Bolivia: Un estudio revela que se han registrado 191 ataques contra defensores de la naturaleza en los últimos cinco años

El Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) realizó un mapeo de las agresiones que sufren defensores de la naturaleza en el país. Hay 191 ataques a diferentes activistas y el 90 % de los agresores son parte del Estado central o tienen vínculos con el partido gobernante.

El análisis se realizó entre el 1 de enero de 2017 y el 28 de abril de 2022. Las agresiones van desde amenazas con armas de fuego hasta bloquear el acceso de los defensores a sus comunidades. La mayoría de las víctimas son mujeres.

María* vive al interior de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en el sur de Bolivia. La madrugada del 9 de marzo de este año salía rumbo a la ciudad de Tarija y, mientras caminaba, escuchó ocho disparos al aire muy cerca de ella. Entró en pánico y corrió hacia un lugar seguro, dejando su mochila en el piso. No alcanzó a ver a nadie pero desde ese día el temor la persigue a todos lados. Ella es una de las 38 víctimas detrás de los 191 ataques identificados en Bolivia por el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) contra líderes ambientales por cuidar la naturaleza y su territorio.

El Cedib elaboró un mapeo de las defensoras y defensores bolivianos que sufrieron una o varias veces alguna amenaza o agresióndesde enero de 2017  hasta el 28 de abril de 2022. El hecho de que sean 191 ataques y solo 38 víctimas muestra que muchas personas recibieron múltiples ataques a lo largo del periodo analizado. La institución decidió no publicar la identidad de las víctimas para protegerlas de cualquier nueva amenaza.

Todas las agresiones se encuentran georreferenciadas y distribuidas en ocho categorías: judicialización, negativa de acceso a la información, chantajes y desprestigio, restricciones a la libertad de expresión, hostigamiento, restricciones a los derechos civiles y políticos, detenciones arbitrarias y atentados a la integridad física. Uno de los datos más impactantes del análisis es que todos los ataques registrados han quedado en la impunidad.

De acuerdo con Cedib, los ataques contra los defensores ambientales se focalizan en mellar su imagen pública, señalarlos, estigmatizarlos, hostigarlos, acosarlos por vías indirectas —que pueden ser administrativas o laborales—, intimidarlos y desgastarlos psicológicamente. Entre todas estas formas de ataque, también hay una estrategia que es muy común en Bolivia a la hora de agredir los liderazgos ambientales: la división de organizaciones indígenas o campesinas.

La defensa ambiental en Bolivia tiene rostro de mujer

Miguel Miranda, investigador del Cedib y responsable de la base de datos sobre agresiones a defensores del medio ambiente, explicó a Mongabay Latam que los casos incluidos en el estudio corresponden a personas que siempre hicieron uso de medios pacíficos para defender los derechos de la naturaleza y de sus territorios.

“Hemos incluido a personas que están en lucha de derechos y que pueden contarnos sus historias y a partir de ahí se arman los casos. Seguiremos alimentando la base de datos porque sabemos que hay muchos más casos”, destaca Miranda y añade que el Cedib recogió cada evento de violencia a través de información pública e hizo un llamado a cada una de las víctimas para conocer más detalles.

La última marcha de defensores del Tipnis fue en 2011. Esa columna llegó a la ciudad de La Paz. Foto: Rodrigo Urzagasti-Cedib.
La última marcha de defensores del Tipnis fue en 2011. Esa columna llegó a la ciudad de La Paz. Foto: Rodrigo Urzagasti-Cedib.

 

Según el cuadro de las víctimas, 19 mujeres y 12 hombres fueron agredidos por defender su territorio y el medio ambiente, siete de los cuales pertenecen a territorios de la Amazonía boliviana.

A su vez, 24 de los 38 defensores agredidos son líderes que pertenecen a alguna organización de la sociedad civil que defiende la naturaleza en Bolivia. Cuatro de los defensores fueron atacados por oponerse a un proyecto minero, nueve por hacerle frente a proyectos hidrocarburíferos, cinco por enfrentarse a proyectos de infraestructura, diez de ellos en el momento de la agresión no hacían oposición activa a algún proyecto extractivo y tres de ellos no solo son defensores ambientales sino también de derechos humanos.

“Diríamos de manera general que las 38 víctimas son defensores ambientales, también hay tres [víctimas] que tienen una mirada más integral a los derechos humanos pero, en general, son personas que defienden la naturaleza”, destaca Miranda.

Silvia Lipa Piloy es dirigente del pueblo indígena leco en el norte del departamento de La Paz y está entre las personas registradas como víctimas por Cedib. Está convencida que la mujer defensora del medio ambiente en Bolivia tiene más riesgos y que, lo peor, es que muchos de esos riesgos no se hacen públicos por temor a las represalias. En su región, que es parte del parque nacional Madidi, luchan contra la invasión de empresas que extraen oro sin ningún tipo de control estatal.

“El tema del oro y sus consecuencias es el mayor reclamo que tenemos en el norte de La Paz. Por eso nos atacaron y hasta amenazaron a los dirigentes del pueblo leco, pero sobre todo a las mujeres, porque incluso quieren dañar hasta nuestras familias”, lamenta Lipa.

De acuerdo con Cedib, durante los primeros tres meses del 2022 el problema para los defensores se acentuó en las áreas protegidas debido al incremento de actividades extractivas como la minería ilegal o la incursión petrolera.

En el lago Poopó, en el occidente boliviano, se gestaron movimientos de defensa contra la contaminación en esa zona. Foto: Claudia Morales-Cedib.
En el lago Poopó, en el occidente boliviano, se gestaron movimientos de defensa contra la contaminación en esa zona. Foto: Claudia Morales-Cedib

 

“En el caso de la minería, esta actividad continúa siendo impulsada de manera irregular por parte del Estado, donde los principales beneficiarios son algunos sectores cooperativistas, afines al partido oficialista. Esto puede comprobarse con las expresiones del propio presidente de Bolivia Luis Arce, al momento de alentar a mineros de la ciudad de Huanuni señalando que: ‘no pueden desperdiciar los precios internacionales del estaño’”, dice parte del informe del Cedib.

Fuerte incursión en áreas protegidas

Entre las áreas protegidas donde los defensores están en mayor riesgo se encuentra el Parque Nacional Madidi, donde la búsqueda de oro destrozó sus ríos. Incluso, en este grupo de defensores se encuentra la senadora Cecilia Requena, quien antes de llegar a la Asamblea Legislativa Plurinacional tenía un papel activo en la defensa del medio ambiente a través de la organización civil Una Nueva Oportunidad. La legisladora es parte del estudio del Cedib, elaborado en conmemoración al primer año de vigencia del Acuerdo de Escazú en Bolivia.

Requena relata lo que vivió hace algunas semanas cuando ingresó al Madidi para verificar la explotación minera en esa zona. La legisladora cuenta que esta zona “parece una tierra sin ley” y que se encontró con “grupos alevosos y armados” que evitaron una inspección para verificar si la extracción de oro en los ríos amazónicos era legal.

“Fuimos amenazados con machetes, dinamita y piedras. Incluso, casi fuimos secuestrados. Fue un momento escandaloso, inaceptable y muy peligroso. Preocupa porque estos conflictos se están dando en áreas protegidas y hay un gobierno inoperante, impotente y en muchos casos, cómplice”, lamenta Requena.

En el mapeo realizado por Cedib también se hace referencia a las agresiones de defensores en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el departamento de Tarija. En abril de este año se vieron una serie de ataques contra un grupo de líderes ambientales ante la intención del Gobierno de ingresar a esta zona natural para desarrollar proyectos petroleros. Esto está relacionado, además, a que en febrero de 2022 se aprobó el Decreto Supremo 4667 que está orientado a modificar la frontera hidrocarburífera e implementar nuevas medidas vinculadas a las atribuciones de la estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en varias zonas priorizadas por el gobierno, entre las que se incluyen varias áreas protegidas.

Según Cedib, en Tariquía existe la intromisión de dirigentes de organizaciones civiles que no son de la zona y que apoyan la incursión petrolera, esperanzados en la compensación económica que podrían recibir en caso de que se realicen los proyectos hidrocarburíferos. Una de las víctimas —que no tiene registrado su nombre en la base de datos del Cedib— relata que estas personas “invasoras” le restringen el acceso a su comunidad, que se llama El Cajón y que está dentro de la reserva natural.

La defensa del Tipnis en Bolivia unió a varios defensores y defensoras del medio ambiente. Ahora, en esa zona se detuvieron varios proyectos carreteros. Foto: Wara Vargas-Cedib.
La defensa del Tipnis en Bolivia unió a varios defensores y defensoras del medio ambiente. Ahora, en esa zona se detuvieron varios proyectos carreteros. Foto: Wara Vargas-Cedib.

 

La defensora dice que recibe agresiones porque se opone al ingreso de empresas petroleras y que la amenazaron con dañar a su familia y su casa si insiste en la defensa de su territorio. “El 29 de marzo de 2022 la señora ST [abreviatura que aparece en el informe] denuncia el ingreso de familias ajenas al territorio de la Comunidad El Cajón, quienes dan el respaldo para la exploración [petrolera] en el área de Astillero. Estos comuneros son de Bermejo y además le restringen a la defensora el ingreso a su comunidad”, dice el informe del Cedib.

Existen otros relatos desde Tariquía y todos tienen la misma línea: las víctimas se oponen a la incursión petrolera y sufren agresiones y amenazas por parte de personas que son ajenas a las comunidades de la reserva natural. “En fecha 18 de abril de 2022 la activista AC [abreviatura que aparece en el informe] viajó hasta Tariquía para verificar el estado de pobreza en el que se encontraban las cinco familias de la comunidad El Cajón que vienen protestando y que fueron despojadas de su territorio. Denuncia que no la dejaban salir y tampoco ingresar a la comunidad, la retuvieron como si estuviese secuestrada, los colonos interculturales la amenazaron con pincharle las llantas del vehículo si pasaba más allá”, dice el informe sobre otra de las víctimas.

Este caso se refiere a Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), quien habló públicamente esta semana sobre los resultados del informe de Cedib. En abril de 2022, la activista narró que fue retenida contra su voluntad en el ingreso a Tariquía y tuvo que pedir ayuda para poder salir del lugar donde estaba. Carvajal es defensora del medio ambiente y se involucró en el apoyo a personas que sufren agresiones en el parque Madidi y en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Amenazada por sus propios vecinos

Ruth Alipaz Cuqui es lideresa indígena uchupiamona. Ella también hace parte de la base de datos del Cedib y dio públicamente su testimonio el 28 de abril, día de la presentación del informe. La defensora mantiene una férrea lucha contra la construcción de la central hidroeléctrica Chepete – El Bala, un proyecto que, asegura, pondría en riesgo la vida en la cuenca amazónica del río Beni, donde desemboca el río Tuichi, y que podría desplazar a más de 5000 indígenas con la inundación de un territorio equivalente a siete veces la ciudad de La Paz. Además, este proyecto está en las puertas del parque Madidi.

Alipaz también protege su territorio de la minería presente en los ríos que recorren el Madidi. Y, precisamente, es por esa razón que asegura que recibió amenazas por parte de líderes campesinos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del expresidente Evo Morales que sigue actualmente en el poder, por oponerse a la extracción de oro en el río Tuichi.

“En realidad el mensaje era que yo no podía hablar, que no debía hablar, no debía decir nada en contra del Gobierno [nacional] y que si lo estaba haciendo, me atuviera a las consecuencias. En el fondo era eso, es una manera de decirte qué puedes decir o qué puedes hacer o no hacer. Eso es triste porque así es como manejaron las empresas extractivas a los pueblos indígenas durante el gobierno de Evo Morales”, relata Alipaz.

Parabas de frente roja en el parque nacional Madidi. Los habitantes de la zona defienden su territorio y su fauna. Foto: Cristian Eugenio-Cedib.
Parabas de frente roja en el parque nacional Madidi. Los habitantes de la zona defienden su territorio y su fauna. Foto: Cristian Eugenio-Cedib.

 

La lideresa, que es parte de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), lamenta también que existan personas que viven en su comunidad que están a favor de proyectos de infraestructura o extractivistas en la Amazonía boliviana. Alipaz dice que algunos de ellos incluso la agredieron por oponerse a la central hidroeléctrica Chepete – El Bala.

“No solamente me gritaron en plena asamblea, sino que también estuve a punto de que me golpearan. En esa ocasión vi la reacción de otras mujeres para ponerse de mi lado y defenderme”, dice Alipaz y añade que es víctima también del machismo por intentar defender el medio ambiente.

Mongabay Latam consultó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia sobre estos ataques a defensores de la naturaleza pero hasta el momento de publicación no hubo respuesta. Quien sí se refirió al tema fue el senador Leonardo Loza del MAS y representante de los cocaleros de la provincia de Chapare. El legislador rechaza que haya agresiones a quienes defienden el medio ambiente y pide a las entidades correspondientes del Estado que realicen su trabajo para evitar ataques y amenazas. “Debe haber denuncias de las víctimas y no puede haber impunidad. Si se cometieron faltas pues deben ser castigados”, asegura.

Los agresores

En el informe del Cedib se hace un fuerte énfasis en los causantes de las agresiones. Según los datos, las personas que pertenecen a entidades del Estado son los principales perpetradores de los ataques con un 45 %. A eso hay que sumar personas, grupos y organizaciones de civiles que atacan a los defensores motivados por su apoyo al partido gobernante y sus políticas extractivas. Este grupo representa el 29 % de los agresores. “Muchos de estos civiles forman parte, indirectamente, de la estructura de poder estatal”, asegura Miranda.

Existen 33 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca dentro del área protegida del Tipnis. Foto: El Deber
Existen 33 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca dentro del área protegida del Tipnis. Foto: El Deber

 

Por otro lado, un 16 % de los agresores son empresas, que en su mayoría son públicas y cooperativas, un 6 % de los perpetradores pertenecen a la Policía y las Fuerzas Armadas y, finalmente, un 4 % de los agresores se reúnen entre autoridades judiciales, municipios pequeños, gobiernos departamentales y civiles que no están de acuerdo con el bloqueo de proyectos extractivos.

Una de las conclusiones más preocupantes del análisis hecho por Cedib es que, en Bolivia, los ataques a defensores del medio ambiente están en aumento. Muchos callan por temor y pocos se animan a denunciar. Varias de las víctimas tuvieron que huir de sus comunidades porque las amenazas eran una constante. A pesar de la angustia, esperan que el Estado tome cartas en el asunto para no tener que seguir enfrentándose a barreras y ataques que buscan silenciar sus denuncias.

*Nombre cambiado por seguridad de la fuente.

Fuente: https://rebelion.org/un-estudio-revela-que-se-han-registrado-191-ataques-contra-defensores-de-la-naturaleza-en-los-ultimos-cinco-anos/

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México: Activistas en BC: criminal, que se avale reabrir 35 empresas

América del Norte/México/03-05-2020/Autor: Antonio Heras/Fuente: www.jornada.com.mx

Representantes de trabajadores y activistas sociales protestaron en el Centro Cívico de Mexicali por la decisión del gobierno de Baja California de autorizar la reapertura de unas 35 maquiladoras a partir del lunes 4 de mayo, justo en la fase crítica del Covid-19. Los manifestantes exigieron a la Federación filtros sanitarios en la frontera con California, antes de que se colapse el sistema de salud de la entidad mexicana.

Ignacio Gastélum, maestro integrante del movimiento de Resistencias Unidas, se pronunció porque los trabajadores se queden en sus casas hasta controlar la pandemia y criticó la reapertura de las empresas manufactureras con el pretexto de formar parte de la cadena de suministro de insumos de productos esenciales.

En un manifiesto, el Congreso del Trabajo, los Comités de las colonias Independencia y Cerro Prieto 2, Diálogo de Trabajadores y Jóvenes y la comunidad Baja California Resiste, acusaron a los empresarios, en particular a los propietarios de las maquiladoras, de resistirse a dejar que sus trabajadores respeten la cuarentena, a pesar de la inminencia del pico de la epidemia.

En especial las fábricas que producen para empresas estadunidenses con el argumento de que son esenciales para mantener las cadenas de valor. Para ellos primero es la ganancia y no la vida de las y los trabajadores, señala el texto.

Apuntaron que el gobernador Jaime Bonilla y el secretario de Economía Sustentable, Mario Escobedo, “tomaron una decisión criminal al permitir la reactivación de al menos 35 compañías, con el argumento de que los trabajadores están más seguros dentro de las empresas.

Carlos Maya Quevedo, presidente del Congreso del Trabajo y dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Issstecali, recordó que hace dos meses Estados Unidos cerró sus fronteras a los turistas y sólo permite el paso por las garitas internacionales por cuestiones de trabajo y salud.

El médico traumatólogo advirtió que aún es tiempo de instalar filtros sanitarios, pues Baja California está en la fase crítica de la pandemia y se ubica en los primeros lugares de muertes y contagios de Covid-19.

En los 190 kilómetros de frontera de México con California hay seis garitas internacionales en las que solo se permite el acceso a ciudadanos estadunidenses residentes en California o a turistas en casos especiales y justificados. Incluso las operaciones nocturnas de tres garitas están cerradas. Pero hacia BC los puertos fronterizos están abiertos.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/05/02/estados/026n3est

Imagen: arqVlado en Pixabay

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República Dominicana: Campesinos de El Seibo fueron trasladados por la fuerza a las 2:30 de la madrugada

América Central/República Dominicana/03-11-2019/ Autor(a) y Fuente: acento.com.do

Fueron trasladados de manera forzosa los campesinos y campesinas de El Seibo que se mantenía en una vigilia de protesta frente al Palacio Nacional en reclamo de que el Gobierno les garantizara que no serían desalojados de la tierra que trabajan desde hace decenios al amparo de un asentamiento agrario hecho por la administración del presidente Joaquín Balaguer.

«Esta noche a las 2:30 de la madrugada, ha llegado a la acampada de #ElSeiboResiste un gran despliegue de policías antidisturbios que les han desalojado con violencia. Seguiremos atentos y denunciando un nuevo abuso a los campesinos de #ElseiboCamina», fue el escueto mensaje divulgado por los activistas sociales que apoyan a los campesinos seibanos.

Asimismo, fue divulgado un vídeo en el cual el sacerdote Miguel Ángel Grullón explica lo sucedido:

 

 

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/2019/actualidad/8745736-campesinos-de-el-seibo-fueron-trasladados-por-la-fuerza-a-las-230-de-la-madrugada/

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Las escuelas rusas están siendo liquidadas en letonia: los activistas sociales están listos para protestar ante el tribunal europeo de derechos humanos

Redacción: News

No pasa mucho tiempo para que los padres de los estudiantes sientan todos los «encantos» de la reforma educativa nacionalista, que traduce la enseñanza de las minorías al letón.

Esto fue dicho por el representante de la Asociación Letona para el Apoyo de las Escuelas Rusas Konstantin Chekushin en la radio «Baltkom».

Según él, después de la entrada en vigor de la decisión del Tribunal Constitucional, que el día anterior reconoció la reforma que están llevando a cabo las autoridades, la autoridad final a la que la gente puede recurrir es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, subrayó que a nadie le sorprendió la decisión del Tribunal Constitucional, aunque «todos esperaban un milagro».

«El TEDH es el último recurso al que los padres pueden recurrir, pero para esto es necesario que la ley entre en vigencia y pueda probar el daño causado», dijo el público, señalando que desde un punto de vista legal es muy problemático. — Ahora vamos a pensar en este tema. Lo único que me gustaría señalar es, de hecho, para los padres, para el público: a pesar de tal decisión judicial, esto no significa que estemos equivocados. Todos deberían entender que no pedimos nada ilegal y que iría en contra de las normas y reglas internacionales. Debemos entender que en nuestra demanda tenemos el derecho de ejercer presión política sobre todas las partes en Letonia «.

Fuente: https://es.news-front.info/2019/04/24/las-escuelas-rusas-estan-siendo-liquidadas-en-letonia-los-activistas-sociales-estan-listos-para-postularse-al-cedh/

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Reza como un santo por los muertos y lucha como un demonio por los vivos

Por: Amy Goodman y Denis Moynihan/ Portal Rebelión

En un ventoso cementerio ubicado al norte de Mount Olive, Illinois, perteneciente al Sindicato de Trabajadores Mineros de Estados Unidos, se erige un gran monumento que marca el lugar de sepultura de Mary Harris Jones. Mother Jones, como se la conocía popularmente, fue una legendaria activista por los derechos laborales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La activista dedicó su vida a la causa de los trabajadores, desde las minas de carbón a las fábricas textiles, y luchó contra las condiciones laborales abusivas, el trabajo infantil y la pobreza. En una ocasión, mientras protestaba con un grupo de trabajadores sindicalizados de la minería de carbón en Virginia Occidental, Mother Jones declaró: “Reza como un santo por los muertos y lucha como un demonio por los vivos”. Tras el Día de Duelo Nacional declarado en honor del recientemente fallecido expresidente estadounidense George H. W. Bush y una vez concluidos sus funerales, bien vale recordar las palabras de Mother Jones.

La familia de Bush, sus amigos, los cinco presidentes de Estados Unidos vivos —su hijo, George W. Bush; Jimmy Carter; Bill Clinton; Barack Obama; y el actual presidente, Donald Trump— se congregaron en la Catedral Nacional para rendirle honores.

Las semblanzas de los medios hicieron referencia a la oportunidad en la que Bush logró escapar de un avión bombardero en llamas durante la 2da. Guerra Mundial, al lanzarse en paracaídas hacia el Océano Pacífico. En un claro contraste con el presidente Donald Trump, Bush fue recordado como un republicano de la vieja escuela, señorial y cortés, capaz de cruzar barreras partidarias. Bush renunció a su calidad de miembro de la Asociación Nacional del Rifle cuando la agrupación se enfrentó a los agentes federales y fue elogiado por apoyar y promulgar la llamada Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades.

Pero a un lado quedó el papel que tuvo Bush en las violentas intervenciones militares de Estados Unidos a lo largo de su mandato, como la invasión a Panamá en 1989, ordenada por Bush, que tuvo como resultado la muerte de 3000 civiles, y la invasión de 1991 a Irak, también bajo sus órdenes, en la que murieron miles de iraquíes. Precisamente esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a Estados Unidos a indemnizar a las víctimas de la invasión a Panamá. Como director de la CIA en 1976, Bush apoyó las dictaduras de derecha más violentas de América Latina, como la dictadura militar argentina y la llevada adelante por el dictador Augusto Pinochet en Chile.

George H.W. Bush también indultó a seis de los principales involucrados en el escándalo Irán-Contra, que implicó la venta secreta de armas a Irán y el desvío ilegal de las ganancias a la Contra que luchaba contra el gobierno sandinista en Nicaragua. Miles de civiles fueron asesinados como resultado. Lawrence Walsh, el fiscal independiente del caso, afirmó luego de que Bush indultara a los conspiradores: “El encubrimiento del escándalo Irán-Contra…ha sido completado”. El uso del indulto presidencial para encubrir un escándalo político constituyó una operación de obstrucción de la justicia en ese entonces, tal como sucederá ahora si Trump decide invocar el indulto para proteger a las personas que se encuentran en la mira de la investigación del fiscal Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, entre ellas, él mismo.

Sí, Mother Jones nos haría rezar por George H.W. Bush, que murió a los 94 años de edad, pero también por sus víctimas, muchas de las cuales, entre ellas niños, fueron sepultadas sin fastuosas ceremonias o, incluso, simplemente desaparecieron.

También nos exhortaría a que luchemos como demonios por los vivos. Uno de los contemporáneos de George H.W Bush es Noam Chomsky, quien ha cumplido 90 años esta semana. Chomsky, el fundador de la lingüística moderna, también es un reconocido activista y autor disidente. Desde su oposición a la guerra de Estados Unidos en Vietnam y las invasiones a Irak tanto de Bush padre como de Bush hijo, a sus críticas férreas contra el gobierno de Trump, Chomsky ha informado e inspirado a gente de todo el mundo durante más de 60 años, y ha escrito más de 100 libros sobre política.

Entre los asuntos candentes de los que se ocupa hoy en día se encuentra el cambio climático. Chomsky afirmó recientemente en “Democracy Now!”:“El mundo quizás tenga por delante tan solo una década o dos para dejar de depender de los combustibles fósiles si queremos tener una chance de controlar el calentamiento global y mantenerlo por debajo de los niveles que implicarían una catástrofe absoluta. Es tiempo de tomar las decisiones que determinarán, literalmente, si la vida humana organizada podrá sobrevivir de manera decente”.

En este momento se están llevando a cabo en Polonia negociaciones para limitar el cambio climático, en el marco de la cumbre anual de las Naciones Unidas denominada “COP 24”.

Irónicamente, la cumbre fue organizada en la ciudad de Katowice, en el corazón de la región carbonífera de Polonia. La cumbre espera establecer las normas que garanticen la puesta en marcha del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático firmado en 2015, un acuerdo del que Trump se retiró el año pasado. Estados Unidos no quedará fuera del acuerdo formalmente hasta 2020, por lo que Trump envió una delegación que tiene previsto promover el carbón y otros combustibles fósiles. El intento de Trump de entorpecer el consenso a nivel mundial en materia de acción climática se refleja en sus políticas a nivel nacional. El administrador interino de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Andrew Wheeler, un ex lobista de la industria del carbón, se está encargando de revertir una tras otra las regulaciones para combatir el cambio climático, casi a la misma velocidad en la que los incendios forestales, los huracanes y las inundaciones azotan el país.

Mientras George H.W. Bush descansa en paz y Noam Chomsky trabaja sin descanso, seguimos aumentando la temperatura del planeta a una velocidad nunca antes vista. Mother Jones, quien falleció a los 93 años de edad en 1930, cuestionó en una oportunidad a un orador que la presentó como una “humanitaria”. “¡Soy una alborotadora!”, le gritó a la multitud. Los desafíos que enfrentamos son inmensos. Ahora más que nunca, necesitamos alborotadores como Mother Jones y Noam Chomsky para luchar como demonios por los vivos.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=249964

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Brasil lidera ranking de muertes de defensores de la tierra y del medio ambiente

Autor: Juan Luis Berterretche/Portal Rebelión

El agronegocio es el sector más ligado a los asesinatos, superando a la minería.

Por haberse opuesto a proyectos mineros, forestales o agroindustriales, al menos 207 personas murieron en el mundo en 2017, de las cuales casi un 60% en América Latina y especialmente en Brasil, según la ONG Global Witness.
Este balance contabilizado en 22 países está sin duda por debajo de la realidad, según el informe «¿A qué precio?«, publicado el 24 de julio de 2018 por la organización británica. La cifra supera además el récord de 2016, con al menos 200 muertos.
Nuestros últimos datos anuales sobre violencia contra defensores de la tierra y el medio ambiente, nos indican esa cifra de 207 personas muertas en 2017, el total anual más alto registrado por la ONG. Además de eso la investigación destaco que el agronegocio, incluyendo plantaciones de café, oleo de palma y banana fue el sector más asociado a esos ataques.
Las víctimas fueron líderes locales, responsables de proteger la fauna salvaje o productores que defendían sus tierras.
Brasil registró el peor balance, con 57 muertos, con tres masacres en las que fallecieron 25 personas, liderando el ranking de muertes de defensores de la tierra y del medio ambiente.
Innúmeras personas en todo o mundo están bajo amenaza por enfrentar el poder de grandes corporaciones, de grupos paramilitares y de sus propios gobiernos.
En  Brasil, “jagunços” -asesinos- contratados por latifundistas agredieron a la comunidad indígena Gamela después, que ellos tentaron proteger sus tierras del deforestación, hiriendo gravemente 22 pobladores, incluyendo niños.
Este caso de la masacre contra indígenas Gamela -30 04 2017- contó con el apoyo del ministro de Justicia de Maranhon, Osmar Serraglio, miembro de la bancada ruralista, contraria a la demarcación de Tierras Indígenas.

Ante la gran repercusión causada por el atentado, divulgó nota describiendo el incidente como “conflicto entre pequeños agricultores y supuestos indios…”, tentando disfrazar latifundistas como “pequeños agricultores” y colocando bajo sospecha la identidad indígena.

Los Gamela, que no precisan de “certificado de indianidad” para reivindicar sus derechos, hace mucho que afirman su existencia y luchan por la demarcación de sus tierras, en uno de los estados en que la violencia en el campo es de las más agudas y cuenta con total apoyo del gobierno estadual.

Pero no solo los gobiernos estaduales atacan indígenas y pequeños productores agrarios: el gobierno nacional brasilero es el principal enemigo de los defensores de la tierra y el medio ambiente.

El gobierno golpista de Temer promovió el “grilagem” a través de Medidas Provisorias (MPs) que, a pretexto de “regularizar” la situación fundiaria, legaliza la ocupación criminal de tierras públicas en todo el territorio nacional, inclusive en zonas urbanas y en áreas que constituyen Unidades de Conservación Ambiental, como las MPs 756, 758 e 759.

El segundo país en el “ranking”: Filipinas -con 48 muertes, es el mayor número y un récord para un Estado asiático-, figuran en la lista Colombia, con 24 muertos, y México, con 15.
Global Witness alerta sobre el incremento espectacular de muertes en México donde el «aumento del crimen organizado, la impunidad continua y el fracaso del gobierno en proteger» a los defensores del medio ambiente ha llevado al «brutal silenciamiento» de quienes se oponen por ejemplo a la explotación maderera o a la minería.
Perú también registró un salto significativo, de dos a ocho muertos en un año, mientras que con respecto a su población, Nicaragua fue el más afectado -con cuatro víctimas-.
En cambio, en Honduras, el número de muertos bajó de 14 en 2016 a cinco en 2017, si bien «la creciente represión de la sociedad civil ha restringido lo que las personas defensoras pueden decir y hacer», según informe, de derechos suprimidos en el país.
Los datos publicados y presentados en el informe fueron obtenidos meticulosamente y los estudios de casos están probablemente bastantes subestimados, debido a la gran cantidad de desafíos en la identificación y denuncia de los asesinatos. De cualquier forma el informe apunta a un crecimiento permanente de los riesgos que corren los defensores del medio ambiente.
En total, uno de cada cuatro homicidios en el mundo -al menos 46, el doble que en 2016-, estuvieron vinculados con la industria agroalimentaria. Cuarenta debido a disputas mineras -33 en 2016-, 26 relacionadas con la deforestación y un récord de 23 personas, sobre todo guardias forestales africanos, murieron tratando de proteger a los animales de cazadores furtivos.
 
También se produjo un recrudecimiento de la violencia contra quienes defienden sus tierras frente a una agricultura neoliberal «destructiva», en especial la de semillas transgénicas y el recrudecimiento de la expansión envenenada de agrotóxicos.
En general se combinan empresas, inversores y gobiernos irresponsables en satisfacer o crear demandas que alimentan abusos contra derechos humanos, destrucción cultural y devastación ambiental para maximizar el lucro y la acumulación de capital.
En el caso de Brasil ese maldito record de 207 muertes  de ambientalistas, indígenas, pequeños productores rurales y defensores de derechos humanos está alimentada por un gobierno mayoritariamente corrupto y sin ninguna clase de principios democráticos y humanistas.

Ben Leather, activista de a Global Witness, dijo: “activistas locales están siendo asesinados a medida que gobiernos y empresas valorizan el lucro rápido sobre la vida humana. Muchos de los productos con ese origen en el derramamiento de sangre están en las estanterías de nuestros supermercados. Comunidades corajosas enfrentan funcionarios corruptos, industrias destructivas y devastación ambiental y están siendo silenciadas. Basta”.
Referencias
Zelic, Julio. 2017. Ministro da Justiça minimiza massacre contra índios. Disponible en https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-isa/ministro-da-justica-minimiza-massacre-contra-indios
Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=244650
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México: Piden organizaciónes, sindicatos y activistas cese a las agresiones en contra de CODEDI

Comunicado/18-07-2018

Oaxaca.-Las organizaciones sociales, colectivos, sindicatos, organizaciones civiles y activistas sociales lamentamos de manera profunda el asesinato de Abraham Hernández González Coordinador Regional del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI).

Los militantes de CODEDI en este año han sido víctimas de diversas agresiones, tal es el caso de los 3 compañeros asesinados en el mes de febrero y la detención arbitraria de la que fue objeto Fredy García Ramírez el 20 de junio en Pochutla por agentes del Estado.

Reconocemos la labor comunitaria y autónoma en las comunidades donde CODEDI tiene presencia, han cambiado la forma de pensamiento y roto cacicazgos que pretenden mantener a los pueblos en la ignorancia y el control social; aunado a su solidaridad con las diversas luchas y en tiempos recientes su incorporación a la lucha contra la reforma educativa en apoyo a la CNTE.

Es por ello que hoy son víctimas del creciente terrorismo de Estado en Oaxaca, condenamos las agresiones en contra de los militantes de CODEDI, exigimos justicia, esclarecimiento de los hechos y cárcel para los autores materiales e intelectuales de los compañeros.

Hacemos el llamado a todas las expresiones del movimiento social a pronunciarse ante este hecho a nivel internacional, nacional y local, realizar acvidades unitarias y cerrar filas ante la creciente represión que se vuelve sistemática contra los opositores del régimen priísta en Oaxaca.

Exigimos al gobernador Alejandro Murat el cese inmediato de las hostilidades contra acvistas sociales.

Atentamente

Firmas de Oaxaca

Sección XXII del SNTE-CNTE, Grupo internacionalista, Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, Comité de Familiares Amigas y Amigos de Damián Gallardo Martínez, OCIO CNPA MN, Frente Amplio de Lucha Popular ( dirección estatal colectiva ), Coordinadora Indígena Popular Autónoma, Servicios para una Educación Alternativa A. C. EDUCA, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Movimiento Agrario Indígena Zapatista, CAMPO, Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha, Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, UCIO CNPA, Corriente del Pueblo Sol Rojo, UNIR, FPR, UJRM, PCMML, UCIPEZ, CCCyP, CIPO-R.F.M, Unión Campesina Indígena de Oaxaca Emiliano Zapata, Colectivo Mujer Nueva, Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca SURCO AC, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, URTARTE, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana Sección 75

Oaxaca, Subsección 7 del Hospital Civil, Colectivo Salud, Sindicato de Trabajadores UABJO, Sindicato Independiente de los Trabajadores de Salud Sección 9, Sindicato Libre del Municipio de Oaxaca, Sindicato Único de Trabajadores de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Sindicato de Trabajadores al Servicio del CECYTEO, Coordinadora de Bases IMSS, Movimiento de Aspirantes Rechazados UABJO, Movimiento Oaxaqueño por la Lucha de los Excluidos, Tianguis Cultural Libertad y Resistencia, COLMENA Oaxaca, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos Oaxaca, Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, Pobladores Oaxaca, Consejo Indígena de Uxpanapa, Unión de Lucha Anticapitalista, Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares, CECIPROC, OIDHO, IDEMO, Pobladores AC, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. Asamblea Mixe para el Desarrollo Sostenible, Asociación de Autoridades Mixes, Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres A.C., Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, Fuerza Social Choapense A.C.

Firmas nacionales

Resistencia Civil Indígena y Popular contra las altas tarifas de luz (Sur de Veracruz-zona sierra) Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, Nuevo País, Movimiento de Liberación Nacional, Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre (Puebla), Comité Contra la Persecución y por la Libertad de los Presos Políticos (Chiapas), Coordinación de Movimientos Populares, Frente Popular Francisco Villa Independiente FPFVI, Centro de Estudios Karl Liebknecht (CEKL),  Coordinadora Nacional Estudiantil, Frente Magisterial Independiente, Movimiento Comunista Mexicano, Liga de Unidad Socialista, Izquierda Democrática Popular, Liga Estudiantil Democrática (Puebla), Frente de Organizaciones del Valle de Toluca, Congreso Social Hacia un Nuevo Constituyente, Asamblea General de Trabajadores de la Ciudad de México, Unión General de Trabajadores de México, CENYELIZTLI para el desarrollo social y familiar A.C., Coordinadora Primero de Diciembre, UPREZ, Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Frente de Escuelas Democráticas Febrero 25, Radio Coaltl, Santa María Coapan, Radio Tlayoli Tlacotepec de Díaz, Radio Tlacuache Zoquitlán Puebla.

Individuos

Filoteo Revilla, Carlos Beas Torres, Hermanos Coca, David Cabañas Barrientos, Felipe Edgardo Canseco Ruiz, Jaime Domínguez Pérez (Premio Nacional Don Sergio Méndez Arceo 2016), Silvia Urdanivia, Anabel López Sanchez, Gerardo De Gyves, Delfino Juárez.

*Fuente: http://ciudadania-express.com/2018/07/18/piden-organizaciones-sindicatos-y-activistas-cese-a-las-agresiones-en-contra-de-codedi/

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