Page 13 of 75
1 11 12 13 14 15 75

Colombia: ¿por qué una respuesta militar a la protesta social?

Por: Tomàs Gisbert/ María Jesús Pinto

A pesar de la represión y la violación de los derechos humanos con que Iván Duque ha respondido a la protesta social, el gobierno de España no ha emitido ninguna condena, ni ha ejercido ninguna presión para detener la represión.

El pueblo colombiano está viviendo un momento muy difícil. Una represión desmesurada y salvaje está siendo la respuesta del gobierno de Iván Duque a una movilización social sin precedentes que partiendo de la oposición a una reforma tributaria que castigaba a las clases más desfavorecidas, ha cuestionado la gestión de la pandemia por el gobierno y sus políticas neoliberales que no han dejado de enriquecer a las elites en detrimento de las clases populares, a lo que se ha sumado el descontento por el incumplimiento generalizado de los acuerdos de paz de 2016.

Para muchos ha podido ser una sorpresa ver en directo la barbarie de la represión, los asesinatos cometidos por la policía y el ejército, las miles de detenciones arbitrarias, los centenares de persones heridas, las violaciones a mujeres nuevamente como arma de guerra, la actuación de paramilitares protegidos por la policía o el elevado número de personas desaparecidas de las que la policía no da ninguna cuenta poniendo toda clase obstáculos a los intentos de averiguar su paradero. Podía pensarse que con los acuerdos de paz de 2016 Colombia entraría en una nueva etapa más democrática. Pero la actual represión desenfrenada ha puesto de manifiesto la pervivencia de varias de las lacras que tiñen su historia.

La pervivencia de la Doctrina de Seguridad Nacional. El trato que el gobierno, a través de la policía y el ejército, ha dado a la población movilizada muestra que no se está viendo a una ciudadanía que ejerce su legítimo derecho a la protesta y a luchar por un país mejor, sino que se ve en ella al enemigo interno al que hay que doblegar, y si es necesario abatir, para tenerlo bajo control. Esta visión entronca de lleno con la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, nacida en Estados Unidos en plena guerra fría, que consideraba al pueblo y su lucha como el enemigo interior.

Estados Unidos educó a miles de militares latinoamericanos en cursos impartidos en la Escuela de las Américas, primero ubicada en Panamá y desde 2001 en Fort Benning (Georgia), donde sigue operando bajo el nombre de Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad.

Los acuerdos de paz de con las FARC-EP de 2016 no conllevaron, a diferencia de la mayoría de procesos de paz, una reforma del sector de seguridad

107.573 militares colombianos han sido entrenados en Estados Unidos en los últimos 20 años. La Doctrina de Seguridad Nacional inspiró los golpes de estado y las sangrientas dictaduras que barrieron el cono sur en los años 70. Colombia no ha sido ajena a esta doctrina, ha sido la base ideológica de la lucha contra las insurgencias y las movilizaciones populares, de las miles de masacres impunes. Y hoy vuelve a aparecer con su cara más cruda: en la intervención de las fuerzas armadas contra la protesta social, en el fuego real contra manifestantes, en los 50 asesinatos y las más de 470 desapariciones forzadas, todas ellas tácticas de terror para frenar la protesta social.

Esta actuación de las fuerzas militares y policiales se siente amparada por la impunidad. Impunidad histórica pero también impunidad actual. La impunidad de los crímenes del paramilitarismo y de sus inductores intelectuales, la impunidad generalizada de los militares que asesinaron a más de 6.400 personas haciéndolas pasar por guerrilleros para cobrar recompensas, los llamados “falsos positivos”. La de los más de 1.200 asesinatos de líderes y lideresas sociales desde la firma de los “acuerdos de paz” de noviembre de 2016. La de los 270 excombatientes de las FARC asesinados desde la firma de dichos acuerdos. La calificación, como hacen las autoridades gubernamentales y los principales medios de comunicación colombianos, de las manifestaciones de “amenaza terrorista” y a la gente que está en el paro nacional como “vándalos” o “guerrilleros”, que se una con crudeza al racismo y el odio a indígenas, afrodescendientes y pobres, es una muestra de la profundidad con que está incrustada esa doctrina en el aparato del poder.

La pervivencia de militarización. Los acuerdos de paz de con las FARC-EP de 2016 no conllevaron, a diferencia de la mayoría de procesos de paz, una reforma del sector de seguridad. Sólo comenzar las negociaciones el entonces presidente Santos ya anunció que las fuerzas armadas no se iban a reformar, señalando una línea roja que las negociaciones no podían atravesar. Así, a pesar del desarme de las FARC-EP, la principal guerrilla, no ha habido una reducción del ejército ni de la policía. Colombia hoy cuenta con el segundo ejército en número de efectivos de toda América Latina, sólo superado por Brasil.

Hay que destacar el criminal papel del ESMAD, el escuadrón móvil antidisturbios, cuya desarticulación vienen reclamando las organizaciones de derechos humanos.

Ejército y Policía pasaron de los 250.000 efectivos con que contaban en 1998, a 482.000 en 2015, para mantenerse en los 480.000 de hoy. De ellos son 295.000 miembros en activo de las fuerzas armadas a los que hay sumar una policía nacional que sigue militarizada, con 185.000 policías que también son militares tanto por su formación, por armamento o su dependencia directa del Ministerio de Defensa. Esta militarización está en la base del tratamiento de guerra que ahora, pero no sólo ahora, se da a la protesta social. Hay que destacar el criminal papel del ESMAD, el escuadrón móvil antidisturbios, cuya desarticulación vienen reclamando las organizaciones de derechos humanos. Es una unidad de choque especializada en la represión de manifestaciones y paros, creada en 1999 y que cuenta con más de 3.500 efectivos, su accionar no responde a un patrón de seguridad ciudadana sino de seguridad nacional y orden público.

El gasto militar colombiano absorbe el 16% del total del presupuesto general de la nación. Colombia es el segundo país de América, sólo por detrás de EE UU, que destina más porcentaje del PIB (Producto Interior Bruto) a gasto militar, el 3,4% en 2020, y el tercero, tras Brasil, en cantidad total. Para 2021 el gasto militar está presupuestado en 10.400 millones de dólares, lo que supone 28,5 millones diarios. Y ello, a pesar de la actual pandemia y la insuficiencia de medios con que está dotada la salud. Y estas son las cifras oficiales, cifras que se quedan cortas pues el Presupuesto no contabiliza las otras fuentes de ingreso para el gasto militar como son: la ayuda militar norteamericana, 244,4 millones de dólares en 2020, más de 2.500 millones en los últimos 10 años; los beneficios del poderoso Grupo Empresarial y Social de la Defensa, que agrupa desde industrias militares, a universidades y diferentes empresas hoteleras y de transporte aéreo, con el denominador común de que todas son propiedad del ministerio de defensa; los pagos realizados por empresas en su mayoría mineras, de hidrocarburos o hidroeléctricas, a través de convenios de seguridad con las Fuerzas Armadas, 1.229 convenios conocidos firmados entre 1995 y 2015, que suponen una privatización de las funciones de la fuerza militar pública, que reviste una especial gravedad cuando actúa en contextos de conflictividad social, medioambiental o laboral. Tampoco contemplan estas cifras los 2.960 millones de dólares de la deuda derivada del gasto militar que el Estado colombiano pagará en 2021.

España ha vendido 187,8 millones de euros en armamento y munición a Colombia en los últimos diez años

En tercer lugar, la represión ha mostrado la falacia del respeto a los derechos humanos en Colombia. Es difícil encontrar otro país en el mundo en el que existan tantas instituciones oficiales para la defensa de los derechos humanos, otro país en el que se hayan impartido tantos cursos sobre derechos humanos. Cabe preguntarse de qué han servido, y quizás la respuesta estribe en que su utilidad ha sido la de aprender a cómo aparentar su cumplimiento y cómo vulnerarlos sin alarmar a la comunidad internacional.

Y por último, cabe destacar el ensordecedor silencio del Gobierno de España. A pesar de la represión y la violación de los derechos humanos con que Iván Duque ha respondido a la protesta social, el gobierno de España no ha emitido ninguna condena, ni ha ejercido ninguna presión para detener la represión. Quizás en ello ha influido la existencia de 571 empresas españolas establecidas en Colombia, según fuentes del ICEX (Exportación e inversiones de España), o también a que Colombia es un buen cliente de armamento español. España ha vendido 187,8 millones de euros en armamento y munición a Colombia en los últimos diez años. Es exigible al Gobierno español que aplique la cláusula democrática y paralice el acuerdo comercial con Colombia. Que cese en la venta de armamentos y municiones a Colombia, paralizando así mismo los acuerdos en materia de defensa y militar.

Algunos de los asesinados y muchos de los heridos en esta bárbara represión lo han sido con armas de fabricación española. Maldito negocio el de la guerra y malditos los que la generan.

Fuente:  elsaltodiario

Comparte este contenido:

Colombia, Chile y Perú encienden las alarmas de las elites neoliberales de América Latina

Por: Jorge Elbaum

Dos décadas atrás, las compulsas electorales en el subcontinente enfrentaban a partidos o coaliciones de derecha neoliberal contra vetustas organizaciones adscriptas a la socialdemocracia de cuño europeo, pasteurizadas y dóciles frente a las políticas impulsadas por el Consenso de Washington promovidas por el Departamento de Estado.

En el primer decenio de este siglo XXI, se configuraron en América Latina inéditos procesos soberanistas que impulsaron proyectos de integración regional.

Dichas iniciativas motivaron la hostilidad y el literal acoso de sus figuras más representativas por parte de una alianza compuesta por CEOs de empresas trasnacionales, fundaciones tecnocráticas y propaladoras mediáticas disfrazadas de neutrales, todas ellas coordinadas por diferentes agencias gubernamentales del Departamento de Estado.

La segunda ola anti-neoliberal se diferencia de su primera etapa, suscitada a principios de siglo, por el protagonismo de sectores independientes, movimientos sociales, colectivos feministas y pueblos originarios conjugados con la irrupción de una nueva cohorte etaria que articula la cultura y la política en formatos creativos de expresividad callejera.

Todas esas fuerzas sociales coinciden en repudiar las políticas de ajuste y cuestionar de alguna manera a los partidos tradicionales, al tiempo que exigen formas más horizontales de representación política. Las últimas puebladas contra Lenin Moreno en Ecuador, las que arrancaron la elección de constituyentes a Sebastián Piñera y las opuestas al programa de ajuste de Iván Duque –en plena pandemia– se emparentan con la resistencia de las comunidades campesinas ocurridas durante el gobierno golpista de Jeanine Áñez en Bolivia, donde las mujeres tuvieron un rol central.

Los movimientos populares han dado lugar a procesos electorales en los que indefectiblemente ha sido protagonista algún candidato de izquierda, progresista o portador de credenciales nacionalistas revolucionarias. Los modelos de concertación al estilo chileno, en los que la socialdemocracia se aliaba a partidos de centroderecha para administrar –de forma edulcorada– los programas neoliberales, evidencian su agotamiento. Esos signos de pérdida de legitimidad de la partidocracia histórica se observan también en Perú y en Colombia de forma particular. En el primer caso, bajo la evidencia de una fragmentación cariocinética del sistema político –evidenciada en la dimisión de dos Presidentes en los últimos tres años­, Martín Vizcarra y Pedro Kuczynski–; en el segundo caso, por la irrupción de un movimiento horizontal que logró imponerle límites a Iván Duque.

Los tres países que han evidenciado claras muestra de resistencia al programa neoliberal se habían mantenido al margen de la primera ola soberanista liderada por Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Evo Morales y Lula, surgida durante la primera década del siglo. A pesar de las interesadas interpretaciones de los analistas de la derecha continental, los tres casos se suman –y no relevan ni sustituyen– a los procesos de autonomía que se manifiestan en la actualidad en México, la Argentina y Bolivia. Incluso en el caso de Ecuador, donde ganó en segunda vuelta el candidato de la derecha neoliberal, la primera minoría de la Asamblea Nacional es ocupada por el correísmo, hoy bajo el paraguas partidario de la Unión por la Esperanza (UNES).

En Colombia se cumplieron tres semanas de movilizaciones con una huelga general promovida por los sindicatos, los estudiantes y las organizaciones sociales. El pliego de condiciones que fue entregado al gobierno incluye el inmediato fin de la violencia, la transformación de los organismos de seguridad, la aplicación de una renta básica para las familias pobres y la extensión de los programas de empleo y educación para los y las jóvenes. Hasta el último viernes, los manifestantes lograron derribar el paquete fiscal que contenía un aumento de impuestos a los alimentos básicos y la reforma del sistema de salud que profundizaba una mayor privatización en plena pandemia.

Mientras continúan los emplazamientos de barricadas en diferentes puntos del país, el gobierno recurrió a las Fuerzas Armadas para desbloquear las carreteras. Por su parte, en una clara señal de solidaridad con el régimen, el futuro subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, anunció la colaboración de Washington con el mandatario colombiano sin hacer referencia a la represión que se cobró –luego de un mes de protestas pacíficas– más de 2000 víctimas.

Según el Observatorio de Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), hasta el último jueves se contabilizan 49 personas asesinadas por parte de los grupos paramilitares, la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Además los medios de comunicación coinciden en el número de 124 heridos, 13 personas con daños oculares, 6 hechos de agresión sexual, 726 detenciones arbitrarias, 45 defensores de derechos humanos detenidos o limitados para realizar sus funciones, y 1089 casos de violencia institucional de los organismos de seguridad.

La represión gubernamental se suma a la violencia sistémica que se observa en las regiones rurales, invisibilizada por los medios locales e internacionales que han naturalizado el genocidio por goteo de líderes y lideresas sociales que defienden sus territorios contra las bandas de narcotraficantes apañadas por el Estado. Desde 2016, han sido asesinadxs aproximadamente 900 líderes y lideresas sociales, y se han denunciado 6.042 víctimas fatales, en hechos descriptos como “falsos positivos”, es decir campesinos a los que se masacra y luego se disfraza de guerrilleros para justificar sus muertes. La revuelta colombiana repite algunas características de lo sucedido en Chile en 2019.

En Puerto Resistencia, Cali, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Popayán se conformaron grupos de defensa popular que se describieron como integrantes de la Primera Línea, en abierta identificación con sus antecesores trasandinos. Colombia tiene planificadas las elecciones para mayo de 2022. Todos los analistas, incluso los más cercanos al actual gobierno, pronostican un triunfo del candidato de izquierda, Gustavo Petro, en la primera vuelta.

Alamedas grandes

Las elecciones de constituyentes chilenos, llevadas a cabo el fin de semana del 15 y 16 de mayo, su sumaron a las votaciones para nominar a 346 alcaldes, concejales municipales y, por primera vez, gobernadores de las 16 regiones. Los resultados de los comicios sorprendieron a la derecha continental y generaron escozor en la Embajada de Estados Unidos en Santiago: además de la revuelta colombiana, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, de lxs Fernández en la Argentina y del MAS en Bolivia, Perú se debate entre un candidato progresista y la hija de un recluso condenado a 25 años de prisión bajo acusaciones de crímenes de lesa humanidad, a quien ella misma (Keiko Fujimori) anunció, tiempo atrás, que indultará en el caso de ser electa.

Las movilizaciones de 2019 en Chile le arrancaron al gobierno de Sebastián Piñera una elección constituyente que terminó influyendo de forma decisiva en las votaciones electivas locales. Las manifestaciones producidas entre octubre de 2019 y marzo de 2020 arrojaron un saldo fatídico de 34 personas asesinadas por parte de las fuerzas de seguridad. A eso se le sumaron 500 víctimas con daño ocular y miles de personas detenidas. Los comicios se llevaron a cabo en un contexto de pandemia aún no superada, situación que explica el 43% de participación en un sufragio no obligatorio.

El proceso constituyente busca terminar con la Carta Magna neoliberal impuesta hace 41 años durante la dictadura pinochetista, situación que fue advertida con inquietud por la derecha. Cuando estos últimos sectores no lograron impedir su convocatoria, impulsaron la limitación del tercio, consistente en garantizarse el veto a cualquier modificación profunda una vez que alcanzaran el 33% de los votos. Fracasaron también en ese intento, alcanzando poco menos que un cuarto de los votos válidos.

El sufragio constituyente prefijó, por primera vez en América Latina, la paridad de género obligatoria, que resultó en la elección de 78 varones y 77 mujeres. La participación de activistas feministas fue decisiva, y su performance fue mejor, en términos comparativos, que la de los varones. Los grandes ganadores fueron los independientes –mayoritariamente de izquierda– que obtuvieron 48 escaños. La derecha unificada alcanzó los 37, la lista del Partido Comunista y aliados obtuvo 28 lugares, la socialdemocracia 25 (de los cuales 15 son del Partido Socialista y sólo 2 de la Democracia Cristiana) y 17 correspondieron a los pueblos originarios.

La Convención que reunirá a los 155 delegados deberá debatir una nueva Carta Magna durante 9 o 12 meses, y su resultado volverá a ser aprobado o desechado por un referéndum. Los 17 representantes de los pueblos originarios incluyen a referentes de 9 identidades: aymaras, quechuas, atacameños, collas, diaguitas, mapuches, kawashqares, yámanas y rapa nui, habitantes de la Isla de Pascua.

En las elecciones locales, se destacó el sorpresivo triunfo de la economista, feminista y militante comunista de 30 años, Irací Hassler –en la comuna de Santiago centro– quien venció al referente de la derecha Felipe Alessandri, que había proferido insultos misóginos y declaraciones macartistas durante la campaña. También renovó su alcaldía el activista del PC Daniel Jadue, en el municipio de Recoleta, alcanzando el 65% de los votos. Este triunfo lo posiciona como uno de los candidatos a la presidencia. Otros candidatos victoriosos de la izquierda fueron Jorge Sharp en Valparaíso, Carla Amtmann en Valdivia y la integrante del Frente Amplio Macarena Ripamonti en Viña del Mar, después de vencer al candidato de la derecha más rancia, que controló dicha localidad durante 17 años.

En el gran Santiago resta una segunda vuelta, que será el 13 de junio, para dilucidar quién será gobernador. Esa plaza la disputan un referente de la Democracia Cristina, Claudio Orrego, y Karina Oliva, del Frente Amplio, apoyada por toda la izquierda. El calendario electoral continúa el 18 de julio con las primarias presidenciales y parlamentarias, y el 21 de noviembre con la elección para elegir al primer mandatario y a los congresistas.

Déjame que te cuente, limeña

El próximo 6 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial que enfrentará al docente de izquierda Pedro Castillo y a la hija del ex Presidente condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, Keiko Fujimori. Se prevé que el 28 de julio asuma el nuevo gobierno y tomen posesión los 135 congresales electos durante los comicios del 11 de abril.

La candidata de las fuerzas de derecha niega las esterilizaciones masivas a mujeres campesinas impulsadas por su padre –uno de los delitos por los que fue condenado– y propone como jefe de seguridad de su próximo gobierno al militar retirado y ex ministro Óscar Valdez, a quien se responsabiliza por la represión en Cajamarca en 2012, que dejó un saldo de cinco personas asesinadas en el marco de las disputas ambientalistas con las empresas mineras.

La derecha peruana, liderada intelectualmente por el escritor Mario Vargas Llosa, considera que un triunfo del maestro rural haría de Perú un país inviable. La trayectoria de Castillo se remonta a 2017, cuando lideró una huelga de docentes durante 75 días, exigiendo mejores condiciones laborales. Entre los integrantes del equipo técnico del candidato de izquierda figura el ex fiscal supremo Avelino Guillén, quien fuera el responsable de la acusación realizada contra el padre de Keiko, que motivó su posterior condena.

La candidata de Fuerza Popular tiene un currículum original. El 10 de octubre 2018 fue detenida por haber recibido un millón y medio de dólares de aportes de la empresa Odebrecht para su campaña electoral de 2011. Tres meses después fue liberada bajo fianza. El 28 de enero de 2020, el juez Víctor Zuñiga Urday volvió a dictar su prisión preventiva y el jueves 30 de abril de ese año logró acceder al beneficio de la libertad bajo fianza. El 11 de marzo de 2021 el fiscal especializado en crimen organizado, José Domingo Pérez Gómez, le solicitó al tribunal que la actual candidata fuera condenada a 30 años y 10 meses de cárcel por lavado de activos, obstrucción a la justicia y falso testimonio. La instrucción por dichos delitos se suma a otros procesos en curso como la recepción de aportes para su actual campaña proveniente del narcotraficante Eudocio Martínez Torres.

Es la primera vez en la historia del Perú que una imputada por delitos de esa envergadura –con fuerte apoyo del mundo empresario y de la embajada de Estados Unidos– compite por ocupar la Casa de Pizarro, nombre del palacio presidencial. Los medios concentrados del Perú no parecen turbados por dichos antecedentes. La izquierda, aunque ética, siempre es más peligrosa que la derecha corrupta.

Existen dos razones sustanciales por las que Castillo se ha convertido en el enemigo declarado del establishment: su propuesta de reactivar las reformas agrarias planteadas medio siglo atrás por el general Juan Francisco Velazco Alvarado, y su decisión de poner fin a los acuerdos que han permitido, desde 1983, el establecimiento de tres bases del Comando Sur en Perú (NAMRU 6), ubicadas en el Hospital Naval de Lima, en la Clínica Naval de Iquitos y en la zona portuaria.

Desde hace un lustro, los grupos concentrados y las fuerzas armadas se resisten a darle tratamiento al Acuerdo de Escazú que habilitaría –por parte del Congreso– las fiscalizaciones de las actividades que realiza la NAMRU 6 en la zona del Amazonas peruano.

Los tres procesos se dan en el contexto de la peor crisis económica transitada en América Latina durante el último siglo, mientas la pandemia incrementa diariamente la pérdida de vidas sin que los países centrales se decidan a liberar las patentes o agilizar la producción y/o la provisión de los principios activos de las vacunas. La región enfrenta la emergencia sanitaria después de que el neoliberalismo desmanteló los pilares del Estado de Bienestar, privatizó la salud, arrasó con los derechos sociales y produjo niveles de desigualdad inéditos.

Los modelos culturales que legitimaron la austeridad, la devastación de las capacidades estatales y la financiarización de las economías habilitaron la obscena acumulación de riquezas en porcentajes ínfimos de la sociedad y la correspondiente marginación de las mayorías. Las consecuencias de estas políticas son hoy palmarias: niveles crecientes de precarización acompañados por discursos xenófobos, misóginos y racistas.

A principios del siglo XXI, los analistas proyectaban un siglo pavimentado de neoliberalismo, fin de la historia y prevalencia del mercado por sobre la política. Por aquella época, también, el panameño Rubén Blades cantaba su tema profético: “La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”.

*Jorge Elbaum. Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).

Fuente: tercerainformacion.es

Fuente Original: elcohetealaluna.com

Comparte este contenido:

26 días del paro nacional: ¿Colombia está recorriendo el mismo camino de Chile?

Por: Semana.com

Muchos están comparando el estallido social de Chile en 2019 con lo que está pasando en Colombia por cuenta del paro nacional. Aunque el Gobierno ha cedido a peticiones de líderes del paro, las movilizaciones continúan.

El pasado 15 de abril el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radicó la reforma tributaria, sin pensar que generaría el estallido social que se está viviendo en Colombia. Aunque el paro estaba programado desde antes que se presentara esta iniciativa, muchos puntos del texto presentado ante el Congreso, sirvieron para que los colombianos salieran a las calles.

En esta semana se completará un mes desde que se inició el paro y muchos se están preguntando si Colombia está siguiendo los pasos de Chile, país en el que en octubre de 2019 se generó una crisis social. Lo que pasó allí tiene muchas similitudes con lo que está pasado en nuestro país y aunque muchas de las exigencias de los marchantes se han concedido, el paro continúa.

A continuación podrá leer lo que ha ocurrido en Colombia desde que iniciaron las movilizaciones:

Comparte este contenido:

Colombia registra nueva noche de represión por parte del Esmad

América del Sur/Colombia/21-05-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

El partido Comunes aseguró que el presidente Iván Duque tiene miedo de escuchar al pueblo que se enfrenta a su Gobierno por medio de multitudinarias movilizaciones pacíficas.

Al cumplirse 23 días de movilizaciones sociales en rechazo a las políticas neoliberales de Iván Duque, se registraron este miércoles nuevas acciones represivas en varias ciudades de Colombia.

En horas de la noche del miércoles, denunciaron la represión por parte de funcionarios del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con representantes de Organizaciones de Derechos Humanos, varias personas resultaron heridas como parte de la represión contra los manifestantes.

El incidente se reportó frente a un hospital de Popayán, donde el Esmad lanzó bombas lacrimógenas contra los manifestantes, afectando a enfermos y personal médico del centro asistencial.

Durante la nueva jornada de represión, en la ciudad de Bucaramanga, Santander, estudiantes de la Universidad Industrial solicitaron la creación de un corredor humanitario para el traslado de los heridos.

Los manifestantes aseguraron que en la noche de este miércoles dos tanquetas de la Policía Nacional irrumpieron en la ciudadela universitaria.

En la capital colombiana también reportaron ataques por parte del Esmad contra civiles, que protestaban en el Portal de las Américas.

También se reportaron acciones violentas por parte de las fuerzas policiales en la ciudad de Pasto, Nariño.

La ciudad de Medellín fue otra de las localidades en las que se presentaron actos de represión, dejando decenas de heridos.

El partido Comunes aseguró el miércoles que el presidente Iván Duque tiene miedo de escuchar al pueblo que se enfrenta a su Gobierno por medio de multitudinarias movilizaciones pacíficas.

«Prefiere obligarse a creer que los que están en las calles son personas supuestamente financiadas por gobiernos ‘extranjeros’ y que la movilización es una estratagema de la oposición para desestabilizarlo», subrayó esta fuerza política en un comunicado difundido este miércoles.

Añadió que el gobernante debe entender que existe un estallido social como consecuencia de una enorme desigualdad y una pobreza provocada por su Gobierno y por políticas que son muy solidarias con los poderosos, pero mezquinas con el pueblo trabajador.

Desde el 28 de abril a la fecha 51 personas murieron en Colombia, presuntamente a manos de la fuerza pública, durante las jornadas del Paro Nacional, de acuerdo con el más reciente informe de la Organización No Gubernamental (ONG) Temblores.

Temblores publicó su informe actualizado sobre las cifras de la represión perpetrada por agentes del Esmad y del Ejército contra manifestantes, quienes ya completan 22 días movilizados en Colombia.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/colombia-ciudades-registran-nueva-noche-represion-20210519-0042.html

Comparte este contenido:

Voces por la juventud: Manifiesto Por Colombia

El Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna hace un llamado urgente y de indignación desde México, a  todas las organizaciones de Derechos Humanos, pueblos hermanos de América Latina y de todos los continentes para levantar nuestras voces a favor de la libertad y el respeto a los derechos humanos del pueblo colombiano.

Colombia se enfrenta a una dura situación de violencia institucionalizada.
Ante el llamado a un paro nacional el 28 de abril contra las políticas neoliberales del actual gobierno y de amplias manifestaciones de repudio, la respuesta ha sido la represión de la policía, el ejército y los paramilitares en contra del pueblo, en especial los jóvenes, indígenas y trabajador@s.

Por ello levantamos nuestra voz en solidaridad con el pueblo de Colombia y hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos, a la ONU y otros pueblos a manifestarse en contra de esta barbarie.

 

Si deseas colaborar firmando este manifiesto accede en el siguiente enlace:  COLOMBIA NOS NECESITA. (google.com)

 

Comparte este contenido:

Los jóvenes de Cristal

Por: César Eduardo Gordillo / Universidad Autónoma de Barcelona

El florero de Llorente que fue el vaso que rebosó la copa el 20 de julio de 1810 para la independencia de Colombia; doscientos años después se repite, pero ahora con un cartón de huevos de 1800 pesos. La afirmación del ministro de hacienda en una entrevista complaciente puso al descubierto la profunda desconexión que tiene la burguesía del país con la realidad que vive el colombiano de a pie.

Y es que a Colombia le llegan más balas que medicina en tiempo de COVID. Es bueno recordar que el florero de 1810 no era un florero cualquiera, el florero de Llorente era una de las mejores porcelanas de la época y de un notable criollo. En cambio, el cartón que sacó a las calles a los jóvenes colombianos ni es de cristal ni es de los notables colombianos. El cartón de huevos que los llevó a parar fue la actitud casi cínica y de poca empatía del ministro con los colombianos que en cuanto se dio el estallido renunció a su silla dejándola vacía, como otrora lo haría la guerrilla colombiana en el Caguán.

Pensar que un cartón de huevos cueste 1800 pesos, menos de medio dólar es confirmar que a Colombia le llueven más balas que comida. Esta fue la gota que rebosó la gota de las humillaciones, esa fue la gota que reboso la copa luego de tener que apaliar una pandemia a punta de trapos rojos en las ventanas para recibir algún alimento de cualquier samaritano. De tal tamaño es el desconocimiento de la realidad de esa clase política y burguesa del país, que de unos días para acá arenga “yo no paro, yo disparo”.

Y es que este florero de Llorente ni es de cristal ni es de los notables del país. La generación que hoy está en las calles se les etiquetó como los jóvenes de cristal, como aquellos que con nada se rompen. Pero hoy están demostrando todo lo contrario, son ellos los que se cansaron de comer los vidrios que le ofrece su estado opresor y salieron a las calles. Estos jóvenes representan ni más ni menos que la mentirosa cifra del 15,9%; y mentirosa porque por ahí pasó la cuenta hace rato, casi desde cuándo 12 huevos costaban menos de medio dólar en Colombia.

Dos siglos no serán suficientes para olvidar a Dilan Cruz, Brayan Niño y a las otras 59 víctimas mal contadas por Wikipedia. Y sí, es vergonzoso que sea Wikipedia y no un ente oficial quien documente la tragedia que hoy se vive en las calles. Es una vergüenza que no sea el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del país quien registre estas cifras, pero para nadie es un secreto que mientras ellos estén en el poder el asesinato del joven Dilan Cruz sólo será un desafortunado accidente, como también lo es el tratado de paz y el conflicto armado que ahora se niegan en reconocer. Y aunque a la fiscalía no le cabe la menor duda que la culpa es del muerto, de Dilan Cruz, su soberbia al no reconocer a este joven como víctima llevó a que los jóvenes hoy reconozcan dos cosas fundamentales. Primera, que la fiscalía es una alcahueta del gobierno de turno; y dos, que los jóvenes de cristal están dispuestos a quebrarse y a dejar los vidrios rotos en las calles del país hasta que se haga justicia.

Pero si dos siglos no son suficientes, faltará esta vida y la otra para olvidar a Lucas Villa. Se cumplió la arenga burguesa con tinte paramilitar en Colombia: “yo no paro, yo disparo”.  “El solo hecho de ser joven y estar en la calle es arriesgar la vida” fueron las últimas palabras de este joven de cristal que fue baleado por sicarios desde una camioneta blanca. “Plomo es lo que hay pa´ estos hijueputas” dicen los que marchan con camisetas blancas a los jóvenes de cristal. Pero ellos responden con la vida en las calles, vomitando vidrios rotos, esos que les han obligado a comer durante siglos.

Foto: Raúl Arboleda

Por eso, no es raro que “La gente de bien” y vestida con camisetas blancas sea la que salga a la calle bajo el amparo de la policía a disparar contra los indígenas y los jóvenes, “¿Que supone uno?”. Supone uno que hay una complicidad pactada que niegan a aceptar, cientos de imágenes en las redes sociales lo confirman. Y “¿Que supone uno?” que estamos bajo un estado que sigue protegiendo a los de camisa blanca.

Pero como a Colombia le llueven más balas que justicia, la guerrilla sigue usando niños en la guerra; y lo que supone uno en medio de la sensatez, es que ellos no están allí porque lo desean, están porque son usados e instrumentalizados, y esto es lo que no quiere ver el Estado colombiano, prefiere criminalizarlos y bombardearlos. Y luego ellos, los de camisas blancas salen a arengar que “no estarían recogiendo café”, perorata que confirma como tanto Estado y los de las camisas blancas se tapan con la misma cobija.

Pero los Jóvenes de cristal no son ciegos y ya hicieron una lectura crítica de lo que sucede en el país, y ya tiene suficientemente claro quien les está respirando al cuello y reprimiendo, es el jefe de las camisas blancas quien vive y manda desde una finca en el departamento de Córdoba. “Y como dijo un periodista de CNN, a los manifestantes -que son jóvenes, los quieren vincular con una ideología, como si todos estos jóvenes fueran retrasados mentales y no tuvieran pensamientos propios. Es una falta de respeto total”. Los Jóvenes de Cristal no son unos retrasados, piensan y si algo han leído durante el confinamiento de la pandemia es la realidad del país, leyeron su hambre y el hambre de su vecino y por eso salieron a la calle cuando los desafiaron con una reforma laborar, de salud y pensional. Pero como a Colombia le llueven más balas que educación, estos jóvenes salieron a rugirle a su gobierno opresor y a decirle que ya no los pueden romper tan fácil porque están unidos a otras almas y que como dice Clarissa Pinkola “Somos fuertes cuando estamos con otra alma. Cuando estamos unidos a los demás, no nos pueden romper”.

Y como ya dijimos, hay alguien que da las órdenes, hay alguien que desde su pedestal de porcelana perfila a los ciudadanos. Hace poco señaló que quienes manifiestan en Europa tergiversan la democracia, pero también espetó que muchos son guerrilleros. Los jóvenes de cristal lo que están gritando y suplicando a la comunidad internacional es que bajo la consigna de “todos los que protestan son unos vagos guerrilleros” se les están violentando sus derechos fundamentales. El grito de independencia que se da en Colombia es que están cansados de vivir en medio de la guerra casada entre el estado, la guerrilla y los paramilitares por el narcotráfico. Ellos no están dispuestos heredar esta bomba de tiempo que dejo instalada Pablo Escobar Gaviria. Los jóvenes de cristal reclaman hoy que mientras ellos se matan por tierras para cultivar y territorios para controlar el país se está desangrando en medio de una corrupción que cada día trae más hambre.

Los Jóvenes de Cristal están a la espera de una negociación, pero lastimosamente aún se niegan en darle una silla de interlocutores dignos. Pareciera que el Estado se comporta como el estado opresor que culpabiliza a sus hijos de estar en el lugar equivocado y los criminaliza por perder asignaturas en el colegio; y que por tanto hay que matarlos como castigo, como sucedió con Dilan Cruz.

Fuente e imagen: nuevarevolucion

Comparte este contenido:

Colombia: autismo político, crisis social y modelo de exterminio

Por Aram Aharonian

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Más de dos semanas de ininterrumpidas manifestaciones populares a lo largo y ancho de Colombia evidencian que la crisis económica, financiera, sanitaria y social provocada por la inoperancia, torpeza y un programa de insultantes privilegios para la oligarquía del presidente Iván Duque, precipitaron el resquebrajamiento del consenso neoliberal y llevaron al baño de sangre con el que el establishment quiso sofocar el estallido social

En Colombia, imperialismo, contrainsurgencia y fascismo han actuado siempre unidos y/o mezclados. Subsiste una alianza militar-narcomilitar, con impunidad (casi) garantizada por la Fiscalía, que deja cadáveres de cientos de dirigentes sociales, indígenas o campesinos, mientras siguen las desapariciones y los fusilamientos extrajudiciales. Siete bases estadounidenses se alojan en territorio colombiano, asesores estadounidenses e israelíes adiestran a los asesinos de su pueblo.

Colombia es el único miembro suramericano de la OTAN, justificado por los enormes intereses neocoloniales económicos y políticos del complejo militar industrial y financiero nacional y global, además de los intereses geoestratégicos con países limítrofes “desafectos a Washington” como Nicaragua y Venezuela.

Hoy Colombia es más importante para Estados Unidos que su neocolonia de Puerto Rico en la totalidad de los intereses de Washington en la región. Pero el dato nuevo es que el gobierno de Joe Biden, en lugar del “tradicional apoyo irrestricto” al gobierno de Colombia, ha pedido el respeto por los derechos humanos y ha desautorizado los “desmanes” de la fuerza pública, que ellos financian y adiestran que, asociada con el narco paramilitarismo ha reprimido brutalmente –otra vez- y con una violencia aterradora a la actual protesta.

Algunos analistas pecan de optimismo al creer que esta posición desautoriza al expresidente Álvaro Uribe, cabeza de la derecha y del genocidio, -voz de Washington, pero sobre todo del Comando Sur- en su país desde hace dos décadas. Lo que hace el gobierno demócrata estadounidense es evaluar los daños, teniendo en cuenta que para ellos democracia es igual a elecciones (si son amañadas, mejor) y el proceso electoral colombiano ya se está jugando.

Esta “nueva” posición de Washington ha obligado a Duque a abandonar el cómodo Palacio de Nariño para ir, humillado y “clandestino”, en horas de la madrugada, a reunirse con sus operadores y agentes represivos, comandados por el general Eduardo Zapateiro, en la ciudad de Cali. La preocupación del arriba nervioso es que no surge ningún candidato desde la derecha proestadounidense.

Y aquellos que crecieron bajo el ala de Uribe y el narcopoder, tienen muy pocas oportunidades de llegar a la casa presidencial, máxime cuando la encuesta realizada por la revista Semana indicaba que el izquierdista Gustavo Petro ganaría en la primera vuelta y cuando todos son conscientes de que le será muy difícil a Duque gobernar los 18 meses que le restan.

En las próximas semanas ya veremos a quien los magos de Washington tocan con su varita mágica para garantizar la continuidad del uribismo. Alberto Pinzón señala que buscan a alguien con suficiente demagogia populista, imagen de progresista, que asista a los cocteles de la embajada y, sobre todo, que prometa continuar la lucha para llevarle la democracia a Venezuela, restaurar sus antiguas instituciones y suprimir definitivamente ese peligro a la seguridad de los EEUU que declaró el presidente Obama hace seis años.

Pero no hay que quitarle méritos a Iván “el terrible”: Es el único de América Latina y del mundo a quién se le ocurrió subir los impuestos en medio de la crisis social más grande que ha vivido el planeta en un siglo y la peor que ha tenido Colombia en su historia. Duque destinó apenas un 2,8% del PIB a la pandemia (EU dedicó un 24,8%), y casi la mitad de ese 2,8% no es gasto sino un seguro de crédito para la banca privada.

Hernando Gómez Buendía, director de Razón Pública, señala que Colombia fue víctima de tres cosas: su tradición de buen deudor y seguidor del Fondo Monetario Internacional; la Constitución de 1991, que se hizo para prohibir que el Banco de la República financie el gasto público, y la ideología o rigidez neoliberal del ex ministro de Hacienda Carrasquilla, su discípulo Duque, la Junta Directiva del Banco de la República y el equipo de gobierno en su conjunto.

En las últimas dos semanas, Duque perdió dos ministros. A la salida del impresentable ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, autor del proyecto de reforma tributaria que disparó el estallido social y al que ni Uribe quería, se sumó la renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, dejando en claro que se trata de una crisis política provocada por la arrogancia e insensibilidad de Duque .

La administración derechista se quedó sin proyecto ni respuestas tras fracasar en su intento de trasladar a las mayorías el costo de mantener los ofensivos privilegios de la oligarquía mediante el aumento y la creación de nuevos impuestos. Ya Duque venía en caída libre, acumulando un 70 por ciento de desaprobación. Tratando de revertir la caída libre, Duque aseguró el 14 de mayo que “la recesión ha terminado” e indicó que por primera vez desde la pandemia Colombia muestra un crecimiento positivo en su economía, 1.1% luego de tres trimestres con cifras negativas. Tardaron muchos días en hacer cuadrar las cifras para mostrar esa mejora que no convenció a nadie.

Solo un gobierno con autismo político puede haber anunciado una reforma tributaria que afecta mayormente a las clases medias y populares, en un país que atraviesa el pico de la tercera ola de la pandemia con uno de los niveles de contagios y muertes más altos del mundo, un incremento de las personas en situación de pobreza extrema y una caída de la economía de casi 7%, dice Ariela Ruiz Caro.

Ese rechazo popular se volcó a las calles, en un país hambriento, desangrado, y los asesores del gobierno creyeron que Duque recuperaría credibilidad llamando a un farsesco diálogo –bien promocionado pro los medios- que no incluía la rectificación de las políticas no sólo neoliberales sino también oligárquicas, que quizá significaran un enfrentamiento con Uribe, su mentor y mandante.

Asimismo, el senador Iván Cepeda, la organización Temblores y organizaciones de Derechos Humanos informaron sobre la denuncia instaurada ente la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas por 1.595 casos de agresiones y violaciones de derechos humanos por parte del gobierno en los primeros 16 días de Paro Nacional. La denuncia acusa como máximos responsables de las violaciones humanitarias al presidente Iván Duque, al ministro de Defensa Diego Molano; al expresidente Álvaro Uribe Vélez; al general del Ejército Eduardo Zapateiro y al director nacional de la Policía, Jorge Luis Vargas.

Mientras, un críptico tweet en la cuenta de Uribe con una supuesta propuesta de acción política prendió la curiosidad y desató un intenso debate acerca del origen de dicha intervención. Textualmente decía: “1) Fortalecer FFAA, debilitadas al igualarlas con terroristas, La Habana y JEP. Y con narrativa para anular su accionar legítimo; 2) Reconocer: Terrorismo más grande de lo imaginado; 3) Acelerar lo social; 4) Resistir Revolución Molecular Disipada: impide normalidad, escala y copa”. Uribe se refería con el último de los términos al concepto repostulado por el neonazi chileno Alexis López, acérrimo defensor del revisionismo del holocausto judío, y conferencista en reiteradas ocasiones, en la Universidad Militar Nueva Granada, donde se forman algunos de los principales cuadros militares de Colombia.

Uribe es conocedor del poder del mercadeo, del valor de la emocionalidad en la construcción de mecanismos de poder y legitimación. Con la deformación del concepto. alimenta su serie de grandes éxitos que se inician con el ‘castrochavismo’ y continúan con otras deformidades tales como aquella de la ‘ideología de género’ o la alargada sombra del Foro de São Paulo, algunos de los argumentos más difundidos para la negativa de apoyo al proceso de paz en el referéndum de 2016.

La teoría ignorante o paranoica de la “revolución molecular disipada” que puso a circular el uribismo deja de considerar que en Colombia hay una sola fuerza organizada y capaz de ocupar esos centros de poder: el Ejército. Y en el caso de Duque, antes que un golpe, tendríamos una militarización completa del país y una violencia de Estado duradera.

La estrategia no es nueva por parte de la derecha: la desinformación se nutre del anonimato en la generación del mensaje y del capital simbólico de la figura que lo difunde. Su único fin es el de crear narrativas paralelas –a través de la apelación a las emociones con la utilización sistemática de la amenaza del terrorismo- y afianzar el pánico colectivo a través de una manipulación consciente de la información falsa presentada como veraz.

Para eso cuenta con asesores colombianos, ecuatorianos, estadounidenses, venezolanos e israelíes, además de los medios hegemónicos para difundir la información falsa, no solo colombianos sino también latinoamericanos y globales.

El senador Gustavo Petro dejó en claro que Uribe, un siniestro personaje y también su entorno –conformado por la más rancia oligarquía y por los más salvajes grupos paramilitares–recurrieron a tácticas transparentemente fascistas para auparse al poder y crear un sólido consenso social alrededor de sus intereses: desde la satanización y criminalización de cualquier forma de disidencia, hasta la invención de amenazas inexistentes para justificar formas extremas de violencia de Estado.

Ahora se habla de la realidad regional. En las regiones y ciudades intermedias, como Cali, es donde más duro se ha sentido el incendio social, descentralizando la protesta, trayendo a la escena a otros liderazgos sociopolíticos, que ponen en peligro la acumulación de capital conseguido en estos 40 años de genocidio y de despojo millonario de víctimas.

*Periodista y comunicólogo uruguayo, magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur, preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

*Fuente: https://www.nodal.am/2021/05/colombia-autismo-politico-crisis-social-y-modelo-de-exterminio-por-aram-aharonian/

Comparte este contenido:
Page 13 of 75
1 11 12 13 14 15 75