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“Ayotzinapa está más viva que nunca y no tolerará más impunidad”: normalistas bloquean Autopista del Sol

Ciudad de México | Desinformémonos. “Ayotzinapa está más viva que nunca y no tolerará más impunidad de este mal gobierno, somos el inicio de una lucha interminable”, aseguraron normalistas que este lunes bloquearon la Autopista del Sol México-Acapulco, en exigencia de justicia por el asesinato del estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta, perpetrado el pasado 7 de marzo por la policía de Chilpancingo, Guerrero.

Alrededor de 200 normalistas llegaron a medio día a la autopista para protestar por la violencia y criminalización contra los estudiantes de Ayotzinapa, que se ha recrudecido en las últimas semanas, en el marco de la intensificación de la lucha de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos que exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que cumpla su compromiso de resolver el Caso Ayotzinapa.

“Seguiremos en la lucha por la verdad y justicia para nuestros camaradas caídos y desaparecidos, por la educación pública y por un mundo mejor, ningún gobierno logrará silenciar nuestra voz critica”, leyeron de un comunicado los normalistas en el bloqueo.

Los jóvenes permanecieron alrededor de una hora en la autopista, donde repartieron volantes a los automovilistas para visibilizar la situación de violencia contra los estudiantes de Ayotzinapa.

El bloqueo se suma a la jornada de protestas que los normalistas han protagonizado desde el pasado 7 de marzo, cuando fue asesinado Gómez Peralta a manos de un policía en el libramiento a Tixtla, en Chilpancingo.

Tan sólo el sábado 16 de marzo, más de mil estudiantes de diferentes normales del país, junto con la madre de Yanqui Kothan, los padres y madres de los 43, activistas y maestros, marcharon en Chilpancingo para exigir justicia por su compañero asesinado y demandar a las autoridades que cese la criminalización contra los estudiantes y contra la lucha por la verdad en el caso de los 43 normalistas desaparecidos.

“Insisten en criminalizarnos y nos quieren cerrar nuestra escuela, mejor que analicen lo que no han hecho bien los funcionarios y diputados”, señalaron los estudiantes, que junto con la madre de Gómez Peralta y los padres de los 43 normalistas denunciaron la “inoperancia” de las autoridades locales y demandaron que sus casos no queden en la impunidad.

Fuente de la información e imagen:  https://desinformemonos.org

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Autoridades de Guerrero orquestaron “toda una patraña” para criminalizar a normalistas: Vidulfo Rosales

Ciudad de México | Desinformémonos. Las autoridades de seguridad de Guerrero orquestaron “toda una patraña” para inculpar y criminalizar a los normalistas de Ayotzinapa que fueron atacados por la policía de Tixtla el pasado 7 de marzo, cuando los elementos abrieron fuego contra los jóvenes y asesinaron al estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta, aseguró el abogado Vidulfo Rosales.

“Es una patraña para criminalizar la lucha de Ayotzinapa”, dijo Rosales, quien representa legalmente a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y que asumió la defensa de Oziel N, estudiante de la Normal que fue detenido la noche del ataque policial después del asesinato de su compañero Yanqui Kothan, por el cargo de robo de vehículo, “a pesar de que no venía manejando”, dijo el abogado al diario La Jornada.

“Hay varias irregularidades, entre ellas el hecho de que el gobierno asegura que los jóvenes venían armados y dispararon y que al repeler esa agresión fue que privaron de la vida a Yanqui Kothan”, explicó Rosales al desmentir que los disparos salieron de la camioneta donde se trasladaban los normalistas, para llegar a la Normal de Ayotzinapa a los preparativos del 98 aniversario de su fundación.

“El peritaje nos indica que la trayectoria que siguieron las balas fue de afuera hacia adentro, y que de adentro hacia afuera no hubo disparos. En conclusión, fueron los policías los que dispararon”, sentenció el abogado, y precisó que dentro de la camioneta no se encontraron casquillos percutidos, sino que “todos los que se hallaron son de las armas de los policías que dieron positivo”.

Lee “Estamos tristes y con coraje. Nos mataron a otro estudiante”: Cristina Bautista, tras asesinato de normalista de Ayotzinapa

Tras el asesinato de Gómez Peralta en el ataque, explicó Rosales, Oziel N fue detenido por los policías y permaneció 10 horas “retenido e incomunicado”, y fue puesto en libertad cuando “no se pudo acreditar la flagrancia en razón de que la policía estatal lo puso a disposición del Ministerio Público 10 horas tarde, o sea 10 horas después de su detención”.

De acuerdo con el abogado, fueron violados los derechos humanos de Oziel y no se puede descartar que el normalista fuera torturado y golpeado y que “muy probablemente se obtuvieron pruebas físicas en este momento”.

Añadió que otra “ficción de la policía estatal” es que el tercer normalista que viajaba en la camioneta, de sobrenombre El Arenita, llevaban un arma larga y disparó contra los oficiales, “pero esa arma no la consignó la policía estatal”. “Lo que no asientan es que el muchacho se anduvo escondiendo y más tarde fue detenido por la policía estatal, y qué casualidad que no le encontraron el arma. Se escondió en una barranca y fue cuando lo detuvieron los militares, que lo entregaron a la policía estatal; lo tuvieron detenido y torturando más de dos horas”, denunció Rosales.

Los tres jóvenes, Yanqui, Oziel y El Arenita, iban en la camioneta para recoger a tres compañeras en la terminal de autobuses de Chilpancingo y llevarlas al baile del aniversario, pero “al llegar al crucero (de la colonia Indeco) estacionan la camioneta y El Arenita se baja a comprar cigarros. Es cuando llegan tres policías en moto, uno se para delante de la camioneta y el otro atrás, sacan las armas y les dicen que se bajen, y empiezan a golpear la camioneta. Yanqui se espanta, arranca y da vuelta en U para regresarse a Tixtla, es cuando le disparan a las llantas y a los dos muchachos de manera directa, sólo que Oziel N se agachó y el otro huyó”, explicó el abogado.

La versión oficial difundida por la policía y los medios el día del ataque fue que la policía de Tixtla disparó contra los normalistas porque éstos no se detuvieron en el retén cuando se les ordenó, pero Rosales advirtió que “no funcionaba en ese momento el retén, sólo el filtro”.

El abogado aseguró que el proceso seguirá y que lo que ayudaría a esclarecer los hechos son los videos del C4, pero que la Secretaría de Seguridad “se negó a entregarlos”.

El ataque contra los normalistas en Guerrero sucedió en el marco del recrudecimiento de la criminalización de su lucha por las protestas de los familiares de los 43 que exigen al gobierno federal que cumpla con su compromiso de resolver el Caso Ayotzinapa.

Con información de La Jornada

Fuente de la información e imagen:  https://desinformemonos.org

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México: Normalistas protestan ante Fiscalía de Guerrero, tras fuga de policía

Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero después de que se fugara, con presunta complicidad de las autoridades, el policía acusado de matar al normalista Yanqui Khotan Gómez.

Posteriormente se reportó que los estudiantes irrumpieron en el edificio para realizar pintas, lanzar petardos y bombas molotov.

Los normalistas exigen la detención inmediata del elemento y cuestionan a las autoridades estatales, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara la mañana de este martes que el elemento escapó gracias a la complicidad de las autoridades.

De acuerdo con medios locales, presuntos estudiantes incendiaron vehículos que se encontraban en el estacionamiento de la fiscalía en protesta.

Los normalistas de Ayotzinapa e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) se trasladaron hacia Chilpancingo, la capital de Guerrero, en nueve autobuses y otros cuatro vehículos.

Trabajadores del Poder Ejecutivo evacuaron el inmueble y el Congreso del Estado suspendió la sesión, pero la caravana de los normalistas se dirigió a las instalaciones de la FGE, en el sur de la ciudad, que estaban resguardadas por la Guardia Nacional y agentes estatales.

La valla conformada por los oficiales con equipo antimotines resultó insuficiente ante la cantidad de manifestantes, quienes lanzaron artefactos explosivos, por lo que los oficiales se replegaron.

Al tener el paso libre hacia las instalaciones, los estudiantes ingresaron al estacionamiento, donde incendiaron unos 10 vehículos que estaban estacionados.

Tras una media hora de protesta, los policías lanzaron gas lacrimógeno para dispersarlos, reportó la agencia de noticias EFE.

La polémica ha crecido tras la muerte del estudiante el jueves pasado en un retén de la Policía de Guerrero, estado del sur de México donde han crecido las manifestaciones porque López Obrador no ha resuelto el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa que desaparecieron ahí en septiembre de 2014.

Los oficiales habían afirmado que la víctima y otro estudiante iban armados en un auto robado y dispararon a los agentes, pero el presidente López Obrador negó esa versión. En cambio, AMLO reconoció que se cometió “abuso de autoridad”.

La mañana de este martes, el mandatario dio a conocer que el policía acusado se había fugado, gracias a la complicidad de las autoridades estatales.

Según AMLO, la fuga se dio mientras se encontraba en tránsito por Chilpancingo para que las autoridades estatales lo entregaran a la Fiscalía General de la República (FGR), que ya atrajo el caso tras la instrucción del presidente.

Tras darse a conocer la noticia, normalistas exigieron la detención del policía durante una conferencia de prensa en las instalaciones de la radio de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

ARISTEGUI NOTICIAS

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Ayotzinapa, la noche en que desaparecieron 43 estudiantes

Por: Luis Hernández Navarro

Frente a cámara, en el poblado nahua de Alpuyecancingo, Guerrero, doña Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, declara sobre la verdad histórica: “Con nosotros se equivocó. A pesar de que somos campesinos, amamos a nuestros hijos. No vamos a aceptar lo que dice el gobierno”.

Ella es una de las voces que se escuchan en el recientemente estrenado documental de la BBC titulado Ayotzinapa: la noche en que desaparecieron 43 estudiantes en México.Dividido en cuatro capítulos, hasta ahora han sido divulgados en las redes sociales dos (https:// rb.gy/3w1lrx y https://rb.gy/9fu5gy).

No es único, pero sí el más reciente. La tragedia de Ayotzinapa ha inspirado gran cantidad de reportajes televisivos y documentales que narran cómo fue posible que desaparecieran impunemente 43 jóvenes de la normal rural Raúl Isidro Burgos. El material de la BBC es parte de una amplia producción de este tema. Entre otras crónicas fílmicas destacan: Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado, del notable realizador Xavier Robles; Vivos, del artista chino Ai Weiwei; Ayotzinapa, el paso de la tortuga, de Enrique García; Los días de Ayotzinapa, de Netflix; Un día en Ayotzinapa 43, una noche sin amanecer, de Rafael Rangel; Mirar morir. El Ejército en la noche de Iguala; The Missing 43: Mexico’s Disappeared Students, de Vice News, y 24 horas en Ayotzinapa (de principios de noviembre de 2014), de TeleSur, hackeado en su versión en español y pirateado en el comercio informal de cedés (https:// rb.gy/pzabej).

Ante la BBC, doña Cristina recuerda cómo celebra el cumpleaños de su hijo Benjamín. Ella es una luchadora incansable. Cuando él y sus dos hermanas eran pequeñas, los dejó encargados con su suegro y migró a Estados Unidos a buscar el sustento. Regresó a los dos años sólo para volver a partir a conseguir el dinero para salir adelante. Cuatro años más tarde volvió.

En el trabajo televisivo da también su versión de los hechos el hoy maestro democrático Ulises Martínez, ex alumno de Ayotzinapa, sobreviviente de la masacre. En Ayotzinapa –advierte– “nos enseñan a pensar y a despertar la conciencia”. Allí refrenda lo que ha testificado en otras conversaciones (https:// rb.gy/aufdrg).

Además de doña Cristina, en las dos primeras entregas de Ayotzinapa: la noche en que desaparecieron 43 estudiantes en México se entrevista al escritor John Gibler, gran conocedor del México de abajo, autor de uno de los mejores libros sobre el tema, Una historia oral de la infamia: Los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, y de una entrevista fundamental y polémica con el ex fiscal del caso Omar Gómez Trejo: “Cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa” (https://rb.gy/bhfwjw).

También habla el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), prófugo y refugiado en Israel, Tomás Zerón de Lucio. A pesar de las evidencias en su contra, alega a la televisora pública británica: “Yo era jefe de la AIC, no tenía necesidad de torturar a nadie”. Según él: “Me volví muy importante para ser culpable. Pero no tan importante como para que alguien saliera en mi defensa”. Sin embargo, las pruebas de su participación en la tortura de presuntos culpables son irrefutables.

Figura clave en desmontar la verdad histórica del caso es Mercedes Doretti. Fundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), narra para la BBC las múltiples inconsistencias y contradicciones de la fiscalía mexicana en el basurero de Cocula. Su relato es demoledor y aterrador.

El periodista José Manuel Jiménez explica, cómo el 28 de octubre de 2014, grabó un video en las inmediaciones del río San Juan, que pone al descubierto la irregular presencia de Zerón, sin la participación del Ministerio Público, al lado del criminal Agustín García Reyes y de varios hombres armados. Allí resulta evidente que, sin tener facultades constitucionales para esas diligencias, el funcionario de inteligencia tuvo bajo su control la escena y el montaje.

En las dos primeras partes del documental toma la palabra Omar Gómez Trejo. También, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, ex integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El grupo surgió como parte de la medida cautelar 409/2014, a petición de los padres de los desaparecidos. Formalizó el acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de las víctimas y el Estado mexicano, del 18 de noviembre de 2014, para proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43; investigaciones y acciones que se adopten para sancionar a los responsables y brindar asistencia a los familiares.

En septiembre de 2018, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con familiares de los 43 normalistas a llegar al fondo sobre la desaparición de los estudiantes. Prometió una comisión especial, emitir un decreto presidencial y traer a México expertos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2019, el gobierno solicitó a la CIDH nuevamente la asistencia del GIEI. El 7 de mayo de 2020, el Estado mexicano y la CIDH firmaron un acuerdo para que regresara al país a brindar asistencia técnica.

Además del documental de la BBC, el canal HBO prepara otro sobre este tema para el décimo aniversario de la desaparición de los jóvenes. Mientras, este lunes, los familiares comenzaron otro ciclo de movilizaciones.

Filmes, documentales televisivos, libros, reportajes y movilizaciones, nacionales e internacionales, dan cuenta de la profunda trama social tejida para esclarecer la verdad del caso Ayotzinapa. Aunque el Ejército pretenda bloquear y/o sabotear las investigaciones, éstas no se detendrán. Como recuerda doña Cristina Bautista, los padres de los desaparecidos, verdaderos héroes cívicos de nuestra última década, no lo permitirán.

X: @lhan55

https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/02/27/opinion/ayotzinapa-la-noche-en-que-desaparecieron-43-estudiantes-6082

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Ayotzinapa precisa sanciones penales, políticas y administrativas a quienes obstaculizan acceso a la información: ONU-DH

Por: Redacción Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. «Lo sucedido en el caso Ayotzinapa precisa no sólo sanciones penales, sino también políticas y administrativas, a quienes hayan obstaculizado, desde sus diversos puestos de responsabilidad, el acceso a información, alterado evidencias o sostenido vínculos con el crimen organizado», señaló la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), ante la negativa del ejército mexicano, del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) y otras instituciones para entregar la información completa sobre el paradero de los estudiantes.

A nueve años de la desaparición de los 43 normalistas, la ONU-DH reconoció que los avances en las investigaciones del Caso Ayotzinapa «sólo alcanzarán la verdad y la justicia que las víctimas merecen si las distintas corporaciones de seguridad e inteligencia, civiles y militares, colaboran efectivamente y entregan toda la información que está a su alcance de forma diligente y completa».

La declaración de la ONU-DH sucede frente a la actual lucha que mantienen los padres y madres de los 43 en exigencia de que el ejército cese el ocultamiento de la documentación faltante, luego de que el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostrara que los militares estuvieron involucrados en la Noche de Iguala.

«Los progresos alcanzados y el compromiso de algunas autoridades no deben eclipsarse con demoras y obstrucciones por actores públicos, mismas que lastiman la confianza. Por el contrario, es preciso encontrar vías que sostengan y fortalezcan el valioso proceso de diálogo que se ha impulsado entre diversos actores, incluidos los padres y madres de los estudiantes», precisó la ONU-DH.

A continuación el comunicado completo:

En el marco del noveno aniversario del inicio de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifiesta que es el amor de las madres y los padres hacia sus hijos y la legítima búsqueda de la verdad y la justicia la causa que les anima, y que amerita el respaldo de todas las autoridades y la sociedad en su conjunto.

El trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) ha permitido llevar a cabo múltiples diligencias de búsqueda, identificar a 434 actores relevantes que participaron en los crímenes perpetrados durante y después del 26 de septiembre de 2014, detener a 132 personas presuntamente responsables (entre ellas 14 militares) y acceder a diversas fuentes de información, que incluyen algunos archivos e instalaciones de las Fuerzas Armadas, entre otras acciones.

El último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de julio de 2023, menciona la negativa de algunas corporaciones civiles y militares de entregar toda la información disponible. Ante ello, la ONU-DH sostiene que los esfuerzos y avances sólo alcanzarán la verdad y la justicia que las víctimas merecen si las distintas corporaciones de seguridad e inteligencia, civiles y militares, colaboran efectivamente y entregan toda la información que está a su alcance de forma diligente y completa. Los progresos alcanzados y el compromiso de algunas autoridades no deben eclipsarse con demoras y obstrucciones por actores públicos, mismas que lastiman la confianza. Por el contrario, es preciso encontrar vías que sostengan y fortalezcan el valioso proceso de diálogo que se ha impulsado entre diversos actores, incluidos los padres y madres de los estudiantes.

Para la ONU-DH es fundamental que los avances se consoliden y expandan hasta lograr esclarecer plenamente el paradero de los estudiantes y fortificar las investigaciones y procesos judiciales en curso. Lo sucedido en el caso Ayotzinapa precisa no solo sanciones penales, sino también políticas y administrativas, a quienes hayan obstaculizado, desde sus diversos puestos de responsabilidad, el acceso a información, alterado evidencias o sostenido vínculos con el crimen organizado.

La Oficina reconoce el digno caminar de las familias que, a nueve años de la desaparición forzada de sus seres queridos, se mantienen firmes en sus exigencias y con la disposición para seguir caminando por un intrincado y doloroso sendero hasta dar con la localización de los normalistas y alcanzar el castigo de todos los responsables. La Oficina expresa también su reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado a las familias y han apoyado las legítimas causas que les impulsan a través de la defensa de sus derechos humanos.

La ONU-DH reitera su compromiso de seguir brindando su asesoría y acompañamiento a las familias, a sus representantes y a aquellas autoridades comprometidas con la verdad, la búsqueda efectiva y la reparación integral.

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org

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Ayotzinapa, el difícil camino a la verdad

Por: Luis Hernández Navarro

Ayotzinapa es una herida abierta. Han transcurrido ocho años y medio de la atrocidad y el agravio no cicatriza. ¿Cómo va a cerrarse si la verdad no llega? ¿Si no hay justicia? ¿Si el daño no se repara?

El quinto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Una visión global sobre los hechos, los responsables y la situación del caso Ayot­zinapa, el último, nos muestra, desglosados en 36 puntos, los enormes obstáculos para iluminar las tinieblas que se ciernen sobre la tragedia. Con evidencias probadas exhiben la imposibilidad de cerrar el caso.

El informe demuestra que distintas autoridades de nivel municipal, estatal y federal, incluyendo los servicios de información contra el narcotráfico, es decir, Ejército, Policía Federal, estatal, Cisen y policía municipal de Iguala, supieron, en tiempo real, sobre la llegada de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y su intención de tomar autobuses para trasladarse a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México.

Las declaraciones de testigos protegidos y los documentos hallados por el GIEI dibujan un retrato aterrador sobre el narcoestado existente en Guerrero. Existía colusión de integrantes de las corporaciones e instituciones de seguridad de ámbito municipal, estatal y federal con la delincuencia organizada de Iguala y ciudades cercanas. No obstante se sabía sobre el trasiego de drogas en autobuses de pasajeros, los expertos no han localizado reportes sobre salidas de estos camiones ni sobre los filtros de entrada a la ciudad por parte de grupos de narcos.

Militares estaban coludidos con el narcotráfico, según se deduce de las escuchas de Chicago (intervenciones telefónicas de la DEA, de conversaciones de integrantes de Guerreros Unidos) responsables del 27 y del 41 Batallón, en las que se habla de pagos a, al menos, un comandante y un capitán. Testigos protegidos han confesado que recibían periódicamente dinero para permitir los negocios de Guerreros Unidos.

Los normalistas rurales no fueron capturados todos al mismo tiempo, en un solo operativo. Fueron atacados con armas de fuego en siete momentos distintos, en diferentes lugares, a lo largo de cuatro horas. La información sobre los acontecimientos fue conocida en tiempo real por el C4. A pesar de saberlo y de la brutalidad de las agresiones, ninguna autoridad gubernamental de ningún nivel hizo algo para evitarlo.

Pese a la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de permitir el acceso pleno de los expertos a información fundamental, la Secretaría de la Defensa Nacional la oculta. Las declaraciones de mandos y el personal del 27 Batallón de Infantería, con base en Iguala, se han modificado según avanzan las investigaciones. Sus integrantes han mentido una y otra vez. Por ejemplo, ocultaron su presencia en barandillas o dijeron, falsamente, que esa noche permanecieron en sus cuarteles.

Un soldado observó, a través de medios técnicos, tres camionetas de la policía municipal. En la de en medio, eran transportados civiles. Sin embargo, esta evidencia no ha sido entregada a Fiscalía General de la República (FGR).

“Inexplicablemente”, pese a las evidencias en su contra y de tener todo el sustento legal, las órdenes de captura contra numerosos militares que participaron en los hechos fueron canceladas por la fiscalía en septiembre de 2022. Seis de ellas, prioritarias para el GIEI, no se han reactivado.

Como parte de una lógica contrainsurgente, el Ejército infiltró como estudiantes en Ayotzinapa a tres soldados. Conocidos como órganos de búsqueda y observación (OBI), informaban a sus superiores de los acuerdos y movimientos de los alumnos. Se comunicaban todos los días para dar cuenta de la situación. Uno quedó entre los 43 muchachos desaparecidos. Otro OBI se reportó el 27 de septiembre, después de los hechos, y anunció a sus mandos que suspendería la comunicación por asuntos de seguridad. El secretario de Sedena en aquel entonces señaló falsamente que el soldado desaparecido había suspendido la relación desde el 22 de septiembre. El 27, la secretaría tomó contacto con la familia del joven. “Todo esto –aseguran los expertos– fue ocultado en la investigación durante siete años, hasta que el GIEI encontró los documentos en los archivos de la Sedena tras la orden de acceso del Presidente de México.”

La secretaría supo en todo momento lo que se estaba haciendo a los normalistas rurales. A pesar de ello, no realizó nada para evitarlo, protegerlos o rescatarlos. Sin embargo, el Ejército lo niega, como también niega la existencia, comprobada con documentos, del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala (CRFI), cuando se dio el ataque contra los jóvenes.

No fueron los únicos servicios de inteligencia del Estado que supieron lo sucedido en tiempo real. El Cisen tuvo agentes e información de lo que acontecía. Pero, esos reportes no se han dado a conocer.

Del informe del GIEI se desprende que Ayotzinapa fue un crimen de Estado, un delito de lesa humanidad. Una atrocidad en la que están involucradas las más altas autoridades civiles y castrenses de la administración de Enrique Peña Nieto, con el poder suficiente para frenar y boicotear el esclarecimiento cabal de los hechos. Si la verdad de la noche de Iguala no aflora y si no se hace justicia a las víctimas, el fantasma de Ayotzinapa perseguirá sin piedad al país entero.

Fuente de la información:  https://www.jornada.com.mx

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Ayotzi ocho años después: fue el Estado, es el Estado y seguirá siendo el Estado. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Por: Marcelino Guerra Mendoza, Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro. Columna: CORTOCIRCUITOS

«No hay mayor ignominia que la militarización del país en todo momento…»

A ocho años de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el mapa del ejercicio del poder del Estado autoritario ha crecido desproporcionadamente. Por un lado, se normaliza paulatinamente el envío de iniciativas del ejecutivo federal al poder legislativo para ser convertidas en leyes que constituyen, de facto, no solo una traición hacia la población en general, sino una afrenta, una burla para las comunidades, familias y estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Sin saber la verdad, ni recibir justicia, madres y padres de algunos de los desaparecidos han fallecido, pero nunca desfallecieron ni abandonaron la búsqueda de sus hijos. En contraste, el Estado se ha empecinado en desestimar las exigencias, denuncias y protestas de las familias en la búsqueda y localización de sus hijos.

El caso no está resuelto. ¿Dónde están?, es la pregunta que se hacen todos los días los padres de los jóvenes, la misma que el Estado no ha sido capaz o no ha querido responder.

En lugar de respuestas, tenemos cada vez más leyes que sitúan al país en la ruta de la militarización: ahí está la iniciativa de otorgar al ejército y la marina el control de la seguridad en todo el país, traspasando funciones de vigilancia a una guardia nacional militarizada, bajo el mando de la SEDENA. Ante los cuestionamientos sobre este giro, después de que en campaña declarara insistentemente que de ganar las elecciones regresaría al ejército a sus cuarteles, AMLO se ha limitado a responder: Cambié de opinión. 

En la desaparición forzada de los 43 estudiantes, los militares estuvieron directamente involucrados, así lo afirmó hace unas semanas Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia  (Soldados, liderados por “El Coronel”, mataron y desaparecieron a 6 de los normalistas); si el ejército ha sido artífice y protagonista de cientos de miles de desapariciones forzadas y torturas, y su participación activa ha sido comprobada más en el caso de los estudiantes rurales, ¿por qué habíamos de creer que concediéndole el mando de la seguridad civil, las cosas serían diferentes?.

No caigamos en el garlito de que todo sucedió en el periodo neoliberal de Peña Nieto, eso es un hecho, nadie dice lo contrario. Aquí lo fundamental es tener claro, nunca olvidar ni pasar de largo que a 4 años del gobierno de la IV T, el mismo que prometió esclarecer los hechos y acabar con la impunidad, no existen respuestas, tampoco indicios de que realmente interese conocer la verdad, alentar la búsqueda para dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos.

¿Para qué formar una Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, con todos los recursos a su alcance, que se supone debía esclarecer en forma expedita lo ocurrido, pero no es capaz de responder la pregunta, la única cuya respuesta esperan finalmente recibir sus familias y la sociedad entera? Inevitable pensar en una explicación posible: ésta, como tantas otras comisiones que se han formado para fines similares, lo único que muestran es una complicidad extrema con el pasado neoliberal, al tiempo que marcan el escenario militar para continuar profundizando la impunidad.

A ochos años de lo ocurrido y a 4 años de la 4T, el mapa del autoritarismo del Estado transformador de la realidad nacional, es cada vez es más preocupante y grave; las desapariciones forzadas continúan, los feminicidios aumentan, el asesinato de periodistas, activistas y luchadores sociales no cesan; los levantones en el territorio nacional están presentes y la indolencia e insensibilidad de los tres órganos de gobierno para la atención de estos acontecimientos son cada vez más latente.
No hay mayor ignominia que la militarización del país en todo momento, pero a ocho años de la desaparición forzada de los 43 futuros maestros rurales y a cuatro años de gestionar su desaparición con una búsqueda sin resultados concretos, pinta de cuerpo entero al actual gobierno: como un Estado neoliberal con tintes progresistas investido de un discurso disonante de las acciones cotidianas que ratifica, una vez más la máxima popular: FUE, ES Y SERÁ EL ESTADO.

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

Fuente de la información: Insurgencia Magisterial

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