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Chile: laboratorio neoliberal

América del Sur/Chile/27-10-2019/Autor(a): Hugbel Roa/Fuente: diariodelosandes.com

Por: Hugbel Roa

Chile es el país dónde el neoliberalismo se jacta de haber tenido un “gran éxito”. En efecto, la reestructuración fue total. Fiel al programa neoliberal, la dictadura de Pinochet llevó adelante pautas económicas que llevarían a una desregulación drástica de la economía, desempleo masivo, una concentración de la renta en favor de los sectores económicos más cerrados, la privatización de bienes públicos, etc., lo cual fue posible aplicando un duro esquema de represión, sangriento y brutal.

El teórico social David Harvey, en su libro Breve historia del neoliberalismo, señala que la expresión política del neoliberalismo en tanto proyecto económico global conllevó una redistribución de capitales, restableciendo el poder de las élites internacionales y nacionales, sobre todo de países centrales como Estados Unidos o Inglaterra.

Una vez instalado el gobierno militar de Pinochet, a la persecución, la tortura, el exilio y la muerte de trabajadores y jóvenes de esa generación que defendió y le exigió a Allende la ruptura radical con la burguesía, se sumó una política económica totalmente neoliberal que aún, en pleno siglo XXI, Chile pretende mantener. De la mano de economistas formados en la Universidad de Chicago y a través del Proyecto Chile, financiado por la Fundación Ford y organizado por los “Chicago Boys”, el gobierno llevó adelante una reestructuración total de la economía. Con ello, Chile se convirtió en la base de operaciones del Plan Cóndor, diseñado por los EE.UU. y que permitía coordinar la represión hacia la vanguardia obrera y juvenil en gran parte de Sudamérica.

Hoy vemos en Chile, un precario sistema de protección social, una desigualdad social extrema, según la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país. Los adultos mayores tienen pensiones por debajo del sueldo mínimo, mientras que la Administradora de Fondos de Pensiones acumulan ganancias, el aumento de 10.5% en las tarifas de luz, el valor de los medicamentos es de los más altos de la región, con un sistema de salud privado que deja por fuera a los ancianos y es tres veces más caro para las mujeres. Un reciente estudio de la Universidad Diego Portales, determinó que de un total de 56 países alrededor del mundo, Chile es el noveno más caro.

A todos estos factores de descontento, se suma una ola de casos de corrupción en instituciones como El Ejercito y Policía de Carabineros, acusada de desviar más de 40 millones de dólares, aunado a la persecución y criminalización del movimiento estudiantil.

El pueblo chileno, encabezado por los estudiantes, hoy está en las calles protestando por el aumento en el pasaje del Metro, pero también el alza en el costo del Ferrocarril Metropolitano, que transporta a diario a casi tres millones de personas, los manifestantes alegan que un alza en el pasaje del metro es inconcebible, más aún si se considera que el transporte público en Chile es uno de los más caros en función al ingreso medio.

Los “ideólogos” neoliberales, apoyados de manera evidente por las grandes corporaciones mediáticas que históricamente han estado a merced de la burguesía, tratan de tachar como “delincuentes” y “violentos” a los estudiantes que hoy se manifiestan contra todas estas políticas neoliberales que afectan a más del 85% de la población, minimizando, además, que se trata del rechazo únicamente al costo del pasaje, cuando esto, es solo parte de un problema social mucho mayor. Ante esto, la respuesta del Gobierno chileno ha sido decretar toque de queda y militarizar las ciudades del país, volviendo a aquellos oscuros días de sangre, muertes y desapariciones que bien supo aplicar Pinochet.

Fuente e Imagen: https://diariodelosandes.com/site/chile-laboratorio-neoliberal-2/

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Falta de liderazgo en protestas complica situación en El Líbano

Asia/Líbano/27-10-2019/Autor(a): Armando Reyes Calderín/Fuente: www.prensa-latina.cu
Por: Armando Reyes Calderín
La falta de liderazgo en las protestas antigubernamentales en El Líbano, complica la posibilidad de encontrar solución a un movimiento espontáneo que condena a los políticos sean cualesquiera su profesión de fe.

Las manifestaciones sin precedentes acusan a la clase gobernante de saquear recursos estatales a lo largo de los años en el poder.

El robo, la corrupción y la venalidad de los dirigentes de Gobierno, Estado y Parlamento colocaron al país en una profunda crisis económica que por ironía hubo un intento de salvarla mediante más impuestos y gravámenes contra los que menos tienen.

A medida que surgen variantes para una solución, el tiempo corre y se agudizan las tensiones financieras de un Estado con una deuda de 85 mil millones de dólares, equivalente a 150 por ciento del producto interno bruto.

Los manifestantes demandan cambio radical en las estructuras de poder, una consigna similar a la de la llamada Primavera Árabe que derrocó en 2011 a los jefes de Estado de cuatro países.

Pero hay una diferencia, en aquella oportunidad respondía a un diseño de Estados Unidos e Israel para colocar gobiernos favorables a su política en la región.

En El Líbano, la situación pasa por la imposibilidad de los ciudadanos de a pie de continuar sufragando los lujos de una élite gobernante emergida de las cenizas de la guerra civil de 1975-1990.

Los señores de la guerra son los mismos que hoy día predominan en el escenario político nacional y, por supuesto, descartan abandonar sus posiciones y someterse al escrutinio popular.

Como prueba se toman los 17 mil desaparecidos durante el conflicto interno de 15 años que, pese a una ley aprobada por el Parlamento, sigue sin entrar en funciones y sancionar a los culpables de aquellos crímenes.

Con tal de frenar la ola de protestas, los partidos presentes en el Gobierno y Parlamento buscan alternativas, entre ellas las de reorganizar el Ejecutivo y mantener a Saad Hariri como primer ministro.

El resto del gabinete, sugieren, debían ocuparlo tecnócratas calificados para promulgar reformas urgentes, so pena de caer en la bancarrota.

Esa posibilidad en debate necesitará apoyo de todos, incluidos los manifestantes, pero ahí se traba el proceso por no existir una dirección única entre los miles que exigen un cambio en la historia libanesa.

En cualquier caso, el próximo gobierno debe ajustarse a las normas de las cuotas sectarias religiosas que comparten cristianos y musulmanes, otro de los obstáculos para un salto de calidad.

De tal manera que se volvería a más de lo mismo en la percepción de los protestantes, al igual que en caso de elecciones, a causa de que los candidatos independientes serían opacados por los de siempre, los ricos.

Se estima que la opción de una renuncia de Hariri aportaría más conflicto que solución, porque es probable se profundice aún más la crisis.

La otra variante de políticos consiste en una fatiga de los manifestantes y se alivie la presión, se mantenga un mismo Ejecutivo que llevará a cabo reformas destinadas a mejorar la situación económica.

Fuente e Imagen: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=315488&SEO=falta-de-liderazgo-en-protestas-complica-situacion-en-el-libano
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Suiza: Atribuye ONU a una mayor desigualdad social la ola global de protestas

Europa/Suiza/27-10-2019/ Autor y Fuente: www.publimetro.com.mx

Protestas en Bolivia, Chile, Ecuador, España o Hong Kong tienen pautas comunes: poblaciones hartas y enfadadas por condiciones socioeconómicas.

Portavoces de Naciones Unidas en Ginebra opinaron que el aumento de las protestas en todo el mundo, citando recientes ejemplos en Bolivia, Chile, Ecuador, España o Hong Kong, tiene como raíz el aumento de la desigualdad social y la brecha entre ricos y pobres, problemas que llamaron a atajar.

Aunque las razones de las protestas «son complejas y variadas» hay pautas comunes tales como «poblaciones hartas y enfadadas por las condiciones socioeconómicas, la corrupción, la desigualdad y el aumento de la brecha ricos-pobres», destacó la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos Ravina Shamdasani.

El portavoz de Naciones Unidas en Ginebra Rhéal LeBlanc, en la misma rueda de prensa, agregó que esta conflictividad social «indica que aún hay mucho que hacer para lograr los objetivos de desarrollo sostenible» en aras de reducir la pobreza y crear condiciones de trabajo digno.

Va en aumento desconfianza a gobiernos

Shamdasani apuntó que el descontento «se ve exacerbado por una creciente desconfianza en las instituciones de gobierno, los políticos y las elites en el poder» y subrayó que muchos de los movimientos de protesta empezaron por reivindicaciones específicas pero derivaron a muestras de malestar más generalizadas.

La portavoz añadió que la respuesta violenta contra algunas de esas protestas también ha servido para acrecentar el descontento en momentos en los que «las fuerzas de seguridad han incumplido los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza e intentaron obstruir derechos humanos fundamentales como la libre expresión».

Sobre el recurso a la violencia de algunos manifestantes, insistió en que las autoridades han de distinguir protestas pacíficas de aquellas que no lo sean, sin usar los altercados como carta blanca para usar la fuerza en cualquier circunstancia, lo que «es receta para convertir una situación terrible en catastrófica».

Shamdasani concluyó que la respuesta a todas estas protestas con raíces comunes debe ser «un diálogo genuino y significativo».

Fuente e Imagen: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/10/25/atribuye-onu-una-mayor-desigualdad-social-la-ola-global-protestas.html

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Placeros

David Calderón

No alcanzan los adjetivos. Estamos en México inventando nuevos, para describir despectivamente fenómenos de corrupción, o al menos para socializar nuestro disgusto. El huachicol, término que se empleaba originalmente para nombrar la práctica de adulterar los alcoholes, rebajándolos para aumentar la ganancia a costa del consumidor, acabó como etiqueta para designar al robo de combustible.

Después, el secretario de Educación Pública lo usó para referirse a los funcionarios de la anterior administración federal y algunos de los estados, especialmente los de Michoacán, quienes coaccionados por –o en acuerdo con– los líderes sindicales, cedieron al reconocimiento ilegal y sin fundamento de nombramientos y asignaciones de plazas en el servicio docente. Ha criticado acremente en varias ocasiones la práctica, sin apuntar a la corrupta y abusiva parte sindical, pero con evidente desprecio por la irregularidad.

Sin figuras retóricas, desde Mexicanos Primero iniciamos un litigio en contra de la Secretaría de Gobernación federal y el estado de Oaxaca, por acuerdos ilegales en los cuales la autoridad validaba plazas para maestros sin que se cumplieran los procesos y requisitos de la ley vigente. A la cabeza del acuerdo y con firma autógrafa, estuvo el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda. Los vencimos en tribunales: la Justicia de la Unión nos concedió la razón y mandó dejar insubsistentes los acuerdos, y verificar que se suspendiera todo efecto. No fue error técnico: fue abuso de poder y violación de los derechos de niñas y niños, y eso estableció el Poder Judicial de la Federación, así como que se revocaran.

En el repudio público, el asunto les salió barato. En una democracia más informada y funcional sería el fin de la carrera y del poco prestigio que aún les quedara a los involucrados. La sentencia judicial quedó firme. La secretaria de Gobernación actual, exministra de la Suprema Corte, reconoció que esa mala práctica del pasado era ilegal e inexcusable, y que a su Secretaría le correspondía cumplir. La autoridad de Oaxaca, a cargo del gobernador Murat, ha sido omisa y reacia al apremio judicial. El subsecretario Zoé Robledo arriesgó su inhabilitación y en el último momento, antes de dejar el cargo para irse a dirigir el IMSS, hizo un primer acto administrativo de cancelación de los acuerdos. Lenta, pero avanzaba la justicia.

Con la flamante reforma de este 2019, la Constitución manda que los nombramientos de docentes se hagan bajo la rectoría de la Federación, en procesos “… públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos”. Así, el interés superior de la niñez es la condición clave, pues el criterio explícito es que los aspirantes cumplan con un perfil que garantice el ejercicio del derecho de niñas y niños. El secretario Moctezuma afirmó que se acabaría el “huachicoleo educativo” y fustigó la incongruencia del pasado.

Sin embargo, este 8 de octubre de 2019, el subsecretario de Gobierno en funciones, Ricardo Peralta –también como su predecesor Miranda, con firma autógrafa– dejó asentado en un documento que se titula “Acuerdo con la Normal Rural de Tenería” el punto 5: “Otorgamiento por parte del Servicio Profesional Docente de 84 plazas a los egresados de la Normal Rural de Tenería, generación 2015-2019”. Proceso público sí, y hasta en papel membretado de Segob, pero nada más. Este proceso es contrario frontalmente a lo que marca la Constitución, pues es opaco, inequitativo, parcial; se hace como negociación y ante la retención contra su voluntad de personas no relacionados con el motivo de la protesta; ya no se diga que fuese un proceso de considerar conocimientos, aptitudes ni experiencia, y ni por asomo el derecho de los niños.

No le bastó violar la ley en forma clamorosa y dar lo que no está en sus competencias ni atribuciones. Ya encarrerado en eso de suplantar a la SEP, también afirmó en entrevista que su actuación responde a una “pedagogía de sensibilidad social”. Los normalistas que retuvieron ilegalmente a personas ciertamente aprendieron algo: que así se puede obtener plazas. Que no importa que la ley cambie, o que exista una secretaría del ramo: si se genera suficiente desarticulación con terceros no involucrados, a quien se atrae es a Gobernación, y se obtienen plazas.

Huachicoleros. O para el caso, placeros. No los que las buscan, sino quienes “otorgan” plazas como si tuviesen potestad. Desfondan los votos de cambio y las aclaraciones del titular de SEP, sobre la rectoría no entregada. Resulta que Gobernación decide sobre el Servicio Profesional Docente (que ni siquiera ha actualizado su nombre). Y no parece que sea una desavenencia crítica entre dos secretarios, la de Gobernación y el de Educación, sino los poderes extralegales y ampliados de un funcionario de menor nivel.

No se puede dejar pasar. No se puede normalizar. No podemos alzarnos de hombros y dispararle al subsecretario Peralta sus peculiares concepciones educativas. Nos honramos -como organización civil de estudio y defensoría del derecho a aprender- de basarnos en evidencia para nuestro discurso y actuación pública. No sabemos si ya se concretaron o cómo se harían esos nombramientos anticonstitucionales y violatorios de los derechos de la infancia y contrarios a la equidad para los egresados de la Normal de Toluca, si esos nombramiento van a estar borrados del “Sistema Abierto y Transparente”, el llamado SATAP, sobre el cual el Secretario Moctezuma tiene tanta esperanza, o si el funcionario de Gobernación engañó a los jóvenes que secuestraron los autobuses, como parte de su “pedagogía”. El caso es que traficar con plazas, acabar en placero, es algo que burla la responsabilidad confiada, quita autoridad y deja una pésima enseñanza: los adultos se arreglan entre sí, a costa de los niños. Ahora, pídannos que les creamos.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/placeros/

Imagen:https://www.turimexico.com/receta-taco-placero

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Universitarios protestan en Colombia por recursos

América del Sur/Colombia/13-10-2019/Autor y Fuente: lahora.com.ec

Multitudinarias marchas estudiantiles tomaron las principales ciudades de Colombia para exigirle al Gobierno más recursos para la educación pública, que carece de financiamiento.

Diez meses después de haber llegado a un acuerdo con el presidente Iván Duque para aumentar el presupuesto del sector, los estudiantes de universidades públicas y privadas salieron nuevamente a las calles alegando incumplimientos en lo pactado.

«Protestamos para exigirle al Gobierno (…) el cumplimiento total y no parcial de los acuerdos logrados el año pasado», declaró en Blu Radio la líder estudiantil, Alejandra Sánchez, de la universidad privada Javeriana.

Sin embargo, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, sostiene que el Gobierno «está cumpliendo» y que para el 2020 el sector tiene asignado un presupuesto de 12.000 millones de dólares, «el más alto de la historia».Corrupción y fuerza policial
Las movilizaciones fueron convocadas por la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees), que reúne a más de 50 entidades públicas, y la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), donde participan alumnos de entidades públicas y privadas.

«86 millones de dólares se comprometió el Gobierno a otorgar el año pasado».

Con cánticos y bailes, los universitarios protestaron además contra casos de corrupción en algunas entidades educativas y en rechazo a lo que llamaron el «abuso» de la fuerza por parte de la Policía antidisturbios en recientes manifestaciones.

«Hemos convocado a las movilizaciones pacíficas, rechazamos el uso de la violencia (…) pero también le exigimos al Gobierno que respete y que garantice nuestro derecho a la protesta», declaró a Blu Radio la líder estudiantil Jennifer Pedraza, de la Universidad Nacional.

En todo el país

° Las marchas se llevaron a cabo en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, tras los choques que hubo entre la Policía y encapuchados en las jornadas anteriores.

El año pasado, maestros y estudiantes organizaron alrededor de una decena de marchas que se prolongaron durante más de dos meses y que terminaron con el acuerdo que hoy es motivo de discordia.

Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102278495/universitarios-protestan-en-colombia-por-recursos-

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México: El «caso Ayotzinapa» naufraga en los tribunales

América del Norte/México/Javier Lafuente y Elías Camhaji/El País

La Fiscalía promete una investigación prácticamente nueva después de que el alud de irregularidades provoque la liberación de 77 de los 142 detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes.

La investigación del caso Ayotzinapa se encuentra en un callejón sin salida. Tras casi cinco años, México aún no sabe qué sucedió con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el Estado sureño de Guerrero. Después de que se documentaran torturas, violaciones de derechos humanos e irregularidades, el proceso judicial naufraga: 77 de 142 implicados han sido liberados. La mayoría de los 65 imputados que aún están detenidos, salvo algunos casos contados que están en prisión por otras causas, se encuentran a un paso de obtener su libertad. Ante el fracaso en los tribunales, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República (FGR) han anunciado esta semana que se reconstruirá la investigación «desde cero» y que perseguirán penalmente a los encargados que les precedieron, a quienes culpan por el naufragio de las indagatorias.

El último mes ha sido especialmente desalentador para los familiares de las víctimas y el devenir del proceso. Un juez desechó dos tercios de las pruebas que presentó la Fiscalía por considerar que fueron recabadas de forma ilegal y absolvió el pasado 30 de agosto por el secuestro de los estudiantes a Gildardo López Astudillo, alias El Gil. Otras tres personas fueron declaradas inocentes en esa sentencia. El fin de semana pasado, 24 policías de Iguala fueron liberados por violaciones de sus derechos humanos. A diferencia de El Gil, los agentes salieron con un auto de libertad con reservas de ley, es decir, aún podían ser enjuiciados nuevamente, en ese caso, por el delito de desaparición forzada. «El juez interpreta con laxitud la ley, pero no imparte justicia», acusó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas: «Las sentencias representan una infamia».

Ayotzinapa 43
Violaciones de derechos humanos, según el Centro Prodh. ALFREDO GARCÍA EL PAÍS

Las grietas del caso, sin embargo, no son nuevas. «Se empezó a caer en tribunales desde el año pasado», explica Tapia. Samuel Ventura Ramos, un magistrado de Tamaulipas, ya había dado en junio de 2018 «un diagnóstico demoledor» sobre el curso de las investigaciones, dice Tapia, pero fue hasta las sentencias recientes que fue señalado por el Gobierno por tumbar el caso. Antes de la última tanda de liberaciones, los primeros que fueron liberados —alrededor de una decena— eran detenidos que habían sido arrestados por hechos relacionados con la llamada «verdad histórica»: la línea de investigación que impulsó la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto para dar carpetazo al asunto y que aseguraba que los alumnos habían sido quemados hasta ser reducidos a cenizas en el basurero de Cocula para después ser arrojadas al río San Juan.

Ante el derrumbe judicial, las autoridades han dado un giro político a la narrativa del caso. El Gobierno de López Obrador ha buscado desde un primer momento acompañar a los familiares de los 43 estudiantes. El de Ayotzinapa fue uno de los casos más polémicos de la gestión de su antecesor y, al mismo tiempo, una de las banderas del actual mandatario. La promesa de justicia que le ha hecho a los familiares, ya desde la campaña electoral, ha propiciado que, sin tener un horizonte judicial exitoso, los gestos de López Obrador sean constantes. Lo que está en juego para las instituciones mexicanas no es solo esclarecer la desaparición de los estudiantes, sino demostrar que se han superado viejos vicios como la opacidad del sistema judicial, los errores procedimentales que han dejado impunes grandes casos de corrupción en el pasado y la violencia del Estado contra la ciudadanía. Ese es el grito de indignación que no ha logrado extinguirse cinco años después de que los 43 normalistas fueran confundidos con criminales, estuvieran en manos de las autoridades y nadie haya podido descifrar lo que pasó con ellos desde entonces.

Las autoridades actuales han culpado a sus antecesores del fracaso, en particular, al exprocurador general Jesús Murillo Karam y al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón. Tras reunirse este miércoles López Obrador y el fiscal con los padres de los desaparecidos se incidió en que todas las acciones que dieron lugar a la «verdad histórica» se habían hecho de forma irregular y que en parte se habían caído porque esa línea de investigación no se sostenía con los hechos que se habían podido comprobar.

El reparto de responsabilidades es más complejo. El cúmulo de irregularidades más graves se registró entre octubre y diciembre de 2014, en los cimientos de la investigación que inició el Gobierno de Peña Nieto, y a partir de esas detenciones se obtuvieron confesiones y testimonios que facilitaron otros arrestos posteriores. Una de las implicaciones de que no se hayan admitido la mayoría de las pruebas de la Fiscalía es, por ejemplo, que no se ha podido acreditar en los tribunales la existencia de los Guerreros Unidos como grupo criminal, señala Tapia. La parte que toca al Gobierno de López Obrador y a la Fiscalía, creada como organismo autónomo unas semanas después de la toma de posesión en diciembre pasado, es que en algunas causas hubo la posibilidad de presentar nuevas pruebas que impidieran la liberación de los sospechosos, pero eso no se hizo de forma exitosa.

«Vamos a empezar de nuevo, una nueva investigación: independiente, objetiva y clara», aseguró al salir de la reunión Omar Gómez Trejo, el nuevo fiscal especial para el caso, nombrado en junio pasado. Pero la idea de reiniciar la investigación solo es parcialmente cierta porque aún se intentan impedir nuevas liberaciones y porque se busca que algunos liberados que fueron exculpados parcialmente regresen al banquillo de los acusados. Los padres fueron notificados del viraje en las investigaciones y para muchos de ellos es volver a empezar desde cero, pero hay confianza en la forma como el Gobierno de López Obrador y la Fiscalía manejan el caso, según las declaraciones públicas que han dado. Y esa confianza se fundamenta en la promesa de hacer pagar a Murillo Karam y a Zerón por sus errores, así como en abrir otras líneas de investigación que no sean la «verdad histórica».

Fuente e imagen: https://elpais.com/internacional/2019/09/19/actualidad/1568850877_534314.html

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Cuba: Mujeres frente a la trata, una realidad existente.

América Central/Cuba/22.09.2019/SEMlac/www.rebelion.org

Coerción y explotación, rasgos típicos de la trata de personas, aparecen reflejadas en las 21 causas juzgadas entre mayo de 2017 y mayo de 2018 en Cuba, por fenómenos como el proxenetismo, la corrupción de menores, la venta y tráfico de menores y la propia trata de personas, sostiene el último informe presentado por la nación caribeña sobre la prevención, enfrentamiento y protección a las víctimas de este flagelo.

«El acusado a finales del año 2015 inició una relación amorosa con una ciudadana y comenzaron a residir juntos. A los quince días le propuso a la mujer buscarle hombres para tener relaciones sexuales a cambio de dinero, y la ciudadana debía entregar el dinero al acusado. En junio de 2017, luego de tener relaciones con un extranjero, el acusado le quitó el dinero y la golpeó fuertemente por todo el cuerpo y le colocó en la espalda un cuchillo para amenazarla de muerte si desobedecía, luego la dejó encerrada con llave durante dos semanas. En una ocasión donde dejó la casa sin cerrojo, la víctima fue a la estación de la policía y formuló la denuncia».

Así puede leerse en una de las reseñas del informe sobre el Enfrentamiento Jurídico-Penal a la Trata de Personas y Otros Delitos relacionados con la Explotación o con el Abuso Sexual que cada año, desde 2013, Cuba envía a las Naciones Unidas.

El documento reconoce como baja la incidencia de este fenómeno en la Mayor de las Antillas, «lo cual se debe fundamentalmente al carácter eminentemente preventivo de las políticas sociales y estatales cubanas, a la política de Tolerancia Cero, así como a la ausencia de redes delictivas organizadas que estén radicadas en el territorio nacional».

Para Lydia Guevara, integrante de la Unión de Juristas de Cuba y de la secretaría de la mujer de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, este exiguo número de hechos de trata de personas está asociado a políticas sociales y de seguridad ciudadana, a la igualdad de oportunidades y a programas para el empoderamiento de la mujer.

Ello no significa que no existan «áreas de preocupación, como los casos de abuso sexual de niños y niñas en el entorno familiar, la migración irregular y los jóvenes que emigran con contratos de trabajo aparentemente legales, que son víctimas de explotación», advirtió la jurista en el Panel «Trata y Tráfico ilegal de personas con enfoque de derecho penal, de familia y civil y laboral», celebrado el pasado 29 de agosto, durante el V congreso Iberoamericano sobre acoso laboral e institucional.

«Cuando hablamos de trata en Cuba sentimos que es algo bastante ajeno a nuestra realidad y eso hace que fallemos en percibir algo que está delante de nosotros, que sí está sucediendo», refirió por su parte la profesora de Derecho Civil de la Universidad de La Habana, Lisy Jorge.

Arnel Medina, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, consideró que el problema de la trata en todos los países del mundo, incluida Cuba, es que es un fenómeno invisibilizado que no puede desconocerse.

«Estamos hablando de la que es reconocida como la tercera actividad más lucrativa del mundo, después del tráfico de drogas y de armas: la trata y el tráfico de seres humanos, si bien la corrupción pública y privada se ha posicionado en los últimos años por delante de estas ilícitas», dijo.

De cara a Cuba

La nación caribeña mantiene la colaboración internacional para la investigación y solución de estos hechos.

De acuerdo con la investigación «Trata de personas en Cuba. Una mirada con perspectiva de género», de Damila Hechevarría Argudín, y publicada en el número 56 de junio de 2018 en la revista Sexología y Sociedad, del Centro Nacional de Educación Sexual, las víctimas del delito son en su mayoría mujeres jóvenes y la explotación sexual fue la mayor manifestación detectada. «Cuba funge como territorio de origen de la trata transnacional, teniendo en cuenta lo que expresan los informes cubanos y de conformidad con los procesos penales desarrollados. Existen grupos de cubanos vinculados con extranjeros que se dedican a la captación y el traslado de las víctimas cubanas mediante el engaño, les retiran los pasaportes u otros documentos de identidad, son privadas de libertad y controlan sus movimientos para presionarlas a ejercer la prostitución o el trabajo forzado», señala el estudio.

Según Hechevarría Argudín, el abordaje de esta problemática en el país se realiza desde diversas instituciones, con la participación de los organismos de la administración central del Estado, así como de otras organizaciones.

Cuba ha suscrito y ratificado los principales instrumentos internacionales sobre la materia, entre los que destacan la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo (2000) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, complemento de dicha convención.

No obstante, un elemento importante que señala el estudio, a partir de criterios de especialistas de instituciones como el Tribunal Supremo Popular, La Fiscalía General y el Ministerio de Justicia, es que el delito no está correctamente tipificado o regulado en el Código Penal cubano, en relación con los instrumentos jurídicos internacionales.

Ello, agregan, podría influir en que se minimice el número de casos detectados, se dificulte el trabajo en la identificación del delito y limite el correcto desarrollo de acciones y protocolos para la atención a las víctimas.

De acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores, un factor que repercute negativamente en la trata de cubanos es el tráfico ilícito de migrantes de Cuba, con destino a los Estados Unidos u otros países de la región, a partir de las facilidades que brinda la Ley de Ajuste Cubano y que brindaba la política de «pies secos-pies mojados», debido a que muchas de las personas traficadas son obligados a saldar las deudas con los organizadores mediante la promoción o práctica de la explotación sexual, laboral, o la ejecución de actividades delictivas.

La investigación sostiene que el grupo de mayor vulnerabilidad son mujeres entre los 18 y 35 años, procedentes en su mayoría de las provincias orientales, con baja y regular posición económica y condiciones de vida. La finalidad con mayor manifestación fue la explotación sexual.

Mujeres, niños y niñas al centro de la trata

El 87 por ciento de las víctimas de trata en el mundo lo son con fines sexuales, el cinco por ciento para trabajos forzosos y el resto para otras modalidades, apuntó la profesora Lisy Jorge.

Según estadísticas internacionales, 21 por ciento de las víctimas de trata en el mundo son hombres, 41 por ciento mujeres, 23 por ciento niñas y siete por ciento niños, precisó.

Estos porcentajes suben significativamente en América Central y el Caribe, donde nueve por ciento de las víctimas de la trata son hombres, 25 por ciento son mujeres y 55 por ciento son niñas, puntualizó.

Según la especialista, «la mayoría de los niños y las niñas que son víctimas de trata en esta área y en el mundo lo son con fines sexuales. Es interesante que los hijos e hijas de las mujeres y hombres víctimas de trata no son contabilizados como víctimas, cuando muchas veces los acompañan durante las travesías», comentó.

Para la experta, prevenir y combatir este flagelo depende de que se alineen muchas fuerzas. «Nadie por sí solo puede, ningún Estado o institución», remarcó.

Jorge destacó que hay un grupo de factores a tener en cuenta en el ámbito de la familia, como potenciar la autoestima de niños y niñas, así como la parentalidad positiva con la participación de ambos padres en la educación de sus hijos. En el ámbito de la comunidad es preciso establecer redes de orientación y vigilancia para prever y detectar ese niño o niña que puede ser víctima de la trata; del mismo modo en las escuelas.

No menos importante, sostuvo Jorge, es la recolección de datos para conocer las cifras. «Lo que no se sabe no se puede combatir. Saber la incidencia de este fenómeno permite orientar las políticas públicas, capacitar y elaborar protocolos de actuación para la identificación y atención a las víctimas».

Explotación con fines laborales

La profesora Lydia Guevara llamó la atención sobre otra problemática actual vinculada a la trata de personas en el mundo y la región. «La Organización Internacional del Trabajo estima que América Latina ocupa el segundo lugar en el mundo, después de Asia, en cuanto a trabajadores forzosos».

Explicó que pocos países del continente han hecho un esfuerzo sistemático para investigar y documentar estas prácticas. «La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala que el foco sobre la trata con fines de explotación sexual puede haber obstaculizado los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales y otras agencias para identificar y asistir a las víctimas de la trata para explotación laboral», dijo.

Dentro de esta modalidad de trata, el profesor Elías García Rosas, de la Universidad Autónoma de México, enfatizó en la importancia de sacar a la luz una de las manifestaciones más ocultas: los servicios domésticos. «Es frecuente observar el aislamiento de muchas personas que ejercen el trabajo doméstico derivado de las barreras lingüísticas y la falta de calificaciones, lo que las hace particularmente vulnerables a la trata de personas y el trabajo forzado».

Guevara destacó que la legislación cubana se rige por principios constitucionales en el Código del Trabajo, que colocan el trabajo como un derecho y un deber, refrendan la libertad de elección de trabajo, la igualdad de oportunidades y no discriminación y la prohibición del trabajo infantil.

Para erradicar la trata en todas sus variantes, dijo, «las sociedades deben dejar de ser cómplices por la tolerancia, e invisibilizar al que promueve esta actividad. De lo contrario, se perpetúan estas formas de explotación, las víctimas son estigmatizadas y se pierden oportunidades para la persecución a los tratantes», concluyó.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=260622&titular=mujeres-frente-a-la-trata-una-realidad-existente-

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