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México: Educación para Adultos impulsa nueva estrategia para grupos vulnerables

México/Enero de 2018/Fuente: Am de Queretaro

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) proyecta nuevas estrategias de atención educativa para niños y niñas de 10 y 14 años de edad, así como jornaleros agrícolas, migrantes, personas con discapacidad visual, madres jóvenes y jóvenes embarazadas.

Este fortalecimiento a la educación se debe a que con el incremento de los materiales para brindar una mayores servicios a esos grupos vulnerables se impulsa una mejor atención educativa en entidades federativas para la atención de estos sectores de la sociedad.

Se explicó que estos grupos son la base de acción de las nuevas perspectivas para el año en curso, las que permitirán construir un modelo de fortalecimiento en la calidad educativa de los servicios de alfabetización de primaria y secundaria, a personas jóvenes y adultas en condición de analfabetismo y rezago.

Sobre todo se impulsará la mejora educativa en entidades federativas para la atención de grupos en condición de vulnerabilidad, recalcó el instituto en un comunicado.

En el marco del Plan General para el Fortalecimiento de la Atención Educativa a Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad del INEA se realizaron reuniones de trabajo con personal de las coordinaciones de zona que atienden a población indígena.

De manera simultánea se coordinaron con integrantes de los equipos de operación del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo Indígena Bilingüe.

Para ello, se trabaja en proyectos de construcción de exámenes en lenguas indígenas en los estados de Hidalgo, Chiapas y Oaxaca, donde además se aprovecha la infraestructura instalada en las Plazas Comunitarias que reportan a nivel nacional un crecimiento de 15 por ciento.

En dichas plazas se imparten las asesorías educativas a las personas mayores de 15 años en condición de vulnerabilidad.

Se resaltó que a través de este impulso institucional en favor de la atención educativa para los grupos vulnerables se incrementa la reproducción de materiales impresos.

Asimismo, las acciones de fortalecimiento de los ejes diversificados del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo hispanohablante e indígena bilingüe, y la continuación y mejora de los cursos y diplomados a distancia para las figuras institucionales y solidarias del INEA

Fuente: http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2018/01/21/educacion-adultos-impulsa-nueva-estrategia-grupos-vulnerables

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Estados Unidos, el país rico con más riesgo de muerte de bebés en primer año

Estados Unidos/Enero de 2018/Fuente: La Estrella de Panamá

El riesgo de que un niño nacido en los Estados Unidos muriera en su primer año durante la primera década del siglo XXI fue un 76 % mayor que en otros 19 países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

Cuando la comparación se hizo con el grupo de edad de uno a 19 años, el índice de riesgo de muerte para los estadounidenses fue un 57 % mayor que el del resto, señala un estudio elaborado por investigadores del Hospital Johns Hopkins y publicado hoy en la revista Health Affairs.

Los investigadores compararon datos estadísticos de mortalidad de niños y adolescentes en Estados Unidos entre 2001 y 2010 con los de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido, los otros estados fundadores de la OCDE.

La conclusión fue que de los veinte países, Estados Unidos es el que tiene los peores índices.

«Altos índices de pobreza persistentes, resultados educativos pobres y una relativamente débil red de seguridad social han hecho de los Estados Unidos el más peligroso país de las naciones adineradas para el nacimiento de un bebé», indica el estudio.

En una declaración remitida a Efe el investigador Ashish Thakrar, uno de los autores del informe, subrayó que «desde los años 80 las estadísticas de mortalidad infantil en los EE.UU. han sido más altas que en las otras naciones» del mundo desarrollado.

El informe pone en evidencia que mientras los recién nacidos estadounidenses están bajo la atención del sistema de salud pública, es decir en los primeros días de vida, no hay diferencias con otros países del mundo desarrollado en cuanto al riesgo de muerte.

Sin embargo, la diferencia comienza a aparecer pasados estos primeros días y durante el primer año de vida de los bebés, cuando quedan al cuidado de sus padres o tutores.

Para la investigadora Alice Chen, de la Universidad del Sur de California, la desventaja de mortalidad post neonatal obedece a «los pobres desarrollos de los nacimientos entre personas con estatus económico más bajo».

Al respecto el estudio indica que el riesgo de muerte en los primeros días es mucho menor, pues «los recién nacidos reciben una atención médica de alta calidad», pero esta situación varía sustancialmente en personas de bajos recursos cuando salen del hospital y tienen que cuidar al bebé en su propio entorno.

El problema también se acrecienta entre la población adolescente al comparar los indicadores de los 20 países fundadores de la OCDE.

Thakrar resaltó que entre 2001 y 2010, los chicos estadounidenses entre 15 y 19 años presentaron un riesgo «82 veces más alto de morir a causa de homicidio con un arma» que los de los otros países de la organización.

Otra de las causas señaladas por el estudio para el alto índice de muertes de adolescentes fueron los accidentes automovilísticos.

Aunque la investigación destaca que «un reporte de seguridad vial y accidentes encontró que en EE.UU. las muertes de carretera se redujeron un 23 % de 2000 a 2011», en los otros 19 países de la OCDE los descensos fueron de un 26 % a un 64 %.

Los investigadores sugirieron que las «políticas de prevención se deben enfocar en los bebés (hasta cuando comienzan a caminar) y en los adolescentes entre 15 y los 19 años de edad».

Fuente: http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/ciencia/estados-unidos-pais-rico-riesgo-muerte-bebes-primer/24042193

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En 2018 hay que lograr que la migración sea segura para todos los niños, dice UNICEF

Dicicembre de 2017/Fuente: UNICEF

El año 2018 podría ser histórico para los niños migrantes si los países deciden adoptar las mejores prácticas para garantizar su seguridad y bienestar, dijo hoy UNICEF con motivo del Día Internacional del Migrante, que se celebra el 18 de diciembre.

Unos 50 millones de niños se encuentran en tránsito en todo el mundo. Gran parte de esta migración es positiva, y los niños y sus familias se trasladan de manera voluntaria y segura. Sin embargo, la experiencia migratoria de otros millones de niños no es de ningún modo voluntaria ni segura, sino que está plagada de riesgos y peligros.

Aproximadamente 28 millones de niños han tenido que abandonar sus hogares a la fuerza debido a algún tipo de conflicto. En muchos casos, los niños y las familias que no cuentan con vías de migración suficientemente seguras y legales no tienen otra opción que recurrir a contrabandistas y traficantes de personas, o utilizar rutas no oficiales que ponen gravemente en peligro su seguridad.

La peligrosa ruta del Mediterráneo central desde Libia hasta Italia es un ejemplo de ello. Solo este año, casi 15.000 niños no acompañados han llegado a Italia por mar, en periplos organizados generalmente por tratantes y traficantes de seres humanos. UNICEF estima que, desde comienzos de año, más de 400 niños han muerto cuando realizaban este viaje, mientras que otros miles han sido víctimas de actos de abusos, explotación, esclavitud y detenciones mientras transitaban por Libia.

“Para un número incalculable de niños, la migración es segura y legal, y esto les ayuda –a ellos, a sus familias y a sus comunidades– a crecer y transformarse”, dijo Ted Chaiban, Director de Programas de UNICEF. “Sin embargo, otros millones de niños hacen frente a una realidad diferente: para ellos, la migración es enormemente peligrosa y no es algo que ellos hayan elegido hacer. La ruta del Mediterráneo central es un ejemplo que revela cómo miles de niños vulnerables arriesgan sus vidas todos los años para llegar a Europa porque no cuentan con rutas de migración seguras y legales para emigrar”.

El próximo año se llevarán a cabo las negociaciones para la aprobación del Pacto Mundial para las Migraciones, un histórico acuerdo intergubernamental que abarcará todas las dimensiones de la migración internacional. Es un momento óptimo para que los países acuerden las medidas que han de tomar para apoyar a los niños migrantes, de conformidad con la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes y la Convención sobre los Derechos del Niño.

A lo largo de las negociaciones en curso sobre el contenido del Pacto, UNICEF ha seguido pidiendo a los Estados Miembros que incluyan los derechos, la protección y el bienestar de los niños desarraigados entre los principales compromisos del texto final.

“La migración, especialmente para los niños, no tiene por qué ser peligrosa”, dijo Chaiban. “Las políticas, prácticas y actitudes que ponen en riesgo a los niños migrantes pueden y deben cambiar, y 2018 es el momento de lograrlo, y el Pacto Mundial para la Migración representa una oportunidad”.

Muchos gobiernos nacionales, regionales y locales de todo el mundo ya han decidido tomar medidas positivas para proteger y cuidar a los niños migrantes. Algunas de estas buenas prácticas, destacadas en el reciente informe de UNICEF Más allá de las fronteras, incluyen lo siguiente:

– Invertir en sistemas nacionales sólidos e incluyentes de protección de la infancia para proteger a los niños migrantes contra la explotación y la violencia.;
– Invertir en las capacidades de acogida y de atención y promover otras soluciones basadas en las comunidades a fin de evitar la detención, informando sistemáticamente sobre las exigencias, las garantías o los depositarios;
– Eliminar los obstáculos prácticos que suspenden o imposibilitan la unificación familiar para un gran número de niños, como por ejemplo las definiciones restrictivas relativas a las cuotas familiares o los umbrales de ingresos financieros;
– Facilitar las devoluciones que tienen en cuenta al individuo: el niño y la determinación de su interés superior, la madre y el padre, y diseñar medidas de reintegración que aborden sus necesidades y beneficien a la comunidad de manera sostenible;
– Abrir las escuelas y los centros de salud a los niños migrantes y establecer “cortafuegos” entre los servicios de inmigración y los servicios públicos, a fin de que cada niño pueda seguir aprendiendo y creciendo con buena salud y pueda tener acceso a la justicia y la vivienda sin temor a que los detecten, detengan o deporten;
– Mejorar las condiciones de las transferencias de remesas para aumentar el número de niños que puedan ser enviados a la escuela o al médico.

Fuente: https://www.unicef.org/spanish/media/media_102335.html

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Perú: Ucayali: la educación no es un derecho en comunidades de Yurúa

Perú/Diciembre de 2017/Fuente: La República

Cruda realidad en la Amazonía. La escuela funcionará hasta que dure el contrato del único profesor. Quien lo reemplace puede llegar en uno o dos años, o nunca. Esta situación explica por qué chicos de 12 y 17 años cursan el primer grado y por qué los jóvenes forman su familia sin saber el abecedario. Parece que el tiempo se hubiera detenido en estas zonas. Falta más atención del Estado.

En la comunidad Nueva Luz de Arara –distrito de Yurúa, provincia de Atalaya, región Ucayali– el tiempo parece haberse detenido en los primeros años de la década de los setenta cuando fue fundada por el nonagenario patriarca Román Pascual Francisco.

Sus moradores viven de la pesca, la caza y de una agricultura poco variada. Nadie tiene un aparato de radio a transistores, ellos suelen enterarse de las noticias después de tres días cuando algún poblador llega con la información desde Breu, capital del distrito de Yurúa.

Como en la mayoría de las alejadas comunidades amazónicas, las mujeres continúan dando a luz solas, ellas mismas se asisten en el corte del cordón umbilical de sus bebés. No hay atención médica, una afección respiratoria la curan mezclando ‘ausacha’ (ajo) y limón. Y si se trata de males estomacales, apelan a un hervido de hojas de Hobo (árbol de monte).

Cuando llegamos a este poblado ashaninka, ubicado en la cuenca del Huacapishtea, el primero en recibirnos fue Laureano Pascual, quien tiene cierta ascendencia sobre los comuneros por ser pastor evangélico. Sus reclamos llegaron uno tras otro, todos referidos al abandono por parte del municipio de Breu y del Gobierno.

Él nos señala el lugar donde está la escuela bilingüe Nº 65145, local de madera de un solo ambiente, pintado de azul, que fue construido por un sacerdote en el año 2003 y que hoy funciona con más voluntad que con implementos.

El profesor contratado Rafael Pishagua Fumanga trata de enseñar a 30 alumnos de entre 8 y 18 años que estudian la primaria. Además apresta a 5 pequeños de inicial. Los servicios higiénicos, luz y agua potable no forman parte del colegio ni de la comunidad.

“Aquí falta mobiliario, los alumnos se sientan en el piso. Como ve, hay mucha desnutrición. Felizmente el programa Qali Warma les da desayuno y almuerzo. Cada tres meses traen leche, avena, kiwicha, lentejas, harinas y pollo en conserva. Los niños solo hablan ashaninka y el castellano recién lo aprenden acá en la escuela, aunque con dificultades porque pronuncian la R como si fuera L. Por eso creo que un profesor foráneo no va a entenderlos. Así ocurrió el año pasado cuando estuvo un profesor shipibo», refiere Pishagua, que viene completando sus estudios en la sede pucallpina de la Universidad Los Ángeles de Chimbote.

Sin acceso a educación

A tres horas de navegación por el río Huacapishtea, desde Nueva Luz de Arara, encontramos la comunidad Nueva Vida. Aquí no tienen el privilegio de contar con una escuela.

En el año 2014, los comuneros acondicionaron una pequeña maloca como escuela ante el anuncio del arribo de un profesor. Allí estudiaron 15 alumnos, pero tan pronto concluyó el contrato del docente en el 2015, la escuela se cerró. Las autoridades regionales de educación nunca enviaron otro maestro para los 20 estudiantes de hasta 17 años que hay ahora en la localidad.

La escuela hoy luce abandonada, poco queda de los rústicos maderos sobre los que los alumnos colocaban sus cuadernos para escribir. Esta tarea la hacían de pie porque no tenían donde sentarse. Solo al momento de atender las clases se acomodaban en el suelo.

“En esta comunidad los niños están olvidados por las autoridades de Educación. Ellos hacen familia a temprana edad sin conocer una letra. Ese es su destino”, lamenta Raúl Casanto Shingari, un ashaninka proveniente de la selva central que dejó su comunidad de Kivinaki, en Pasco, cuando el territorio fue reducido. Así, hace 18 años llegó a Yurúa y se instaló en la zona de Paititi.

Conocedor de la zona, menciona que lo más cercano a Nueva Vida para estudiar la primaria es la comunidad de Nueva Luz de Arara, pero el traslado diario de los niños a través del río Huacapishtea es complicado. Tampoco podrían ir hasta la comunidad de Paititi para seguir la secundaria.

Esta situación explica por qué Aydee Ríos Gonzales, una niña de 12 años, recién está en segundo de primaria. La encontramos en la escuela de Nueva Luz de Arara ejercitándose en el reconocimiento de palabras mediante el clásico silabeo. Deletrea con esfuerzo los nombres de frutas, como plátano, manzana, papaya, piña, escritas por el profesor en la rústica y despintada pizarra de la escuelita azul.

Fondos ambientales

Casanto Shingari sostiene que el nivel de vida de los pueblos indígenas podría mejorar sustancialmente si los 700 millones de euros que Noruega entregó al Perú en el año 2016 para la conservación de bosques llegara con justicia a las comunidades amazónicas.

«De esa plata, el Ejecutivo quiere dar a las comunidades, a través del proyecto Manejo y Conservación de Bosques, 10 soles por hectárea. La mayor parte del dinero se queda en la burocracia de Lima. Además, las ONG quieren crear más y más reservas para captar esos fondos. Ese es el problema», señala con firmeza.

El más antiguo

En Nueva Vida vive el patriarca Román Pascual Francisco, fundador de la comunidad Nueva Luz de Arara. Solo habla ashaninka, pero a través del traductor intercultural Ilder Pérez Mendoza relata los inicios de esta comunidad.

Recuerda que en el lugar vivían algunas familias de manera dispersa. Una de ellas era la suya, y estaba conformada por sus padres y abuelos.

«Mis padres y abuelos vinieron del Gran Pajonal (Junín) buscando un lugar para vivir porque donde estaban había enfrentamientos entre familias. Así llegaron a la boca del río Yurúa, a Dulce Gloria. Así siguieron avanzando», relata el nonagenario.

Un día llegaron los yaminahua y se produjeron constantes enfrentamientos. Para poner fin a esto, les entregaron a una ashaninka. Con ella, agrega, los yaminahua se alejaron del lugar y nunca más vieron a la joven.

No contactados

Román Pascual Francisco no para de hablar. Ahora narra que siendo joven él y su familia vieron en la playa del río Yurúa a unas personas muy diferentes a ellos y pensaron que provenían del lado brasileño. Eran los no contactados, pero no lo sabían.

«Los agarramos a todos y los amarramos. Así los metimos en una canoa. Les dimos de comer, pero no nos recibieron. En la noche los pusimos a dormir junto a nosotros. Cuando despertamos ‘los calatos’ se habían ido», afirma a modo de anécdota.

Pero los encuentros con los no contactados se repitieron. Esta vez ‘los calatos’, como les dice el patriarca, los atacaron. En el fragor de la lucha hirieron de muerte a un adulto. En tanto, el hijo de este, de aproximadamente 10 años, fue capturado y llevado a la comunidad más cercana.

«Este niño fue llevado a la comunidad nativa Victoria. Hoy tiene como 40 años, pero no ha logrado integrarse a los ashaninkas. No se interesa en ninguna joven del lugar. Es callado, y a veces prefiere estar sin ropa”, manifiesta Román Pascual Francisco, el nonagenario que nunca vio un aparato de televisión y no sabe en qué año vive.

Claves

Trámite. Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el territorio de la comunidad Nueva Luz acaba de ser georreferenciada, paso previo para obtener su titulación.

Apoyo. La Organización Regional Aidesep de Ucayali representa a las comunidades indígenas de esta región. Hace el seguimiento al proceso de demarcación territorial y al trámite de titulación.

Vuelos. Nueva Luz tiene pista de aterrizaje de avionetas abierta por la misión Suiza. El profesor Rafael refiere que un vuelo cívico desde Pucallpa cuesta 100 soles. El chárter, 450. Casi nunca los utilizan.

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1156401-ucayali-la-educacion-no-es-un-derecho-en-comunidades-de-yurua

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Una de cada 7 personas en el mundo tiene una discapacidad

Diciembre de 2017/Fuente: Francia 24

Según las Naciones Unidades, una de cada 7 personas, o sea, más de mil millones de personas sufre algún tipo de discapacidad. El 3 de diciembre se conmemora su día.

 A partir del 14 de octubre de 1992 se conmemora cada 3 de diciembre el Día Internacional de las personas con discapacidad declarado por las Naciones Unidas.

Hacen parte del grupo de personas con capacidades especiales todos aquellos que viven con alguna discapacidad física o cognitiva. Un alto porcentaje de estas personas nació con alguna de estas condiciones por razones congénitas, otras sufrieron enfermedades que las llevaron a perder ciertas facultades y otras sufrieron daños definitivos en su cuerpo después de un accidente.

Colombia es uno de los países con más alto porcentaje de víctimas de minas antipersonales o municiones sin explotar. Son por lo menos 11.000 sobrevivientes a estos artefactos explosivos que grupos insurgentes han sembrado en los campos del territorio nacional durante varias décadas. Hoy viven después de haber perdido una o varias de sus extremidades, de sufrir quemaduras irremediables y perder sentidos como el oído y la vista.

Las víctimas civiles

Reiner Barsoba es una de esas víctimas. Pisó una “mina quiebrapatas” en el año 2008 cuando recorría un área rural en el municipio de Uribe, Colombia. Sufrió heridas profundas en su pierna izquierda que le significaron la amputación de la misma. Él es uno de los miles de civiles colombianos que han sufrido los embates de la guerra sin ser parte de ella. Sin embargo, este trágico suceso lo llevó a trabajar por sus derechos y por los de otras personas con discapacidad.

Hoy, después de casi 10 años es el coordinador de la Red Nacional de organizaciones de sobrevivientes de Minas Anti Personales y Municiones Sin Explotar, una organización que realiza gestiones para promover la creación de políticas públicas que protejan a la población con discapacidad.

France 24: ¿América Latina ha avanzado en la implementación de políticas que permitan el acceso a los derechos de la población con discapacidad?

Reinel Barsoba: “En algunos de los países hay desarrollos importantes en temas como la inclusión laboral, el acceso a la educación y el sistema de salud. Ecuador, por ejemplo, ha creado estrategias que ayudan a la población con discapacidad. En cambio, en Colombia es muy poco lo que se ha ganado porque este país no ha ratificado el protocolo facultativo de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.”

France 24: ¿Las ciudades latinoamericanas han mejorado en la eliminación de barreras arquitectónicas para la población con discapacidad?

Reinel Barsoba: “Es difícil responder sí o no. Es claro que hoy en día las construcciones nuevas cuentan con sistemas de rampas que permiten la movilización de las personas que usan silla de rueda, las personas con discapacidad visual y las personas que caminan con muletas. Lo mismo pasa con los sistemas nuevos de transporte. El problema es con todo lo que se construyó hace más de 10 años que por supuesto son la gran mayoría de las edificaciones. Las ciudades se construyeron sin pensar en nosotros.”

France 24: ¿Cuál es la solicitud más urgente de las personas con discapacidad al conmemorarse su día?

Reinel Barsoba: “Que  se nos reconozca como personas. Que se humanice a las personas con discapacidad. Que entiendan que tenemos sueños, necesidades, objetivos y sentimientos. A pesar que el lenguaje ha mejorado y se intentan abolir términos como “inválido” o “impedido” el proceder sigue siendo discriminatorio. Las mayores discapacidades no están en el cuerpo sino en la mente».

La discriminación

Del total de personas con discapacidad sólo un 50% tiene la posibilidad de recibir tratamiento y más de 100.000 son niños. La condición de discapacidad limita también las posibilidades de acceder a la educación y al empleo, además de generar una alta probabilidad de ser víctimas de violencia.

El lenguaje que se utiliza para dirigirse a este grupo de personas también es un elemento a considerar ya que el hecho de dirigirse a ellos en términos despectivo genera estereotipos negativos que aumentan la discriminación.

Fuente: http://www.france24.com/es/20171202-3-diciembre-dia-personas-discapacidad

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Los niños de Dickens

Por: Lidia Falcón

En Barcelona, esa ciudad tan preocupada por proclamar la independencia de Cataluña —aunque sólo en broma, ya nos hemos enterado— y donde los recursos económicos se han dedicado profusa y generosamente a difundir y afianzar el procés, varios niños –en octubre eran doce- se pudren días enteros en los calabozos de la Ciudad de la Justicia.

Son marroquíes, no tienen papeles –esos objetos preciosos que ahora valen más que la vida de las personas-, no saben hablar español, han llegado solos, atravesando quién sabe cuántos peligros y humillaciones, hambrientos y desorientados, porque su situación familiar debía ser tan precaria que madres y padres prefirieron enviarlos allende los mares, embarcados en pateras, con riesgo de naufragio, de heridas, de esclavitud, de muerte, antes de ver como perdían toda esperanza de mejora en su país natal. Por tanto, no merecen más que un colchón en el suelo de los pasillos del Palacio de Justicia de Barcelona.

Allí, encerrados, en silencio, sin ver la luz del sol, pasan días y días mientras los poderosos funcionarios o jueces o fiscales, que disponen de su vida deciden donde acabarán alojados. La DGAIA,  la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat no tiene ni albergues ni, al parecer dinero, para instalarlos en alguna pensión.

Hace años, en Barcelona, a las mujeres maltratadas en riesgo inminente de ser asesinadas por el hombre con el que convivían, las metían en pensiones del Barrio Chino donde no había ni ducha. Incluso con niños y bebés. Tampoco tenían entonces casas de acogida suficientes.

Ahora se trata de los menores emigrantes que han logrado arribar a Barcelona, tierra de promisión, con la ingenua esperanza de que en esta ciudad, “archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza, única” (Cervantes dixit), los protegerían y les darían la oportunidad de estudiar y trabajar. Pero la Generalitat, que ha gastado millones en las 18 embajadas que montó en otros tantos países para difundir la opresión que vive Cataluña por el Estado español, no tiene recursos ni para pagarles habitaciones en esos tugurios del Raval –nombre más elegante que el de Barrio Chino de toda la vida.

Estos menores viven la misma situación de los inmigrantes adultos encerrados en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) por no tener los papeles en regla. No son delincuentes y por tanto no pueden detenerlos, pero lo hacen. Encerrados en lugares peores que cárceles.  Porque los retienen en calabozos, cubículos de pocos metros cuadrados, con tres literas cada uno –lo escribo con conocimiento de causa- que no disponen de más aseo que un váter.

Jesús García de El País informa que “el área de custodia de los Mossos está en la planta -1 de la Ciudad de la Justicia, que alberga los juzgados de Barcelona. Es un calabozo. Se accede a través de una puerta barrada. Hay dos tipos de celdas, aunque idénticas: unas para los menores que han delinquido —aporrean la puerta y exigen, en árabe y español, que les dejen salir— y otras para los menores “bajo protección”. Duermen sobre delgadas colchonetas azules, como las de los gimnasios escolares. No pueden salir y el teléfono móvil se les requisa. Dos mesas para jugar al parchís y a las damas rompen la monotonía de una sala donde pasan las horas”.

“Hay menores que llegan a pasar aquí 100 horas, más que el tiempo máximo que cualquier persona puede estar detenida[72 HORAS]. Al estar con la puerta cerrada, muchos sufren ataques de ansiedad. Golpean las puertas y hay que reducirles. También se han peleado entre ellos”, explica una funcionaria.

Los chicos acuden por su propio pie a las comisarías de los Mossos o son localizados en la calle y llevados ante la policía. Su primer destino es la Ciudad de la Justicia. Se les abre una ficha y se les practican las pruebas (de muñeca o mandíbula) para determinar que, efectivamente, tienen menos de 18 años. Se les ofrece un bocadillo y un zumo. Desde el primer minuto se avisa a la DGAIA, que debe activar el mecanismo para buscarles plaza. “El procedimiento está tasado y es rápido. En cuestión de horas se resuelve. No tendrían que estar en celdas ni dormir aquí siquiera una noche”, admite Francisco Tabuenca, fiscal de menores de Barcelona.

Tabuenca es autor del informe que ha hecho emerger el problema. Los menores pasan un tiempo “excesivo” (más de tres días, en algunos casos) en el área de custodia, donde no reciben “la atención y protección integral que merecen”. Los calabozos solo pueden acoger como a 20 chicos y en los últimos meses se han quedado pequeños, por lo que se les ha trasladado a la planta baja del edificio de la Fiscalía, donde “duermen en colchones” en la sala de espera “para atender la llegada de público en general”, denuncia el fiscal. Así pasan las noches, en las mismas colchonetas y tapados con una manta naranja, hasta que la DGAIA les encuentra sitio en un “centro de protección”.

La DGAIA, de siniestro recuerdo, depende de la Consellería de Asuntos Sociales donde reinan la consellera y las funcionarias de Esquerra Republicana de Cataluña desde que José Montilla en 2006 alcanzara la Presidencia de la Generalitat y firmara un pacto contra natura en un gobierno tripartito con el PSC y ERC.  Las conselleras y las funcionarias que han gestionado desde entonces la atención a los menores y adolescentes se han comportado como los personajes de Dickens en Oliverio Twist, David Cooperfield, La Pequeña DorritLos Papeles de Mr. Pickwick, que describieron magistralmente la crueldad de la sociedad inglesa del siglo XIX con los niños y niñas.

La Consellería de Asuntos Sociales de ERC se ha dedicado a vigilar estrechamente a las madres pobres, prostitutas, solas, sin recursos, para declarar a sus hijos en abandono y arrebatárselos. Sobre todo cuando son bebés o de pocos años. Mientras las gitanas rumanas pedían limosna sentadas en la calle con bebés en el regazo, sin que nadie hiciera nada ni por ellas ni por sus bebés, la DGAIA se dedicaba a perseguir a las madres pobres con residencia y alojamiento en Cataluña.

Las asistentes sociales, fieles cómplices que por ello cobran, hacen informes denigratorios de las madres desamparadas, y las psicólogas, fieles cómplices que por ello cobran, hacen informes denigratorios de las madres desamparadas diagnosticándolas como enfermas mentales, inestables emocionalmente e incapaces de ocuparse de sus hijos. En consecuencia, la DGAIA se los incauta, los encierra en centros de acogida y muchas veces las madres no vuelven a verlos.

Los centros de acogida son empresas privadas, como en toda España, que pertenecen a los complejos empresariales que obtienen la concesión, entre los que destaca el de Florentino PérezUn buen negocio rentable, si pensamos que por cada niño la Consellería paga 4.000 euros mensuales. Cuando las madres, pobres, desamparadas e ignorantes, pueden recurrir a un abogado –la mayoría no saben ni que tienen derecho a justicia gratuita- se enteran de que los han entregado en adopción. Ya sabemos que las adopciones están muy buscadas.

En consecuencia, teniendo tantos niños pequeños “en abandono”, a los que hay que alojar en los centros de acogida, la DGAIA no puede atender a los menores emigrantes que arriban a la anhelada ciudad de Barcelona: archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza, única” (Cervantes dixit).

No puede atenderlos porque no le interesan ni a la Consellera, tan ocupada como está con apoyar el procés y la independencia de Cataluña, ni a las funcionarias, tan ocupadas como están haciendo informes para quitarles los niños a las madres pobres y desamparadas. No les interesan porque no son bebés ni tan pequeños que sirvan para adoptarlos. No les interesan porque a esa edad nadie va a quererlos, son extranjeros, y no hablan ni español ni catalán.

Son un estorbo y cuesta dinero mantenerlos. Por eso se les encierra en un calabozo sin luz natural y se les da un bocadillo y un jugo de naranja. Así durante cuatro, cinco días, hasta que la Consellera y las funcionarias encuentran algún hueco en algún lugar que desconozco. Y de ellos no se vuelve a saber nada más.

Tras la denuncia del fiscal, la DGAIA emitió una nota en la que admite que se ha visto desbordada por el “alud de llegadas” en julio, agosto y septiembre. Anunció que había adecuado unas “instalaciones más confortables”, también en la Ciudad de la Justicia: la tercera planta de la Fiscalía, una sala semivacía y con luz natural. Pero la juez decana de Barcelona, Mercè Caso, paró la iniciativa porque el espacio “no reúne ninguna garantía ni para su salud ni para su seguridad”. Caso recuerda que solo hay un baño (compartido con el público) y que los educadores tuvieron que abrir las ventanas para ventilar, una “maniobra prohibida” por riesgo de caídas.

Caso alerta de que los menores vienen directamente de la calle y no se ha garantizado “su salud ni su adecuada higiene”. Y recuerda que “vienen de situaciones muy complejas, con un importantísimo grado de tensión y con una experiencia vital de enorme violencia”. En una entrevista, la decana subraya que el uso de los calabozos por tiempo prolongado también es “inaceptable”. “Son menores, no delincuentes, la DGAIA debe protegerles desde el momento en que son localizados, no es una tarea ni de los Mossos ni de la Fiscalía”.

La información de que dispongo dice que “Aunque el problema viene de lejos, la denuncia de jueces y fiscales ha activado algunos resortes. La DGAIA ha anunciado su intención de ubicarles en un edificio no judicial pegado a la Ciudad de la Justicia, mientras que en los últimos días se está evitando que los chicos duerman en las celdas.”. ¿Y saben ustedes cómo se consigue eso? Pues ya no se les dan colchonetas para dormir en los pasillos, sino que se les hace esperar en los bancos de la sala de espera.

Menos mal que la Consellería de Asuntos Sociales de Cataluña y la DGAIA están regidas por ERC, el partido más demócrata, más independentista y más republicano.

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Nueva Zelanda: Water Safety NZ invests $1.66m into water safety education

Nueva Zelanda/Noviembre de 2017/Fuente: Scoop

Resumen:  Nueva Zelanda se encuentra en el extremo superior de las tasas de mortalidad por ahogamiento en la OCDE. En 2016 hubo 78 muertes prevenibles y las hospitalizaciones por ahogo están en aumento. En su 2017/18 Ronda de inversión en prevención de ahogamiento WSNZ está financiando a las organizaciones que trabajan con las personas vulnerables y en riesgo para que brinden educación y apoyo en materia de seguridad hídrica.

As the lead agency in the water safety sector Water Safety New Zealand (WSNZ) is tasked with delivering funding strategies to tackle our nations drowning problem. New Zealand is towards the upper end of drowning death rates in the OECD. In 2016 there were 78 preventable fatalities and drowning hospitalisations are on the rise.

In its 2017/18 Drowning Prevention Investment Round WSNZ is funding organisations working with the vulnerable and at risk to deliver much needed water safety education and support.

Funded primarily by the New Zealand Lotteries Grant Board administered through Sport New Zealand, and supported by ACC, $1,664,260 was available for distribution by WSNZ this year – $129,260 more than 2016-17 – a 8.4% increase primarily due to a $400,000 increase in NZLGB funding.

“The water safety sector is predominantly non-Government funded and supported by volunteers. Any additional funding is a lifeline providing vital education to the most vulnerable.” says WSNZ CEO Jonty Mills.

Funding is distributed to professional and national sport and recreation organisations, swim schools, local authorities, regional sports trusts, Plunket and Trusts which administer water safety education initiatives.

Specifically, $1.189m will be allocated to providers to deliver the national aquatic initiative Water Skills For Life (WSFL) to children aged 5 – 13 years across the country.

With a reduction in the level of water safety education in schools, WSFL makes more effective use of the time students spend in the pool. Based on core water safety competencies, WSFL provides foundational water safety knowledge and the ability to assess risk.

“The social and economic cost of drowning far outweighs funding to the water safety sector and strategic and innovative initiatives are required to bring down our high drowning toll” says Mills.

The launch in 2015 of the Water Safety Sector Strategy 2020, by then Sport and Recreation Minister The Hon Jonathan Coleman, was a significant milestone and an attempt to create a step-change in Kiwi attitudes and behaviour around water.

The strategy sets bold targets for a reduction in drownings, particularly those involving males who make up 86% of all fatalities.

While the sector is more aligned and efficient the number of preventable drowning fatalities has plateaued while the number of drowning related hospitalisations is increasing.

Mills says this reflects the complex nature of the drowning problem. “We have a diverse and growing population, an expansive network of unpatrolled waterways, beaches, lakes and rivers and a broad range of water based activities.”

“With the changing nature of the drowning problem in New Zealand and increasing pressure on the sector to meet growing expectations, it’s imperative that water safety skills training becomes an integral part of the education process for all New Zealand children” says Mills.

About Water Safety New Zealand

Water Safety New Zealand is a charity making a positive difference to the social and economic problems of drowning. The organisation adds strength to the work of water safety community partners by influencing policy, convening sector discussions and work programmes, taking leadership, building knowledge through research and dissemination, and working in collaboration with government, community and business interests.

Fuente: http://www.scoop.co.nz/stories/PO1711/S00161/water-safety-nz-invests-166m-into-water-safety-education.htm

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