Colombia / 15 de abril de 2018 / Autor: El abecedario La educación de la A a la Z / Fuente: Youtube
Publicado el 4 feb. 2018
En el Abecedario la educación de la A a la Z, nuestra emisión N° 27, hoy, continuamos el ciclo de educación superior; en huellas de maestros, Andrés Echavarría; en el palabrero Gerardo Montoya de la Cruz, en la nota informativa, presentaremos el artículo de Julián de Zubiría titulado «los riesgos de ser pilo paga»
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=DqP2hxOjYi4
América del Sur/Colombia//www.semana.com/
La gratuidad educativa, el endeudamiento por créditos, la financiación y la lucha contra ‘Ser Pilo Paga’ ya han ocupado por años la agenda de los movimientos estudiantiles de las IES públicas. Ahora hacen un llamado a paro nacional de la educación superior.
Asia/India/universityworldnews.com
En un anuncio histórico la semana pasada, el gobierno de la India anunció una mayor autonomía para 62 instituciones líderes de educación superior para comenzar nuevos cursos, planificar su propio plan de estudios y planes de estudios, decidir sus propios procedimientos de admisión y entrar en colaboraciones académicas con instituciones extranjeras.
En un impulso a la internacionalización, 25 universidades mejor clasificadas de entre las docenas seleccionadas también podrán contratar docentes extranjeros e inscribir a estudiantes extranjeros -hasta un quinto del cuerpo estudiantil y la facultad- y se les permitirá fijar tarifas y cargos del extranjero. estudiantes «sin restricción». Los demás podrán hacerlo con la aprobación del gobierno.
En total, cinco universidades financiadas por el gobierno central, 21 universidades estatales, 26 universidades privadas y llamadas «juzgadas» y otras 10 universidades se beneficiarán de la iniciativa del gobierno anunciada por el ministro de Desarrollo de Recursos Humanos, Prakash Javadekar, el 20 de marzo.
El ministro lo describió como una «decisión histórica» que permitiría a las instituciones funcionar de manera más eficiente.
Javadekar dijo que el gobierno está «esforzándose por introducir un régimen liberalizado en el sector de la educación» y agregó que «el énfasis está en vincular la autonomía con la calidad».
Si bien las instituciones continuarán bajo el ámbito del organismo regulador de la educación superior nacional, la Comisión de Becas Universitarias (UGC), tendrán la libertad de iniciar nuevos departamentos, centros fuera del campus, cursos de desarrollo de habilidades y parques de investigación, y proporcionarán emolumentos basados en incentivos a la facultad, dijo el ministro en una conferencia de prensa.
Los institutos seleccionados pueden participar en colaboraciones académicas con las 500 mejores universidades del mundo y también establecer cursos de aprendizaje a distancia, agregó el ministro.
Las instituciones con financiación central incluyen la Universidad Jawaharlal Nehru (JNU) en Delhi, la Universidad Banaras Hindú en Varanasi, la Universidad Aligarh Muslim, el Instituto de Energía y Recursos (TERI) en Mumbai y la Universidad de Hyderabad, entre otros.
Protestas
Un día después del anuncio, estudiantes y docentes de un gran número de universidades de la Universidad de Delhi -que no estaba entre las universidades con autonomía- y JNU, que fue, realizaron una protesta describiéndola como una «decisión mal concebida». La Asociación de Docentes de la Universidad de Delhi dijo que era un paso hacia la privatización de las instituciones financiadas con fondos públicos.
La Federación de Asociaciones de Maestros de las Universidades Centrales (FEDCUTA) dijo que la autonomía financiera permitiría a las instituciones decidir sobre las tarifas, pero también implicaría recortes en los fondos del gobierno. «El gobierno quiere reducir la dependencia de las instituciones del financiamiento gubernamental y esto haría que la educación sea comercial, determinada por el mercado y dependiente del mercado», dijo FEDCUTA en un comunicado.
Los maestros de JNU dijeron en un comunicado que otorgarían a las «administraciones universitarias autoritarias» la impunidad de «burlar todas las reglas, normas y códigos y ejercer un poder desenfrenado en la privatización de las universidades y deshacer la agenda de la justicia social».
Dinesh Singh, ex vicerrector de la Universidad de Delhi, criticó el hecho de que la UGC continuará teniendo supervisión, a pesar de la autonomía propuesta.
El papel del UGC ha sido regresivo y contraproducente y era importante eliminar el control y las regulaciones de UGC, dijo, y agregó: «Las instituciones pueden funcionar mejor sin que el gobierno se entrometa en sus asuntos».
Dos categorías de autonomía Las
universidades no ser igualmente autónomo. Según el puntaje de estas instituciones en el ranking del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (NAAC) , la autonomía se otorga en dos categorías.
Las 50 principales instituciones con un puntaje de 3.5 o superior (en una escala de 0 a 4) disfrutarán de libertad financiera y administrativa completa. Exento de las inspecciones regulares de UGC, serán revisadas en base al autoinforme.
Las instituciones de categoría dos con un puntaje de 3.0 a 3.49, de las principales 51-100 instituciones, tendrán autonomía con algunas condiciones. También estarán libres de las inspecciones de UGC, pero su desempeño será revisado por pares. A diferencia de las instituciones de categoría uno, requerirán autorización para iniciar colaboraciones con instituciones extranjeras.
Arun Kumar Grover, vicerrector de la Universidad de Panjab (PU), Chandigarh, a quien se le ha otorgado la categoría dos de autonomía, dijo en una entrevista con elperiódico Indian Express que la universidad, que ya estaba «luchando contra una crisis financiera, tendrá que volverse más autosuficiente Cualquier nuevo programa académico deberá ser financiado por la universidad. A pesar de que puede construir una estructura de incentivos para el profesorado, todavía tendrá que adherirse estrictamente a las escalas salariales según lo establecido por el UGC. La estructura de incentivos deberá pagarse con las fuentes de ingresos propias de PU. »
Señaló que para atraer a profesores extranjeros, PU tendría que diseñar un» mejor sistema de remuneración para los de afuera, mientras que no habrá tal libertad para los profesores regulares para quienes tendrá para cumplir con las normas UGC «.
Grover agregó que es probable que PU inicie programas de hermanamiento «de corta duración» con universidades en Australia, el Reino Unido y Canadá.
Una de las dos universidades privadas a las que se les concede autonomía, OP Jindal Global University en Sonipat, en el norteño estado de Haryana, describió la decisión como un «hito» para la universidad, con categoría dos de autonomía.
«Este reconocimiento inicia un importante cambio de paradigma que marcará el futuro de las universidades indias y alentará nuestra búsqueda de la excelencia institucional en la educación superior», dijo C Raj Kumar, vicerrector de la universidad, en un comunicado el jueves, señalando que la universidad podría para contratar talentos globales.
«Es imperativo para India hacer un balance del estado de sus universidades y redefinir sus roles en un escenario global en constante cambio. Es hora de que India se una a las universidades de clase mundial y mejore el entorno académico. para nuestros estudiantes «, dijo el fundador de la universidad sin fines de lucro, Naveen Jindal.
Diez universidades, entre ellas las de ingeniería, administración, artes y derecho, también han recibido autonomía, pero a diferencia de las universidades, no tienen la autoridad para otorgar sus propios títulos. Sus títulos son otorgados por las universidades a las que están afiliados los colegios.
Javadekar dijo que los colegios tendrán autonomía sobre las admisiones, el plan de estudios, la organización y la evaluación de los exámenes, y que anunciará los resultados de los exámenes, mientras que los grados llevarán el nombre de la universidad junto con el suyo.
Una lista de 60 de las 62 instituciones y sus categorías de autonomía está disponible en este enlace . Se agregaron dos instituciones después de su publicación.
Fuente: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20180322125916621
Imagen tomada de: https://images.shiksha.com/mediadata/images/articles/1484309286phpZ8MKwi.jpeg
Colombia / 25 de marzo de 2018 / Autor: COMOSOC / Fuente: Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia
A cien años de la Reforma Universitaria de Córdoba, nos encontramos alrededor de dos mil estudiantes de múltiples y diversos procesos de las diferentes instituciones de educación superior del país, en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá los días 17, 18 y 19 de marzo, con el firme propósito de unir nuestros esfuerzos y voluntades por la defensa de la educación superior como un derecho fundamental y un bien común.
“Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resulto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana.”
Manifiesto Liminar, Federación Universitaria de Córdoba 1918
A cien años de la Reforma Universitaria de Córdoba, nos encontramos alrededor de dos mil estudiantes de múltiples y diversos procesos de las diferentes instituciones de educación superior del país, en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá los días 17, 18 y 19 de marzo, con el firme propósito de unir nuestros esfuerzos y voluntades por la defensa de la educación superior como un derecho fundamental y un bien común.
El Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior -ENEES-, representa un nuevo momento de la unidad y el renacer de la esperanza, la imaginación y la alegría de las jóvenes generaciones de estudiantes colombianos, dispuestas a conquistar la conciencia y el corazón de las inmensas mayorías del pueblo colombiano para luchar por un proyecto de país soberano, democrático y en paz.
La educación superior en Colombia atraviesa una prolongada y profunda crisis producto del modelo neoliberal que se evidencia en la desfinanciación de las Instituciones de Educación Superior –IES- Públicas; el endeudamiento de miles de familias colombianas con créditos educativos del ICETEX e instituciones financieras; el desvío de recursos públicos para la financiación de instituciones privadas; el desmonte progresivo del bienestar universitario que impide brindar condiciones materiales dignas para garantizar la permanencia y culminación de los programas académicos por las y los estudiantes.
La asfixia presupuestal tiene como efecto el detrimento de la planta docente y con ello de la calidad, la investigación y la formación académica al interior de las instituciones de educación superior. Toda esta situación tiene una repercusión directa en el acceso a la educación superior por parte de sectores populares del país, distintos grupos étnicos y diversidades sexuales.
Frente a esta situación, exigimos plena financiación a la educación superior, el reconocimiento y pago de la deuda histórica que ha provocado el desfinanciamiento de las universidades públicas y cuyo monto asciende a cerca de 16 billones de pesos. Estos recursos son fundamentales para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura, formalización de la planta docente, investigación y bienestar de nuestras Casas de Estudios.
Manifestamos nuestro rechazo al Sistema Nacional de Educación Terciaria y a los proyectos de Ley 262 que crea el Sistema de Financiación Contingente al Ingreso y, el proyecto de Ley 275 que convierte el programa Ser Pilo Paga en política de Estado. Estas iniciativas legislativas profundizan las lógicas de mercantilización y privatización de la educación superior mediante el fortalecimiento del subsidio a la demanda y, con ello, el endeudamiento de miles de jóvenes y familias en el país, al tiempo que desvía recursos públicos hacia el sector privado agudizando la crisis presupuestal de las IES públicas. Hacemos un llamado al estudiantado a estar alerta ante la intención de aprobación de dichas iniciativas legislativas.
Exigimos el retiro de estos proyectos y el desmonte del “Ser Pilo Paga”, garantizando la permanencia, graduación y no endeudamiento de las y los estudiantes que han accedido a este programa. A su vez, proponemos un modelo de financiación basado en los principios de la universalidad y gratuidad de la educación superior, que garantice condiciones de acceso, permanencia y graduación. Levantamos la bandera de un sistema nacional de becas y matrícula cero para estudiantes de las IES públicas como paso conducente hacia la gratuidad.
Por otra parte, la ausencia de democracia y autonomía en instituciones públicas y privadas cierra espacios de participación y vocería estudiantil, además de atar a las instituciones educativas a intereses particulares aislados de las necesidades que presenta la sociedad colombiana. Respaldamos los procesos constituyentes de reformas democráticas al interior de las IES como los que se adelantan en la Universidad Distrital y la Universidad de Nariño, donde nos jugamos el derecho constitucional a la autodeterminación de las comunidades académicas.
Llamamos a la lucha por la democracia y la autonomía universitaria. En los próximos días se elegirán en 23 universidades rectores y autoridades académicas, exigimos del gobierno garantías democráticas vinculantes para que la comunidad educativa pueda por fin definir sobre su destino. Nos solidarizamos con la movilización de las y los estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe contra la corrupción en dicha institución y las pretensiones de intervención del Ministerio de Educación Nacional desconociendo de las propuestas de la comunidad universitaria para darle solución a la crisis.
Expresamos nuestro absoluto rechazo a la estigmatización de las universidades públicas y la criminalización del movimiento estudiantil. Las declaraciones del Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, sobre los hechos presentados en la Universidad Pedagógica Nacional son irresponsables, violan la autonomía universitaria y atentan contra la integridad de la institución y sus estudiantes. No aceptamos la imposición de la fuerza pública en las IES como forma de resolver los conflictos; en nuestras Casas de Estudios privilegiamos el diálogo y la confrontación racional de las diferencias, es decir, el debate argumentado de las ideas.
Por otra parte, manifestamos nuestro dolor y repudio frente al sistemático asesinato de líderes sociales, defensores de DDHH, excombatientes y sus familiares a lo largo y ancho del país. La construcción de paz y reconciliación exigen el respeto a la vida y el derecho a la protesta. Exigimos al Estado colombiano las acciones y garantías correspondientes para que estos condenables hechos no se sigan presentando. A su vez, exigimos la libertad de las y los prisioneros políticos, en particular, del movimiento universitario.
El ENEES convoca al estudiantado de todas las instituciones de educación superior del país a fortalecer desde las bases los espacios asamblearios y las expresiones gremiales unitarias en aras de avanzar en la conquista de los objetivos programáticos del movimiento estudiantil. A su vez, hace un llamado a la más amplia confluencia de la comunidad académica, al movimiento educativo y de los diferentes sectores de la sociedad colombiana que históricamente han sido vulnerados y despojados de sus derechos, a proponer e impulsar estrategias conjuntas de pedagogía, comunicación y movilización que permitan consolidar procesos de lucha en defensa de las aspiraciones del estudiantado y del movimiento social popular.
Frente a las lesivas políticas que profundizan las desigualdades sociales y que afectan profundamente a la educación superior, convocamos a la realización del II Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior, para el segundo semestre del presente año, los días 14, 15 y 16 de septiembre, con el objetivo de darle continuidad al proceso de unidad estudiantil por la defensa de nuestras Casas de Estudios.
El proceso de movilización se orientará hacia la acumulación de la fuerza estudiantil y la consolidación de un espacio amplio y democrático de articulación y coordinación nacional. El momento exige el fortalecimiento de la dinámica de movilización y la preparación de las condiciones para llamar a la realización de un paro nacional de la educación superior que confronte la crisis actual de la misma. Convocamos al estudiantado a la Jornada Nacional de Protesta los próximos días 24 y 25 de abril con un cese de actividades académicas en todo el país por la defensa del derecho a la educación, como también a sumarse a la agenda de movilización emanada de este encuentro.
Somos la Generación del Centenario, dispuestos a escribir nuestra propia historia bajo el legado de los gigantes de Córdoba y de las precedentes generaciones que entregaron todo por transformar la educación. Reafirmamos nuestro férreo compromiso por conquistar para el pueblo colombiano educación pública, gratuita y digna para toda la juventud. Queremos vivir en un Macondo en paz, digno y feliz.
¡Seamos realistas, hagamos lo imposible!
¡Nos aguarda un futuro mejor, si el presente es de lucha!
Bogotá, marzo 19 de 2018
Link para descargar la Declaración Final en formato pdf:
http://comosoc.org/IMG/pdf/declaracio_n_final_enees.pdf
Fuente de la Noticia:
http://comosoc.org/declaracion-enees-01-2018
Por: Alejandro Tiana
El gobierno de las universidades se sustenta en el buen uso de su autonomía para asegurar el cumplimiento de los objetivos sociales que les han sido asignados.
De nuevo, la cuestión del gobierno de las universidades vuelve a aparecer en la agenda política. En alguna columna anterior he mantenido que este asunto requiere revisión, por lo que no discutiré su importancia. Pero me temo que se aborda muchas veces con notable superficialidad, impidiendo en consecuencia buscar soluciones adecuadas para problemas bien diagnosticados. En 2015 se publicaba un libro que recogía los frutos de un seminario convocado sobre este asunto, cuyo título resultaba muy expresivo: El gobierno de las universidades. Reformas necesarias y tópicos manidos (Climent, V., Michavila, F. y Ripollés, M., eds., Madrid: Tecnos – Universitat Jaume I). En él incluía algunas reflexiones que retomo y reviso aquí.
Desde mi punto de vista, el debate acerca del gobierno de las universidades está estrechamente vinculado a la cuestión de la autonomía universitaria, puesto que la tarea de gobierno queda enmarcada por las características y los límites de esta última. Un documento de trabajo elaborado por la CRUE en 2013 para reflexionar acerca del modelo de universidad y la reforma de la gobernanza es un buen ejemplo de ese enfoque, puesto que dedica sus primeras páginas a presentar un conjunto de indicadores de la gobernanza universitaria, a partir de cuatro dimensiones de la autonomía: financiera, organizativa, académica y de personal. La conclusión sobre la insuficiencia de esta última es contundente: de acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Europea de Universidades (EUA), España se sitúa en el lugar 24 entre 28 sistemas universitarios analizados en lo que respecta al grado de autonomía.
La autonomía universitaria es, como resulta bien sabido, un principio recogido en la Constitución española de 1978, si bien su origen y desarrollo se remonta a épocas históricas anteriores. Aunque no han dejado de construirse mitos en torno a dicho principio, en puridad se basa en el reconocimiento de que las universidades han de gozar de un amplio margen de libertad para organizarse por sí mismas y desarrollar su actividad. Como se reconoce en el ámbito del derecho constitucional, el sentido de la autonomía universitaria consiste en garantizar el respeto a la libertad académica, que tiene dos dimensiones: la primera, individual, se traduce en la libertad de cátedra, de investigación y de estudio; la segunda, colectiva e institucional, es la propiamente denominada autonomía universitaria, que garantiza y completa las anteriores.
Así entendida, la autonomía universitaria no es absoluta, sino que está limitada por la responsabilidad (y creo que también el deber) que tienen los poderes públicos de dirigir y coordinar el sistema universitario nacional, orientándolo hacia el logro de objetivos generales. Dicho de otro modo, aunque se trate de un principio con reconocimiento constitucional, la autonomía universitaria tiene algunos límites. En última instancia, se traduce en el amplio margen de libertad que se otorga a las universidades para responsabilizarse del cumplimiento de los objetivos que la sociedad les atribuye y para poner los medios necesarios para alcanzarlos. A su vez, el principio de autonomía se plasma en las diversas dimensiones que antes se han mencionado. En consecuencia, el ejercicio de la autonomía universitaria resulta problemático, puesto que se mueve entre la libertad institucional y la prescripción normativa. Esa tensión ha generado no pocos problemas a lo largo de nuestra historia y también en la actualidad.
Así pues, resulta imposible analizar la cuestión del gobierno de las universidades al margen de este carácter ambivalente de la autonomía universitaria. En efecto, las preguntas inmediatas que se plantean son las de autonomía de quién y para qué. De las respuestas que demos a tales interrogantes derivarán modelos diferentes de gobierno. Si abogamos por la necesidad de otorgar un amplio margen de libertad académica a las universidades, que serían por lo tanto las beneficiarias últimas de la autonomía, tendremos que concluir la necesidad de conceder un espacio importante para la autoorganización de los actores universitarios. Pero si aceptamos también que autonomía no implica independencia absoluta, sino libertad para buscar cómo alcanzar del mejor modo posible los objetivos asignados, tendremos que contemplar la consideración de los intereses externos en el proceso de gobierno, lo que puede traducirse incluso en la participación de algún tipo de representación social en los órganos de gobierno universitario.
No quiero dejar de mencionar que esta última cuestión tiene otras implicaciones importantes. En efecto, cabe preguntarse si la autonomía debe atribuirse solamente al conjunto de la universidad o ha de tener alguna aplicación, aunque sea de orden menor, en las unidades académicas que la constituyen. Dicho de otro modo, se plantea el interrogante de si el gobierno universitario debe contemplar la universidad como una totalidad homogénea o como un conjunto de unidades más o menos heterogéneas. No se trata de un asunto irrelevante, puesto que esta consideración subyace, por ejemplo, en la propuesta de que la universidad elija a su rector, pero que este designe a los decanos o directores de las unidades académicas.
En consecuencia, podríamos acordar de lo dicho hasta aquí que el gobierno de las universidades se sustenta en el buen uso de su autonomía para asegurar el cumplimiento de los objetivos sociales que les han sido asignados. En el caso de las universidades públicas, ese último aspecto cobra si cabe una mayor importancia, puesto que se configuran como instrumentos al servicio de unas metas sociales que desbordan los intereses individuales o meramente institucionales. Como se ve, la cuestión del gobierno de las universidades desborda ampliamente lo que se refiere a la elección del rector y otros órganos de gobierno, pese al morbo que ello pueda suscitar.
Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/02/21/autonomia-gobierno-universitario/
Por: Ignacio Mantilla
En el mundo universitario, este nuevo año nos ofrecerá múltiples escenarios propicios para reflexionar sobre la manera como las universidades realizan sus labores hoy, y muy especialmente sobre la moderna forma de entender sus funciones misionales.
Entre los eventos que tendrán lugar en 2018, hay que resaltar especialmente un encuentro internacional de gran importancia, al que me quiero referir. Se trata de la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior, CRES 2018, que se realizará en el mes de junio en la ciudad de Córdoba (Argentina).
La conferencia, considerada el evento más importante del Sistema de Educación Superior de América Latina y el Caribe, se realiza cada 10 años, y permitirá debatir sobre la situación regional de la educación superior y delinear un plan de acción para la próxima década.
Será también la oportunidad para conmemorar el primer centenario de la reforma universitaria que se inició en la Universidad Nacional de Córdoba, más conocida como la Reforma de Córdoba, y que dio origen a la conquista de la autonomía universitaria, extendida en las décadas posteriores a las demás universidades públicas latinoamericanas.
Esa es la razón por la cual se ha decidido que sea la Universidad Nacional de Córdoba la sede de la Conferencia y que, un siglo después de su proclamación, la autonomía universitaria sea uno de los grandes temas a debatir.
Desde la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (Udual) hemos declarado nuestro interés en participar abordando una amplia variedad de temas. Asuntos como el aporte que pueden brindar las universidades para que los gobiernos aprovechen el conocimiento que ellas generan y lo integren a objetivos de desarrollo sostenible, y la misión social que hoy lleva a cabo la universidad latinoamericana y su responsabilidad ética para garantizar una educación pertinente y de calidad, serán objeto de discusión.
Uno de los temas que sin duda serán ampliamente expuestos en el evento es la autonomía universitaria como responsabilidad y desafío. Su reconocimiento en la reforma de Córdoba de 1918 es parte esencial de la naturaleza histórica de las universidades públicas latinoamericanas. Aparecerá, por supuesto, en el programa el debate en torno a la calidad y la necesidad de los sistemas de aseguramiento de la misma y de los incentivos para su estímulo.
Muy importante será el debate en torno a la evaluación y la acreditación frente a los indicadores únicos que vienen imponiéndose en el mundo sin reconocer la diversidad. Me refiero a los polémicos ránquines universitarios, que en su mayoría minimizan la importancia de la cobertura y la equidad social y privilegian los indicadores más relevantes en las universidades anglosajonas, desconociendo el contexto regional de América Latina.
Un encuentro de tal dimensión deberá incluir otros temas que siempre están presentes en los foros universitarios, tales como la función imprescindible de la investigación, tanto básica como aplicada, y sus incentivos para generar conocimiento; los retos y nuevas estrategias pedagógicas frente a los avances tecnológicos; la regionalización de la educación superior; los posgrados y la formación especializada al más alto nivel; la internacionalización, y la movilidad académica de estudiantes, profesores y funcionarios.
El año 2018 también es un año de importantes conmemoraciones y jubileos. En efecto, nos reuniremos para conmemorar el cumpleaños 800 de la Universidad de Salamanca, la más antigua de todas las universidades iberoamericanas. Al igual que la celebración del cumpleaños de una madre o de la mayor de las hermanas, será una oportunidad para compartir nuestros logros y experiencias y renovar objetivos misionales comunes. Y a la lista de celebraciones hay que sumar el bicentenario de la Universidad de Bonn, como institución que representa ese vasto grupo de universidades alemanas nacidas o refundadas hace dos siglos siguiendo el modelo educativo ideado por Wilhelm von Humboldt. Un modelo universitario que, en alguna medida, las universidades latinoamericanas hemos heredado y adoptado.
Las universidades, como representantes de la solidez del mundo académico, demuestran su importancia universal cada vez con mayor fuerza. Sobrevivir a tantas décadas, guerras y vicisitudes es motivo suficiente para el júbilo que transmite la celebración de estas efemérides.
Desde la sesquicentenaria Universidad Nacional, patrimonio de todos los colombianos, nos unimos a estas celebraciones de 2018 y extendemos desde ya un abrazo fraterno de felicitación a las comunidades académicas de esas instituciones hermanas.
Fuente: https://www.elespectador.com/opinion/un-siglo-de-autonomia-columna-734299
Por: Alejandro Tiana
Muchos son los retos de la universidad pública. Y la solución no es sencilla ni única, pero con algunos ingredientes pueden conseguirse mejoras: autonomía real y definida y relaciones claras con las administraciones educativas.
Hace algo más de un año publicaba un artículo de prensa en el que pretendía llamar la atención sobre algunos de los retos que afrontan las universidades públicas españolas en estos tiempos difíciles en que vivimos. Y hace solo unos días, casi por casualidad, volví a leerlo y tuve la sensación –aún más, la convicción, me atrevo a decir– de que poco hemos avanzado para darles respuesta. Con el ánimo de continuar insistiendo en esa llamada a una acción decidida, retomo aquel texto y lo actualizo, aunque sean pequeños los cambios que deban introducirse en el diagnóstico y en la propuesta de soluciones.
Comenzaba entonces diciendo que estamos acostumbrados a oír opiniones críticas e incluso descalificaciones rotundas acerca de las universidades públicas españolas. Se arrojan dudas acerca de su calidad, alegando que no aparecen en las primeras posiciones en los rankings internacionales, se alega que su número es excesivo, al igual que el de universitarios, se les reprocha su rigidez, así como su endogamia, se arguye que tienen un sistema de gobierno inadecuado, se dan nuevas alas el tópico que afirma que son “fábricas de parados”, para concluir que necesitan una reforma urgente. Si bien en diversas publicaciones se ha respondido a estas opiniones (yo mismo lo he hecho en alguna columna anterior), tratando de valorar la situación en sus justos términos, aceptando que hay aspectos que no funcionan o resultan muy mejorables, pero destacando al tiempo los logros conseguidos por un sistema universitario que hace treinta años estaba claramente infradesarrollado, este tipo de análisis basados en datos y evidencias no parece haber tenido excesivo impacto.
En efecto, muchas de estas opiniones tan extendidas no dejan de ser lugares comunes e ideas falsas sin base empírica, que bien pueden calificarse de tópicos manidos. Pero esta apreciación, que creo básicamente justa, no evita hablar de las reformas necesarias, puesto que debemos aceptar que existen problemas que no podemos ni debemos soslayar.
Entre ellos, he citado varias veces tres que me preocupan especialmente. El primero se refiere a la determinación del tamaño idóneo de las universidades y su configuración académica, incluido su grado de especialización. Sinceramente, no creo que exista un modelo único para todas ellas, pero estoy convencido de que no aprovechamos del mejor modo los recursos que la sociedad española pone a nuestra disposición.
El segundo tiene que ver con la excesiva concentración de estudiantes en algunas áreas y su presencia insuficiente en otras. Aunque el origen de este problema no sea exclusivamente universitario, no cabe duda de que nos obliga a repensar los títulos que ofrecemos y las trayectorias estudiantiles, personales y profesionales que dibujan.
El tercero guarda relación con el distanciamiento que las universidades todavía muestran respecto del conjunto del sistema de educación superior, incluidas la formación profesional de grado superior y las enseñanzas artísticas superiores, herencia de una situación que plantea obstáculos para el desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida. Se trata de cuestiones relevantes, que exigen actuación y no complacencia
Desde mi punto de vista, dar solución a estos problemas plantea un reto crucial: conseguir que las universidades públicas respondan de la manera más efectiva posible a las necesidades de la sociedad a la que sirven y a las demandas que les formulan los ciudadanos. Se trata de asegurar que contribuyen al desarrollo social, económico, cultural, personal y cívico de su entorno. Y todo ello teniendo en cuenta que tales necesidades y demandas no son estáticas, sino que evolucionan con el tiempo.
No me atrevo a proponer soluciones sencillas a un reto que es sin duda complejo. Darle una respuesta adecuada exigirá reflexión, análisis basados en evidencias, debate público y capacidad de negociación, que desgraciadamente no sobran. No creo además que existan recetas mágicas. Pero sí que me atrevo a apuntar dos líneas de actuación que pueden contribuir a buscar soluciones.
Por una parte, hay que definir correctamente los límites de la autonomía universitaria. Aunque se trata de un principio constitucional, no existe acuerdo acerca de sus límites y espacio propio. A veces se les reclama a las universidades que actúen autónomamente, cuando la normativa no se lo permite; otras veces se les critica que adopten un estilo y unos criterios de funcionamiento distintos a los de la administración pública, cuando la autonomía debiera permitirlo. En suma, la autonomía universitaria es una bonita expresión, pero carente de significado preciso. Entiéndase bien, además, que defenderla no implica en modo alguno considerar a las universidades como unidades autorreferentes, sin considerar que el sistema universitario debe ser un conjunto articulado y coherente.
Por otra parte, es necesario establecer acuerdos con las administraciones educativas, bajo la forma de contratos programa, que permitan a las universidades públicas saber con qué recursos y apoyo pueden contar para cumplir su misión, al tiempo que se acuerdan los objetivos que deben alcanzar y los incentivos que pueden esperar en caso de lograrlos o superarlos. Ello permitiría realizar una planificación estratégica realista y ambiciosa, que diese respuesta a las necesidades y demandas planteadas.
Al contrario de lo que algunos puedan pensar, no se trata de proporcionar a las universidades públicas unos recursos ilimitados a cambio de nada, sino de establecer un terreno de juego bien definido y unas reglas claras y conocidas para moverse en él.
Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/11/29/retos-persistentes-de-las-universidades-publicas-espanolas/
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