Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 5 de mayo de 2019. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.
00:00:00 – Carlinhos Brown: «América Latina necesita un movimiento de educación»
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Las Instituciones de Educación Universitaria (IEU) de Venezuela tienen la responsabilidad de formar integralmente personas dignas, y ciudadanas y ciudadanos con sentido de país; generar, sistematizar y socializar conocimiento científico, tecnológico, social, humanístico y artístico; realizar proyectos dirigidos al desarrollo socioeconómico, ambiental, cultural y educativo de las comunidades y revitalizar el pensamiento latinoamericano.
Para lograr este proceso de despliegue del debate sobre la trasformación universitaria se requiere un proceso socio-político que trasciende al de la Ley de Educación Universitaria. Se trata de un proceso de apropiación colectiva que permita crear condiciones para profundizar un proyecto educativo pertinente, enmarcado en el proyecto de país planteado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y en la unión latinoamericana y caribeña; comprometido con la transformación de la sociedad venezolana y con la creación de una cultura democrática y
participativa, que amplíe el horizonte del estado de derecho y de justicia, y la configuración política que nos corresponde como pueblo.
De allí que el proceso de transformación universitaria se coloca en el centro de la relación entre universidad, sociedad y saber. Desde allí se define el debate sobre el rumbo de la transformación. En esta concepción de la transformación universitaria, la educación no sólo cumple su papel estratégico en la formación socio-política y tecno-productiva, sino que participa en la construcción y consolidación de un modelo de sociedad que proporcione felicidad a sus ciudadanos. Los forma e incorpora para lograr igualdad entre regiones y grupos sociales, para que participen en el cambio
radical de sus condiciones de vida, desde una perspectiva integral de la vida colectiva.
La invitación es a unir voluntades y sumarse de manera individual y colectiva a esta construcción compartida de una agenda de transformaciones para la educación universitaria en Venezuela.
Link de descarga: http://209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_201.pdf
El historiador Roberto Fernández Díaz (Hospitalet de Llobregat, 1954) dejará en mayo la presidencia de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) al expirar su mandato (dos periodos de cuatro años) al frente de la Universitat de Lleida. La CRUE es el principal órgano de representación de las instituciones académicas y ejerce la interlocución con el Gobierno. A Roberto Fernández le gustaría que su sucesor o sucesora tuviera dedicación exclusiva para mejorar la gobernabilidad de esta asociación integrada por 76 universidades (50 públicas y 26 privadas). Además, semanas antes de clausurar su mandato, habla de la necesidad de una nueva Ley Orgánica de Universidades, de la percepción que la ciudadanía tiene de las instituciones académicas y de la importancia de la divulgación en las sociedades contemporáneas.
Roberto Fernández, en la sede de CRUE Universidades Españolas.
¿Cómo cree que percibe la sociedad española la universidad y cómo le gustaría que fuera percibida?
Me gustaría que fuera vista como el motor del crecimiento económico y de la revitalización social. La percepción que se tiene sobre los profesores universitarios y los científicos es bastante alta. La gente piensa que la universidad es el lugar donde sus hijos pueden desarrollar con mayor positividad un proyecto vital y social, el lugar que proporciona más posibilidades de ascender. Hay una opinión informada que progresivamente se muestra más favorable. Quienes más cerca están de la universidad más la valoran.
Los poderes públicos, que están muy cerca de las universidades, las han sometido a múltiples recortes, sobre todo durante la crisis. ¿Se han sentido abandonadas?
En 2010 estábamos rozando el 1% del PIB. Ahora estamos en el 0,8%. En el marco de la sociedad del conocimiento y de una globalización trepidante, y cuando los países de nuestro entorno están invirtiendo mucho más en sus universidades, ¿cómo es posible que aquí estemos reduciendo los presupuestos públicos para las universidades?
¿Cuál es su respuesta?
La respuesta es vidriosa, compleja. En primer lugar, no somos un problema social. No ha habido una manifestación convocada por los rectores en el Paseo de la Castellana. Y no la habrá, porque somos gente muy prudente. Analicemos esto de forma metafórica: si no somos un problema social y hemos mantenido el barco a flote, ¿para qué nos van a dar más dinero? Yo solo admito que, antes que para las universidades, el dinero se destine a camas hospitalarias y a los parados. Por encima de eso, nada. El siguiente euro tendría que ir a las universidades. Porque ahí está nuestro futuro.
En definitiva: no somos un problema social y la nave va. La nave va, sí, pero con la misma gasolina y ésta se agotará algún día. La nave va a costa del sacrificio de la investigación. Eso lo pagaremos.
Además, el sector privado se va acercando cada vez más a la universidad, pero, salvo casos excepcionales, no es una fuente de financiación, porque, como ya hay un presupuesto público para las universidades, piensan: “Pues ya funcionarán. Al fin y al cabo, sus titulados son bastante competentes. Por tanto, ¿para qué vamos a meter dinero?”. Y esa falta del plus de financiación procedente del mundo privado también explica que la universidad se sienta un poquito sola.
¿Más universidades es sinónimo o antónimo de mejores universidades?
La lógica formal dice que más no es sinónimo de mejor. Y menos, tampoco. El número no hace la calidad en ningún caso.
¿Sobran universidades? Una de las cosas que descubre uno cuando está de dirigente universitario es la fuerza del tópico. Es como una muralla. Dan lo mismo los estudios comparativos, los análisis científicos. Siempre habrá alguien que diga que sobran universidades, pero si nos comparamos con la Europa de nuestro entorno en número de habitantes y de universidades, en España faltan universidades. En cualquier caso, no sobran.
Ahora bien, para un país, ¿qué es más importante: tener dos universidades entre las cien primeras o 40 entre las 800 primeras? Si me dan a elegir, no tengo la más mínima duda: 40 entre las 800 primeras de 22.000, porque eso es desarrollo territorial, cohesión, equidad social. Un joven español tiene un 20% más de posibilidades que un joven estadounidense de llegar a una de las mil mejores universidades del mundo. Lo importante no es tener una de las dos mejores universidades del mundo sino a dónde va tu hijo. Y tu hijo no va a ir a Harvard, porque allí hay solo 12.000 estudiantes, y además muchos no son becados.
Roberto Fernandez es partidario de que la presidencia de la CRUE sea de dedicación exclusiva.
Decía hace un año que las universidades no pueden aguantar más.
Todos podemos aguantar más, pero algunos no deberíamos hacerlo porque la trascendencia de lo que hacemos es vital para el proyecto de país.
La sociedad española, especialmente su clase dirigente, debería hacer un esfuerzo mayor por revalorizar, querer y dar las gracias a su universidad, que ha contribuido al desarrollo más espectacular de la Historia de España.
Es muy importante para los españoles que su universidad funcione bien porque influye en sus proyectos vitales. La suma de esos proyectos vitales se llama nación. Yo no soy nacionalista español, y no creo en las ligas nacionales, pero puestos a que existan prefiero estar en los puestos de cabeza, como expresión de lo que ofrecemos a los españoles, no como expresión de una España abstracta.
Yo soy hijo del nocturno (turnos docentes a última hora del día para facilitar los estudios a trabajadores). Si nadie hubiera puesto el nocturno de Historia en la Universidad de Barcelona en los años setenta, ahora estaría trabajando en el taller de plancha y pintura de mi padre. Alguien tomó una decisión social gracias a la cual salimos de esas clases siete u ocho catedráticos de universidad. Eso es trabajar por la gente que sumando trabaja por un país.
Ahora que por fin parecía haber consenso para una nueva ley universitaria llega el Gobierno y adelanta elecciones.
Hay consenso. Lo que era un tren que iba muy bien encarrilado porque tenía el consenso de los agentes sociales y de todos los partidos parlamentarios, y cuando el ministerio estaba pensando en la mejor estrategia, llegó el adelanto electoral. Pero tengo la impresión de que estamos ante un hecho imparable. Van a tener que explicar muy bien sus señorías que, habiendo el consenso que hay, no se constituya la comisión para discutir la ley de universidades de España al mes de iniciar la próxima legislatura. Creo que es muy difícil que no se haga.
¿Por qué y, sobre todo, para qué necesita España una Ley Universitaria?
Toda ley de largo recorrido tiene que dialogar con su contexto histórico. A veces se puede reformar la legislación existente y otras veces hay que cambiarla. Depende de dos cosas: Que el contexto de cambio sea muy fuerte y que un conjunto de reformas no nos asegure llegar a la situación ideal.
En los últimos 25 años el proceso de globalización mundial se ha hecho imparable. En él se ha puesto como centro y motor la sociedad del conocimiento para la innovación a través de la transferencia. Eso es así y no va a ser distinto en muchísimos años. Es decir, el contexto mundial y europeo dictan que para que la universidad siga cumpliendo su función necesite una ley que permita hacerlo en el marco de la globalización a través de la sociedad del conocimiento.
Una Ley Orgánica es un todo coherente y en la universidad no puedes tocar profesorado sin que repercuta en internacional, y no puedes tocar internacional sin que repercuta en investigación o en movilidad. Es un todo. Corríamos el peligro enorme, que hay que evitar a toda costa, de hacer reformas parciales que no dialogaran entre sí y que produjeran un monstruo lleno de disfuncionalidades e incoherencias. Señoras y señores, sentémonos a la mesa, abramos el mapa mundi, veamos cómo funciona la globalización, veamos el papel de las universidades en el mundo, veamos cómo está nuestra universidad, cuáles son sus puntos débiles. Y veamos entre todos, por consenso, es fundamental, qué nueva Ley Orgánica tenemos que hacer.
¿Son autónomas las universidades, como proclama la Constitución?
El hecho de que la Constitución proclame la autonomía es un bien impagable. Consagra la libertad de cátedra, de investigación, de docencia… Eso es fundamental. Ahora bien, esa autonomía ¿significa también autonomía en el gobierno de las universidades? Yo creo que el trecho que queda por recorrer es inmenso. Nosotros proponemos y el Gobierno autoriza. Que los gobiernos intervengan en cómo se gasta el dinero público que se invierte en la universidad va de suyo. Nada que decir. Pero cuando yo cojo mi presupuesto me queda el 5% libre para hacer política. El otro 95% está ya adjudicado. Si la política de títulos me la aprueba el Gobierno, si el precio de la matrícula me lo pone el Gobierno, si la política de profesorado la articula el Gobierno, entonces la autonomía universitaria queda claramente mermada.
Creo que las universidades deberíamos ganar en autonomía real para singularizar nuestras propias universidades identificándolas en el mapa de las universidades españolas. Tenemos que asumir la responsabilidad de decidir en nuestros claustros, respetando el marco general que es la ley, qué políticas aplicamos; por ejemplo, aquellas que iban en nuestro programa electoral y gracias a las que se nos eligió rector… Eso es la autonomía, no el autogobierno. Como ya he dicho, la autonomía es un bien impagable, pero creo que la autonomía real hoy en día es una utopía en la universidad española hacia la que hay que caminar mediante más flexibilidad y creo, también, que las comunidades universitarias deben asumir mayor responsabilidad en la definición de sus universidades.
¿En qué situación se encuentra la fiscalización de las universidades?
En estos momentos no hay ningún trabajador de la Universidad procesado por malversación de fondos públicos. Lo que quiero decir es que deben confiar en nosotros porque como servidores públicos hemos demostrado nuestro gran sentido de la responsabilidad. Aunque también hay que decir una cosa que se dice poco. Parte de esa vigilancia no es española, es europea. La UE también nos carga de burocracia.
¿Cómo encaja la divulgación en la carrera profesional universitaria?
La divulgación científica tiene una utilidad social extraordinaria. A veces nos dicen a los científicos que escribamos para que nos entienda todo el mundo. Cuidado: Los científicos, cuando estamos en la academia, escribimos para nosotros, y cuanta más conceptualización haya más cerca estaremos de conseguir buen conocimiento.
Ahora bien, tenemos cierta obligación moral de transferir ese conocimiento de forma completamente distinta a quien nos paga, pero no todos servimos para eso.
Aquellos que tengan vocación y sirvan para divulgar deben tener un reconocimiento en su CV en los tramos de transferencia que propusimos desde la CRUE al Ministerio de Ciencia.
Vamos a potenciar y a primar la transferencia divulgativa. Ahí entran en juego fórmulas como The Conversation, como los máster de divulgación científica o la presencia de divulgadores profesionales en los medios.
En los medios como la televisión apenas hay ejemplos de divulgación científica. Destaca Órbita Laika, pero hay poco más, a pesar que desde hace años se ha demostrado que la divulgación científica es atractiva.
El éxito de propuestas divulgativas como The Conversation será en parte el éxito de la ciencia española. Una parte de ese éxito pasa por su aplicabilidad al tejido productivo, otra por su aplicabilidad al concepto de ciudadanía, pero otra parte pasa porque el ciudadano perciba que cuando un euro suyo se va a la ciencia está haciendo una gran inversión para su vida. Y hay que llegar a ese ciudadano con la divulgación.
Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 14 de abril de 2019. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.
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México / 7 de abril de 2019 / Autor: Manuel Gil Antón / Fuente: Educación Futura
A pesar de la atracción que genera tratar de dilucidar lo que sucederá con la iniciativa de cambios al artículo Tercero Constitucional, aledaños y conexos, conviene ampliar la mirada para ubicar la coyuntura en una perspectiva histórica que, quizá, contribuya a comprender por qué estamos donde estamos en el debate actual. Si analizamos lo ocurrido con las reformas al artículo 3o. a partir de 1917, hallaremos cuándo el texto constitucional se salió de madre —del cauce natural donde expresar el proyecto educativo del Estado y sus normas generales— y se convirtió en un espacio para meter todo, para resolver todo, y dejarlo atado y bien atado.
Hay un momento en que el artículo se usó como cajón de sastre al incluir, además de nociones generales, normas administrativas, procedimientos detallados de diversa índole, reglamentos y hasta políticas específicas. El texto de 1917 enuncia el rumbo, características y valores centrales de la educación en el país, derivados de la Revolución, así como regulaciones generales: le bastan 3 párrafos y 71 palabras. En 1934, la reforma declara que la educación será socialista e implicó aumentar el texto a 371 palabras en 10 párrafos. En 1946, el cambio se basa en una redacción orientada a la unidad nacional por medio del desarrollo armónico de “todas las facultades del ser humano”.
Requiere 533 palabras y 12 párrafos. En 1980, se modifica al “elevar a rango constitucional la autonomía universitaria”. Se adiciona un apartado que, entre otras cosas, determina que los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico serán facultad exclusiva de las universidades autónomas, pero señala con claridad que “las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo se normarán por el Apartado “A” del artículo laboral.
En 1992 hay ajustes: 650 palabras y 13 renglones. Al año siguiente, la secundaria pasa a ser parte de la educación obligatoria (709 palabras y 15 renglones). En 2002, el precepto de obligatoriedad del preescolar: la cantidad de renglones permanece e incluye 728 palabras. En 2011 y 2012, sendas reformas incorporan, una, los derechos humanos y, la otra, a la educación media superior como obligatoria gradualmente. Emplean cerca de 770 palabras.
La inflexión ocurre en 2013. La reforma del Pacto salta a 2,402 palabras y 43 renglones. Es otro orden de magnitud: multiplica por tres lo previo. ¿Por qué? Porque además del contenido previo, con el argumento (¿pretexto?) de incluir el término calidad, se incorporan al tercero y sus transitorios, con el mismo peso que la laicidad o la gratuidad, aspectos laborales y administrativos: las modalidades para el ingreso, promoción y permanencia del magisterio; el Sistema Nacional de Evaluación; la autonomía, funciones y modelo de gobierno del INEE así como sus formas de elección y plazos; el Servicio Profesional Docente y más.
De todas sus palabras, 62% remiten a lo laboral y administrativo, y sólo 38% a lo sustancial. En lugar de preservar en el artículo tercero el sentido y los valores de la educación, para que las Leyes Reglamentarias establecieran los detalles, las cuestiones laborales fuesen remitidas a su sitio (el artículo 123) y lo administrativo al espacio de trabajo de la SEP, se decidió que todo era materia constitucional para que tuviera fuerza y fuese incontestable. Hoy se está trabajado sobre este error.
La aplanadora soberbia del Pacto por México lo convirtió en un galimatías para asegurar el control del magisterio, su desabrigo laboral y una “rectoría” centralista del sistema educativo y sus recursos, no de la educación. Ahí, Zavalita, se jodió el Perú.
Fuente de la Imagen: https://www.youtube.com/watch?v=TPT7tmpXP7A
Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 7 de abril de 2019. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.
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Guatemala / 18 de noviembre de 2018 / Autor: Mateo Colussi / Fuente: Aporrea
En Guatemala, la educación superior sigue siendo un lujo. Un escaso 3% de la población tiene acceso a la universidad. El porcentaje de graduados universitarios comparado con otros países, con Cuba por ejemplo, es ínfimo. Seguimos siendo una sociedad analfabeta (más de 20% de analfabetismo abierto). Y en la universidad –obligado es decirlo– el texto básico es Wikipedia. ¿Cuántos libros por mes leíste este año?
La universidad pública, la San Carlos de Guatemala, tiene una historia heroica, legendaria. Fue una de las primeras en el continente, fundada en 1676. Para ese entonces, en los primeros años de la Conquista española, Latinoamérica tenía varias universidades. En 1636, cuando apenas nacía la de Harvard en Estados Unidos, ya había trece universidades en la región latinoamericana. Pero en todos los casos se seguía el modelo medieval traído de Europa, asociado siempre con los poderes de la realeza y de la Iglesia católica.
Con los años, ese modelo fue cambiando, aunque persisten reminiscencias (las graduaciones, por ejemplo, con toda su parafernalia quasi medieval). Hoy, con el triunfo omnímodo del neoliberalismo, la universidad está al total servicio del mercado, enfatizando la noción de «universidad empresarial», donde lo que cuenta es la óptima relación costo-beneficio concebida solo desde el lucro privado. Lo comunitario no cuenta. Actualmente, dado ese paradigma, fue debilitándose o esfumándose la idea de desarrollo social, de extensión y servicio a la comunidad. De ese modo se termina olvidando el Artículo 82 de la Constitución, que establece que la universidad pública «cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales».
A principios del siglo XX, en toda Latinoamérica tienen lugar procesos de autocrítica y explosión renovadora en el seno de las universidades. Surgidas en la de Córdoba, Argentina, en 1918, las protestas estudiantiles denunciaban la permanencia de estructuras clasistas y oligarcas en instituciones que no respondían a los procesos de modernización social que vivía el país por aquel entonces, con casas de altos estudios aún organizadas según criterios semi-medievales arrastrados durante toda la Colonia, sentando así las bases para una ola de reformas universitarias y crítica social que en las primeras décadas del siglo va a barrer toda la región. En Guatemala, la reforma universitaria llega en 1944. Las banderas fundamentales levantadas por estos movimientos eran la autonomía universitaria y la cogestión, elementos que se consideraron principios necesarios para convertir a las universidades en motores eficientes de la democratización social y cultural, y por tanto del desarrollo nacional.
Con su autonomía, la USAC se convirtió en un centro de denuncias, semillero de luchas políticas y protestas contra el orden social imperante. Por décadas fue un referente en la vanguardia intelectual, pasando a ser centro de pensamiento crítico, lugar donde se inspiraron numerosas propuestas de transformación revolucionaria. Pero todo eso ha cambiado en estas últimas décadas, a partir de una represión monstruosa que costó vidas y exilios, degradando deliberadamente a la Tricentenaria en su nivel académico. Cambiado, claro está, a favor del gran capital y no en provecho de las mayorías populares.
Hoy día es imprescindible profundizar la autonomía universitaria; ante la ola neoliberal y privatista que nos maniata, y que sigue golpeando a la educación superior pública. Ante ello es imprescindible mantener la autonomía de la universidad, para seguir fieles al precepto constitucional de ser un ente al servicio del pueblo, dado que el pueblo mismo es quien la financia con sus impuestos.
Pero el gobierno central no parece pensar lo mismo. Seguramente escuchando las recomendaciones dadas al oído por la derecha («Les damos el 5% constitucional si limpian la U de zurdos», dicen que le dijeron al Rector en el Congreso), hoy día está en abierta confrontación con la Carolingia. La decisión del Consejo Superior Universitario de la San Carlos de haber decretado non grato al presidente Jimmy Morales y al vice Jafeth Cabrera por su poca transparencia en la lucha contra la corrupción, trajo como consecuencia esta «pasada de factura»: para el año 2019 los Padres de la Patria (¿?) recortan el presupuesto de la universidad, en beneficio del ejército. Así las cosas…. ¡ni a Wikipedia llegaremos!
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