El Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial (FSM) aprobó una resolución de apoyo a las luchas de la clase obrera de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), destacó hoy la agencia estatal de noticias KCNA
El documento puso de realce los esfuerzos de la Federación General de Sindicatos de Corea por el desarrollo económico y social, bajo las banderas del socialismo y la dirección del Partido del Trabajo y su secretario general, Kim Jong Un.
Con sede en Sao Paulo, Brasil, la reunión de la FSM también condenó la política de provocaciones y amenazas que contra la RPDC practican Estados Unidos y sus aliados de Corea del Sur y Japón, que pone en riesgo de una guerra nuclear a la Península Coreana.
Llamó asimismo a la comunidad internacional a oponerse a los designios imperialistas y a expresar su solidaridad con la justa lucha de la clase obrera de la RPDC en pro del bienestar de la población y la defensa de soberanía nacional.
Fundada en 1945 en París, la FSM es una de las organizaciones sindicales internacionales más antigua del mundo y representa a unos 105 millones de trabajadores y trabajadoras de 133 países
Trata sobre la emergencia de los cordones industriales durante la Unidad Popular de Salvador Allende, a través de una entrevista con Mario Olivares, integrante entonces del Cordón Industrial Vicuña Mackenna y actual dirigente del Sindicato N° 2 de Viña San Pedro-Tarapacá.
A 50 años del golpe: Cuando la clase trabajadora organizó la vida, es un video producido recientemente por trabajadores del Departamento de Comunicaciones del Sindicato N° 2 de la Viña San Pedro-Tarapacá, organización asociada a la Federación de los Trabajadores de la CCU.
Trata sobre la emergencia de los cordones industriales durante la Unidad Popular de Salvador Allende, a través de una entrevista con Mario Olivares, integrante entonces del Cordón Industrial Vicuña Mackenna y actual dirigente del Sindicato N° 2 de Viña San Pedro-Tarapacá. Asimismo, se presenta una conversación con Gioconda Aguilera, activista de derechos humanos que vivió la etapa en que los propios trabajadores controlaron la producción de la Planta de Limache de la Compañía de Cervecerías Unidas, CCU.
Para muchos venezolanos que aspiran a poder vivir de su trabajo honesto, aparece nuevamente la fecha del Primero de Mayo como un hito en el calendario, un día en el que la esperanza se atrinchera con la ilusión de que se tomen las decisiones necesarias para que los trabajadores dispongan de un sueldo digno.
Una aspiración que año a año es traicionada, como lo demuestra la pasiva indiferencia del Estado ante los reclamos de los trabajadores movilizados, la burla de pretender compensar los salarios con bonos entregados de manera arbitraria sin cotizar en las prestaciones sociales y las estrategias emprendidas por el régimen, a través del Instructivo Onapre, con la que se les desconoce décadas de luchas sindicales en toda la administración pública.
Con el paso del tiempo, el Primero de Mayo se está convirtiendo en Venezuela en una fecha que ha perdido su razón de ser, un día donde solo se celebra los protocolos y los gestos vacíos.
Por un lado vemos a un régimen que afirma estar al lado de la clase trabajadora, ser consciente de sus luchas, mientras recibe las bendiciones de los empleados movilizados a la fuerza delante las cámaras de Venezolana de Televisión. En la otra esquina de la realidad, observamos a buena parte de la administración pública sometida al hambre, acosada por grupos violentos en sus protestas, donde sus líderes son detenidos de manera arbitraria y donde la deserción laboral parece ser la única vía que pueden asumir todos los padres de familia responsables. Todo un sainete que convocaría a la carcajada si no fuera tan lamentable la situación a la que están sometidos los trabajadores honestos que dependen del Estado.
La mejora en los salarios no debe estar atada a la buena o mala voluntad del hombre fuerte del régimen. Hemos aprendido que la precariedad laboral está atada a la ausencia de una política económica sensata que apueste al largo plazo, también está vinculada a la supresión de las libertades políticas en el país. Sin libertad sindical, sin garantías para la protesta pacífica, sin estado de derecho que garantice el debido proceso, sin libertad de expresión ni de asociación para ejercer el activismo sindical y político, es imposible defender los derechos laborales. Esto sin olvidar que sin una política económica que contenga la inflación, todo aumento salarial es sal y agua con el paso de las semanas.
Si algo hemos aprendido con las malas noticias en torno a la corrupción en Petróleos de Venezuela y el sistema judicial venezolano, es que el Estado ha dispuesto de recursos suficientes para garantizar salarios dignos, pero fue una decisión política no hacerlo: el dinero siempre estuvo allí, pero era utilizado para financiar a las diversas camarillas que sustentan el poder del régimen. Ni el llamado “bloqueo” ni la corrupción son argumentos creíbles con los que se pueden defender los voceros del poder.
A pocos días del Primero de Mayo, la esperanza no debe estar al lado de la voluntad del poderoso, debe enfocarse en la organización y apoyo a los gremios movilizados en las protestas de los últimos meses.
Debemos estar allí junto a ellos, al lado de los trabajadores de la salud, junto a Mauro y Pablo Zambrano; a la líder sindical Zenaida Figuera de Sunep-Sas; Luis Cano y Carlos Julio Rivera, representantes de pensionados y jubilados; Elsa Castillo y Edgar Machado, líderes del gremio educativo; y junto a todos ellos, los trabajadores, la sociedad civil organizada y los nuevos liderazgos que se construyen de abajo hacia arriba. El esfuerzo coordinado y solidario con nuestros trabajadores en la calle es el mejor tributo que podemos dar en esta fecha. La esperanza debe movilizarnos en nuestras luchas pacíficas por el cambio democrático que quiere la mayoría de los venezolanos. Sólo en democracia, con plenas libertades, se puede comenzar a reconstruir un sistema en el que los trabajadores puedan vivir dignamente y el Primero de Mayo vuelva a ser una fecha importante.
Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/opinion/primero-de-mayo-y-la-esperanza/
El 17 de junio, en un discurso dirigido a los miembros del poder judicial, Alí Jamenei, el dictador de la República Islámica, dijo: «El Dios de los años ochenta sigue siendo el mismo Dios que hoy». Tras este discurso, el ataque a manifestantes y activistas de todo tipo ha aumentado considerablemente: a sindicalistas, profesores, artistas, escritores, mujeres, estudiantes y defensores de los derechos humanos. La frase de Alí Jamenei se refiere a la masacre de decenas de miles de opositores al régimen, incluidos miles de presos políticos durante la década de 1980. Puede que el Dios del régimen no haya cambiado después de cuarenta años y sea tan sanguinario como antes, pero una cosa es cierta: el pueblo que le obedecía ha cambiado totalmente. Y el Dios-Dinero, que ha sustituido al Dios de los años 80, le ha superado en crueldad.
Pero, ¿cuáles son las razones de este discurso tan amenazador? Desde abril de 2022, no hay ciudad en Irán que no haya visto una escena de ira popular contra el gobierno. Es cierto que se están produciendo diversos movimientos en todo Irán, pero están desconectados y carecen de organizaciones coordinadas a escala nacional. El régimen, incapaz de gestionar las diversas y graves crisis que podrían llevarle al colapso, ha recurrido a una escalada represiva sin precedentes, a amenazas de masacre y a agresiones a las mujeres.
Las huelgas y las manifestaciones están formalmente prohibidas desde la guerra entre Irán e Irak (1980-1988); y las protestas sociales son ferozmente reprimidas. Sin embargo, entre el 1 de mayo de 2021 y el 1 de mayo de 2022, se registraron 4122 huelgas y protestas de trabajadores, profesores, funcionarios, pensionistas, trabajadores de hospitales, etc.
Una de estas huelgas fue la de más de 100.000 trabajadores y ttrabajadoras del sector petrolero y petroquímico. Duró dos meses y sólo terminó cuando se cumplieron la mayoría de sus exigencias. El último ejemplo es la lucha de decenas de miles de profesores y profesoras. Algo inédito en la historia de este régimen desde que tomó el poder en 1979, esta lucha se organizó simultáneamente en cientos de ciudades.
Por otra parte, en varias provincias se han producido numerosas manifestaciones violentas contra la escasez de agua. Fueron iniciadas por cientos de agricultores y a ellas se unieron decenas de miles de residentes locales. Todos las manifestaciones protestaban contra la mala gestión del agua por parte de la mafia del agua creada por el régimen. Irán, con un clima esencialmente árido, sufre actualmente un grave estrés hídrico (falta de agua), tanto para el consumo diario como para los cultivos y el ganado. Y los cortes de electricidad van en aumento.
Las autoridades son conscientes de que los métodos utilizados para reprimir y aterrorizar a la sociedad son ineficaces. Temen la convergencia de los distintos movimientos de protesta y la creciente solidaridad que están generando. Frente a esto, acentúan su habitual comportamiento violento: detenciones, elaboración de expedientes judiciales basadas en falsedades, acusaciones inventadas, difusión de mentiras y calumnias contra los que se atreven a protestar…
Cécile Kohler y Jacques Paris, dos sindicalistas franceses del sector de la educación, encontraron a conocidos sindicalistas iraníes durante un viaje turístico a Irán la pasada primavera. Las autoridades iraníes les detuvieron y acusaron de espionaje. Al mismo tiempo, se lanzaron operaciones de represión a gran escala. Decenas de profesores y sindicalistas conocidos y respetados en sus respectivos sectores de actividad fueron detenidos y acusados de «propaganda y conspiración contra el régimen islámico, en connivencia con una potencia extranjera».
Estas acusaciones, completamente falsas e infundadas, se fabrican únicamente para reprimir el movimiento sindical independiente y las protestas legítimas de las y los trabajadores y oprimidos. Algunas de las personas detenidas se han puesto en huelga de hambre. En solidaridad con ellas, más de sesenta presos se unieron a la huelga.
Las acciones de apoyo a los activistas encarcelados llegan de todo el mundo. El «Colectivo Sindical Francés para la Defensa de los Trabajadores en Irán», con el apoyo de dos estructuras sindicales ginebrinas y de componentes de la diáspora iraní, organizó una concentración el 10 de junio en Ginebra frente a la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A petición de su sindicato, de su familia y del Colectivo Sindical Francés, Reza Shahabi, activista de renombre mundial, suspendió su huelga de hambre ¡después de ¡42 días! Algunos presos siguen en huelga de hambre.
Cambio en la geografía de la protesta política. Cambio en el discurso del régimen
Está claro que desde 2017, la geografía de la protesta política ha cambiado. En la historia del Irán moderno, las principales protestas que suponían una amenaza para el poder del Estado tenían lugar principalmente en Teherán y otros centros urbanos importantes. Pero en 2017 y 2019 se produjeron movilizaciones significativas en ciudades y pueblos de la periferia. Este cambio ejerce una presión considerable sobre el aparato de seguridad del Estado, lo que le lleva a ser cada vez más violento y represivo en su intento por mantener el orden.
Sin embargo, los acontecimientos de los últimos cinco años ponen de manifiesto que las y los manifestantes están ahora dispuestos a emprender acciones más radicales y a pagar un precio más alto para conseguir lo que quieren. La naturaleza cambiante de las protestas, y de la resistencia en general, está modificando rápidamente el clima sociopolítico en Irán.
Una de las principales características de 2022 es la aceleración de los acontecimientos sociopolíticos y el incremento de la confrontación entre el régimen iraní y el pueblo en los ámbitos económico, político, social y cultural. Esto se refleja en las palabras del presidente Ebrahim Raissi [cuyo mandato comenzó el 3 de agosto de 2021] y en la eliminación de la llamada facción reformista.
El nuevo presidente Raissi es tildado de duro y apodado el verdugo. Es uno de los responsables de la masacre de miles de presos y presas políticos en 1988. El líder supremo del régimen, Alí Jamenei, esperaba que Raissi pudiera frenar las crecientes protestas, que se iniciaron durante la presidencia reformista de Hasán Rohaní [de agosto de 2013 a agosto de 2021].. Tras un año de presidencia de Raissi, el joven gobierno hezbolá de Jamenei [es decir, comprometido con los valores de Hezbolá, el partido de Dios] no ha logrado ninguno de sus objetivos.
En diciembre de 2017 y noviembre de 2019 se produjeron dos grandes oleadas de protestas. También hubo protestas después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) derribara el vuelo 752 de Ukraine International Airlines sobre Teherán, tras el asesinato [el 3 de enero de 2020] por el ejército estadounidense del general Qassem Soleimani, hombre fuerte de Jamenei.
Todo esto sugiere que la dinámica de la protesta política en Irán está cambiando. Está surgiendo una creciente dinámica de radicalización entre las y los manifestantes, mientras que el Estado está dispuesto a utilizar la violencia extrema para mantener el control de la situación.
Las protestas generalizadas de noviembre de 2019 pueden considerarse el capítulo más sangriento de la historia reciente de la República Islámica de Irán. En un intento de justificar la respuesta violenta sin precedentes del Estado, el Líder Supremo hizo ajustes en su discurso. Esto puede interpretarse como un repudio a uno de los principios del jomeinismo (Estado islámico = gobierno de los desposeídos en la tierra) al redefinir la interpretación de los desposeídos (mostaz’afin):
La idea de los desamparados está mal interpretada, se ha identificado con los estratos sociales más bajos y, en los últimos años, económicamente vulnerables. ¡No! El Corán no los identifica como desamparados… Los desamparados hace referencia a los Imames [chiíes], los mentores y gobernantes de la humanidad; los que heredarán la tierra y todos sus recursos… el desvalido es el heredero temporal del mundo y el sucesor de Dios en la tierra.
Parece que en la interpretación moderna y neoliberal del concepto de los desamparado, Jamenei ha sido un buen discípulo del Fondo Monetario Internacional (FMI). La redefinición de los desamparados no es sólo una cuestión económica, sino también una legitimación de facto de futuras masacres, llevadas a cabo bajo las órdenes de Jamenei.
Estancamiento interno y cerco externo
A partir de enero de 2020, la República Islámica se enfrentó a una crisis a gran escala derivada del estancamiento político interno, el aislamiento internacional y unas condiciones económicas agobiantes. El régimen responsabiliza de esta situación a las potencias extranjeras y a los designados como su quinta columna dentro de Irán, como ha hecho durante los últimos 40 años. La República Islámica tiene enemigos externos, sobre todo Arabia Saudí, que ha estado librando una guerra de desgaste por delegación con Irán desde el comienzo de la guerra civil siria en 2011. Además de Arabia Saudí y sus aliados regionales, la República Islámica considera a Israel su archienemigo, una enemistad que se ha extendido al principal aliado internacional de Israel, Estados Unidos de América.
La implacable búsqueda de una política exterior de confrontación con Occidente por parte de la República Islámica ha tenido consecuencias negativas para la economía iraní: las restricciones económicas internacionales han reconfigurado la economía iraní. En los últimos años, Irán ha sufrido diversas y crecientes sanciones y medidas punitivas de EE UU. Éstas alcanzaron su punto álgido cuando la agresiva retórica de Teherán unió a Europa con EE UU contra el programa nuclear iraní.
No se puede negar que estos enemigos externos han desempeñado un papel considerable en la precaria situación actual de Irán. Esto es especialmente cierto en el caso de Estados Unidos, que bajo el mandato del presidente Donald Trump canceló unilateralmente el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015, que fue ganado con mucho esfuerzo por Irán y Occidente. La administración estadounidense lanzó entonces la política de máxima presión que está estrangulando la economía iraní. Sin embargo, la mayoría de los males de Irán son el resultado directo de las políticas económicas aplicadas: 1° el capitalismo desenfrenado, 2° la gestión mafiosa.
En cuanto a la segunda patología de la economía iraní, es el resultado de una compleja gama de causas internas, siendo las principales las inadecuadas decisiones de las autoridades y los problemas estructurales de la economía iraní.
Las causas externas incluyen la política de máxima presión de Trump y el empeoramiento de las malas relaciones de Irán con sus vecinos.
En definitiva, la economía iraní ha pasado por muchos periodos difíciles en las últimas cuatro décadas, marcados por la inflación, las frecuentes crisis monetarias y las repentinas subidas de precios de los productos esenciales y del combustible.
A esto se añade la corrupción endémica y los cárteles político-económicos semiestatales, que amplían aún más esta corrupción. En resumen, la economía iraní ha sido calificada repetidamente como una economía enferma. La corrupción, el clientelismo y el amiguismo se convirtieron en una de las principales características de la economía bajo la presidencia de Hashemi Rafsanjani (1989-1997) y en el sello distintivo de su administración. Es cierto que la época de Mohammad Jatamí (1997-2005) tuvo su cuota de escándalos y corrupción, pero su magnitud fue infinitamente menor que los innumerables fraudes que proliferaron durante la presidencia de Mahmud Ahmadineyad (2005-2013). Actualmente, Irán es uno de los países más corruptos del mundo.
Los principales beneficiarios de esta situación son las organizaciones cuasi-estatales y los cárteles, que tienen una larga historia en la República Islámica, pero que ahora están eclipsados por el complejo militar-industrial-financiero del CGRI (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica). El poder político-económico del CGRI, que comenzó sus operaciones económicas con el presidente Rafsanjani, alcanzó su punto álgido con el presidente Ahmadinejad y ha seguido siendo dominante hasta hoy. Además de sus actividades en la construcción, la industria y las finanzas, la IRGC se beneficia de lucrativos contratos públicos y de una gran parte del presupuesto gubernamental. La participación del CGRI en el lucrativo contrabando de mercancías a través de los numerosos puertos y astilleros que controla es un secreto a voces.
La mala gestión de la economía es otra característica persistente de la República Islámica de Irán. Comenzó con la gran agitación de la revolución de 1979. Luego persistió (en diversos grados) durante la guerra Irán-Irak (1980-1988), y después bajo las presidencias de Rafsanjani y Jatamí. Pero de 2005 a 2013, el problema de la mala gestión se convirtió en antigestión. El presidente Ahmadineyad despreciaba a las élites tecnocráticas y le gustaba decir «deshazte de estas élites y todos los problemas del régimen se resolverán». Ahmadineyad mantuvo esta postura antielitista hasta el final y casi consiguió desmantelar las instituciones tecnocráticas de la República Islámica, expulsando quizás a miles de tecnócratas y directivos de nivel medio y alto. Esto sigue afectando a la economía iraní hasta el día de hoy.
El desastroso estado de la economía: ni reformable ni sostenible
Desde el estallido de la guerra civil siria en 2011, los extremistas del régimen han advertido repetidamente del peligro de una sirianización de Irán. Pero se puede argumentar que, de ser así, la responsabilidad recaería en los dirigentes de la República Islámica.
En la actualidad, la determinación de la República Islámica de conservar el poder es mayor que nunca y continuará con sus políticas y tácticas actuales con ese fin. En el plano económico, el régimen no puede esperar introducir nuevas innovaciones. De 2010 a 2013, en respuesta a las sanciones internacionales, Jamenei había lanzado un discurso de economía de resistencia para reforzar la capacidad interna de Irán y permitir que el país funcionara sin depender de los ingresos del petróleo o del comercio con Occidente. Este discurso ha seguido siendo la política económica oficial de la República Islámica, pero el régimen está muy lejos de lograr un objetivo tan ambicioso. Entre 2010 y 2013, el régimen utilizó diversas tácticas para luchar contra las sanciones y mantener el comercio. Pero, a petición del FMI, también tuvo que recortar el gasto reduciendo las subvenciones estatales y revirtiendo políticas como el apoyo a los precios de productos básicos como el pan, el combustible y otros bienes de consumo.
La política de reducción y supresión de subvenciones continuó incluso después del acuerdo nuclear de 2015, y el régimen no tuvo más remedio que seguir esta línea de actuación. Las consecuencias de esta política, que aviva la ira de la clase trabajadora y de las personas empobrecidas, fueron plenamente visibles en las protestas de noviembre de 2019. Desde entonces, son muy frecuentes las nuevas manifestaciones de este tipo.
En la actualidad, el sistema económico de la República Islámica es una mezcla de capitalismo salvaje del sector privado y de capitalismo estatal amiguista altamente corrupto. La estructura del régimen y los cárteles político-económicos intensifican los defectos de la defectuosa economía del país y fomentan la corrupción. Los problemas económicos han sido una fuente constante de preocupación para la República Islámica. Diversas acusaciones de mala gestión, incompetencia y corrupción han sido el sello de todas las facciones del régimen durante las distintas administraciones. Sus consecuencias han socavado a largo plazo la legitimidad del régimen en su conjunto.
Ante la catastrófica situación económica, el aumento de las movilizaciones populares y ante el hecho de que la única respuesta del régimen es la represión, los economistas iraníes dan la voz de alarma y advierten del caos.
En un audaz desafío al autocrático gobierno iraní, varias docenas de economistas de alto nivel publicaron el 10 de junio una mordaz «carta abierta al pueblo iraní», de 10 páginas y muy detallada, en la que advertían de que el país había alcanzado una «fase explosiva» de malestar social debido a la mala gestión económica y al descontento popular. «Nuestra advertencia a los funcionarios del gobierno es que la situación del país es extremadamente precaria», dijeron los 61 economistas y profesores universitarios. Continuaron: «Insistir en la eliminación de los subsidios durante este periodo de miseria agotará la paciencia de la población y la volverá contra el sistema actual y el gobierno. Este enfrentamiento puede ser muy costoso para ambas partes».
La carta se publicó en medio de protestas esporádicas contra la subida de precios, los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo en los primeros seis meses de 2022. «En la situación actual del país, donde las políticas económicas y sociales están envueltas en el secreto, cualquier crítica al gobierno se interpreta como parte de un complot malicioso contra el régimen y el gobierno, lo que dificulta que los expertos o los círculos académicos planteen abiertamente estas cuestiones», advirtieron los economistas.
Los propios datos del gobierno reflejan «una historia desgarradora de desesperación», así como una pobreza creciente y un entorno desfavorable tanto para la producción como para los negocios, escribieron. La carta señalaba:
Irán ocupa el puesto 150 de 180 países en una encuesta de Transparencia Internacional sobre políticas anticorrupción;
Irán ocupa el puesto 127 de unos 200 países en el Índice de Buena Gobernanza;
Irán ocupa el puesto 127 de unos 200 países en el Índice de Buena Gobernanza;
El índice de confianza social, una medida del capital social, había alcanzado casi el 70% en 1981, dos años después de la revolución. En 2022 se había reducido a cerca del 20%;
La renta per cápita del país creció menos del 1% entre la revolución de 1979 y 2022;
El crecimiento medio del PIB de Irán entre 1980 y 2018 fue sólo del 1,6%, mientras que China, India, Turquía, Malasia, los Emiratos Árabes Unidos y Pakistán crecieron de media entre el 4% y el 10% durante el mismo periodo;
El 40% de los hogares iraníes vivían por debajo del umbral de la pobreza en 2021;
Con una tasa de crecimiento económico cercana a cero y un crecimiento de la población de alrededor del 13%, el iraní medio se ha empobrecido un 13% en la última década;
En la última década, la economía iraní ha experimentado el estancamiento más profundo de los últimos 70 años debido a las sanciones opresivas sin precedentes y a la pandemia de Covid-19;
La tasa de inflación media ha sido del 20% en las últimas cuatro décadas; ha superado el 35% en los últimos tres años;
Las importaciones de Irán han caído de 70.000 millones de dólares en 2011 a unos 35.000 millones en 2021, debido a las sanciones y a la reducción de los ingresos por exportación de petróleo;
Entre 2011 y 2018, el 1% de la población iraní, incluidos los segmentos más ricos de la sociedad, disponía de una media del 16,3% de los ingresos totales del país; esta riqueza equivale a la cuota del 40% de los segmentos más pobres.
La carta afirmaba que la «corrupción» y la «incompetencia» del gobierno, así como las políticas «disfuncionales», habían destruido la confianza de la población. Cualquier intento de criticar al gobierno se consideraba oficialmente como el fomento de complots «maliciosos», señalaron. Concluyeron: «Nuestra crisis económica y social, así como la destrucción y el deterioro del medio ambiente, la corrupción institucionalizada, la demolición del capital social, la fuga masiva de cerebros, el déficit presupuestario e incluso las sanciones, se deben generalmente a la débil gobernanza del Estado y a la ignorancia de las bases científicas de las políticas públicas».
Cuando se publicó, la carta fue ferozmente criticada en los medios de comunicación controlados por el régimen, pero fue ampliamente difundida en las redes sociales. Una semana después de la publicación de la carta, Jamenei, en su discurso, invocó la espada de Dios.
Es justo decir que el estado de la economía de la República Islámica de Irán nunca ha sido tan grave como ahora.
Conclusión
La legitimidad destrozada de la República Islámica, junto con la guerra económica de EE UU y el aislamiento internacional de Irán, han colocado a los dirigentes en un posición más débil de su historia. Pero esto no significa que el régimen vaya a derrumbarse pronto.
A nivel nacional, sigue siendo todopoderoso. Puede confiar en las modernas capacidades tecnológicas de vigilancia, en un eficiente aparato de seguridad y en la lealtad ideológica del CGRI. Por otro lado, el nivel de organización de la sociedad iraní sigue siendo dramáticamente bajo. Privada de liderazgo político, está sometida a una represión constante. Atravesado por divisiones culturales, étnicas y políticas, el país es actualmente incapaz de dar lugar a contrapoderes.
Sin embargo, el conflicto actual entre el Estado y la sociedad es una guerra de desgaste cuyo resultado es imprevisible. La República Islámica ha perdido el apoyo de gran parte de su base social tradicional en el Irán rural y entre las capas sociales empobrecidas. Es razonable suponer que muchos de los soldados rasos del CGRI y de la milicia paramilitar Bassijis [fuerza creada por Jomeini en noviembre de 1979] proceden de pequeñas ciudades y zonas rurales cuya población salió a la calle en masa entre 2017 y 2019 y fue brutalmente reprimida. Si estos soldados de a pie seguirán siendo leales a sus señores o no, es una cuestión a debate. Especialmente si la situación económica de Irán sigue deteriorándose y el régimen tiene problemas para mantener el bienestar y los privilegios de su aparato estatal, incluidas las fuerzas militares y de seguridad. Ante la política de tierra quemada del régimen, la amenaza de su autoimplosión y del país es una posibilidad real.
Las movilizaciones políticas están descentralizadas y ya no son monopolio de las grandes ciudades, donde el Estado concentra los medios para hacerles frente. A diferencia de las últimas tres décadas, las clases medias ya no están al frente de las protestas políticas en Irán. Los sectores mucho más pobres de la sociedad, que se han visto especialmente afectados por la actual crisis económica, están ahora dispuestos a mostrar su músculo en la arena política. La respuesta de mano dura del Estado a las protestas de 2019 demuestra que la élite política teme profundamente las protestas que, en el actual clima político iraní, están destinadas a repetirse.
En un artículo que analizaba la protesta masiva de 2017, escribí lo siguiente:
…El régimen ha demostrado que no tiene ninguna dificultad en imponer una represión aún más salvaje. El régimen iraní no es sólo un régimen capitalista, sino también un régimen ideológico, organizado de forma fascista, y luchará por sobrevivir. Dispone de una poderosa fuerza militar, así como de una milicia paramilitar bien organizada y con grandes intereses financieros propios.
Es difícil predecir lo que ocurrirá a partir de ahora. Sin embargo, podemos estar seguros de que nada será igual que antes. Por lo tanto, es una confrontación muy importante, delicada y larga. Es esencial que los que luchan en Irán obtengan un apoyo amplio y efectivo de las fuerzas de la izquierda, así como de los progresistas. La lucha por la democracia y las libertades civiles debe ser una de las dimensiones de nuestra lucha común.
Desde entonces, los acontecimientos en Irán confirman nuestro análisis y, por tanto, nuestras tareas, en esencia, siguen siendo las mismas:
…defender los intereses de los trabajadores de Irán, manteniendo una posición firme y constante, tanto antiimperialista como de oposición al régimen, hacer todo lo posible para extender y retransmitir una gran campaña de apoyo a las luchas del pueblo iraní… actuar con todas las fuerzas iraníes e internacionales que compartan estos principios. Sin embargo, no podemos unirnos a los defensores de una u otra facción del régimen, ni a los que quieren la guerra o las sanciones extranjeras, con la esperanza de evitar el cambio desde abajo. No suspenderemos nuestras críticas a quienes toleran la guerra imperialista o las sanciones económicas, porque son medidas que perjudican en primer lugar a los trabajadores, a las masas de Irán.
Observatorio Latinoamericano y Caribeño de Organismos Multilaterales, Bancas de Desarrollo, Corporaciones Tecnológicas y Filantropía
INFORME ECONOMÍA MUNDIAL: Análisis Semanal de Coyuntura Nº 3
Julio, 29 de 2022
Luis Bonilla-Molina
Nelson Ortega Bonilla
Caracas, Venezuela
1) El Oro: ¿Qué está pasando?
En la actual crisis económica global, los Bancos Centrales están comprando más oro de lo que comúnmente lo hacían. Lo hacen, porque pese al desacoplamiento con la crisis de los setenta, en una nueva fórmula de Bretton Woods que lo sustituyó plenamente por el dólar, lo cierto es que este metal ha sobrevivido a todas las crisis del capitalismo global. Es una forma en términos prácticos de protegerse frente a una recesión, la volatilidad de los mercados, la inflación y el riesgo cambiario.
Desde que se origina la ruptura absoluta con el patrón oro en los 70, este ha pasado de unos 37$ a 1800$ en la actualidad, es decir su valor se ha incrementado unas 48,6
veces. Esto representa en promedio que ha prácticamente crecido en ese valor inicial
cada año. En ese mismo período el PIB ha crecido unas 27,5 veces apenas.
EEUU por su parte es el mayor tenedor de reservas de oro del planeta (unas 8000 toneladas), aunque genera suspicacia que desde 1953 no se desarrolla una auditoría que permita confirmar la tenencia en físico de las mismas. China por su parte argumenta que posee unas 2500 toneladas del metal, aunque algunas estimaciones no oficiales permiten intuir que pudieran llegar casi al doble de las mismas.
Para entender el mercado del oro, es necesario conocer que el 95% del volumen de este se cotiza en las Bolsas de Londres, Nueva York y Shanghái, lo que permite además desarrollar un juego altamente especulativo en este sector.
JP Morgan Chase y Citibank poseen el 90% de los derivados del oro y otros metales
preciosos de EEUU, y a ellos se le suman Goldman Sachs y Bank of America, en el caso de los derivados financieros. Resulta curioso que JP Morgan Chase reportara 330 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2022, un 1071% más que lo reportado el trimestre anterior: 28 mil millones de dólares.
Por otra parte, se estima que los pasivos generados por el mercado especulativo del sector financiero estadounidense; esto es deuda en papeles que no están soportados por su tenencia, y que requerirían una garantía de activos del sector financiero, pareciera ser insuficiente para cubrir los 530 mil millones de dólares, con una tenencia de apenas una cuarta parte en físico del oro de los principales tenedores.
Para tener una idea de las dimensiones del mercado especulativo del oro, en 2020 los
derivados negociados del metal alcanzaron la cifra astronómica 7 veces el PIB mundial de ese año.
El asunto de fondo pudiera apuntar hacia una nueva crisis del dólar elevado artificialmente por una emisión cada vez más expansiva, que ha sobrevalorado esta divisa, frente a la reciente caída del oro, que ya ha originado una investigación por manipulación de los mercados por parte de JP Morgan según el propio Gobierno de los EEUU, con lo que estarían estos fondos de inversión preparándose para una crisis del sistema monetario global.
2) MERCOSUR: Adiós Europa, bienvenidos BRICS y Turquía
La alianza del MERCOSUR había venido desarrollando una dinámica, para incrementar sus ventajas competitivas hacia Europa, a tal punto que una negociación de Acuerdo de Libre Comercio entre las partes se encuentra sobre la mesa. Pero ¿Qué está pasando en la actualidad con sus miembros?.
Brasil ha estado fortaleciendo su relación con Rusia, en sectores estratégicos, como el
de fertilizantes y los hidrocarburos, a tal punto de convertirse en comprador de Diesel
ruso. Hace una semana la ausencia de Bolsonaro en la cumbre del MERCOSUR envía un mensaje claro de su distancia con este organismo, que ya lo había golpeado al mejorar las condiciones arancelarias a otros países.
Por su parte Uruguay se encuentra negociando un tratado de libre comercio con China, que expone particularmente al bloque desde el punto de vista de las propias condiciones impositivas de aranceles.
Venezuela en cambio negoció un acuerdo comercial con Turquía, buscando alternativas frente a las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra el país, y abriendo su primer tratado de esta materia extra-regional. Es importante destacar que Venezuela agrega al bloque del MERCOSUR las principales reservas de petróleo mundiales y junto a Brasil más del 20% global, mientras que la próxima adhesión de Bolivia dispondría de más del 50% de las reservas de litio.
Algunos analistas apuntan hacia una desintegración del MERCOSUR, lo que pudiera
ocurrir es una nueva direccionalidad geoeconómica, colocando la mirada hacia otros
socios dentro del BRICS y como lo hemos visto también Turquía, distanciándose cada vez más de Europa.
3) BRICS hacia una nueva moneda de reserva
Durante los últimos 10 años China y Rusia han venido consolidando sus tenencias de reservas en Oro, y han venido disminuyendo las de divisa estadounidense. En el caso de China este valor ha caído considerablemente de 3,9 Billones a 3,2 Billones de dólares, mientras que el comercio exterior pasó de usar la divisa norteamericana de un 90% en 2015 a 45% en 2020. Rusia por su parte ha incrementado 4 veces sus reservas de oro entre 2008 y 2022, y desechando casi en su totalidad la tenencia de bonos del tesoro de los EEUU.
Por otra parte, el comercio entre los socios del BRICS, es cada vez más amplio, en la que China ya cuenta con una plataforma bancaria propia a través UnionPay y Rusia ha anunciado la creación de un sistema de intercambio propio como alternativa al SWIFT, a la par que negocia en monedas locales con India el comercio de Hidrocarburos.
China y Rusia anunciarán una nueva moneda de reserva global. Muchos analistas hablan sobre los problemas en la confianza, pero lo que no ven es que las economías emergentes tienen hoy la mayor proporción del crecimiento económico global, frente a un sistema occidental que ha instrumentalizado las sanciones unilaterales como arma económica, generando así un abismo en la credibilidad que será difícil de recuperar.
4) ¿Desglobalización o neo-globalización?
Durante el más reciente Foro de Davos se discutió sobre los problemas a los que se
enfrenta la economía global, entre ellos advierte que pudiéramos hacer frente a los
desafíos de la desglobalización, mediante una recomposición geopolítica de los mercados. ¿Es esto verdaderamente factible?
Se ha instrumentalizado el conflicto en Ucrania para culpar de todos los males las actuales circunstancias, pero la realidad desborda aún más las expectativas. Imaginar un escenario de no dependencia global de los mercados, no parece un escenario viable. Es así como vemos que pese al propio conflicto bélico la UE sigue dependiendo del gas ruso, y que Alemania no cuente con dicho suministro, no implica que otros países como España o Italia no se estén beneficiando, de esta forma pierde un país, pero no el bloque. Lo que pudiera estar ocurriendo es una nueva fase de la globalización, que esté dada más con la confrontación de la fuerza y el uso de medidas maximalistas en aras de conquistar o mantener ciertos mercados.
5) Prospectiva del mercado de los hidrocarburos. ¿La transición energética para cuándo?
El futuro del gas y el petróleo pareciera generar un pronóstico de altos precios y mayor cercanía de los productores, especialmente en el escenario de OPEP+1. Lo que está aconteciendo en las recientes semanas dan fe de ello.
EEUU se convierte en el principal proveedor a la UE elevando más de 15 veces su precio previo a la crisis para Europa, desplazando a Rusia, aunque pareciera no ser sostenible, tal como demuestra tener que haber echado la mano a las reservas estratégicas del país norteamericano para frenar un mayor incremento de los precios.
Rusia por su parte se diversifica y alcanza niveles históricos de comercio de hidrocarburos con China, India, Turquía, Arabia Saudita y Brasil y se convierte en el segundo proveedor de gas a España e inyecta mediante un acuerdo casi el doble a Italia.
Argelia por su parte también se reconfigura, y pasa del primer a cuarto lugar como exportador de gas natural a España, desarrollando nuevos acuerdos con Italia y anunciando la construcción de un gasoducto con Nigeria y Níger a través del desierto.
Venezuela vuelve al escenario petrolero mundial, mediante los permisos dados a diversas operadoras afectadas por las medidas coercitivas unilaterales, en las que ya REPSOL ha anunciado que ha recibido 3 millones de barriles del crudo venezolano.
Mientras tanto, Biden hace una gira sin éxito por el medio oriente, y Macrón hace lo propio en África, y como naipes caen uno tras otro en el escenario de la UE, primero Johnson en Reino Unido y luego Draghi en Italia, a la par que la tan aclamada transición energética no parece haber llegado nunca a Europa, cuando la capacidad de negociación se disminuye y occidente menos tiene que ofrecer a el mundo.
7) Walmart y Amazon: la punta del iceberg
Walmart es el gran ícono del modo de consumo de la tercera revolución industrial, mientras que Amazon, de la cuarta. Ambas empresas ostentan lugar dentro de los primeros 5 puestos la revista Fortune 500, y en una misma semana han anunciado caída en sus ingresos y beneficios, culpando a la inflación de los resultados financieros. La solución apunta como ya lo han indicado a elevar los costos de los productos y reducir el personal empleado.
Similares escenarios también se han visto en el sector Tecnológico: Netflix, Apple y Meta, también en el mercado Crypto como Coinbase, en los fondos de inversión; JP Morgan, Goldman Sachs y Bank of America. Muchos son los síntomas de la actual crisis que parecieran apuntar a una gran depresión, en lugar de una recesión breve.
7) Contexto del capitalismo global. ¿Cómo afecta la clase trabajadora?
El escenario que nos corresponde transitar es cada vez más complejo. Estamos frente a uno multidimensional, mediante una caída de la rentabilidad (fija y variable), un incremento en el costo de la deuda, por la subida desmesurada de las tasas de interés, que afecta el nivel crediticio de los ciudadanos y los Estados, un incremento de las deudas corporativas mediante la cada vez más evidente presencia de empresas zombis, las cuales son aquellas altamente endeudadas, con un coste hacia la baja de la mano de obra que empobrece la clase trabajadora, afectada por la alta inflación global. Las consecuencias de esta gran crisis son: una caída de la inversión pública y privada, pérdida de empleos, mayores costes de los bienes y servicios y caída de los salarios. Una prospección nada alentadora para los ciudadanos de a pie.
El pasado 27 de mayo se realizó en Valencia el Congreso ‘Four Day Week Summit’ (jornada laboral de 4 días), un tema que está sonando con fuerza y que a priori podría despertar el interés de la clase trabajadora.
Al acto celebrado en la capital del Turia asistieron los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra y el dirigente de Más País Iñigo Errejón.
Errejón ha sido el principal impulsor en España de esta iniciativa. ¿Pero cómo desembarca esta idea aquí y quienes son sus promotores?
La campaña mundial por la jornada laboral de 4 días es lanzada por los empresarios Andrew Barnes y Charlotte Lockhart a través de la Fundación Global 4 Day Week. En su sitio web se ofrece un perfil profesional y personal de los integrantes del equipo.
Sobre Barnes y Lockhart, considerados como los «cerebros» del proyecto, se asegura que ambos «se encuentran en la afortunada posición de que sus negocios operan sin ellos, por lo que pueden dedicar su tiempo a crear esta comunidad a escala global». La expresión «sus negocios operan sin ellos» significa, básicamente, que son empresarios que viven del trabajo ajeno, es decir de aquel que llevan a cabo sus trabajadores.
Si se analiza el perfil del resto de personas que forman parte de la Fundación, prácticamente todas vienen del mundo empresarial. Claramente, se trata de una propuesta que nace del propio capital, no de los trabajadores. Este es un punto importante y comprobaremos a continuación los matices de la cuestión.
Lo que plantean estos círculos empresariales es que se trabaje solo 4 días a la semana. Argumentan que de esta manera se optimiza mejor el tiempo y se obtiene mejor rendimiento. Proponen a las empresas iniciar un periodo de prueba de unos meses para valorar el funcionamiento y la productividad. ¿Pero es todo tan bonito como lo pintan?
A pesar de que puede sonar como una «propuesta tentadora» para la clase trabajadora la realidad es muy distinta.
Vayamos al caso de España. Los ejemplos de las empresas Telefónica o Desigual muestran como la propia dinámica del capitalismo no va a hacer ninguna concesión gratuita a la clase trabajadora. Ambas compañías han ofrecido reducciones de jornada pero siempre a cambio de recortes salariales a la plantilla. El caso de Desigual es más grave todavía ya que se supo que la empresa amenazó con despedir a aquellos trabajadores que no se acogieran a la reducción de jornada (reducción salarial del 6,5% del salario).
Por otro lado, lo que se habla en la propuesta realizada por Íñigo Errejón es que el estado subvencione con dinero público a aquellas empresas que se acojan a este plan. Es decir, no existe en realidad una concesión de la patronal sino una reducción de horas subvencionada.
En este sentido, el Ministerio de Industria está preparando un proyecto para todo el país, basado en una propuesta de Más País. El estado destinará 10 millones de euros para subvencionar a las compañías que reduzcan al menos un 10% el tiempo de trabajo de sus empleados. Entre 150 y 200 empresas recibirían entre 2.000 y 3.000 euros por trabajador.
Por lo general, la reducción de jornada que se plantea comporta un recorte salarial para el trabajador o bien una subvención del estado al empresario para cubrir esa reducción de horas.
Por otro lado, el foco no puede ponerse exclusivamente en las horas semanales trabajadas sino en las condiciones en las que se trabaja y en los salarios percibidos por ello. De nada sirve una reducción de jornada con salarios de miseria y bajo una inflación galopante que afecta a todos los sectores de la economía.
El debate sobre la reducción de la jornada laboral de 8h es legítimo. Llevamos ya un siglo trabajando la misma jornada. Es necesario que la clase obrera reduzca las horas de trabajo para poder disponer de más tiempo para el descanso, el ocio, la cultura y también para poder organizarse sindical y políticamente. Pero esto no puede ser a costa de una reducción del poder adquisitivo ni a través de subvenciones del estado como se plantea desde sectores de la nueva socialdemocracia y del capital. La solución no son transferencias directas de dinero público al bolsillo de la patronal.
La jornada laboral de 8 horas se conquistó gracias a un ciclo de huelgas y protestas del movimiento obrero que tuvo su culminación en 1919 con la huelga de La Canadiense en Barcelona. 44 días de solidaridad obrera y determinación en los que se paralizó la ciudad entera. No se trató de ninguna concesión patronal. Y es que las conquistas históricas del movimiento obrero siempre han llegado fruto de la organización y la lucha, arrancando mejoras a la burguesía. Y aquí, pese a los cantos de sirena del oportunismo político, no existen atajos ni fórmulas mágicas en la defensa de los intereses de la clase trabajadora.
La propuesta de 4 días impulsada por sectores empresariales es una trampa que en la realidad reduce el poder adquisitivo del trabajador o bien supone transferencias directas de dinero público a los bolsillos de la patronal. Es el enésimo espejismo del inexistente capitalismo «de rostro humano». La ilusión reformista suele tener corto recorrido. Que no nos embauquen.
Critica el modelo de endeudamiento de Paraguay, que se agravó desde la emisión de los bonos desde el 2012, y apunta como fuente de recursos a los sectores que registraron crecimiento en las últimas décadas.
La deuda pública alcanzó al cierre del año pasado USD 12.212,9 millones y las opciones para financiar la crisis que desató la pandemia del Covid-19 se siguen agotando. Verónica Serafini, investigadora del Centro de Análisis y Difusión de Economía Paraguaya, advierte que el modelo de endeudamiento es insostenible y sugiere que la reactivación económica sea cubierta con una mayor presión tributaria a los sectores más ricos, basada en un sistema más justo en que se elimine la evasión o se aumenten los impuestos directos.
–En 2020 la deuda pública superó el 30% del PIB, por encima de las recomendaciones internacionales. ¿Qué otras opciones le quedan al país para reactivar la economía sin recurrir a un severo aumento del endeudamiento?
–En política fiscal no hay recetas mágicas ni secretos. Los recursos genuinos provienen del sistema tributario. Tanto la reactivación económica como el pago de la deuda tienen que ser financiados a partir de un sistema tributario más justo, sobre todo mirando quiénes son los que se han beneficiado más con el crecimiento económico de las últimas décadas y quiénes no han sido afectados por la pandemia.
–¿Se refiere a una suba del impuesto al sector sojero?
–A quien sea que le beneficie el crecimiento. Ahora en la pandemia al sector agrícola, a las construcciones, sector financiero y comunicaciones les fue bien. Lo que tiene que aumentar es la presión tributaria: puede ser eliminando la evasión/elusión, sin aumentar impuestos, o aumentando impuestos directos y hacer más progresivo nuestro sistema tributario.
–Entonces, ¿cree necesaria una nueva modificación del sistema tributario?
–Sin dudar. La deuda se está volviendo insostenible y ya tenemos compromisos a 2050, no podemos seguir pateando para adelante. Tampoco podemos volver a la situación anterior a la pandemia. Paraguay tuvo uno de los costos fiscales más altos porque no teníamos sistemas de salud y protección social funcionando.
–El MOPC adeuda más de USD 200 millones por inversión pública y sostiene que el impacto del Covid pudo ser peor de no ser por las obras encaradas desde el Estado. ¿Cómo afecta al país esta deuda y hasta qué punto opina que lo dicho por la cartera estatal responde a la realidad?
–Yo no conozco estudios que puedan demostrar el impacto en el empleo. De hecho, en los últimos años, los indicadores laborales se han deteriorado y si miramos el sector de la construcción, los ingresos laborales allí se mantuvieron en los mismos niveles. Desde la emisión de los primeros bonos en 2012 y durante todos los siguientes años justifican el endeudamiento con el argumento del empleo, lo cual es hasta cierto punto insostenible. Ningún país puede sostener a mediano plazo el empleo con deuda pública. Sobre todo si el país no tiene capacidad de pago porque ese dinamismo económico no genera los impuestos para volver a pagar la deuda. En el año de la pandemia (2021), el proyecto de presupuesto público ya se fue con reducciones en salud y educación. Solo ese hecho ya nos indica la terrible situación en la que estamos. Las rutas no pueden estar por encima de la vida de las personas, menos todavía si no hay garantía de su costo-efectividad y de su valor público.
–La misma institución advierte que no iniciará nuevas obras por falta de recursos, atendiendo a que ya no cuenta con fondos. ¿Cuál es la alternativa a esta situación?
–Siempre supimos que no era sostenible el nivel de gasto en infraestructura que teníamos con 10% de presión tributaria. Las alarmas sobre la deuda vienen desde que se inició la carrera desenfrenada por la emisión de bonos soberanos en conjunto con el inicio de obras sin la debida planificación, como el Metrobús, la pasarela de Ñu Guasu y el puente a Chaco’i. Con ese problema hay otras obras que son menos escandalosas porque no están a la vista y son más rurales. Por eso pasaron desapercibidas por la ciudadanía.
–¿Cómo debe responder el Estado a los gremios del sector privado que reclaman la no paralización de obras públicas?
–En realidad, el que debe responder es el Gobierno, porque el Estado somos todos y creo que la ciudadanía está haciendo su parte en la auditoría social. El malestar se siente porque se empezó a dar cuenta de que hay un doble discurso. La inversión pública es importante y positiva cuando beneficia el negocio privado, sin importar si hay o no corrupción o se genera deuda. Sin embargo, durante años la ciudadanía pidió mejores servicios de salud y el argumento era sencillo: mientras no se reduzca la corrupción no gastar más. Este posicionamiento hoy está matando gente, mientras se pelea por más rutas. El problema era que una parte de quienes opinaban eso podían pagar salud privada o viajar al exterior cuando se enfermaban. Igual que ahora que viajan a EEUU para vacunarse.
–Históricamente el sector privado pide en su discurso la no intervención del Estado en el mercado, ya que “la ley de la oferta y la demanda lo equilibra de manera natural”. ¿Qué lecciones deja la pandemia al respecto, teniendo en cuenta que el Estado asistió fuertemente a las empresas privadas, sobre todo con relación al mercado laboral?
–En ningún lugar del mundo ocurre esto. Ni en los países más liberales del mundo occidental y capitalista. Ni aquí. Aquí el Estado siempre participó, pero sesgado beneficiando a un sector minoritario. Se pide la no intervención cuando beneficia a la mayoría.
–Usted se muestra crítica con respecto a la apertura de bares y restaurantes. ¿Qué opciones propone para este sector?
–Yo no soy crítica a la apertura, lo que planteo es que en las decisiones de apertura y cierre de la economía tienen que incluirse todos los costos y beneficios. No estamos calculando los costos abismales para el sistema de salud, tampoco cuánto le cuesta al país la muerte y la enfermedad de adultos con vida laboral y los costos a largo plazo de la rehabilitación. Tampoco estamos calculando cuánto le cuesta al país la pérdida de capital humano a largo plazo con la cantidad de profesionales que mueren o se incapacitan, ni el costo de la pérdida de activos o el endeudamiento de los hogares. Hay gente que ante la enfermedad vende sus activos –taxis, negocios–, se endeuda y tarde o temprano perderá su vivienda o su emprendimiento. Tampoco estamos calculando el costo para el resto de la economía de mantener una meseta tan elevada de contagios por tantos meses.
–¿Cómo evalúa los programas sociales dirigidos a la población más vulnerable y qué camino debe seguir a partir de ahora el Estado?
–Definitivamente debe fortalecer los sistemas educativos, de salud y protección social de manera drástica y estructural de manera que los niños, niñas y adolescentes no paguen la cuenta de la pandemia. En ellos está la posibilidad de no transmitir la pobreza, de pagar la deuda, de sostener el crecimiento económico.
–En cuanto al desempleo o la mayor precarización laboral durante la pandemia, ¿qué efectos colaterales observa a corto y mediano plazo para la clase trabajadora?
–Creo que el principal efecto colateral será en la destrucción de capital humano de la niñez y juventud debido a los problemas laborales de los adultos del hogar y de las oportunidades para su bienestar y su contribución al desarrollo en el mediano y largo plazo. Hay 2.000.000 de niños, niñas y adolescentes que viven en hogares con adultos que ganan menos del sueldo mínimo o menos de la línea de pobreza y no tienen mecanismos de seguridad social. Una mínima parte cuenta con Tekoporã.
–Teniendo en cuenta que las mujeres son las más afectadas por la reducción de sus ingresos laborales como efecto de la pandemia, ¿cómo observa la evolución de la situación de este sector respecto a la de los hombres y qué políticas considera que se deberían aplicar desde el Estado para su atención?
–Algunos estudios muestran un retroceso de casi diez años en América Latina, lo cual significa para las mujeres una década perdida en logros laborales. En Paraguay no hicimos todavía esos estudios, pero no habría que esperar ser diferentes.
–Ahora que contamos con la ley de uso de fondos sociales de las binacionales, ¿qué recomienda para una ejecución adecuada y transparente?
–Sin dudar, salud pública, especialmente atención primaria y vacunación en los siguientes meses para fortalecer la prevención y detección temprana del virus.
–¿Cómo evalúa el programa de vacunaciones, que hasta ahora surge como la única solución sanitaria y económica?
–Sí, parece que no hay otra medida. Espero que el Gobierno haga todo el esfuerzo necesario no solo en el ámbito sanitario, sino también a nivel global. El mundo está discutiendo la liberación de las patentes, la emisión de derechos de giro por parte del FMI, la posibilidad de un impuesto global a los flujos financieros para reducir la elusión tributaria de las grandes corporaciones, muchas de ellas en Paraguay. El Ministerio de Hacienda y Cancillería tienen grandes compromisos con el país.
–¿En qué medida el Estado es negligente por la falta de acceso a las vacunas en un contexto internacional en que hay mayores facilidades de provisión para las grandes potencias con una industria farmacéutica avanzada?
–Creo que hubo muchos problemas. Se centraron en el mecanismo Covax, probablemente por razones “ideológicas” no incluyeron entre las posibilidades a las vacunas rusas y chinas, hubo una clara ineptitud, no nos podían decir que la diferencia horaria no les permitía negociar con los chinos, y también debilidad institucional. Argentina salió a comprar vacunas Sputnik antes de su aprobación porque tiene una fuerte comunidad académica científica que apoyó porque tenía información previa. Israel compró al doble del costo, aquí el Gobierno con tanta corrupción previa y desconfianza ciudadana no hubiera podido plantear esa opción y tampoco se abrió a un pacto para garantizar la legitimidad social de esa opción. La corrupción no nos mata solo porque falla el sistema de contrataciones públicas o porque la evasión y elusión no nos provee recursos suficientes, nos mata porque genera deslegitimidad política.
–La pandemia puso a prueba al modelo económico. Para algunos autores demostró que hay otras formas de administrar la riqueza y que sin duda puede haber cambios al respecto, mientras que Byung-Chul Han se muestra escéptico y teme que una vez superada la pandemia, el capitalismo actuará con mayor alevosía. ¿Cómo observa el sistema económico en la pospandemia teniendo en cuenta el contexto sociopolítico de Paraguay?
–Es difícil dimensionar lo que va a pasar a nivel global en la pospandemia. Hay hipótesis en todo sentido. Lo que sí creo es que tenemos la gran oportunidad de cambiar estructuralmente nuestro sistema económico hacia uno más diversificado, con menor dependencia de factores exógenos como la demanda internacional o el clima y, sobre todo, con generación de empleos de calidad; es decir, ingresos laborales dignos, seguridad social y mayor contribución al Fisco de quienes se benefician con el crecimiento.
Frases de Verónica Serafini
«Desde la emisión de los primeros bonos en 2012 y durante todos los siguientes años justifican el endeudamiento con el argumento del empleo, lo cual es hasta cierto punto insostenible».
«La corrupción no nos mata solo porque falla el sistema de contrataciones públicas o porque la evasión y elusión no nos proveen recursos suficientes, falla porque genera deslegitimidad política».
«Aquí el Estado siempre participó, pero sesgado beneficiando a un sector minoritario. Se pide la no intervención cuando beneficia a la mayoría».
«Creo que el principal efecto colateral del desempleo o la mayor precarización laboral durante la pandemia será la destrucción de capital humano de la niñez y juventud».
Perfil
Verónica Serafini es economista, especializada en Economía del desarrollo y economía feminista. Es doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México y máster en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México. Asimismo es investigadora categorizada nivel II (PRONII) y miembro del Centro de Análisis y Difusión de Economía Paraguaya.
Se desempeñó como coordinadora de la Unidad de Economía Social del Ministerio de Hacienda y trabajó como consultora en varias organizaciones nacionales e internacionales.
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