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Venezuela: Piden anular elecciones de la Universidad de Carabobo

La solicitud interpuesta está en las manos del magistrado Inocencio Figueroa para su análisis

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibió una solicitud para suspensión de las elecciones de la Universidad de Carabobo, en una solicitud interpuesta por una representación de la comunidad universitaria de esta casa de estudios, conformada por estudiantes, empleados, obreros, profesores y sindicatos.

“La solicitud de anular las elecciones fue aceptada por el Tribunal Supremo de Justicia y este nombró ya al magistrado Inocencio Figueroa, que será quien haga la evaluación del escrito para determinar si procede o no”, informó Lermit Rosell Puche, representante de la Asamblea Nacional (AN) ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU).

“La pertinencia o no de anular este acto eleccionario es el desconocimiento que se hace de la sentencia 342 del máximo tribunal de la República que establece la fórmula para las elecciones universitarias y, como segundo, a la composición de la de la Comisión Electoral allá en Carabobo”, expuso Rosell Puche.

El representante del Poder Legislativo explicó que todo el revuelo causado en la Universidad de Carabobo se dio luego del evento electoral en la Universidad Central de Venezuela (UCV), cuando en entrevista concedida a Últimas Noticias quedó expuesto el desacato al TSJ en que incurrirían las demás universidades si pretendían aplicar el mismo método utilizado en la UCV.

“A partir del trabajo hecho por Últimas Noticias se empezaron a organizar los estudiantes y se sumaron tanto de los sindicatos de empleados y de obreros y profesores universitarios que alegan varias irregularidades, entre ellas que están haciendo copia casi al calco del reglamento electoral de la UCV, que no respeta ni la sentencia 342 del 2019 de la magistrada Carmen Zuleta, en la que se establecían los porcentajes igualitarios para todos los grupos de personas que participarían en las elecciones”, aseguró el también profesor universitario.

“A pesar de estas irregularidades, la Comisión Electoral, que no tiene representación de todos los sectores de la Universidad, había aprobado el cronograma electoral para hacer elecciones en noviembre”, puntualizó el miembro del CNU Lermit Rosell Puche.

Fuente: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/piden-anular-eleccion-en-universidad-de-carabobo/

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Política educativa: balance y perspectiva

Por: Pedro Flores Crespo

Lo que pasó no fue,
pero está siendo”
-Octavio Paz
en Piedra de Sol

¿Qué perspectiva tendrá la educación en 2023? Para responder a esta pregunta, hay que hacer un apretado balance de la política educativa en lo que va del sexenio. Primero, que el otrora opositor ganara el poder mediante el voto popular demostró que la democracia en México es posible. Además, nos hizo albergar la esperanza de que las políticas públicas podían elevar su capacidad para resolver los problemas que la gente enfrenta al señalar las omisiones y errores de los gobiernos previos.

Pero la agenda educativa de la “Cuarta Transformación” fue hiper-reivindicativa, aunque poco original. La iniciativa de “reforma” publicada el 12 de diciembre de 2018 presentó un diagnóstico pobre, aparte de procesarse de torpe manera.

Eliminó, “por error”, la fracción constitucional que hacía alusión a la autonomía universitaria y dejó de lado la perspectiva intercultural, la educación inicial, y reemplazaba el término “calidad” por uno más nebuloso: “excelencia”. Al activarse la oposición, algo de esta iniciativa pudo corregirse.

No obstante, una forma particular de hacer política surgió. En el nivel básico de educación, se construyó una retórica cándida del magisterio. Aunque la “revalorización” de éste no se asentaba en la creación de condiciones de trabajo óptimas y reales, la narrativa gubernamental tuvo éxito, pues se basó en el supuesto de que como el gobierno anterior subestimó al maestro, lo “sometió”, pues entonces había que hacernos sentir lo contrario. Una imagen romántica del magisterio emergió. Se trataba de ganar adeptos, no de considerar al profesorado un agente capaz de trazar su propio desarrollo profesional. Se volvió a utilizar políticamente al maestro aunque claro, ahora de una manera mucho más sutil a la del corporativismo. El líder sindical ya no aglutina, sino la emoción.

Con seis meses de retraso se publicó el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 que, aunque consignó una valiosa perspectiva de derechos, enmarcaba acciones y programas convencionales. Se decretó la obligatoriedad de la educación superior, por un lado, pero por el otro, no se allegaron los recursos necesarios para hacerla realidad y ni se creó un modelo de universidad original. Ante el principio de la no exclusión, la 4T creyó que con repartir dinero mediante becas bastaría y lo que tuvimos fue que la inasistencia de la población que aún no completaba el bachillerato aumentó de 2018 a 2020, según el Coneval. De hecho, este mismo Consejo estima que el rezago educativo pasó de 23.5 millones de mexicanos en 2018 a 24.4 millones en 2020.

La pandemia agravó aún más las cosas. Pero en lugar de ser creativos, la SEP anunció un “acuerdo de concertación” con cuatro televisoras privadas (Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios) para entregarles una millonada con la promesa de regresar a clases con un “esquema robusto, oficial, y válido”. El programa Aprende en Casa pronto mostró sus limitaciones. 4 de cada 10 jóvenes de secundaria no tuvieron actividades escolares por este medio y a medida que avanzaba el nivel educativo, se recibía menos y peor orientación por parte del gobierno a la familia para apoyar el aprendizaje de los hijos en casa (Mejoredu).

2023 va a dejar aún más claro que no bastan las buena intenciones ni el afán “transformador”. Las políticas educativas toman sentido y significado cuando combaten de manera efectiva los problemas que las personas realmente enfrentan.

Investigador de la UAQ

Fuente de la información: https://revistaaula.com

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Severo golpe a la educación superior en Nicaragua

En el último semestre, ocho universidades privadas de Nicaragua fueron clausuradas permanentemente por el gobierno del presidente Daniel Ortega y sus bienes confiscados. Además, se canceló el permiso de operación de siete universidades extranjeras y se reformaron las leyes de educación superior.

La justificación oficial para la medida es que estas instituciones privadas no cumplieron con el requisito de informar detalles de su estado financiero, exigido a todas las organizaciones sin fines de lucro.

Las universidades afectadas sostienen que intentaron entregar sus informes fiscales al Ministerio de Gobernación dentro del plazo establecido, pero este se negó a recibirlos.

En opinión de los afectados, las medidas, dictadas por la legislativa Asamblea Nacional, son inconstitucionales y ponen fin a la autonomía universitaria.

“Están matando a las universidades en Nicaragua”, dice a SciDev.Net el químico Ernesto Medina, especialista en educación y exrector de la Universidad Americana (UAM), que sigue abierta. “Todo este espectáculo lo hacen con el objetivo final de callar las voces críticas en la sociedad”, precisa.

Medina es uno de los más de 200 000 nicaragüenses (3 % de la población), que viven en el exilio. El científico salió del país en julio pasado cuando muchos de sus amigos cercanos y estudiantes fueron detenidos por su posición contraria al gobierno de Ortega, quien tiene 15 años consecutivos en el poder.

La tensión entre la academia y el gobierno se agravó desde abril de 2018, cuando estudiantes de todo el país salieron a las calles para protestar contra reformas sociales. El gobierno respondió con una ola de represión sin precedentes.

En un par de meses, más de 150 estudiantes fueron expulsados de universidades públicas, más de 300 personas asesinadas por la policía y más de mil detenidas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expulsada del país el pasado 19 de abril.

“Es muy grave lo que está pasando en Nicaragua y el mundo está en silencio”: Helena Nader.

Cerca de 18 000 estudiantes han sido afectados con el cierre de las universidades, dos en diciembre 2021 y seis en febrero 2022.

Entre ellas están la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), conocida por su escuela de formación de enfermeras, y la Universidad Paulo Freire, que tenía carreras en ciencias jurídicas, ciencias políticas y psicología. Las instituciones cerradas mantenían posiciones en defensa de los estudiantes y contra la violencia y las detenciones de la policía.

“Evidentemente estamos cerrados porque hemos tomado una posición muy clara sobre el gobierno, que está en guerra contra el país, los estudiantes, las universidades y todos los que no son cómplices”, señala Adrián Meza, rector de la Universidad Paulo Freire.

Meza está exiliado en Costa Rica desde el día siguiente del anuncio del cierre en febrero para evitar ser encarcelado por comentarios contrarios a la decisión del gobierno.

El Consejo Nacional de Universidades (CNU), organismo público que coordina la política nacional de educación superior, tomó el control de los bienes de las universidades canceladas y anunció la apertura de tres nuevas universidades públicas para dar continuidad a los programas académicos.

Pero Meza asegura a SciDev.Net que a muchos estudiantes no les es posible continuar los estudios en las nuevas universidades porque sus certificados académicos no son reconocidos y otros, en proceso de graduación, no consiguen obtener sus diplomas.

“El gobierno no está teniendo la capacidad para absorber tantos estudiantes afectados” indica desde el exilio.

Añade que los rectores de las nuevas universidades creadas han rechazado a la mayoría de docentes de las universidades clausuradas aduciendo que han sido catalogados como “adversos a la ideología del régimen” y no serán incorporados a las nuevas instituciones.

Muchos estudiantes también tendrán que abandonar la vida académica, según Meza, por temor a represalias por su participación en las protestas contra el gobierno.

Explica que algunas universidades privadas hoy cerradas, como la Paulo Freire, habían acogido a estudiantes de universidades públicas que fueron expulsados y sus registros académicos cancelados por participar en las protestas en 2018.

Todo el poder al CNU

Además del cierre de universidades, el 6 de abril el gobierno de Ortega también aumentó el poder del CNU, que ahora es responsable de aprobar el contenido de los programas académicos y nombrar docentes, rectores y vicerrectores.

“Se canceló la autonomía universitaria en Nicaragua”, sentencia Meza. “El principio fundamental de la educación superior es la libertad de cátedra para alimentar en el estudiante un sentido crítico”.

SciDev.Net buscó insistentemente la versión del CNU, pero hasta el cierre de esta información no hubo respuesta.

Diversos científicos consultados por SciDev.Net, que viven en Nicaragua y prefirieron no identificarse por temor a represalias, creen que con la medida se intensificarán las dificultades para conducir investigaciones científicas en áreas contrarias a los intereses del régimen, como por ejemplo estudios sobre la pandemia de covid-19, frecuentemente minimizada por el gobierno, y estudios del impacto ambiental de la ya aprobada construcción de un megacanal que unirá el atlántico al pacífico.

Desde el anuncio del proyecto, diversos investigadores fueron despedidos por hablar contra esa construcción. Hace dos años, la Academia de Ciencias de Nicaragua tuvo un apoyo gubernamental de US$ 150.000, cancelado después de organizar un fórum de discusión científica sobre el canal.

“Es extremadamente grave”, añade la doctora en derecho Maria Luisa Acosta, presidenta de la Academia de Ciencias de Nicaragua, en el exilio desde 2018. “Tenemos un país en que el estado nos va a decir qué pensar, cómo pensar y en qué áreas tenemos que trabajar”, comenta a SciDev.Net.

Las reformas en las leyes también despojaron, en marzo, del presupuesto constitucional a la Universidad Centroamericana (UCA), una de las más antiguas de Nicaragua y considerada uno de los últimos centros de libertad de expresión. El fondo, que ya había sido reducido en US$ 7 millones en los últimos cuatro años, se utilizaba para financiar más de cuatro mil becas a estudiantes sin medios financieros.

Las colaboraciones internacionales en ciencia también están perjudicadas. Además de cancelar los permisos de instituciones extranjeras que ofrecían cursos y tenían proyectos de investigaciones científicas, el gobierno aprobó en octubre de 2020 una ley que obliga a los nicaragüenses que trabajan en organizaciones internacionales a identificarse como “agentes extranjeros”.

Pero los agentes extranjeros son perseguidos por el gobierno, afirman los investigadores.

La bióloga molecular Helena Nader, copresidenta de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, informó que la institución está preparando un documento que se enviará al Consejo Internacional de Ciencias para buscar apoyo a los académicos de Nicaragua. “Es muy grave lo que está pasando en Nicaragua y el mundo está en silencio”, afirmó Nader a SciDev.Net.

Fuente: https://ipsnoticias.net/2022/05/severo-golpe-a-la-educacion-superior-en-nicaragua/

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Israel busca acabar con la autonomía de las universidades palestinas

Israel está tratando de restringir el derecho de los palestinos a la educación y socavar la libertad académica y la autonomía de las universidades palestinas, dice un informe.

Funcionarios de la Universidad de Birzeit (BZU), ubicada en la Cisjordania ocupada, dijeron que la universidad rechazó el intento más reciente del régimen de Tel Aviv de limitar el derecho fundamental de los palestinos a la educación, informó el domingo la agencia oficial de noticias Wafa.

Según una orden militar israelí titulada “Procedimiento para la entrada y residencia de extranjeros en la región de Judea y Samaria”, que entrará en vigor en mayo, se otorgarán inmensos poderes al ejército israelí para aislar las universidades palestinas del mundo exterior y determinar el curso futuro de la educación superior palestina.

“La nueva directiva otorga al ejército israelí el derecho absoluto de seleccionar qué profesores, investigadores académicos y estudiantes internacionales pueden estar presentes en las universidades palestinas, así como imponer sus propios criterios arbitrarios sobre qué campos de estudio están permitidos y qué cualificaciones son aceptables”, dijo el BZU en un comunicado publicado por Wafa.

La universidad pública dijo que la nueva directiva requiere que cada solicitante “se someta a un interrogatorio en una misión diplomática israelí en el país de origen, mientras impone fuertes tasas monetarias a los seleccionados para ingresar. Además, la directiva establece un límite bajo en el número de profesores y estudiantes extranjeros (100 y 150 por año, respectivamente) y limita la duración del empleo a cinco años no consecutivos, negando así la contratación sostenible y la promoción de profesores”.

“En consecuencia, algunos profesores y estudiantes actuales que no tienen permisos de residencia pueden verse obligados a irse y los programas académicos se enfrentan a la incapacidad de reclutar nuevos empleados y realizar investigaciones e intercambios académicos en colaboración con otras universidades. En pocas palabras, la directiva pone a las universidades palestinas bajo asedio y las despoja del control básico sobre sus decisiones académicas”.

La declaración denunció la orden como un “ataque” lanzado por el régimen contra el derecho de los palestinos a la educación y la libertad académica.

“Los estudiantes, profesores y empleados de la Universidad de Birzeit han sufrido durante décadas bajo una incesante campaña militar israelí que incluye cierres forzosos, incursiones en los campus, intimidación y encarcelamientos. Tales acciones son inseparables del sistema racista, de apartheid y persecución, que niega al pueblo palestino sus derechos más fundamentales, incluida la libertad de expresión y la búsqueda del avance y el desarrollo científicos”.

El BZU instó a todas las organizaciones académicas y de derechos humanos a rechazar tales procedimientos, exigiendo que los gobiernos de todo el mundo responsabilicen a “Israel” por la clara violación del derecho internacional, incluida la Cuarta Convención de Ginebra (1949), el derecho a la educación consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y el Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).

La universidad describió la situación actual como peligrosa para el futuro de la educación superior palestina y, al mismo tiempo, pidió la unidad para lograr “justicia, libertad e igualdad”.

“Apoya nuestros esfuerzos para defender el derecho del pueblo palestino a la educación, libre de coacción, intervención y persecución política. Trabaja con nosotros para romper el cerco que estas normas imponen a Birzeit y otras universidades palestinas. Acepta nuestra invitación a enseñar y aprender en Palestina. Ayúdanos a ejercer nuestro derecho básico a la educación y a preservar la autonomía institucional que hemos construido durante décadas a pesar de todos los obstáculos”, dijo la universidad en su comunicado.

Fundada en 1975, la BZU ofrece programas de pregrado y posgrado en tecnología de la información, ingeniería, ciencias, política social, artes, derecho, enfermería, farmacia, ciencias de la salud, economía y administración a través de sus nueve facultades. Se encuentra en Birzeit, cerca de Ramalá.

Fuente: https://rebelion.org/israel-busca-acabar-con-la-autonomia-de-las-universidades-palestinas/

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Perú: Se agudiza la división entre rectores de las universidades públicas

Se agudiza la división entre rectores de las universidades públicas

Conflictos. Casi 30 autoridades alistan elecciones en la Asamblea Nacional de Universidades Públicas del Perú (Anupp) para reemplazar a la rectora de San Marcos, con mandato vencido. Otros 15 desconocen proceso. La contrarreforma universitaria que impulsa el Congreso también los divide.

Ante el próximo debate, en el Pleno del Congreso, del dictamen que recorta el rol fiscalizador de la Sunedu y modifica la conformación de su consejo directivo, se han agudizado los conflictos entre los rectores de universidades estatales, quienes hoy se encuentran divididos, principalmente, por el accionar de su colega de San Marcos, Jeri Ramón. Esta vez, la controversia se enmarca en las elecciones de la Asamblea Nacional de Universidades Públicas del Perú (Anupp), entidad que los agrupa y representa.

Luego de que Ramón Ruffner respaldara la iniciativa legislativa que, con el argumento de restablecer la “autonomía” universitaria, cambia el rumbo de la reforma, varios rectores la han desconocido como presidenta de la Anupp, a pesar de que se presentaba así en el Congreso. Ellos, incluso, han denunciado que no cuenta con el aval legal para ocupar ese cargo, como lo informó este diario.

El origen del problema

En noviembre del 2019, la asociación eligió a Orestes Cachay, exrector de San Marcos, como presidente. Sin embargo, luego de que su gestión en la Decana de América culminara en julio del 2021, Jeri Ramón debía asumir la continuidad de su mandato en la Anupp. Pues bien, este último acabó esta semana.

Es por eso que un sector de rectores –entre ellos los de la UNI, la UNSA, la Agraria La Molina o la Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas– respaldan una reciente convocatoria a nuevas elecciones en la Anupp. En tanto, otro –donde figuran La Cantuta, la del Callao y la Villarreal– desconoce este llamamiento y dice que se alinearán a lo que programe Ramón.

En el primer grupo, varias voces se han opuesto al dictamen de la denominada “contrarreforma” y lo han calificado de retroceso. En el segundo figuran autoridades que, incluso, han ido al Congreso para mostrar su apoyo al mismo.

Es por eso que un sector de rectores –entre ellos los de la UNI, la UNSA, la Agraria La Molina o la Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas– respaldan una reciente convocatoria a nuevas elecciones en la Anupp. En tanto, otro –donde figuran La Cantuta, la del Callao y la Villarreal– desconoce este llamamiento y dice que se alinearán a lo que programe Ramón.

En el primer grupo, varias voces se han opuesto al dictamen de la denominada “contrarreforma” y lo han calificado de retroceso. En el segundo figuran autoridades que, incluso, han ido al Congreso para mostrar su apoyo al mismo.

Esto último se dio a pedido de los rectores. Para ello se basan en el informe legal elaborado por un estudio de abogados, el cual refiere que los “elegidos” como consejo directivo en noviembre del 2019 siguen siéndolo y, por tanto, son los encargados de convocar a una asamblea eleccionaria. “En registros públicos (Sunarp), quienes continúan como directivos son el doctor Cachay y otros. La única forma era que él convoque. La doctora Ramón no es representante legal de la Anupp”, explica Policarpio Chauca, rector de la Toribio Rodríguez de Mendoza y saliente vocal de la asociación.

Por su parte, el rector de la UNI, Alfonso López Chau, dice que con esto se busca facilitar la institucionalidad de la Anupp, por ello se tiene previsto que para el próximo martes 1 o miércoles 2 se lleven a cabo las elecciones en la Agraria. Pueden participar los rectores de las 52 casas de estudios públicas.

“¿Qué hay detrás del otro grupo de rectores? La historia lo dirá. Lo único que me genera dudas es quiénes apoyan; o sea, la compañía del partido de (Rafael) López Aliaga o del otro lado. Qué se podría hacer con un rector como (José) LunaNo se trata de reforma o contrarreforma, sino de profundizar en la reforma universitaria”, dice.

El grupo de Ramón

Pese a ello, 15 rectores de universidades públicas como La Cantuta, la Villarreal, la del Callao, la del Santa y la San Antonio Abad del Cusco han decidido desconocer ese proceso electoral, argumentando que un “exrector no tiene atribución legal para convocar una asamblea”. Agregan que la única que puede hacer eso es Jeri Ramón, quien “ostenta el cargo de manera legítima”. “Atribuirse esta representación constituye una conducta delictiva (…) La ilegal convocatoria y sus adherentes tendrán que responder ante las instancias jurisdiccionales”, agregan. Así, califican como falsa e ilegal la convocatoria.

La rectora de la Universidad del Callao, Arcelia Rojas, dice que, por esa razón, no van a asistir a dicho evento y que Ramón hará una nueva convocatoria, la cual probablemente sería el viernes 4 de marzo. “Hay discrepancias quizá en las elecciones que deben hacerse. La doctora Jeri es quien asumió la Anupp cuando el doctor Cachay dejó el cargo. Ella está concluyendo para que asuma otra junta”, asegura. Confirma que respalda el dictamen sobre la “autonomía”. Este último se encuentra en medio de los conflictos internos.

La clave

Jeri Ramón también ha sido acusada por rectores de haber hecho uso de documentos falsos para ocupar el cargo de presidenta en la Anupp, según el portal Sudaca. Ella dice que no incurrió en irregularidades.

Segundo grupo. Rectores respaldan acciones de Jeri Ramón. Foto: difusión

Fuente de la Información: https://larepublica.pe/sociedad/2022/02/25/reforma-universitaria-se-agudiza-la-division-entre-rectores-de-las-universidades-publicas-anupp/

 

 

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Brasil: FASUBRA participa de audiência pública para debater Autonomia Universitária e liberdade de Cátedra

América do Sul/Brasil/16-04-2021/Autor e Fonte: fasubra.org.br

Entidades da Educação e do movimento estudantil, entre elas a FASUBRA Sindical, participaram de audiência pública da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, na última segunda-feira (05), para discutir Autonomia universitária e liberdade de cátedra. A proposta é dos deputados Sâmia Bomfim (Psol-SP), Glauber Braga (Psol-RJ) e Ivan Valente (Psol-SP), com o apoio do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

Na ocasião foi debatido sobre o princípio da “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber”, inscrito no artigo 207 da Constituição Federal e reiterado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que estaria sendo desrespeitada pelo atual governo federal. Citaram como exemplos a nomeação de reitores não incluídos nas listas tríplices formadas pelas universidades; a interferência na participação de servidores em congressos acadêmicos e medidas de cerceamento da liberdade de expressão nas instituições de ensino.

O coordenador-geral da FASUBRA Sindical Antônio Alves Neto (Toninho) foi um dos convidados e destacou a solidariedade da FASUBRA Sindical para com todos os familiares e todas as vidas ceifadas em decorrência do vírus Covid-19. Toninho lembrou também sobre o descaso do governo Bolsonaro diante de toda a tragédia a qual o povo brasileiro vem sendo submetido.

Toninho criticou a apresentação realizada pelo representante do Ministério da Educação (MEC). Para ele, a fala não condiz com a realidade vivida pela comunidade acadêmica atualmente, um modelo de Universidade distinta da realidade do País e a que o presidente da República Bolsonaro defende. “Esses dados apresentados das Universidades não condiz, inclusive com os cortes em 2021 denunciados pelo setor Docente das Universidades” frisou ele.

A Universidade Brasileira não é de hoje que vem sendo atacada. “Na questão da autonomia e liberdade de cátedra, um processo histórico que nós vivemos, desde o período da ditadura militar até o período da abertura democrática do País. Os processos atravessados e agora caminhando para uma Universidade operacional, organização social e deixando de ser uma instituição pública, social, voltada para as questões das crises sociais do País”, concluiu Toninho.

Estavam presentes no debate: Wagner Vilas Boas de Souza, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC); Rivânia Lúcia Moura de Assis, presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes/SN); Christian Vincenzi, presidente do Diretório Central dos Estudantes do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ); Ana Paula Santos, coordenadora-geral do Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); José Geraldo de Sousa Júnior, professor e ex-reitor da Universidade de Brasília (UnB).

A audiência atendeu a requerimento nº 14/21 de autoria da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), subscrito pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). No encerramento, Toninho reafirmou que o MEC tem que escutar as entidades, mas em momento algum se mostrou aberto ao diálogo. Ele disse que a FASUBRA quer debater, porém a FASUBRA em nenhum momento foi recebida por esse Governo e, mais uma vez, cobrou a reunião de negociação com o MEC. O coordenador-geral concluiu dizendo que a FASUBRA oficializou o desejo de se fazer uma reunião com o MEC e o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, para discutir questões relacionadas à Autonomia Universitária e as intervenções nas Universidades pelo presidente da República.

Assista a audiência na íntegra.

Estagiária sob supervisão.

Com informações da Agência Câmara.

Fuente e Imagen: https://fasubra.org.br/noticias/fasubra-participa-de-audiencia-publica-para-debater-autonomia-universitaria-e-liberdade-de-catedra/

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En torno a la autonomia universitaria como figura jurídico organizativa

Por: Heriberto Rivera

Referirse a un tema tan controversial como lo es la autonomía universitaria es  como remover una gran piedra para allanar en sus profundidades, es buscar las verdades que no siempre se ven a simple vista.; tan cierto  como muchos de quienes en su época de estudiantes fueron gladiadores de las luchas estudiantes  por la autonomía serian mas adelante, personajes notables en la vida publica, altos funcionarios o dirigentes universitarios. También permite visualizar que la dialéctica política siempre ha estado presente en el proceso autonomista universitaria.

Las crisis universitarias y las crisis políticas del país siempre han generado profunda contradicciones sobre la autonomía. A lo largo de esas discusiones hay quienes siempre  se han abocado en “poner  en manos de los propios universitarios su institución”; siendo ésta   una posición temeraria que significaría radicalizar la autonomía, llevándola a un extremo que podría conspirar contra la vida misma de la institución, trayendo graves consecuencias para su permanencia y al acecho de las pretensiones de los mercantilistas de la educación.

Entender la autonomía universitaria como renuncia al subsidio del Estado seria una impertinencia conceptual y material  de considerar que el poder publico no está obligado a sostener a la Universidad bajo el pretexto de la autonomía.

Otros autores de manera interesada la atribuyen  al  concepto cierto  poder, refiriéndose  al poder de autonomía como  “un poder jurídico característico, atribuido por la norma”.

Según el articulo “El concepto de autonomía universitaria” (1971), este poder, estando atribuido por una norma constitucional o legal, según los casos se nos presenta como contrapuesto a la soberanía que es un poder originario, fuente primaria de toda normación. La autonomía no tiene pues otro título de legitimidad que el que le confiere la norma, fuera de la cual desaparece el poder autonómico para convertirse en ilicitud.

Para el autor del precitado artículo, la autonomía es un concepto abstracto cuya determinación únicamente puede hacerse enumerando las distintas clases de autonomía que concretamente contiene.  Por ello, según manifiesta el autor  que “aun no existiendo un concepto concluyente de autonomía -expresa el administrativista italiano M. S. Giannini- sí existen distintos conceptos y nociones evidentemente diferenciados que reciben calificación de un adjetivo añadido al término, tal como autonomía normativa, autonomía organizativa, autonomía técnica, autonomía  dispositiva, autonomía financiera, autonomía contable. etc.”. En puridad se trata de especies de autonomía y por tanto así habrían de denominarse.

En el caso de las universidades, estas gozan de un régimen de autonomía normativa la  cual consiste  en la capacidad de crear preceptos de Derecho objetivo, válidos en el conjunto del Ordenamiento Jurídico del Estado. Empero, como es obvio, la función normativa autónoma está circunscrita a aquellas materias que le han sido especialmente asignadas (ámbito de la normación). Dicho de otra manera, la autonomía normativa presupone una regla atributiva superior -la Constitución o la Ley- que determina la órbita otorgada o cedida. Entonces es en esta parcela o ámbito de la normación donde tienen validez las normas autónomas para que así lleguen a formar parte del Ordenamiento Jurídico del Estado.

En cuanto al perfil de la autonomía la elaboración del concepto de autonomía confronta una primera dificultad con el empleo de su propio nombre. En efecto, tal vocablo, que procede del léxico jurídico, ha desbordado su recipiente originario sin que el recuerdo de su procedencia, es decir, su etimología, contribuya a proporcionar ahora su exacto significado.

En un artículo intitulado  “Autonomía Universitaria” afirma que   el vocablo autonomía se ha hecho tan equívoco que sirve para designar una variedad de cosas pertenecientes a diversos órdenes. Así, Por ejemplo, en Filosofía se considera que ciertas esferas de la realidad son autónomas de otras, a lo cual se denomina autonomía ontològica, afirmándose asimismo que la autonomía moral rige frente a la heteronomía del Derecho. La mecánica cuenta con motores autónomos e inclusive en la aeronáutica se habla de una autonomía de vuelo. Pero aún en la propia Ciencia jurídica existen, tanto autonomías públicas de diversas clases, como la autonomía de la voluntad que es el fundamento del Derecho Privado (Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal, 1971).

El concepto se ha elaborado finalmente con toda precisión, lo que permite diferenciarlo de otros limítrofes, sin confundir entonces la auténtica autonomía, ni con autogobierno o “selfgovemment”, ni con soberanía, ni con autarquía ni con delegación funcional.

La autonomía propiamente dicha no es ni más ni menos que una figura jurídico-organizativa, es decir, con dos componentes. Hay unas exigencias de la organización para que cada una de las partes integrantes se encuentre funcionalmente correlacionada con la estructura total. Mas también el Ordenamiento Jurídico cuenta con un poder organizativo, mediante el cual se distribuyen atribuciones y competencias entre las distintas figuras jurídicas subjetivas de la organización.

Pues bien, la autonomía es una manera típica de organizar con una tendencia descentralizadora o desconcentrada, según los casos, que puede adoptar tanto el Estado como cualquier otra entidad jurídica.

Así el Estado con todo su poder adopta la autonomía de los Entes territoriales menores, dotados de autonomía política, como también, en otros términos, la de las Corporaciones e Instituciones.

Así también se puede afirmar que análogamente la Iglesia Católica está organizada con un sistema de autonomías que comprende a las Arquidiócesis, Diócesis, Vicariatos, Prefecturas Apostólicas y Prelaturas “nullius”, como a su vez las empresas mercantiles disponen de sucursales y filiales en cierto sentido autónomas respecto a su casa matriz. Semejante descripción de la figura jurídico-organizativa se ha utilizado para aproximarse al concepto de autonomía.

LA AUTONOMÍA NO ES AUTOGOBIERNO

Frecuentemente las palabras se utilizan en sentido figurado con lo que, al designarse una cosa por otra se acaba disolviendo la exactitud del concepto. No obstante, se trata de una licencia del lenguaje común, denominada tropo o metonimia, que permite poner en circulación palabras ilegítimas, como si se tratara de falsas monedas, admitidas a su pesar por un comercio tolerante. Esto es lo que sucede con la palabra Gobierno y Autogobierno, tan desfigurada por un uso vulgar que cada quien le da un significado convencional, el que mejor le cuadre, el que mejor le parezca.

 Ahora, estrictamente hablando, en términos históricos y técnicos, el auto gobierno, o gobierno por sí mismo, no es otra cosa que el famoso “selfgovemment” inglés que atribuía a las Corporaciones locales (Burgos y Condados) todos los poderes, exceptuando las prerrogativas de la Corona {“government prerrogative”).

La autonomía universitaria debe ser un propósito ampliamente compartido  es decir, algo que la defina por lo sustantivo del saber, para diferenciarla de un grupo de presión, de un sindicato de intereses, de una liga política o de una secta ideológica. La universidad independiente mente de su estatus debe cumplir su alta misión para la cual fue creada.

REFERENCIA:

El concepto de autonomía universitaria  en Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal N ° 140, Caracas, (Julio- Diciembre) 1971, pp 11 a 36. Recuperado de www.derechoadministrativoucv.com.ve

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