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El papel de la filosofía en la revolución democrática de la educación

Por Christian Laval

Traducción de Richard Saint Jean. Revisión de Sara Oportus

De la escuela neoliberal a la educación democrática

Introducción

Partiré con una reflexión bastante fundamental de Kant sobre la educación:

“He aquí un principio del arte de la educación que los hombres, especialmente los que planean la educación, deben tener ante sus ojos: no debemos solamente educar a los niños según el estado presente de la especie humana, sino según su estado futuro, posible y mejor” (Kinder sollen nicht dem gegenwärtigen, sondern dem zukünftig möglich bessern Zustand des menschlichen Geschlechts), es decir, conforme a la Idea de humanidad y a su destino total. Este principio es de gran importancia. De ordinario, los padres educan a sus hijos sólo en vista de adaptarlos al mundo actual, aunque sea corrupto. Más bien, ellos deberían darles una mejor educación, para que un mejor estado pueda salir en el futuro»1.

Vivimos tiempos particularmente oscuros para la democracia. No solamente en países totalitarios o sometidos a regímenes o gobiernos autoritarios. Incluso en las antiguas democracias liberales y representativas las libertades públicas se ponen en cuestión. La causa más profunda de esta crisis bastante general de la democracia contiene a todas las formas de miseria social, al despojo político, al crecimiento de las desigualdades en la fase neoliberal de la organización política y económica.

Para los educadores, los tiempos son, entonces, particularmente difíciles. No solamente por su situación económica, sino también a causa de las presiones políticas que ellos sufren, las denuncias injustificadas, a veces de la violencia o de la represión del Estado.

Estos tiempos oscuros exigen una fuerte reacción de todos los que creen en la democracia, la verdadera democracia, aquella que John Dewey nos ha enseñado a comprender cómo la democracia radical. A él le importó rehacer por todos los medios el vínculo entre educación y democracia y entre filosofía, educación y democracia.

Podemos pensar quizás que reflexionar en una educación democrática en estos tiempos tan oscuros para la democracia es una curiosa paradoja, o una tentativa a contratiempo.

La crítica de lo que existe o la crítica de las reformas de inspiración neoliberal son necesarias pero insuficientes, porque ellas son reactivas, defensivas. Sin embargo, es conveniente mantener el rumbo del futuro, mantenerse en una lógica de transformación y de revolución. Nada es más importante que hacer las proposiciones ofensivas a fin de no soportar la agenda de los enemigos de la democracia. Y porque se trata de preparar el futuro de las nuevas generaciones, como lo pensaba Kant.

Propuestas ofensivas, ¿en qué dirección? Para repensar y refundar la educación sobre las bases realmente democráticas. Y para eso debemos rehacer colectivamente, pero de una forma nueva, lo que hizo John Dewey hace un poco más de un siglo cuando escribió este monumento del pensamiento, que continúa siendo su obra maestra, Democracia y Educación de 1916.

Revolución escolar

La revolución escolar que debemos pensar ahora es un componente de una revolución democrática más general. Necesitamos una revolución democrática y no solamente una defensa de las instituciones existentes. Y esta revolución, sabemos hoy en día que ella debe ser democrática, social y ecológica. La magnitud de las desigualdades comparables a aquella de finales del siglo XIX, la irracionalidad total del gobierno, de las sociedades por el lucro y la competencia, el colapso del clima y de la biodiversidad, todos estos fenómenos están ligados. Ante las amenazas que pesan sobre los ecosistemas de los que los seres humanos forman parte, no son solamente los modos de consumo o de trabajo que deben cambiar, sino los valores colectivos, la forma de las relaciones sociales, las instituciones políticas.

Es, por tanto, en la perspectiva de esta ruptura que debemos considerar el contenido de la indispensable revolución escolar. Yo diría incluso que es en el posneoliberalismo, en el poscapitalismo que debemos imaginar la educación democrática.

Es tiempo de preguntarnos cómo la escuela y la universidad van a formar individuos que serán mañana capaces de asegurar el control de su destino y la responsabilidad del mundo, una educación para abrir un futuro deseable y devolver una tierra habitable.

Podemos enunciar el sentido general de la transformación deseable: avanzar hacia una sociedad que, en todos los ámbitos, ampliará las capacidades políticas de sus miembros, asegurará su igualdad social y garantizará el respeto de los entornos de vida. Imaginar lo que debería ser la institución de la educación en una democracia social y ecológica del siglo XXI, tal es la tarea colectiva a la que aquí se trata de contribuir.

Criticar los objetivos de la educación neoliberal

El primer gran problema para nosotros hoy es la finalidad social y política de la educación. Hoy la finalidad es la economía. Esta es la razón última de la educación neoliberal. Y todos los cálculos en términos de inversión y de beneficio están ahí para sostener este significado central de la educación hoy en día: la finalidad neoliberal de la educación es la adaptación de los sistemas educativos a los imperativos económicos, y más precisamente, a la lógica de la economía de mercado.

El neoliberalismo escolar es el primado de la economía, según un discurso falsamente democrático, en realidad a la vez utilitario y malthusiano. Los saberes serían demasiado abstractos y muy alejados de la “vida real” (es decir, de la vida profesional), sería apropiado centrar los aprendizajes sobre la adquisición de las competencias útiles para la sociedad, en relación lo más que posible con las empresas. Dicho de otro modo, la concepción utilitarista de los estudios y el objetivo de la empleabilidad sería la vía democrática por excelencia. Un nuevo maltusianismo escolar vergonzoso se ha impuesto poco a poco, el de las “competencias” y los “fundamentos básicos”, lo cual está vinculado al productivismo dominante.

De hecho, en el discurso oficial sobre la educación, es cada vez menos cuestión de “espíritu crítico” o de la “educación del ciudadano” y de cada vez más de “capital humano” y la “cultura de la empresa”, de las “competencias”, de “skills”. La educación es cada vez más considerada como un bien mayormente privado, supeditado a un discurso económico estandarizado; el alumno y el estudiante son vistos como “recursos humanos”, de la pura y simple fuerza de trabajo. El objetivo de la eficacia económica triunfa sobre el de la emancipación humana. En suma, la escuela, como el hospital y como la mayoría de los servicios públicos, está sometida a la lógica invasora de la rentabilidad y la competitividad a la que se han dedicado los responsables políticos de derecha como de izquierda.

Desde finales del último tercio del siglo XX, la problemática neoliberal se ha ido imponiendo poco a poco en el campo escolar a nivel mundial, según “un nuevo orden educativo mundial”. Esto ha representado un viraje muy importante. Por supuesto, las finalidades económicas nunca estuvieron completamente ausentes de los períodos anteriores, pero durante mucho tiempo la educación tenía por finalidad la construcción del Estado nación. La finalidad era política, y más o menos democrática, según los casos. Hemos fabricado la nación por la escuela, reproduciendo para una buena parte de la sociedad, según un dualismo social muy firme, con la escuela de las élites y la escuela de las masas.

El giro neoliberal a finales del siglo XX corresponde, por tanto, a un momento muy particular: el Estado está él mismo comprometido en la competencia económica generalizada que caracteriza la mundialización económica. Y es por eso que la finalidad de la educación cambia al beneficio de la economía. En una palabra, la producción de capital humano se vuelve más importante que la formación del ciudadano nacional. De ahí el carácter central de las “competencias”.

En realidad, en la mayoría de los casos, estamos ante una fórmula de compromiso, donde las dimensiones económicas (como la primacía de las «competencias») y las dimensiones patrimoniales y nacionales, incluso las dimensiones nacionalistas y autoritarias, en casos cada vez más numerosos, en la medida en que el neoliberalismo ofrece una cara cada vez más estatista, autoritaria y brutal.

La transformación de esta escuela, ampliamente sujeta a los imperativos económicos es acompañada de una cierta despolitización de la cuestión escolar, de una tecnificación de los problemas y de las “soluciones”.

Necesitamos, por lo tanto, repolitizar la cuestión de los fines de la escuela y, por eso, ir en a contracorriente de todos los discursos que quieren abstraer la escuela de la sociedad y quieren ver en las crisis de la institución una cuestión de métodos y contenidos pedagógicos, incluso de gestión burocrática. Pero es conveniente igualmente de oponerse a la repolitización reaccionaria a la que estamos asistiendo hoy. Un discurso conservador quisiera obstruir la crisis de la escuela con métodos autoritarios, referencias patrióticas, una disciplina “a la antigua” combinada a veces con un cientificismo “neuronal” como lo hemos visto un poco en todas partes en el mundo.

Democracia social, ecológica, cosmopolita

La gran pregunta, y que no es nueva, es aquella que ha inspirado a numerosos pensadores de la educación, notablemente a numerosos socialistas desde el siglo XIX, es la de saber lo que es la educación para la democracia.

Pero, ¿qué es una democracia radical hoy día y qué reclama ella de la educación? La democracia designa para nosotros la característica de una sociedad en la que el principio del autogobierno es extendido a todas las instituciones territoriales y productivas, a todas las actividades colectivas, ya sean económicas, culturales, asociativas, educativas. La democracia así entendida supone la capacidad de los ciudadanos para reflexionar sobre las instituciones deseables, su poder colectivo para cambiarlas si no les convienen más. En una palabra, la democracia es para nosotros el sinónimo del poder instituyente de los ciudadanos y de los productores, lo que no va sin la auto- reflexividad en el seno de todas las instituciones de la sociedad, ya sean políticas o económicas.

Comprendemos entonces el rol central de la educación en una sociedad que hace del autogobierno su principio general. Ella no debe solamente «socializar» los jóvenes, como lo dice la sociología, debería, además, darles el deseo y los medios para participar en el desarrollo de reglas colectivas, de comprometerse en la discusión y la toma de decisión en común. Una sociedad realmente democrática es específica en que la institución social y política se refleja conscientemente como resultado de un colectivo instituyente. La tarea de la educación democrática es, por lo tanto, no solamente hacer sentir a cada individuo que es miembro de un grupo hacia el que tiene obligaciones, sino también enseñarle a convertirse en un participante activo a la determinación colectiva de las reglas de la vida en común y más generalmente, un participante activo en la vida social y cultural, en su renovación, en su creatividad. Y podemos añadir: un ser plenamente responsable del mundo en el que va a vivir.

La gran pregunta práctica es saber lo que debe ser “la experiencia democrática” en la escuela. Hacer la experiencia de la democracia en la escuela es hacer la experiencia de la inteligencia colectiva con relación al actuar en común, es aprender a cuestionar los saberes y el mundo en conjunto y abrir las vías a sus transformaciones. En una palabra, ella debe ayudar en la formación de “mentalidades democráticas”, según la fórmula de Paulo Freire.

La originalidad de una educación democrática, por consiguiente, es permitir a los alumnos y estudiantes hacer la experiencia de la autonomía individual y del autogobierno colectivo. Esto no es una cuestión de doctrina, sino de práctica pedagógica y de organización institucional: “todo proceso de educación que no visualiza desarrollar al máximo la actividad propia de los alumnos es malo”, señala a justo título, Castoriadis2.

La educación como bien común

Ha llegado el momento de pasar de movilizaciones defensivas a proposiciones ofensivas. Los movimientos de resistencia a las reformas neoliberales en el campo escolar y universitario, y ellos han sido numerosos en todo el mundo desde al menos dos décadas, ellos mismos han sentado, además, el principio básico de una alternativa a la privatización y la sumisión a los imperativos capitalistas: el conocimiento es común, él no debe estar reservado ni a una élite, ni ser objeto de ninguna forma de “cerco” por dinero o lugar de residencia.

Más allá de los motivos iniciales de las movilizaciones, el sentido de todos estos movimientos descansa sobre “el principio de los principios” según el cual “la educación es un bien común, no una mercancía”.

La pregunta es precisamente saber qué implica tal exigencia. ¿Cuáles son sus condiciones y sus implicaciones concretas, sobre los contenidos escolares, sobre la pedagogía, sobre la arquitectura institucional?

Antes cómo debemos entender este tipo de proposición que hemos escuchado en todo el mundo: la educación como “bien común”. Hacer de la educación, de la cultura o de la salud, y de otras áreas de la vida humana y social, un «bien común» remite a una visión política directamente contraria a la concepción propietaria dominante de estas áreas y de estas actividades, dimensión que no se entiende jamás cuando hablamos de “capital humano” o de “capital de salud”. Decir que la educación es un “bien común”, es decir, que ella es inapropiable, que ningún individuo, ningún grupo, ningún Estado no se puede decir ni hacerse el propietario. Ella pertenece a todos por principio. Pero este “bien común” educativo puede encontrar consistencia únicamente en una institución con características muy particulares. Para que la educación sea verdaderamente un “bien común”, hace falta que la institución educativa ella misma sea concebida como un común, es decir, como un espacio institucional a la vez autogobernado por los co-participantes a la actividad educativa, y regido por el derecho de uso ejercido por una colectividad sobre los recursos educativos producidos, mantenidos y puestos a disposición por esta institución.

El primer tema se refiere a la condición primordial de la educación democrática: defender la libertad del pensamiento, cuya traducción institucional se llama las libertades académicas. La escuela debe estar enteramente emancipada de los poderes que hasta ahora han buscado subyugarla e instrumentalizarla, ya sean las religiones, los gobiernos, las empresas capitalistas. En este sentido, toda la educación, desde el jardín de infancia hasta la universidad, debe regirse por la regla absoluta de la libertad de la mente, condición de todo conocimiento racional, y para ello, ella debe ser integrada en una institución independiente de los poderes que hemos llamado la Universidad Democrática.

La educación democrática exige la más completa libertad de pensamiento con respecto a los poderes organizados en la sociedad, sean estos religiosos, partidistas, económicos, ideológicos y estatales. La educación democrática es ante todo una educación libre. Esta es la condición absoluta. Su primera máxima es heredera de la Ilustración: «Sapere aude», Atrévete a usar tu entendimiento, como pide Kant en el opúsculo ¿Qué es la Ilustración?, en 1784. La prohibición de usar la razón equivale a la privación de libertad por sumisión a las mentiras, supersticiones y, más generalmente, a la «dirección de otros».

La educación libre debe ser con respecto a la religión, pero también a los gobiernos y a las empresas.

La “economía del conocimiento” no introdujo más libertad, sino más control en nombre de la finalización productiva de las actividades del conocimiento. Cuanto más se ha integrado la educación en la lógica económica, menos libertad han tenido los profesores e investigadores para elegir sus temas de investigación y el contenido de su enseñanza. Las condiciones de trabajo en el ámbito docente y sus libertades se han deteriorado poco a poco al imponerse una “gestión” de tipo empresarial, que ha burocratizado considerablemente su profesión. El alargamiento del tiempo de trabajo, el aumento y multiplicación de tareas, la presión recurrente de la evaluación y la competencia entre establecimientos y, en la educación superior, los laboratorios para la obtención de créditos han reducido lo que debería ser la condición fundamental de una profesión del conocimiento, la verdadera autonomía.

Se debe extraer una lección para una escuela verdaderamente libre: los contenidos de la enseñanza supone siempre una distancia justa con la realidad económica y social y nunca debe responder a los imperativos de eficacia inmediata. Condorcet dio el principio: “el objetivo de la educación ya no puede ser consagrar las opiniones establecidas, sino, por el contrario, someterlas al libre examen de las sucesivas generaciones, cada vez más ilustradas”3. Asimismo, la escuela debe ser concebida como una institución de contrapoder frente a todos los poderes sociales, económicos, religiosos o políticos dominantes que buscan en la sociedad imponer sus intereses y sus ficciones.

El rol de la filosofía en la enseñanza

Dos roles: promover la libertad de pensamiento y redefinir una nueva coherencia antropológica.

El primer papel de la filosofía es de preservar la independencia de la institución escolar de las intrusiones de los poderes. Se hace un contrasentido sobre la idea republicana en materia de educación al identificarla a su control por el Estado. Condorcet creía en la legitimidad de las sociedades cultas, las únicas, a su juicio, capaces de adecuar la educación a las “verdades más probables” de una época: “Es la única manera de asegurar que la educación se regulará sobre el progreso sucesivo de las ilustraciones, y no en interés de las clases poderosas de la sociedad y privarlas de la esperanza de obtener del prejuicio, lo que la ley les niega”4. Kant se hacía una idea republicana de la universidad. En la introducción de la primera sección del Conflicto de las facultades (1794), Kant define la Universidad como “una especie de república culta” (das gemeine Wesen) compuesta por todos los “profesores públicos” nombrados en los diferentes sectores científicos. Esta república debería poseer su autonomía porque “sólo los eruditos pueden juzgar a los eruditos como tales”. La Universidad formaría así un «cuerpo de eruditos» junto al cual podrían existir «eruditos libres» que no pertenecen a este cuerpo, pero que constituyen ciertas corporaciones libres, llamadas academias o sociedades científicas, o bien que viven en «el estado de naturaleza del conocimiento» y se ocupan como aficionados de la ampliación o difusión del conocimiento.

Recordemos, más allá de los rasgos de una época pasada, esta idea tan importante: la educación es parte de un espacio institucional que le es propio, que tiene sus reglas, sus valores, su ética. Es, en mi opinión, Jacques Derrida quien dio plena dimensión a esta afirmación de libertad de pensamiento que ya hemos encontrado de manera limitada en Kant o Condorcet.

Para Derrida, todo maestro releva en su profesión un espacio de libertad donde todo puede ser interrogado y discutido incondicionalmente. Es lo que él llama «la universidad incondicional»: «esta universidad exige y debería verse reconocida en principio, además de lo que se llama libertad académica, una libertad incondicional de cuestionamiento y de proposición, incluso, más aún, el derecho a decir públicamente todo que exige una búsqueda, un saber y un pensamiento de la verdad5. Para Derrida, esta universidad debería ser, a partir de ahora, por las prácticas propias de sus miembros, el indispensable “lugar de resistencia crítica – y más que crítica – a todos los dogmáticos e injustos poderes de apropiación”6. Esta resistencia incondicional es suficiente para definir el espíritu de la Universidad democrática si le sumamos dos dimensiones: la universalidad de su acceso, no solamente a las generaciones más jóvenes, sino a todos los ciudadanos que deseen dedicarse al aprendizaje y a la investigación; y su carácter cosmopolita, es decir, su apertura a la cooperación de todas las naciones y a la libre circulación global del conocimiento. La Universidad así concebida es un lugar de oposición, en el sentido que la entendió Derrida: “incondicional, tal resistencia podría oponer la universidad a un gran número de poderes: a los poderes del Estado (y, por tanto, a los poderes políticos del Estado-nación y su fantasía de soberanía indivisible: en que la universidad sería de antemano no solamente cosmopolita sino universal, extendiéndose así más allá de la ciudadanía global y del estado-nación en general), a los poderes económicos (a las concentraciones de capital nacional e internacional) , a los poderes mediáticos, ideológicos, religiosos y culturales, etc., en definitiva a todos los poderes que limitan la democracia por venir”7.

El derecho a los conocimientos y el derecho político de controlar los gobernantes, a deliberar, a decidir, a actuar en común están vinculados. Esta Universidad democrática, que debe ser a la vez protegida como institución, pero extendida en principio a toda la sociedad, debe en definitiva hacer causa común con democracia directa y real, dando a todos los medios para juzgar, deliberar, proponer, decidir. No hay razón para limitar el principio de libertad incondicional solo a la educación superior, o a la enseñanza de la filosofía en la última clase de la escuela secundaria. Es toda la escuela la que debe disfrutar de esta libertad de cuestionamiento.

El segundo rol de la filosofía es contribuir a dar una nueva coherencia antropológica a la educación.

La escuela hoy en día está ordenada por dos lógicas más complementarias que contradictorias: el neoliberalismo y el viejo nacionalismo autoritario. ¿Cómo podría la democracia dar una nueva coherencia a los saberes enseñados? ¿Qué “principio educativo” para retomar la fórmula de Gramsci debe gobernar la educación? Los modelos religiosos, positivistas, productivistas del hombre, todas estas figuras antropológicas, ya no tendrán ninguna pertinencia en una sociedad democrática y ecológica. El desafío de la democracia futura es vincular el conocimiento de los hombres en sociedad y el de los procesos naturales. Para decirlo en una palabra, lo que se denomina “Antropoceno” y que algunos denominan más acertadamente “Capitaloceno”, requiere una nueva coherencia de saberes en la era de las catástrofes climáticas engendradas por el capitalismo neoliberal.

La transformación deberá llevar sobre el “espíritu” de la educación: modificar la imaginación industrialista y productivista que hacía creer que los hombres podían ser sin consecuencias sobre los ecosistemas, los “dueños y poseedores de la naturaleza”. La situación actual invita a una nueva «antropología» que subyacería la articulación razonada de la filosofía, de la historia-geografía, las ciencias sociales y de las ciencias de la vida y de la tierra. La gran novedad de tal antropología sería la importancia que ella acordaría al estudio objetivo de los diferentes sistemas sociales, culturales y económicos que componían la historia humana hasta el presente, haciendo espacio para las diversas relaciones, según las culturas y las creencias, de las sociedades con los entornos naturales. Ella haría incluso de estas relaciones de sociedades y sus entornos naturales el nuevo hilo conductor de la educación, en ruptura con las tradicionales concepciones occidentales basadas en el dominio tecnocientífico de la naturaleza concebida como reservorio de recursos disponibles, visión hoy en día por lo menos inadecuada a las cuestiones que surgirá para las nuevas generaciones. No estamos proponiendo aquí de agregar «un componente ecológico» a las enseñanzas existentes, sino que reconocer y cuestionar la especificidad de la «ontología» occidental, para retomar el concepto de Philippe Descola, en su vínculo con la organización económica capitalista, para comprender las consecuencias de su expansión en el planeta durante cinco siglos.

Toda la conciencia histórica está afectada por el capitaloceno porque la finitud es a partir de ahora la marca en lugar y en espacio de la eliminación del desarrollo de las fuerzas productivas y de la extensión de los mercados, y son todos los saberes que se han trastornado paso a paso. Ahora bien, desde este punto de vista, ya no es posible considerar la “naturaleza” exterior, como si estuviera compuesta únicamente por procesos totalmente independientes de la historia humana. Es en este espíritu que se podría reconsiderar el enlace entre las partes divididas de la cultura, entre las ciencias naturales y las ciencias del hombre, y es a esta recomposición de los saberes que se podría dedicar la filosofía en la enseñanza.

Esta conferencia fue presentada el 23 de mayo de 2023 en un Conversatorio, transmitido virtualmente, sobre «La eliminación de la filosofía y el enfoque por competencias. Experiencias en el mundo». Fue organizado por el Grupo de Investigación Filosófica de la UNMSM de Perú. Título original: «De l’école néolibérale à l’éducation démocratique: le rôle de la philosophie dans la révolution démocratique de l’éducation». Se han conservado las citas a pie de página en su idioma original.

Christian Laval es profesor emérito de Sociología, Laboratorio Sophiapol de la Universidad Paris Nanterre.

El traductor, Richard Saint Jean, es estudiante de Economía, Universidad de Buenos Aires. La correctora, Sara Oportus, es estudiante de Filosofía, Universidad de Buenos Aires.

Notas:

1 Kant, Réflexions sur l’éducation, Paris, Vrin, 1980 (1803), p. 77.

2 Cornelius Castoriadis, « Psychanalyse et politique», Le Monde morcelé, Les Carrefours du labyrinthe III, Seuil, Paris, 1990, p. 146.

3  Condorcet, Cinq mémoires sur l’instruction publique, Garnier-Flammarion, Paris, 1994, p. 86- 87.

4 Op.cit., p.170

5 Jacques Derrida, L’Université sans condition, Galilée, Paris, 2001, p. 11-12.

6 J.Derrida, ibid., p. 14.

7 J.Derrida, ibid., p. 16.

Fuente: https://rebelion.org/de-la-escuela-neoliberal-a-la-educacion-democratica-el-papel-de-la-filosofia-en-la-revolucion-democratica-de-la-educacion/

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Educación para la democracia, paz y convivencia

En su libro “Education for the democracy: international experiences inventory”, el profesor Pedro Ignacio Leiva Neuenschwander afirma: “La educación para la democracia está orientada al desarrollo, socialización y discusión en torno a los valores democráticos, principios del buen vivir, derechos, deberes y obligaciones fundamentales que tenemos los peruanos y peruanas para lograr una convivencia armónica en la sociedad”. (https://tinyurl.com/bdduud9v)

En ese contexto, el proceso educativo se prolonga en la vida social con experiencias diarias de aprendizajes en la vida de los ciudadanos. De allí que el fortalecimiento y el impulso de la democracia depende del conocimiento y práctica activa de los valores y los principios del “buen vivir”, con participación de la ciudadanía protagonista y responsable de construir espacios de discusión.

Ante esta realidad social, es prioridad de los educadores poner en práctica, fomentar y difundir los valores y principios democráticos del “buen vivir” para formar a través del proceso de enseñanza a ciudadanos y ciudadanas solidarios, honestos, responsables, justos, tolerantes y comprometidos con su comunidad.

La democracia, como forma de vida, requiere del respeto de los derechos humanos y la práctica de los valores democráticos. La democracia es una forma de vida que hacemos cuando impulsamos la práctica de los valores democráticos como la justicia para contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática.

La justicia es un valor que se ha convertido en un derecho garantizado por la Constitución Política del Perú en su artículo 139° sobre los Principios de la Administración de Justicia. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se considera que el respeto a la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, constituye el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.

La democracia, como sistema político moderno, es una forma de vivir en sociedad que sólo es viable si se fundamenta en conjunto de valores como la libertad, la igualdad, la justicia, el respeto, la tolerancia, el pluralismo y la participación, que requiere de una compleja estructura de procedimientos e instituciones que la hagan posible. Estos valores, que son fundamentales para su funcionamiento, son el resultado de la evolución de nuestras sociedades. Los siete valores fundamentales de la democracia son: Honestidad, Solidaridad, Responsabilidad, Pluralismo, Libertad, Justicia social, Tolerancia e Igualdad.

Estos temas se comentan en el estudio “La educación para una ciudadanía democrática en las instituciones educativas: Su abordaje sociopedagógico”.

“La educación ciudadana es uno de los temas educativos de mayor actualidad, además de abordar aspectos esenciales de la dimensión personal y social del estudiante, posee puntos de contacto importantes con otras direcciones de la práctica educativa”. (https://tinyurl.com/zfn5bmw2). Aun cuando en esta última década del siglo la democracia se ha perfilado como el sistema político en que se desarrolla la vida de los países latinoamericanos, el sistema democrático no ha sido capaz de dar respuesta a todas las necesidades sociales de sus naciones.

No olvidar el “caso peruano”. A propósito de la crisis de democracia, Alexander Benites y Luis Valverde en su ensayo “El estancamiento de la democracia en el Perú”, señalan que: “En las décadas de los años ochenta y noventa, los países latinoamericanos alcanzaron uno de los logros políticos más importantes desde su independencia: la conformación de regímenes con características mínimas para ser catalogados como democráticos”. (https://tinyurl.com/33zw3x3s). Sin embargo, los autores afirman que “el sistema político peruano empieza a degradarse de forma acelerada a raíz de la normalización del uso de mecanismos institucionales extremos, tales como la vacancia presidencial y la disolución del congreso”.

“Esta situación se produce, en parte, por la incapacidad de los gobiernos de la región para dar solución a las graves desigualdades sociales que han caracterizado al continente, pero también por la inexistencia de una institucionalidad realmente democrática. Los sistemas democráticos coexisten con una tradición política arraigada en el autoritarismo y la inexistencia de normas de tolerancia política o participación democrática” (Basombrío 1991, Chaffee, Morduchowiscz & Galperin 1997).

Educar para la ciudadanía democrática requiere pensar en forma integral y profunda en la organización completa del sistema educativo. Es fundamental que la escuela esté alerta a esta exigencia histórica que nos corresponde, el desarrollo del Perú.

Raúl AllainEscritor, sociólogo y analista político. Consultor Internacional en Derechos Humanos para la Asociación de Víctimas de Acoso Organizado y Tortura Electrónica (VIACTEC).

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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La señora democracia, ultrajada aquí, allá y más acá

Por: Aram Aharonian

Tal vez ningún término usado recurrentemente en el espacio público fue ultrajado de tal manera que no solo fue vaciado de contenido sino que perdió todo sentido para remitir a la realidad. Hoy se quiere confundir democracia con el derecho a votar, uno de los pocos derechos que les queda a los de abajo, para creer que participan en una elección, a sabiendas que su condición no cambiará radicalmente.

La voz democracia se usa indistintamente en los debates teóricos y políticos, pero premeditadamente se omite su carácter ilusorio y la falta de asideros históricos y empíricos para privilegiar, ante todo, una perspectiva de deber ser, de aspiración, que difícilmente se consuma.

En tanto ideología, la noción de democracia se emplea como un instrumento de legitimación de las estructuras de poder, dominación y riqueza. Más cuando desde 1968 el capitalismo fue cuestionado a fondo por las clases medias ante las promesas incumplidas luego de 200 años de prácticas y experiencias derivadas de su proceso civilizatorio, señala el mexicano Isaac Enríquez Pérez, en El carácter fetichista de la ideología de la democracia.

Mark Malloch-Brown, presidente de Open Society Foundations y exsecretrario adjunto de Naciones Unidas, señala que los reportes sobre la muerte de la democracia son muy exagerados, pero si no demuestra que puede dar mejores resultados concretos se arriesga a perder a los jóvenes. “Enfrentar la creciente desilusión con el gobierno democrático y algunos de sus principios fundamentales entre los más jóvenes implica restaurar la confianza en que el sistema puede generar calles más seguras, más vivienda, mejor educación y servicios de salud; alimentos y energías a precios más accesibles», afirma Malloch.

El intelectual francés Alain Touraine señala que hoy es más frecuente definir la democracia en función de aquello de lo cual libera la arbitrariedad, el culto de la personalidad o el reinado de la nomenklatura que teniendo en cuenta lo que construye o las fuerzas sociales en las que se apoya.

El escritor uruguayo Eduardo Galeano sostenía que “La democracia es un lujo del norte. Al sur se le permite el espectáculo, que eso no se le niega a nadie. Y a nadie molesta mucho, al fin y al cabo, que la política sea democrática, siempre y cuando la economía no lo sea. Cuando cae el telón, una vez depositados los votos en las urnas, la realidad impone la ley del más fuerte, que es la ley del dinero”.

“Así lo quiere el orden natural de las cosas. En el sur del mundo, enseña el sistema, la violencia y el hambre no pertenecen a la historia, sino a la naturaleza, y la justicia y la libertad han sido condenadas a odiarse entre sí”, añadía.

 «Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura», señaló en su discurso de asunción en 1983, Raúl Alfonsín, el primer presidente democrático luego de la última dictadura militar argentina. La altísima desocupación, el 40 % de pobreza, la educación y la salud pública en crisis, no son imperfecciones o falta de maduración del ideal democrático. Se trata de una democracia burguesa, donde hay interés de clases en pugna, pero donde (casi) siempre pierden los de abajo.

¿La libertad de elección política, requisito indispensable de la democracia, es suficiente para considerar que ésta está consolidada? ¿La democracia se reduce entonces sólo a procedimientos? ¿Es posible definir la democracia prescindiendo de sus fines y, por ende, de las relaciones que instaura entre los individuos y las categorías sociales o limitar la democracia a la posibilidad de participar en elecciones?

El Consejo de Europa señala que hay tantos modelos diferentes de gobierno democrático que a veces es más fácil de entender la idea de democracia en términos de lo que definitivamente no es: no es la autocracia o la dictadura, donde una persona gobierna; y no es oligarquía, donde lo hace un pequeño segmento de la sociedad. Bien entendida, la democracia incluso no debe ser la “regla de la mayoría”, si eso significa que los intereses de las minorías son ignorados por completo.

Estados Unidos avanzó con el arte de convertir sus guerras de conquista en civilizadas formas de organizar el mundo y ordenarlo a su modo. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea lo tienen en el centro de su discurso público: democracia y derechos humanos. Todo se hace, se justifica, se impone, en nombre de ellos y de su defensa.

Pero la realidad muestra otra cara: las intervenciones humanitarias, la guerra contra “el terrorismo”, contra los gobiernos que según Estados Unidos no respetan los derechos humanos, contra los que Washington y sus repetidoras políticas y mediáticas en todo el continente llama “Estados delincuentes”.

La política del miedo y la incertidumbre se ha consolidado también como una de las consecuencias que más incidirá a largo plazo. En un estado de guerra multidimensional, el control de nuestros cuerpos y nuestras mentes se vuelve un objetivo estratégico.  El miedo se vuelve un arma poderosa de control social. Los medios de comunicación y las redes sociales, afectan la psiquis colectiva, desarticulan el tejido social y manipulan la opinión pública.

Son más de 500 intervenciones militares estadounidenses internacionales desde la fundación de Estados Unidos en 1776, con más de la mitad ocurridas entre 1950 y 2017, y un tercio del total después de 1999, reporta el Proyecto de Intervención Militar en la Universidad Tufts.

También hay una extensa lista del uso de fuerza militar estadounidense entre 1798 a 2023, según los archivos del Congreso. Es difícil calcular el número de veces en que Washington ha intervenido, tanto militarmente como de otras maneras, directas e indirectas, en América Latina con el objetivo de lograr un “cambio de régimen”.

El historiador John Coatsworth identificó por lo menos 41 casos entre 1898 y 1994,  uno cada 28 meses durante un siglo. Los ejemplos, sobre todo en América Latina, muestran de manera abrumadora que estas intervenciones de todo tipo han sido contra regímenes progresistas y ayudaron a instalar regímenes derechistas, no pocos de ellos entre los más brutales en el mundo.

Con el gobierno de Salvador Allende, Henry Kissinger dijo estar preocupado de que el éxito de la socialdemocracia en Chile fuera contagioso… Estaba preocupado por que un desarrollo económico exitoso, una economía que produce beneficios para la población general y no sólo ganancias para las empresas privadas

Así, Kissinger dejó al descubierto la historia básica de la política exterior de Estados Unidos durante décadas. Comentó Noam Chomsky en 1994. “En todas partes, lo mismo en Vietnam, Cuba, Guatemala, Grecia, Nicaragua; era la misma preocupación: la amenaza de un buen ejemplo”.

Repasando las distintas etapas de opresión, desde el colonialismo directo de las potencias europeas, al sojuzgamiento económico de la primera mitad del siglo XX, que fue respondido con los primeros movimientos populares en Latinoamérica, los  golpes militares contra los gobiernos populares y la imposición del neoliberalismo no llegaron por arte de magia: necesitó del financiamiento y dirección de EEUU.

A medida que avanzaba la resistencia popular a sus políticas, el neoliberalismo abandonó su disfraz democrático y demostró que no era otra cosa que un proyecto autoritario que pretendía esconderse tras el disfraz de la racionalidad y anonimato del mercado. Y tuvo dos etapas. Una, la anterior al 11 de septiembre del 2001, cuando el discurso y la práctica estaban orientados a la militarización de la política y a la criminalización de la protesta social.

La etapa posterior la marcó el traumático del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono y dio comienzo a un nueva doctrina estratégica estadounidense, en septiembre de 2002, poniendo en marcha el principio de la “guerra preventiva” luego de las palabras del presidente George W. Bush Jr.: “ésta es una guerra entre el bien y el mal, y Dios no es neutral”.

Y la rueda da otra vuelta: luego de haberse impuesto el neoliberalismo en toda la región comienzan a surgir nuevos movimiento populares y nacionales con otros nombres y protagonistas. Además de los golpes consumados, ha habido una desestabilización de signo claramente golpista contra otros gobernantes progresistas, como Rafael Correa en Ecuador y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, que sufren una implacable persecución política operada por instancias judiciales.

Luis Arce, quien restauró la democracia en Bolivia tras el gobierno de facto de Jeanine Áñez, tuvo que luchar contra la sedición de sectores ultraderechistas que aúnan el racismo y el separatismo a la defensa violenta de sus intereses de clase.

El presidente colombiano Gustavo Petro enfrenta un despiadado operativo de lawfare (uso de maquinaciones judiciales y legislativas para deponer a mandatarios incómodos a los intereses de las oligarquías y de las trasnacionales estadounidenses y europeas), así como amenazas directas de altos militares en retiro e intentos de atentar contra su vida.

En Guatemala, el presidente electo Bernardo Arévalo denunció que su país vive un golpe de Estado que se está llevando a cabo paso a paso, mediante acciones espurias, ilegítimas e ilegales en distintas instancias, cuyo objetivo es impedir la toma de posesión de las autoridades electas -Presidente, Vicepresidenta y diputados y diputadas” del Movimiento Semilla al Congreso.

Aunque México parece ajeno a estas asechanzas, la realidad es que en apenas cuatro meses se han producido dos conatos de golpe de Estado, ambos desactivados rápidamente por sus propios promotores al darse cuenta de que contaban con nulas posibilidades de éxito debido al abrumador respaldo social del que goza el gobierno federal.

En mayo, la fracción del ultraconservador Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado solicitó a la Suprema Corte que destituyera al presidente Andrés Manuel López Obrador, y el 23 de agosto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, presentó a sus pares un proyecto que proponía lo mismo.

Con las armas y/o las togas

Los mismos que antes financiaban los golpes de Estado, ahora financian los golpes judiciales para imponer las políticas neoliberales en América latina. Ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces educados en comisiones y foros», señaló la expresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, víctima reciente del lawfare y de un intento frustrado de magnicidio.

Los jueces juzgan no de acuerdo a los derechos y los códigos, sino de acuerdo a los intereses que, siempre, están en contra de las mayorías populares.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoció los avances que se han dado para la consolidación de la democracia en América Latina, pero advirtió que persisten riesgos de retorno del fascismo, intervenciones militares y de que los gobernantes elegidos por el pueblo sean depuestos por grupos oligárquicos.

Señaló que en la actualidad estas operaciones cobran la forma de golpes de Estado “técnicos o mediáticos”, en los que los medios de comunicación corporativos manipulan la información a fin de mantener el régimen de saqueo que los ha enriquecido. Basta con echar una mirada rápida a los acontecimientos del pasado reciente para constatar que éste es un peligro real y acechante.

Desde 2002, distintas configuraciones que reúnen a las fuerzas armadas, los parlamentos, los poderes judiciales, las cúpulas empresariales y los medios de comunicación han derrocado a Hugo Chávez (Venezuela; volvió al poder en 48 horas gracias a la movilización popular y la lealtad de algunos integrantes del Ejército), Manuel Zelaya (Honduras, 2009), Fernando Lugo (Paraguay, 2012), Dilma Rousseff (Brasil, 2016), Evo Morales (Bolivia, 2019) y Pedro Castillo (Perú, 2022).

Cuando el Estado reduce su presencia en educación, salud y la explotación que impacta en el cambio climático, nos queda un vacío, que es ocupado por el narcotráfico:  son los que construyen las escuelas -para controlar socialmente a la población- esas que el Estado no construye por tener que aplicar las políticas de ajuste de los organismos multilaterales.

Un artículo publicado en Rusia por Pyotr Romanov, muy cercano a la política internacional del gobierno de su país,  expresa en forma de pregunta un deseo oficial: «¿Se separa Sudamérica de Norteamérica?». Para explicar la «nueva independencia» de Sudamérica con respecto a EEUU, el autor menciona los triunfos electorales que han obtenido las centroizquierdas en diferentes países del continente.

Los que impulsan en toda América Latina el achique del Estado y las políticas de ajuste son los mismos que después hablan de combatir a los narcos, como si esa guerra se pudiera hacer con represión desde un Ministerio de Seguridad o con la milicia, y no desde el acceso al trabajo, a la salud, a la educación, al progreso.

La realidad de las últimas décadas muestra que algunos gobiernos, al carecer de recursos y renunciar a la facultad regulatoria que deben tener para preservar la calidad de vida de sus ciudadanos, terminan autorizando cualquier cosa a fin de conseguir ingresos. Y, cuando alguien llega a invertir exige sus condiciones; cuanto menos se invierte en seguridad ambiental, más rentabilidad tiene cualquier emprendimiento. La falta de regulación y presencia del Estado para controlar cómo se hace la explotación en materia de minería y petrolera, significa perder soberanía y entregar a las trasnacionales y la banca de inversión los grandes yacimientos minerales de la región.

No cabe dudas: la desaparición o reducción del Estado, lejos de traer seguridad y bienestar, trae otras cosas.

Aram Aharonian: Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Fuente: https://estrategia.la/2023/09/14/la-senora-democracia-ultrajada-aqui-alla-y-mas-aca/

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«Hay que desenmascarar a los poderes ilegítimos»

Noam Chomsky, lingüista y filósofo estadounidense, presidente de honor de CTXT, fue invitado al podcast de Ezra Klein para The New York Times. Habló durante una hora con Klein sobre su concepción del anarquismo y cómo imagina una sociedad libre, pero también trató temas como la crisis ecosocial y el Green New Deal, las políticas laborales de Joe Biden, el ascenso de China y la posibilidad de una guerra nuclear. Repasamos sus reflexiones más destacadas.

El anarquismo

¿Qué es el anarquismo para Chomsky? Algo “de perogrullo”, dice. Parte del principio de que ninguna autoridad o estructura de dominación se justifica a sí misma. Tienen que tener una justificación para ser legítimas. Y algunas la tienen, según Chomsky, pero la mayoría no. Entonces “las autoridades ilegítimas deben ser desenmascaradas, desafiadas y superadas”.

La industria de la publicidad y las relaciones públicas, que dedica “un esfuerzo extraordinario a crear necesidades, moldear la opinión pública y garantizar que las doctrinas de este orden social no sean cuestionadas”, con más o menos éxito, es un ejemplo de poder ilegítimo.

Ante la idea de que la autoridad es útil para organizarse y sacar adelante determinados proyectos, Chomsky explica que “una sociedad libre puede seleccionar personas que tengan autoridad administrativa y de otro tipo para hacerse cargo de partes del trabajo por el bien común. (…) Pero están bajo control popular, y pueden ser destituidas. No están allí porque su abuelo construyó ferrocarriles o porque lograron manipular el mercado para terminar con un montón de dinero”.

Hay diferentes opiniones, diferentes actitudes, diferentes ideas. Así se producen los cambios

Cita como ejemplos la cooperativa Mondragón en Euskadi o “casi cualquier laboratorio de investigación que funcione decentemente en una universidad”.

Admite que una sociedad libre tendría que enfrentarse a conflictos, por ejemplo, si algunos de sus miembros se niegan a ponerse una vacuna o a respetar las normas de tráfico, pero cree que esto es inevitable.

“Ni siquiera querríamos un mundo en el que no hubiera conflictos. Sería demasiado aburrido vivir allí. Hay diferentes opiniones, diferentes actitudes, diferentes ideas. Así se producen los cambios. La vida debe estructurarse de modo que puedan manejarse de manera civilizada” como sucede en una familia feliz o en una cooperativa armoniosa, explica.

Chomsky cree que la libertad que ofrece el capitalismo es “una broma” porque el contrato de trabajo se establece siempre en situaciones de desigualdad. Defiende que este debería ser eliminado en una sociedad libre. Y cree que la idea fundamental del capitalismo “libertario” de Von Mises o Buchanan, es decir, que la máxima aspiración de cualquiera es “ser amo en un mundo de esclavos”, no es cierta.

No es correcto cambiar los sistemas existentes hasta que una mayoría social comprenda que no son justos

Cuando Klein le plantea que la competición por el dinero y el estatus que se da en el capitalismo puede impulsar la innovación y el progreso, Chomsky le recomienda “ir a un laboratorio de investigación”. Considera que en el MIT, donde trabajó durante años, los científicos no se movían principalmente por el deseo de ganar dinero o poder sino por “el desafío de resolver problemas”. Un impulso que percibe también en la curiosidad de los niños. “La mayoría de quienes contribuyeron al desarrollo de Internet son desconocidos y no ganaron dinero con ello”, añade.

De todos modos, el lingüista se define a sí mismo como “conservador” respecto al cambio social, en el sentido de que cree que no es correcto cambiar los sistemas existentes hasta que una mayoría social comprenda que no son justos. En su opinión, si se fuerza el cambio antes de eso, desembocará en un autoritarismo. Sin embargo, cree que el sistema es frágil, que la gente lo acepta por inercia y que una alternativa bien planteada puede ganar apoyo con rapidez.

La Administración de Biden

Preguntado sobre cómo valora la gestión de Joe Biden, Chomsky dice tener sentimientos encontrados pero admite que, en el ámbito doméstico, las cosas están yendo “mejor de lo que esperaba”. “Biden es el primer presidente, probablemente desde Franklin D. Roosevelt, que adopta una postura firme a favor de la sindicalización”, afirma.

Considera que el programa Build Back Better de Biden para invertir miles de millones en ayudas por la pandemia, infraestructuras y políticas sociales es “muy bueno” y que la política climática del presidente “está lejos de ser perfecta, pero es mucho mejor que la de cualquiera de sus predecesores”.

Chomsky recuerda que Biden siempre ha sido “un demócrata conservador, clintoniano”, pero ahora está bajo “una presión popular muy sustancial”. “El activismo popular, que lo ha estado presionando y presionando sobre cada tema, incluido el más importante: la destrucción del medio ambiente”, le ha forzado a adoptar estas políticas progresistas, en su opinión.

¿Cómo responder a la crisis ecosocial?

Respecto al movimiento por el decrecimiento, Chomsky cree que “hay algo de cierto” en sus ideas, pero a continuación afirma que “resolver la crisis climática requiere crecimiento” y una enorme cantidad de trabajo.

“Necesitamos los tipos correctos de crecimiento”, matiza. “Desarrollo de energías alternativas, reconstrucción de ciudades, transportes masivos eficientes…”. Al mismo tiempo, hay que abandonar “el crecimiento del consumo derrochador o los procesos agrícolas destructivos”.

Necesitamos los tipos correctos de crecimiento

En cuanto a los desarrollos tecnológicos que prometen reducir el nivel de carbono en la atmósfera, Chomsky, si bien se muestra prudente porque considera que no tiene un conocimiento suficiente de ese campo, señala que los expertos albergan dudas y que “estos avances, incluso si son factibles, incluso si son lo correcto, no sucederán en un plazo de tiempo relevante”, pues solo tenemos “una o dos décadas” de margen antes de que se pongan en marcha procesos “irreversibles” que irán deteriorando la situación de la humanidad.

“Es como la gente que dice en la izquierda que no vamos a resolver la crisis climática hasta que nos deshagamos del capitalismo”, continúa. “No existe ninguna posibilidad concebible de que se produzca el tipo de cambio social del que hablan en el plazo necesario para resolver este problema urgente”.

La automatización del trabajo

Cualquier trabajo aburrido, destructivo y peligroso debería automatizarse en la medida de lo posible

Chomsky celebra la automatización: “Cualquier trabajo aburrido, destructivo y peligroso debería automatizarse en la medida de lo posible. Eso libera a las personas para que puedan hacer un trabajo mejor, más creativo, más satisfactorio y seguro. Así que es algo bueno”. Sin embargo, advierte que la automatización puede implementarse de múltiples maneras en los centros de trabajo y que la clase dominante siempre escoge aquella que le permite “convertir a las personas en sujetos subordinados, no en agentes y actores independientes”.

El miedo a China en Estados Unidos

Chomsky desconfía de los discursos sobre la amenaza que supone el crecimiento de China. “Cuando todo el mundo dice lo mismo sobre algún tema complejo, lo que te debe venir a la mente es: espera un momento, no puede ser tan sencillo”, argumenta. “¿Cuál es la amenaza china?”, se pregunta.

Klein le plantea que China se está volviendo más autoritaria y cita como ejemplos la represión contra los uigures y el expansionismo en el mar de China Meridional. Según “el argumento que le han dado” en otras ocasiones al entrevistador, estos conflictos indican que un mundo dominado por China sería aterrador.

Cuando todo el mundo dice lo mismo sobre algún tema complejo, lo que te debe venir a la mente es: espera un momento, no puede ser tan sencillo

Sobre la represión a los uigures, Chomsky considera que “no debería estar sucediendo” y hay que denunciarlo, pero no cree que tenga sentido presentarlo como “una amenaza para nosotros” [los estadounidenses] y señala que “lamentablemente, no hay mucho que podamos hacer al respecto”. Sin embargo, recuerda que la situación de los palestinos en Gaza es “mucho peor” y que en ese caso Estados Unidos sí tiene capacidad para intervenir.

En cuanto al expansionismo en el mar de China Meridional, un área clave para el comercio mundial donde China mantiene conflictos con otros Estados por el control de una serie de islotes, Chomsky sí lo considera un problema geopolítico serio, que debe resolverse “mediante la diplomacia”.

Klein comenta que él, como estadounidense, prefiere un mundo dominado por los valores que expresan los gobiernos estadounidenses, plantea si no hay motivos para defender un mundo así. A esto, Chomsky responde que hay que preguntarse cuáles son los valores estadounidenses en realidad, más allá de la retórica. “¿Qué valores americanos hemos demostrado en América Latina? Crímenes y atrocidades horribles, esos son nuestros valores. Lo que acabo de mencionar en Gaza son nuestros valores”, zanja.

La posibilidad de una guerra nuclear

Chomsky, como siempre, es claro sobre la cuestión del conflicto nuclear: debe evitarse a toda costa. “No hay forma de librar una guerra nuclear con ningún adversario. (…) La destrucción sería tan enorme que ni siquiera querrías vivir en el mundo. El hecho de que estemos hablando siquiera de estas cosas es alucinante”.

Por ello, cree que la política de la administración Trump, que puso fin a una serie de acuerdos de no proliferación nuclear, como el IMF firmado por Reagan y Gorbachov, es propia de “personas que están locas”.

¿Qué se debería hacer? En su opinión, aceptar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares propuesto por la Asamblea General de la ONU, que todos los países con armas nucleares rechazaron. Apoyar la prohibición “no es una posición extrema”, asegura Chomsky. “Ha sido defendido por personas como Henry Kissinger, George Shultz o el difunto secretario de Estado de Reagan, personas que han estado justo en el corazón del sistema de armas nucleares”. Otra opción, que no acabaría con el problema pero tendría “un peso simbólico”, es “establecer zonas libres de armas nucleares en el mundo”.

Fuente: https://ctxt.es/es/20230901/Politica/44019/chomsky-poderes-ilegitimidad-podscast-charla-nuclear-prensa-eeuu-anarquismo.htm

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Chile: Nuevo video: Cuando la clase trabajadora organizó la vida

Trata sobre la emergencia de los cordones industriales durante la Unidad Popular de Salvador Allende, a través de una entrevista con Mario Olivares, integrante entonces del Cordón Industrial Vicuña Mackenna y actual dirigente del Sindicato N° 2 de Viña San Pedro-Tarapacá.

A 50 años del golpe: Cuando la clase trabajadora organizó la vida, es un video producido recientemente por trabajadores del Departamento de Comunicaciones del Sindicato N° 2 de la Viña San Pedro-Tarapacá, organización asociada a la Federación de los Trabajadores de la CCU.

Trata sobre la emergencia de los cordones industriales durante la Unidad Popular de Salvador Allende, a través de una entrevista con Mario Olivares, integrante entonces del Cordón Industrial Vicuña Mackenna y actual dirigente del Sindicato N° 2 de Viña San Pedro-Tarapacá. Asimismo, se presenta una conversación con Gioconda Aguilera, activista de derechos humanos que vivió la etapa en que los propios trabajadores controlaron la producción de la Planta de Limache de la Compañía de Cervecerías Unidas, CCU.

Fuente: https://rebelion.org/nuevo-video-cuando-la-clase-trabajadora-organizo-la-vida/

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Libro (PDF):  Protestas en los tiempos de las cóleras. Impugnaciones al neoliberalismo en América del Sur

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital.

¿Qué consecuencias políticas producen las protestas y movilizaciones? ¿Qué estrategias siguen los diferentes gobiernos para abordarlas? ¿Por qué en algunos casos provocan crisis de gobiernos regresivos y en otros generan que fuerzas políticas progresistas triunfen electoralmente? ¿Cuáles son los legados de las protestas y movilizaciones para abordar los renovados desafíos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales en la región? Con el afán de indagar en estos interrogantes, este libro, primer fruto de la alianza entre CLACSO y ALACIP, presenta el proyecto ganador de la convocatoria de investigación «Los sistemas políticos latinoamericanos y caribeños ante la nueva ola de movilizaciones y protestas sociales». Sus páginas analizan la ola de protestas ocurridas en 2019 en Argentina, Brasil, Chile y Colombia a partir de las dimensiones de la política y la economía. El estudio detenido de tales procesos de protestas trasciende la coyuntura de 2019 para aportar en la comprensión de las complejas articulaciones entre política y sociedad en contextos democráticos. Este volumen representa un gran aporte para entender las dinámicas de las protestas sociales actuales en los países de la región y su lugar en los desafíos que enfrentan los sistemas políticos de nuestro continente.

Autoría: Angélica Gunturiz R.. Juan Bautista Lucca. Renata Peixoto de Oliveira. José Francisco Puello-Socarrás. [Autoras/Autoress]

Editorial/Edición: CLACSO. ALACIP.

Año de publicación: 2023

País (es): Argentina. Brasil

ISBN: 978-987-813-517-5

Idioma: Español

Descarga: Protestas en los tiempos de las cóleras. Impugnaciones al neoliberalismo en América del Sur

Fuente e Imagen: https://libreria.clacso.org/publicacion.php?p=2836&c=2

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Entrevista a Nadia Urbinati: La rebelión de «los pocos» contra «los muchos»

En su libro Pocos contra muchos, la politóloga italiana Nadia Urbinati analiza la forma en que las elites políticas y económicas se han divorciado de la ciudadanía y explica por qué los ruidosos movimientos de protesta social contemporáneos no logran traducir sus demandas en conflictos políticos. Además, invita a pensar, desde la tradición de la izquierda democrática, la necesidad de una «democracia social» en la que los partidos actúen como mediadores entre la ciudadanía y las instituciones.

¿Cómo y por qué «los pocos» se han divorciado de sus responsabilidades? ¿De qué modo quienes detentan poder económico y político se han desresponsabilizado del cuerpo social? ¿Y de qué forma enfrentan «los muchos» esta situación? Estos interrogantes son abordados de manera minuciosa por la politóloga italiana Nadia Urbinati en su libro Pocos contra muchos, publicado recientemente en español por Katz Editores. En su ensayo, Urbinati muestra por qué los nuevos estallidos sociales parecen estar condenados al fracaso y en qué forma una democracia minimalista –nacida de las ruinas de la democracia social que sostenía al Estado de Bienestar– ha producido una licuefacción de las estructuras partidarias clásicas. Urbinati muestra, además, el maridaje entre neoliberalismo y populismo (al que define como algo más que una retórica y una ideología). Su trabajo constituye un aporte a repensar la importancia de la organización partidaria y de las mediaciones institucionales dentro de la tradición de las izquierdas democráticas y reformistas.

La publicación en español del libro de Urbinati conecta con el desarrollo de numerosos movimientos de protesta que, en la actualidad latinoamericana, no logran traducir sus demandas a la arena institucional. Profesora de Teoría Política en la Universidad de Columbia, especialista en pensamiento político moderno y tradiciones democráticas y antidemocráticas, Urbinati fue, además, copresidenta del Seminario de Pensamiento Político y Social de la Universidad de Columbia y fundadora del Taller sobre Política, Religión y Derechos Humanos del Departamento de Ciencias Políticas de la misma casa de estudios. Ha sido colaboradora de los periódicos L’Unità, Il Fatto Quotidiano La Repubblica. Actualmente colabora con la revista Left y con el periódico Domani. En 2008, el presidente italiano Giorgio Napolitano la nombró Comandante de la Orden del Mérito de la República Italiana «por su contribución al estudio de la democracia». Es, asimismo, autora de diversos libros, entre los que se destacan Yo: el pueblo (Grano de Sal, México, 2021), La democracia representativa (Prometeo, Buenos Aires, 2017), La democracia desfigurada (Prometeo, Buenos Aires, 2014), La mutazione antiegualitaria [La mutación antiigualitaria] (Laterza, Roma, 2013) y Liberi e uguali [Libres e iguales] (Laterza, Roma, 2011).

En esta entrevista, Urbinati analiza las nuevas dimensiones de la confrontación entre «los pocos» y «los muchos», indaga en los nuevos movimientos de protesta y explica por qué se dirigen ya no solo contra quienes concentran el poder económico, sino también contra quienes detentan el poder político.

Desde hace muchos años, usted trabaja sobre diversas cuestiones vinculadas a la teoría política, centrándose tanto en problemáticas que hacen a la democracia representativa como en la articulación de un conjunto de ideas sobre la categoría de «populismo». Su libro Pocos contra muchos está directamente relacionado con estos temas, pero introduce una novedad al dar cuenta de una serie de transformaciones, tanto en el ámbito político como en el social y económico, que han favorecido nuevos tipos de liderazgo, interpelación y protesta social. Usted sostiene que «los pocos» se han rebelado contra «los muchos», divorciándose de sus responsabilidades. Y, a la vez, expresa que «los muchos» se manifiestan contra «los pocos», pero sin lograr traducir la convulsión en conflicto. ¿Cómo se han separado las elites de sus responsabilidades? ¿Por qué debemos pensar ahora no solo en la rebelión de «los muchos» contra «los pocos», sino de «los pocos» contra «los muchos»? ¿Qué herramientas tienen «los pocos» para rebelarse contra «los muchos»?

Comencé a pensar este libro hace unos años, a partir del desarrollo de algunos procesos de movilización social que llamaron mi atención. Me refiero, particularmente, al levantamiento popular en Chile de 2019, a la emergencia de los «chalecos amarillos» en Francia y a movilizaciones como las que tuvieron lugar en Italia a comienzos del siglo XXI con el llamado movimiento girotondi. En principio, me resultaba interesante analizar el impacto que generaban esas grandes convulsiones sociales que tendían a desatarse por situaciones que políticamente consideraríamos menores –el aumento del precio del metro en Chile, la suba del precio del combustible en Francia–, pero que claramente expresaban algo más que el punto concreto que producía la explosión inicial. Indagando en estas ruidosas manifestaciones sociales, llegué a la conclusión de que existía, definitivamente, un punto en común en ellas. Todas constituían formas de acción colectiva que se producían en la forma de revueltas iracundas, de rebeliones y de levantamientos, pero ninguna de ellas lograba traducirse en un conflicto político. Politológicamente, el conflicto tiene unos rasgos muy definidos, que lo diferencian, justamente, de la convulsión o el estallido. El conflicto se asocia a expresiones y formas de protesta que se desarrollan con liderazgos partidarios, sindicales o sociales, y tiene un objetivo concreto que puede alcanzarse a través de una negociación. Cuando hay conflicto, las organizaciones que desarrollan las protestas tienen representaciones capaces de operar no solo por fuera, sino también por dentro de las instituciones –razón por la cual muchos de sus movimientos son también calculados–. Dicho muy concretamente: hay conflicto cuando puedo demostrar mi fuerza a mi adversario, tengo representantes para negociar y organizaciones para representar. La razón por la que estos estallidos no llegan, en términos generales, a configurarse en la forma de un conflicto político se debe a que «los muchos» han perdido esas organizaciones clásicas con las que contaban para rebelarse frente a «los pocos». Esas organizaciones –sobre todo las partidarias– han cambiado tan fuertemente de forma y se han desligado tanto de su función mediadora entre sociedad e instituciones, que la sociedad solo puede manifestarse en forma explosiva, pero sin canales que la conecten con la política institucional real. Esto provoca, lógicamente, que, sin conducciones o relaciones partidarias mediadoras, las protestas, por más ruidosas que sean, acaben disipándose.

Este proceso me llevó a indagar en esa transformación de los partidos políticos. Una tarea que, por supuesto, considero importante, porque no existe ningún régimen político democrático sustentado en procesos electorales que no tenga una disposición natural a la organización en formas partidarias. Si observamos detenidamente esta esfera, nos percatamos de que se ha producido un franco declive de los partidos organizados, es decir, de los partidos como fuerzas ideológicas, como fuerzas que movilizan, que informan, que forman una clase dirigente desde abajo, que se organizan, que educan, que pretenden guiar a la ciudadanía y que buscan constituirse como mediadores entre ella y las instituciones. Lo que tenemos, en contrapartida, es una desresponsabilización de los partidos y de los cargos electos de esas funciones clásicas y el desarrollo de una actividad que se produce solo dentro de las instituciones, utilizando a los medios de comunicación para construir consensos. Lo que tenemos es una democracia minimalista solapada con una economía neoliberal. La democracia de partidos ha sido desplazada por una democracia de audiencias. La política se ha escindido de la sociedad, ha descartado su función mediadora y ha decidido moverse como una esfera diferente y diferenciada de la ciudadanía.

Dicho de otro modo: «los muchos» han perdido las organizaciones con las que podían luchar políticamente y conseguir objetivos concretos. Y, aun así, el siglo XXI parece haber inaugurado luchas constantes de «los muchos» contra «los pocos» –entendiendo a «los pocos» bajo dos parámetros: los económicamente poderosos (la oligarquía) y los políticamente poderosos (los partidos y sus representantes que se han escindido de la sociedad)–. La novedad es que ahora «los muchos» no tienen la capacidad –por carecer de organizaciones mediadoras– de traducir su descontento y su movilización en conflicto. La sociedad no logra, como decía Antonio Gramsci, pasar del estadio de la convulsión al del conflicto.

En su libro, usted plantea claramente un escenario de cambio. Afirma que, mientras que en el pasado «los muchos» habían conseguido una cierta estabilización del conflicto con «los pocos» a través de la organización en partidos políticos, ahora la contradicción parece haberse invertido: son «los pocos» los que se han rebelado contra «los muchos». ¿Cómo lo han hecho y cómo se ha producido esta transformación?

Cuando los partidos eran capaces de organizar a la sociedad, eran capaces también de poner a «los muchos» en una condición de poder. Como usted sabe, desde la antigua democracia en adelante, «los muchos» han precisado crear instituciones colectivas –asambleas, parlamentos, asociaciones, partidos–, pero también una identidad colectiva como actores políticos, como ciudadanos. Eso permitió estabilizar la tensión de clase entre quienes tienen poder –y no necesitan una organización partidaria– y quienes no tienen poder –y necesitan mucha organización partidaria–. Hoy esa situación se ha invertido. En tanto los partidos ya no son capaces (o no quieren) organizarse, los ciudadanos se encuentran en una condición de horizontalidad desorganizada, que los revela sin fuerza y sin capacidad de poner límites al poder de «los pocos». Si se quitan –como se ha hecho– los límites que «los muchos» pueden ponerles a «los pocos», estos últimos utilizan fácilmente las instituciones y los Estados para aumentar su propio poder. En Occidente, esto es particularmente visible en el declive de la fiscalidad sobre la herencia o sobre los ingresos. En este sentido, al igual que asistimos a una desresponsabilización de los partidos de su función mediadora y representativa, asistimos también a un proceso de desresponsabilización de los más ricos y los más poderosos respecto de sus obligaciones hacia la sociedad. Democracia minimalista –en la que los partidos se escinden del cuerpo social– y neoliberalismo –en la que «los pocos» se desresponsabilizan de sus obligaciones de cara a la ciudadanía– se unen.

«Los pocos», en definitiva, han decidido divorciarse de la sociedad…

Exactamente. Se han divorciado de sus responsabilidades y han decidido producir una suerte de autosecesión respecto del cuerpo social. Esto es, claro, muy problemático, porque, como sabemos, la responsabilidad siempre debe ser proporcional al poder que tenemos. No por nada consideramos que, por ejemplo, la tributación debe estar relacionada proporcionalmente con nuestra capacidad económica. Cuanto más tienes, más contribuyes. Hoy es exactamente al revés. Los que tienen más son los que menos contribuyen.

A diferencia de los antagonismos de clase y de la forma que adoptaron las luchas sociopolíticas después de la Segunda Guerra Mundial, usted entiende que el conflicto entre unos pocos y muchos, tal como está planteado hoy, no es productivo. No se resuelve, se mantienen sectores de poder y los movimientos de protesta expresan críticas, pero sin lograr reformas sustanciales. ¿Cuáles son las razones de la improductividad de este conflicto?

Considero que hay al menos dos razones fundamentales. Una es, como decía anteriormente, la transformación de los partidos políticos. Esa transformación va unida, por supuesto, a cambios sociológicos y económicos profundos, como el del declive del trabajo como cemento de la sociedad. No hay más que mirar hacia atrás para constatar que toda la arena política estaba sustanciada sobre la base de conflictos asociados al trabajo y al salario: discutíamos seguros de desempleo, jubilaciones, tiempo de trabajo, aumento de las escalas salariales. Esas eran las cuestiones fundamentales del conflicto político a partir de la segunda posguerra. La segunda cuestión se vincula a la forma en la que se ha transformado la economía global. El poder de las finanzas es hoy mucho más importante que en el pasado. Ese poder ha reducido la capacidad de maniobra de los Estados –sobre todo de los pequeños y medianos, que se encuentran en una situación de impotencia y de pérdida de margen de maniobra respecto de ese poder–. Los partidos políticos no pueden, a nivel interno, prometer grandes reformas o transformaciones, lo que conduce, en muchos casos, a una desafección política por parte de la ciudadanía, que percibe y siente que la política tradicional ya no le sirve, ya no le ayuda a resolver el conflicto. Mientras, desde el otro campo, los pocos están bien organizados, incluso a nivel global, y utilizan a los Estados para contener y reprimir a los muchos, pero ya no para crear las condiciones necesaria para una buena democracia colectiva en la que pocos y muchos puedan convivir.

Este proceso de conflicto y tensión entre «pocos» y «muchos» se asocia, en su obra, a una concepción de la democracia. Defiende, en rigor, la existencia de dos perspectivas democráticas: una que podemos definir como social, que asume que garantizar la igualdad y la libertad de los ciudadanos requiere no solo de canales de participación, sino también de políticas que garanticen las condiciones sociales de la ciudadanía, y una concepción minimalista, centrada solo en el aspecto procedimental, en el acceso al derecho de voto y en la garantía de los derechos civiles. ¿Hasta qué punto la renuncia a la democracia social ha permitido que «unos pocos» se desvinculen del sentido de la responsabilidad por la mayoría?

El hecho de que podamos mensurar dos concepciones claramente distintas de la democracia –una que podemos llamar social y otra que podemos designar como minimalista– no implica que la concepción social esté reñida con los procedimientos. Muy por el contrario, quienes, siguiendo a autores como Bobbio y Kelsen, nos situamos en los términos de una democracia social, entendemos que los procedimientos constituyen parte de la sustancia misma de la democracia, en tanto ubican a oficialismo y oposición en una posición de cooperación y compromiso con el régimen político. Sin embargo, y siguiendo el argumento de estos mismos autores, considero que la democracia no puede agotarse solo en esos procedimientos. El motivo es muy sencillo de comprender: la democracia está formada por ciudadanos que tienen una serie de derechos y que bregan por el mejoramiento de su vida. Y lo hacen a través de las instituciones, conformándose como una sociedad civil implicada políticamente. En tal sentido, y en contraste con quienes apelan al minimalismo democrático, esta perspectiva considera que la sociedad no constituye un cuerpo extraño a la democracia, sino que es la sustancia misma de ella. Los ciudadanos se implican para poder satisfacer sus necesidades y sus aspiraciones, y corresponde a la democracia desarrollar los mecanismos para garantizar esa satisfacción. Los partidos, en ese sentido, tienen un rol clave, en tanto interactúan con la ciudadanía –que participa en ellos– y, a la vez, actúan dentro de las instituciones. La lectura minimalista, en cambio, parte de supuestos muy diferentes, a tal punto que considera que los ciudadanos son, fundamentalmente, individuos que solo se reúnen y se asocian cuando lo precisan, por lo que reduce la democracia al momento del voto y la elección de los representantes. Son, de hecho, individuos más que ciudadanos. En la concepción minimalista de la democracia, lo que define la libertad política es, casi de modo exclusivo, la posibilidad de acceder al sufragio democrático. En definitiva, el apartado social no forma parte de esta concepción. Y el problema, en tal sentido, no tarda en aparecer, porque la posibilidad de acudir a votar no garantiza las condiciones para una vida decente. Pero si no se garantizan las condiciones para una vida decente, la confianza en la democracia disminuye. Dicho muy claramente: si la democracia solo puede prometerme pobreza, miseria y condiciones humillantes, ¿por qué tengo que ser democrático? Soy democrático porque mi libertad política tiene valor y tiene valor porque a través de ella puedo construir una vida decente. Ahora bien, si la democracia ya no puede hacer esto y deviene solo en las reglas del juego en el que juegan unos pocos que tienen algo propio que defender, resulta evidente que la democracia carece del mismo valor para unos que para otros. Este minimalismo, que habilita que las instituciones sean utilizadas como herramienta de unas elites que no se preocupan por las condiciones sociales de la democracia, le hace un flaco favor al régimen democrático. ¿Por qué muchos de nuestros conciudadanos van cada vez menos a votar y se preocupan cada vez menos por los procesos democráticos? No porque se hayan vuelto consumistas o individualistas –o al menos no solo por eso–, sino porque perciben que cuando la democracia es concebida en términos minimalistas, la política resulta una herramienta poco poderosa para defender el proyecto social común.

Usted analiza detenidamente los documentos desarrollados por la Comisión Trilateral -formada por Michael Crozier, Samuel P. Huntington y Jõji Watanuki- en 1975. Según esa Comisión, la causa de la crisis de la democracia vigente durante los llamados «treinta años gloriosos» fue el resultado del propio modelo del Estado del Bienestar. La propuesta de la Comisión era, por supuesto, acabar con este modelo en el que la democracia era entendida en su aspecto social y optar por una democracia más procedimental o mínima que privilegiara al individuo. Ciertamente, este modelo triunfó políticamente, sobre todo tras la revolución conservadora de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Sin embargo, el conflicto no ha desaparecido, sino que ha adoptado nuevas formas y ha visto emerger a nuevos actores. ¿Por qué ese modelo, nacido de críticas como las que planteaba la Comisión Trilateral, ha fracturado el cuerpo social? ¿En qué medida se conecta con la tradición republicana?

Efectivamente, yo parto del documento de la Comisión Trilateral de 1975, en tanto revela una serie de cambios en la concepción democrática, sobre todo en lo que concierne a Europa occidental y Estados Unidos. Hasta ese momento, y desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, había quedado claro que el establecimiento del pacto democrático implicaba una concepción social. Se había desarrollado el Plan Marshall, se había producido un acuerdo monetario para permitir la cooperación entre los distintos países y se habían forjado democracias sólidas en las que la preocupación por la dignidad de la vida de los ciudadanos era uno de los aspectos fundamentales. Sin embargo, la Comisión Trilateral consideraba que esas democracias estaban en crisis porque los gobiernos habían sobrecargado al Estado a través de políticas sociales que volvían a ese mismo Estado dependiente de las asociaciones y los movimientos de la sociedad. Según la Comisión Trilateral, los partidos organizados y la ciudadanía, que desarrollaba diversas demandas de redistribución, eran responsables de lo que denominaban una «crisis de la democracia». El argumento fundamental era que las políticas sociales y distributivas no solo habían sobrecargado al Estado, sino que habían generado una sociedad que manifestaba cada vez más demandas y reivindicaciones, lo que derivaba en protestas y huelgas permanentes. La recomendación de la Trilateral era reencauzar la democracia para darle «gobernabilidad». Y para reencauzarla, lo que se debía hacer era apostar por una concepción minimalista. Lógicamente, el objetivo planteado por la Trilateral apuntaba a licuar la democracia de partidos, a convertir las elecciones, no ya en un mecanismos de representación de demandas, sino meramente de elección autorizada de dirigentes políticos, y a fortalecer al individuo por sobre el ciudadano. La concepción que guiaba estos planteos era la de diferenciar Estado y sociedad: la sociedad está afuera, es un cuerpo diferente y extraño al cuerpo político. En ese marco, las responsabilidades de la política se reducen: tienen que ver con el orden público, con la moneda, con las relaciones internacionales. El resto de las intervenciones son de sostén y de infraestructura, pero ya no de políticas sociales, porque se considera que estas lastran al Estado, lo vuelven pretencioso y mantienen la fiscalidad en niveles elevados. Este ataque a la democracia social fue acompañado de toda una serie de procesos, entre los que podemos destacar el fin del Acuerdo Bretton Woods tal como lo conocíamos y el paso de Estados Unidos a una posición ofensiva a escala internacional, manifestándose en tensión incluso con la propia Europa. Y efectivamente, el programa de la Comisión Trilateral fue el que se desarrolló y llevó a un pasaje de la democracia social a la democracia minimalista. Esto condujo, evidentemente, a un divorcio de «los pocos» respecto de «los muchos», en tanto con un capitalismo liberado y una estructura democrática mínima los últimos ya no sentían ningún tipo de responsabilidad sobre el cuerpo social. Los ricos y poderosos se divorciaron de ese cuerpo social, se desligaron de sus responsabilidades. ¿Y qué implicó este proceso en términos democráticos? Que ya no haya un cuerpo social, sino dos. La democracia perdió sus bases sociales organizadas, las mediaciones partidarias que habían caracterizado el periodo de posguerra, y adoptó una dimensión republicana. En esa tradición, la republicana, el cuerpo social está compuesto de dos partes y no de una. Para nosotros, herederos de la Revolución Francesa, la democracia es una y el pueblo es uno, que incluye a todos los ciudadanos. Pero la concepción minimalista de la democracia, que ahora va unida al neoliberalismo en términos económicos, fractura ese demos y retorna al republicanismo. En el mundo de la República romana, el Senado y el pueblo eran dos partes y la libertad residía en la capacidad de estas dos partes de limitarse mutuamente. Hoy tenemos un retorno a esa tradición, que se manifiesta en un demos fracturado: por un lado, «los muchos» que no tienen poder social y económico, y, por otro lado, «los pocos» que sí lo tienen.

Permítame hacerle una pregunta sobre los movimientos de protesta, que usted trata ampliamente en su ensayo. Uno de los puntos cardinales de su análisis es que el divorcio entre las elites y el pueblo ha dado lugar a movimientos sociales muy distintos de aquellos que hemos conocido en el pasado. Usted cita como ejemplos el movimiento girotondi –que se desarrolló en Italia a principios de 2002-, Occupy Wall Street y los «chalecos amarillos» en Francia. ¿Cuáles cree que son las principales características de estos movimientos, qué subyace en su narrativa y por qué son fundamentalmente diferentes de las organizaciones de clase que hemos conocido en el siglo XX?

Una de las características centrales de estos movimientos es su marcado carácter estético. Constituyen, de hecho, movimientos muy llamativos y provocativos, lo que les permite atraer a los medios de comunicación. En tanto las mediaciones políticas institucionales están rotas, esa presencia mediática se vuelve fundamental para su supervivencia, lo que explica, al menos en parte, que sus acciones sean cada vez más ruidosas y radicales. Dicho de otro modo: a mayor radicalidad, mayor presencia mediática. Aun cuando puedan protestar, por ejemplo, contra el neoliberalismo, sus acciones están en consonancia con la estructura neoliberal: lo que buscan es una audiencia. En definitiva, esto revela, no su fuerza, sino la falta de ella: evidencia que carecen del poder que tenían las organizaciones clásicas como los partidos políticos. De hecho, carecen de elementos unificadores claros y de demandas comunes, como se verificó en el caso de los «chalecos amarillos». Cuando los manifestantes eran entrevistados individualmente, las respuestas solían ser casi siempre las mismas: «yo hablo por mí», «me represento a mí mismo», «no represento a nadie y nadie me representa». Esto los ubica en un plano muy diferente del de los movimientos clásicos de protesta social, que eran canalizados y organizados a través de instituciones mediadoras como partidos o sindicatos. Estos nuevos movimientos no pretenden ser –al menos no directamente– representativos de una idea o de una perspectiva común. Expresan ira, indignación, descontento y frustración. Pero eso no necesariamente constituye un punto de vista político compartido. Es por ello que, cuando estos movimientos se lanzan a las calles de modo espontáneo y buscan resolver una cuestión concreta, a menudo no consiguen la respuesta adecuada o esperada, porque carecen de apoyos institucionales para ello. Ya no tienen partidos u organizaciones que los representen en las instituciones porque, como hemos dicho, en la democracia minimalista se ha producido una escisión entre quienes están dentro del cuerpo político y quienes se encuentran fuera de él. Y es justamente por ello que estos movimientos resultan fuertemente explosivos en un momento determinado, pero luego se disipan y, sencillamente, deja de hablarse de ellos. Al final, no sabemos si han conseguido algo o no han conseguido nada: simplemente se esfuman, se disgregan. Lo que estos movimientos expresan es, en definitiva, la ruptura entre el pueblo y la política institucional, y la fisura entre «los pocos» y «los muchos». Son una evidencia de la ruptura de las mediaciones clásicas de la política.

Según su perspectiva, estos nuevos movimientos «antisistema» constituyen el «espíritu» de lo que usted denomina «política populista». Como usted sabe, el populismo es un concepto que tiende a volverse confuso, ya que su uso generalizado lo ha convertido en un arma arrojadiza de crítica política, a la vez que en un término peyorativo. En círculos periodísticos y políticos hay quien lo equipara a demagogia, quien lo vincula a autoritarismos de diversa índole y quien simplemente lo utiliza para referirse a cualquiera que invoque la idea de soberanía popular. En su trabajo, sin embargo, la categoría de populismo es asumida desde un análisis politológico, como se refleja en sus libros Yo, el pueblo1 y La democracia desfigurada2. Usted afirma, al mismo tiempo, que el populismo no es una ideología pero tampoco puede reducirse a una retórica. Entonces, ¿qué define exactamente el populismo y quién puede entrar en esta categoría política?

Efectivamente, el populismo no constituye una ideología –de hecho, puede asumirse bajo posiciones de derecha y de izquierda– y tampoco puede ser definido meramente como una retórica. Por supuesto, los movimientos populistas utilizan la retórica, pero este no es un rasgo único de ellos: al fin y al cabo, cuando se acercan los periodos electorales, todos los partidos, incluidos los no populistas, se vuelven, en ese aspecto, un poco populistas, en tanto tienden a presentarse como los mejores, le achacan al resto ser los peores y establecen una lógica dualista y binaria basada en el antagonismo entre un «ellos» y un «nosotros».

Lo definitorio del populismo es su forma de concebir la representación. Lo que el populismo hace es eliminar –o intentar eliminar– una serie de mediaciones que se corresponden con nuestra tradición democrático-representativa. En esa tradición, consideramos que los partidos políticos tienen la función de constituirse como mediadores entre lo que está fuera y lo que está dentro del Estado. En tal sentido, resultan necesarios para sostener una esfera de separación –mediada– entre Estado y sociedad. Esa separación nunca es total, justamente porque los propios partidos actúan dentro y fuera de las instituciones. Son, recalco, una institución mediadora. Interactúan con la sociedad civil al mismo tiempo que desarrollan una representación dentro de la institucionalidad estatal. En nuestra idea de representación hay, además, otras instituciones trascendentales: los sindicatos, las universidades, los movimientos sociales, la propia prensa. ¿Por qué? Porque nos permiten participar de la vida política. Pero si prestamos atención, percibimos que esa participación siembre es mediada, y si es mediada es porque hay una separación de esferas. Si nuestra democracia representativa tiene esta separación es porque considera que nosotros no establecemos un proceso de identificación absoluta con nuestros representantes, sino que, por el contrario, al ser una sociedad plural, no somos iguales a ellos.

Si la democracia representativa se fundamenta en esta separación, el populismo se basa en la idea de representación como identificación. El populismo elimina la mediación y la separación –porque quiere unir lo que está fuera y lo que está dentro– y, en este sentido, sostiene que el pueblo puede ser uno identificándose con un líder. A través del líder, la pluralidad y la complejidad se disipan, y el pueblo se articula como una unidad. Para conseguir esa articulación del pueblo como una unidad, el líder unifica demandas muy diversas a través de un antagonismo (que a veces puede ser más débil y otras más fuerte). Ese antagonismo puede dirigirse en la forma del «pueblo» contra los ricos, contra los inmigrantes, contra los movimientos de diversidad, contra las mujeres o contra el establishment. Pero necesariamente el líder populista precisa un punto de unión para constituir ese pueblo unitario. Precisa un antagonismo para unificar al pueblo. Y, al unificar, homogeneiza. Anula, en definitiva, el pluralismo interno del pueblo en nombre de una unidad que se funda en ese antagonismo. Es justamente por ello que el uso de la categoría de pueblo, por parte de los populistas, carece de pluralismo: hay un pueblo (uno solo) –que, naturalmente, es bueno– y hay unos «enemigos del pueblo» –que lógicamente son malos–.

¿Y por qué, según su análisis, la emergencia del populismo se correspondería con el auge del neoliberalismo? ¿Qué es lo que los hace maridar?

Que la política populista emerja fuertemente en tiempos neoliberales no tiene nada de extraño. De hecho, es muy lógico y ambos van de la mano. Hemos dicho que la ruptura de las mediaciones políticas clásicas ha provocado una crisis y que, como afirma Bernard Manin hacia el final de su libro Los principios del gobierno representativo[3], ya no vivimos en una sociedad democrática de los partidos, sino en una sociedad democrática de las audiencias. En tal sentido, constituimos un público desagregado que carece de organizaciones políticas que produzcan utopías y perspectivas de futuro. Y en una sociedad de este tipo, en la que las mediaciones se han roto, la forma más sencilla de unificar a un pueblo desagregado es mediante un proyecto populista. Aquí es donde la democracia minimalista, ligada al neoliberalismo, se une con la política populista.

Por supuesto, el populismo puede asumir diferentes formas, incluida la tecnocrática –como se verificó con el gobierno de Mario Draghi en Italia, que decía representar a todo el pueblo y no a los partidos–. Lo sustancial, lo característico, lo definitorio del populismo es la vocación de unir a ese pueblo desorganizado en torno de la figura de un líder. El populismo no es, por tanto, algo externo a la democracia, sino una transformación interna de esta. Es una forma política que se produce dentro de la democracia representativa y que no constituye un régimen: no tiene sus propias instituciones ni sus procedimientos. Utiliza los de la democracia, parasitándolos. Y cuando la democracia es minimalista, tanto más fácil. Si hay mediaciones y partidos clásicos, una ciudadanía activa y una democracia social, la política populista penetra mucho menos fácilmente.

En una democracia organizada en partidos, en la que la sociedad civil se articula también en sindicatos, en asociaciones intermedias, en la que hay, en definitiva, instituciones mediadoras fuertes, es más difícil que se desarrolle una política populista que en una democracia minimalista. Al reducir la representación a la participación en los momentos electorales, la democracia minimalista rompe la estructura clásica basada en partidos y, por ende, la conexión entre sociedad civil y sociedad política. Si bien los partidos no desaparecen, mutan a tal punto que dejan de ser máquinas de educación política, conocimiento y mediación, para pasar a ser máquinas electorales. Su función pasa a ser solo la selección de candidatos, triunfar y sostener a una elite política. Renuncian, en definitiva, a su función mediadora, a su función educadora, a su función realmente representativa. De este modo, la separación entre ciudadanos e instituciones se ensancha hasta un punto en el que la representación se fisura y se conforman, como decía anteriormente, dos cuerpos sin conexión entre sí. El populismo usufructúa plenamente esta democracia minimalista y la democracia de audiencias propia del neoliberalismo. Porque si la separación es amplia, puede unificar la idea de pueblo contra la elite política. El populismo está, en este sentido, completamente en sintonía con la democracia minimalista y el neoliberalismo.

¿Por qué afirma que el populismo desfigura la democracia? ¿De qué modo lo hace?

En primer lugar, el populismo redefine al pueblo. En las constituciones democráticas, el pueblo no constituye una entidad social, sino una entidad normativa y constitucional que incluye a todos y a todas del mismo modo: todos somos ciudadanos. El populismo modifica esta idea y pasa de la idea de un pueblo normativo y constitucional –que pone límites a la política– a la de un pueblo social y político: el pueblo como verdadera mayoría. Instala, en tal sentido, la idea de un «pueblo verdadero» contra el «pueblo formal». Esto implica que el líder define al pueblo, por lo que el pueblo, al ser, en definitiva, una entidad definida, es al mismo tiempo una entidad cerrada, con límites y, por ello mismo, en mi opinión, abierta a la intolerancia. Si el pueblo es encerrado en determinados límites o fronteras, se opera, necesariamente, una forma de exclusión. El segundo elemento de la desfiguración democrática interna que produce el populismo se vincula a la modificación de un principio sustancial de la tradición democrática: el de la mayoría. En la tradición clásica, entendemos que existe una mayoría y una oposición que luego puede constituirse también como mayoritaria. El populismo, en cambio, ve las cosas de un modo muy diferente. En su argumentación, la idea de mayoría va unida a la de un permanente poder del pueblo –definido en sus propios términos– que siempre es mayoritario. Así, rompe la dialéctica de las mayorías y las oposiciones circunstanciales, basadas, lógicamente, en el pluralismo existente en el pueblo. En tercer lugar, modifica la idea de representación, que deja de ser la del mandato político plural (un partido con unas ideas frente a otro con otras ideas) y, por ende, en la diferencia, para fundamentarse en la idea de similitud: el pueblo es representado por el líder y es semejante a él. Similitud con el líder, en lugar de la diferencia de ideas y de mediaciones institucionales.

En su país, Italia, quizás esto sea visible si lo contrastamos con el orden surgido tras la segunda posguerra. Era muy común que el Partido Comunista, sobre todo a partir de la dirección de Palmiro Togliatti, hablara del «pueblo comunista», mientras que los democristianos hablaban del «pueblo democristiano» y los socialistas del «pueblo socialista». ¿La diferencia radicaría en que estos actores partidarios, al asumir la existencia de una cultura política propia y, en tal sentido de un «pueblo propio», estaban asumiendo también la de un pueblo más amplio, más plural, más diverso?

Exactamente. Esa es la diferencia y, como usted bien lo ve, es enorme, en tanto esos «pueblos plurales» se reconocían en tanto plurales. Es decir, el Partido Comunista sabía que existía la Democracia Cristiana y la Democracia Cristiana sabía que existía el Partido Comunista y no cuestionaban su existencia y su representación popular. Evidentemente, intentaban conseguir más votos, quitándoselos al otro partido, pero asumían la existencia del pluralismo dentro del pueblo, lo que implicaba, a su vez, la existencia de distintas sensibilidades en su interior. El pueblo populista carece, en cambio, de pluralismo interno. «El pueblo populista es uno en el rostro del líder», como decía acertadamente Ernesto Laclau. E internamente no está formado por diferentes partidos. Ningún partido dice «yo soy el pueblo», mientras que el líder populista sí lo dice. De un pueblo plural se pasa a un pueblo singular y unitario, lo que modifica radicalmente la forma en que se piensa y se asume la democracia y en que se asume y se piensa la idea misma de cambio y de transformación.

El que usted describe es un escenario que podemos definir, mínimamente, como inquietante. No solo tenemos una democracia minimalista y una estructura económica neoliberal, sino que las mediaciones políticas que permitirían reconstruir una esfera posible para la democracia social están rotas. Usted pertenece, como es sabido, a la tradición de la izquierda democrática. ¿Qué responsabilidad le cabe a la izquierda en este proceso, teniendo en cuenta que, históricamente, y sobre todo durante la segunda posguerra, fue esa izquierda la que construyó, al menos parcialmente, una democracia política y social sólida?

Creo que una parte de la izquierda ha tenido una fuerte responsabilidad en algunos de estos procesos. Su principal error, o al menos uno de sus principales errores, ha sido la creencia de que el progreso podía provenir del mercado. Tras el fin de la Guerra Fría, una parte de la izquierda democrática asumió que era posible desarrollar políticas de justicia a través del mercado, entendiendo que había en él una fuerza virtuosa capaz de distribuir según el mérito y de intervenir en áreas en las que el Estado no podía hacerlo. Eran, por ejemplo, las ideas de Tony Blair y de otros dirigentes de la socialdemocracia. Según la concepción de la llamada Tercera Vía, el mercado estaba dotado de algún tipo de inteligencia ética. Esta concepción ha sido tremendamente nociva para la izquierda, en tanto la ciudadanía ha dejado de considerarla como una fuerza emancipatoria. Hoy, muchos ciudadanos y ciudadanas desconfían de esa izquierda democrática clásica, en tanto no perciben en ella a una fuerza política capaz de dar respuestas a sus problemáticas reales. En Italia, no son pocos quienes, habiendo votado a la izquierda, se han deslizado hacia la derecha. Tanto Giorgia Meloni como la Liga se han llevado votos de muchos antiguos comunistas que consideran que la izquierda ha abandonado no solo su proyecto político, sino también a su propia gente.

Esa misma izquierda, además, fue una de las que planteó la necesidad de licuar las estructuras partidarias clásicas… ¿no es cierto?

Por supuesto. Y en mi país se ve claramente con el caso del Partido Democrático.

Partido, por cierto, heredero de la tradición del Partido Comunista, luego rebautizado como Partido Democrático de la Izquierda y, finalmente, solo como Partido Democrático. Usted lo ha definido como un «hiperpartido por la cantidad de votantes, pero un micropartido en términos de contenidos»…

Efectivamente. Y conviene remontarse a esa historia. Cuando a inicios de la década de 1990, el viejo sistema político italiano entró en crisis por una serie de escándalos de corrupción, se generó una suerte de disposición a abandonar las formas clásicas. Uno de los casos más sintomáticos fue, justamente, el del Partido Comunista. Este partido, que había sido uno de los que más había contribuido a fortalecer la democracia partidista y a desarrollar en su interior una vida interna que siempre se relacionaba con su actuación en las instituciones, fue completamente desmantelado. En su mutación, que se ha completado con el desarrollo del Partido Democrático, se afirmó que debía pasarse de un partido fuertemente organizado, vivo y de militantes, a uno más centrado en los simpatizantes y los electores. No es casual que el Partido Democrático sea hoy un partido light o líquido, que carece de estructuras clásicas de liderazgo y de la apoyatura en organizaciones o ramas locales.

Una posición de este tipo ha llevado, además, a que el Partido Democrático se equipare a los partidos liberales. Algo que, en mi opinión, constituye un error. Por supuesto, como partido de izquierdas debe sostener principios y valores liberales, sobre todo en términos del «liberalismo de los derechos», pero no puede sostener una plataforma liberal en otras áreas. Sencillamente, entre otras cosas, porque eso no es creíble. No se trata ya del liberalismo de izquierdas, sino de una izquierda que ha aceptado la idea misma de privatización del Estado y que ha roto la conexión sentimental –como la llamaba Gramsci– con los sectores populares. La pretensión de la izquierda reformista y democrática no era la de desarrollar el liberalismo «a secas», sino la de unificar demandas de los sectores medios y las clases populares bajo la idea de igualdad como la estrella polar, respetando y ampliando, claro, las libertades y los derechos de la ciudadanía. Pero a esto se agrega otra dimensión, que es aquella sobre la que usted puntualiza: es un partido con votantes, sí, pero con escasos contenidos. Su conexión con los barrios populares es escasa, pero su apelación al triunfo es permanente («lo que importa es ganar»). El problema es que los partidos no solo tienen como naturaleza su vocación de triunfar, sino una serie de motivaciones políticas que son las que pueden llevarlos a la victoria. Esas motivaciones no son claras. Por eso el Partido Democrático es un hiperpartido por la cantidad de votantes, pero un micropartido en términos de contenidos. Tiene bastantes votos, pero no tiene vida política.

Y enfrente tenemos una extrema derecha cada vez más dura, como lo demuestra el gobierno de Meloni…

Por supuesto. Y en este sentido el reto es enorme. Si la izquierda no recupera su posición sobre la democracia social, no tendrá ni siquiera sentido que exista. Y digo esto en un país como Italia, que es hoy un laboratorio del destino de la democracia europea. Meloni y la extrema derecha están cambiando el rostro de Europa: pretenden una Europa de naciones, cerrada a la inmigración, cerrada a los feminismos, al mismo tiempo que neoliberal y privatista (porque la extrema derecha italiana no rompe con ese paradigma). El desafío que la izquierda tiene por delante es enorme, pero debe asumirlo y recuperar la dimensión partidaria y el ideario de la democracia social.

Me pregunto si este es un problema que atañe solo a los partidos de la izquierda o a la propia tradición política del socialismo democrático. Usted siempre ha formado parte de esa línea de pensamiento que, en Italia, ha tenido, en términos de filosofía política, exponentes destacados como Norberto Bobbio, pero también otros precedentes, como Carlo Rosselli –sobre quien usted escribió un hermoso texto que sirvió de prólogo a la reedición de Socialismo liberale–. ¿Qué ha sido de esta tradición político-intelectual? ¿Hacia dónde puede ir hoy una renovación de esta tradición ideológica de esa izquierda que tenía, como decía Bobbio, la igualdad como estrella polar?

Creo que aquí es donde reside realmente el gran desafío. Debemos repensar esa tradición. Como usted sabe, en 1994, Bobbio escribió su libro Derecha e izquierda. Lo hizo justamente en el momento en que el neoliberalismo y la democracia minimalista planteada por la Comisión Trilateral –de la que hablamos antes– estaban en pleno desarrollo. Eran tiempos de desmantelamiento de la democracia social, en los que los partidos clásicos perdían su rol mediador, en los que se pregonaba el triunfo total de la sociedad de mercado y de un modelo de consumo que parecía arrollador. En ese contexto, en el que la democracia sustentada en partidos fuertes y organizados estaba perdiendo peso, Bobbio planteó una idea fundamental: que la igualdad debía seguir siendo la «estrella polar» de la izquierda. Lo decía, repito, en tiempos en que se rompía el compromiso entre el capital y el trabajo, y en que la democracia se volvía minimalista: todos aspiraban, meramente, a la «gobernabilidad». Y entonces Bobbio dijo aquello. Por supuesto, como buen socialista democrático, al afirmar que la igualdad debía ser el eje de la izquierda, no quería poner en tensión la libertad: para Bobbio, la igualdad implicaba la extensión y la ampliación de la libertad, en tanto la entendía como «no dominación». Hoy estoy convencida de que debemos retomar esa idea. Creo que ha quedado en evidencia que quienes detentan poder, sobre todo económico, no están interesados en la igualdad. Ellos ya son iguales entre sí: son iguales entre «los pocos». A «los muchos», en cambio, la igualdad nos importa porque carecemos de poder: solo tenemos el del Estado para tratarnos como iguales, para darnos un estatuto de defensa ante la ley.

Ahora bien, ¿cuál es la igualdad que nos importa a nosotros, como personas de izquierda? No una igualdad que uniformiza, sino una igualdad que es conflictiva. No una igualdad que venga impuesta desde el Estado, sino una igualdad que asuma la pluralidad social y el conflicto. En la tradición de Maquiavelo, pero también de Piero Gobetti, el conflicto es una palanca de libertad. Es el alma de la política y es necesaria para la democracia. Es justamente por ello que los partidos son importantes, que las ideas políticas son importantes, que las alternativas son importantes. Las grandes movilizaciones y levantamientos populares expresan esa necesidad del conflicto, pero, como dijimos antes, no llegan a producirlo por la carencia de las estructuras que le dan sentido político real a ese conflicto. Hoy, más que nunca, una tradición de izquierda democrática y reformista tiene que pensar sobre esos ejes: sobre la importancia de los actores colectivos como los sindicatos, como los partidos, como las asociaciones sociales. Necesitamos instituciones mediadoras, formas de agregación de solidaridad entre personas que tienen algo en común que defender o por lo que luchar. La asociación, la organización, el conflicto y la contestación constituyen fundamentos de una democracia abierta. Y hoy, lamentablemente, la democracia está cerrada porque carecemos de esa dimensión, de ese horizonte en el que, como decía Bobbio, seamos conscientes de que hay posibilidad de hacer las cosas de otra forma. Advertir esa posibilidad ya sería, para la izquierda, un enorme progreso.

Fuente: https://nuso.org/articulo/pocos-contra-muchos-urbinati-izquierda-populismo-derecha/

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