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Leyes secundarias

Por: Carlos Ornellas. 

 

No obstante que el presidente López Obrador lanzó la iniciativa de contrarreforma educativa –que luego devino en una reforma de la reforma– desde el 12 de diciembre, los nudos en el Congreso tardan en desatarse.

Las negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) –también con las demás facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y otros actores, aunque menos intensas– coronaron la enmienda constitucional el 15 de mayo. La búsqueda de precisión en la abultada retórica en el artículo 3º pospone el entramado de las leyes para el Organismo para la Mejora Continua de la Educación, la del Sistema para la Carrera de los Maestros (que quién sabe cómo se llamará al final) y modificaciones a la Ley General de Educación. Además, las consignas que el Presidente lanza con frecuencia, como eliminar al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), provocan aprensión en los legisladores.

Cierto, hubo foros de consulta organizados por diputados, senadores, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). Hubo ponencias en serie, presentadas por la facción que lidera Alfonso Cepeda Salas, reclamos ruidosos de grupos de maestros disidentes, apuntes de dirigentes de instituciones de educación superior públicas –preocupados al por mayor– y reflexiones de docentes de base y académicos. Pero la línea que tiraba –tira– el Presidente es la narrativa preponderante y tal vez prevalezca en las nuevas leyes, Morena y aliados hacen mayoría.

Observo dos conceptos en conflicto –en sentido estricto no deberían estar encontrados, pero la realidad es terca–: bienestar y excelencia. El primero incluye los símbolos preferidos del Presidente: equidad, igualdad, salud, fomento a la lectura, valores humanistas (recordar la Cartilla moral de Alfonso Reyes) y enfoques regionales en la enseñanza para zonas indígenas y rurales.

El segundo, comprende lo mismo que todas las reformas de orientación neoliberal que pululan por el mundo: calidad –aunque la palabra se haya proscrito del artículo 3º– eficacia, eficiencia y aprendizaje.

Estos dos preceptos no sólo tienen que empaquetarse en leyes, sino también en dispositivos pedagógicos para que los docentes se apliquen y los pongan en práctica. Y vamos otra vez al núcleo: el magisterio. Sobre este actor preponderante recaerá de nuevo la responsabilidad de llevar a puerto las iniciativas. Así fue en todas las reformas del pasado y seguirá siendo en la presente.

Tal fijación no es arbitraria. Las reformas que han tenido éxito –la más reciente en México fue la que impulsó Jaime Torres Bodet tras el derrumbe de la educación socialista– es porque llegaron al salón de clase y los maestros hicieron suyos sus postulados. Pero no fue de inmediato. Torres Bodet lanzó la señal de cambio en 1944 y tuvo que regresar a la jefatura de la Secretaría de Educación Pública 14 años después para consolidar los principios y ejecutar las obras sobresalientes.

Hoy la narrativa del Presidente y sus seguidores en la SEP y Morena privilegian al maestro y al normalismo, les echan flores. Pero al mismo tiempo le cargan la responsabilidad. Si no hay frutos en cinco años, de nuevo, de ser considerados héroes se les acusará del fracaso.

En Estados Unidos tienen un dicho para calificar a quienes cumplen: “pone su dinero donde puso sus palabras”. Las leyes secundarias que vienen dibujarán un panorama amable, hasta donde se pueda, elogiará la labor de los maestros y refrendará la retórica presidencial. Pero el corpus verdadero vendrá en la Ley de Coordinación Fiscal y los presupuestos anuales para la educación.

Una reforma triunfante cuesta mucho tiempo, esfuerzo y recursos. Me temo que el enemigo principal de la reforma del presidente López Obrador será la austeridad republicana, aunque al final, la culpa se les endorsará al neoliberalismo y a herencias del pasado. Los maestros serán de nuevo culpables y víctimas. Las leyes podrán cambiarse de nuevo.

Fuente del artículo: https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/leyes-secundarias/1324963

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INEE H OMCE

Por: Carlos Ornelas. 

No sé si sea un dicho popular, pero a menudo escucho que es más fácil destruir lo existente que crear un objeto nuevo. Con la Reforma Educativa de 2013 no se demolió al todavía joven Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se le otorgó autonomía constitucional y creció su importancia; se erigió sobre lo existente.

Si bien en su iniciativa del 12 de diciembre, el presidente López Obrador diseñó una contrarreforma educativa, en el Congreso, los partidos de oposición abanderaron una iniciativa que elaboraron colegas investigadores de la educación. Ésta le quitaba los filos destructores (ni una sola coma, había dicho Mario Delgado) y, sin atacar la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, moderaba el afán demoledor, fue la reforma de la reforma.

Uno de los dispositivos de esta moción reparaba la idea del gobierno de sujetar bajo el control de la Secretaría de Educación Pública al organismo que sustituiría al INEE. En su lugar, el Congreso aprobó —y me imagino que López Obrador dio su visto bueno— un aparato con autonomía técnica comandado por una Junta Directiva que elegiría el Senado sin injerencia del Poder Ejecutivo, asesorada por un Consejo Técnico, electo de igual manera.

Al igual que en la reforma de 2013, primero se designa a los jefes y luego se elaboran las leyes que establecen sus responsabilidades y atribuciones. “Esto es México, ¿qué le vamos a hacer?”, me dijo mi amigo El Maestro, a quien hacía tiempo que no saludaba.

Después de tropezones, el 2 de julio, el Senado designó a los 12 capitanes del Organismo para la Mejora Continua de la Educación (OMCE). A pesar del desaseo en el proceso de designación —pacto entre Morena y PRI— no prejuzgo. No pienso que sean chairos, como tampoco que los jefes del INEE fueran fifís.

No obstante, los perfiles de los nuevos jefes son diferentes. En el INEE se privilegió a la academia, los primeros integrantes con carreras distinguidas en la investigación educativa; en la nueva Junta, hay pluralidad. Dos de las integrantes, María del Coral González Rendón y Etelvina Sandoval Flores, son normalistas de origen. Silvia Valle Tepatl es licenciada en educación primaria. Las tres con experiencia frente a grupo y espíritu magisterial. También militantes de Morena y, al menos Sandoval, cercana a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Los dos varones tienen experiencia en el funcionariado. Óscar Daniel del Río Serrano tiene dos doctorados, pero su experiencia es en puestos administrativos, también miembro de Morena. Florentino Castro López es ajeno al sector educativo. Llegó por un compromiso entre Morena y PRI.

Entre los integrantes del Consejo Técnico predomina el perfil académico, y experiencia en el servicio público. Al parecer, allí hay pluralidad en orientaciones políticas.

El OMCE nace en tiempos de incertidumbre. Colegas y periodistas son escépticos acerca de su futuro desempeño. Pienso que no será mejor ni peor que la faena de la SEP en tiempos de Morena.

Fuente del artículo: https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/inee-h-omce/1322987

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La educación pública universitaria en estado de coma

Colombia / 21 de octubre de 2018 / Autor: Miguel A. Herrera Zgaib / Fuente: Radio Macondo

En este último año, 2018, se incrementó la letanía de la Ley 30 de 1992, que estableció las bases para el estatuto que rige la educación superior en Colombia. Ley que volvió a la liza política, una vez que los estudiantes colombianos, organizados en la Mane impidieron la contra-reforma educativa, pero no tuvieron la fuerza y el consenso suficiente para darle curso, vía Congreso, a una reforma progresista a dicho estatuto.

Este estatuto ya había revelado un diseño financiero inapropiado, en materia de presupuesto para la educación superior, cuando estableció que el incremento de la financiación estatal quedaba atado al incremento anual del IPC, mientras que a partir de 1993, al mismo tiempo se producía un incremento exponencial en la demanda de estudiantes al Sistema Universitario Estatal, SUE, sin que los recursos tuvieran un aumento siquiera proporcional a la nueva población estudiantil in crescendo.

La ley 32 decía corresponder a los primeros años de la reforma del Estado autoritario y excluyente que fue creado en 1886, el que después de guerras intestinas, dirigidas por los señores de la tierra, se reproducía, con poquísimas reformas; ninguna apta para romperle el espinazo a los privilegios socio-económicos celosamente mantenidos desde la colonia por una intelectualidad en su gran mayoría obsecuente y sumisa.

Todo esto a pesar de lo sostenido por Darío Echandía, cancerbero de la reforma del 36, durante los años dorados de “la revolución en marcha” de Alfonso López Pumarejo, un avezado centenarista a quien la Nacional rinde homenaje en un espacio rebautizado con su nombre, que hace parte de las que fueran las residencias Uriel Gutiérrez, cuya parte posterior colapsó hace varios años, disimulada por un improvisado corral de latas de zinc.

Este grotesco cercamiento simboliza bien el abandono presupuestal de la principal universidad de la nación, que empezó llamándose Central, de acuerdo con la Ley de 18 de marzo de 1826, junto a su otras dos hermanas en el fugaz tiempo de la Gran Colombia, la de Quito y de Caracas, que aún conservan el nombre original que le dieron los próceres masones e ilustrados, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, removido de la plaza central de la Ciudad Blanca, para rebautizarla como Ché hasta nuestros días.

La joya de la corona de la educación pública, bajo el cobijo de la sentencia latina “omnium potentior est sapientia”, esto es, que “la sabiduría todo lo puede”, por el contrario, ha estado sometida por largos años a una sequía presupuestal regada por un rosario impenitente, despiadado de años de desidia y olvido gubernamental, que la tienen en literal estado de coma, jugándose sus restos.

Tal abandono y postración se encuentran probados de sobra, hasta el absurdo, para todo el que haga la experiencia de recorrer sus vías, principales y adyacentes, para descubrir con estupor, que la Nacho, como le decimos cariñosamente, es un “fractal negativo”, que copia la situación de la ciudad capital que la aloja.

Este recorrido digno de un camino de herradura, hasta la fecha no lo hizo, ni el atento presidente de Colombia, Iván Duque, formado en el exterior, bajo el generoso cobijo del BID, que paga en parte la riqueza social colombiana, y mucho menos la actual ministra de educación, María Victoria Angulo, salida de las canteras de la administración distrital.

Sin embargo, en el papel, y para la Ley que rige el gobierno antidemocrático de la Universidad Nacional, el presidente es quien encabeza el CSU, la instancia máxima del gobierno universitario, donde el (a) ministr@ del ramo, lo reemplaza casi de manera inveterada.

La saga incumplida de la igualdad social

La educación pública superior era, y pretende seguir siéndolo una de las ventanas para la promoción del principio liberal de la “igualdad de oportunidades”, tantas veces negado en la práctica, que primero exige para su materialización igualdad de condiciones básicas en términos de vida, condiciones que nunca ha ofrecido la maltrecha república nacida en 1819. Para el año 1993, los privilegiados, porque accedían a los pregrados, eran 159.218, que para el año 2016, ascendieron a 611.800.

Entonces, el presupuesto asignado a las universidades públicas era de 1,72 billones, mientras que para el 2016 se incrementó en 2,93 billones, cuando con una operación simple queda claro que la población estudiantil se triplico en 23 años, el presupuesto para la educación superior ni siquiera alcanzó a duplicarse. Un estudiante en 1992, recibía en promedio $10.825.890, mientras que uno que estudiaba en 2016, apenas le correspondía $ 4.785.338.

Tal y como lo recordó en una conversación histórica, Estanislao Zuleta hablándole a la guerrillerada de clase media y popular, al M-19 reunido en las montañas del Cauca, que preparaba con optimismo el frustrado diálogo nacional de aquel entonces, que la democracia requiere condiciones que la Colombia ni tiene ni obtiene.

Este aserto, la gran brecha de la desigualdad social, no sólo persiste, sino que se amplía. Lo recordó con cifras actualizadas el pasado martes, Alicia Puyana, economista formada en Praga, en interlocución directa con Ota Sick, y en Oxford, en las líneas principales, más sustanciosas, del discurso de aceptación de su ingreso como miembro de número de la Academia Colombiana de Economistas.

Esta realidad se reafirmó en la respuesta que le dio la otra académica, Consuelo Ahumada, para corroborar su decir, a la vez que resaltaba el tremendo drama de las minorías étnicas, que, en número superior a dos millones, prueban que la igualdad social es un “trágico sueño guajiro”.

Es lo que se establece 27 años después de que se inauguró el nuevo orden con optimismo circunspecto de los subalternos, de los trabajadores, de los pobres, de los excluidos, de la insurgencia subalterna. Era el promisorio debut de la nueva estructura constitucional sancionada en 1991, cuya arquitectura normativa definía al orden político de Colombia como un estado social de derecho, con una explícita participación ciudadana, y la protección efectiva de los derechos humanos fundamentales, que han hecho célebres millones de veces el socorrido derecho de amparo, la célebre tutela que por estos días quería suprimirse de un plumazo.

A la muerte de la Constitución de 1886, longeva hasta más no poder, en beneficio de los privilegios decimonónicos del bipartidismo forjado al calor de heroísmo y cálculo de los “patricios” que hicieron la guerra de independencia, al frente de sus peones, el ponente de la Ley 30 era el senador Ricardo Mosquera Mesa, probado antes como rector de la Nacional al final de la segunda mitad de la década del 80.

Ahora, en la crisis más severa en la existencia de la Universidad Nacional, de modo paradójico, le toca liderar su salvación en articulo mortis a una rectora, Dolly Montoya, esposa del rector citado, quien fuera activista estudiantil en el año 1971, como ella misma lo ha recordado, cuando enfrentaba la imposición del modelo Atcon, de reforma universitaria, y la financiación injerencista de los Estados Unidos.

Tal reforma, como la reforma agraria eran parte de la prueba dizque de la Alianza para el Progreso, apuntalada a comienzos de los años 60, por la visita de la pareja destruida por los tristes augurios del reino de Camelot. Aquella vez el anfitrión fue Alberto Lleras Camargo, primer secretario de la OEA, el denominado ministerio de colonias del hegemón estadounidense.

La reforma de la Nacho era prenda de garantía para espantar el fantasma del comunismo, cuya tormenta ya había barrido a la vecina Isla de Cuba, donde pronto se estableció la educación pública gratuita, y se alfabetizó a millones de analfabetos, a pocas millas, con brigadas de voluntarios movilizados de la ciudad al campo.

De la consulta anticorrupción a la defensa de la universidad pública

Cuando el nuevo orden de la participación, cuando la democracia, cuando la paz están detenidos, cuando no corrompido el orden constitucional de 1991, por el repetido incumplimiento de la promesa de promover de manera inmediata que la igualdad sea real y efectiva, y en cambio hacer la guerra de exterminio interno de insurgentes y disidentes, el conjunto de los colombianos, y de modo particular, las minorías, cada vez más excluidas, explotadas y oprimidas, se toman las calles a través del estudiantado universitario, y los demás grupos subalternos.

Unos y otros desfilaron, como multitud abigarrada, sin desmanes el pasado miércoles, en las grandes capitales, Bogotá y Medellín, y en las otras superando de acuerdo a cálculos conservadores el medio millón de personas. Todos reclaman el futuro en términos de presente a cumplirse, sin tretas ni engaños.

Así, los jóvenes de Colombia han tomado, cuando no arrebatado simbólicamente, cuando más lo necesita, la batuta de la mano de los mayores, expectantes ante el triunfo electoral de la reacción, la derecha y los tibios en sordina, pegados como lapa a las vetustas fórmulas bipartidistas ampliadas, que, en la sesión de la cámara, con los rectores a borde, apenas tuvo en el coro de representantes a 8 de ellos.

Estas minorías del país político siguen saboteando el tránsito de toda la nación envilecida y desplazada, por millones, de la guerra civil interna, regionalizada a la paz incluyente con las reformas exigidas. Prueba fehaciente de ello fue la actitud del presidente del senado, Macías, del CD, cabeza del bloque reaccionario, hoy dominante, quien descalificó la intervención de la estudiante Jennifer Pedraza, representante al CSU de la Universidad Nacional, para sabotear y cortar su intervención, durante el mismo día en que algo más de 50.000 personas llenaban las principales vías, y copaban la plaza de Bolívar.

El actual presidente y sus coequiperos, de manera descarada, vienen aplazando el avance real de los acuerdos propios de una paz incluyente, porque la paz de Santos, con todo, quedó encerrada en los postulados neoliberales, que le señalaron una suerte de muerte prematura a éstos, y a la educación pública superior, desangrando sus presupuestos; aplicándole el préstamo gota a gota.

En la comisión del presupuesto actual, la senadora Aída Abella se enteró que los anunciados $500.000 millones para la educación superior no serían ejecutados, entregados para la vigencia presente de 2018, donde las universidades públicas están estranguladas, empezando por la Universidad Nacional. El plan era que esto ocurriera para el año 2019, y con una orla de exigencias múltiples para su desembolso.

La denuncia pública de la senadora electa por la lista de la decencia, sobreviviente de la masacre de la UP, y sobre todo, la multitudinaria presencia estudiantil en las calles, hicieron que al día siguiente el gobierno de Duque/Uribe cambiara los planes y anunciara que dicha partida, sin afectar el presupuesto tendrá ejecución inmediata.

Hoy, más que nunca con el estudiantado movilizado quedó más que claro, que los acuerdos de paz de La Habana, en sus más de 400 páginas guardaron silencio sobre la suerte del SUE, y la educación pública estatal, porque en ellos no tuvo la comunidad universitaria una vocería real, una representación en las negociaciones.

Todo lo cual prueba que la disputa hegemónica de los subalternos, sociales e insurgentes, adolecía para entonces de una propuesta que encare el agujero negro de la reforma intelectual y moral, de la que es pieza maestra la reforma educativa integra, herencia abandonada, por una modernidad contrahecha como la de Colombia, “conducida” casi sin excepción por una intelectualidad cosmopolita, separada de los grupos y clases subalternas, con notables excepciones.

Saldando una deuda histórica

Tal divorcio histórico, entre intelectuales y pueblo que Jorge E. Gaitán, advirtió para los tiempos de la generación de los nuevos, se mantiene. A él han respondido los herederos del grito de Córdoba de 1918, cuando organizaron el paro nacional universitario del año 1971, que acordó un Plan Mínimo.

Era la respuesta a la reforma Patiño, que no pocos alaban, porque aclimató en últimas la universidad de entonces a los imperativos de la modernización capitalista, como antídoto al socialismo triunfante en la Cuba de entonces.

De nuevo, en 2011, el estudiantado en lucha recogió y amplió con lucidez las banderas de 1971, pero sucumbió ante un Congreso reaccionario, que impidió la prosperidad de una reforma progresiva de la Ley 30 de 1992, a la cual respondieron en el clímax del movimiento con un proyecto que quedó sepultado en los cajones del Congreso entonces controlado por el bloque en el poder del reformista neoliberal, Juan Manuel Santos.

Esta contra-reforma siguió, sin embargo, avanzando, a través de la asfixia al presupuesto de las universidades públicas, drenándolas con el “invento” del programa “ser pilo paga”, que utilizó a los pobres inteligentes y aprovechados, en número superior a 40.000, para subsidiar groseramente a la universidad privada de elite.

Ahora, siete años después, con renovadas banderas, y dos organizaciones estudiantiles nacionales, animadas por dos proyectos políticos de signo diverso, la responsabilidad con la reforma y la salvación de la universidad colombiana, experimentan su prueba de fuego en público y en privado.

En la plaza pública, ante una imponente movilización, se dieron dos indicios contraproducentes, el intento de impedir la intervención de Jennifer Pedraza, militante del proyecto organizativo de la OCE, del que es animador político el PDA/MOIR. Ella hablaba en nombre del estudiantado como representante electa ante el CSU, de la U. Nacional.

El segundo fue la censura, a posteriori, de la participación de Gustavo Petro, el candidato presidencial de la oposición, senador comprometido con la causa de la educación pública; a la que se sumó la imposibilidad que interviniera la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, que apenas le fue permitido subir a la tarima.

Después de la movilización del 10 de octubre, las 32 universidades están deliberando, y más de 10 han decretado como resultado, un paro hasta el 21 de octubre, al ser notificados de los $500.000 millones que entregará el gobierno nacional para paliar la crisis, cuando el funcionamiento de las universidades públicas requiere $ 4,5 billones para el año 2019.

Todas las universidades en paro, o en asamblea permanente han convocado a una mega manifestación nacional para el 17 de octubre. Las direcciones del movimiento estudiantil, y en particular, dos, la UNES, y la ACRES, tienen que rescatar la pluralidad, y corregir los errores del inmediato pasado, ahora cuando han vuelto a la calle con cientos de miles de estudiantes, profesores y padres de familia. Ellos que encarnan, la parte de los sin parte, tienen que convocar con el ejemplo, sin exclusiones.

Para mostrar la madurez del conjunto del movimiento estudiantil, y el empuje de la democracia subalterna. Y convencer a la gran mayoría de la nación que los respalda como respuesta a su efectiva pedagogía ciudadana, azotada como está, por demás, por las afujías producto la crisis del modelo minero energético y agro-exportador impuesto por la vulgata neoliberal.

El curso de este y los siguientes días nos probarán a todos si la intelectualidad joven corrige con audacia e ingenio propositivo el mundo de los mayores, y que está preparada para hacer las reformas urgentes, así como para convocar, si la negativa gubernamental se empecina en quemarle billones a la guerra, en vez de invertirlos en desmontar la desigualdad social, a una Constituyente Educativa.

Ella será el portal de entrada a la Constituyente Social que le de concreción a los acuerdos de paz, que la reacción y la derecha quieren “festinarse” impunemente, como si la nación colombiana aguantara otra guerra. Mientras hacen sonar en contravía de la paz los tambores a somatén.

Fuente del Artículo:

La educación pública universitaria en estado de coma

ove/mahv

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Reforma Educativa: ¿De qué hablamos cuando hablamos del futuro de la educación o de la educación del futuro?

Por Darío Balvidares

Que los avances tecnológicos son una realidad, eso no es discutible; que el acercamiento de los productos tecnológicos modifica nuestra relación con la percepción del mundo (físico y simbólico), tampoco.

Como tampoco lo es que esos “avances” hayan resuelto la pobreza o el empleo. Por el contrario, lo que ha avanzado es el desempleo, el trabajo precario (o esclavo) y la pobreza.

Así como otra de las falacias y ya entrando en el territorio de la reforma, que la escuela sea la “responsable” de la pobreza o del crecimiento económico.

El empobrecimiento expansivo de la población de un país, por ejemplo, Argentina, no depende de la educación, sino de las políticas económicas y sociales (como las dos grandes cajas) que deciden los gobiernos, votan los legisladores y complace el, históricamente aristocrático, poder judicial.

Respecto del “crecimiento económico”, el discurso presidencial dice que existe, pero que es “invisible”. Claro, ahora en el territorio discursivo, todo es más difuso, sobre todo porque el discurso político burgués no se mueve con parámetros de verdad sino de verosimilitud. Es decir, aquello que se puede hacer “creíble” por la fuerza de la repetición (tal vez deberíamos decir, por la fuerza de la manipulación de la opinión pública mediatizada y a través los pospolíticos tecno-trolls, si se me permite el término y para no abundar).

Aunque, generalmente, el discurso del verosímil sufra corrimientos y se desplace del relato realista (uno de los modos de la ficción), al verosímil fantástico (otro de los modos de la ficción). Claro que esto corresponde a la literatura, solo que la ficción literaria es simulacro, el lector “cree”, es parte del pacto ficcional que propone el relato, es “cómplice”, para dejarse llevar por la trama y sus personajes.

En cambio, en el discurso político, se trata de simulación. Simular es mentir. Y eso es a lo que estamos expuestos, como población, como ciudadanos, como habitantes, mientras las relaciones de mercado sea la superestructura del vínculo político.

Tal vez en los tiempos que corren sea más visible (para los que quieren ver) porque, para lo que a este artículo le ocupa, la reforma educativa (inserta en la lógica del mercado) se expone más brutal y, paradójicamente natural dentro de la categoría: “reformismo permanente”, como lo dieron en llamar no sólo algunos funcionarios, sino el propio presidente Macri[1]. 

El futuro de la educación

Claro que pensar desde una perspectiva crítica, contra el sentido común reformista y simulador, nos coloca en desventaja. ¿Cómo deconstruir el discurso que ha puesto en crisis la educación?

Desde el Banco Mundial, la OCDE, pasando por la propia UNESCO y el BID, hasta la plaga de corporaciones, ong y fundaciones, internacionales y vernáculas, el territorio de la educación pública se ha transformado en zona de caza, a través de los procesos de Exoprivatización como de Endoprivatización. Los negocios de consultoría; pruebas estandarizadas, nacionales e internacionales; formación y capacitación docente y de directivos, observatorios de educación a cargo de ceos, etc. etc. y la proliferación de escuelas y universidades privadas con un crecimiento exponencial desde los ’90 del siglo pasado, desde los inicios de la reforma. Cuando se decidió poner en crisis el sistema público.

Alguno de los enunciados de la estructura profunda del discurso de la reforma educativa son: “la educación está en crisis”; “la escuela no sirve más”; “los docentes están mal formados”.

En la concepción instrumental del conocimiento, los reformadores resuelven de acuerdo con los resultados de lo que dieron en llamar pruebas estandarizadas. Un gran negocio que mueve cientos de millones de dólares en el mundo, por una parte. Y opera con un conocimiento descontextualizado, incluso por fuera de la currícula escolar correspondiente, por otra.

Pedagógicamente nula, puesto que más allá de la descontextualización, los tiempos de realización son extensos, no se trabaja en equipo, es simplemente la medición de un individuo a través de un examen múltiple Choice. Nada más antipedagógico para un sujeto que aprende.

Pero claro, el negocio está en que formemos a los estudiantes con esos modelos estandarizados, pues en la era de las democracias empresariales, las corporaciones requieren esa formación estandarizada, desujetivada. Con docentes “reclutados” para la ocasión, que sean capaces de “olvidar lo que saben”, para ser permeables a los nuevos “conocimientos que requiere el siglo XXI”.

Un puñado de ceos puestos a definir la educación, lo venimos escribiendo desde los comienzos de la reforma, la educación como mercado, porque el capitalismo necesita abrir nuevos mercados para superar sus crisis endogámicas.

No es la escuela la responsable de la pobreza, son los modelos estandarizados del capital los que generan pobreza para determinadas regiones y riqueza para otras. Pero esto es muy largo de explicar para un artículo, diremos que se trata de la colonialidad del poder en muchos de los países de la región, uno es Argentina.

Grafiquemos. Durante la primer semana de abril se presentó al ministerio de educación, un documento titulado: Argentina: El Estado de las Políticas Públicas Docentes – Informe de seguimiento PREAL – 2018

La autoría del documento está asignada al profesor Mariano Narodowski[2] y colaboradores.

De todas maneras, lo importante para lo que nos ocupa es que el informe es del PREAL, es decir, del Programa de Promoción de la Reforma Educativa para América Latina y el Caribe.

Este programa tiene cede en Washington, porque está impulsado por Diálogo Interamericano (IAD), que se presenta de la siguiente manera: “La membresía del Diálogo Interamericano incluye más de 100 destacados líderes públicos y privados de los Estados Unidos, Canadá y 21 países de América Latina y el Caribe”. Entre los miembros argentinos están: José Octavio Bordón[3], José María Dagnino Pastore[4], Gustavo Grobocopatel[5], Susana Malcorra[6], Alfonso Prat-Gay[7], María Eugenia Vidal[8].

Los nombres de los argentinos y argentinas que son miembros del IAD nos muestran, claramente, la orientación ideológica de la reforma  y el carácter neocolonial respecto de las organizaciones que la rigen. Organizaciones creadas en los Estados Unidos, que funcionan en Washington y que incluyen  membresía  latinoamericana para decidir los destinos de nuestra región.

Volviendo al documento, Informe de seguimiento PREAL – 2018 – Argentina, su edición es responsabilidad del IAD y de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), algo parecido a una “Oficina de Indias”.

La reforma en la educación pública se enmarca en organismos de derecho privado y en una oficina de carácter neocolonial.

Digo esto, porque es importante conocer los orígenes de lo que algún ministro y algún presidente llamó la “revolución educativa”, me refiero al exministro de educación y actual senador de la nación, Esteban Bullrich y al presidente, Mauricio Macri.

Los postulados del IAD son, los más recientes, de 1992, 1996 y 1999, al igual que los del programa de su creación, el PREAL. Más cercanos a la década del ’80 del siglo pasado que a las postulaciones tan “renovadoras” del siglo XXI.

En realidad el juego es siempre el mismo, destruir la potencia sindical y desplazar el sistema público a formas de tercerización, charterización, a eso lo disfrazan de autonomía escolar, además de la destrucción del estatuto docente, repitiendo “que es obsoleto” porque resguarda los derechos conquistados por los trabajadores docentes.

Todo lo “obsoleto” que queda de público, termina siendo “nuevo” coto de caza del negocio privado.

Veamos, un trabajo[9] del “Grupo Sophía” de 1996 sobre la autonomía escolar;  financiado por la fundación Banca de Boston, decía lo siguiente: “La propuesta apunta a darle mayor poder de decisión y autonomía a las escuelas a través del financiamiento de la educación a través de la demanda, de la creación de incentivos, de la generación de competencia entre escuelas, de la delegación de responsabilidades, de la participación real de los directivos (…) para aplicar un modelo de descentralización eficiente creemos que es necesario implementar la reforma principalmente en dos sectores, (…) docentes, como figura clave y necesitada de incentivos, y financiamiento, buscando la manera de hacerlo más eficiente y equitativo…

Es claro que el proyecto es alejar la escuela de lo que es, para transformarla en un elemento del entonces incipiente mercado educativo. La competencia, entre escuelas como nuevo componente alienatorio y el docente como sujeto interactivo del mercado que regula su actuación con los incentivos por performance.

El proyecto Sophía no es más que la reinscripción de la misma idea de disolución de lo público, que va a recorrer todos los documentos de la reforma que propone la desposesión educativa.

El actual documento: Informe PREAL dice: “Un punto clave es el rol de los directores escolares, hoy con muy poco margen de maniobra para la toma de decisiones. Aunque su implementación está en un momento inicial, algunas jurisdicciones provinciales están avanzando en modelo de mayor autonomía”.

Todas estas particularidades hacen pensar en la necesidad de actualización, rediseño y reforma de la normativa

No existen incentivos financieros, institucionales ni simbólicos para seleccionar a los mejores candidatos. Tampoco los directivos pueden intervenir en tal proceso”.

“La carrera docente estatal jerárquica, con nulos incentivos a permanecer en el aula frente alumno y con bonificaciones sólo por antigüedad, debería dar lugar a incentivos a la innovación, a la capacitación y, especialmente, a la responsabilidad por los resultados obtenidos. Esto implicaría modificaciones regulatorias sustantivas para que identidades docentes reflexivas e innovadoras superen al viejo modelo basado en el paso del tiempo”.

Entre el documento vernáculo del Grupo Sophía y el informe PREAL editado por oficinas neocoloniales 22 años más tarde, no hay ninguna diferencia en cuanto a lo sustancial.

Convertir al docente en actor de mercado, preocupándose no por preparar sus clases, seleccionar los formatos didácticos y pedagógicos, sino alienándose en busca del reconocimiento tardío y aceptando alegremente la pérdida de los derechos, porque las organizaciones de derecho privado así lo han decidido en función de sus propias rentabilidades, monetarias y, sobretodo, ideológicas.

Los directores deben tener “mayor autonomía”, para transformarse en gerente de recursos humanos y seleccionar o reclutar, como tanto les gusta decir a los reformadores, sus propios docentes, como si se tratara de una escuela privada.

No, no se trata de una reforma contrapedagógica instrumental, solamente; es, también, una reforma laboral del tipo neoliberal. Primero la estigmatización del trabajador docente y luego la precarización de su trabajo con el maquillaje de la simulación del mercado para imponer las nuevas viejas reglas de juego.

Lejos de la autonomía proclamada, mayor control y mayor alienación. La autonomía es solo parte de la simulación para ir al objetivo de la charterización y la contratación docente luego de disolver el estatuto que rige la actividad y otorga protección a los derechos de los maestros.

El futuro de la educación está en manos de economistas y administradores de empresas corporativos vía las fundaciones de las que son ceos o directores ejecutivos y de esas organizaciones multilaterales como Diálogo Interamericano (IAD) y su programa PREAL. Además de decenas y decenas de ong virales y parasitarias que responden a los organismos neocoloniales, porque de muchos de ellos reciben los fondos, además de los dineros públicos de los gobiernos que las contratan; como a la fundación Cippec: “…la sostenibilidad de CIPPEC es posible gracias a: los argentinos que donan mensualmente o anualmente; el apoyo de empresas nacionales y internacionales y fundaciones comerciales; y agentes de agencias de cooperación internacional, fundaciones filantrópicas y organizaciones no gubernamentales que apoyan actividades y proyectos. En varias ocasiones, CIPPEC también ha sido contratado por los gobiernos para llevar a cabo investigaciones o implementar proyectos[10].

Este es solo un ejemplo de cómo naturalizamos la privatización de la política en general y la política educativa en particular.

La semiótica reformista muestra el proceso de privatización creciente, sobretodo  en la presentación del documento PREAL, estuvo presente, como no podía ser de otra manera, Ariel Fiszbein.

Ariel Fiszbein es el director del Programa de Educación en el Diálogo Interamericano. Antes de unirse al Diálogo, Fiszbein fue economista jefe de la Red de Desarrollo Humano del Banco Mundial, donde ayudó a desarrollar estrategias para trabajar en todo el mundo en educación, salud, nutrición, población, protección social y trabajo. Fiszbein tiene más de 20 años de experiencia trabajando en educación y otras cuestiones de política social en América Latina y el mundo. Nacido en Argentina, tiene un doctorado en economía de la Universidad de California, Berkeley[11].

Estos son los reformadores, este es el futuro de la educación, subsidiaria de los designios del mundo corporativo, de las ideas del mercado para el formateo del trabajador docente y su salario y, por sobre todo, para instruir, no educar, a los futuros empleados del trabajo que aún no conocemos, esto es, “fabricar”, en serie estandarizada, sujetos flexibles y adaptables a la realidad creada/simulada por las corporaciones.

Una más sobre el futuro de la educación: el Observatorio Argentinos por la Educación, repite la fórmula  de quienes “velan” por el conocimiento. Los “argentinos por la educación” son, también, ceos empresariales acompañados por intelectuales y técnicos de la reforma, en su mayoría representantes de organizaciones y universidades privadas.

Veamos cómo está conformado el consejo ejecutivo del Observatorio Argentinos por la Educación[12]: Roberto Souviron[13]; Ricardo Torres[14]; Karina Roman[15]; Constanza Gorleri[16]; Manuel Álvarez Trogé[17]; Federico Eisner[18]; Laura Muchnik[19].

Estos empresarios son los que conforman el observatorio “preocupado” por la educación, en realidad todos son personajes de grandes negocios.

Al igual que sus pares de la Fundación “Mexicanos Primero”: “En 2005 Emilio Azcárraga Jean, el dueño de Televisa y 12 amigos más crearon la fundación Mexicanos Primero. Después se sumarían otros más a su patronato. Todos ellos hombres de poder y dinero, frecuentes en las listas de los más ricos del mundo y del país. Con esta fundación, la decisión de dictar el rumbo de la educación por parte de los hombres más ricos de México se hizo explícita y pública desde el sexenio pasado. Para tal fin produjeron cuatro documentos, inventaron un índice educativo, crearon una película, difunden campañas mediáticas en contra del magisterio y penetran espacios de poder y de decisión política. Como ellos no son educadores sino empresarios, se sirven de intelectuales, investigadores e instituciones pública de todo el país, y participan con organismos internacionales con los que intercambian convenios. Todo ello en concordancia con la OCDE y el FMI…[20]

No son coincidencias. La apropiación del territorio público de la educación es una operación estandarizada de desposesión, planificada a nivel local, regional y mundial.

Este camino es el futuro de la educación, en manos de las corporaciones para satisfacer sus obscenos y multimillonarios intereses, además de la imposición ideológica como único lente para mirar la realidad.

La educación del futuro

El Origen: la fragmentación.

Muchos problemas aquejan a los sistemas educativos, pero la mayor parte de ellos son producto de los procesos de reformas iniciados cuando las leyes de educación de los países de la región fueron una imposición de los incipientes pactos firmados durante los ’90 del siglo pasado y la marca, Educación para Todos. Esos pactos dieron origen a las leyes reformistas y en el caso argentino, a la segunda etapa de descentralización del sistema educativo, las escuelas medias y los institutos terciarios de carácter nacional pasaron a ser responsabilidad de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cabe aclarar que la primera parte de la descentralización educativa, la transferencia de las escuelas primarias, fue realizada en 1979, durante el proceso de la Dictadura Genocida (1976-1983).

La fragmentación del sistema puso de manifiesto también el quiebre de la fuerza gremial –sindical. Mostró la debilidad de sindicatos que fueron y son funcionales a todas las “adecuaciones” que proponen los reformadores, incluso hasta la aceptación de la baja salarial. Y otros que resisten y denuncian, como ADEMYS en la Ciudad de Buenos Aires y en estos tiempos UTE, afiliado a la CTERA, que durante los tiempos del kirchnerismo, parecía no advertir que la reforma a educativa continuaba. ATEN (seccional capital, en Neuquén), ANSAFÉ (Venado Tuerto, provincia de Santa Fé) son algunas de las seccionales sindicales de las llamadas combativas, entre otras tantas como varios de los SUTEBAS (en la provincia de Buenos Aires).

Recalculando: una transformación revolucionaria

Renacionalizar el sistema, desde abajo, desde los maestros y profesores nucleados en los gremios y seccionales combativas, apelar a los alumnos y estudiantes para llegar a las familias y explicarles el objetivo principal de la reforma: el fin de la educación pública.

Pensar y diseñar un sistema de distribución en cuanto a estructura que esté fundado en la participación.

Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires están los centros educativos distribuidos en distritos escolares (DE), cada DE posee un número E de escuelas primarias y secundarias, a la vez están las regiones (R), que suman un número de DE y los institutos terciarios que podrían vincularse  a través  de R.

El sistema se reorganiza de la siguiente manera. Como todos los ministros de educación de la reforma, han dicho que “el ministerio de educación de la nación no tiene escuelas, ni paga salarios”, tampoco convoca a paritarias. En fin, no tiene razón de existencia, dado que su rol lo cumplen las fundaciones y ong que transforman en políticas las recomendaciones de las organizaciones internacionales.

Entonces podemos disponer el cierre de un ministerio que está en las antípodas de la vida escolar y además ha tercerizado su trabajo a instituciones privadas. De tal forma que también ahorraríamos en las millonarias contrataciones a esas ong, fundaciones y consultoras.

Así como se suprimirán todos los subsidios a la educación privada, las escuelas laicas que no puedan continuar serán transformadas en escuelas públicas. La confesionales serán sostenidas por sus propias congregaciones, o no serán.

En el caso de cierre de los centros privados (confesionales o laicos) todo el personal docente y no docente pasará a trabajar directamente a establecimientos públicos, en caso de no aceptar, presentarán su renuncia.

Volvamos a la estructura de un sistema educativo solidario y participativo en lo político.

Cada escuela (primaria y secundaria) elige un representante (me refiero a un formato de representación) para el distrito, de tal manera que cada escuela de ese distrito tiene su propia representación distrital. De la misma forma, de cada distrito saldrá elegida su representación para actuar en la región a la que pertenezca y de las regiones saldrá la representación jurisdiccional, que junto a las otras representaciones jurisdiccionales del país formarán el Consejo Nacional Participativo de Educación.

Y los ministerios se cierran por ser instituciones obsoletas, que representan una arquitectura disfuncional y onerosa del presupuesto educativo.

Claro que todo el personal de planta de los respectivos ministerios seguirá en sus funciones, pero en las escuelas, los distritos, las regiones y las  jurisdicciones. Los funcionarios políticos serán dados de baja y los salarios que percibían se redistribuirán según las necesidades presupuestarias.

Las representaciones pueden durar no más de 4 años sin posibilidad de reelección, de manera que los estadios que concentran poder, fluyan para no burocratizarse. Los centros educativos tendrán derecho al veto de sus representaciones por incumplimiento de las funciones que se le fijen a dichas representaciones. Las familias y los estudiantes tendrán representación en los concejos escolares de cada centro (que discutirá el funcionamiento y los alcances).

Apenas un esbozo de un nuevo modelo de estructura sistémica, con el protagonismo a quienes hacen el sistema y disolviendo lo que podríamos llamar la aristocracia ministerial y sus cortesanos por ser un gasto innecesario para un proyecto que se propone socialmente participativo.

En definitiva, la historia de estas instituciones de la llamada res-pública, cosa común, nunca fueron comunes. La estructura piramidal del sistema educativo, nunca fue ni siquiera, sometido a crítica. Los reformistas, jamás pensaron la reforma en el conjunto de la estructura sistémica, justamente porque necesitaban de esas instituciones vetustas, burocráticas y, sobretodo, aisladas del mundo real de la educación, la escuela.

Habrá mucho para pensar, el lugar de las universidades públicas, por ejemplo, respetando su autonomía pero con el presupuesto necesario para no tener que aceptar que los grandes grupos corporativos les den los dineros para funcionamiento a cambio de investigaciones para los intereses privados.

Uno de los grandes desafíos es llevar a las universidades públicas más cerca de la sociedad, de las necesidades de la población, como lo hacen en algunas carreras o en algunas materias. Aquí pienso en el Dr. Damián Verseñazzi, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que lleva a los estudiantes del último año de la facultad a hacer un trabajo de campo sobre las poblaciones de los llamados Pueblos Fumigados por los agrotóxicos. Como este hay innumerables ejemplos, pero son acciones solitarias.

La refundación de un sistema educativo solidario y participativo debe llevar a que este tipo de acciones sea la dinámica constante en el tránsito del aprendizaje. Y no, esas pasantías esclavas en los Mc Donald’s o similares, donde la pedagogía de la adaptación y la flexibilidad son los fundantes de la alienación.

Basta de economistas y administradores de empresa corporativos decidiendo los destinos de la educación de nuestros hijos, los destinos de los trabajadores docentes.

Los discursos de los reformadores se han tornado una máquina de impedir cualquier reformulación del sistema que no sea desde sus propias y falaces premisas.

El problema no es la calidad educativa, o el abandono, o la capacitación docente, o…bla…, bla…, bla…

El problema son ustedes, porque ustedes son este sistema y este sistema está agotado, es vetusto, obsoleto, treinta años de reforma y repiten siempre lo mismo, y estigmatizan a los docentes y reivindican la educación privada… y se rasgan las vestiduras estandarizadas, mientras organizan foros en fundaciones estandarizadas para tomar las estandarizadas decisiones.

La educación del futuro debe estar en manos de los educadores de los centros públicos de educación, y del Consejo Nacional Participativo de Educación como encargado de las decisiones políticas y recomendaciones pedagógicas, siempre de carácter social y de aplicación colectiva, como también del presupuesto que no podrá ser inferior al 15 por ciento del PBI de manera de incluir también el área de Ciencia y Tecnología.

O tomamos en nuestras manos la educación del futuro o no habrá futuro de la educación para la formación de sociedades más justas e igualitarias. Y… entonces el mercado ejercerá más poder con su nueva mercancía.  


[1] https://notasperiodismopopular.com.ar/2017/10/23/macri-etapa-reformismo-permanente/

[2] Fue ministro de educación de la Ciudad de Buenos Aires durante la jefatura de Mauricio Macri, entre los años 2007 y 2009, cuando se aleja del cargo por la imputación del juez federal,  Norberto Oyarbide respecto de las “escuchas” y el “nombramiento” en esa cartera del “espía” Ciro James. Además de la disminución en el presupuesto general y muy pronunciada en infraestructura; al mismo tiempo, un fuerte aumento del gasto para la educación privada.

[3] Primer embajador en EEUU durante el primer kirchnerismo. Presidente de la Comisión Internacional sobre Educación, Equidad y Competitividad económica en America Latina y el Caribe.

[4] Es un empresariobanquero y economista argentino que se desempeñó dos veces como Ministro de Economía de la Argentina, en ambas ocasiones integrando el equipo de gobierno de dictaduras militares. En la primera oportunidad se desempeñó bajo el mando del presidente de facto Juan Carlos Onganía, durante la dictadura autodenominada Revolución Argentina (1966-1973). En la segunda oportunidad se desempeñó bajo el mando del presidente de facto Reynaldo Bignone, durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Wikipedia

[5]Empresario agro-industrial conocido como “El Rey de la Soja”.

[6] Fue nombrada canciller en diciembre de 2015 en el gobierno de Mauricio Macri y luego renunció en 2017.

[7] Fue presidente del Banco Central (2002-2004) durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires (20092013), electo por el Acuerdo Cívico y Social (ACyS), siendo designado presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados.

El 10 de diciembre de 2015 fue designado ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, por el presidente Mauricio Macri, renunciando a fines de diciembre de 2016. Wikipedia.

[8] Actual Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, electa en diciembre de 2015. Fue integrante del “Grupo Sophia”, junto a otros actuales funcionarios del PRO, como Horacio Rodríguez Larreta, actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La ong recibía fondos de la fundación Banco de Boston y otras entidades como el Banco Mundial.

[9] “Hacia una escuela con mayor autonomía” Grupo Sophia – Fundación Banco de Boston 1996

[10] Página web de la fundación Cippec.

[11] https://www.thedialogue.org/experts/ariel-fiszbein/

[12] http://argentinosporlaeducacion.org/nosotros

[13] Es fundador y fue CEO de Despegar.com, la agencia de viajes más grande de Latinoamérica y se ubica entre las cinco más importantes del mundo con presencia en 14 países. Se graduó como Licenciado en Administración de empresas en la Universidad de San Andrés y realizó su MBA en la Universidad de Duke. Antes de Despegar trabajo como consultor de empresas en Coopers & Lybrand y como analista de estrategia de negocios de Stet France Telecom.

[14] Es uno de los cuatro socios fundadores de Pampa Energía, la mayor empresa de energía integrada e independiente de Argentina, la cual cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y Buenos Aires. A través de sus subsidiarias y negocios, Pampa participa en la cadena de valor de electricidad y gas. Ha sido miembro del directorio de Pampa Energía desde su creación en noviembre de 2005 y es vicepresidente ejecutivo desde el 2017. Anteriormente a esa posición, ocupó el puesto de co-CEO de Pampa hasta diciembre de 2016. Asimismo, es el presidente del directorio y CEO de Edenor desde marzo de 2012. Nacido en 1958, Torres es Contador Público Nacional graduado de la Universidad de Buenos Aires y posee una maestría en administración de empresas expedido por la Escuela de Negocios de la Universidad Austral.

[15] Preside la compañía holding de inversiones que forma parte de Organización Román, un Family Office con sede en Argentina que realiza inversiones de equity y deuda directa. Es miembro fundador del Centro de Investigación de Política Urbana y Vivienda (CIPUV, Universidad Torcuato Di Tella), miembro del Consejo Asesor del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), miembro del Consejo Económico y Social de la Universidad Torcuato Di Tella y miembro del grupo iniciador de Argentina Debate y Argentina Elige.

[16] Gerente de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Banco Galicia. Tiene a su cargo la elaboración del Plan de RSC y el desarrollo del Informe de Sostenibilidad del Banco. Maneja las Relaciones con la Comunidad y es la Coordinadora General del Programa de Voluntariado que agrupa a los empleados cuyo nombre es PRIA. Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, y periodista egresada de la Universidad Católica Argentina.

[17] Presidente y Fundador de la Asociación Civil Proyecto Educar 2050, miembro del Consejo de Gobierno de la red REDUCA por la mejora de la Educación en el continente. Es Abogado por al Universidad de Buenos Aires y profesor de Derecho en esa Universidad. Integra este consejo en representación de la Asociación Civil Proyecto Educar 2050. Y Ceo de Telefónica Internacional.

[18] Socio de Bain & Company. Fundada en 1973 por Bill Bain en Boston, Bain & Company es una de las mayores empresas de consultoría estratégica del mundo. Es Ingeniero Industrial egresado de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su MBA en la Universidad de Columbia.

[19] Fundadora de Muchnik. A lo largo de su carrera creó 3 agencias de PR líderes del mercado, siempre con un fuerte foco en la innovación. Durante los últimos 25 años, ha asesorado a compañías y organizaciones multinacionales, regionales y locales, así como a emrendedores de alto potencial. Coordina programas de comunicación externa e interna a nivel regional, orientados a crear reputación y desarrollar nuevos negocios, combinando campañas innovadoras, objetivos realistas y resultados concretos. Se especializa en Branded Content, Comunicación Estratégica y Networkig. Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y realizó numerosos programas de formación en management.

[20] “¿Quién manda en educación?” Miriam Sánchez Hernández – Diario La Jornada – México 02/06/2013

Fuente: enviado a redacción OVE

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La contrarreforma educativa

Por: Gilberto Guevara Niebla

A muchos nos preocupa el trato que recibe el tema de la educación en medio del tumulto electoral. Alarma la idea, manifestada por Andrés Manuel López Obrador, de reunir en estos días en Guelatao, Oaxaca, a un grupo de maestros para aprobar un “plan de educación” que substituya a la infamada reforma educativa y que “corresponda a los verdaderos intereses de los maestros”.

Por lo visto, el candidato de Morena quiere apresurar los tiempos, no va a esperar ser investido presidente y en plena campaña, al calor de la agitación electoral, pretende producir un proyecto educativo alternativo.  Nos preocupa que el destino de la educación nacional, que es un valor supremo de la república, sea decidido por una reunión de individuos, probablemente, los líderes de la sección 22 de Oaxaca, que hasta hoy se han caracterizado por su sectarismo, sus expresiones de odio y violencia, y en ningún caso por sus ideas pedagógicas.

La preocupación crece cuando se constata que López Obrador sigue encabezando las preferencias electorales y que, debido a los desaguisados recurrentes de sus opositores, muy probablemente será el electo presidente. Lo que no se observa, sin embargo, es que la estatura de estadista del candidato esté creciendo y que asuntos tan cruciales como el educativo los pretenda dejar en manos de un grupo que no representa al magisterio y menos a la sociedad en general.

La otra facción magisterial aliada a López Obrador, la que encabeza Elba Esther Gordillo, es igualmente impresentable y a éstos los mueve más un ánimo de revancha política que un interés auténtico, sincero, por apoyar la educación nacional. Se ignora qué protagonismo tendrán en la definición de la nueva reforma o, si se quiere, contrarreforma educativa, pero es obvio que no querrán permanecer al margen.

La estrategia de AMLO es transparente: él quiere atraer votos para su causa por cualquier medio, sin reparar en valores morales —aunque presume de ser el líder de un renacimiento moral del país—. ¿Cuál es la moralidad –nos preguntamos– de la CNTE-Oaxaca? ¿Qué respeto guardan por el derecho a la educación de los niños de su estado? La sección 22 es una agrupación oscurantista que razona poco y, en cambio, utiliza mucho la violencia, la usa como método sistemático de lucha. Persigue a quienes discrepan de ella y los maestros que se atreven a participar en las evaluaciones son objeto de acoso y persecución: los persiguen, los rapan, los estigmatizan y los agreden físicamente.

¿Y que representa en términos de moral, su otra fuerza aliada, la profesora Elba Esther Gordillo? No, esta forma de política no se guía por criterios morales, es una política pragmática que busca ganar el voto de los profesores explotando el malestar que priva entre ellos por el procedimiento más rápido y eficaz: ¿qué mejor forma de hacerlo que echando abajo, al menos simbólicamente, la reforma educativa por anticipado?

Pero, en medio de todo esto, hay datos confusos: se nos informa que el congreso nacional de la CNTE acordó explícitamente no apoyar a ninguno de los candidatos a la Presidencia “porque todos ellos —incluso López Obrador—, son candidatos de la oligarquía (sic)” (Milenio 18-03-18). Los congresistas van a seguir, por su lado, la lucha para derogar la reforma educativa llevando a cabo “una protesta nunca vista” y que incluye una serie de paros nacionales en las escuelas. ¿Obligan estos acuerdos a que la sección 22 rompa su alianza con AMLO? No lo sabemos.

La educación es interés de toda la nación, de todos los ciudadanos, y es una aberración que sean grupos facciosos quienes decidan su futuro: es un interés compartido de maestros, padres de familia, trabajadores, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, colegios profesionales, profesores universitarios, comunicadores, intelectuales, artistas, etc., etc. Creo que, por lo mismo, vale la pena luchar por impedir que en esta materia priven criterios estrechos que, a la postre, acarrearán daños irreparables para México.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-contrarreforma-educativa/

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Boletín Informativo N°. 4 sobre Reformas y Contrarreformas Educativas. GT CLACSO

Publicación que llega a ustedes, gracias al apoyo de investigadores(as) del GT CLACSO “Reformas y Contrarreformas Educativas” y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD), registrado en el IESALC – UNESCO.

Iniciaremos nuestro recorrido informativo mencionando las reformas educativas de secundaria en Argentina. En ese sentido, citaremos tres artículos que delinean la situación que ocurre en ese sistema educativo, el primero, de Débora Kozak, titulado “Las patas de la mentira”, en  https://www.pagina12.com.ar/86984-las-patas-de-la-mentira; el segundo, de Marcos Denevi, titulado “En 2018 comienzan las reformas en la Secundaria”, en http://www.elcivismo.com.ar/notas/30594/ y el tercero, de Mariana Otero, titulado “20 cambios que traerá la reforma educativa en secundarios de Córdoba” en http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/20-cambios-que-traera-la-reforma-educativa-en-secundarios-de-cordoba

Seguidamente, se presentará “Notas sobre los resultados de Chile en la última prueba internacional de formación ciudadana” Por: Daniel Miranda y Juan Carlos Castillo, en http://ciperchile.cl/2017/12/28/notas-sobre-los-resultados-de-chile-en-la-ultima-prueba-internacional-de-formacion-ciudadana/

En Centro América, iniciaremos con República Dominicana con dos artículos, el primero de la Dra. Rocío Zuluaga de Prato. Directora general Instituto de Capacitación Dominicano – ICD, quien menciona “El ‘invitado de honor’ en reformas educativas” en https://listindiario.com/la-vida/2018/01/05/497476/el-invitado-de-honor-en-reformas-educativas y el segundo, de María Teresa Morel, “Educa cree 2017 fue año de reformas educativas” en http://www.elcaribe.com.do/2017/12/21/educa-cree-2017-fue-ano-de-reformas-educativas/

Por otro lado, en Guatemala la “Reforma escolar genera dudas sobre continuidad de educación musical” en http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/mineduc-publico-acuerdo-que-elimina-curso-de-educacion-musical-y-desata-polemica

En Cuba, en la educación universitaria hay un “ Nuevo plan de estudios, nuevas expectativas”, artículo escrito por: Liannet Gómez Abraham, María Karla González y Raúl Escalona Abella en http://www.granma.cu/cuba/2018-01-02/nuevo-plan-de-estudios-nuevas-expectativas-02-01-2018-22-01-47

Para cerrar, éste recorrido Nuestroamericano, no puede faltar México, donde se han desarrollado las más grandes reformas del sistema educativo en éstos últimos años. Por ello, mencionaremos “Washington impuso reformas de EPN: AMLO” en http://ntrzacatecas.com/2018/01/04/washington-impuso-reformas-de-epn-amlo/ , el artículo de Carlos Ornelas, titulado: “Reformas educativas: el turno de América Latina” en http://www.educacionfutura.org/reformas-educativas-el-turno-de-america-latina/ y por último, “CDU-UASLP avaló 11 reformas curriculares de planes de estudio académicos” en http://pulsoslp.com.mx/2017/12/13/cdu-uaslp-avalo-11-reformas-curriculares-de-planes-de-estudio-academico/

Elaborado por: María Magdalena Sarraute. GT CLACSO – OIREPOD

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México: Pierden plaza 398 profesores de Oaxaca por no acudir a evaluación

México/Julio de 2017/Autor: Octavio Vélez/Fuente: NVI  Noticias

Al menos 398 profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), habrían perdido ayer su trabajo por no participar en la evaluación de desempeño, que establece la reforma educativa.

De acuerdo con la minuta firmada por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa con la gremial, el 7 de diciembre del 2016, se inició el proceso de regularización de tres mil 699 trabajadores de la educación, que comprobaron estar en servicio.

Entre estos, dos mil 401 docentes quienes estaban obligados a participar en la evaluación de desempeño, para cumplir las disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente o de lo contrario, su relación laboral terminaría el 15 de julio del 2017.

Sin embargo, según un informe del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la Secretaría de Educación Pública (SEP) tenía una meta de participación de cuatro mil 114 docentes en la evaluación de desempeño, aunque solamente acudieron tres mil 716 en las tres oportunidades de la evaluación de desempeño.

Por consecuencia, no se evaluó el 10 por ciento, que son 398 docentes y cualquiera que sea el supuesto de su inasistencia, deberán ser separados del cargo por incumplir la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Aunque, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente no ha dado conocer públicamente las estadísticas desglosadas, para determinar el número exacto de profesos en proceso de regularización y obligados, que habrían perdido su empleo.

Fuente: http://www.nvinoticias.com/nota/64481/pierden-plaza-398-profesores-de-oaxaca-por-no-acudir-evaluacion

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