Crisis del Reformismo educativo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

El próximo 12 de diciembre, se cumplirán dos años de que el presidente López Obrador envió la iniciativa de reforma al texto constitucional en materia educativa, específicamente de los artículos 3, 31 y 73 de la Carta Magna, con la finalidad de cancelar y modificar los términos, contenidos y leyes secundarias que formaban parte de la anterior reforma educativa del período 2012-2018. Con ese acto de 2018, oficialmente, se inició el proceso de la “Reforma Educativa de la 4T”.

Independientemente de los factores asociados durante el presente año, como son la crisis sanitaria y la crisis económica, la Reforma Educativa de la “4T” se encuentra extraviada. A dos años de su lanzamiento, como iniciativa de cambio gradual, moderado, y planteada desde las nuevas élites gobernantes, dicha iniciativa e impulso reformistas se han tornado desangelados, sin fuerza, cada día más debilitados a la vista de las evidencias.

El mismo Esteban Moctezuma, secretario de educación pública federal, con frecuencia omite hablar o escribir acerca de la “Reforma Educativa del 2018-2019”, como tal, sino que más bien se refiere, en su lugar, al Acuerdo Educativo Nacional o a la creación de la “Nueva Escuela Mexicana” (esta última, inspirada en los proyectos de la “Fundación Azteca”, donde él trabajó y manejó el concepto de “excelencia musical”, entre otros términos y valores empresariales). Me pregunto ¿Acuerdo con quién, cómo, para qué?

Si uno busca las fuentes documentales de la nueva “Reforma Educativa de la 4T”, no se encuentra ningún texto unificado. El gobierno del presidente López Obrador, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no ha elaborado un documento integrador en ese sentido. La Cámara de Diputados federal, donde el partido Morena y aliados son mayoría, ni el organismo creado en lugar del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), esto es, la Comisión para la “Mejora Continua” de la Educación, nadie ha elaborado un documento que dé sustento, precisión y consistencia al más reciente proceso reformista. Y no sólo eso, tampoco se percibe una solidez discursiva por parte de las autoridades, sino más bien un abandono del lenguaje “reformista” en los registros y en el accionar de las políticas públicas educativas aplicadas durante los dos años recientes.

Algunas preguntas generadoras para motivar el análisis

¿Cuáles son los contenidos de la Reforma Educativa (RE) impulsada por el gobierno de la «4T»? ¿Qué cambios o transformaciones se han proyectado durante este sexenio de la “4T” en el campo educativo? Hasta ahora, ¿qué se ha logrado? Tiempo, por cierto, del cual ya ha trascurrido el primer tercio ¿Qué cambios de fondo se han producido o se proyectan en aprendizajes escolares (y su evaluación formativa); en las prácticas docentes (y su evaluación formativa, no punitiva ni para controlar)?

¿Qué hay en cuanto a cambios al currículo escolar; en nuevos métodos y enfoques de enseñanza; en nuevos modelos de gestión educativa y escolar? ¿Qué en la atención integral e institucional a la inequidad educativa como parte de la inequidad social? ¿Qué se ha hecho en cobertura; en organización escolar (con la intención de que sea menos burocratizada); en materiales didácticos (para fomentar la lectura, más allá de las TIC); en formación continua para docentes y directivos escolares en servicio; en procesos de formación Inicial y preparación profesional para las y los estudiantes de las escuelas normales, los CAM y la UPN? ¿Qué cambios sustantivos en infraestructura educativa? ¿Qué hay con respecto al financiamiento público hacia la educación? ¿Qué avances se puede anotar el gobierno de la “4T” para abatir el rezago educativo?

Así describía, en 2019, EMB los puntos contenidos en la Reforma Educativa de la “4T”: “Queda abrogado el texto constitucional previo. Con la aprobación de la iniciativa, se eliminarían también la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente. No habrá evaluaciones punitivas ni obligatorias. Los maestros tendrán derecho a un sistema de formación y actualización gratuito. No existirá ninguna relación entre evaluación y permanencia en la plaza de los educadores. Se reinstalarán a los profesores que fueron cesados a raíz de la aplicación de la reforma educativa (de 2013) y se eliminarán las sanciones contrarias a los derechos laborales. En la iniciativa se establece que la enseñanza es el centro del sistema educativo, por lo que se suprimirán las cargas administrativas. La promoción de los maestros estará asociada con sus conocimientos, aptitudes y experiencia y no a exámenes estandarizados. En la iniciativa, los derechos laborales del magisterio quedan debidamente protegidos. En búsqueda de una educación de excelencia, se propone el mejoramiento integral para lograr el máximo aprendizaje en el aula. Por primera vez, el concepto ‘joven’ aparece junto con el de niños, niñas y adolescentes como el centro de la educación. El curso del nivel de educación superior es obligatorio y se recupera la educación inicial. Se fomentará un nuevo pensamiento crítico y valores. El civismo regresa como materia. Se promueve el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, pero tendrá un énfasis en las autoridades educativas. Por primera vez las familias se vuelven corresponsables de la educación, porque se requiere también la participación de los padres. La educación se define como equitativa. Por ello se impulsarán acciones que reviertan carencias alimentarias, de infraestructura y su mantenimiento en zonas de alta marginación. También se considera como inclusiva, multicultural y plurilingüe, con respeto a los derechos de todos. Se fortalece en la educación la convivencia y el cuidado del medio ambiente. Se habla de una educación para las diferentes realidades de México. Por ello, se invitarán a actores sociales para las tareas, para que cada región tenga expresada su cultura. Los adultos mayores contarán con acceso y garantías al sistema educativo. Los planes y programas de estudio van a tener perspectiva de género. Además, tendrán como materias: ciencias y humanidades, historia, geografía, filosofía, civismo, lenguas indígenas y extranjeras, artes, tecnología, deporte, promoción de estilos de vida saludables, cuidado del medio ambiente y cultura de paz. Habrá un énfasis en los derechos humanos, para que todas las personas sepan defenderlos. Se garantiza la educación especial para personas con discapacidad. El respeto y la promoción de la autonomía universitaria. Más oportunidades de acceso a la educación superior hasta lograr el cero por ciento de rechazo.” (1)

Hasta el momento, (ubico al período 2018-2020), no ha habido tal “transformación”. Este intento de “Reforma” se ha quedado corto. En la búsqueda de nuevos consensos políticos durante la gestión legislativa, el gobierno de la “4T” sólo ha “descafeinado” los términos de la reforma educativa prometida en campaña electoral (que sería supuesta y paradójicamente “radical”). El decreto (2), por ejemplo, que se publicó el 15 de mayo de 2019, donde se concentran los productos de las negociaciones legislativas en torno a la iniciativa del presidente López Obrador, muestra más continuismo discursivo y de conceptos educativos y pedagógicos, que ruptura con respecto a la reforma educativa pasada (la palabra “reforma” sólo aparece ahí cuatro veces y se refiere al cambio del texto constitucional, no a un proyecto educativo de largo alcance).

Por otra parte, aprecio que la actual reforma educativa (de la “4T”) es «reactiva», porque se inspiró en la abrogación de las leyes secundarias que derivaron de los cambios al texto constitucional de 2013, pero en sí misma, la actual, no es una reforma que haya surgido ni se haya desarrollado de una matriz original, ni de un auténtico proyecto educativo nacional alternativo. La modificación inmediata y precipitada (recordemos el “detalle” de la autonomía universitaria, eliminada en borrador) del texto constitucional, en la iniciativa de diciembre de 2018, pareció ser más un acto reformista reflejo que un resultado tangible de un movimiento nacional (“desde abajo”) que abanderara a la reforma en sentido progresista, a partir de las demandas sociales y de la voz del magisterio. Y aunque a las y los docentes se les invitó a participar en consultas públicas, entre julio y noviembre de 2018, el resultado de las modificaciones constitucionales de 2019, y la operación gubernamental que se ha dado desde entonces, están lejos de empatarse con lo manifestado por López Obrador durante la campaña de ese mismo año, cuando habló de un “cambio de raíz”.

Al caracterizar al reformismo educativo en México, como una especie de afiliación obsesiva por emprender “reformas educativas” en automático, que ha intentado pasar del reformismo conservador-tecnocrático (2013) al reformismo progresista, moderado (2018-2019), ni siquiera ve reflejados dichos impulsos “gradualistas”; mucho menos se podría hablar de un “reformismo educativo radical», lo cual, en sí mismo y por sentido lógico, sería una contradicción.

¿Cuál transformación de la cosa pública en materia de educación hemos tenido? La RE, hoy, es retórica, es discurso vacío, es demagogia, es contradicción sin proyecto propio. Por todas estas razones y cuestionamientos, me parece más bien que estamos frente al umbral de una crisis del reformismo educativo en México.

Fuentes consultadas:

(1) “Esteban Moctezuma explica, punto por punto, la iniciativa para la reforma educativa”, El Financiero, 21 de marzo, 2019.

(2) Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. DOF, 15 de mayo, 2019.

Fuente e imagen: https://www.sdpnoticias.com/amp/columnas/la-extraviada-reforma-educativa-de-la-4t.html?__twitter_impression=true