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México: Congreso de la CNTE planea movilizaciones

México/Marzo de 2017/Fuente: Cambio de Michoacan

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lleva a cabo desde el pasado viernes y hasta este domingo, el XIII Congreso Nacional Ordinario, en el cual se ha hecho la presentación del documento llamado: Bases para una propuesta de educación alternativa en México, por parte de los especialistas en el tema Tatiana Coll, Enrique Ávila Carrillo, así como Martha de Jesús López Aguilar y José Carlos Buenaventura. Con ello, se busca plantear una alternativa y una crítica al nuevo modelo educativo presentado recientemente por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El asunto de la reforma educativa ha entrado de lleno al terreno de las aspiraciones presidenciales ya que mientras el político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador ha dicho que de llegar a la presidencia El asunto de la reforma educativa ha entrado de lleno al terreno de las aspiraciones presidenciales ya que mientras el político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador ha dicho que de llegar a la presidencia (Foto: Héctor Sánchez) Al inaugurar el XIII Congreso de la CNTE, Eloy López Hernández, secretario general de la sección XXII de Oaxaca, recordó que la CNTE se opuso a la reforma educativa desde que fue anunciada por lo que “estamos contra todas las imposiciones del gobierno que van contra el trabajador como las evaluaciones punitivas”.
Asimismo, reiteró el compromiso de la Coordinadora con los maestros cesados del país para su pronta reinstalación. “La importancia del XIII Congreso radica en un momento coyuntural encuadrado en un proceso de unidad a desarrollarse en las instalaciones de la sección 9 democrática, el 1 y 2 de abril, de donde se desarrollará el Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano”. Los ejes de trabajo durante los tres días del XIII Congreso plantearon llevar a cabo un análisis conjunto del panorama nacional e internacional tanto político como educativo, así como las propuesta para la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de la educación y del país en su conjunto, todo ello en aras de conformar un plan de acción frente a las reformas estructurales, las cuales han sido objeto de crítica y repudio por parte de la Coordinadora, quien ha ido sumando fuerzas con otras organizaciones tanto conocidas como emergentes que manifiestan estos mismos planteamientos entre las que se encuentran el Sindicato de Telefonistas, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y Jornaleros Agrícolas de San Quintín. También se analizó en dicho encuentro, la defensa de 586 docentes que han sido cesados a lo largo del país, entre otras razones, como efecto de las jornadas de lucha del magisterio disidente, así como por no integrarse a la evaluación educativa que mandata la Ley del Servicio Profesional Docente, emanada de la Reforma Educativa.
Todo ello se habrá de resumir al final del Congreso mencionado, en donde también se darán las líneas a seguir en cuanto a movilizaciones. Reforma Educativa y carrera presidencial Hay que apuntar que en últimas fechas, en declaraciones públicas, el asunto de la reforma educativa ha entrado de lleno al terreno de las aspiraciones presidenciales ya que mientras el político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador ha dicho que de llegar a la presidencia , parte principal de su gobierno será someter a revisión cada una de las reformas estructurales impulsadas por la administración actual, Aurelio Nuño Mayer, secretario de educación, alertó que la educación en México podría estar en riesgo de ganar las elecciones López Obrador, el funcionario federal detalló que lo avanzado en la reforma educativa enfrentará su primer gran reto en 2018, cuando un eventual cambio de gobierno podría poner en riesgo su continuidad. Mexicanos Primero exige transparencia Por otro lado, en cuanto al contexto michoacano, queda en el aire la denuncia que hiciera el pasado 21 de marzo la organización Mexicanos Primero, en cuanto a los contenidos de la minuta firmada entre la sección XVIII de la CNTE y el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, ya que entre otras cosas, aseguran que dichos acuerdos contravienen lo dictado desde la Reforma Educativa, además de recordar que en campaña, el hoy gobernador michoacano aseguró que no se darían este tipo de instrumentos dentro de su período.
De acuerdo con la organización de corte empresarial, la sección XVIII envió un documento de cuatro cuartillas a sus agremiados en donde asegura contar con el aval del gobierno del estado para: establecer, de manera conjunta, un programa de saneamiento y ordenamiento de la administración en la Secretaría de Educación; ratificar el pago de bonos otorgados a los trabajadores homologados no transferidos en el Estado; reconocer que en todos los planteles educativos donde se imparta educación básica, media superior y superior deben contar con una “estructura ocupacional debidamente autorizada” ; además de “mantener su compromiso de no ejercer contra los maestros ninguna acción ‘administrativa, laboral o física’ por su participación en las jornadas de lucha magisterial”.

Fuente: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n20271

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Modelo Educativo: ¿qué cambió?

Por: Pedro Flores Crespo

El pasado lunes 13, se presentó la versión revisada del Nuevo Modelo Educativo. Palacio Nacional fue el escenario elegido por el actual gobierno para dar a conocer su propuesta filosófica y curricular. Como era de esperarse, fue un acto político, del cual voy a comentar algunos pormenores a reserva de revisar detalladamente los documentos y compararlos con la versión previa.

El interés por ver la presentación del Modelo Educativo tenía al menos dos propósitos. Por un lado, obviamente, informarme sobre la nueva propuesta y segundo, guardaba la ilusión de que los actuales servidores públicos, explicaran al ciudadano en qué había cambiado el modelo luego de la amplia consulta que se llevó a cabo el año pasado. De acuerdo con el informe del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), se registraron casi 300 mil comentarios por medio de seis estrategias: (1) foros organizados por la propia SEP, (2) Consejos Técnicos Escolares, (3) órganos académicos de los bachilleratos, (4) foros y documentos externos, (5) foros estatales y (6) una plataforma de consulta en línea que, sorprendentemente, acumuló tres quintas partes del total de registros.

Dado el cúmulo de información y la débil tradición de escuchar y respetar la voz de la gente, albergaba la esperanza de que el gobierno de Enrique Peña Nieto haría lucir sus propuestas explicando qué elementos del modelo educativo fueron incorporados a partir de la consulta, cuáles no y por qué. Esto no fue lo que vimos, en cambio, constatamos que el modelo mantuvo sus cinco ejes: (1) cambio pedagógico (dejar atrás la memorización), (2) escuela al centro, (3) formación de profesores, (4) equidad e inclusión y (5) una nueva gobernanza del sistema educativo.

También observamos al titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, utilizando anécdotas para justificar las acciones de cada eje. ¿Acaso su dependencia no genera la suficiente evidencia para sustentar y justificar las acciones públicas? ¿Por qué no le acercan sus asesores estudios e investigaciones sobre la efectividad de los programas de tutoría y de las comunidades de aprendizaje? Asumir que es más válido citar el nombre de la maestra Bernarda en esos actos que un estudio publicado en alguna revista científica es menospreciar la capacidad del ciudadano.

Luego del titular de la SEP, tomó la palabra Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Se acomodó a todos los públicos con su discurso (“no a la batalla ideológica”). Dejó claro que para él no hay contradicción entre una educación de calidad y los derechos laborales de sus representados.

Posteriormente, le tocó el turno a Sylvia Schmelkes, consejera presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Del discurso de Schmelkes, me llamaron la atención dos cosas. Primero, resaltó la contribución técnica del INEE para sustentar las propuestas del modelo. Esto fue posible, según ella, gracias a la construcción de indicadores, la evaluación curricular y la emisión de directrices que ha hecho el Instituto.

Segundo, la titular del INEE sí hizo notar algunos cambios entre esta versión del modelo y la pasada. Por ejemplo, habló de que hay una mejor articulación entre la educación básica y la media superior y de que la educación bilingüe se reconoce en todos los niveles educativos. Con valor, enlistó también algunos “puntos luminosos” del modelo como haber  llegado a él por medio de un esfuerzo democrático y reconocer, por otro lado, a los maestros y directores como sujetos capaces de actuar de manera autónoma. ¿Compartirá ya la SEP esta visión? ¿Sirvieron los foros de consulta para mostrarle al secretario y a sus grupos afines que los mentores no son seres desconfiables a los que hay que someter por medio de la evaluación? Una rectificación explícita de la SEP en este sentido sería en verdad brillante y deseable.

Sabiendo el terreno político y mediático que pisaba, tomó la palabra Graco Ramírez, gobernador de Morelos y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Después de hablar de “amarres corporativos” y “aristocracias sindicales” pasó a condenar a los “conservadores y populistas”. Graco tuvo para todos: alabó la reforma que “va, camina y empieza a dar frutos”, regañó niños, reconoció la actitud del sindicato porque, según él, ya no tolera comisionados y le dio coba al secretario Nuño diciendo que a pesar de tener una hermosa oficina, va a las escuelas y conoce a los maestros. Todos felices sonreían; pero, ¿cuántas plazas habrá disponibles en Morelos y en cada estado que no se han concursado? ¿Qué proporción de plazas y horas se han asignado de manera transparente? ¿Por qué se critica constantemente a los gobernadores de esconder los puestos públicos y de bloquear la reforma educativa? Para Graco fue más fácil disparar en todas direcciones que asumir su propia responsabilidad.

Después de un video testimonial y de las palabras de una estudiante de la Ciudad de México, vino la intervención del presidente Peña Nieto. Queriendo improvisar sin mucho éxito, nos regresó al pasado y a lo que ya sabíamos. Vasconcelos entró de nuevo en el discurso, PISA (Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes) fue utilizado para justificar el cambio curricular y repitió la consabida diferencia entre calidad y cobertura.

Sorprendió que, por un lado, Peña Nieto hablara de la importancia del “consenso social” y por otro, se mostrara muy orgulloso de la rápida aprobación de la reforma educativa. Recordó que en diciembre de 2012 se propuso y en febrero de 2013 ya había sido aprobada por casi todos los congresos de los estados. Utilizar la “aplanadora” priista y el fast track quizás sea rentable políticamente, pero suprime el debate público y parlamentario; así como el entendimiento a las posiciones contrarias del otro. Esto seguramente no es lo que consigna el “nuevo” modelo educativo, entonces, ¿qué cambió?

Fuente: http://linkis.com/educacionfutura.org/R9zOo

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Despojo a la ciudad

Por: Hugo Aboites

A diferencia de las demás entidades federativas, que se encargan de la escala educativa completa (básica, media superior y superior autónoma), el gobierno federal nunca ha permitido o facilitado a la ciudad llegar a ese punto. Y ahora sucede que hasta lo poco que ha podido crear –los niveles superiores de educación– es objeto de hostigamiento. No sólo por momentos la Secretaría de Educación Pública (SEP) se suma a la campaña de descalificación, busca aplicar la reforma educativa en la media superior y superior, sino que, ahora, parece optar por el acoso financiero. Ha decidido suspender a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) casi todo el subsidio que ya le había otorgado la Cámara de Diputados. Una medida extralegal y agresiva contra una universidad pública y autónoma, y un despojo a la Ciudad de México.

Extralegal, porque en el anexo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el Programa de Apoyo a Centros y Organismos de Educación (Superior), en la nota cinco, dice que se incluye 150 millones de pesos para la UACM. Pero recientemente la SEP (Oficio 511/17-0224) comunica que el subsidio federal asignado a esa institución asciende a la cantidad de 40 millones. Y otras instituciones también han sido perjudicadas (como la Universidad Obrera, a la que se le cancela todo el subsidio).

Despojo, además, que ocurre contra la Ciudad de México cuando ésta apenas ha dejado de ser –como dice Porfirio Muñoz Ledo– un distrito, y todavía está fresca la tinta de su Constitución. Pero, también, porque este es un gesto hostil en contra del derecho a la educación de miles de jóvenes de la CDMX. Precisamente este primer año en que orgullosamente aparece con todas sus letras en la Constitución como parte del artículo 13 del derecho a la educación, a la UACM se le desconoce su derecho a recibir un subsidio federal ya aprobado. Coincide con la decisión de la Asamblea Legislativa de no aumentarle el presupuesto y, además, quitarle 63 millones. ¿Allanándose así a la campaña intensa y permanente de un partido en la Asamblea Legislativa contra esta universidad? Se añade que desde 2001, cuando arranca la educación media superior y superior de la ciudad, el gobierno federal ha mostrado resistencia extrema en su contra. La UACM es una institución nueva (15 años), con 17 mil estudiantes y poco más de mil millones de presupuesto; apenas se compara con la historia de muchas décadas de otras instituciones estatales y federales (la UNAM, con un siglo de vida, más de 300 mil estudiantes y 26 mil millones de presupuesto, o la UAM, con 44 años, 55 mil estudiantes y 6 mil millones). Crear más espacios en la capital, sin embargo, sigue siendo importante porque aquí se encuentra la mayor parte de los cientos de miles de jóvenes del país que cada año buscan un lugar en el nivel superior, y porque la UACM tiene las posibilidades y el dinamismo de una plantilla laboral joven y la novedad de proyectos, componentes claves para seguir creciendo. Mientras la matrícula en gran parte de las universidades públicas del país está, por lo menos, estancada, en los últimos cuatro años la de la ciudad, con el apoyo de la responsabilidad que ha asumido el Gobierno de la CDMX para dotarla de recursos federales y locales, ha mejorado 20 mil metros cuadrados de sus instalaciones, ha construido 18 mil más y su matrícula ha crecido en 32 por ciento. Además, el apoyo de la responsabilidad política gubernamental: en el profundo conflicto de la UACM de 2013, cuando fácilmente la balanza pudo haberse inclinado hacia una pugna más destructiva, el entonces recién llegado gobierno capitalino decidió reconocer al rector interino y al Consejo Universitario que lo eligió, y con eso claramente apostó a la sobrevivencia de la UACM. Se abrió el paso a una etapa de normalización y crecimiento que resultó duradera y estratégica: con su sola renovada existencia respondió a la crítica de que nada se hace para que la capital de México, una potencia cultural y económica y una de las más grandes, deje de ser una de las más bajas en cobertura en educación superior en toda América Latina.

Esa universidad requiere más de 200 millones para lo elemental del gasto operativo (electricidad, comedores y becas; insumos de laboratorios, internet, renta de edificio, vigilancia, eventos académicos, publicaciones, mantenimiento de nueve posgrados, 18 carrera y cinco planteles), pero se ve despojada de 110 millones (después de los 63 que ya también le redujo la Asamblea). Genera una profunda crisis, pero además, la pérdida del dinamismo. Peligran proyectos, se agudizan las tensiones internas, hay emplazamiento a huelga, y se distrae la atención respecto de lo importante. Si nada cambia, la perspectiva para este año es la de una universidad que languidece. La decisión de la SEP es, por eso, una pésima noticia para la ciudad, para su incipiente sistema educativo y para los jóvenes sin escuela. Por eso es necesario defender esta parte de la educación de la ciudad, su universidad.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/despojo-a-la-ciudad/

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Mérito: el mito necesario

Por: Pedro Flores Crespo

Al exponer en la Universidad Pedagógica Nacional del Ajusco que frente a la venta y herencia de las plazas docentes, el mérito del profesor debía tomarse con mayor seriedad en las discusiones sobre la reforma educativa, un estudiante reviró: “Ok con el mérito, pero ¿por qué empezamos por los maestros cuando hay otros sectores que también lo demandan urgentemente?”.

El reclamo es justificado. Al visitar alguna delegación de la Ciudad de México u oficina de cualquier gobierno municipal, ¿existe la certeza de que están dirigidas por los mejores cuadros? ¿Y qué diría la sociedad sobre los detestables actos de tortura cometidos por dos miembros del ejército mexicano y un policía federal en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero? ¿Habrán sido estos soldados y policías seleccionados con base en el mérito o entraron por “palancas”? ¿Están siendo los miembros del ejército evaluados de manera constante? Si es así, ¿entonces por qué actúan de manera tan irracional que hasta el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, tuvo que ofrecer, ante más de 23 mil soldados, una disculpa a “toda la sociedad agravada por este inadmisible evento” (Reforma, 17/04/16).

Tan necesario es el mérito en el ejército que el diario Reforma cabeceó así su nota: “Solicita la Sedena perfil intachable”. Parece evidente que así como al gremio magisterial le hace falta cambiar el esquema de selección para el ingreso al servicio público, también hay que trabajar en el mismo sentido en el sector militar, policíaco y ya no se diga, en el burocrático. En México, pese a los esfuerzos iniciados hace más de 12 años, aún no desarrollamos un Servicio Profesional de Carrera (SPC) confiable. De ahí que usted pueda ver que en cada sexenio, los políticos hacen borrón y cuenta nueva de programas y políticas sin reparar en los costos de sus ocurrencias.

El Servicio Profesional de Carrera (SPC) no pudo fructificar, según José Luis Méndez (Colmex), debido a distintos factores como: la intromisión política de la Secretaría de la Función Pública en los procesos de selección, la errónea medición del mérito, el mal uso de la tecnología, la opacidad y el abuso de la ley para otorgar nombramientos sin concurso. Todo esto dañó la confianza en el SPC; por lo que no estaría mal poner a remojar las barbas del Servicio Profesional Docente (SPD) de 2013 en la experiencia del Servicio Profesional de Carrera de 2003.

Pero regresemos a la discusión del mérito. Según John H. Goldthorpe (Oxford), la idea de que las posiciones al servicio del Estado como la civil y la militar fueran asignadas con base en la competenencia demostrada y no a través del nepotismo, “palancas”, sobornos o compra, surgió de la pujante clase media en el contexto de la reforma administrativa del estado en el siglo diecinueve. El supuesto era que los criterios de logro debían sustituir a los de adscripción (e.g. de qué fracción sindical provengo) para poder mover a las sociedades de su fase tradicional a la industrial. Bajo esta idea, importa más qué sabes hacer que de dónde vienes. Si las personas más capaces ocupan cargos importantes, entonces el desempeño de las organizaciones será mejor. Estos son los supuestos centrales del mérito. ¿Quién podría estar en contra de ellos?

Pero los problemas de la meritocracia son varios, de acuerdo con Goldthorpe. En primer lugar, dice, podemos invocar al mérito como criterio primordial de selección y recompensa, pero luego tenemos que definirlo de manera específica y situacional y por lo tanto, variable y subjetiva. Segundo, el mérito comúnmente es medido a través del nivel educativo alcanzado y esto es cuestionable porque, dice el sociólogo, los sistemas educativos de las sociedades modernas no operan para identificar el talento ni para ofrecer a los individuos talentosos oportunidades para cultivar el mérito por medio del uso de sus habilidades. Tercero, las relaciones entre origen social (de dónde vengo), educación y destinos de clase o estatus no siguen un patrón determinado. Esto quiere decir que la educación puede o no tener un efecto en el proceso de alcanzar una determinada posición social.

Las diversas relaciones entre origen, escolaridad y posición social abren la puerta para reflexionar sobre las limitaciones y potencialidades del actual Servicio Profesional Docente (SPD). ¿Qué instituciones formadoras de maestros poseen la capacidad de identificar al talento magisterial? ¿Tendrá el nuevo esquema de evaluación —ideado por la Secretaria de Educación Pública (SEP) y validado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)— la capacidad para asignar a los profesores en los puestos que sirvan para ampliar sus capacidades, cultivar el mérito y lograr un mejor estatus social?

¿Por qué, ante la manera clientelar con que se reparten las plazas docentes en México, los detractores de la reforma educativa —entre ellos, varios académicos— no hablan del mérito como criterio de selección? Si la queja es que el mérito genera más desigualdad en sociedades injustas como México; pueden tener razón y esto sería inadmisible, no obstante, aún falta un sustento empírico para mostrar que en verdad la selección basada en el mérito es más injusta, regresiva y discriminatoria que vender y heredar el puesto de trabajo.

En resumen, así como algunos grupos de la sociedad mexicana exigen que los maestros de educación básica deben ser seleccionados y promovidos con base en sus competencias, no estaría mal que seamos congruentes y parejos y tambien demandemos que los miembros del ejército y de la policía demuestren su capacidad para dejar de cometer las atrocidades que hemos visto. El mismo nivel de atención pública y mediática que recibe el magisterio también tendría que ser puesto en los perfiles de los funcionarios del Estado, legisladores, jueces y servidores públicos que reciben salarios relativamente altos sin una clara explicación de por qué o cómo llegaron a esos niveles. O todos coludos o todos rabones.

Fuente: http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=4265:merito-el-mito-necesario&Itemid=140

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Conspirar contra los niños y el derecho a estudiar

Por: Lev Moujahid Velázquez Barriga

José Manuel es un alumno que cursa el primer año en la telesecundaria de La Nopalera, municipio de Apatzingán, en Michoacán, ubicada en la zona conocida como Tierra Caliente. Tiene 13 años de edad, pero no es el mayor en su grupo, su mejor amigo ya cumplió los 16; sin embargo, eso no es raro en los estudiantes matriculados que han sido rechazados, expulsados o reprobados de las secundarias técnicas y generales de la ciudad, sobrepobladas hasta con 60 alumnos por salón.

Desde que inició el ciclo escolar, José Manuel no pudo pagar 14 pesos diarios de transporte urbano y menos podrá ahora que subió a 16, así que los días de escuela tiene que andar a pie varios kilómetros por senderos improvisados de terracería; algunos son viejos caminos que conectan a las comunidades rurales, en los que ya sólo transitan jornaleros y los grupos delincuenciales para el trasiego de droga, evitando las carreteras federales y los retenes militares.

Durante los 30 minutos que hace de su casa a la escuela, reconoce bien las parcelas de limón porque ha estado ahí. Él, junto a otros de sus compañeros, es parte de los 2 millones y medio de menores que entre los cinco y 14 años de edad tienen que trabajar para sobrevivir, de otro modo sería imposible que siguieran estudiando; las ausencias por trabajo que comienzan de uno a dos días a la semana en la escuela, ocasionalmente se vuelven definitivas hasta que se ven obligados a abandonarla por completo.

Hace varios años que José Manuel ya no vive con sus padres, sino con sus tíos, quienes trabajan en la informalidad y residen en una colonia en la que se aprecian multitud de casas hechas de cartón, hule y madera. El asentamiento creció en los márgenes urbanos, entre la carretera federal rumbo a Cuatro Caminos y la zona ejidal de La Nopalera Oriente, ambos han sido escenarios recurrentes de violencia.

En el tramo carretero se han suscitado infinidad de narcobloqueos, tiroteos, robos de autos a mano armada y hasta feminicidios; en las calles aledañas a la escuela, persecuciones, secuestros y ejecuciones. Tan sólo en 2016 fueron asesinadas siete personas de la comunidad, entre ellas el fundador local de las autodefensas, baleado unas horas después de que Silvano Aureoles y José Antonio Meade, entonces secretario de la Sedesol, asistieran a la cabecera municipal el Día del Niño, rodeados de militares y federales, para promocionar programas de ayuda a huérfanos y viudas, víctimas de la violencia.

Ante esta situación, común en diferentes zonas de Michoacán, pero también de todo el país, la reforma educativa no ha aportado casi nada. Criminalizar a los alumnos a través de mochila segura es un golpe más a su vulnerabilidad, cuando ellos son víctimas del contexto que los rodea y de un currículo carente de calidez humana, centrado en fines desprovistos de sensibilidad y sentido trascendente para la personalidad, como el de alcanzar la calidad empresarial.

No obstante que la falta de recursos económicos y las lejanas distancias se encuentran entre los factores centrales del abandono escolar, la SEP plantea el cierre de centros escolares a través de su programa de reconcentración, cuyo plan piloto inicia este año en zonas urbanas; la amenaza pesa sobre escuelas como la de José Manuel, insertas en pequeñas comunidades que fueron absorbidas por la ciudad, pero que se resisten a los cambios de la vida urbana, también sobre las periferias miserables a donde las familias fueron excluidas y que serían más excluidas aún sin la posibilidad de sus hijos para crecer en el estudio.

Es evidente que el gasolinazo no frenará el cierre de los centros educativos, y que tampoco tendrá algún impacto positivo en el fortalecimiento de la educación pública, como aseguraron Peña Nieto y Aurelio Nuño que lo tendría; al contrario, impactará negativamente, porque la escasa economía familiar golpeada por las constantes y desmedidas alzas de los precios, seguirá siendo un factor cada vez más decisivo en la exclusión de los niños que no ingresan a las aulas y la deserción de otros muchos que las abandonarán por falta de recursos económicos.

Datos sustentados por las investigaciones del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) muestran que con el aumento del salario a 80 pesos, no se alcanza a cubrir ni 40 por ciento de la canasta básica recomendable. Otros estudios indican que antes del gasolinazo y la oleada de aumentos de precios, 40 por ciento de la población vivía en pobreza laboral, lo que significa que este año las personas sin acceso a lo básico para sobrevivir superarán los 50 millones.

En estas circunstancias, para las familias como la de José Manuel pensar en gastos extraordinarios: uniformes, calzado, transporte y completar los útiles escolares, hace de la educación un derecho cada vez más inalcanzable. Alejar los centros escolares de donde los menores de edad más los necesitan, tratarlos como criminales y encarecer la vida con políticas económicas irresponsables, es condenarlos a la miseria, conspirar para expulsarlos del sistema educativo público y abandonarlos, como ya se hizo con los otros 3.8 millones que no van a la escuela.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/02/03/opinion/022a2pol

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México: Oaxaca llama a rebelarse contra reforma educativa

América del Norte/México/11 de Febrero del 2017/Fuente: Informador.mx

 Pese a que mantiene mesas de diálogo con el gobierno de Oaxaca, el Comité Ejecutivo de la Sección 22 convocó a sus agremiados a rebelarse en contra de la reforma educativa.

Además, emitió convocatorias para cubrir vacantes de docentes con egresados de escuelas normales del estado, aun cuando no han aplicado el examen correspondiente.

Mediante el oficio número seis, expediente 2017/2021, el secretario Técnico de la gremial, Porfirio Gutiérrez Nicolás, pidió a los integrantes de la Subcomisión Mixta de Niveles Educativos “hacer caso omiso a las convocatorias que hace el espurio IEEPO sobre la evaluación punitiva de la mal llamada reforma educativa”.

Exhortó a extender el aviso a directores, supervisores, jefes de sector, jefes de zona, cuadros intermedios y personal de base, y reafirmó que sigue vigente su Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, así como el desconocimiento a los mandatos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Los simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) también comenzar a solicitar a supervisores escolares y a secretarios generales de cada delegación sindical que informen las necesidades de personal docente, a fin de que sean cubiertos a la brevedad.

Quienes firmaron las convocatorias son Gersaint Ángel Filio Cruz, secretario de Trabajo y Conflictos del Nivel Primaria Formal; Lucila Mendoza Acosta, secretaria de Conflictos del Nivel Educación Física, y Gonzalo Toledo Cruz, secretario de Trabajo y Conflictos de Escuelas Secundarias Técnicas.

Lo anterior con la finalidad de cubrir a la brevedad dichas vacantes con docentes egresados de las 11 escuelas normales del estado y que en semanas anteriores han efectuado diversas movilizaciones y bloqueos para exigir una plaza. Tras la confirmación, el viernes mismo los inconformes levantaron su protesta el pasado sábado.

Tras la reforma educativa, de acuerdo con la Ley General del Servicio Profesional Docente, se tiene que presentar un examen de evaluación para obtener una plaza de docente.

Mientras que el 21 de julio de 2015 el gobierno de Oaxaca decretó la transformación del IEEPO y quitó mandos directivos a profesores de la Sección 22.

Disponible en la url: http://www.informador.com.mx/mexico/2017/706238/6/oaxaca-llama-a-rebelarse-contra-reforma-educativa.htm

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Impulso al estudio de las políticas educativas

Por: Pedro Flores Crespo

La investigación educativa de México debe estar de plácemes. El pasado 27 de mayo, durante la entrega de los premios de ciencia, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que se crearán cuatro nuevos centros públicos de investigación y uno de ellos será sobre políticas educativas. El resto abordará temas como aeronáutica, desarrollo metropolitano y zonas áridas.

Por otro lado, tres días después del anuncio de la creación de ese centro, el Fondo de Cultura Económica (FCE) instaló el Consejo Editorial de lo que será la Revista de Reformas y Políticas Educativas (REPE) cuyo objetivo será “difundir investigación científica relevante, con una orientación humanista, que promueva un diálogo informado entre la comunidad académica nacional e internacional, los tomadores de decisiones y los actores interesados de las comunidades escolares”.

Que el FCE impulse un proyecto editorial de esta naturaleza abre la oportunidad para discutir —de manera más rigurosa y constante—, la forma en que el gobierno y la sociedad se organizan y actúan para tratar de resolver los problemas educativos del país. Esto es precisamente la política educativa: cursos de acción explícitos o implícitos que surgen desde los gobiernos democráticamente electos, pero que los distintos actores sociales reconfiguran para cumplir con las finalidades que el Estado se va fijando. Una de estas finalidades puede ser la distribución equitativa de la calidad para todos los sectores, especialmente, para aquellos que enfrentan mayores desigualdades.

Contar con un espacio de “diálogo informado” como la REPE era una necesidad tanto académica como política. Política porque es imprescindible elevar el debate público sobre la educación mexicana con conocimiento y académica porque aún desconocemos muchos aspectos del desarrollo de las políticas públicas en educación. Por ejemplo, ¿por qué un determinado problema social (e.g. bullying) llega a conformar parte de la agenda pública? ¿Qué grupos sociales impulsan tal agenda? ¿Quién se oponen y bajo qué argumentos lo hace? ¿Es verdad que la pluralidad ideológica le imprime mayor efectividad a las políticas? ¿Por qué se entorpece tanto la implementación de las reformas educativas a pesar de que nacen de importantes cambios constitucionales? ¿Cómo “estructuran” las leyes a las políticas educativas en un país con altos grados de impunidad? ¿Se evalúan rigurosamente las políticas y los programas educativos actuales? ¿Qué programas funcionan efectivamente para elevar los aprendizajes de los niños y jóvenes y cuáles no? ¿Cómo las maestras y maestros producen conocimiento útil para mejorar el diseño de las reformas y las políticas educativas? ¿Por qué se reproducen las asimetrías de poder entre los actores centrales de las políticas?

A medida que la realidad cambia, requerimos mejores lentes para analizar las políticas públicas. Incluso, el lenguaje se renueva. Llama mucho la atención, por ejemplo, cómo los pioneros de la investigación educativa en México, en un principio, utilizaban el término “acción” en lugar de “política”; incluso ahora prosiguen los debates sobre si es apropiado hablar de “políticas públicas” o solamente de “decisiones gubernamentales”.

Con la revista del FCE sobre políticas educativas se reconoce a un campo de estudio que se ha ido consolidando en los últimos años, pero que no por esto, vive exento de varios retos. Uno de ellos es el desarrollo de mejores teorías para explicar cómo ocurren los procesos de la política pública. ¿Debemos seguir utilizando invariablemente el modelo neocorporativo para explicar el cambio en la educación? ¿Será posible aplicar el enfoque de redes de política (policy networks) dados los cambios políticos y sociales que hemos experimentado en los últimos tres lustros?

Otro reto académico es la integración de la dimensión de la política de “alto nivel” con lo que ocurre cotidianamente en las escuelas y en las aulas. Sin caer en el lugar común o clisé de que “lo de abajo” es más importante de lo que ocurre en las altas esferas del poder, sí es necesario reflexionar cómo ambas dimensiones de poder se integran e influyen mutuamente. Si hacemos un esfuerzo intelectual en este sentido, quizás pronto podríamos construir una visión más amplia y profunda de los actores del sistema educativo, sus niveles de cooperación, esquemas de conflicto y sobre todo, sus percepciones y razones.

Pero aparte de los retos intelectuales, la Revista de Reformas y Políticas Educativas (REPE) va a enfrentar desafíos de índole práctica. Por ejemplo, tendrá que definir más claramente su identidad y lidiar con los tortuosos esquemas de evaluación para las revistas científicas e ingresar a los índices de calidad. Pese a esto, la posibilidad de promover una cultura académica mucho más abierta y plural a través de este medio de divulgación científica es real. Enhorabuena.

Fuente: http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=4469:impulso-al-estudio-de-las-politicas-educativas&Itemid=256

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