El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva puso fin este miércoles a un programa implantado por el exmandatario Jair Bolsonaro que promocionó la creación de las llamadas “escuelas cívico-militares” administradas por las fuerzas armadas.
La medida que extingue el Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares fue tomada mediante una resolución del ministerio de Educación y del ministerio de Defensa y divulgada por la prensa brasileña.
La cartera de Educación dijo “no haber comprobado la eficacia” del programa impulsado por el líder de ultraderecha y capitán de la reserva del Ejército, quien sostenía que en las escuelas se debía “imponer la jerarquía”, como “se hace en los cuarteles”.
Entre 2019 y 2022 fueron abiertas en el país 216 escuelas cívico-militares a las que asisten 192 mil alumnos, entre ellos la hija menor del expresidente, Laura, de 13 años. La gestión educativa estaba a cargo de profesionales del área, pero lo relativo a la administración y los llamados “códigos de conducta” eran responsabilidad de personal vinculado a las fuerzas armadas.
Según el ministerio de Educación, en esas escuelas habrá a partir de ahora “una transición cuidadosa de actividades, que no comprometa el cotidiano” de los alumnos y profesores, y que durará hasta el fin del presente año lectivo, cuando esos colegios volverán a tener la misma disciplina de todos los inscriptos en la red pública. Los militares que trabajaban en esas escuelas, de acuerdo a la decisión, serán reubicados progresivamente en otras funciones, pero dentro del cuadro de las fuerzas armadas.
En el documento, la cartera de Educación advierte que el programa “induce una desviación del propósito de las actividades de las fuerzas armadas, invocando su actuación en un área que no es de su competencia y no es consistente con su lugar institucional en el ordenamiento jurídico brasileño”.
Escuelas contra el “marxismo cultural”
El formato de escuela cívico-militar existe en el país desde la década del 90 pero Bolsonaro le dio un fuerte impulso en septiembre de 2019 con la creación del Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares, que tenía el objetivo de reducir la deserción escolar y reprimir los casos de violencia escolar a través de la disciplina militar. El expresidente creó una secretaría dentro del ministerio de Educación para el programa que contaba con su propio presupuesto y personal.
A principios de año, el gobierno de Lula extinguió esa secretaría. El ministro de Educación, Camilo Santana, ya había manifestado que no apoyaba la medida, pero aún faltaba definir cómo funcionarían las escuelas luego de la supresión del modelo y qué pasaría con los militares que prestaban servicio en los establecimientos escolares.
Cuando Bolsonaro anunció ese programa cuatro años atrás dijo que uno de los objetivos era que las escuelas dejaran de “formar militantes políticos” y pasaran a educar “para el trabajo”, con “la disciplina” propia de los cuarteles. Las escuelas cívico-militares también fueron presentadas como una “herramienta” contra el “marxismo cultural” que, según el líder de ultraderecha, domina el pensamiento y la educación desde hace décadas.
“Visión distorsionada” de prioridades
La enseñanza fue una de las áreas más conflictivas para el gobierno de Bolsonaro, quien en sus cuatro años en el poder tuvo igual número de ministros al frente de la cartera de Educación. Para Gabriel Corrêa, gerente de Políticas Educativas de la ONG “Todos Por la Educación”, este “modelo militarizado de escuelas debía quedar restringido a escuelas de las fuerzas armadas, para jóvenes que quieran este tipo de formación y carrera, con personal militar que haya tenido formación en el campo educativo”.
Otro punto muy criticado por expertos fue la mala lectura de las prioridades, ya que el gobierno de Bolsonaro daba “prioridad a un número mínimo de escuelas, creando una política, un presupuesto específico y una mesa específica en el ministerio de Educación para ellas, lo que muestra una muy visión distorsionada de las prioridades”, dijo Corrêa en diálogo con el portal G1.
Más allá del ámbito educativo, el rol de las fuerzas armadas en el gobierno de Bolsonaro se encuentra bajo análisis, sobre todo porque al menos tres militares están acusados por el complot para desconocer las elecciones de octubre pasado e incentivar el intento de golpe del pasado ocho de enero. El exedecán de Bolsonaro, coronel Mauro Cid, está detenido y se le encontraron en su celular documentos sobre cómo llevar adelante un golpe de Estado para desconocer las elecciones del año pasado.
Pablo Stefanoni es jefe de redacción de la revista latinoamericana Nueva Sociedad e investigador asociado en la Fundación Carolina de España. Es autor de ¿La rebeldía se volvió de derecha?, un libro sobre mutaciones de las extremas derechas y los obstáculos a los que se enfrentan las izquierdas. En esta entrevista, habló con Federico Fuentes sobre la situación en América del Sur tras las elecciones brasileñas, los desafíos que plantean las nuevas derechas, el impacto de la guerra de Ucrania y las perspectivas para las izquierdas regionales.
Las recientes elecciones en Brasil se pueden analizar desde dos lecturas diferentes. De un lado, se puede hablar de la confirmación de una nueva ola de gobiernos progresistas -o Pink Tide- ya que el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva al gobierno sigue los pasos de los triunfos progresistas en Chile, Perú, Colombia, Honduras y Bolivia. Del otro lado, se puede ver la consolidación de la nueva derecha –o mejor dicho nuevas derechas, dado las diferencias que existen entre ellas– que en varios países viene desplazando a la derecha tradicional y mejorando su performance electoral. ¿Cuál es tu análisis del resultado en Brasil y cuánto énfasis pondrías en estas dos visiones al analizar la actual dinámica política en el subcontinente?
En mi opinión, ambas lecturas son correctas, y ambas requieren de matices. Por un lado, en Brasil vimos el triunfo de una alianza electoral muy amplia en torno de la figura de Lula da Silva, que abarcó desde la izquierda socialista hasta sectores de centroderecha y de la elite económica, mediática y judicial, distanciada de Bolsonaro. Eso fue en parte el resultado de la imposibilidad del centro de armar una oferta electoral atractiva. El de Lula fue un proceso de resurrección política muy impresionante, pero su victoria estuvo lejos ser resultado de un clivaje pueblo/oligarquía o izquierda/derecha. Lo que ganó fue una suerte de frente democrático, liderado por Lula, contra el enorme deterioro de la vida cívica, social e institucional que constituyó el bolsonarismo y la derecha lúmpen y pandillera que encarnaba. Y si bien Lula “resucitó”, el PT sigue siendo muy cuestionado. Hay sectores dinámicos a su izquierda como el Partido Socialismo y Libertad (Psol), pero son partidos aun relativamente pequeños. Con esta victoria, los principales países de la región son gobernados por el progresismo.
Pero es cierto que Bolsonaro mostró que es la expresión de un sustrato de derecha radicalizado en estos años, de amplio alcance, y que lo trasciende. Un movimiento que rechaza los avances de género y raciales de los últimos tiempos y representa posiciones negacionistas en el ámbito climático. Además vimos un voto muy regionalizado, con el PT muy dependiente de los sectores más pobres del Nordeste. Detrás del bolsonarismo hay intereses concretos: agroindustriales, milicias y sectores de las fuerzas de seguridad, evangélicos conservadores… lo que se llama en Brasil las tres B: Buey, Bala y Biblia. Bolsonaro es la cuarta B que federó a todos esos sectores desde 2018. Veremos si puede sostener su liderazgo en el futuro -ni siquiera pudo crear un partido en estos años- o surgen otros liderazgos de derecha en competencia con él; pero en el Parlamento y las gobernaciones quedó claro que estos sectores mantienen una fuerte presencia institucional.
El de Lula fue un proceso de resurrección política muy impresionante, pero su victoria estuvo lejos ser resultado de un clivaje pueblo/oligarquía o izquierda/derecha. Lo que ganó fue una suerte de frente democrático, liderado por Lula
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Hay varias razones para explicar por qué la nueva derecha ha logrado estos resultados. Las explicaciones más corrientes se enfocan en el papel de los medios de comunicación (tradicionales y alternativos, como las redes sociales), la circulación de fake news o el crecimiento de las iglesias evangélicas. ¿Cuánto peso das a estos factores? ¿Habría que sumar además el impacto del neoliberalismo sobre la sociedad, que ha venido creando un sujetosocial receptivo de las ideas y visiones de estas nuevas derechas? ¿Cómo explicas la cosecha electoral que ha logrado la nueva derecha? ¿Llegaron para quedarse estas derechas radicalizadas?
En el caso de Brasil, muchos de los grandes medios apoyaron a Lula. Hay videos de periodistas de grandes diarios festejando la derrota de Bolsonaro. Al mismo tiempo, el bolsonarismo se mostró eficiente como fábrica de fake news, en redes, en WhatsApp, que en Brasil es muy importante, y mucha de esa guerra sucia virtual tiene como terreno fértil de cambios en la sociedad como el crecimiento del evangelismo. Había infinidad de fakes news que decían que Lula iba a cerrar iglesias e incluso que tenía un pacto con el diablo, y la campaña del PT debió salir a “desmentirlo”. También los discursos anticorrupción siguen siendo importantes para desacreditar al PT. Bolsonaro se refiere siempre a Lula como “ex reo”, por su paso por la prisión.
Pero en efecto, hay cambios societales sobre los que hay que profundizar. Transformaciones en el mundo religioso, movilizad social truncada, mejoras bajo los gobiernos del PT sostenidas en el consumo más que en los servicios públicos, los bienes comunes y el Estado de bienestar… todo eso generó a menudo frustraciones en sectores de las llamadas “nuevas clases medias” y reacciones en otros, contra la “invasión” plebeya de universidades, aeropuertos, centros comerciales. Aunque el PT promovió una distribución sin lucha de clases -darle a los pobres sin quitarle a los ricos-, en el plano simbólico sí hubo, según varios estudios, reacciones clasistas contra las transformaciones en curso. Adicionalmente, como recuerda en un artículo el académico Roberto Andrés, el período lulista también supuso un salto en la importancia de la agroindustria en el país. La desindustrialización en el sureste fue acompañada por el crecimiento de la producción de commodities y la consolidación de un fuerte sector agrícola en el centro-oeste. En esa zona, Bolsonaro obtuvo sus mejores resultados. La regionalización del voto fue muy importante en la elección, y en la resistencia electoral de Bolsonaro.
Finalmente, a escala más regional, no hay que olvidar que casi la mitad de la población latinoamericana trabaja de manera no registrada. Dentro de esa economía existe un capitalismo popular que es permeable a los discursos meritocráticos, contrario a la asistencia social, e incluso anti-Estado. Hay un discurso contra los “vagos” pero también de gente que no quiere ser tratada como “asistida”. En América Latina, muchos se consideran pequeños empresarios, incluso en el marco de economías de la precariedad, que hace que los discursos de estas nuevas derechas, mezcla de libertarianismo y conservadurismo, tengan una base más grande de lo que a veces la izquierda imagina (el apoyo de los libertarios de Javier Milei entre la clase media baja e incluso en los sectores populares de Argentina es un buen ejemplo de ello). Todo esto no se resuelve diciendo que votan contra sí mismos o que tienen “falsa conciencia”. La propia izquierda en la región, y en Brasil en particular, ha hecho del consumo la base de su política, sin fortalecer al mismo tiempo los bienes comunes y los servicios públicos. No es casual que las protestas contra Dilma Rousseff en 2013 comenzaran con el transporte y pidieran “servicios públicos calidad FIFA”, en referencia a los gastos por el mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos.
Creo que hoy hay un agotamiento significativo de los discursos “populistas” -sobre todo, los de matriz bolivariana- del primer ciclo. Y el horizonte de cambio se ha reducido. Dicho eso, el triunfo de la izquierda en Chile y Colombia, con sus problemas, ha redefinido la geopolítica regional
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Mientras el establishment apoyó a Bolsonaro cuatro años atrás para evitar una victoria del PT, hoy en gran parte apoyó a Lula. A esto se puede añadir el hecho que los nuevos presidentes progresistas fueron elegidos con un programa más moderado comparados con los candidatos de la primera ola (Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, etc.). Hasta el mismo Lula de 2022 no es el mismo que fue electo por primera vez en 2002. ¿Qué nos dice esto del estado de la izquierda hoy? ?Y que quisiste decir en tu libro cuando escribiste que las izquierdas podrán seguir ganando elecciones, pero sienten que pueden muy poco cuando ganan?
Con Bolsonaro pasó algo parecido a lo ocurrido Trump, terminó siendo una suerte de derecha vulgar y violenta que además acabó con la reputación internacional de Brasil y obstaculizó el desarrollo del propio sistema (ni siquiera las derechas regionales miraron con demasiada simpatía a Bolsonaro, salvo pequeños grupos). Hay una dimensión en estas derechas “alternativas” que termina siendo antisistema dentro del sistema, cuestionando las instituciones y a parte de las elites, y generando incertidumbre por arriba. Solo eso explica que sectores que odiaban a Lula lo “amnistiaran” ahora.
Pasando a la segunda parte de la pregunta, es cierto que hoy la izquierda parece tener menos energía ideológica, digamos, que en la primera pink tide o marea rosa de los años 2005-2015. De todos modos, creo que es importante volver sobre la supuesta radicalidad de ese momentum. Es cierto que en varios países hubo transformaciones importantes, sobre todo cambios de elite que habilitaron la llegada al poder de sectores tradicionalmente excluidos, y eso fue muy importante. Al mismo tiempo, creo que el clivaje reforma/radicalidad para analizar ese periodo debe ser relativizado. El país más “radical”, el único nuevo que se definió socialista después de la caída del Muro de Berlín, que fue Venezuela, acabó con una mezcla de ineficiencia, corrupción y autoritarismo, con servicios públicos derrumbados, particularmente el sistema de salud, y una economía dolarizada, una desigualdad muy alta y en crecimiento y una enorme ola migratoria. En el caso de Bolivia, aunque el gobierno de Evo Morales fue muy eficiente en el ámbito de la economía, combinando nacionalización del gas con prudencia macroeconómica, en términos de Estado social los avances fueron mucho más modestos, y el propio Morales reconoció hacia el final de su tercer mandato que la deuda del “proceso de cambio” respecto al sistema de salud (algo central para la vida de los sectores populares, que hace la diferencia entre la vida y la muerte).
De manera más general, los discursos más radicales que vimos en la primera ola a menudo no tuvieron capacidad para plasmar los cambios en nuevas instituciones, y hubo muchas políticas ad hoc del Estado, como las “misiones” en Venezuela, y, al mismo tiempo, parte del discurso “revolucionario” se tradujo en formas de autoritarismo o visiones antipluralistas de la política. Hay que recordar que Evo Morales desconoció el resultado del referéndum de 2016 por su reelección, lo que le entregó la bandera democrática a la derecha, que al final logró derrocarlo por una vía antidemocrática, o que el presidente boliviano le entregó la máxima condecoración del Estado al dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang (que está en el cargo desde 1979) y dijo que quería aprender del “hermano Teodoro” cómo ganar con 90% de los votos (todos sabemos cómo se logra eso). Venezuela entró en formas de autoritarismo mucho más graves -que hoy denuncia incluso el Partido Comunista venezolano- y Nicaragua directamente se transformó en una dictadura.
A diferencia del primer ciclo, hoy hay un sector de la izquierda que denuncia estas derivas, sobre todo Gabriel Boric en Chile, pero también Gustavo Petro en Colombia, y sectores de las izquierdas radicales que vienen de tradiciones disidentes del comunismo oficial. También vemos una izquierda que ha tomado la bandera ambiental, ausente en los populismos de izquierda. Esas transiciones no son fáciles pero es necesario comenzar a discutirlas. En resumen: sí creo que hoy hay un agotamiento significativo de los discursos “populistas” -sobre todo, los de matriz bolivariana- del primer ciclo. Y el horizonte de cambio se ha reducido. Dicho eso, el triunfo de la izquierda en Chile y Colombia, con sus problemas, ha redefinido la geopolítica regional. Ya no existe la Alianza del Pacífico como espacio liberal conservador que se postulaba como alternativa a la izquierda, y las extremas derechas fueron frenadas en Brasil y Chile. Es cierto que el horizonte “utópico” de los cambios, y los discursos refundacionales se han debilitado, pero creo que hay que evitar contraponer estas dificultades a una supuesta edad de oro de la izquierda en los primeros años 2000.
Parte de las dificultades que tiene la izquierda para cambiar el mundo las tienen también las derechas radicales. No estamos en los años 30 aunque encontremos algún aire de familia con algunos aspectos de aquellos años
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Al hablar en mi libro de lo “poco” que pueden las izquierdas cuando ganan me refería a un clima más global, a las decepciones en Grecia, en parte en España, con las fuerzas a la izquierda de la socialdemocracia que llegaron al gobierno. Hay, en mi opinión, una discusión pendiente sobre cómo repensar la economía política del cambio social más allá del discurso contra los mega ricos; el discurso de Oxfam es atractivo pero en mi opinión limita la discusión. La escritora argentina Mariana Heredia escribió sobre eso en un libro reciente.
Has escrito que las nuevas derechas se han construido sobre las bases de un antiprogresismo o suerte de Frente Único Antiprogresista. También se podría decir que sectores de la izquierda han intentado movilizar a sus bases sobre una suerte de antifascismo, intentando etiquetar todas las nuevas derechas como una amenaza fascista. ¿Creés que esto ha tenido logros hasta ahora? ¿O ves debilidades en esa estrategia?
Creo que el antiprogresismo (ahora anti-wokeísmo) es el pegamento de extremas derechas muy diversas entre sí pero que funcionan -no sin tensiones- en un terreno común (el libro de Steven Forti explica de manera pedagógica esas diferencias). La idea de que hay una dictadura woke (término usado por la extrema derecha contra la izquierda que se expandió desde Estados Unidos a otros países), que las elites son de izquierda, que el marxismo cultural ha capturado los cerebros y los espíritus, circula entre el Norte y el Sur, entre las derechas partidarias y derechas virtuales. El problema de hablar de fascismo es que no permite captar las diferencias entre estas derechas y el fascismo clásico. Hoy, como recuerda Forti, no hay milicias, estos movimientos no son palingenésicos (no se busca el “hombre nuevo”) y juegan de una manera compleja y ambivalente en la democracia.
Dicho eso, los frentes democráticos han logrado frenar a las extremas derechas en muchas partes, en particular en Francia, Brasil, Chile… Lo que ocurre es que el “todos contra el fascismo” puede confirmar las denuncias de las derechas de que esos “todos” son parte del mismo bloque, y a menudo coloca a la izquierda a remolque de fuerzas neoliberales. De todos modos, las extremas derechas han logrado avanzar en su desdemonización: en Francia, el lepenismo rompió los cordones republicanos en las legislativas y pasó de 8 a 89 diputados; Giorgia Meloni llegó a la primera magistratura de Italia aliada al centroderecha; Vox se alió al Partido Popular en varias regiones; José Antonio Kast en Chile consiguió el voto se vastos sectores de las derechas “moderadas”.
Entonces, al no verse a los camisas negras marchando por las calles, muchos se preguntan: ¿dónde está el fascismo del que habla la izquierda? Hay en esto algo paradójico: es cierto que la normalización de la extrema derecha corre los límites de lo pensable, rompe acuerdos tácitos de la posguerra, pero al mismo tiempo pone a estas derechas ante el riesgo de ser demasiado “normales”, parte del sistema, de la elite o la “casta” política. Parte de las dificultades que tiene la izquierda para cambiar el mundo las tienen también las derechas radicales. No estamos en los años 30 aunque encontremos algún aire de familia con algunos aspectos de aquellos años. En el caso europeo, esto ocurre por la propia Unión que pone muchísimos límites, para mal y para bien. Todos tienen menos poder hoy frente al “sistema” si tomamos por sistema el capitalismo globalizado que vivimos en la actualidad. Y todos parecen decepcionar a quienes esperan cambios profundos, no solo la izquierda.
Analizando la respuesta de la izquierda a la guerra en Ucrania en abril, el traductor y editor Marc Saint-Upéry escribió que “como ideología movilizadora de masas y brújula unilateral para proyectos de desarrollo nacional creíbles, el antiimperialismo antiestadounidense está muerto y enterrado en América Latina”. ¿Cómo definirías las posiciones de la izquierda -y de las nuevas derechas- en América Latina frente a la guerra? ¿Crees que es tal como dice Saint-Upéry en cuanto al antiimperialismo? ¿O más bien prevalece, como dicen otros autores, una visión de no alineación donde la región se niega a ser parte de la cruzada de OTAN contra Rusia?
El antiimperialismo antiestadounidense tiene sin duda una rica tradición en la región, que por razones obvias debió resistir la injerencia de Estados Unidos, que consideraba a América Latina, y sobre todo México y América Central, su patio trasero. El problema es que el antiimperialismo, como sabemos, puede tener muchas declinaciones. Por ejemplo, la dictadura militar argentina de Videla también denunció la injerencia de Estados Unidos, a la OEA, a la CIDH que investigaron las desapariciones e incluso se acercó a la URSS. El problema no es el antiimperialismo sino usarlo para contrabandear cualquier cosa. En el caso de la izquierda, a menudo más que antiimperialismo hay “campismo”: pensar la política como dos campos en el que hay que tomar partido, en piloto automático, por quien se opone a Estados Unidos.
Se trata de una versión degradada del viejo campismo, que dividía el mundo entre el campo capitalista y el campo socialista. Si la URSS proyectaba, a su manera, desnaturalizando viejas utopías, la perspectiva de un mundo alternativo al capitalismo, el campismo post-1989 sirve solo para justificar a tiranos puros y duros, como Bachar el Asad, Gadafi, o sistemas como el iraní. Varios referentes de las izquierdas latinoamericanas llenan de flores a estos “antiimperialistas”. Así, Evo Morales pudo felicitar a Vladímir Putin para su cumpleaños, con un tuit que vale la pena citar completo: “Muchas felicidades al hermano presidente de Rusia, Vladímir Putin en el día de sus cumpleaños. Los pueblos dignos, libres y antiimperialistas acompañan su lucha contra el intervensionismo armado de EEUU y la OTAN. El mundo encontrará paz cuando EEUU deje de atentar contra la vida”. Que Putin financie a la extrema derecha europea, que plantee la guerra de Ucrania como una guerra santa contra el Occidente satánico, no tiene importancia para estas izquierdas que compraron el discurso de la “desnazificación” o la idea de que todo esto es producto de la “expansión de la OTAN”, sin analizar las propias dinámicas imperialistas de Rusia ni el hecho de que para muchos vecinos entrar en la OTAN sea bastante racional si Rusia opera como el matón grandote del barrio. Es una izquierda que tampoco dice nada sobre Nicaragua, donde cada vez más disidentes están presos, incluso reconocidas figuras de izquierda. El caso nicaragüense es interesante porque Daniel Ortega desarrolló buena relaciones con el Comando Sur, el FMI y otras instituciones “imperiales”.
Todos tienen menos poder hoy frente al “sistema” si tomamos por sistema el capitalismo globalizado que vivimos en la actualidad. Y todos parecen decepcionar a quienes esperan cambios profundos, no solo la izquierda
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Por otro lado, como mostró el mismo Saint-Upéry, y mostramos también en otro artículo, en última instancia y a la hora de fijar el sentido del voto en Naciones Unidas y otros organismos, las posiciones de los gobiernos de la región han respondido mayoritariamente a la tradicional visión normativa de las relaciones internacionales que ha caracterizado a la cultura política y su visión del mundo latinoamericanas, y en particular a la tradición de política exterior de las cancillerías y la diplomacia. De manera sumaria, las políticas exteriores latinoamericanas están enraizadas, en primer lugar, en los principios de respeto de igualdad soberana de los Estados y no intervención.
Pero no es solo la izquierda la que se muestra ambivalente con esta cuestión. Como señalaba un artículo de la BBC en portugués, “el ala más radicalizada de la derecha brasileña está dividida en este conflicto, ya que una parte coquetea con la derecha ucraniana, mientras que otra admira a Putin”. Al viajar a Moscú, Bolsonaro declaró que “Putin es conservador, gente como nosotros”. De hecho, la segunda parada ideológica de la gira fue una visita a Viktor Orbán donde señaló que “los gobiernos de Brasil y Hungría comparten ideas que pueden resumirse en cuatro palabras: dios, patria, familia y libertad”.
Por último, las izquierdas radicales en general suelen decir que la respuesta a las nuevas derechas está en las calles y en los movimientos sociales. ¿Creés que en la situación actual eso es suficiente? ¿Qué le falta a la izquierda de hoy? O, dicho de otra manera, ¿cuál es el desafío más grande que enfrenta la izquierda que verdaderamente quiere implementar cambios?
En mi opinión, el desafío es rearticular de otro modo la dupla reforma/revolución. Sin la revolución como horizonte disponible (para mal y para bien, dados los resultados de las experiencias que conocemos), es necesario dar nueva vida a la reforma social, abandonada por los reformistas. Hay una serie enorme de problemáticas para abordar: cambio climático, nuevas formas de alienación -¿cómo pensar las nuevas tecnologías?- y precariedad, necesidad de reconstruir de alguna forma los Estados de bienestar. En Madrid se movilizó medio millón de personas hace unos días por la sanidad pública: para conseguir una cita con un especialista se puede esperar meses, y hasta un año. Eso posiblemente no se pueda hacer bajo parámetros de hipercorrección política ni sedimentando identidades de nicho, sino combinando perspectivas emancipatorias en temas como el feminismo y las diversidades sexuales con capacidad para atraer sectores populares más amplios con sensibilidades diversas y contradictorias sobre una multiplicidad de problemas societales. En un mundo precarizado y con un futuro amenazante no alcanza con deconstruir todo, es necesario construir imágenes de cómo puede ser una vida mejor.
Es necesario, creo, cierta des-hipsterización del progresismo, reconectar con los de abajo, volver sobre cuestiones económicas “duras” -hoy se habla de pos capitalismo casi sin hablar de economía, salvo en círculos muy especializados-. El catastrofismo puede ser pedagógico pero no creo que nos ayude a refundar proyectos emancipatorios. No sé cómo se hace todo esto, dependerá de experiencias concretas que permitan cierta universalización, formas de reconstruir comunidad, espacios de deliberación… El ecosocialismo, en este contexto, podría proporcionar algunas imágenes para reconstruir imaginarios positivas y deseables del futuro que trascienda el mero colapsismo.
A pesar de haber escrito un libro que parece pesimista yo no creo que la derecha esté ganando todo, incluso creo que su radicalidad es menudo es porque está perdiendo. Pero quien “gana” es un capitalismo desigualitario y al mismo tiempo “progresista” en sus discursos sobre género, raza, minorías sexuales… por eso hay una gran confusión. El problema, en todo caso, es que parte de la izquierda se ha centrado en discursos que ha abandonado en gran medida una perspectiva más universalista/de clase. Si bien se habla todo el tiempo de interseccionalidad, la dimensión de clase de esa ecuación de las desigualdades es la menos abordada. Sin recuperar algún tipo de identidad de clase —que no será como las del pasado ni se resuelve asumiendo posiciones conservadoras o anti-woke— no parece fácil enfrentar los combates que nos esperan.
(Una versión en inglés de esta entrevista fue publicada en la revista LINKS International Journal of Socialist Renewal).
América del Sur/Brasil/25-03-2022/Autor(a) y Fuente: www.jornada.com.mx
Río de Janeiro. Varios legisladores de oposición brasileña pidieron este martes la apertura de una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro y su ministro de Educación, Milton Ribeiro, por supuesto tráfico de influencias para favorecer a aliados políticos de pastores evangélicos.
«Milton Ribeiro convirtió el Ministerio de Educación en una mesa de negocios para sus tratos encubiertos, negociando favores públicos a la luz del día», escribió en Twitter Fabiano Contarato, senador del Partido de los Trabajadores (PT) del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
«Pediré hoy al Supremo Tribunal Federal (STF) la apertura inmediata de una investigación para indagar las gravísimas denuncias contra el ministro», agregó.
El escándalo estalló cuando el diario Folha de Sao Paulo reveló la noche del lunes el contenido de un audio en el que Ribeiro, él mismo un pastor evangélico, aseguró que, a pedido de Bolsonaro, daría prioridad para liberar recursos destinados a la educación a municipios dirigidos por «amigos» de dos influyentes pastores.
«Mi prioridad es atender primero los municipios que más necesitan y, en segundo lugar, atender todos los que son amigos del pastor Gilmar», dijo Ribeiro durante una reunión en la que habrían participado alcaldes y los pastores Gilmar Santos y Arilton Moura, quienes según el diario tendrían una gran influencia dentro del gobierno.
«Fue un pedido especial que el presidente de la República me hizo», añadió.
Las revelaciones causaron indignación y un grupo de diputados opositores también pidió que se abriera una investigación en el STF.
Ribeiro rechazó las acusaciones de tráfico de influencias y aseguró en un comunicado que Bolsonaro «no pidió una atención preferencial para nadie».
«Sólo me pidió que recibiera a todos quienes me buscaran, incluidas las personas citadas en el reportaje», señaló, alegando que los ministros no pueden «determinar la asignación de recursos para favorecer o desfavorecer a algún municipio o estado».
Los comentaristas políticos han relatado la presión tras bambalinas de parlamentarios aliados a Bolsonaro, quien busca la reelección en octubre, para exigir la renuncia del ministro.
Teólogo, abogado y pastor de la iglesia presbiteriana, Ribeiro, de 63 años, fue imputado a finales de enero por la fiscalía por «homofobia», tras haber dicho en una entrevista publicada en septiembre de 2020 que los adolescentes homosexuales provienen de «familias inadaptadas».
Asumió en julio de 2020 en la administración de Bolsonaro, que tomó el poder con el apoyo de poderosos círculos evangélicos.
Su antecesor, Abraham Weintraub, dejó el cargo en junio de 2020, luego de varias polémicas, como un tuit contra China considerado racista e insultos a los jueces del Supremo Tribunal.
Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/22/mundo/acusan-a-bolsonaro-y-al-ministro-de-educacion-de-trafico-de-influencias/
Historiadora y antropóloga, autora de numerosos libros sobre la historia de Brasil, Schwarcz analiza los actos de Jair Bolsonaro en el día de la Independencia y lo que significa la utilización política de esta fecha para ese país.
«Nuestro presente está lleno de pasado», resalta la historiadora y antropóloga brasileña Lilia Schwarcz. El martes pasado, el presidente Jair Bolsonaro demostró su poder político en las calles durante las celebraciones del 199º aniversario de la Independencia del dominio portugués, en medio de ataques a la Justicia y la prensa.
Schwarcz, profesora en la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Princeton, analiza éste fenómeno desde una perspectiva histórica. Entre la decenas de libros que lleva escritos como ‘Brasil: una biografía’, publicado junto a Heloisa Starling en 2015, asegura que no existe ningún personaje político similar a Bolsonaro en los últimos 500 años de historia.
Ayelén Oliva.- La independencia de Brasil de Portugal fue muy diferente al resto de los países de América Latina. ¿Cuál cree que es la lectura que prevalece en Brasil sobre esta fecha?
Lilia Schwarcz.- Fue creada una leyenda dorada en torno a la Independencia de Brasil. Una visión que sostiene que el país tenía un destino para transformarse en una monarquía rodeada de repúblicas. La Independencia brasileña fue muy conservadora. La principal preocupación de las élites era evitar la fragmentación del país y mantener un sistema esclavista. Esa idea de Independencia en la que Pedro I es retratado casi como un militar, fue una construcción tardía a partir de un lienzo de Pedro Américo. Esa imagen ha sido muy utilizada en el aniversario de 1972, en plena dictadura militar. Desde entonces, los militares asumieron esa versión demasiado militar y asociada a la idea de monarquía de nuestra Independencia.
Ayelén Oliva.- ¿Y cómo conecta esto que describe con lo que vimos el martes pasado?
Lilia Schwarcz.- Lo que vimos el 7 de septiembre pasado fue una demostración de cómo los militares pueden manipular la Independencia, una vez más, y del modo en que Jair Bolsonaro se aprovecha de estos momentos para instar a la gente a participar de actos profundamente antidemocráticos, machistas y violentos.
Ayelén Oliva.- En 2022, Brasil tendrá su bicentenario. ¿Qué espera de esa fecha?
Lilia Schwarcz.- Los brasileños tenemos que preguntarnos qué tipo de bicentenario de la Independencia queremos tener. Si queremos asociarnos con la imagen de un desfile militar o con la idea de otro tipo de país.
Ayelén Oliva.- ¿Cómo sería eso?
Necesitamos tener una mirada de la Independencia más amplia, más plural, más generosa. En la historia de Brasil tenemos una historia oficial muy colonial, europea y masculina. Tenemos que entenderla como un proceso de Independencia más diverso, entendiendo que es un país muy grande. Pero también en otros protagonistas. Protagonistas que sean negros, mujeres, ersonas que fueron totalmente invidisbilizadas desde las mujeres como el caso de María Leopoldina hasta María Felipa de Oliveira, ambas fueron grandes heroínas de la Independencia.
Ayelén Oliva.- Bolsonaro asoció la idea de Independencia con la idea de libertad. ¿Qué piensa de eso?
Lilia Schwarcz.- El presidente tomó la idea de libertad asociada a la libertad de expresión y manifestación. La agenda bolsonarista viene secuestrando sistemáticamente los símbolos del país como la bandera o el himno. Ya nadie puede usar los colores de verde y amarillo sin parecer bolsonarista. Pero también ha venido secuestrando conceptos como el de libertad de expresión. Para Bolsonaro atacar a otras instituciones como al Supremo Tribunal Federal, inventar la historia contra el voto electrónico, decir noticias falsas es «libertad de expresión». Yo no creo que eso sea libertad de expresión. Bolsonaro usó el día de la Independencia para incentivar a sus seguidores, que lo llaman «mito», para una nueva liberación. Liberación entendida como su autonomía frente a, por ejemplo, otros poderes del Estado.
Ayelén Oliva.- En el discurso del martes, Bolsonaro se refirió a sus seguidores como «patriotas». ¿Qué significado cree que tiene esta palabra para el presidente?
Lilia Schwarcz.- Yo no considero que Jair Bolsonaro sea un político conservador, creo que Bolsonaro es un político retrógrado. Un político conservador, que respeta la Constitución, está bien para a democracia. El problema es cuando lo que se busca es desandar nuestros derechos. Él no admite los derechos LGTBI, no admite la religiones de matriz africana, no admite los derechos de las mujeres. Ese mismo proyecto retrógrado es lo que quiere para la patria. La patria que él imagina está compuesta por hombres, por evangélicos o cristianos y alegadamente heteronormativos. Esa es la patria para Jair Bolsonaro. Es un modelo muy retrógrado.
Ayelén Oliva.- En uno de sus últimos libro, usted sostiene que en Brasil existe una versión suavizada de la identidad brasileña que deja muchas otras cosas afuera como el tema del racismo. ¿Cuánto de esa otra parte de la historia silenciada de Brasil existen en el tipo de liderazgo que hoy representa Bolsonaro?
Lilia Schwarcz.- Parto de dos suposiciones. La primera es que nuestro presente esta lleno de pasado. La segunda es que, para aquellos que vieron con mucho espanto la elección de Bolsonaro en 2018, les digo que los brasileños siempre fueron autoritarios. No es una novedad. Entonces, él recupera una parte de nuestra historia que ha sido silenciada, incluso por este Gobierno, como el tema de la esclavitud, el racismo sistémico que existe en el país y la dictadura militar. Al brasileño no le gusta hablar de reparación, las políticas de reparación nos cuestan mucho.
Ayelén Oliva.- Si tuviera que compara a Bolsonaro con otro personaje de la historia de Brasil, ¿cuál sería?
Lilia Schwarcz.- ¡Ninguno! Es incomparable. Pienso que es una crisis única en nuestra historia. Nosotros ya tuvimos presidentes extremistas pero no hay comparación. Bolsonaro solo piensa en eternizarse en el poder.
En Brasil el movimiento feminista –como todo el sector popular– transita una compleja etapa política. Tanto la pandemia como la ofensiva neoliberal y conservadora obligan a los movimientos populares a ser creativos y audaces.
Esta coyuntura implica más violencia, precariedad y sobrecarga de trabajo, afirma Renata Tica Moreno, del portal digital Capire (https://capiremov.org/es/), militante de la Marcha Mundial de Mujeres e integrante de la coordinación nacional brasilera del Colectivo de Comunicadoras.
Capire es una herramienta de comunicación internacionalista que se creó en 2021 en cinco idiomas con el fin de convertirse en un eco de las voces de las mujeres en movimiento y de hacer visibles las luchas y los procesos de organización en los territorios. Su objetivo, reforzar las referencias locales e internacionales del feminismo popular, anticapitalista y antirracista.
Ante la situación tan compleja en Brasil, la principal tarea es “frenar la política de muerte impulsada por el Gobierno de Jair Bolsonaro”, enfatiza la joven militante. Y recuerda que, para el movimiento feminista de su país, las reivindicaciones esenciales son a favor de la autonomía, por la tierra, contra el racismo y contra todas las formas de violencia. Es decir, promover las resistencias cotidianas de las mujeres en cada territorio, así como las prácticas para organizar la vida común y para transformar la economía. Priorizando la siempre imprescindible movilización social.
Tragedia pandémica
La crisis sanitaria obliga a las organizaciones de mujeres a priorizar la defensa de la vida. Brasil es uno de los países del mundo con más decesos por el virus.
La Marcha Mundial de Mujeres (MMM) de Brasil, participa en la distribución de alimentos y de productos de higiene en diferentes regiones. Y promueve activamente la formación y el intercambio de información, incluso sobre el COVID-19 y temas de salud. La catástrofe social es ya una realidad, constata Moreno. Y los componentes de la misma se multiplican: caída del empleo; aumentos de los precios de los productos de la canasta básica; el hambre que se multiplica y la falta de una adecuada asistencia médica y hospitalaria.
Todo esto ante la mirada cómplice del gobierno, principal promotor de esta política de muerte. “Expresa una irresponsabilidad total hacia el pueblo. Subestima la pandemia (“es solo una gripecita”), reduce la asistencia de emergencia, propagandiza la cloroquina, aunque se sabe que no tiene efectos positivos. Y relativiza la importancia de las vacunas. Adicionalmente, y esto es un aspecto gravísimo, promueve la desinformación. Lo que pasó en Manaos a inicios del año fue brutal: el gobierno no hizo nada para asegurar el aprovisionamiento de oxígeno en una de las ciudades del mundo más golpeadas por el COVID-19. Miles de muertes por falta de lo esencial, insiste.
Y esta trágica situación define la acción de las organizaciones feministas en la coyuntura actual del país sudamericano. “Garantizar las condiciones de existencia, al mismo tiempo que articulamos y fortalecemos la resistencia”, subraya Tica Moreno.
Y explica que para el feminismo popular, esto no es nada nuevo, “ya que una de las características de nuestro movimiento es partir de las condiciones de vida y proponer transformaciones estructurales en la sociedad”. Lo que representa el lema de la MMM: cambiar la vida de las mujeres y cambiar el mundo en un solo movimiento.
Por eso, el trabajo y la alimentación están en el centro de “nuestras prácticas y nuestra política”. Las mujeres se ven muy afectadas por el desempleo y el aumento de la pobreza, ya que constituyen la mayoría en los trabajos informales y precarios, en el sector de los servicios. Combinado con el aumento del hambre y la inseguridad alimentaria, que alcanzó a 55 millones de personas el año pasado, todo indica que en Brasil se vive una crisis que se prolongará en el tiempo, especialmente si no se cambia la dirección política del país.
Solidaridad de abajo
Los gestos diarios de solidaridad que se multiplican, constituyen el balance positivo, subraya la militante feminista. Incluyendo las prácticas de agroecología y de economía feminista. Muchos de los productos distribuidos y compartidos provienen de agricultoras familiares que deben enfrentar una situación muy difícil en el campo. Ellas se organizan para producir, también, mascarillas y productos de higiene.
Ante la desinformación como política dominante sobresale la creatividad para mantener y ampliar las diversas formas de comunicación popular. Por ejemplo, las radios comunitarias y las “bicicletas de sonido”, dotadas de pequeños altoparlantes a transistores para multiplicar la información y la orientación sanitarias. Todo en defensa de la gente y su sobrevivencia, lo que es nuestra principal tarea en esta dramática etapa pandémica. “En síntesis, como lo definimos en nuestro colectivo de comunicación, buscamos asegurar las voces feministas para cambiar el mundo”, concluye Tica Moreno.
“Lucha local, proyección internacionalista”
Las prioridades de la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil; los desafíos en cuanto a formación; la siempre activa perspectiva internacionalista, fluyen en el diálogo con la joven dirigente feminista Renata Tica Moreno.
P: Las mujeres brasileras organizadas ponen una gran importancia en el combate por la alimentación…
Renata Moreno: En efecto. Las luchas en torno a la alimentación no sólo tienen que ver con el acceso a alimentos de calidad, sino también con las condiciones de producción y las tensiones que enfrenta el campesinado, la-os agricultores familiares y las comunidades quilombolas en sus territorios. Las transnacionales del agronegocio y la contaminación por agrotóxicos y minería se han multiplicado en Brasil en los últimos años. En paralelo, también crecen las formas de apropiación de territorios para asegurar la preservaciódo el medio ambiente.
P: ¿ Es decir, valorizar los desafíos cotidianos y locales de la gente ante el impacto devastador de la economía globalizada?
RM: En la Marcha Mundial de las Mujeres/ Brasil, trabajamos con agendas locales y nacionales, pero siempre articuladas a dinámicas internacionales. Estamos organizando, por ejemplo, un proceso de formación y movilización contra la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Con la perspectiva de visiblizar los impactos negativos que tal acuerdo traería en nuestras vidas, trabajo, naturaleza y políticas públicas. Esta iniciativa forma parte de la crítica feminista al poder de las empresas transnacionales y a los instrumentos que actualizan el colonialismo actual. El internacionalismo guía nuestras prácticas y, también, fortalece nuestras luchas. En mayo pasado se dio otro terrible hecho de violencia racista por parte del Estado: la masacre de Jacarezinho, en Río de Janeiro, que provocó 28 muertes. Ocurrió al mismo tiempo que en Colombia la población se movilizaba y se enfrentaba una grave represión y que Palestina fue atacada por Israel. Como Marcha Mundial de Mujeres de Brasil promovimos un diálogo para tratar de analizar los elementos comunes de esas tres situaciones y evaluar las estrategias de denuncia y solidaridad. Convencidas que hacer circular la información sobre esos hechos es, en sí, una primera estrategia, ya que los grandes medios de comunicación ocultan aspectos esenciales. Todas esas luchas hacen parte del feminismo popular. Necesitan articularse para posibilitar la transforación política y económica de Brasil y en todo el mundo.
P: En esta perspectiva, la formación política de los movimientos sociales aparece como esencial…
RM: Sin duda. Esto no es sólo un discurso, sino parte de nuestras prácticas de construcción de movimientos. Un ejemplo es la Escuela Internacional de Organización Feminista Berta Cáceres que la Marcha está organizando en alianza con otros movimientos. Somos 132 mujeres, de 39 países y territorios, que participamos en un proceso de formación virtual que comenzó en abril y continuará hasta julio. En ella estamos construyendo un conocimiento común, basado en nuestras luchas, en la defensa de la naturaleza y los territorios, en la autonomía sobre nuestros cuerpos y sexualidades y en nuestras políticas de democratización del Estado. Estamos fortaleciendo, además, la Economía Feminista como una propuesta para organizar la sociedad poniendo como prioridad la sostenibilidad de la vida. Cada quince días publicamos en Capire (www.capiremov.org ) una síntesis de los avances de la escuela. La solidaridad y la organización internacional se fortalecen con las luchas feministas y populares, en cada lugar donde las mujeres resisten, se transforman y transforman.
Expresan rechazo a gestión bolsonarista y demandan mejores condiciones de supervivencia en medio de caos pandémico.
Sindicatos y movimientos sociales realizaron este miércoles una serie de manifestaciones en ciudades de todo el país para exigir al gobierno condiciones dignas de enfrentamiento a la pandemia.
Los actos buscan expresar rechazo a la gestión bolsonarista en medio de la actual crisis por Covid-19 y recalcaron la importancia del Sistema Único de Salud (SUS) para garantizar la vacunación de todos los ciudadanos contra el Covid-19.
Además, se expresó la crítica al proyecto de Ley que este miércoles se aprobó en Cámara de Diputados y que que permite la vacunación privada contra covid19 sin autorización de la Agencia de Vigilancia Sanitaria ni entrega de las dosis al Ministerio de Salud.
Desde la mañana, unos ochenta militantes del Frente Brasil Popular y del Frente Povo Sem Medo ocuparon el área interna del Hospital Regional de Governador Valadares (MG), según fuentes locales, para exigir al Gobierno de Minas Gerais la apertura inmediata del hospital, ante alza de contagios por Covid-19 en el municipio.
La víspera, Brasil reportó 4.195 decesos y 86.979 nuevos casos, para acumulados totales de 13 millones 100.580 de contagios y 336.947 decesos desde el inicio de la pandemia.
Em 25 de março de 2021, o governo Bolsonaro publicou o Decreto 10.660, que mais uma vez modifica o Comitê Permanente de Avaliação de Custos na Educação Básica (CPACEB) do Ministério da Educação (MEC). Agora a participação da sociedade civil não está instituída, ficando restrita a um improvável convite a ser feito pelos membros institucionalizados do Comitê. Vale dizer que a sociedade civil terá direito a voz, mas não a voto.
A partir do supracitado Decreto, a CPACEB passa a ser formada, exclusivamente, por membros do Ministério da Educação, do Ministério da Economia, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Além disso, ao passar a ser regulamentada por Decreto e não por Portaria, há um processo ainda maior de concentração decisória no Executivo Federal, que tem atuado para a desconstrução do Custo Aluno Qualidade (CAQ) e por uma política de Estado mínimo nas áreas sociais. Não se pode esperar nada de melhoria em termos de investimentos para a educação com tamanha concentração de poderes.
Escantear a sociedade civil reitera a opção do governo de Jair Bolsonaro por negar a gestão democrática, princípio educacional exigido pela Constituição Federal. Também nega o princípio da participação social na formulação e acompanhamento das políticas públicas, tal como preceituado no parágrafo único do Art. 193 da Constituição da República. O objetivo dessa arbitrariedade é evitar a implementação do Custo Aluno Qualidade (CAQ), com o intuito de encontrar meios para descumprir a Emenda à Constituição 108/2020, que estabeleceu o novo Fundeb.
Vale dizer que foi graças à incidência da sociedade civil, em especial da Campanha Nacional pelo Direito à Educação (Campanha), que o Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) foram reconhecidos como instrumentos para a consagração do direito à uma educação pública de qualidade no Brasil.
Essa trajetória começou com a aprovação por unanimidade do Parecer 8/2010 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE). Essa norma, formulada em uma parceria entre o CNE e a Campanha, normatiza os padrões mínimos de qualidade da educação básica nacional, fundamentados no CAQi. Em 2014, o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, instituído pela Lei 13.005/2014, também determinou a implementação de ambos os mecanismos, sendo que o CAQi, como ponto de partida, precede corretamente o CAQ e deveria ter sido implantado em 2016. Por último, a EC 108/2020 constitucionalizou o CAQ, representando a maior vitória dos defensores do direito à educação desde 2014, quando foi sancionado sem vetos o PNE 2014-2024.
O financiamento adequado da educação básica pública jamais foi prioridade dos governos da União. O sistema CAQi/CAQ é uma prova do descompromisso. O Parecer CNE/CEB 8/2010 não foi homologado no governo do ex-presidente Lula, tampouco avançou nas gestões Dilma, Temer e, agora, Bolsonaro. Não obstante, é a partir do governo Temer que houve um claro interesse em desconstruir os mecanismos.
Como formuladora do sistema CAQi/CAQ, a rede da Campanha sempre esteve à disposição para colaborar com a definição de caminhos para o cumprimento integral e qualificado do financiamento da educação básica pública.
Em 17 de março de 2016, a Campanha foi nomeada para integrar a Comissão Interinstitucional para Implementação do CAQi-CAQ. A Comissão, instituída pela Portaria 142 do Ministério da Educação (MEC), buscou responder às deliberações das Conferências Nacionais de Educação de 2010 e 2014, além de fazer jus aos dispositivos previstos na Lei 13.005/2014, do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e o Fórum Nacional de Educação também compunham o colegiado, coordenado pelo MEC.
Porém, a Portaria MEC 142 foi revogada em 15 de março de 2018, com a criação do Comitê Permanente de Avaliação de Custos da Educação Básica (CPACEB) pelo governo Michel Temer. Esse é o primeiro revés do processo de gestão democrática e participação social.
A nova Portaria MEC 233/2018, que institui a CPACEB, excluiu a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, além de suprimir os prazos para implementação do CAQi/CAQ.
A tentativa de escantear o CAQi/CAQ e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação se intensificaram no governo de Jair Messias Bolsonaro, que retirou o CAQi/CAQ das atribuições do CPACEB/MEC por meio da Portaria MEC 649/2019. Além disso, também alterou os artigos 1° e 2° da Portaria de 2018, excluindo representação do Fórum Nacional de Educação e acrescentando ao Comitê o Subsecretário de Gestão Fiscal do Tesouro Nacional do Ministério da Economia e o Subsecretário de Planejamento e Orçamento do MEC. Por último, alterando a atribuição do órgão, determinou como objetivo analisar “mecanismos federativos de cooperação e colaboração”, reiterando a supressão dos mecanismos de CAQi e CAQ. Agora, com o novo Decreto, a CPACEB/MEC fica ainda mais desfigurada.
Apesar dos retrocessos na consagração dos direitos sociais, ocorridos desde o processo de impeachment de 2016, as entidades signatárias desta carta estão resistindo e têm conseguido obter vitórias. A maior delas foi, sem dúvida, a inclusão do CAQ na Emenda à Constituição 108/2020. Com isso, segundo a Lei Maior, o padrão mínimo de qualidade deve ser baseado em insumos, com o objetivo de garantir a boa realização do processo de ensino-aprendizagem.
Esse foi um passo firme em prol da garantia de financiamento adequado para a qualidade da educação básica pública no país. Infelizmente, menos de um ano após a aprovação da EC 108/2020 e meses após a aprovação da Lei 14.113/2020, que regulamenta o Fundeb, fomos surpreendidos com a publicação do Decreto 10.660.
Com ele fica ainda mais explícita a verdade: o governo de Jair Messias Bolsonaro quer inviabilizar uma escola que dê as condições adequadas para as educadoras e os educadores ensinarem e as alunas e os alunos aprenderem. Esse é objetivo do sistema CAQi/CAQ e é isso que o governo quer evitar, como promotor do obscurantismo contra a Ciência. A pandemia causada pela a Covid-19 mostrou à sociedade as precárias condições das nossas escolas, desde a infraestrutura física aos insumos pedagógicos, número alto de estudantes por turma, salas sem ventilação adequada, muitas sem abastecimento de água tratada e rede pública de esgoto. Além disso, muitos estudantes não tiveram acesso aos conteúdos escolares ou tiveram de forma precária. A implementação do CAQ é fundamental para resolução dos problemas apontados, inclusive para um retorno seguro e para recuperar os prejuízos pedagógicos causados pela suspensão das aulas presenciais, durante a pandemia.
O rebaixamento dos recursos para o Ministério da Educação e para as áreas de saúde, ciência e tecnologia, aprovado semana passada em âmbito do orçamento federal de 2021, juntamente com as propostas governamentais que tergiversam a necessidade de maior investimento público para melhorar a qualidade da educação ofertada às mais de 37 milhões de crianças, jovens e adultos matriculados nas escolas públicas – a exemplo do projeto de educação domiciliar que o governo Bolsonaro tenta aprovar a toque de caixa no Congresso, assim como a expansão do programa de militarização de escolas públicas, que privilegia o atendimento em algumas unidades de ensino com o agravante da imposição da doutrina militar a estudantes não emancipados – reforçam a necessidade de luta social em prol do financiamento e da aprovação imediata de lei complementar para instituir o Custo Aluno Qualidade e o Sistema Nacional de Educação articulado, público, gratuito, democrático, laico, desmilitarizado e de qualidade social para todos e todas.
É preciso um esforço coletivo para barrar essa empreitada de desmantelamento das maiores conquistas da educação brasileira e por isso convocamos toda a sociedade civil e tomadores de decisão comprometidos com a educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade a se mobilizarem para impedirmos os retrocessos e voltarmos a caminhar pela regulamentação do Custo Aluno Qualidade e pelo financiamento justo da educação.
Assinam:
Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
Fineduca – Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação
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