plataformas.
Safer es una gran base de datos que agrega más de 29 millones de valores hash conocidos para este contenido ilícito. También permite a las empresas de tecnología compartir listas hash entre sí (ya sea bajo su nombre o de forma anónima) ampliando aún más la cantidad de datos para así interrumpir la propagación de material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.
En 2022, Safer analizó más de 42,1 mil millones de imágenes y videos y se encontraron 520,000 archivos de abuso en las plataformas. Hasta la fecha, Safer ha ayudado a identificar 2.8 millones de archivos de presunto contenido ilícito, según el informe Emerging Online Trends in Child Sexual Abuse 2023.
Fuente e Imagen: https://andina.pe/agencia/noticia-asi-inteligencia-artificial-ayuda-a-detectar-material-abuso-sexual-infantil-linea-965333.aspx
Londres. Más de mil niños de Telford, Inglaterra, fueron explotados sexualmente desde 1989 debido a que la policía y el gobierno local no investigaron a los delincuentes, concluyó este martes un análisis independiente.
La investigación se puso en marcha después de que un reporte del Sunday Mirror de 2018 mostrara informaciones de explotación sexual que se remontaban a la década de 1980. El análisis confirmó estas informaciones y descubrió que se permitió que el abuso continuara porque se culpaba a los niños y no a los perpetradores.
Los maestros y los trabajadores jóvenes fueron desalentados a denunciar el abuso sexual infantil y la policía estaba nerviosa de que la investigación de algunos de los hombres asiáticos que llevaron a cabo el abuso inflamara las tensiones raciales, según el reporte.
«Innumerables niños fueron agredidos sexualmente y violados. Fueron deliberadamente humillados y degradados. Fueron compartidos y traficados», dijo Tom Crowther, presidente de la comisión que llevó adelante la investigación.
«Las víctimas y los supervivientes contaron repetidamente cómo, cuando eran niños, los hombres adultos se esforzaban por ganarse su confianza antes de traicionarla despiadadamente, tratándolos como objetos sexuales o mercancías».
La policía local se disculpó por sus fallos y el gobierno local pidió disculpas a los sobrevivientes.
Este es un nuevo caso de abusos sexuales en Reino Unido.
En 2014, otro artículo independiente descubrió que a mil 400 niños de otra ciudad inglesa habían sufrido abusos sexuales. También se halló que el difunto presentador de televisión Jimmy Savile había abusado de 500 niños, en ambos casos durante décadas.
Por: Geraldine Santos, Yanua Atamaín, Leslie Searles, David Díaz Gonzales
En el pueblo awajún —el segundo más grande de la Amazonía peruana, con más de 70 mil integrantes que viven en las regiones de Amazonas, Loreto, Cajamarca y San Martín— denunciar a un miembro de tu comunidad ante la Fiscalía o la Policía Nacional no está permitido, ni aunque se trate de un agresor sexual de menores. La violación de un niño o adolescente se atiende con la intervención del apu de cada comunidad y con una multa económica al violador que varía que entre S/2.000 a S/5.000, según los testimonios recogidos por un equipo de cuatro periodistas de OjoPúblico que recorrió seis comunidades de la región Amazonas. Esta alarmante situación no permite tener cifras reales de estos casos y mantiene impune estos hechos. Las mujeres líderes de los pueblos indígenas luchan en solitario contra esta situación.
Através de una rendija de la puerta de su casa, Nayáp* mira a otros niños que juegan afuera. Sus ojos marrones no dejan de admirar la alegría ajena, pero se limita a observar. Es originario del pueblo awajún, tiene siete años y la piel tostada por el incandescente sol de la Amazonía. No habla castellano, pero el dolor que lleva consigo no necesita palabras para manifestarse, se siente en la habitación donde lo observamos. En setiembre del 2021 fue violentado sexualmente por un integrante de su comunidad, desde ese día solo su silencio lo acompaña, casi no habla.
Nayáp mira a todos con temor. Su casa de madera en la comunidad indígena Nazaret, en Imaza, ubicada en la región Amazonas, es su refugio. En los cuatro últimos meses apenas ha salido al patio de su hogar, teme ir más allá. Dice que el iwa, monstruo que come a los hombres en awajún, está al acecho y prefiere estar oculto.
Un equipo de cuatro periodistas OjoPúblico que recorrió seis comunidades de Amazonas ha llegado a Nazaret, a cuatro horas de la ciudad de Bagua en viaje por carretera, para recoger la historia de Nayáp, cuya madre accedió a hablar con este medio. En esta comunidad hay otros 14 niños que fueron víctimas de abuso sexual solo el año pasado, según las denuncias que recibió la lideresa indígena Georgina Rivera Paz, quien realiza acompañamiento a las niñas y mujeres violadas.
Una calurosa tarde de setiembre del 2021, Nayáp fue encontrado ensangrentado por Sekút*, su madre, al interior de su vivienda, pero la agresión ocurrió en el bosque donde antes solía jugar sin miedo. Lo cogió en sus brazos y lo llevó ante el apu de la comunidad en busca de ayuda y justicia, pero el líder le dijo que no había sanción en el estatuto para los violadores sexuales de varones, cuenta. La herida de la impunidad volvió a abrirse en Sekút. En el 2014, su hija mayor —que entonces tenía 4 años— había sido violada y el líder de ese momento tampoco aplicó ninguna sanción al autor del delito. Por el contrario, Sekút fue acusada de mentirosa.
—No tengo esperanzas de solución aquí, no confío en la justicia de mi pueblo— dice Sekút, de 36 años, en lengua awajún. Ella, al igual que su niño, no habla español. Al traducir los abusos que han sufrido los dos hijos de Sekút, la periodista indígena Yanua Atamaín baja la mirada y un silencio estremecedor invade la pequeña choza.
Sekút debió vender una de sus gallinas ponedoras de huevos para comprar medicamentos que atenuaran el dolor de Nayáp. No pudo llevar a su niño a un centro de salud por orden del apu. “Llevarlo hubiera implicado que el caso sea reportado ante las autoridades, aquí no denunciamos sin el permiso del líder”, explica la lideresa indígena Georgina Rivera mientras sostiene la mano de Sekút.
VIGILANTES. Las mujeres awajún temen dejar solos a sus hijos en sus casas porque pueden ser víctimas de abusadores sexuales cuando ellas salen a trabajar sus tierras.
Foto: David Diaz
El miedo a hablar
Nazaret es una pampa verde llena de casas de madera y pequeños árboles, donde el sol no tiene piedad. Sus más de mil habitantes, los awajún, viven ahí desde hace más de 50 años. La comunidad ha soportado invasiones de extraños, derrames de petróleo y el reciente impacto de la pandemia. Estos daños han sido reclamados ante la justicia peruana, pero del abuso sexual contra menores de edad por parte de miembros de la misma comunidad no se habla.
Sekút tiene miedo, pero con sus manos pequeñas y rostro afligido trata de explicarnos el dolor de la injusticia. Dice que acusar a un integrante de la comunidad ante extraños puede traerle enemistades que la llevarían a ser desterrada o hasta la muerte, pero está decidida a que Nayáp encuentre justicia. Sin embargo, acudir a la comisaría de Imaza está a una hora por carretera desde su comunidad e ir al médico legista del Ministerio Público a otras cuatro horas hasta Bagua. “No sé cómo llevar la denuncia fuera de aquí”, se lamenta.
En el pueblo awajún —el segundo más grande de la Amazonía peruana, con 70.468 integrantes que viven en las regiones de Amazonas, Loreto, Cajamarca y San Martín— denunciar a un integrante de tu propia comunidad ante la justicia ordinaria no está permitido.
—Los problemas se tratan internamente, solo se va a la justicia de los apash (los de afuera, en awajún) si el apu lo decide— explica la periodista indígena Yanua Atamain.
Esta práctica es aplicada en la gran mayoría de las comunidades, donde los líderes no permiten la intervención de la policía ni de la Fiscalía sin su consentimiento, e interpretan que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) les reconoce la justicia comunal en el territorio indígena. En un estudio realizado el 2020 sobre la violencia sexual y la justicia comunal en los pueblos indígenas awajún – wampis, elaborado por el abogado Roberto Guevara Aranda, se evidencia que, efectivamente, las comunidades no reportan los casos ante la justicia ordinaria basándose en normas internas que se plasman en los reglamentos de cada comunidad.
El informe de Guevara Andrade analiza los reglamentos comunales de 28 comunidades awajún – wampis en Amazonas, como una muestra de las 393 que existen en el territorio de la región. Según las normas internas analizadas, el 96,43 % de estas comunidades no reportan los casos de violación sexual de menores ante el Ministerio Público y el 79 % no brinda tratamiento a las víctimas. Sin embargo, el 67,86 % de las comunidades optan por aplicar multas económicas a los agresores, un acuerdo entre los familiares de la víctima y el violador que varía entre S/2.000 a S/5.000, según los testimonios recogidos por OjoPúblico en seis comunidades de la región Amazonas.
Ni Nayáp ni su hermana, que ahora tiene 11 años, conocen la justicia que administra su pueblo ni la de los apash ya que no fueron ‘indemnizados’ con pagos económicos y sus agresores no han sido castigados. Sekút, la madre de ambos, tiene miedo de ir a trabajar a sus campos de cultivo porque ello implica dejar a sus cinco hijos solos, ya que su pareja labora en otro lugar y no tiene familia en la comunidad a quien confiar a sus pequeños. “No estoy tranquila, tengo miedo de volver a ver a mis hijos heridos”, dice la awajún.
El antropólogo Wilson Atamain explicó a OjoPúblico que no se cuenta con cifras reales sobre la violencia sexual en las comunidades awajún porque la justicia que administran los apus no permite a las familias reportar estos abusos y solo se tienen referencias de casos que atienden las lideresas indígenas. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en Nazaret: de los 15 casos registrados el 2021, solo tres fueron reportados ante el Ministerio Público. “Los casos son invisibles ante la justicia ordinaria, silenciados por la propia comunidad”, dice el experto.
No existe tampoco una base de datos sobre casos de abuso sexual donde se especifique la variable étnica, confirmó el Ministerio de Cultura a OjoPúblico a través de un cuestionario. Solo en el distrito de Imaza, al que pertenece la comunidad donde vive Nayáp, la Estrategia Rural del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) —un mecanismo para atender casos de violencia en las zonas rurales— registró 32 violaciones sexuales el último año, de los cuales 28 fueron contra menores de edad, pero no se puede conocer cuántas de estas víctimas son niños indígenas.
Un manto de impunidad
La comunidad de Huampami en el distrito de El Cenepa —a cinco horas desde la ciudad de Nieva por río— tiene calles estrechas, sin árboles, pese a estar en la misma Amazonía. Allí la docente intercultural Lady Akintui Tsajuput promueve la formación de líderes en el colegio internado Moisés Moreno Romero, que alberga a 475 adolescentes. En esta institución interviene la Estrategia Rural del MIMP para enseñar a las mujeres y varones sus derechos y cómo actuar ante una agresión física, sexual, psicológica y de propiedad en la justicia ordinaria.
SIN ACCESO A JUSTICIA. Lizbeth Chamik no inicia un juicio por alimentos a su expareja porque no puede pagar el viaje hasta Bagua, donde está la Fiscalía.
Foto: Leslie Searles
Además, Akintui Tsajuput les explica a sus alumnos cómo era antiguamente el pueblo awajún: sus tradiciones, sus luchas y los castigos que se imponían a quienes no cumplían las normas. Antes a los violadores se les sancionaba dándoles toé (bebida ancestral, como el ayahuasca, con fines medicinales y alucinógenos) para que limpie su espíritu y luego de eso eran exhibidos ante la comunidad, cuenta la docente.
Para evitar estos castigos y disminuir el derecho a la venganza, que se aplicaba devolviendo el mismo daño que había causado el victimario, se estableció en el pueblo awajún acuerdos económicos a favor de la familia afectada, explica Peña Jumpa. Sin embargo, estos acuerdos económicos han originado que la violencia sexual y física hacia las mujeres y niños indígenas se incremente porque permiten proteger al agresor ya que se evita que sea juzgado por la justicia ordinaria, refiere Juan Carlos Akintui, uno de los jóvenes líderes de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú. En la gran mayoría de comunidades de la región Amazonas, las víctimas viven cerca de sus agresores y no reciben tratamiento psicológico ni de las secuelas físicas producto del abuso, asevera.
“Con los años, el pueblo awajún ha ido normalizando las violaciones, por eso ahora estos hechos se negocian económicamente, como si la dignidad de un hermano tuviera precio”, lamenta Akintui Tsajuput.
Pero no solo se trata de que se hayan dejado de lado sanciones severas sino de que el abuso sexual a menores prácticamente se ha institucionalizado en las comunidades indígenas donde se permite el matrimonio desde los 12 años de edad, según el informe La justicia comunal aguaruna en el Alto Marañón del abogado y magíster en antropología Antonio Peña Jumpa. Esta uniones legitiman las relaciones sexuales desde muy temprana edad y expone a las niñas a abandonar sus estudios, a la violencia y a embarazos tempranos. En el Perú, una persona puede casarse partir de los 16 años, aunque también se trata de un matrimonio adolescente que limita la igualdad de oportunidades para las mujeres.
Cuando se reporta un caso de violación sexual en las comunidades se castiga con dos meses de calabozo (si la víctima es una mujer adulta) y tres meses (si es menor de edad). El Código Penal establece cadena perpetua para quien abuse sexualmente de un menor de 14 años y pena privativa de libertad no menor de 20 años ni mayor de 26 años si la víctima tiene entre 14 años y menos de 18 años.
Por su parte, la abogada y magíster en derecho constitucional Beatriz Ramírez Huaroto refiere que la mayoría de las familias indígenas denuncian los casos de violación sexual ante la comunidad porque “les ofrecen respuestas medianamente rápidas” a comparación de la justicia ordinaria. Sin embargo, estas no aseguran la protección de la víctima porque no hay tratamientos psicológicos ni sanción efectiva al agresor.
“No es que [los indígenas] opten por una sola vía [la comunal], sino que hay barreras fuertes como la distancia geográfica para acceder a los servicios de justicia. No hay un adecuado sistema de justicia que articule entre la justicia comunal y ordinaria”, señala la experta.
ESPERANZA.Melissa Kayap, de 16 años, es defensora escolar en la comunidad de Humapami. Ella es preparada por sus docentes para defender los derechos de la mujer y los niños.
Foto: David Diaz
Otra de las razones para que persista la violencia sexual es el arraigado machismo en el pueblo awajún, dice el antropólogo indígena Wilson Atamaín, quien cuestiona que los actuales líderes indígenas no permitan que las mujeres accedan a la administración del poder en sus comunidades, lo que ayudaría a luchar contra la violencia hacia mujeres y menores de edad. “Hay una constante pugna de poder que no deja que las mujeres asuman cargos políticos y, por el contrario, hay un desprestigio a su labor”, dice Atamaín.
En los años 90’ se conformó la Federación de Mujeres del Alto Marañón en Amazonas para capacitar a las nuwas (mujeres en awajún) en reconocer y defender sus derechos ante la justicia ordinaria, pero a partir del año 2000 los casos de violencia familiar y sexual fueron incluidos en los reglamentos de las comunidades precisando que deben resolverse de manera interna, por lo que la violencia volvió a invisibilizarse.
La federación continúa trabajando en empoderar a la mujer indígena para asumir cargos políticos y lograr cambios fundamentales en la cultura awajún, pero “mientras los reglamentos no cambien, los casos seguirán ocultos en las comunidades”, advierte la lideresa Elva Yagkikat Kiak, quien fue formada para asumir el rol de defensora de la mujer indígena en esta organización.
Comisarias sin traductores
—No hay justicia, todo es negocio— dice la defensora comunal Elva Yagkikat Kiak (53), quien en sus 30 años como lideresa awajún dice haber visto decenas de casos de violación sexual contra menores que no lograron justicia porque se llegaron a acuerdos económicos entre agresores y las familias de las víctimas. Aunque lideresas como Elva sensibilizan a las familias indígenas para que estos casos lleguen a la justicia ordinaria, los obstáculos son más fuertes y muchas desisten porque no pueden costear los gastos de movilidad para denunciar la violación en una comisaría o asistir a las citaciones del Ministerio Público. El 36.1 % de la población en esta región vive en pobreza y el 7.7 % en pobreza extrema.
Otro de los temores de las familias para buscar una reparación a las víctimas en la justicia ordinaria es el lenguaje, ya que muchas madres awajún no hablan español. En ninguna de las comisarías de Amazonas hay traductores awajún, por lo que la atención se vuelve complicada para una madre indígena si no tiene la compañía de una líder, quienes tampoco reciben ningún tipo de ayuda para solventar sus viajes y muchas veces se ven expuestas a agresiones y amenazas por su labor.
INFANCIA ROTA. En el pueblo awajún se permite que las niñas se casen desde los 12 años. Amazonas es una de las regiones con la tasa más alta de gestantes entre los 12 y 17 años.
Foto: Leslie Serles
—La ausencia del Estado y el miedo a ser despreciado en la comunidad por denunciar a un hermano pesan más, todos debemos callar y llorar en silencio la muerte de nuestros niños por violación—, señala la lideresa Georgina Rivera del Consejo Indígena Amazónico del Perú, quien reportó el año pasado la muerte de tres niñas producto de violaciones sexuales. Los casos no tuvieron sanción en las comunidades y los agresores quedaron libres.
OjoPúblico reportó en noviembre del año pasado uno de estos casos a través de su cuenta de Twitter. Aunque el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se comprometió a intervenir, la familia de la víctima nunca fue contactada para llevar el caso ante el Ministerio Público.
— ¿Quién repara un corazón roto, cómo se vive después de ver morir a tu hijo y aparentar que todo está bien?—se pregunta Rivera Paz sin hallar respuesta. Hace siete años, su sobrino falleció a causa de una violación sexual, y si bien el caso fue a la justicia ordinaria no hubo sanción porque el padre de la víctima falleció y no hubo quien siguiera el proceso.
El fracaso de dos formas de hacer justicia
Los líderes consultados para este informe refieren que los casos de violación disminuirán si se aplican sanciones más drásticas contra los victimarios. Salomón Awanach, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú, refiere que con los años el pueblo awajún perdió el valor del “respeto a la vida de sus hermanos”, que los hizo resistir a través de los siglos. Hoy, por el contrario, los niños abusados sexualmente son discriminados, no tienen oportunidades de insertarse en la comunidad y hay quienes son empujados a la prostitución en su lucha por sobrevivir.
El sociólogo Rafael Molina Palacios explica que si bien la justicia propia es reconocida por el Estado Peruano a raíz del Convenio 169 de la OIT, lo que está ocurriendo es que sobre la base de ello se están vulnerado los derechos de los niños abusados sexualmente. Se requiere de un cambio en el enfoque de hacer justicia por parte de los sabios indígenas, señala. Sin embargo, sostiene que el cambio en las leyes de las comunidades demorará años y es un proceso de evolución social que necesita del compromiso de académicos, fiscales, abogados, docentes y jueces awajún que reflexionen y planteen soluciones a esta cruda problemática.
LUCHA. En la comunidad de Mamayaque, Elizbeth Tsakím saca adelante sola a sus cuatro hijos tras el abandono de su pareja. Ella siente que su familia es más vulnerable ante la violencia sexual.
Foto: David Diaz
Por su parte, el abogado Roberto Guevara Aranda, quien trató casos de violación sexual en niños indígenas en la Defensoría del Pueblo de Amazonas, afirma que es necesario que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Justicia trabajen junto a las organizaciones indígenas para llegar a un consenso al impartir justicia para estos casos, cambiando los reglamentos comunales para imponer sanciones mayores a los agresores.
Al respecto, la vocería del Ministerio de Cultura respondió a OjoPúblico a través de un cuestionario de preguntas que “trabajan en la elaboración de una estrategia con enfoque intercultural en los servicios que brinda el Estado para la prevención, atención y protección frente a la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas”. Sin embargo, no dio más detalles de plazos ni de los expertos que trabajan en el tema.
El Ministerio de Cultura tampoco aceptó la entrevista solicitada por este medio con la viceministra de Interculturalidad, Rocilda Nunta Guimaraes, ni el Ministerio Publico concretó la entrevista con el fiscal Alexander Fasanando Riveiro, quien forma parte del subsistema especializado en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo. Ambas autoridades son indígenas shipibos que tienen como función ver la interculturalidad en los organismos del Estado.
—Es el fracaso de dos sistemas porque no existen políticas públicas ni comunales para enfrentar esta dolorosa realidad— cuestiona Guevara Aranda. El Estado no ha podido acercarse al pueblo awajún porque busca implementar procedimientos largos y tediosos como estipula el Código Penal y no comprende las dificultades económicas y geográficas que deben enfrentar las víctimas en busca de justicia en la Amazonía. Mientras ello ocurra, el dolor de niños como Nayáp seguirá ocultándose en sus casas de madera, invisibilizado en medio de la Amazonía.
De acuerdo con diversos estudios del Consejo de Europa, uno de cada cinco niños sufre o ha sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18 años. En el caso de las niñas, la proporción es aún más elevada, sobre todo, en aquellos países en los que la problemática se agrava fruto de prácticas como el matrimonio infantil. Tanto es así que, según los datos recogidos por Save the Children, 120 millones de niñas alrededor del mundo han sufrido algún tipo de violencia sexual antes de los 20 años.
Los casos, advierten desde Unicef, no paran de aumentar. Aunque aún no es posible determinar con precisión las consecuencias que puede traer consigo la pandemia del coronavirus, expertos y agentes sociales temen que, fruto del confinamiento, el cierre de colegios y consultas pediátricas o las dificultades con las que ellos mismos se han encontrado para ejercer su labor en los últimos meses, los casos aún no manifiestos puedan dispararse.
Resulta bastante habitual que, cada cierto tiempo, los grandes medios de comunicación en nuestro país abran a toda plana con casos de abuso o violencia sexual. En la inmensa mayoría de los casos, hacia las mujeres. Se trata, pues, de una problemática común, conocida y despreciada por todos.
No obstante, nos resultan más extrañas (e indignantes, si cabe) aquellas portadas en las que la víctima del abuso es un menor. ¿Quiere esto decir que son menos habituales? En absoluto. Solo se pretende reflejar que hablamos de una problemática altamente desconocida, poco dada a la denuncia por parte de las víctimas y, por ende, con escasa presencia mediática. Al menos, no la que debiera.
El acoso sexual infantil es una lacra que, a tenor de la opinión de los expertos, va en aumento y que hoy se hace más necesario que nunca abordar desde una perspectiva crítica y alejada del sensacionalismo tan característico de las tragedias infantiles, convertidas en muchos casos en auténticos culebrones veraniegos de televisión matinal. Basta con repasar la hemeroteca.
¿De qué hablamos cuando hablamos de abuso sexual infantil?
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el abuso sexual infantil se define como “la participación de un niño o adolescente en una actividad sexual que no comprende completamente, por lo que no puede dar su consentimiento, para la cual el menor no está preparado por su grado de desarrollo o que vulnera las leyes y tabúes sociales”.
Los niños pueden ser abusados sexualmente tanto por adultos como por otros menores que, en virtud de su edad o etapa del desarrollo, se encuentren en una posición de responsabilidad, confianza o poder sobre la víctima. Incluye, por supuesto, el incesto, es decir, el abuso por parte de un miembro de la familia o de un pariente cercano. Implica, además, la intención de satisfacer las necesidades del perpetrador o de un tercero. Entre ellas, la búsqueda de control y poder sobre el niño.
En el caso concreto de los adolescentes, también pueden sufrir abusos sexuales a manos de sus iguales. Incluidos contextos tales como las citas, los encuentros románticos o las propias relaciones íntimas.
Por lo general, se suelen distinguir tres tipos de abuso sexual infantil. En primer lugar, el que se produce sin contacto. Ejemplos de ello serían las amenazas de abuso, el acoso verbal, la solicitud sexual o la exposición del niño a la pornografía. En segundo lugar, se encontraría el abuso sexual con contacto, pero sin mantener relaciones sexuales propiamente dichas. Implicaría actos tales como tocar, acariciar o besar de forma inapropiada. Por último, el abuso que involucra relaciones sexuales. En cualquier caso, se trata de una vulneración flagrante de los derechos del menor y, como tal, aparece tipificado en el Código Penal.
Una característica fundamental en estos casos es que se lleva a cabo sin necesidad de fuerza física. De ahí que sea catalogado como “abuso” y no como “agresión sexual” o “violación”. El método del abusador para conseguir su objetivo, por el contrario, se basa en la manipulación del menor, tanto psicológica como emocional. Generalmente, a través del chantaje (regalos, premios…) o aprovechándose de su confianza, cariño y respeto. Esto provoca que, de manera habitual, no deje ningún tipo de rastro físico, lo que favorece su prolongación en el tiempo. Solo así es posible comprender las enormes dificultades que entraña su detección temprana, incluso en el ámbito profesional (docentes, psicólogos, pediatras…) y la necesidad de mayor concienciación y formación al respecto.
Más habitual de lo que podría parecer
El abuso sexual infantil es un mal mucho más común de lo que pudiese parecer a simple vista. Una pandemia. De acuerdo con diversos estudios del Consejo de Europa, uno de cada cinco niños sufre o ha sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18 años. En el caso de las niñas, la proporción es aún más elevada, sobre todo en aquellos países en los que la problemática se agrava fruto de prácticas como el matrimonio infantil. Tanto es así que, según los datos recogidos por Save the Children, 120 millones de niñas alrededor del mundo han sufrido algún tipo de violencia sexual antes de los 20 años.
Por desgracia, resulta casi imposible saber con certeza la cifra real de niños que sufren abusos
Los casos, advierten desde Unicef, no paran de aumentar. Aunque aún no es posible determinar con precisión las consecuencias que puede traer consigo la pandemia del coronavirus, expertos y agentes sociales temen que, fruto del confinamiento, el cierre de colegios y consultas pediátricas o las dificultades con las que ellos mismos se han encontrado para ejercer su labor en los últimos meses, los casos aún no manifiestos puedan dispararse.
Tanto o más preocupante resulta el bajísimo porcentaje de los abusos que son denunciados y que, finalmente, llegan a manos de la justicia: solo un 5%. En ese sentido, la especialista en políticas de infancia de Unicef España, Almudena Olaguibel, reconoce que “por desgracia, resulta casi imposible saber con certeza la cifra real de niños que sufren abusos”.
La tasa tan baja de casos que acaban por salir a la luz deriva, en gran parte, de las grandes dificultades para la detección y, además, de la altísima tasa de abusos sexuales infantiles cometidos desde el entorno de confianza más próximo al menor (núcleo familiar, parientes cercanos, vecinos, amigos de la familia…), lo que dificulta aún más si cabe la cuestión.
¿Qué consecuencias puede tener para el desarrollo del menor?
En una entrevista concedida a El Diario de la Educación, el doctor en Psicología y especialista en Sexología, José Luis García, apunta a que las consecuencias de haber sufrido abuso sexual durante la infancia “van a variar en función de la experiencia concreta, del chico o de la chica, de cómo la vive y gestiona cada cual, de la edad, del entorno familiar, del tipo de abuso, de su frecuencia, de su preparación previa, de los apoyos y ayudas que se tengan…”.
“Las consecuencias de los abusos sexuales pueden afectar a todas las áreas de la personalidad, de la conducta y de las relaciones, particularmente la dimensión sexual y afectiva. No es infrecuente que se contemple el suicidio, autolesiones, baja autoestima, culpabilidad lacerante y constante y puedan iniciar una escalada de conductas desadaptadas”, añade.
Puesto que resulta verdaderamente difícil gestionar y elaborar cognitivamente esa experiencia, lo que hace que en la mayoría de las veces no se denuncie o ni siquiera se llegue a hablar de ello, la ayuda psicológica y el apoyo familiar serán fundamentales a la hora de enfrentar, superar el trauma y quitarse de encima la etiqueta de “víctima”.
Es frecuente que se contemple el suicidio o se desarrollen conductas inadaptadas
Prevención, detección y actuación, las claves
La Fundación Márgenes y Vínculos lleva más de 20 años realizando labores de asistencia a las víctimas de abuso sexual infantil y, además, de apoyo y orientación a las familias. Su labor se centra en la prevención, la detección y la actuación.
Juan Jesús Cardoso es responsable del área de prevención. En este ámbito, destaca, “hay dos aspectos imprescindibles. Por un lado, la sensibilización general. Es decir, que la población general tome conciencia. Por otro, la formación integral. Esto incluye, por supuesto, a los profesionales que trabajan en el día a día con niños y jóvenes (maestros y maestras, monitores de ocio y tiempo libre…), sobre todo en cuanto a los indicadores y las respuestas ante posibles verbalizaciones. Pero también a los propios menores y a su círculo más próximo”.
Para las etapas de educación infantil y primaria, la Fundación Márgenes y Vínculos plantea los programas “Aquí no se toca” y “Mi cuerpo es un tesoro”. Ambos emplean la educación sexual y emocional, a través de una metodología eminentemente práctica, basada en el juego y el teatro, con el objetivo de “despertar el sentido arácnido” de los niños y dotarles de las herramientas necesarias para, en la medida de lo posible, protegerse frente a conductas inapropiadas, tales como los “secretos malos o los regalitos”.
Asimismo, en secundaria se presenta el taller “Será porno hablar”, en el que se abordan temas de educación afectivo-sexual, género y pornografía.
Celia Nevado, por su parte, se encarga de aspectos relacionados con la evaluación psicológica del niño que ha sido víctima de abuso sexual. La entrevistas que realiza junto a su equipo sirven para la elaboración de informes que, a su vez, pasan a ser prueba preconstituida ante el tribunal en caso de juicio. Esta labor obedece a la creación de un espacio más confortable para que el menor pueda expresarse con libertad y no se vea en la obligación de acudir a un ambiente tan frío y hostil como puede resultar un juzgado.
Aunque considera fundamental la nueva Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia para luchar contra el abuso sexual infantil, Nevado reconoce que “hace falta más desarrollo, asistencia desde la detección y, sobre todo, se hace necesaria la elaboración de un protocolo común que favorezca el trabajo integral y coordinado desde los distintos ámbitos que trabajamos con la infancia: educativo, sanitario, policial, judicial…”.
Abuso sexual infantil en el mundo del deporte
El ámbito deportivo, sobre todo al más alto nivel, se ha convertido, a tenor de los múltiples casos desvelados en los últimos años, en un importante foco en cuanto al abuso sexual infantil. Concentraciones, viajes, vestuarios, horas y horas de entrenamiento, alejamiento progresivo del entorno familiar… Todos ellos son factores que pueden ser aprovechados por la figura de autoridad, en este caso, el entrenador, para ejercer lo que se conoce como grooming, es decir, el establecimiento de relaciones abusivas derivadas precisamente de la relación de desequilibrio de poderes y de la dependencia que surge entre deportista y entrenador.
Estamos aquí para evitar que los niños lloren en silencio
Afortunadamente, las autoridades competentes a escala nacional han ido tomando conciencia y, poco a poco, comienzan a implementar medidas tales como la figura del “delegado de protección”, el máximo responsable de la estrategia de protección a los menores deportistas que se encuentran en Centros de Alto Rendimiento.
Con el paso del tiempo, también han ido surgiendo iniciativas privadas que pretenden evitar que se repitan casos de abuso sexual infantil en el contexto deportivo, acompañar a las familias que ya lo hayan sufrido y, además, formar y sensibilizar a la sociedad en general sobre esta grave problemática.
Es el caso de ‘Coloso con pies de barro’, el proyecto personal del exjugador de rugby profesional francés, Sébastien Boueil, y que, tras su desempeño en Francia y Argentina, llega a España de la mano del también exjugador profesional de rugby, Franco Pani, con el objetivo de prevenir la pedofilia, las novatadas y el acoso a través de intervenciones en clubes, centros de alto rendimiento e instituciones educativas.
“Coloso con pies de barro nace a partir de la historia de Sébastien Boueil, quien fue víctima de abuso sexual entre los 12 y los 16 años”, explica Pani. “Creemos que el deporte puede ayudar a cambiar vidas. Es la palanca más importante para ayudar a las personas que lo están pasando mal. Por eso, a través del rugby, tratamos de colaborar con clubes e instituciones, como la Federación Española de Rugby o el Club Rugby Alcalá, para evitar que los niños sufran este tipo de abuso y terminen por llorar en silencio”, concluye.
Ofrecen formación a los profesionales del mundo del deporte, así como a organizaciones e instituciones, con el fin último de capacitarlas en cuanto a la prevención de delitos sexuales, protegerse en situaciones de riesgo, comprender lo que es un agresor sexual, ser capaces de identificar a una víctima y, finalmente, poder actuar en el momento en que el abuso salga a la luz.
Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2021/07/12/abuso-sexual-infantil-la-pandemia-invisible/
No basta con implementar una educación sexual en cada centro educativo para el conocimiento e identificación de los riesgo…
Un tema que, de alguna forma fue eclipsado por el reciente proceso electoral que vivimos en México, fue el que denunció en los últimos días del mes de mayo la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia (ODI), a través de un informe en el que se “reveló la persistencia de abusos sexuales y pornografía infantil detectados en 18 escuelas en agravio de decenas de infantes de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca” (Díaz, 2021).
El referido informe denominado: “Es un secreto. La explotación sexual en las escuelas”, contó con el apoyo de denunciantes solidarios como Lucia Serevitje, María Azuela Gómez, Lydia Cacho, Manuel Gil Antón y Juan Martín Pérez quienes, ofrecieron diversas entrevistas a diferentes medios de comunicación, con el propósito de llamar la atención y hacer visible “un secreto a voces”. Y es que, como sabemos, el tema delicado como lo es no es del todo reciente, veamos por qué afirmo esto.
En 1989, con la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, se reconoció por primera vez explícitamente el derecho del niño y de la niña a estar protegido contra todas las formas de explotación y abusos sexuales (UNICEF, 2006). Posteriormente, en 1996, en el Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial Infantil celebrado en Estocolmo (Declaración de Estocolmo, 1996), se definió a la explotación sexual comercial infantil como una violación fundamental de los derechos de la niñez; ésta abarcaba el abuso sexual por parte del adulto y remuneración en dinero o especie para el niño (a) o para una tercera persona o personas; también se consideró al niño (a) como objeto sexual y mercancía. Consecuentemente la explotación sexual comercial de la niñez, en dicho Congreso, se constituyó como una forma de coerción y violencia contra ésta, lo cual equivalía al trabajo forzado y una forma contemporánea de esclavitud, por tanto, se incluyó en esta categoría de explotación sexual comercial: la pornografía, la prostitución, el tráfico de niños y niñas con fines sexuales y el turismo sexual.
Por su parte, la representante regional para América Latina de la Asociación contra la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes hace tiempo informó, que el combate a la comercialización y explotación sexual infantil no era prioridad para los gobiernos de América Latina, incluyendo a México, pues los recursos económicos destinados eran insuficientes. Además de ello, aseguró que existían enormes “hoyos” en las legislaciones y códigos penales, así como también, complicidad – por omisión o acción – de las autoridades policiacas que impedían el desmembramiento y castigo de las redes internacionales dedicadas a estos crímenes violatorios de los derechos humanos (CONAPRED, s/f).
Ahora bien, para el caso que nos ocupa, el de nuestro país, de acuerdo con el estudio realizado en el 2000 por Elena Azaola, en colaboración con la UNICEF, DIF y CIESAS denominado “Infancia Robada”, y que fue desarrollado en 6 ciudades del territorio mexicano, se afirmó que existían aproximadamente 16,000 personas menores de edad explotadas en el comercio sexual.
Esto, de alguna manera se corrobora en fechas recientes puesto que, en agosto de 2019, en el Foro “Violencia Sexual Infantil y Adolescente: Retos Legislativos”, el director médico del Hospital de Pediatría del Centro Médico Siglo XXI, del IMSS, Javier López Aguilar, afirmó que según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupaba el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año, por lo que informó que desde hace 20 años, Tlaxcala era la entidad con mayor incidencia de pederastia y trata infantil, seguido por Querétaro y Chihuahua, lo que mostraba la inoperancia de la justicia penal y civil en esta materia (Boletín del Senado de la República, 2019).
En este mismo sentido, pero en noviembre de 2020, la organización Aldeas Infantiles SOS, denunció que México ocupaba el primer lugar en abuso sexual infantil a escala mundial; esta organización indicó que en 4 de cada 10 casos el delito fue cometido por familiares o gente cercana a los menores. Asimismo, señaló, que lo grave es que, por cada mil casos de abuso a menores, únicamente 100 se denunciaban, solo 10 llegaban a juicio y 1 alcanzaba condena (Valadez, 2020).
Expuesto lo anterior, vienen algunos cuestionamientos a mi mente: ¿cuáles son las estrategias y acciones preventivas que los gobiernos mexicanos han implementado para disminuir las cifras tan alarmantes en nuestro país por agresiones contra los infantes?, ¿es suficiente contar con un protocolo para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas que conforman el Sistema Educativo Nacional (SEN)?, ¿qué otras herramientas o instrumentos pueden elaborarse e implementarse para disminuir y erradicar tan infames actos cometidos contra menores de edad?, ¿qué ha hecho la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para poner especial atención en estos asuntos?, ¿por qué nuestro país no ha avanzado en esta materia?
Cierto es, que la escuela en un espacio privilegiado en el que las interacciones son una constante entre los diversos actores educativos y no educativos que a diario confluyen en ella. Cierto es, que no podemos generalizar en cuanto a pensar que todo trabajador de la educación forma parte de un grupo delincuencial que atenta contra los derechos de los niños y las niñas. Cierto es, que el informe dado a conocer por ODI es una seria llamada de atención para todos los que formamos parte del SEN, dados los patrones y denuncias que se han presentado y que, como señala dicho informe, “pudieran ser indicativos de que algunas escuelas han sido capturadas por la comisión de delitos de explotación sexual en línea” (Díaz, 2021).
¿Qué futuro queremos para nuestros hijos? Obliga a pensarnos en el presente para actuar en consecuencia.
No basta con implementar una educación sexual en cada centro educativo para el conocimiento e identificación de los riesgos y conductas de violencia sexual en su contra, no basta que se implementen vías de comunicación seguras, confiables, accesibles y anónimas para la denuncia de los hechos, no basta con la existencia de una corresponsabilidad en la actuación de las autoridades e instancias especializadas en la protección de los infantes. No, no es ni será suficiente todo esto si no hacemos visibles tal hecho y, mucho menos, si NO ESCUCHAMOS A NUESTROS HIJOS Y LES CREEMOS.
América Central/El Salvador/21-05-2021/Autora: Susana Joma/Fuente: www.elsalvador.com
El educador habla de cómo las estudiantes caen presa de inescrupulosos que, fingiendo amistad, se aprovechan de sus necesidades y anhelos.
“Ellos cuentan muy poco. Uno se da cuenta de la gravedad de la situación hasta que salen casos en donde se produce una fatalidad”, indica el profesor Paz Zetino. Imagen de referencia
Aunque las tecnologías de la información y comunicación han traído muchas ventajas, los docentes no dejan de estar preocupados por cómo los estudiantes interactúan en el mundo digital, a veces sin mayor control, bajo riesgos de su seguridad, y hasta de su vida.
“Nosotros escuchamos comentarios de las niñas cuando dicen que tienen un amigo a través de las redes, que no lo conocen pero que se expresa bien, que la está invitando a salir y que quiere ser su amigo, y contando eso con aquella alegría como que algo extravagante ha sucedido”, comentó el profesor Paz Zetino Gutiérrez.
La preocupación es más que válida en momentos en que uno tras otro salen a luz en el país casos de jóvenes desaparecidos, o también de agresores sexuales, como el caso sonado del expolicía acusado de asesinar a dos mujeres en Chalchuapa, y del cual las autoridades dijeron en su momento tener indicios de que en otros casos había entrado en contacto con víctimas por internet.
Zetino Gutiérrez, quien funge desde hace varios años como subdirector del Complejo Educativo Walter Soundy, de Santa Tecla, sostiene que este tipo de conversaciones sobre el inicio de amistades en redes sociales surge más frecuentemente entre alumnas del nivel de tercer ciclo, incluso de primer año de bachillerato, en una etapa de la vida en donde la regla es desafiar cualquier cosa, aventurarse.
“A mí me parece que la exigencia (o presión de solicitudes de amistad de extraños) es más para las niñas. O sea esos depredadores andan tras las niñas; uno que otro homosexual hay que anda seduciendo jóvenes, porque eso también se da, eso es terrible; pero si tiene que ver con que muchos jóvenes, hombres y mujeres están fuera del control o sin el control total de sus padres”, precisó.
Con varias décadas de experiencia, este docente advierte que los jóvenes, en general, son muy dados a dar “likes” (me gusta) a cualquier situación, a entrar en contacto con personas desconocidas que les mandan solicitudes en las distintas redes sociales, pero desgraciadamente son herméticos en cuanto lo que ahí ocurre.
Paz Zetino Gutiérrez es claro en insistir en el poco control que los padres tienen sobre el uso que los estudiantes hacen de las redes sociales. Imagen de referencia / Pixabay.
“Ellos cuentan muy poco. Uno se da cuenta de la gravedad de la situación hasta que salen casos en donde se produce una fatalidad”, indica.
El educador señala que hay adultos que también, bajo riesgo, suelen entablar contacto con desconocidos a través de chats, e incluso inician romances así; pero en los jóvenes es más complicado, porque no tienen la madurez emocional para analizar el prototipo de amigos con los que interactúan.
“Por lo general (las jovencitas) son presa de invitaciones y como son bastante consumistas, a través del consumo, de la invitación a almorzar, de la invitación a cenar, ellos se dejan ir. Esa debilidad o esa necesidad es la que aprovecha este tipo de personas, como este policía que en realidad es un desquiciado mental”, comentó.
Sobre el tema, Paz Zetino Gutiérrez es claro en insistir en el poco control que los padres tienen sobre el uso que los estudiantes hacen de las redes sociales.
“Ellos manejan su teléfono como si fuera propiedad privada, nadie se los puede ver, y si se los controlan en casa pues cuando están fuera aprovechan para aceptar ese tipo de amistades o solicitudes”, indica.
El docente afirma que hay una cantidad de casos de jovencitas y jóvenes que han sido utilizados, incluso víctimas del narcotráfico, de la trata de mujeres por esa vía de las redes sociales.
“Yo creo que el llamado es más para los padres de familia y para todo mundo. Recuerde que hay un periodo de la adolescencia que hay un deseo de la juventud de conocer lo desconocido, independientemente de que eso le sea riesgoso, le traiga consecuencias, por eso caen en drogas, en todo ese tipo de problemas”, subraya.
Según explica el problema pasa también porque muchos padres no solo dejan de estar pendientes de sus hijos, sino que además subestiman lo que estos hacen en la escuela y fuera de ella.
“En las escuelas (los alumnos) se preparan excursiones en tiempos fuera de clase. Se reúnen, se van. Nosotros tuvimos una experiencia (de ese tipo). Nos dimos cuenta que de la escuela se habían ido (un grupo), porque allá estaban en el mar disfrutando de cervezas como si fueran personas adultas, y cuando llamamos a los padres para decirles ‘aquí está la evidencia en la misma foto del Facebook’, todavía nos preguntaban si eso podría ser cierto o era un montaje”, explica, indignado.
“Ellos manejan su teléfono como si fuera propiedad privada, nadie se los puede ver, y si se los controlan en casa pues cuando están fuera aprovechan para aceptar ese tipo de amistades o solicitudes”, afirma el docente. Imagen de referencia
Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/profesor-paz-zetino-esos-depredadores-andan-tras-las-ninas/838572/2021/
América Central/República Dominicana/19-02-2021/Autor(a) y Fuente: acento.com.do
Las familias y adolescentes aprenden sobre los tipos de violencia que se encuentran en la web, y se les brindan herramientas para identificar, prevenir; o denunciar una situación de riesgo.
Plan International República Dominicana, la Fundación Paniamor de Costa Rica y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) entregaron este jueves al Ministerio de Educación las plataformas educativas E-mentores y E-pana, que buscan prevenir la explotación y el abuso sexual infantil en Internet.
Los organismos resaltaron que en el ámbito de pandemia se debe poner especial atención en cómo proteger a los hijos e hijas en Internet.
En ese contexto, el Plan International y UNICEF realizaron un estudio en el que se determinó que el 53% de las personas adolescentes consultadas dijo haber recibido material de contenido sexual sin haberlo buscado o solicitado.
“Estar en Internet representa grandes oportunidades, pero también retos para los chicos y las chicas, especialmente para las niñas y las adolescentes que enfrentan riesgos de acoso, abuso y explotación sexual. Por eso, estas plataformas, construidas tomando en cuenta las necesidades y la opinión de las personas adolescentes, constituyen una herramienta educativa muy potente para mantenerlos informados y ayudarles a navegar de manera segura”, explicó Virginia Saiz, directora de Plan International.
De acuerdo a sus desarrolladores, E-pana es una plataforma virtual dinámica para adolescentes, a partir de 12 años, donde a través de recursos interactivos se les informa sobre los riesgos que pueden encontrar en la web como el ciberacoso, el grooming y la sextorsión.
Además, en ella pueden obtener herramientas para identificar, prevenir, o bien denunciar una acción que les ponga ante una situación de violación de sus derechos.
Mientras que E-mentores está compuesto por los módulos: ‘Me informo’, que trata sobre oportunidades y riesgos en la web; ‘Prevengo’ que ofrece orientaciones sobre cómo acompañar a niños, niñas y adolescentes en línea y ‘Protejo’ que enseña a cómo reaccionar ante situaciones; brindando a las familias y cuidadores recursos y guías audiovisuales sobre crianza tecnológica para que puedan orientar a chicos y chicas en el uso seguro de las herramientas tecnológicas y la Internet.
Al recibir los detalles de las plataformas, el ministro Roberto Fulcar, resaltó los beneficios de la tecnología y la información, específicamente la Internet, pero entiende que el Internet trae riesgos y amenazas, sobre todo cuando no se hace un uso responsable y adecuado de él.
“Por eso, el Ministerio de Educación tiene un amplio plan de cuidado y protección de nuestros estudiantes, de nuestros niños, jóvenes y adolescentes, y también de orientación a las familias para garantizar que puedan hacer un uso adecuado de los dispositivos tecnológicos que van a tener y de sus conexiones a Internet, para garantizar que tanto las familias como los profesores puedan orientarlos, y que los propios estudiantes puedan hacer un uso adecuado de la tecnología”, dijo el funcionario.
Fuente e Imagen: https://acento.com.do/actualidad/entregan-al-ministerio-de-educacion-plataformas-educativas-para-proteccion-de-estudiantes-en-internet-8914706.html
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