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República Dominicana: Puntos nodales del sistema educativo

América Central/República Dominicana/19-08-2022/Autor: RAFAEL MÉNDEZ/Fuente: acento.com.do

Aun cuando el ministro Hernández ha colocado en la opinión pública algunas insoslayables verdades, su enfoque sobre la problemática de la educativa ha sido muy limitado.

El nuevo ministro de Educación, doctor Ángel Hernández, en un denodado esfuerzo por presentar un diagnóstico objetivo de la realidad de la educación preuniversitaria, ha colocado en la opinión pública algunas insoslayables verdades, como parte de los males cuasi seculares de los que adolece el sistema educativo de la República Dominicana.

Sin embargo, para algunos el enfoque ministro Hernández sobre la problemática educativa ha sido muy limitado, porque ha dejado de lado lo que algunos consideran puntos nodales, sin que se pueda negar la realidad describiera al establecer sin ningún dejo que la instrucción pública del país es “la peor educación a nivel global, de acuerdo con todas las mediciones internacionales y nacionales”.

“Duele pensar que por más de 10 años el país esté invirtiendo el 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”, que anualmente se traduce en “un presupuesto de casi 250,000 millones de pesos, y todo se va al zafacón”.

Con esas afirmaciones el nuevo incumbente dejó por sentado una penosa realidad que toda la sociedad buscó en las calles que se transformara, con la asignación presupuestaria que se proyectó como la panacea para dar al traste con esa retranca del desarrollo nacional.

Sin embargo, y como si pretendiera moderar sus juicios sobre lo que ha pasado en el sistema educativo público en los ocho años del anterior gobierno, y los dos años de la presente administración, en un segundo encuentro con funcionarios de la cartera, pareció volver sobre sus palabras cuando “se preguntó qué ha estado pasando en el sistema educativo dominicano… a lo que observó que hay que saber por qué la sociedad decidió invertir el 4 % del PIB en educación”, y como si olvidara la caracterización anterior, se preguntó “qué pasa con dicha inversión”.

Una caracterización limitada

“Por eso llamo la atención a la burocracia del sistema, y la burocracia del sistema son ustedes, y los directores de centros, somos nosotros, que estamos a nivel central, que no se justifica el dinero que me pagan a mí, y que les pagan a ustedes, si no hay una preocupación por lo que es fundamental, que es el aprendizaje de los niños… “Ninguno de nosotros tenemos sentido en el sistema si no hay una conciencia de que lo fundamental es que el aula funcione bien, y para funcionar bien necesitamos tener un buen aprendizaje”, expresó durante el segundo encuentro con funcionarios, a los que corresponde la ejecución de la política diseñada por el Ministerio de Educación.

Sin pretender quitarle justeza a muchos de los aspectos que el ministro Hernández ha puesto en el debate público, se entiende que la caracterización de la realidad educativa ha sido limitada porque el proceso hacia el logro de una educación de calidad no solamente es responsabilidad de los funcionarios medios del sistema, como son educadores y en la estructura física.

Los tratadistas definen el público interno como aquellos que inciden directamente en la estructura organizacional de la institución, en tanto público externo, para este caso son, la Asociación Dominicana de Profesores y la Cooperativa Nacional de los Maestros, por solo mencionar dos instancias, que por ciento son las que el ministro Hernández debe prestar una atención especial porque inciden de manera determinante en el ánimo, conducta y en la actitud y aptitud de los educadores.

Y aseguramos lo expuesto en relación a la ADP y a Coopnama porque, como instancias de integración de los educadores, parece que no se sienten aludidas ante los bajos niveles de la calidad educativa y el bajo desempeño magisterial que reflejan las mediciones que se realizan sobre el sistema. La primera se orienta como un gremio economicista, y a la segunda, solo le importa inducir a los educadores a decidirse por los costosos servicios que ofrece

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/politica/puntos-nodales-del-sistema-educativo-9095421.html

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Burocracia e investigación educativa

POR: JUAN CARLOS MIRANDA ARROYO

«La SEP no es un centro de investigación educativa, eso es cierto. Pero debe ser una institución que establezca vínculos orgánicos permanentes con especialistas y estudiosos de la educación.»

En una entrevista que Marx Arriaga, director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), concedió a Erick Juárez Pineda, el funcionario “advirtió que los documentos que se trabajan no tienen una rigurosidad académica, pues «no son un centro de investigación o una universidad», esto al referirse a la propuesta curricular para la educación básica, cuya versión preliminar dio a conocer la propia SEP en enero pasado (ver Educación Futura, 23 de abril, 2022).

Arriaga debe saber que, aunque la SEP no es una institución dedicada a la investigación educativa, no está exenta del escrutinio de la comunidad académica ni del examen riguroso de especialistas y estudiosos de la educación. Además, como responsabilidad de gobierno, la SEP debiera de generar documentos con contenidos estructurados, sustentados o debidamente argumentados, a partir de los hallazgos reportados recientemente por la investigación en el campo educativo.

Por otra parte, la SEP necesita vincularse con grupos de investigadores y especialistas del ramo, tal como se hace en cualquier otra entidad gubernamental. Ahí hay un espacio y tiempo valiosos para concretar las retroalimentaciones mutuas. No veo por qué no hacerlo de esa manera.

El argumento utilizado por el funcionario, por lo tanto, para excusarse de la falta de rigor académico en la propuesta curricular, es insostenible.

“El funcionario detalló –dice Juárez Pineda- que, aunque la construcción del nuevo marco curricular le corresponde a la dirección que él encabeza, no es su responsabilidad establecer una propuesta de evaluación, pues «ellos solo crean y evalúan los materiales educativos»; sin embargo, señaló que esta tarea le toca a otras unidades como a la Dirección General de Desarrollo Curricular o a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM)”.

Arriaga señaló, así mismo, que la dependencia a su cargo (materiales educativos) tiene el liderazgo del proyecto de reforma curricular para la educación básica. ¿Por qué entonces los documentos de referencia están firmados (en su versión preliminar) por la dirección de desarrollo curricular de la SEP? ¿No debería estar al frente de este proyecto, más bien y como líder, y ante los medios, la subsecretaría de educación básica?

La SEP no es un centro de investigación educativa, eso es cierto. Pero debe ser una institución que establezca vínculos orgánicos permanentes con especialistas y estudiosos de la educación. También, debiera de impulsar el desarrollo de estos grupos de trabajo, con recursos y diversos apoyos hacia dichas comunidades que realizan investigaciones o estudios educativos, independientemente de sus intereses académicos o líneas de investigación, es decir, tanto de corte teórico, filosófico o histórico, como aplicado.

Lamentablemente y por lo general, hay un vacío de la alta burocracia hacia las tareas de investigación educativa en México. Pienso que eso deberá cambiar. El intercambio entre burocracia y academia habrá que ser más intenso, creativo y propiciar condiciones adecuadas de trabajo, a efecto de generar nuevos conocimientos sobre lo educativo, y específicamente sobre la educación básica pública.

La cruda realidad indica que a las burocracias educativas, federales y estatales, (con funcionarios no especializados en educación), no les interesa generar nuevo conocimiento sobre lo educativo. Les obsesiona administrar, al más bajo costo, los procesos escolares. Contrario al interés académico, a este círculo gobernante de la educación le preocupa y se ocupa solo en rendir cuentas a sus jefes superiores, pero se desentiende de las necesidades del magisterio. Existe evidencia de que su prioridad es controlar y vigilar a las comunidades educativas (escuelas). Esa visión limitada y rígida de la realidad educativa, es una tragedia que no favorece el adecuado avance del sistema educativo nacional.

De manera institucional y a lo largo de la historia, las burocracias educativas no encuentran valor a los hallazgos de la investigación. ¿Cuántos convenios han realizado o firmado el gobierno federal y los gobiernos de los estados con las unidades UPN locales o con las Normales para desarrollar proyectos de investigación o producción editoriales, durante los últimos 20 años? La cifra está cercana a cero. ¿Pueden mostrar pruebas en contra?

La composición de las burocracias educativas (me refiero especialmente a quienes ocupan la cima de las instituciones) es de perfil político, administrativo y de profesiones afines (excepcionalmente se registran trayectorias académicas en esos escritorios), y no cuenta con orientación ni sensibilidad hacia la investigación educativa. Dicho esto en términos generales. Cuando hay algunas excepciones, las iniciativas para llevar a cabo investigaciones o estudios educativos, sin embargo, quedan desplazadas por otros proyectos de carácter administrativo.

Adicionalmente a la necesidad de establecer un diálogo con la comunidad académica, profesional o científica, las burocracias educativas también requieren de crear dispositivos de comunicación permanentes, institucionalizados, en condiciones de igualdad, para intercambiar ideas y propuestas con las maestras y los maestros, directivos escolares y asesores técnicos, que trabajan directamente en las escuelas, y que tienen a su cargo los procesos específicos y más relevantes de la educación pública en México.

Fuente de la información: https://profelandia.com

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México: Atrapada entre el narco y la burocracia. La lucha de una maestra michoacana para huir del Cártel Jalisco

Martha y Érick son ahora refugiados en su propio país. Son víctimas de un desplazamiento interno forzado; un fenómeno que en los últimos 13 años ha afectado a 364 mil 845 personas que también abandonaron sus hogares por la violencia en México.

Por: Redacción Animal Político
Sábado, 10 de agosto de 2019. Tres de la tarde en Uruapan, Michoacán. Una camioneta negra transitaba despacio por las calles de la colonia y se estacionó frente a la puerta de una pequeña panadería artesanal.

En la suburban viajaban cinco hombres. Dos bajaron.

Érick, panadero de 31 años, los observó entrar en su negocio. Llevaban pasamontañas cubriéndoles el rostro, chalecos antibalas, y fusiles de asalto.

“Tranquilo, son militares”, trató de convencerse, aunque pronto se dio cuenta de un detalle que le hizo tragar saliva: los soldados no llevan tenis.

-Somos los de las cuatro letras -se presentaron los sicarios-

Algo más de un año y medio después, en una entrevista para este reportaje en la que narra con detalle la escena, a Érick aún le tiembla la voz al describir lo que sintió cuando escuchó lo de las ‘cuatro letras’: ante su mostrador tenía al Cártel Jalisco Nueva Generación (C.J.N.G.), el mismo que un par de días antes colgó a 19 personas en un puente del bulevar industrial.

-Dinos a quién le pagas piso -dice Érick que le ordenaron los pistoleros-.

Con la voz quebrada y la boca seca, el panadero balbuceó que no entendía. Que en los cinco años que llevaban en la ciudad él y su esposa Martha, una maestra de educación especial de 28 años, nunca habían tenido problemas con nadie.

-Mira güey, no te hagas pendejo -lo amenazaron-. ¿Le pagas a Los Viagra? ¿A Los Antrax? Mejor dinos. Ya ves que luego aparecen colgados en los puentes…

Érick insistió en que no le pagaba a nadie.

-Pues mira, a partir de ahora el pedo va a estar así: nos van a dar todas las semanas cinco mil pesos. Y si nos damos cuenta de que le das a alguien más se los va a cargar la chingada. ¿Te queda claro?

-Oigan, pero eso es mucho dinero -trató de protestar el panadero-. Somos un negocio muy chiquito. No tenemos…

-Eso es lo que nos vas a dar -lo cortó de tajo uno de los sicarios-. Sabemos que venden un chingo, no se hagan. ¿O quieres que sea más lana?

A continuación, los delincuentes le ordenaron que vaciara la caja. Agarraron el dinero y le informaron que pronto pasaría gente del cártel a marcar la fachada del negocio para que nadie más les exigiera la cuota. Luego, le pidieron el número de su celular y el de su esposa, y antes de salir le hicieron una pregunta insólita.

-¿Por cuánto nos saldría un pastel para 300 personas?

Estupefacto, Érick dijo que nada.

-No’mbre, cómo creen. Yo se los…

-No cabrón -volvió a interrumpirlo el sicario, ofendido-. Nosotros no venimos a pedirles nada regalado. Queremos que trabajen. Por eso vamos a protegerlos.

La huída

Martha cuenta en entrevista que aquel día estaba escondida junto a sus dos hijos, un niño y una niña, al otro lado de la puerta que da acceso a la panadería. Cuando al fin los tipos se marcharon, salió y preguntó qué sucedía. Érick se lo explicó: el cártel les exigía cinco mil pesos todas las semanas para comprar armas y municiones con las que “limpiarían la ciudad de viagras y de antrax”; dos de las muchas bandas rivales del crimen organizado.

A Érick las amenazas lo dejaron con el cuerpo cortado. Pero tenía que cumplir con sus proveedores. Se subió a la motoneta y comenzó a repartir el pan. Pero ni a los diez minutos, Martha lo vio regresar con la cara igual de desencajada.

-No mames, me volvieron a llamar. Me están pidiendo más dinero. Ahora quieren 30 mil pesos, o si no se llevan a los niños hasta que les paguemos. ¡Tenemos que irnos de aquí ya! -gritó desesperado-.

Martha lo escuchaba, pero estaba en shock: aún no le caía el veinte de que su vida ya había cambiado para siempre.

-¿Irnos? ¿A dónde? -preguntó extrañada-. No podemos irnos. ¡Tengo la lavadora puesta! ¡Y tengo que dar clases el lunes!

Érick le mostró el celular, que tenía en silencio. En el altavoz, los sicarios lo amenazaban para que no cortara la llamada mientras iban de vuelta al domicilio.

-Órale, pues que vengan -gritó Martha-. Que vengan y que vean que no tenemos más. Que vean que no somos gente rica.

Érick trató de hacerla entrar en razón.

-Los narcos no son gente con la que puedes negociar, ni dialogar -le dijo-. Al menos salte de la casa con los niños, busca refugio con los vecinos.

Pero Martha se negó a dejarlo solo por temor a que se lo llevaran secuestrado.

El periodismo libre necesita de sus lectores.

Sigamos contando las historias que importan.

-¡Entonces vámonos! -bramó de nuevo Érick-.

Entre tropiezos, el matrimonio corrió a la habitación de los niños, que lloraban: “¿A dónde vamos? ¿Qué está pasando? ¡Esto no son vacaciones!”, decían entre gritos al ver que sus padres metían sin mirar su ropa en una bolsa y no en las maletas de los viajes a la playa. Luego, cerraron la panadería y todos salieron de la casa sin pasaportes, credenciales, nada. Subieron al carro, una Crossfox del 2013, y huyeron con lo puesto.

En el teléfono, los sicarios seguían en altavoz. Le preguntaban a Érick desorientados por algún punto de referencia para encontrar de nuevo el domicilio. “Se ven muy torpes, no son de Uruapan”, pensó Martha, mientras su marido buscaba rutas alternas para no topárselos de frente.

-¿Ya nos tienes el dinero? -insistían-. ¿Cuánto nos vas a juntar?

Pero la Crossfox ya iba llegando al pueblo vecino, a Taretan. Sobreexcitado por la adrenalina, Érick pensó saltarse la barrera en la caseta de cobro, pero una patrulla de policía lo disuadió. Abonó el peaje y a los pocos kilómetros apagó el teléfono. Ya en Taretan el matrimonio respiró aliviado: ahí manda otro cártel rival. Los de Jalisco no se atreverían a seguirlos hasta territorio enemigo.

Al fin, llegaron en mitad de la noche a la casa de unos familiares a pedir refugio. Érick prendió el celular. Una llamada con número oculto entró de inmediato.

-¡No respondas! -le pidió Martha-.

Érick obedeció. Pero a los minutos le llegó un mensaje con la sentencia.

“Se pelaron hijos de su puta madre. Si vuelven a pisar Uruapan los matamos”.

Tierra Caliente: tierra de desplazados

Martha y Érick son ahora refugiados en su propio país. Son víctimas de un desplazamiento interno forzado; un fenómeno que en los últimos 13 años ha afectado a 364 mil 845 personas que también abandonaron sus hogares por la violencia en México, de acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Pablo Cabada, investigador de la CMDPDH, explica en entrevista que el caso de este matrimonio en Michoacán no es, ni mucho menos, aislado: hasta 12 mil 908 personas huyeron de la violencia entre 2016 y 2020, siendo esta entidad uno de los focos rojos de desplazamientos forzados en el país, junto a Guerrero.

Dentro de Michoacán, la región de Tierra Caliente es la zona más expulsora, “sobre todo Aguililla, Parácuaro, Buenavista y Tepalcatepec”, plantea Cabada. Precisamente, en Aguililla decenas de familias completas aprovecharon la reciente visita el pasado 23 de abril del nuncio del Vaticano, Franco Coppola, para salir huyendo del omnipresente cártel de Jalisco Nueva Generación.

Mientras que Uruapan, en los límites de Tierra Caliente, si bien no está entre los focos rojos de éxodos masivos, como Aguililla, la zona se ha vuelto altamente inestables en los últimos años, especialmente desde que en 2019 el cártel de Jalisco entró a la ciudad e inició una fuerte disputa con otros grupos como La Familia y con células del cártel de Sinaloa, como Los Antrax.

Esta disputa ya se ha visto reflejada sobre el papel: en 2020, los homicidios en Uruapan aumentaron 255% en comparación con 2015. Y si la comparación es con 2019, el boom es todavía mayor: 313% al alza.

Estos datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cambio, no reflejan otro problema que raramente se denuncia por miedo: las extorsiones. En los últimos cinco años tan solo se han registrado 15 denuncias en Uruapan por este delito (en 2019, el año de entrada del cártel no se registró ni una). Sin embargo, Martha y Érick aseguran que es raro el empresario o comerciante, por pequeño que sea, al que no le hayan exigido la “cuota” a cambio de supuesta protección.

“Dentistas, médicos particulares, dueños de tortillerías, pollerías… Hasta al señor que vendía tamales en la esquina le piden la cuota”, dice Martha, que, a pesar de este contexto de violencia y de desplazamiento, y a pesar de la amenaza de muerte del cártel, tuvo que regresar a Uruapan.

Allí permaneció otro año, escondida en un cuarto, aterrada, y sin poder ejercer con seguridad la profesión que ama. Y todo, denuncia, porque la burocracia de autoridades y sindicatos no le permitieron cambiar su lugar de trabajo.

“No entienden que al narco no le importa la burocracia”

Después de permanecer un año dando clases en Uruapan, Martha cuenta que un día tomó la decisión de que aquello no era vida: “Me iba a trabajar y estaba todo el rato con el teléfono. Me marcaba mi esposo y me decía: ¿ya llegaste a la escuela? ¿Ya saliste? ¿Te persiguió alguien? Era una histeria constante. Escondida en un cuartito y viendo a qué horas se cobraban su venganza”.

Sentada junto a su pareja en el dormitorio de su nuevo hogar donde se desarrolla la entrevista para este reportaje vía Zoom, Martha explica que acudió ante las autoridades de la SEP en Michoacán para pedirles ayuda con el cambio de plaza al municipio donde acudió a refugiarse.

Pero asegura que el director de su escuela, primero, le negó el apoyo para solicitar el cambio argumentando que no tenía más personal cualificado en educación especial con el que sustituirla, mientras que la subdirección de Educación Especial del estado le pidió pruebas de su historia.

“Fui con la subdirectora y le conté que no me quería cambiar por gusto, sino porque mi vida y la de mi familia corre peligro en Uruapan. Pero su respuesta fue que no, porque muchos maestros le hacen así para cambiarse de lugar”.

Martha fue entonces el 28 de agosto con su padre a la Fiscalía del Estado, en Morelia, a levantar una denuncia por las amenazas del crimen organizado. Quería mostrarle a la SEP que su caso no era un cuento, ni un berrinche para cambiarse de lugar. Pero asegura que una vez allí le recomendaron que mejor no le moviera más al asunto. Que ya no regresara a Uruapan.

Atemorizada, la maestra decidió no denunciar. Pero sí hizo ante el Ministerio Público una relatoría de hechos en un documento oficial del que este medio guarda copia. También le pidió ayuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por medio de otro oficio, al que este medio también tuvo acceso. Incluso, fue a pedir ayuda al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero ahí explica que también le cerraron las puertas.

“La Coordinadora me llegó a decir que me estaba brincando derechos de otros maestros y que, si me daban el cambio, ellos lo iban a impugnar”, dice enojada.

Finalmente, tras abandonar Uruapan, Martha encontró trabajo en otra escuela de una comunidad rural, a una hora de trayecto de su nueva ubicación. Ahí atiende a niños y niñas que viven en contextos de pobreza extrema; menores cuyas familias no tienen dinero para atender una dislexia, ni terapias del lenguaje, y donde la deserción escolar, especialmente en pandemia, “está dejando un terreno todavía más fértil para que los niños acaben en el narco”.

Pero, de nuevo, las puertas se le están cerrando. El pasado mes de abril, la Secretaría de Educación de Michoacán le hizo llegar un oficio, del que se guarda copia, en el que se expone que, tras realizarse una auditoría para detectar ‘aviadores’ en el estado, comprobaron que está laborando en un centro de trabajo distinto al que se le asignó y donde cobra (Uruapan). Por lo que se le insta a que presente la documentación que justifique ese cambio de lugar de trabajo.

“Me dicen que si no entrego la orden de adscripción a mi nuevo centro de trabajo me van a suspender el sueldo”, plantea Martha, que explica que esa orden de adscripción se la ha pedido en múltiples ocasiones a la Subdirección de Educación Especial, en Morelia. Pero hasta ahora, la respuesta “ha sido negativa tras negativa”, con el argumento de que la zona donde trabaja actualmente tiene una clave económica distinta y un sueldo superior al que percibía en Uruapan: de 5 mil pesos quincenales, ahora cobra 6 mil 500.

Martha dice que se ha desvelado noches enteras buscando en las leyes y en los manuales del USICAMM (Unidad del Sistema Para la Carrera de las Maestras y los Maestros). Pero en ninguna parte, asegura, ha encontrado que no se pueda cambiar de lugar a un maestro porque sea una zona económica distinta.

“Les dije que renunciaba a la diferencia de salario para que me dejaran trabajar. Pero no entienden -dice ahora frustrada-. No entienden que los narcos no les importa la burocracia, ni el papeleo. Y que tienes que huir si no quieres que te quiten la vida. De hecho, a mí ya me la quitaron -lamenta-. Porque ahora ya no puedo caminar por la calle sin mirar en cada esquina si alguien me persigue”.

La respuesta de la Secretaría de Educación de Michoacán

Animal Político buscó a la Secretaría de Educación de Michoacán para plantearle este caso. En una entrevista, el secretario de educación estatal, Héctor Ayala, destacó en primer lugar que es obligación de la dependencia que dirige resguardar la integridad física de los trabajadores de la educación, y que, de hecho, en los dos últimos ciclos escolares ya reubicaron a 12 maestros y maestras “por causas de fuerza mayor”, entre estas amenazas del crimen organizado.

Cuestionado acerca de cuáles son los requisitos que debería cumplir la maestra para que le concedan el cambio de lugar de trabajo, el secretario señaló que el requisito principal es contar con una denuncia formal ante alguna Fiscalía.

“El único documento importante es que tenga una denuncia formal -recalcó-. Porque hay que decirlo también: muchas veces la gente se aprovecha. Es decir, los trabajadores argumentan alguna situación de carácter de seguridad para tratar de reubicarse en lugares donde radica su familia. Por eso se pide una denuncia. Y por eso también se les dan facilidades para que la presenten en fiscalías alejadas al lugar donde sucedió el problema. Una vez que tenga la denuncia, nosotros nos encargamos de darle la atención y el acompañamiento legal a la maestra. Ella no debe de estar en Uruapan, nos queda claro”.

-¿Y si no tiene una denuncia como tal, pero sí una constancia de hechos ante el Ministerio Público, como es el caso de esta maestra? -se le preguntó-.

-Con esa constancia de hechos sería suficiente para que nosotros resguardemos a la maestra. Ya con ese documento nos movemos para darle una ubicación en el lugar (donde está refugiada), y formalizarla en un grupo de trabajo -se comprometió el secretario, que también hizo hincapié en que “no hay ninguna manera en que le corten el salario a la maestra” por estar trabajando en un lugar distinto al que le fue asignado, aunque sí debe formalizarse esa situación.

En cuanto a la negativa que la maestra ha recibido de manera reiterada a cambiarle su plaza, porque el municipio al que huyó pertenece a una zona económica superior, el secretario dijo que, en efecto, eso es un “impedimento” debido a que cada trabajador tiene una clave presupuestal asignada.

“Pero en ningún caso un tema de carácter administrativo puede poner en peligro la vida de nadie. Nosotros, como autoridad educativa, debemos buscar las alternativas que se adecúen a las necesidades de esta maestra”, volvió a comprometerse el secretario Héctor Ayala.

Atrapada entre el narco y la burocracia: la lucha de una maestra michoacana para huir del Cártel Jalisco

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Noelia Tellez Tejada: Pedir conectar las escuelas de Brasil con 5G se convierte en un incordio burocrático

La licitación 5G en Brasil se retrasó tantas veces y por tantos motivos que resulta fácil imaginar que pronto se resolverá. Es sencillo suponer, entonces, que una nueva postergación podría propiciar grandes debates y reclamos, pero ¿qué pasaría si el motivo fuera justo?, ¿y si se planteara agregarle al pliego la obligatoriedad de dar conectividad a las escuelas con 5G?, ¿no tendría sentido, entonces, sumar una mancha más al tigre?.

La necesidad de que la conexión de 5G llegue a las escuelas de Brasil fue el pedido que Tabata Amaral, diputada federal en San Pablo del Partido Democrático Laborista y activista por la educación de aquel país, realizó este jueves ante el Tribunal Federal de Cuentas (TCU), objetivo para el que sugiere un incremento de 450 millones de dólares (unos 2,54 mil millones de reales) en las obligaciones previstas en la tan esperada licitación por el espectro para esta tecnología.

“Nuestro pedido es que los municipios que tendrán acceso a 5G no solo tengan sus carreteras incluidas, sino también sus escuelas”, sostuvo la autora de la iniciativa, aunque hay rumores acerca de que esta solicitud, válida por donde se la mire, no tendrá lugar porque podría agregar incomodidades a la tantas veces postergada convocatoria. Sí, aunque la posibilidad de negar la conectividad a los centros educativos resulte a todas luces un disparate y hasta justifique una nueva prórroga a unos plazos hasta ahora inciertos y postergables.

La solicitud de incluir en la letra de la subasta de 5G el compromiso de conectar y llevar fibra óptica al 40 por ciento de las escuelas públicas brasileras, unas 14.295, incrementa los valores establecidos en la ordenanza 1.924/2021 del Ministerio de Comunicaciones y cita, a su vez, un compromiso previo del Estado brasilero, definido con el retiro del veto presidencial a la nueva Ley Fust, y en el que se prometió dar conectividad escolar de alta velocidad en 2024.

“Estamos hablando con Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), el Ministerio de Comunicaciones y el TCU para que las escuelas públicas se incluyan como contraparte en el aviso 5G. Nos reunimos con el ministro Raimundo Carreiro, del TCU, relator del anuncio, y quien se comprometió con esta lucha. “¡La educación debe ser una prioridad!”, posteó este viernes Amaral en la red social Twitter.

La funcionaria hizo esta presentación al advertir que, sin la intermediación de una tecnología como 5G, es difícil lograr dicho objetivo, al tiempo que aseguró que esta solicitud “no representa un retraso” en el proceso de licitación, ni un impacto financiero significativo.

Sin embargo, la suma supera el costo de la polémica red de gobierno privado, estimado en unos 8,4 millones de dólares (780 millones de reales). “Este valor no considera todos los beneficios económicos que tendrían las empresas como una externalidad positiva debido a la implementación de la propuesta, debido a la posibilidad de ofrecer los servicios a todos los usuarios posiblemente beneficiados”, dice el texto presentado y por el que da fe Teletime.

“Un aviso público como el 5G bien podría implicar inversiones mayores, siempre que existan obligaciones relacionadas con esto. Dada la magnitud del desafío de conectar el 40 por ciento de las escuelas públicas a Internet de banda ancha para 2024, no hay forma más efectiva de promover este propósito que el anuncio de 5G”, reza la nota.

En el mundo actual, el acceso a internet es un derecho, al igual que a la educación, a la salud y a los alimentos. Sin embargo, la pandemia profundizó las brechas en todas esas necesidades básicas de la condición humana y resulta impensable que aún se escatime algunas de ellas.  Más aún, cuando los avances tecnológicos vienen cargados con promesas de accesibilidad, velocidad y capilaridad.

Fuente: https://www.telesemana.com/blog/2021/04/16/pedir-conectar-las-escuelas-de-brasil-con-5g-se-convierte-en-un-incordio-burocratico/
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Libro (PDF): El estado de la educación : estudios sobre políticas, programas y burocracias del sector

Reseña: CLACSO

El mejoramiento de la escuela pública es un reto de primer orden para el desarrollo nacional; avanzar en este sentido requiere de un adecuado balance entre propuestas pedagógicas pertinentes y una gestión estatal eficiente. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la implementación de programas educativos?, ¿en qué nivel de la jerarquía estatal se diluyen o se traban las decisiones y acciones? Este libro analiza el Estado realmente existente en el sector educación, presenta variada evidencia de las limitaciones que derivan de la debilidad institucional y plantea argumentos clave en favor de una reforma profunda del aparato estatal.

 

Autor/a:                               Belaunde, Carolina de –  González, Natalia –   Montero, Carmen –  Eguren, Mariana –   Uccelli Labarthe, Francesca –   Tanaka, Martín 
Editorial/Editor: IEP
Año de publicación:  2009

 

País (es):  Perú
Idioma: Español
ISBN : 978-9972-51-236-0
Descarga:   Libro (PDF): El estado de la educación : estudios sobre políticas, programas y burocracias del sector
Fuente e imagen:

 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/
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La magia de cambiar la dirección escolar para cambiar la educación

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Educar no es “tragar sapos”

Educar en las escuelas públicas argentinas es un gran desafío.

Con pandemia o sin ella: nuestra labor -la de miles de docentes y educadores- se mueve entre los intereses de la clase dominante que diseñan las políticas educacionales, nuestra mirada ético pedagógica, los gremios capturados por la burocracia y el economicismo, las escuelas como instituciones que reproducen la ideología hegemónica pero que a la vez contienen y refugian a niños y jóvenes de la clase trabajadora cada vez más explotada, empobrecida y arrasada subjetivamente.

¿Cómo enfrentar, grupalmente y colectivamente, esta situación? Situación que hace años definimos como crimen educativo y Romina De Luca como degradación educativa.

A los alumnos se les hace difícil aprender y a nosotros enseñar. Esa unidad dialéctica, hoy, en nuestro país, tiene una base material que pocos incluyen cuando se da clases: “Según UNICEF, la pobreza infantil es del 62,9% y alcanza a más de 8 millones de chicos en Argentina”, titulaba Infobae a mitad de agosto de 2020. No se puede ni se debe enseñar/aprender sin tener en cuenta las condiciones concretas de existencia de nuestros pibes y pibas. ¿Qué sentido tiene la matemática, la lengua y las ciencias en un contexto social como el que estamos viviendo?

E igual hay que seguir, enseñar a pensar, a leer, a tratar que cada alumno vaya alcanzando su autoría/palabra/pensamiento, dicho de otro modo, una conciencia crítica que se irá forjando a medida que crezcan y al llegar a adultos no sean solo mano de obra barata sino sujetos de poder que deseen cambiar esta realidad enajenante en la que nos sumerge la burguesía. Y en esto queremos ser claros: los docentes debemos luchar por salarios dignos, por escuelas en condiciones dignas de su tarea y para que no nos usen de preservativos del sistema educativo. No debemos ir a las escuelas a reproducir la ideología de la colonización burguesa, sino por el contrario, con nuestra propia mirada ir avanzando en una disputa de otro tipo de sociedad. Son ellos –los gobernantes- quienes nos condujeron a esta crisis socioeducativa; no nuestro accionar como educadores. En todo caso, vea bien, la burocracia sindical docente es la que participa –reforma tras reforma- de los entongues entre el empresariado y la casta política.

En una de las entrevistas que le hiciera a Juan Carlos Sánchez, el “Profe” me contestó sobre la “política educativa tras el retorno de la democracia”:

Lo que sucedió es conocido. Un brutal recorte de contenidos y una gran desvalorización del ser docente obraron para una educación como la actual. La Ley Federal y la actual Ley Nacional constituyeron la herramienta para el deterioro de lo que denominan “calidad educativa”. La Ley Federal permitió la existencia de tantas currículas como provincias y municipios. Una anarquía de principio a fin. La Ley Nacional dictó un marco de referencia pero no modificó la dispersión curricular establecida por la ley derogada y existen grandes inconvenientes para la circulación de los estudiantes en el Sistema Educativo Nacional, entre otras problemáticas. Lo cierto es que los saberes de los egresados de las escuelas primarias y de las escuelas medias no alcanzan el nivel necesario para adquirir los nuevos que se ofrecen en el nivel superior. Si a ello le sumamos la falta de oportunidades para los sectores postergados, nos encontramos con una clara segmentación del conocimiento; por un lado, los niños y jóvenes de las grandes mayorías que alcanzan a obtener el título secundario ven reducidas sus oportunidades a nivel laboral y escolar y por otro, el proceso tiende a estrechar el acceso al nivel superior con el fin de permitirlo a quienes provengan de las clases media alta y alta, limitando el ingreso de estudiantes de las clases bajas, de los pueblos originarios y del colectivo con discapacidad. Sin dudas, el mejor examen de ingreso resultó ser ese recorte de saberes que, en la práctica, opera como un fuerte condicionante para la prosecución de estudios superiores. Evidentemente, se ha perfeccionado el sistema de restricciones educativas de la dictadura por otros medios…”.

Queda claro a qué apuntan los señores de traje, corbata, y hasta de sport coucheados, con las políticas educativas actuales. Nos quieren ignorantes, apáticos, que les sirvamos de empleados rebajados, y pegados al celular. Eso sí, de sus bocas saldrán discursos progresistas, de inclusión educativa, de derechos ampliados, de todos a las escuelas, ciudadanos del conocimiento del siglo XXI. De sus bocas saldrán esas frases hechas con una sonrisa de TV. Pero si miramos sus manos…tienen el color de la tinta de la firma de un genocidio por goteo al que nos dirigen con una organización social que requiere “manos hábiles” (como ya dijimos) para rubricar decisiones y contar dinero espurio o bien hacer click para que llegue la transferencia inmediata.

Evidentemente el crimen educativo no ha terminado y continua disparando sus armas contra nosotros. ¿Vamos a quedarnos observando solamente como cargan sus balas o vamos a dar pelea hasta ganarles y que ellos se traguen sus sapos mercadotécnicos?

Fuente: https://rebelion.org/educar-no-es-tragar-sapos/

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