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Universidades públicas de Costa Rica piden no aprobar plan fiscal

Centro América/Costa Rica/25 Octubre 2018/Fuente: Prensa Latina

Universidades públicas de Costa Rica solicitan a los diputados no aprobar la reforma fiscal en el segundo y definitivo debate, según indican las respuestas de estos centros educativos a la Asamblea Legislativa, divulgadas hoy aquí.
Luego de sancionar el pasado día 5 por 35 votos a favor y 22 en contra en primer debate el proyecto legal Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, plan o reforma fiscal, la directiva del Legislativo tico envió a consulta -requisito de ley- el texto a diversas entidades para conocer su parecer.

Las universidades Nacional (UNA), la de Costa Rica (UCR) y la Estatal a Distancia (UNED) reconocen la crisis fiscal del país, pero piden que no se apruebe esta iniciativa en segundo debate, si antes no se corrigen los aspectos que consideran lesivos, de acuerdo con las respuestas de esos centros de estudio, publicadas por el informativo digital crhoy.com.

La UNA precisa que el plan fiscal viola la autonomía universitaria, fundamentado en que su artículo tres contradice disposiciones específicas de la Ley de Salarios para el Sector Público que ya estas instituciones tienen reguladas como parte de su posibilidad de gobierno propio y organización.

La UNED sostiene que la legislación debe reconocer y respetar esa autonomía de los centros superiores sobre la toma de decisiones y demás acciones propias de la administración de su personal, potestad que les permite atraer, mantener y evaluar el personal más calificado que se requiere para el debido cumplimiento de sus funciones.

De su lado, la UCR considera que la iniciativa legal causaría un perjuicio sustantivo a la autonomía universitaria, así como la misión social que tiene la educación superior estatal universitaria.

Asimismo, señala que el proyecto legal ‘otorga potestades de intervención directa al Ministerio de Hacienda para congelar, reducir y fijar montos asignados por ley a las universidades estatales, en contraposición con nuestra carta magna y el espíritu del legislador constituyente.

Finalmente, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) lleva esta misma posición, con la diferencia de que recomiendan cambiar el texto en el artículo cinco sobre regla fiscal.

Las universidades públicas de Costa Rica rechazan también que dentro del ocho por ciento del Producto Interno Bruto destinado a los centros de altos estudios se incluya al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), así como el gravamen de un dos por ciento para la compra de bienes y servicios, tal cual quedó establecido en el plan fiscal.

Además de los señalamientos mencionados por las universidades públicas, el proyecto legal tiene respuesta negativa de la Corte Suprema de Justicia, mientras afiliados a agrupaciones obreras y sociales realizan desde el 10 de septiembre una huelga general por tiempo indefinido con el objetivo de que dicha reforma fiscal no sea aprobada.

Los huelguistas estiman que sus impuestos y medidas afectarán sensiblemente a la clase trabajadora y a los más pobres del país.

También, al menos 10 diputados -los exigidos por ley- consultaron la semana anterior a la Sala IV sobre la constitucionalidad del proyecto legal, y la respuesta puede tardar un mes.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=221956&SEO=universidades-publicas-de-costa-rica-piden-no-aprobar-plan-fiscal
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Autonomía universitaria es misión obligatoria de la educación en Vietnam, afirma vicepremier

Asia/Vietnam/09 Agosto 2018/Fuente: vietnamplus

Representantes del Gobierno vietnamita y del Consejo nacional para la Educación y el Desarrollo de los Recursos Humanos debatieron en esta capital el proyecto de Ley de modificación y complementación de algunos artículos de las legislaciones de Educación Superior y de Educación (enmendada)

El vicepremier Vu Duc Dam en la reunión (Fuente: VNA)

Al hablar en la cita, efectuada la víspera, el vicepremier Vu Duc Dam abogó por incluir en esas leyes contenidos referentes a la formación de alta calidad y también de los estudiantes talentosos.

Notificó que la modificación de esas legislaciones busca responder las demandas de industrialización y modernización en el contexto marcado por el desarrollo de la economía de mercado con orientación socialista y el incremento de la integración internacional.

Asimismo, subrayó que la autonomía universitaria es una misión obligatoria de Vietnam.

Exhortó a trazar un itinerario a largo plazo, priorizando el estímulo a la creatividad y la elevación de la conciencia de la población sobre la importancia de esas labores.

Durante la cita, representantes del Ministerio de Formación y Educación destacaron la decisión de añadir en la Ley de Educación (modificada) la norma de conceder a los niños de cinco años de edad el derecho de acceder de forma gratuita a los servicios educativos en los círculos infantiles y también a los estudiantes de secundaria de las escuelas públicas.

Al referirse a las regulaciones sobre la gestión de las escuelas especializadas, el comité redactor de la Ley de Educación propuso mantener el funcionamiento actual de esos centros educativos.

A su vez, la presidenta del Consejo administrativo de la escuela primaria Doan Thi Diem, Nguyen Thi Hien, expresó su preocupación por la “pérdida de la sustancia gris”, explicando que varios educandos consideran el acceso a esos colegios como una “palanca” para obtener becas escolares en países extranjeros.

En tanto, la jefa del Departamento de Educación Superior de la cartera vietnamita, Nguyen Thi Kim Phung, propuso adoptar criterios precisos para determinar la diferencia en la posición jurídica entre escuelas, academias, institutos de estudios científicos y universidades.

Los delegados resaltaron el empeño del Estado en aplicar mecanismos adecuados destinados a la distribución de los recursos para la educación superior según los principios de competitividad, equidad y eficiencia.

Destacaron, además, la clara distinción entre la gestión estatal y la administración universitaria y el impulso del derecho autónomo de las escuelas.

Según los especialistas, de esa manera la gestión estatal solo se centra en la planificación de estrategias.

Fuente: https://es.vietnamplus.vn/autonomia-universitaria-es-mision-obligatoria-de-la-educacion-en-vietnam-afirma-vicepremier/91334.vnp

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La Reforma Universitaria de 1918, un gran avance de la democracia

Autor: Carlos Mendoza

“El movimiento reformista de 1918 fue una extraordinaria avanzada democratizadora para las universidades argentinas, pero también un importante aporte en igual sentido para las universidades latinoamericanas y de todo el mundo, donde sus ideas se extendieron y aplicaron, incluso en Europa luego de las luchas iniciadas en el “Mayo Francés” de 1968.”

En mi paso por la Universidad Nacional de Córdoba, donde me gradué como ingeniero en 1967, tuve la ocasión de participar en instituciones universitarias (1) que fueron producto de la histórica gesta estudiantil de 1918 y de comprender con esa experiencia el profundo legado de aquellos eventos conocidos como “La Reforma Universitaria”, cuya justificación y contenido quedaron expresados en el Manifiesto Liminar (1) emitido por aquellos esclarecidos, valientes y luchadores dirigentes estudiantiles, entre los que se destacó Deodoro Roca.

El contexto nacional y mundial de aquellos años era de cambios revolucionarios. Se había producido la revolución rusa de 1917, estaba en pleno proceso la revolución mexicana (1910-1920) y en nuestro país ejercía la presidencia el gran líder popular Hipólito Yrigoyen que ganó la primera elección por voto universal de nuestra historia en 1916. No es de extrañar entonces que este contexto haya influenciado al movimiento reformista estudiantil de 1918, que viniera a remover en la muy tradicional y conservadora Universidad de Córdoba a los sectores oligárquicos anquilosados en las cátedras y en la dirección de la universidad y a sus métodos retrógrados, impulsando una revolucionaria democratización y modernización: autonomía universitaria; gobierno tripartito de profesores estudiantes y egresados; nombramiento y renovación por períodos limitados de profesores, por concursos de oposición y antecedentes; libertad de cátedras; extensión de la universidad hacia la sociedad; libertad de expresión, manifestación y organización en las universidades; gratuidad y libre ingreso; entre otras reivindicaciones progresistas.

El movimiento reformista de 1918 fue una extraordinaria avanzada democratizadora para las universidades argentinas, pero también un importante aporte en igual sentido para las universidades latinoamericanas y de todo el mundo, donde sus ideas se extendieron y aplicaron, incluso en Europa luego de las luchas iniciadas en el “Mayo Francés” de 1968.

La combinación de autonomía universitaria y gobierno tripartito, representaron un importante salto cualitativo de la democracia en las universidades públicas, porque permitieron que se gestionaran con un sistema participativo, permitiendo que estudiantes y egresados cogobernaran, conjuntamente con los profesores, algo inédito hasta ahí. En el largo camino histórico mundial de construir una sociedad con una institucionalidad de democracia participativa, superadora de la democracia liberal solamente representativa y delegataria, este aporte de la Reforma Universitaria en Argentina no deja de ser de gran significación. Podemos por ejemplo hacer el paralelo con la necesidad de impulsar la participación de los asalariados en la gestión de las empresas y en la administración pública, como vía para construir una sociedad más democrática, libre y justa.

Las ideas de extensión universitaria hacia la sociedad, impulsaron a su vez que las universidades públicas fueran, por un lado, caja de resonancia de los problemas de la sociedad, pero además que intervinieran externamente y de diversas formas en esa realidad, lo cual se verificó particularmente por parte del claustro estudiantil. Pude participar en eso y constatar su importancia cuando, en 1966, integrando la Coordinadora Estudiantil que dirigió la gran huelga y acciones estudiantiles contra la intervención universitaria impuesta por la dictadura militar de Onganía, la movilización estudiantil logró el importante apoyo de los trabajadores, entre ellos del inolvidable Agustín Tosco, así como de vastos sectores populares en Córdoba, lo cual creo fue a su vez preámbulo de los eventos que se produjeron en 1969 con el “Cordobazo”, que tuvieran gran importancia en que la dictadura militar se viera finalmente obligada a retroceder y llamar a elecciones en 1973. Los diversos sucesos históricos de unidad obrero-estudiantil han sido, en parte no menor, una de las consecuencias de las ideas de la Reforma Universitaria.

En cuanto al aspecto académico, la designación de profesores por períodos de tiempo limitado y su designación y eventual renovación mediante concursos de oposición y antecedentes, la autonomía y el gobierno tripartito, han contribuido a que las universidades públicas en Argentina tengan un reconocido nivel de calidad, a pesar de las permanentes restricciones presupuestarias y las lamentables irrupciones que sufrieron durante las dictaduras militares.

Otros logros como la gratuidad y el ingreso libre han permitido que muchos estudiantes de origen económico humilde hayan podido estudiar en las universidades públicas, aun cuando muchas veces hayan tenido simultáneamente que trabajar, aportando así algo de justicia social en la sociedad capitalista injusta en que vivimos.

La Reforma Universitaria impulsó a que tuviéramos más libertad, justicia, democracia y nivel académico en las universidades y a que quienes pasan por su seno tengan asimismo la oportunidad de elevar su conciencia social y de comprometerse en consecuencia en la sociedad en que viven, para ser así “sujetos activos de la Historia y no objetos pasivos”.

Nota:

(1) Manifiesto Liminar: http://www.tesis11.org.ar/wp-content/uploads/2018/06/Manifiesto-Liminar-3.doc

Carlos Mendoza es el seudónimo utilizado por Carlos Domingo Alonso durante la dictadura militar iniciada en 1976 y actualmente como escritor. Es ingeniero, escritor, especializado en temas políticos y económicos. Fue miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba en representación del claustro estudiantil entre 1965 y 1966 y presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería en esa universidad entre 1964 y 1965. Integró la Mesa Coordinadora Estudiantil que dirigió la huelga general en la Universidad de Córdoba en 1966, contra la intervención de las universidades impuesta por la dictadura de Onganía. Es cofundador y miembro de la dirección de Tesis 11.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=243979

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Declaración de la III Conferencia Regional de la Educación Superior

Declaración de la III Conferencia Regional de la Educación Superior

 

  1. Preámbulo

Mujeres y hombres de nuestra América, los vertiginosos cambios que se producen en la región y en el mundo en crisis nos convocan, a luchar por un cambio radical por una sociedad más justa, democrática, igualitaria y sustentable.

Hace un siglo, los estudiantes reformistas proclamaron que “los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan” y no podemos olvidarlo, porque aún quedan y son muchos, porque aún no se apagan en la región la pobreza, la desigualdad, la marginación, la injusticia y la violencia social.

Los universitarios de hoy, como los de hace un siglo, nos pronunciamos a favor de la ciencia desde el humanismo y la tecnología con justicia, por el bien común y los derechos para todas y todos.

La III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, refrenda los acuerdos alcanzados en las Declaraciones de la Reunión de la Habana (Cuba) de 1996, la Conferencia Mundial de Educación Superior de París (Francia) de 1998, y de la Conferencia Regional de Educación Superior celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) en 2008, y reafirma el postulado de la Educación Superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber de los Estados. Estos principios se fundan en la convicción profunda de que el acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña.

Reivindicamos la autonomía que permite a la universidad ejercer su papel crítico y propositivo frente a la sociedad sin que existan límites impuestos por los gobiernos de turno, creencias religiosas,  el mercado o  intereses particulares. La defensa de la autonomía universitaria es una responsabilidad ineludible y de gran actualidad en América Latina y el Caribe y es, al mismo tiempo, una defensa del compromiso social de la universidad.

La educación, la ciencia, la tecnología y las artes deben ser así un medio para la libertad y la igualdad, garantizándolas  sin distinción social, género, etnia, religión ni edad.

Pensar que las tecnologías y las ciencias resolverán los problemas acuciantes de la humanidad es importante pero no suficiente. El diálogo de saberes para ser universal ha de ser plural e igualitario, para posibilitar el diálogo de las culturas.

Las diferencias económicas, tecnológicas y sociales entre el norte y el sur y las brechas internas entre los Estados no han desaparecido sino que han aumentado. El sistema internacional promueve el libre intercambio de mercancías, pero aplica excluyentes regulaciones migratorias. La alta migración de la población latinoamericana y caribeña muestra otra cara de la falta de oportunidades y la desigualdad que afecta, sobre todo, a las poblaciones más jóvenes. La desigualdad de género se manifiesta en la brecha salarial, la discriminación en el mercado laboral y en el acceso a cargos de decisión en el Estado o en las empresas. Las mujeres de poblaciones originarias y afrodescendientes son las que muestran los peores indicadores de pobreza y marginación.

La ciencia, las artes y la tecnología deben constituirse en pilares de una cooperación para el desarrollo equitativo y solidario de la región, basadas en procesos de consolidación de un bloque económicamente independiente y políticamente soberano.

Las débiles regulaciones de la oferta extranjera han profundizado los procesos de transnacionalización y la visión mercantilizada de la educación superior, impidiendo cuando no cercenando, en muchos casos, el efectivo derecho social a la educación. Es fundamental revertir esta tendencia e instamos a los Estados de América Latina y el Caribe a establecer rigurosos sistemas de regulación de la educación superior y de otros niveles del sistema educativo.

Frente a las presiones por hacer de la Educación Superior una actividad lucrativa es imprescindible que los Estados asuman el compromiso irrenunciable de regular a las instituciones públicas y privadas, cualquiera sea su modalidad y promoviendo la diversidad institucional, para hacer efectivo el acceso universal, la permanencia y la titulación de la educación superior, atendiendo a una formación de calidad con inclusión, diversidad y pertinencia local y regional.

De manera similar al año 1918, actualmente “la rebeldía estalla” en América Latina y el Caribe, y en un mundo donde el sistema financiero internacional concentran a las minorías poderosas, y empuja a las grandes mayorías a los márgenes de la exclusión, la precariedad social y laboral.

Con todo y los enormes logros que se han alcanzado en el desarrollo de los conocimientos, la investigación y los saberes de las universidades y de los pueblos, un sector importante de la población latinoamericana, caribeña y mundial, se encuentra sin acceso a los derechos sociales básicos, al empleo, a la salud, al agua potable o a la educación. En pleno siglo XXI millones de niños, jóvenes, adultos y ancianos, están excluidos del actual progreso social, cultural, económico y tecnológico. Aún más, la desigualdad regional y mundial es tan pronunciada, que en muchas situaciones y contextos existen comunidades que no tienen acceso a la educación superior, porque ésta aún sigue siendo un privilegio y no un derecho, como anhelaron los jóvenes en 1918.

En el Centenario de la Reforma, no somos ajenos al sufrimiento humano ni al mandato de la historia. No podemos seguir indiferentes al devenir del orden colectivo, a la lucha por la verdad heroica y al anhelo trascendente de la libertad humana. La Educación Superior debe constituirse desde los liderazgos locales, estatales, nacionales e internacionales, tal y como ahora están aquí representados plenamente.

Desde estos posicionamientos, será posible llevar a cabo una nueva e histórica transformación de la educación superior desde el compromiso y responsabilidad social, para garantizar el pleno ejercicio al derecho a la educación superior pública, gratuita y de amplio acceso.

En consonancia con el cuarto Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda de Desarrollo adoptada por la UNESCO (2030), instamos a los Estados a promover una vigorosa política de ampliación de la oferta de educación superior, la revisión en profundidad de los procedimientos de acceso al sistema, la generación de políticas de acción afirmativas —con base en género, etnia, clase y capacidades diferentes— para lograr el acceso universal, la permanencia y la titulación.

En este contexto, los sistemas de educación superior deben pintarse de muchos colores, reconociendo la interculturalidad de nuestros países y comunidades, para que la educación superior sea un medio de igualación y de ascenso social y no un ámbito de reproducción de privilegios. No podemos callarnos frente a las carencias y dolores del hombre y de la mujer, como sostuvo Mario Benedetti con vehemencia, “hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio”.

Hace un siglo los estudiantes Reformistas denunciaron con firmeza que en una Córdoba y en un mundo injusto y tiránico, las universidades se habían convertido en el “fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil”. Ha pasado el tiempo y ese mensaje cargado de futuro nos interpela y nos atraviesa como una flecha ética, para cuestionar nuestras prácticas. ¿Qué aportamos para la edificación de un orden justo, la igualdad social, la armonía entre las Naciones y la impostergable emancipación humana?; ¿Cómo contribuimos a la superación del atraso científico y tecnológico de las estructuras productivas?; ¿Cuál es nuestro aporte a la forja de la identidad de los pueblos, a la integridad humana, a la igualdad de género y al libre debate de las ideas para garantizar la fortaleza de nuestras culturas locales, nacionales y regionales?

Es por eso que creemos fehacientemente que nuestras instituciones deben comprometerse activamente con la transformación social, cultural, política, artística, económica y tecnológica que es hoy imperiosa e indispensable. Debemos educar a los dirigentes del mañana con conciencia social y con vocación de hermandad latinoamericana. Forjemos comunidades de trabajo donde el anhelo de aprender y la construcción dialógica y crítica del saber entre docentes y estudiantes sea la norma. Construyamos ambientes democráticos de aprendizaje, donde se desenvuelvan las manifestaciones vitales de la personalidad y se expresen sin límites las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.

La educación superior a construir debe ejercer su vocación cultural y ética con la más plena autonomía y libertad, contribuyendo a generar definiciones políticas y prácticas que influyan en los necesarios y anhelados cambios de nuestras comunidades. La educación superior debe ser la institución emblemática de la conciencia crítica nacional de nuestra América.

Las instituciones de educación superior están llamadas a ocupar un un papel preponderante en la promoción y fortalecimiento de las democracias latinoamericanas, rechazando las dictaduras y atropellos a las libertades públicas, a los derechos humanos y a toda forma de autoritarismo en la región. Expresamos nuestra solidaridad con las juventudes, de nuestra América y del mundo, cuya vida celebramos, y reconocemos, en sus luchas y anhelos, nuestras propias aspiraciones a favor de la transformación social, política y cultural.

La tarea no es simple, pero es grande la causa e ilumina el resplandor de su verdad. Se trata, como profetizó el Manifiesto Liminar, de mantener alto el “sentido de un presagio glorioso, la virtud de un llamamiento a la lucha suprema por la libertad”.

Mujeres y hombres del continente, miremos hacia el futuro y trabajemos sin pausa en la reforma educacional permanente, en el renacer de la cultura y de la vida de nuestras sociedades y pueblos.

Presentada en la asamblea de la III Conferencia Regional de Educación Superior celebrada en la Universidad Nacional de Córdoba, a los 14 días del mes de junio de 2018.

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CRES 2018: Amenazada la educación universitaria con injerencia del Banco Mundial

América del Sur/ Argentina/ 18.06.2018/ Fuente: www.pressenza.com.

En Córdoba – Argentina, se realiza la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior, conocida como CRES 2018 que coincide con el Centenario de la Reforma Universitaria de 1918. Reúne a rectores, docentes y estudiantes de toda Latinoamérica, con el fin de delinear las próximas tendencias en materia educativa tanto para Argentina como para el resto de la Región. Este Congreso es preparatorio a un Congreso que se realizará a nivel mundial en París en el año 2019.

Sin embargo, hay voces críticas a este evento. Javier Tolcachier de la Agencia Pressenza y del Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica dialogó con Macarena Ubal de la Asamblea Interfacultades de la Universidad Nacional de Córdoba.

La educación como variable de ajuste, razones de la movilización

Las asambleas que se han autoconvocado y organizado en la Universidad Nacional de Córdoba se posicionan en contra de esta Conferencia porque consideran que detrás está el Banco Mundial. En Argentina ya se vivieron las consecuencias de las políticas asesoradas por el Fondo Monetario Internacional y lo que significó en la década de los noventa para el país.

Para Macarena, como integrante de esta movilización, estas políticas desean apuntar el modelo educativo al servicio de las grandes empresas, del mercado, donde la educación es una variable más de ajuste, que se traduce en recorte de presupuestos, redireccionamiento de los recursos, lo que a su vez implica acabar con el conocimiento crítico, especialmente en las áreas de sociales y humanidades. Básicamente – reitera- es abrir las puertas de las universidades públicas de par en par a las empresas a través de convenios, el arancelamiento  y recortes de grados para pasarlo a postgrados pagos.

Rechazo al recorte de incumbencias

A partir de una resolución del Ministerio de Educación, la 1274, se afecta a 37 carreras de grado en universidades públicas, donde se recorta o limita el alcance que tienen los títulos, es decir una devaluación. Por ejemplo, si antes se podían ejercer 20 alcances diferentes a partir de los títulos, actualmente hay facultades que se limitan a 5 incumbencias, eso implica recortar planes de estudio, con menos contenidos en las carreras, justificado en la caracterización de que actualmente las licenciaturas de 5 años son muy rígidas para el mercado. Se promueve la falsa idea que el mercado necesita personal menos calificado, y por ende, mano de obra más barata, entonces quien quiera especializarse tiene que pagar dentro de la universidad pública para formarse.

Riesgo para la educación pública, laica y gratuita. Amenaza para la autonomía universitaria

Para Macarena urge la defensa de la educación pública, sobre todo en el marco del centenario que impulsó la autonomía universitaria y enfrentó el conservadurismo dentro de launiversidad pública. Señala que entendiendo el contexto nacional ahora se ajusta la salud, previsional y el ámbito laboral,  la educación no escapa a una política de ajuste con la que América Latina ha sido saqueada y puesta al servicio de los organismos de crédito. Como estudiantes estamos llamados a la tarea histórica de retomar las banderas de la reforma y defender la educación que está en peligro.

Fuente: https://aler.org/node/3898

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México: Inicio de la huelga estudiantil de 1929 (Audio)

México / 27 de mayo de 2018 / Autor: Radio UNAM / Fuente: Fonoteca Nacional

  • Escuchas: Entrevista realizada precisamente a Alejandro Gómez Arias, principal dirigente estudiantil de aquel acontecimiento que marcó parte del futuro de la actual Universidad Autónoma de México.
  • Colección: Radio UNAM
  • Descripción: En su testimonio Gómez Arias señala que la participación juvenil es esencial en cualquier sociedad y que, lejos de una crítica hacia las nuevas generaciones, hay que escucharlas. El documento sonoro que a continuación reproducimos proviene de un programa realizado por Radio UNAM, transmitido en 1982, y el cual forma parte del acervo de la Fonoteca Nacional.

 

 

Fuente de la Entrevista:

http://fonotecanacional.gob.mx/index.php/escucha/audio-del-dia/113-audio-del-dia/2566-23-05-2018-inicio-de-la-huelga-estudiantil-de-1929

Fuente de la Imagen:

Mayo de 1929: la autonomía de la UNAM

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Lecciones para después de una crisis

Por: Alejandro Tiana

Lo ocurrido alrededor de Cristina Cifuentes y de la Universidad Rey Juan Carlos debe valer para reflexionar sobre autonomía, transparencia, financiación y titulaciones de las universidades públicas españolas.

A partir de finales del pasado mes de marzo, las universidades se convirtieron en objeto de escrutinio y comenzaron a ocupar un amplio espacio en los medios de comunicación e incluso en las conversaciones cotidianas de muchos ciudadanos. El motivo es bien conocido: el escándalo motivado por el título de máster obtenido irregularmente en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) por la ya dimisionaria presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Lo que podía parecer un hecho exclusivamente referido a una persona (relevante, eso sí) y a una universidad concreta, adquirió tintes de crisis general, afectando al conjunto del sistema universitario español y muy especialmente a las universidades públicas.

En mi opinión, no era para menos, dadas las circunstancias que conocemos del asunto. Todo apunta a que una persona con una alta responsabilidad política habría recibido un rechazable trato de favor en la consecución de un título académico oficial por parte de una universidad pública de su propia comunidad autónoma. Cuando surgieron las primeras denuncias todas las miradas se volvieron hacia esa universidad, pero también, de rechazo, hacia el mundo universitario en general. ¿Cómo era posible que un caso así se diera? ¿Quién había adoptado esas decisiones tan claramente irregulares para beneficiar a una persona concreta? ¿Por qué motivo se habían eludido los habituales controles académicos que aseguran la corrección de los títulos emitidos? ¿Se trataba de un caso aislado o desgraciadamente era una muestra de prácticas más extendidas? El limitado conocimiento y una cierta desconfianza hacia el funcionamiento de las universidades contribuyeron a que esas preguntas se difundiesen rápidamente y diesen lugar a numerosos comentarios, algunos certeros, pero otros con falta de información, cuando no claramente sesgados. Y si a todo ello se añade el desvío de responsabilidades que algunos medios y personalidades políticas hicieron del asunto, trasladándolas directa y exclusivamente a la universidad (y de paso a las universidades), es lógico que se generase una tormenta casi perfecta que situó al sistema universitario público en el ojo del huracán.

Ahora, una vez pasados los momentos más álgidos de la crisis, no debemos hacer como si nada hubiese sucedido. Las críticas y los ataques que hemos recibido las universidades merecen una reflexión detenida y una respuesta convincente. Nos las debemos a nosotros mismos y también a la opinión pública.

Desde mi punto de vista, lo primero que se debe reconocer, antes de entrar en otras consideraciones, es que algo estaremos haciendo mal cuando no conseguimos una mayor complicidad y confianza por parte de muchos ciudadanos. Los universitarios estamos convencidos de que la tarea que desarrollamos es valiosa, está al servicio de nuestra sociedad y colabora al crecimiento de nuestros ciudadanos, pero parece que no conseguimos que esa sensación se difunda con mayor contundencia, al menos con tanta como para lograr un apoyo mayoritario, que necesitamos. Y eso que me parece indudable que la universidad española ha experimentado un progreso muy destacable en las últimas décadas, que le ha permitido alcanzar unas cotas que nunca había conseguido en su historia. Aunque haya voces que ponen en entredicho tal progreso, los datos son contundentes, como mostraba claramente el presidente de la CRUE en un reciente artículo publicado en El País, que merece la pena leer con atención y cuyos argumentos no reproduciré de nuevo. No se trata de defender un honor herido, sino de justificar que las universidades prestan en condiciones más que satisfactorias el servicio que la sociedad española demanda legítimamente.

Dicho esto, el escándalo vivido pone de manifiesto que existen algunas irregularidades en el funcionamiento de nuestras universidades que, aunque no sean excesivas, requieren que actuemos con decisión. El hecho de que en su mayor parte se detecten internamente es una buena noticia, pues quiere decir que existen mecanismos de garantía del correcto funcionamiento de las instituciones. En un mundo universitario tan amplio como el español, que abarca tantos organismos y tantas personas, no debe extrañar que se puedan producir conductas incorrectas. Lo importante es que se actúe tan pronto como se detecten. Y eso es precisamente lo que la experiencia demuestra que sucede, pues existen casos anómalos detectados y ya corregidos por las propias universidades, fuera del foco mediático. Y esa debe ser una norma habitual de actuación.

Por otra parte, no basta con corregir esos casos inaceptables, sino que deben existir mecanismos de control que impidan que se produzcan. Conviene recordar que las universidades públicas estamos sometidas a múltiples controles, por parte de los órganos de fiscalización y de las administraciones públicas, que nos ayudan a detectar las disfunciones que puedan producirse y a evitar que aparezcan casos de malas prácticas. Esos mecanismos indispensables, que resultan a veces incluso algo exagerados, unidos a los que internamente poseemos, nos ayudan a organizarnos y funcionar mejor y a ser más transparentes.

Y buscando más allá de ese juego de controles y correcciones, habría que buscar solución para algunos de los problemas que vive la universidad española y que deberíamos afrontar con decisión. No tengo ninguna duda de que el principal consiste en la escasa autonomía que poseen las universidades, que las hace dependientes y tributarias de los poderes políticos. Es una idea que he expuesto antes en este medio, por lo que no abundaré más en ello. Pero debo insistir en que la combinación de autonomía y rendición de cuentas constituye la base necesaria para la prestación de un servicio eficaz e independiente. Sin un buen planteamiento, más decidido, acerca de la autonomía universitaria, nos será difícil mantener una línea de actuación consistente, independiente y comprometida con nuestra misión científica y social.

Hay algunos otros asuntos, de menor entidad que este, que también merece la pena revisar. Comenzaré por referirme a las garantías exigibles a los títulos propios que ofrecemos las universidades. Resulta necesario establecer sistemas rigurosos de control de su calidad y su pertinencia, concibiéndolos como parte integral de nuestra oferta académica y no como un añadido marginal. A ello habría que añadir la necesidad de revisar nuestra oferta académica en general, con objeto de ofrecer una formación y unas titulaciones adecuadas a las necesidades actuales y las demandas sociales que se manifiestan.

La reciente incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior nos ha hecho modificar nuestro modelo tradicional de titulaciones y es seguro que debemos replantearnos algunos aspectos concretos del nuevo, así como la oferta que realizamos de grados y másteres. Y otro tanto diría en relación con la necesidad de adoptar políticas transparentes de personal, tanto docente e investigador como de administración y servicios, que eviten las sospechas de favoritismo o endogamia, que tanto daño hacen. Y por si ello fuese poco, resulta necesario dotar a las universidades de los recursos que necesitamos para cumplir nuestra misión. No se trata de reclamar más recursos por principio, como he escrito también en este medio, sino de asegurar que recibimos los medios necesarios para prestar un buen servicio público.

En suma, esta crisis nos ha servido para presentar ante nosotros mismos y ante la opinión pública algunos de los asuntos que deben reclamar nuestra atención e impulsar nuestra acción en estos próximos tiempos. Las respuestas y soluciones dependerán unas de nosotros mismos y otras de nuestras autoridades de tutela. Pero todos debemos colaborar en encontrarlas y aplicarlas. A fin de cuentas, estamos hablando del futuro de una de las instituciones más antiguas que poseemos y que, lejos de ser vieja y obsoleta, está en una magnífica situación para seguir contribuyendo de manera renovada a la mejora de nuestra sociedad y de nuestros conciudadanos.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/05/08/lecciones-para-despues-de-una-crisis/

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