Doble empate catastrófico en Venezuela

Por: Jorge Forero

Antonio Gramsci caracterizó como empate catastrófico a la situación de confrontación de bloques históricos en Alemania e Italia entre 1917 y 1922, cuya pugna por el poder político, concentró determinados intereses políticos-económicos, y expresó profundas diferencias ideológicas y programáticas.

El signo catastrófico de tales conflictos, viene dado porque esa pugna no resuelta entre bloques -entendida como crisis de hegemonía-, la cual tiende a prolongarse en el tiempo y deviene en prácticas destructivas de los propios cimientos del orden social: el poder estatal, el marco normativo, el proyecto de Estado, el tejido de la sociedad civil, e incluso el propio pacto social.

Este tipo de fenómenos suceden, porque los bloques en disputa se asumen como la negación de su rival y se concibe inadmisible su coexistencia, así como por la imposibilidad de resolución de los mismos, ya que las relaciones de fuerza no derivan en la imposición absoluta de alguno de los bloques sobre su oponente.

Venezuela en la actualidad enfrenta una situación de empate catastrófico, cuyas determinaciones histórico-sociales de rango estructural están relacionadas con una crisis orgánica no superada (en próximas entregas se profundizará al respecto), acentuada en esta coyuntura ante el déficit de liderazgo sobrevenido en crisis de hegemonía exacerbada, que se desencadenó ante el fallecimiento de Hugo Chávez en 2013.

Las disputas producidas en el marco del empate catastrófico venezolano, han erosionado las dimensiones esenciales del Estado, y con ello, además de precipitar una crisis política e institucional de amplio espectro y gran escala (con alcances geopolíticos), ha sido un factor clave de la grave y severa depresión económica que enfrenta el país, en la medida en que no existe sinergia entre el poder estatal -que incluye el Estado profundo-, y el conjunto de la sociedad civil.

Por el contrario, las estrategias -maximalistas- de lo dos bloques históricos en pugna, se han centrado en la aniquilación de su contrario, para lo cual no han escatimado esfuerzos, y mucho menos han prevenido ante las repercusiones.

Tal circunstancia ha derivado en un conflicto de poderes públicos y en la fractura del tejido institucional, los cuales han alcanzado cotas insostenibles durante los últimos años. Violencia política, desconocimiento de poderes públicos, autoproclamación de un gobierno paralelo bajo la égida de intereses transnacionales, y presencia de tres (03) poderes legislativos (todos impugnados por la población); son los indicadores más escandalosos de la racionalidad política que rige las acciones estratégicas de los bloques en pugna.

Por supuesto, este empate catastrófico es objeto de un gran desgaste en la población venezolana. De acuerdo con diversos estudios de opinión, tanto el partido de gobierno como los factores fundamentalistas del antichavismo venezolano han perdido gran terreno en las preferencias políticas de la ciudadanía. Dichos estudios, registran que la mayor proporción de la población no se identifica con ninguno de estos bloques, de hecho, gran parte de los militantes y los cuadros medios de esos bloques, no comulga con las tendencias fundamentalistas.

Este desgaste ha redundado en la fractura de los bloques. En el caso de la alianza en torno al antichavismo, han surgido profundas divisiones estratégicas y programáticas, vinculadas especialmente al método de lucha por el poder, y al tipo de relación que se debe establecer con intereses exógenos. Mientras que en el chavismo, un conjunto de partidos políticos y movimientos sociales se han deslindado del gobierno de Nicolás Maduro y se postulan como una alternativa política y electoral desde el espectro de la izquierda revolucionaria.

La ruptura de la polarización en torno a nomenclaturas burocráticas y corporativas es un signo positivo para la democracia venezolana, porque representa una oportunidad para superar la intransigencia política y para tejer canales de diálogo en la búsqueda por una salida política a la crisis.

No obstante, no es una tarea sencilla desbordar y superar el escenario de polarización política construido en Venezuela durante las últimas décadas. Los bloques en pugna, además de dominar el poder político y económico en el país, se han alineado con intereses geopolíticos de potencias extranjeras.

Esta particularidad del conflicto venezolano, condiciona de manera drástica las posibilidades de su superación. En el campo estratégico, la disputa no es entre las sectas que se disputan el control y usufructo del poder estatal de Venezuela, ya que la transnacionalización del conflicto ha derivado en que las mismas funcionen como peones de los intereses geopolíticos (por una parte de los Estados Unidos, y por otra de la alianza China-Rusia).

Cabe subrayar, que esto sucede en un contexto de profundas turbulencias en el sistema-mundo (con una crisis de hegemonía global incluida), mediadas por disputas geopolíticas de amplio espectro (sin desenlace previsto en el corto plazo), dados precisamente entre los factores geopolíticos que intervienen de manera explícita en el conflicto venezolano.

Por tanto, Venezuela está expuesta a un doble empate catastrófico. El primero, propiciado por los factores políticos que han pugnado por el poder durante las últimas décadas, el cual experimenta un gran desgaste, pero tiende a ser exacerbado por el segundo.

Entonces las determinaciones del conflicto venezolano tienen una escala geopolítica. Y la realidad muestra que Washington y el eje Pekín- Moscú no están muy interesados en que la crisis venezolana encuentre una salida.

Es el pueblo venezolano entonces el que debe desbordar los empates catastróficos. En primer lugar, para evitar un derramamiento de sangre, especialmente trágico porque el mismo favorecería los intereses sectarios de los bloques dominantes. En segundo lugar, para defender la república, el Estado de Derecho y el tejido institucional, y con ello la seguridad de los derechos de la población. En tercer lugar, para que sobre la base de un acuerdo político nacional, sea factible la mayor sinergia en torno a la necesidad de detener y superar la devastación económica que ha sufrido el país en los últimos años.

La izquierda revolucionaria tiene el deber histórico de actuar con sentido estratégico, sobre la base de las premisas esbozadas para desbordar los empates catastróficos que azotan al país, para constituirse como una opción para el pueblo venezolano, para que este punto de bifurcación (inherente a todo empate catastrófico según el ex- vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera) permita el rescate de las banderas originarias de la revolución bolivariana: la democracia participativa y la justicia social.

Fuente: https://www.aporrea.org/actualidad/a294294.html

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El resurgimiento americano que no logró Trump

Por: Claudio Katz 

 

Trump concluye su presidencia con tres crisis simultáneas que jaquean su ambición de otro mandato. La pandemia, la depresión económica y la rebelión de los afroamericanos han trastocado el escenario electoral.

El magnate ejerció una presidencia disruptiva que transgredió todas las normas. Demolió la sobriedad, exaltó la grosería, extremó la fanfarronería e instaló un inédito desorden en los asuntos públicos. Su alocada confianza y su comportamiento patotero desconcertaron a los analistas.

Se generalizó la imagen de un insano sin brújula, que insulta dignatarios, humilla jefes de estado y viola todos los compromisos. Pero esa constatación no alcanza para entender el contexto actual. Se necesita una evaluación serena de los propósitos y resultados de su gestión en el terreno económico y geopolítico, tanto a escala global como regional.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Trump buscó utilizar el poderío geopolítico-militar de Estados Unidos para recuperar el liderazgo económico de su país. Con esa finalidad encaró durísimas negociaciones para extender al plano comercial, los privilegios monetarios que mantiene el dólar. Intentó revertir el enorme déficit de intercambios con 100 naciones, reclamó ventajas para las exportaciones y penalidades para las importaciones. Presentó esa demanda, como una insólita reparación al trato internacional injusto que afronta el coloso del Norte.

Con ese disparatado argumento motorizó una virulenta agenda mercantilista y tensó la cuerda de todas las tratativas. Propició acuerdos bilaterales sustitutivos del multilateralismo y cuestionó ciertas normas del libre-comercio. Pero impulsó ajustes en los convenios vigentes y no un retorno al viejo proteccionismo.

Trump eligió esa estrategia para remontar el declive industrial estadounidense. Intentó aprovechar las ventajas que la primera potencia conserva en las finanzas y exigió mayor preponderancia para los bancos, los bonos del Tesoro, Wall Street y la FED.

También buscó preservar la supremacía tecnológica, mediante crecientes exigencias de cobro por los derechos de propiedad intelectual. Reclamó nuevas retribuciones por las patentes, para acrecentar las ganancias capturadas con la comercialización de esos servicios (Roberts, 2018).

Con ese control de la financiarización y del capitalismo digital, Trump esperaba forjar un nuevo equilibrio entre los sectores globalistas y americanistas de la clase dominante. Apuntaló los negocios de las empresas con cadenas de valor en otros países e incentivó también la recuperación de las compañías locales, afectadas por la competencia mundial.

El primero grupo reúne a los gigantes del comercio, las finanzas, la tecnología y la comunicación (Microsoft, Google, Facebook, Amazon, City-Group, Wall Mart). El segundo sector aglutina a los proveedores del Pentágono, las petroleras, los sojeros y las empresas centradas en el mercado interno (Lockheed, General Dynamics, Exxon, Chevron, General Electric, Bank of America) (Dierckxsens; Formento; Piqueras, 2018).

El proyecto neoliberal es compartido por ambas fracciones, pero los globalistas habitualmente sintonizan con la cúpula del Partido Demócrata y los americanistas con el establishment republicano. Clinton apuntaló al primer sector y Bush Jr. al segundo. Obama retomó el favoritismo por los mundialistas y Trump pasó de la marginalidad americanista a la defensa de todo ese segmento (Merino, 2018).

Cuando alcanzó la presidencia cumplió sus compromisos con el sector siderúrgico, el complejo industrial-militar y las corporaciones industriales, pero abrió también su gabinete a Wall Street y los globalistas. Las disputas entre ambos grupos se dirimieron en bataholas y cambios de ministros.

Para recuperar la primacía estadounidense Trump combinó protección local con negocios mundiales. Promovió la guerra comercial y las barreras arancelarias, sin obstruir el libre flujo de capitales que enriquece a los financistas. Preservó especialmente las redes digitales globalizadas que necesitan las firmas de la alta tecnología. Restringió el mercado americano para los rivales foráneos, pero sostuvo la primacía del dólar en una economía internacionalizada.

Trump apostó a forzar la sumisión de los países competidores. Trató de revertir las negativas consecuencias de la globalización, que Estados Unidos encabezó con resultados desfavorables. La primera potencia no pudo remontar su pérdida de posiciones y quedó expuesta al arrollador avance del desafiante chino.

La contención del rival asiático fue la prioridad del magnate. China bordea el pedestal de la economía mundial, al cabo de varias décadas de asombrosas tasas de crecimiento e inversión. Trump puso fin a la amistosa relación con un socio transformado en competidor, que ahora batalla por la hegemonía mundial.

El freno de China es el principal objetivo de todo el establishment de Washington. Trump tomó la delantera con una brutal pulseada en el terreno comercial. Exigió a Xi Jinping la reducción del déficit comercial y obtuvo ciertas concesiones, pero utilizó cada tregua para relanzar las hostilidades. Presionó al máximo y cantó victoria ante cualquier resultado. Disfrazó siempre sus agresiones con pretextos de seguridad nacional y acusaciones de piratería. Buscó sobretodo frenar el avance tecnológico de China en la transmisión de datos (5G) y la inteligencia artificial (Agenda 2025).

Trump trató de repetir con el gigante oriental el sometimiento que Reagan logró con Japón en los años 80. Ese país fue obligado a restringir exportaciones, revalorizar el yen y financiar el Tesoro estadounidense. Esa subordinación condujo a un estancamiento de la economía nipona, que persiste al cabo de varios experimentos fallidos de reactivación keynesiana (Roberts, 2016: (173-184).

El magnate también buscó afianzar las ventajas de Estados Unidos sobre Europa. Aprovechó la existencia de un aparato estatal unificado, frente a competidores transatlánticos que no logran extender su unificación monetaria al plano fiscal o bancario. Esa carencia de poder estatal explica la reacción débil y tardía de Europa frente a la crisis del 2008. Washington definió expeditivamente, los socorros que tramitó Bruselas en forma tortuosa. Esa pesadez potenció las tensiones generadas por los excedentes comerciales y las acreencias financieras, que acumula el Norte a expensas del Sur del Viejo Continente (Lapavitsas, 2016: 374-383). Trump incentivó esas fragilidades para impedir cualquier desafío europeo.

Bajo la apariencia de una gran improvisación, el ocupante de la Casa Blanca concibió un ambicioso plan de recuperación de la economía estadounidense. ¿Qué logró en cuatro años?

 

MAGROS RESULTADOS

La estrategia de Trump dependía de la disciplina de sus aliados (Australia, Arabia Saudita, Israel), la subordinación de sus socios (Europa, Japón) y la complacencia de un adversario (Rusia) para forzar la capitulación de otro (China). Pero el magnate no consiguió esos alineamientos y el consiguiente relanzamiento de la supremacía norteamericana falló desde el principio.

La confrontación con China fue su principal fracaso. Las amenazas no amedrentaron al dragón asiático. La acotada reducción del déficit comercial que obtuvo con la guerra de aranceles, no revirtió las desventuras de la economía estadounidense. El tablero previo se mantuvo. China aceptó mayores compras y menores exportaciones, pero no permitió la apertura financiera y el frenó de sus inversiones tecnológicas.

La ofensiva de Trump debió lidiar con las propias consecuencias de sus bravuconadas arancelarias. Traspasado cierto techo, las tarifas aduaneras impactan sobre los precios y la productividad estadounidense, que depende de la importación de insumos baratos. Además, las represalias afectan seriamente a las empresas yanquis radicadas en Oriente. China es el principal mercado para el agro y para varias ramas manufactureras. Los puestos de trabajo que podrían restaurarse con protección aduanera son amenazados por esa pérdida de adquirientes en Oriente.

La batalla comercial tiene efectos tan contradictorios, como la revaluación del yuan que exige Trump. Esa valorización potencia una divisa que aspira a disputar el señoreaje internacional del billete norteamericano. Además, China no acepta acomodar su política monetaria a los reclamos de un deudor, que ha colocado el grueso de sus títulos en los bancos asiáticos (Hernández Pedraza, 2018).

El presidente millonario logró el visto bueno formal de sus aliados, pero no el acompañamiento requerido para la batalla comercial contra China. Ningún socio resignó los negocios lucrativos con el gran cliente asiático. Israel vende armas y tecnologías a Beijing, Arabia Saudita coloca excedentes petroleros y tanto Canadá como Australia mantienen intensos intercambios con el gigante oriental (Poch, 2018).

Las dificultades para arrastrar a Europa a la confrontación con China fueron semejantes. Pero el deterioro de la relación transatlántica fue detonado por disputas más directas con el Viejo Continente. El trato agresivo del magnate hacia Europa llegó a incluir, por ejemplo, ofertas coloniales de comprar Groenlandia con su población incluida.

Algunas demandas estadounidenses fueron satisfechas. Francia enmendó su proyecto de ‘tasa Google’, Alemania redujo exportaciones para mantener su tajada en el mercado automotor y varios integrantes de la Unión Europea aceptaron adquirir más soja o gas americano. Adoptaron la misma tónica conciliadora de Japón, que accedió a una mayor apertura de su mercado interno. Pero ningún miembro de la coalición occidental renunció a los contratos con China o a su participación en la Ruta de la Seda.

Los conflictos escalaron con la demanda estadounidense de ruptura comercial con Irán. Las grandes multinacionales de Francia y Alemania (Total, Renault, Volkswagen, Siemens, Daimler) vetaron la pérdida de mercado persa que exigía Washington.

El choque en curso por el gasoducto Nord Stream 2 que enlazará a Rusia con Alemania es mucho más serio. En defensa de los proveedores norteamericanos de gas licuado, Trump conspira con sus vasallos (Ucrania, Polonia) para impedir la inauguración de una obra casi concluida. El reciente ultimátum de sanciones legales a las empresas europeas, coloca a Alemania en la disyuntiva de capitular o confrontar con Washington. ´

Frente a tantas tensiones Trump buscó asegurar la alianza con Inglaterra apuntalando un Brexit definitivo. Pero ni siquiera obtuvo la lealtad de los británicos, que juegan su propia partida en el mundo. Las frustraciones del mandatario yanqui aumentaron con la fallida alianza que propiciaba con Rusia para doblegar a China. Sus coqueteos con Moscú fueron internamente torpedeados por el establishment diplomático de Washington. Ese boicot facilitó el acuerdo defensivo que finalmente concertó Putin con Xi Jinping.

Esta sucesión de fracasos quebrantó el proyecto de restaurar la «grandeza americana» a costa del resto del mundo. Trump sólo logró inducir un alivio de la coyuntura, preservando todos los desequilibrios de la economía. La pérdida de competitividad industrial persistió, con mayor deterioro del medio ambiente por la renovada explotación del carbón y el shale-oil. La desregulación financiera acentuó los riesgos de nuevas burbujas y la retracción de ingresos por los beneficios impositivos concedidos a los grandes capitalistas agravó el déficit fiscal (Fernández Tabio, 2018).

Trump se estrelló con los mismos obstáculos que afectaron a sus antecesores. Su verborragia y pedantería no tuvieron efectos mágicos sobre la economía. Esa carencia de resultados salió a flote en la crisis que precipitó la pandemia. El desempleo, la caída del PBI y los anticipos de quiebras vuelven a situar a Estados Unidos en el centro de la tormenta. Las bravuconadas ya no disimulan la impotencia que ha caracterizado a su gestión.

OBSTÁCULOS EN AMÉRICA LATINA

Trump recordó, que para recuperar primacía en el mundo, Estados Unidos necesita exhibir poder en su propio hemisferio. Por eso asfixió a los países latinoamericanos con paquetes recargados de mercantilismo (Guillén, 2018).

Priorizó el incremento del superávit comercial. Con excepción de México, la balanza del intercambio con la región es ampliamente favorable a Estados Unidos. Para aumentar ese excedente exigió crecientes compras y estableció nuevas restricciones a las importaciones.

Presionó a la Argentina con la elevación del arancel al biodiesel y difundió una lista de doce naciones infractoras de las normas de propiedad intelectual. A Brasil no sólo le impuso limitaciones al ingreso del acero y el aluminio. Demandó también la presencia norteamericana en el negocio aeronáutico y en las licitaciones de obra pública manejadas por empresas locales.

El magnate puso la lupa en la contención del intercambio comercial de China con América Latina. Ese flujo se multiplicó por 22 veces entre el 2000 y el 2013 y alcanzó en 2017 más de 250.000 millones de dólares. Cada año se tramita la incorporación de algún nuevo país a los convenios de libre-comercio, que ya firmaron Ecuador, Perú y Chile. Beijing ofrece las inversiones y los créditos que retacea su competidor del Norte.

Trump intentó repetir con China la política de presión utilizada para disuadir la presencia europea. El Viejo Continente negocia tratados con varios países (México, Chile) o bloques (MERCOSUR), pero sin disputar primacía con Washington. España afrontó ese techo en la última década. Las tajadas que el capitalismo ibérico obtuvo en las finanzas, las telecomunicaciones y la energía a través de las privatizaciones encontraron un serio límite. Pero ese antecedente no cuenta frente a China, que confronta con Estados Unidos a otra escala regional y mundial.

El descarnado negociante que maneja la Casa Blanca buscó motorizar en la región los tratados bilaterales que sucedieron al fracaso del ALCA. Ese proyecto continental de libre comercio quedó sepultado en la cumbre de Mar del Plata (2005). El camino estadounidense -para acaparar recursos naturales y colocar excedentes- fue desde entonces sustituido por los convenios bilaterales. El gigante yanqui comenzó a negociar acuerdos muy favorables con interlocutores débiles y dispersos.

Obama incentivó esos tratados, pero aspiraba a retomar el sendero multilateral mediante otra versión del ALCA (TPP). Trump frenó ese rumbo por presión directa del sector americanista, que exigió barreras específicas en la industria (acero) y el agro (azúcar). Pero ese curso no obstruyó los negocios del segmento globalista. El equilibrio entre ambos grupos se verifica en el nuevo tratado T-MEC con México y Canadá, que sustituyó al TLCAN.

El histriónico mandatario suscribió esa renovación luego de una intensa campaña de insultos, contra «el peor acuerdo comercial de la historia». La nueva versión fue redactada para satisfacer las heterogéneas necesidades de las compañías yanquis.

Los americanistas de la industria automotriz lograron incrementar la porción de fabricación en suelo estadounidense (Merino; Bilmes, 2020). Sus pares del agro consolidaron la demolición del cultivo local de granos y oleaginosas. México ya importa el 45% de sus alimentos y consume volúmenes siderales de las sobras que acumulan las cadenas gringas (Hernández Navarro, 2020).

Pero también los globalistas de los servicios (Big Data) consiguieron su parte, con las restricciones a las transferencias internacionales de datos. A su vez las empresas farmacéuticas impusieron protecciones adicionales a las patentes y licencias.

Todas las firmas estadounidenses lucrarán, además, con las barreras introducidas a las empresas alemanas y japonesas y con el renovado sometimiento de México. Ese país continúa padeciendo bajas tasas de crecimiento, desempleo, desarraigo rural, contaminación del medio ambiente y explotación de la fuerza de trabajo.

El nuevo convenio también eliminó el arbitraje independiente, para dirimir los conflictos provocados por las empresas yanquis. Qué López Obrador haya evitado la apertura del sector energético y la desregulación de PEMEX no compensa esos perjuicios y sus elogios a Trump han sido patéticos.

El T-MEC retrató en forma acabada los objetivos de Trump. Cambió el nombre del acuerdo, para acentuar su condición de tratado amoldado al dominador del Norte. El convenio buscará reducir el déficit comercial estadounidense a costa de las compañías asiáticas y europeas, que exportan desde México a Estados Unidos. La suscripción del acuerdo fue una excepción en el cúmulo de fracasos del lenguaraz presidente. Pero la reversión del desbalance de intercambios es tan improbable, como la restauración del tercio de empleos manufactureros perdidos en el Medio Oeste.

El T-MEC no compensa la continuada presencia regional de China, que continúa ignorando todas las demandas de desalojo, con crecientes exportaciones a Brasil, México, Chile, Perú y Argentina. Trump intentará un freno adicional a través de la letra chica del convenio. Introdujo una cláusula para obstruir cualquier acuerdo comercial inconsulto de México con China. Anticipó esa presión forzando a Brasil a suspender los proyectos bioceánicos con financiación oriental. Impuso, además, el mismo congelamiento en los emprendimientos nucleares de Argentina.

Pero no logró extender ese sometimiento al abandono de los grandes negocios con China. Ni siquiera Bolsonaro pudo aceptar las prohibiciones contra al adquiriente del 40% de las exportaciones agro-industriales del país. Los mandatarios neoliberales soportan humillaciones, pero necesitan preservar las lucrativas actividades que Estados Unidos quiere confiscar.

Washington sólo exige sumisión frente a las atractivas ofertas de Beijing. Durante la pandemia China, envió los respiradores y medicinas que el tradicional socorrista del Norte acaparó para su propia población. Además, el viejo conflicto de exportaciones latinoamericanas competitivas con el Norte (soja, trigo, petróleo) vuelve a cobrar relevancia, frente a un comprador chino que pondera complementariedades con la economía regional. Por donde se lo mire, también en América Latina falló el proyecto de recuperación hegemónica estadounidense.

VACILACIONES DEL IMPERIO

La supremacía militar es el principal instrumento que dispone Estados Unidos para intentar la reconquista del liderazgo económico. Con su monumental circuito de bases desplegadas por todo el planeta, el Pentágono es el gendarme del capitalismo.

Pero la utilización de esa maquinaria siempre ha dependido de la cambiante capacidad geopolítica detentada por Washington. La belicosidad que prevaleció desde Truman a Kennedy fue sucedida por el replanteo de Nixon, el repliegue de Carter y la contraofensiva de Reagan. El intervalo de Clinton fue seguido por el unilateralismo de Bush y las indecisiones de Obama. Trump emergió en un momento de revisión y procesamiento de derrotas.

Sus inclinaciones belicistas saltan a la vista. Relanzó la guerra de las galaxias con un presupuesto récord, retomó las pruebas de misiles y rompió el tratado de desarme nuclear (Armanian, 2019). Garantizó además ganancias récord a los fabricantes de armas, mantuvo los bombardeos en Siria e Irak y ensayó una mega-bomba de alcance inédito en Afganistán (Medea; Davis, 2020).

Trump reavivó la obsesión por la seguridad y desplegó una brutal retórica belicista. Pero optó por proclamas distanciadas del universalismo protector. No utilizó la mascarada misionera de la intervención humanitaria y evitó calzarse el disfraz de custodio del mundo libre.

Retomó la tradición aislacionista, que presenta la agresión imperial como un favor concedido a los gobiernos desamparados. Subrayó especialmente que esa ayuda debe ser mendigada y remunerada. Destacó que los auxilios prestados por Estados Unidos al resto del mundo tienen un costo, que Occidente debe solventar. Con ese mensaje exigió la financiación europea de la OTAN (Anderson, 2016).

El acoso de China fue la prioridad militar del magnate. Complementó las presiones comerciales con un gran despliegue de la flota del Pacífico y exigió la desmilitarización de los arrecifes del Mar del Sur, para quebrantar el escudo defensivo de su rival. Su menú de provocaciones incluyó la detención de directivos de Huawei, el cierre de consulados chinos, la promoción del separatismo del Tibet, la recreación de complots derechistas en Hong Kong y el auspicio del independentismo de Taiwán.

Obama anticipó ese giro. Desplazó tropas desde Medio Oriente hacia el continente asiático y buscó integrar a la India al bloque anti-chino conformado con Corea del Sur, Japón y Australia. Trump redobló esa política de asedio que propicia el Partido Demócrata, con el visto bueno de Biden (Smith Ashley, 2018).

Pero China disputa el podio de la economía mundial afianzando su poderío militar. Dejó atrás su vieja condición de país periférico y se ubica en las antípodas del protectorado que Estados Unidos mantiene en Japón. La estrecha asociación que a su vez mantiene con la economía norteamericana, transforma a la potencia asiática en un adversario muy distinto al precedente soviético. No es un blanco sencillo para los estrategas de Washington, que deben reconciliar las demandas agresivas del aparato militar con las inclinaciones negociadoras de las corporaciones económicas yanquis (Petras, 2005). Trump no resolvió esa tensión y su estrategia frente a China desembocó finalmente en un coctel de vacilaciones.

LIMITACIONES BÉLICAS

El magnate carga con la pesada herencia de los fracasos militares legados por Bush. La ocupación de Irak fue un fiasco y Afganistán se transformó en un atolladero. Esas derrotas enterraron los ensueños de unilateralismo y «nuevo siglo americano». Las secuelas de esa adversidad explican el cauto manejo bélico de Trump. Las invasiones de los marines fueron reemplazadas por la boconería y las pomposas amenazas vía twitter.

En Siria el millonario retiró tropas, abandonó a los aliados kurdos, avaló el protagonismo de Turquía y aceptó la preeminencia de Rusia. En Afganistán mantuvo los bombardeos reduciendo efectivos y en Corea del Norte archivó el ultimátum. Enfrentó un antagonista con armas nucleares que no puede ser barrido con los mercenarios utilizados en Libia.

Las provocaciones contra Irán han sido más inciertas. Trump jugó con fuego en el asesinato de la principal figura de las fuerzas armadas y en los extraños atentados del estrecho de Ormuz. Pero no aceptó la escalada que propiciaron sus socios israelíes y saudíes. Sostuvo la anexión de Cisjordania y las masacres de los yemenitas, pero no comprometió al Pentágono con otra intervención.

Trump sólo alentó guerras locales de bajo costo para testear la reacción de sus enemigos (Petras, 2018). Ya no cuenta con las alianzas globales que tuvo Bush. Varios aliados flaquean en el exterior (Inglaterra, Francia), otros enfrentan resistencias internas a la militarización (Alemania, Japón) y algunos son más proclives a la negociación que a la confrontación (Corea del Sur) (Rousset, 2018).

La reticencia a ensanchar los conflictos detonó varios pugilatos palaciegos, como el despido de Bolton o la renuncia de Mattis, que potenciaron la desorientación del alto mando. El magnate priorizó una recuperación económica, que exige la continuidad de la preponderancia bélica sin ningún resultado adverso y en ningún momento logró plasmar esa ecuación.

La fallida alianza con Putin dinamitó sus planes. Buscó ese acuerdo con las propuestas de reingreso ruso al G 7 y con el buen trato hacia una potencia, acostumbrada a negociar en las cúspides. Intentó congelar las hostilidades en Ucrania y los misiles en Polonia, pero chocó con el Congreso, los Demócratas y la prensa, que respondieron con un potencial impechment a su condescendencia con Moscú.

Trump alentó la habitual alianza con Rusia contra China que suele propiciar el Departamento de Estado, cuando falla la opción inversa. En los últimos años Kissinger favorecía el entendimiento con Moscú para neutralizar a Beijing, en contraposición Brzezinski que motorizaba el acoso a Rusia, para mantener buenos negocios con China. El establishment siempre ha oscilando entre ambas variantes (Gandásegui, 2018). Pero en esta ocasión, las indefiniciones estadounidenses fortalecieron el dique defensivo forjado por Putin con Xi Jinping.

El magnate tampoco pudo someter a Europa. La irresuelta exigencia de mayor sostén financiero de la OTAN provocó una seria erosión de la alianza transatlántica. Alemania consolidó su comando de la Unión Europea, con mayores ambiciones de negocios propios y creciente autonomía del padrinazgo norteamericano. Ese distanciamiento se afianzó con el divorcio iniciado por Inglaterra para distanciarse del Viejo Continente.

Pero la independencia germana obliga a reconsiderar la gestación de un ejército europeo desligado de Washington. Alemania objeta esa iniciativa, puesto que su carencia de estructuras bélicas colocaría al país en un lugar subordinado. La fractura entre poder militar (Francia) y económico (Alemania) y los divergentes intereses entre los 26 miembros de la Unión Europea impiden forjar un dispositivo militar unificado (Serfati, 2018).

El capitalismo europeo no ha podido emanciparse de la tutela bélica estadounidense y por eso acompañó las incursiones de Irak y Ucrania. Pero ha encontrado un significativo espacio para resistir el reclamo monetario de Trump.

El mandatario yanqui no consiguió las victorias geopolíticas que hace varias décadas obtuvo su admirado Reagan. Tampoco logró la división del campo enemigo que efectivizó Nixon. Sólo se asemeja a este último personaje, en la enemistad con los medios de comunicación y en los disgustos con la burocracia de Washington. El escandaloso morador de la Casa Blanca evitó un Watergate, pero no la ausencia de resultados de su gestión. Falló en restablecer el poder de fuego imperial que necesita Estados Unidos para recuperar un liderazgo económico.

DESVENTURAS EN EL HEMISFERIO

Trump reforzó el control imperial sobre América Latina. Mantuvo el equipamiento del Comando Sur de Miami, con fuerzas equivalentes al Golfo Pérsico o al Mediterráneo y afianzó la jefatura de la IV Flota sobre una vasta red de uniformados y agentes del Pentágono. Las bases de Colombia fueron surtidas del aprovisionamiento requerido para acciones de gran alcance y la supervisión del Amazonas se afianzó con los gendarmes de la zona.

El belicoso mandatario redobló la presión para liquidar la autonomía militar y el equipamiento diversificado de Brasil. Integró a los generales de ese país al diseño continental de Washington y acentuó la conexión de las fuerzas de seguridad argentinas con la DEA, la CIA y el FBI.

La penetración yanqui en las estructuras militares de Latinoamérica se consumó con el manoseado pretexto de enfrentar el narcotráfico. La sangría de México ya ha demostrado que esa excusa sólo encubre la periódica mudanza de plantaciones y guaridas de los carteles. La continuada demanda de narcóticos por parte de consumidores del Norte incrementa los millonarios ingresos de los intermediarios estadounidenses. Las narco-burguesías locales se enriquecen con el negocio que comparten con los financistas gringos del narcotráfico.

Trump consolidó un proceso de militarización que ha potenciado la atroz degradación social de Centroamérica. Las guerras mafiosas se desenvuelven con armamento «made in USA» y la complicidad de estructuras estatales infiltradas por las embajadas estadounidenses.

Pero la gran prioridad del bocón de la Casa Blanca estuvo localizada en Venezuela. Propició todos los complots imaginables para recuperar el control de la principal reserva petrolera del hemisferio. Instaló asesores en las fronteras, financió la auto-proclamación de Guaidó, ensayó la farsa de la ayuda humanitaria, tanteó una guerra eléctrica y auspició incontables asonadas en los cuarteles. Sólo los intentos de invasión a Cuba han superado ese cronograma de incursiones.

El agresor del Norte desparramó también provocaciones para intimidar a las potencias rivales. Retomó la Doctrina Monroe contra la presencia de buques rusos en el Caribe, instalaciones informáticas chinas en Sudamérica o simples visitas de funcionarios iraníes a los países hostilizados. Desplegó ejercicios militares para subrayar su disgusto con esas misiones.

Estados Unidos carece en América Latina de apéndices asociados para ejercer el control militar del continente. No cuenta con un socio estructural e histórico que cumpla el rol de Israel en Medio Oriente o Australia en Oceanía. Por esa razón debe mantener su presencia directa en el hemisferio.

Esa intervención repite la norma de los últimos cien años. Washington siempre recuerda a las clases dominantes locales quién ejercer la jefatura efectiva en la región. Utiliza un variado menú de cooptaciones, chantajes y amenazas para sostener su primacía, saboteando la conformación de un bloque geopolítico latinoamericano unificado y autónomo.

Trump reiteró ese manual del imperialismo con gran nostalgia por las cañoneras de Thodore Roosevelt. Añora las incursiones de Reagan para recapturar Centroamérica y la impudicia de Bush para despachar tropas.

Por eso ha intentado exhibir un perfil de brutalidad decisoria contrapuesto al tinte conciliatorio de Obama. Sustituyó la apertura hacia Cuba por el endurecimiento del embargo y reemplazó la distensión inaugurada con la CELAC y UNASUR por la virulencia de la OEA y el Grupo de Lima. En lugar de ponderar la «alianza entre iguales» que realzan los diplomáticos del continente, enrostró a Latinoamérica la superioridad de Estados Unidos.

Con estas diferencias de trato Trump mantuvo la política de estado hacia la región, que han compartido todos los mandatarios republicanos y demócratas. El magnate arremetió contra Cuba, frente a un antecesor que no levantó el embargo. Conspiró abiertamente contra Venezuela, ante un precursor que dejó correr el fracasado golpe del 2002. Apuntaló una asonada en Bolivia, que coronó operativos similares aprobados por Obama en Honduras y Paraguay.

Con estilos y retóricas muy diferentes, la Casa Blanca siempre apuntala a sus agentes serviles. Trump ha mantenido esa estrategia de larga data, centrada en desplazar competidores externos, anular la autonomía de la burguesía regional y sofocar las rebeliones populares (Morgenfeld, 2017: 359-362).

Pero también en este campo emergió un divorcio entre los dichos y los hechos. Las amenazas del magnate chocaron con la imposibilidad de repetir la intervención a Granada (1983) y Panamá (1989) o la última ocupación de Haití (2010), recubierta de rescate humanitario.

Su principal fracaso se verificó en Venezuela. En el dramático escenario económico-social que afronta ese país, no pudo derrocar al diabolizado chavismo. El secuestro de la petrolera CITGO o la captura de lingotes de oro (junto a Inglaterra), no diluyeron su impotencia frente al gobierno bolivariano. La agenda imperial afrontó significativos obstáculos en América Latina.

SOSTÉN DERECHISTA, CAOS DE GESTIÓN

Trump sintoniza con una oleada marrón en el mundo, que condujo a varios personajes indigeribles a la presidencia. Encarna un tipo de liderazgo que ha canalizado parte del descontento social, con la ruinosa situación generada por el neoliberalismo. Frente al techo que encontraron las protestas populares y la ausencia de respuesta de los progresistas, la derecha capturó ese malestar. En Estados Unidos ese round fue ganado por el TEA Party y no por Occupy Wall Street.

El desbocado mandatario aunó la base conservadora tradicional de los republicanos en la «América profunda», con las vertientes reaccionarias más extremas. Retomó el viejo mensaje religioso, homofóbico y racista, con una nueva carga de resentimientos hacia la burocracia de Washington, los impuestos federales y los intelectuales globalizados.

El magnate prometió restaurar la gloria en un país decepcionado con la gestión previa. Obama defraudó a los afroamericanos agobiados por los asesinatos policiales y a los latinos, golpeados por un récord de expulsión de indocumentados. También desmoralizó a los verdaderos demócratas, frustrados por la continuidad del espionaje interno y a los asalariados, enojados con la destrucción del tejido industrial.

Trump aprovechó un vacío político para hostilizar a los inmigrantes. Exaltó la identidad anglosajona y atacó el multiculturalismo cosmopolita imperante en las dos costas. Desde el sillón presidencial profundizó su burda alabanza a la pureza americana y con una catarata de exabruptos comandó el proyecto derechista más audaz del mundo desarrollado.

A diferencia de sus pares europeos logró superar la marginalidad política atrapando una de las grandes formaciones partidarias. No debió lidiar con la ausencia de identidad nacional homogénea o con el temor a corroer la moneda común que impera en el Viejo Continente. Tampoco tuvo que transitar por el tortuoso camino del irresuelto Brexit (Anderson, 2017). Pero esas ventajas no bastaron para consolidar su mandato.

Gestionó durante cuatro años una incontable secuencia de escándalos, peleas y despidos. Las memorias que difunden sus despechados funcionarios retratan una administración caótica y sujeta a los caprichos de un imprevisible timonel. Trump se desdijo hasta el cansancio, clausuró y reabrió dependencias, cerró y reinicio el Congreso y estuvo al borde de un desplazamiento por acusaciones de corrupción. Siempre mostró los dientes y subió la apuesta en las feroces internas. Pero el barullo de su administración confirmó su incapacidad para cohesionar un proyecto de reconstrucción imperial.

Trump es un reaccionario que auspicia la represión, coquetea con el suprematismo blanco e induce provocaciones paraestatales de las milicias. Pero no forjó un régimen fascista. Ese término es erróneamente utilizado como sinónimo de autoritarismo o insania presidencial (Bhaskar, 2019). Con esa etiqueta se omite la enorme distancia que lo separa del fascismo clásico de entreguerras.

Actualmente no impera un marco de guerras interimperialistas, levantamientos revolucionarios o amenazas comunistas. Las clases dominantes no auspician la reconquista bélica de territorios, el terror para demoler sindicatos o el confinamiento de las minorías. El léxico brutal no define a un fascista (Riley, 2019).

El bonapartismo es un concepto más apto para caracterizar al personaje que el mote vacío de populismo. Trump intentó combinar el liderazgo carismático con el manejo unipersonal de un sistema plutocrático. Gobernó en sistemática tensión con la burocracia estable, la cúpula del Partido Demócrata y la elite de la comunicación. Pero no logró construir una jefatura efectiva del estado. Su débil bonapartismo desembocó en simple incoherencia y ausencia de resultados (Cinatti, 2018).

El BOOMERANG DE LOS LATINOS

Trump desplegó una furibunda agresión contra los latinos. Para movilizar a su base derechista reavivó el imaginario conservador, que atribuye el fin del sueño americano a la afluencia de trabajadores foráneos.

Esa mirada identifica el declive del capitalismo yanqui con los flujos inmigratorios, cuando esa corriente genera un contrapeso a esa regresión. Los jóvenes extranjeros compensan el envejecimiento de la fuerza laboral y nutren de cerebros a los sectores más dinámicos. La simplificación chauvinista ignora estos datos, para potenciar la desesperación de los estadounidenses afectados por la precarización y el desempleo.

El perverso mandatario incentivó el resentimiento de los blancos empobrecidos contra los latinos, con un viejo libreto de odio de las clases medias hacia los desamparados. Retomó la antigua receta del racismo sureño contra los afroamericanos. Con esa estrategia construyó una base política autónoma para sostener sus insultos contra los latinos «invasores», «delincuentes» y «violadores».

Trump comenzó su espantosa prédica con una convocatoria a construir el muro fronterizo que debía frenar el aluvión de drogas. Sólo omitió que el grueso los narcóticos ingresa por otra vía. Autorizó redadas para cazar indocumentados en las grandes ciudades, soslayando las plantaciones, que no podrían levantar sus cosechas sin el auxilio de los migrantes (Majfud, 2019).

El brutal mandatario llegó al extremo de promover la separación de las familias en los campos enjaulados de la frontera. Durante la pandemia suspendió los visados argumentando que los extranjeros introducen el virus. Pero olvidó que una represalia equivalente cerraría el acceso de todos los estadounidenses al resto del mundo.

Muchas diatribas del presidente no traspasaron el universo del verbo. La construcción del muro avanzó lentamente y México no cargó con su financiación. La deportación de dreamers quedó bloqueada por las apelaciones judiciales y la indignación social frenó la separación de padres e hijos indocumentados. Tampoco la publicitada militarización de la frontera redujo las caravanas de centroamericanos, que necesitan expatriarse para sobrevivir.

Trump combinó la agresividad interna contra los latinos con el apoyo a la restauración conservadora en toda la región. Buscó recrear la vieja subordinación de los gobiernos serviles al amo imperial. Forjó un enlace especial con tres dinosaurios (Duque, Bolsonaro y Macri) que comparten su miopía derechista y su ceguera neoliberal.

El magnate intentó extender a Sudamérica la red de convergencias, que enhebró con personajes tan abominables como Bin Salman o Netanyahu. Esa coincidencia con déspotas y criminales sintonizó con su activo sostén de los golpistas (Añez), los represores (Piñera) y los usurpadores (Lenin Moreno).

Pero el renovado sometimiento de sus vasallos no resucitó la vieja dominación yanqui. Ni siquiera los colonizados presidentes de la región pudieron sostener el idilio con un mandatario que desprecia a todos los nacidos en Latinoamérica. Las burlas y desplantes del plutócrata erosionaron el entreguismo nativo, en un marco de coincidentes encuestas que resaltan el abrumador repudio a Trump en toda la zona.

Ese rechazo no reconoce fronteras y ha sido potenciado por el fracasado intento de reconstruir el Ministerio de Colonias de la OEA. Todo el empeño que pusieron los trogloditas del Departamento de Estado (Abrams, Rubio, Pompeo) para sustituir los mecanismos autónomos de UNASUR y CELAC por el servilismo del Grupo de Lima tuvieron magros resultados. No lograron forjar coberturas suficientes para la conspiración contra Venezuela, el embargo contra Cuba o el golpismo en Bolivia.

Al desconcertar a sus títeres del Sur Trump cavó su propia fosa. Los mensajes de egoísmo nacional sepultaron el disfraz auxiliador del imperio y quebrantaron el sostén geopolítico de su proyecto.

REBELIONES EN LA PROPIA CASA

El viraje represivo actual en varios países de América Latina es enfáticamente aprobado por Trump. Comparte el despliegue de la violencia estatal contra el descontento popular y aporta especialistas para ese atropello. Ya reactivó los organismos y fundaciones yanquis dedicados a espiar y desorganizar los movimientos de resistencia. Las embajadas han recobrado protagonismo en ese trabajo conspirativo.

La tradicional rebeldía de América Latina prende todas las alarmas de Washington. Las sublevaciones que irrumpieron en las últimas dos décadas inquietan a un mandante imperial, preocupado por los rebrotes del ciclo político progresista que disputa con la restauración conservadora.

La vitalidad de la lucha social en la región se verificó el año pasado, en una secuencia de batallas que apuntaló victorias y contuvo los retrocesos. Las revueltas desenmascararon en Chile el modelo neoliberal y doblegaron en Ecuador el ajuste del FMI, pero no evitaron el golpe en Bolivia y la persistencia de los atropellos en Brasil. Las protestas sacudieron también a Colombia, Haití y Honduras y la derecha perdió su manejo del gobierno en México y Argentina, pero el ajuste neoliberal se mantuvo en el grueso del continente. La pandemia sólo introdujo un paréntesis en estas convulsiones.

Pero lo que nadie previó fue el estallido de enormes protestas en el propio corazón del imperio. La rebelión de los afroamericanos ha convulsionado a las grandes ciudades estadounidenses, con manifestaciones multirraciales contra la impunidad policial. La enorme popularidad de esas movilizaciones neutralizó la reacción represiva de Trump (Catalinotto, 2020).

Esa sublevación converge con el rebrote de las huelgas y el gran protagonismo de una nueva generación que renueva la épica de los años 60 (Carbone, 2020). Los estandartes de las marchas («no puedo respirar», «las vidas los negros valen») reavivan la insubordinación y obligan a revisar el legado de la esclavitud. Las iniciativas para arrodillarse cuando se entona el himno nacional o para derribar los monumentos insultantes ilustran ese viraje (Sharon Smith, 2020).

La lucha de los afroamericanos es la primera acción callejera de envergadura e impacto internacional luego de la pandemia. Esa reacción tiene un gran impacto sobre América Latina y reconecta las resistencias populares de ambas regiones, al cabo de un prolongado divorcio.

La enorme población latina de Estados Unidos podría articular ambos procesos. Los inmigrantes, residentes, descendientes e indocumentados conforman una comunidad vilipendiada por Trump y denigrada por los gobernantes derechistas que forzaron su expatriación.

El repudio al presidente más anti-latino de historia americana crea puentes entre el antiimperialismo latinoamericano y el progresismo estadounidense. En el Norte se batalla por un sistema de salud y educación universitaria gratuitos y en el Sur por la redistribución del ingreso y la contención de la hemorragia que provoca la deuda externa. El enorme impacto de Sanders y de los candidatos radicales que lo acompañan ha establecido un nuevo cimiento de convergencia con la izquierda latinoamericana.

¿FRACASO PARCIAL O DEFINITIVO?

Para lograr la reelección Trump no sólo debe disimular el incumplimiento de sus promesas. Necesita también esconder su irresponsabilidad criminal en el manejo de la pandemia. Con negacionismo e improvisación multiplicó el número de muertes, el récord de contagiados y el caos sanitario. Su figura será recordada por la indiferencia ante las fosas comunes. Ahora decidió forzar el retorno al trabajo y la apertura de los colegios, para crear el clima de normalidad requerido para sostener su candidatura (Davis, 2020). No repara el costo humano de esa aventura.

Trump sube la apuesta de provocaciones frente a un adversario demócrata, que ha optado por el silencio para disputar el voto conservador. Busca activar su base de adictos contra ese inmovilismo de Biden. Las encuestas lo desfavorecen, pero construyó su carrera en esa adversidad y ensayará un clima de virulencia electoral para posicionarse en la recta final (Morgenfeld, 2020).

El sistema electoral no exige mayoría de votos, sino simple superioridad de delegados y un sufragio con los inconvenientes de la pandemia y el voto por correo favorece todo tipo de tropelías.

Pero el imprevisible resultado de esos comicios no modificará el fracaso de su gestión. Sólo determinará el relanzamiento o naufragio de su proyecto. Trump no logró en cuatro años la recomposición de la economía estadounidense. El resto del mundo no sostuvo esa recuperación y el rival chino continuó ascendiendo. Desplegó exhibiciones de belicismo que no compensaron su impotencia en los escenarios de conflicto. Esas limitaciones acotaron el intervencionismo en América Latina y erosionaron su capacidad interna de mando. Ahora confronta con protestas radicales que lo desafían en la calle.

Este balance de la gestión de Trump es insoslayable para evaluar lo que podría suceder si gana o pierde en noviembre. Su programa no encarna el capricho de un lunático. Expresa una de las estrategias en juego del poder capitalista, que las clases dominantes mantendrán o corregirán después de la elección.

 

RESUMEN

Los desenfrenos de Trump encubrieron sus fracasos. No logró recuperar la economía estadounidense, ni frenar el desafío chino. Tampoco consiguió la neutralidad rusa o el sometimiento de sus socios occidentales. Ni siquiera la renovación del tratado bilateral que impuso a México inició la recaptura de América Latina.

Confrontó con un adversario muy distinto a la Unión Soviética, evitó poner a prueba el poder imperial y disfrazó sus vacilaciones con bravuconadas. Eludió invasiones y no pudo derrocar al chavismo.

El caos de su gestión socavó sus pretensiones autoritarias y las agresiones contra los latinos afectaron la sumisión de la derecha regional. Terminó afrontando una revuelta de los afroamericanos que converge con las luchas populares del hemisferio. Su impotencia salió a flote en la pandemia y la clase dominante definirá si relanza o sustituye su proyecto.

 

REFERENCIAS

 

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-Catalinotto, John. Asistimos a la mayor lucha de masas desde la guerra civil, 16-6 2020, https://www.resumenlatinoamericano.org

-Cinatti, Claudia. Escándalo y operaciones políticas en el corazón del imperio, 7-9-2018 https://www.laizquierdadiario.com.bo.

-Davis, Mike. Una rápida reapertura económica nos mandará al infierno, 2-7-2020 https://rebelion.org/

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Fuente: https://katz.lahaine.org/seccion/economia-internacional/

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La crisis de Covid 19 amenaza la vida de millones de personas, acelera la transformación política y enciende la llama de la agitación social.

 

 

  1. Introducción

Pandemia, depresión económica, visibilización de la desigualdad estructural y de las opresiones generadas por el neoliberalismo, enfrentamiento geopolítico por la hegemonía en el sistema-mundo, y una visión de cerca del inminente colapso ambiental… Todo esto se ha juntado en 2020, cuando la humanidad en su conjunto se ha enfrentado a una pandemia mundial sin precedentes para nuestra generación.

La pandemia ha causado más de 400.000 muertes en todo el mundo (401.000 el 8 de junio), con más de 6,8 millones de casos registrados oficialmente en 216 países. En la segunda mitad de marzo, antes de que se levantara el confinamiento en Asia, más de 3.000 millones de personas habían estado confinadas en sus hogares.

Es imposible juzgar en este momento hasta qué punto habrá una segunda oleada de casos y si el virus mutará.

  1. Mucho más que un problema de salud

Es un momento de convergencia de fenómenos a largo plazo, que se desarrollaban de forma relativamente autónoma y que ahora convergen de manera explosiva: la crisis ecológica, los límites y la desigualdad del neoliberalismo y la lucha geopolítica por la hegemonía entre el antiguo imperialismo y China. Los procesos que están alterando estructuralmente el mundo configurado en 1945 están manifestándose e interactuando entre sí. Se trata sin duda de un momento de bifurcación en el camino de la historia, y de grandes apuestas para todos los actores políticos.

Estamos en una convergencia de crisis llena de peligros, en una crisis de la civilización capitalista, la más grave desde las guerras mundiales del siglo XX. Esto es lo que Gramsci llamó una crisis orgánica: empiezan a aparecer grietas en el propio edificio del poder burgués, su pretensión de universalidad empieza a desmoronarse, y las afirmaciones anteriormente hegemónicas se revelan como lo que realmente son: medios para asegurar la estabilidad capitalista. El consenso social se deteriora, y las asporaciones de los capitalistas ya no parecen corresponder al bienestar general. Se está produciendo una polarización política, abriéndose un espacio político que podría ser conquistado por los anticapitalistas ecosocialistas, pero también por la extrema derecha, ya que empiezan a aparecer «síntomas mórbidos».

Cuando presentamos una propuesta de política sanitaria solidaria, es evidente que las reivindicaciones van más allá del marco establecido por el capitalismo. Nuestra salud depende de las condiciones en las que vivimos. Depende de si respiramos aire limpio, si bebemos agua no contaminada, si somos capaces de proveernos de alimentos de alta calidad, si nuestras ciudades son un entorno habitable, etc. En resumen, depende de si vivimos bien y si nuestros salarios son suficientes para garantizarnos una buena vida. La salud es una cuestión física, social, cultural y ambiental que es la base de una vida humanamente rica. Dado que las condiciones de vida creadas por el capitalismo no nos permiten vivir una buena vida, ni social, ni cultural, ni ecológicamente, una política sanitaria basada en la solidaridad va más allá de los límites establecidos por el capitalismo.

  1. La crisis ecológica

La deforestación, el extractivismo, la productividad capitalista, la devastación de los ecosistemas y el aumento de los animales en cautivisad y del consumo de carne han facilitado y aumentado el salto de las barreras de las especies por los virus. Las tres cuartas partes de las nuevas enfermedades que han aparecido desde 1960 son por zoonosis. Entre ellas se encuentran el Ébola, el SIDA, el SARS, el MERS y el Covid-19. La globalización del comercio ha llevado a una rápida proliferación mundial del virus. El crecimiento de las megalópolis y sus barrios marginales periféricos aumenta la velocidad de transmisión entre los seres humanos. Así pues, la pandemia de Covid19 es una consecuencia de la intersección de los efectos de la globalización.

El IPCC predice un aumento de las temperaturas medias mundiales de hasta 6ºC para 2100, lo que implica aumentos mucho mayores de la temperatura en la mayoría de las regiones continentales y en el Océano Ártico, una elevación significativa del nivel del mar y un aumento general de la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos como olas de calor, incendios forestales, sequías, inundaciones y huracanes/tifones devastadores. Esto llevaría a que 3.500 millones de personas tuvieran que abandonar el 19% de la superficie terrestre, incluidas las zonas costeras y las regiones tropicales. Esta catástrofe climática, junto con otros puntos de inflexión ambiental, en particular la pérdida de biodiversidad, la deforestación y la falta de agua limpia, tendría consecuencias aún más terribles que las de Covid19, pero la pandemia nos da una idea de lo que podría ocurrirle a un mundo víctima de estos desastres.

En algunas partes del mundo, el momento de la pandemia está siendo utilizado por la agroindustria para avanzar en el proyecto capitalista de destrucción de la naturaleza. Un ejemplo donde esto ha estado ocurriendo es Brasil, donde en marzo y abril la deforestación de la selva amazónica creció un 29,9% en relación con el mismo período del año pasado. Este avance destructivo sobre la selva es también un avance del genocidio sobre sus pueblos, especialmente los indígenas, que han sido de los más afectados por COVID-19. Es fundamental que las organizaciones eco-sociales se hagan eco de la defensa internacional de la selva amazónica y de la salud de los pueblos indígenas durante este período de pandemia.

  1. El impacto geopolítico y geoeconómico en la situación mundial

La disputa por la hegemonía está formalizada y es belicosa, en una bipolaridad trabajada agresivamente tanto por los EEUU como por China.

China ha crecido durante medio siglo en una asociación estratégica con los Estados Unidos. La administración Obama ya había intentado responder al amenazante crecimiento de China tratando de socavarlo a través del Tratado de Asociación Transpacífico firmado en 2015. Pero como parte del reajuste geopolítico promovido por el proyecto Trump, su gobierno rechazó el acuerdo en enero de 2017, dejando el espacio para el protagonismo de Beijing, que comenzó a situarse como campeón del libre comercio y la globalización económica frente al proteccionismo nacionalista de Washington.

La ruptura de esta alianza ha repercutido en todas las esferas de la sociedad mundial. Así pues, los Estados Unidos y la Unión Europea (UE), están saliendo debilitados de esta fase. La UE, que ya ha sido golpeada por Brexit, será la más perjudicada. La incapacidad de movilizar una respuesta sanitaria paneuropea a la crisis ha supuesto un duro golpe: los Estados miembros no actuaron de forma concertada cuando estalló la crisis en Europa, sino de forma unilateral, cerrando las fronteras, suspendiendo la libre circulación y deteniendo las conexiones de transporte de manera descoordinada. Durante semanas, Italia no recibió ninguna ayuda ni de los Estados vecinos, como Francia o Alemania (que también bloquearon las exportaciones de suministros y equipos médicos), ni a nivel de la UE. China hizo más en lo que respecta a los suministros de equipo. Cuba, a pesar del bloqueo criminal de los Estados Unidos, envió brigadas médicas a más de 20 países.

A los países endeudados como España, Grecia o Italia se les dirige al EFSM (Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera) con una ayuda especial por la crisis de 240.000 millones de euros. Este mecanismo obliga a aplicar medidas de austeridad y recortes de servicios públicos a cambio de préstamos.

Con 40 millones de solicitudes de subsidio de desempleo a principios de junio, se espera que la economía de EEUU tenga un descenso del 5,8% (FMI) a finales de año. En el contexto de la crisis social (y de una ola de levantamientos raciales actualmente en curso), el país ha programado elecciones en noviembre, que marcarán el rumbo de la situación política interna y externa. Trump utilizará todos los medios posibles para ser reelegido, incluido el fraude, pero su objetivo es difícil de alcanzar. Su prestigio entre la mitad de la población se ha visto muy afectado. El actual estallido de movilizaciones radicales y amplias en los Estados Unidos surge en el contexto de la histórica desigualdad social y racial, el descontento político y la experiencia de lucha acumulada por las nuevas generaciones y la desastrosa gestión de la pandemia por parte del gobierno de Trump, que ha conllevado un impacto desproporcionado en las comunidades negras.

En los países más pobres, la gente sufrirá al mismo tiempo el perjuicio sanitario y los efectos económicos. En el Brasil, el Perú, Chile y México, hay un aumento importante del número de casos. En el Brasil, los expertos en materia de salud prevén una explosión de Covid-19 en junio, incrementada por las acciones delictivas de Bolsonaro. Este país combina de manera explosiva una crisis sanitaria cada vez más grave con una recesión económica y una grave crisis institucional. Bolsonaro está más aislado y apela a su base radical de ideología fascista, apoyada por sectores de la policía estatal, el ejército y las milicias, para que cierre el Congreso y el Tribunal Supremo a fin de gobernar de manera explícitamente dictatorial.

En África y en Oriente Medio hay un nivel de sistemas de salud de lo más bajo, agravado por las situaciones de guerra e, incluso con cifras bajas de enfermos, los riesgos de una epidemia se añaden a los ya existentes: en África, por ejemplo, el paludismo mató a 380.000 personas en 2018, la tuberculosis a 607.000 y la malnutrición a entre 2 y 3 millones.

Los pueblos se verán seriamente confrontados a una mayor austeridad y a una profundización del subdesarrollo, de la dependencia alimentaria, del endeudamiento, del dominio de las multinacionales y de los grandes capitales locales sobre la economía y los recursos. Estas son las mismas causas que desencadenaron el proceso revolucionario en la región árabe y que le darán un nuevo impulso para un nuevo ciclo después de Covid-19.

La total incertidumbre sobre una recuperación en forma de V tiende a hacer más agresivos a los grupos capitalistas y a sus gobiernos. Mientras el capitalismo no sea derrotado, cualquier idea de un «próximo mundo» diferente y mejor será pura utopía: el que viene será aún más desigual. La lucha por una alternativa anticapitalista es cada vez más urgente.

  1. Una crisis del modelo neoliberal

Esta crisis tiene sus raíces en la globalización, y todas las crisis preexistentes se incrementarán después de esta pandemia. Además, el Covid-19 ha revelado la fragilidad de un sistema capitalista de producción globalizado profundamente determinado por la búsqueda de la máxima producción de valor (a través de las cadenas de valor y la adaptación de las producciones de los países dominados a los intereses de los grandes grupos capitalistas) y de una tasa de ganancia ampliamente desvinculada del crecimiento. No obstante, los objetivos capitalistas en los próximos meses serán los de seguir adelante con el «business as usual» lo antes posible.

La acentuación de la globalización y las políticas de austeridad ya habían encontrado sus límites en los últimos años: desde la crisis financiera de 2008, los principales bancos centrales, entre ellos la Reserva Federal de los Estados Unidos, el BCE y el Banco de Inglaterra, han inyectado enormes cantidades de dinero en los bancos privados para mantener a flote todo el sistema económico. Al mismo tiempo, con tasas de interés real cero o negativas, el endeudamiento de los países y las empresas capitalistas se ha disparado tanto en Estados Unidos como en Europa.

Los medios financieros que los bancos centrales han distribuido en profusión no han sido utilizados por los bancos y las grandes empresas capitalistas de los demás sectores para la inversión productiva, sino para para adquirir activos financieros. Esto ha producido una burbuja especulativa en el mercado de valores, en el mercado de bonos (es decir, bonos de deuda) y, en algunos lugares, en el sector inmobiliario. Todas las grandes empresas se sobreendeudaron al principio de esta crisis.

  1. Una profunda crisis social

Los efectos del Covid19 han supuesto una fuerte perturbación de la producción, el transporte de mercancías y la demanda.

Incluso en las zonas menos afectadas por la pandemia, como por ejemplo en África (5125 muertes el 7 de junio, de la cuales 3800 en Argelia, Camerún , Egipto, Marruecos, Migeria, Suádfrica y Sudán)) la crisis en China, Estados Unidos y la UE está teniendo efectos profundos a nivel económico y social: el PMA prevé para 2020 una duplicación del número de personas afectadas por la inseguridad alimentaria aguda, especialmente en África y el Oriente Medio (era de 135 millones en 2019 debido a las guerras y al cambio climático).

El efecto de esta crisis es el retorno del espectro del hambre a los sectores más pobres de la clase obrera en varios países, especialmente a los excluidos del mundo del trabajo, o insertos en él de manera precaria, sin derechos laborales, poblaciones generalmente racializadas y excluidas por su condición étnica y social. Por ello, las iniciativas de los movimientos sociales para organizar iniciativas de solidaridad de clase para luchar contra el hambre son fundamentales y tienen efectos directos en la capacidad de organización política de los barrios pobres. Los movimientos de comunidades de negros y migrantes (especialmente en el Brasil, los Estados Unidos y Europa) han sido los protagonistas de esas iniciativas, que desempeñan un papel fundamental en la organización de la resistencia popular a la pandemia.

La producción de alimentos está actualmente muy centralizada, con un puñado de grandes empresas que dominan cada sector. Gran parte de lo que se produce es activamente perjudicial para la salud humana y la comida basura contribuye de manera significativa a la obesidad y a las enfermedades que más afectan a los pobres porque es barata y llena.

  1. Efecto sobre los empleos y las condiciones de vida de las clases trabajadoras

Las clases trabajadoras, entre las que se incluyen los campesinos pobres, son las principales víctimas del Covid-19 directamente por el número de muertes, e indirectamente por los despidos, las pérdidas de empleo o de actividad y los recortes salariales.

Todos los primeros estudios en EEUU, Brasil o Francia, por ejemplo, muestran que las clases populares son las principales víctimas de las muertes de Covid-19. De una población activa de 3.300 millones de personas, más de cuatro de cada cinco se han visto afectadas por el cierre total o parcial de los lugares de trabajo, según estimaciones de la OIT. En los Estados Unidos, 20 millones de puestos de trabajo fueron destruidos en abril, 30.000 millones de nuevos registros de desempleo en marzo. En Gran Bretaña, 950.000 nuevas inscripciones entre el 16 y el 31 de marzo – es diez veces más alto de lo normal. En Europa, la proporción de trabajo a jornada reducida se disparó. En Alemania, casi 500.000 empresas lo implementaron en marzo, veinte veces más que después de la crisis financiera de 2008.

Una proporción significativa de la fuerza de trabajo trabaja en la economía informal en África, América Latina y Asia, hasta el 90% en la India. Estos trabajadores perdieron sus ingresos con el Covid-19, y prácticamente no tienen protección social, ni prestaciones de desempleo y tienen poco acceso a los servicios de salud. En muchos países una proporción significativa de estos trabajadores son migrantes, ya sea internos del campo a la ciudad (India, grandes partes de África) o de otros países (en los Estados del Golfo de Asia, en los Estados Unidos de América del Sur y Central, etc.). Estos trabajadores son doblemente vulnerables no sólo a la devastación económica sino también a los chivos expiatorios racistas. La OIT predice que 1.600 millones de personas en todo el mundo (tres cuartas partes de los trabajadores informales del mundo) corren el riesgo de perder sus medios de vida en el segundo trimestre. Estima que el 6,7% de las horas de trabajo en el mundo podrían perderse en el segundo trimestre, es decir, 195 millones de equivalentes de tiempo completo para una semana de 48 horas, de los cuales 125 millones se encuentran en Asia, 24 millones en América y 20 millones en Europa. En un estudio de la Unión Africana se plantea la cifra de 20 millones de empleos perdidos en el continente y un aumento drástico de la deuda.

  1. El Covid-19 ha exacerbado las discriminaciones

En general, los más precarios de la clase obrera fueron los más afectados directa o indirectamente por el virus. En Nueva York, los negros residentes en el Bronx, en todo el territorio de los Estados Unidos, los nativos americanos y los negros; en la región de París, las poblaciones racializadas de Seine St Denis; en Brasil, los negros de las favelas. En la India, un enorme porcentaje de los que viven en la calle o en barriadas son musulmanes que fueron desplazados rápidamente por los terratenientes y el Estado cuando Modi impuso un confinamiento muy rápido y draconiano, lo que dio lugar a un vasto movimiento de personas. En el caso de Filipinas, se estima que más de 70.000 trabajadores migrantes en el extranjero se verán obligados a regresar, tras haber perdido sus empleos como consecuencia de la pandemia. Algunos de ellos trabajaban en la construcción, pero la mayoría en la hostelería, incluidos los cruceros. Todas estas poblaciones han sido víctimas de mayores tasas de mortalidad, condiciones de alimentación y vivienda más precarias y de la necesidad de desplazarse para poder trabajando.

– En todo Europa, Estados Unidos y Canadá, América Latina, India, China y Oriente Medio, la violencia contra la mujer y los feminicidios ha aumentado entre un 30% y un 100% en comparación con la situación anterior.

– En los Estados Unidos, el Caribe y América del Sur (el Brasil en particular), las poblaciones de origen africano sufren mucho más, dada la situación de pobreza de la mayoría, con la pandemia, el desempleo, la pérdida de ingresos del sector informal y la violencia del Estado.

– Todas las poblaciones deportadas, los refugiados, como los sirios, palestinos, uigures y rohingyas en Bangladesh se ven aún más afectados por esta situación.

– En el Golfo Arábigo, millones de trabajadores migrantes del Asia meridional se encuentran hoy en una situación sumamente precaria, sin trabajo ni medios.

– Los estudiantes escolares y universitarios de entornos desfavorecidos son los que más han sufrido por el cierre físico de los establecimientos de enseñanza y la enseñanza en línea, sin que se haya garantizado a todos computadoras y acceso a la Internet. En el caso de los niños más pequeños en particular, es más probable que sufran de un apoyo insuficiente en el entorno doméstico.

  1. La pandemia facilita los ataques a las libertades democráticas

Muchos países han introducido restricciones a los derechos democráticos en el contexto de la contención de los estados de excepción. En muchos países se han promovido leyes de excepción y se ha detenido a los opositores. En Filipinas, por ejemplo, Duterte se ha servido del Covid-19 para intensificar una política represiva de control de la población. Lo mismo ocurre en Hong Kong, donde el gobierno de Pekín está introduciendo nuevas restricciones a los derechos democráticos. En América Latina, es el caso de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia, por ejemplo. En muchos países, las medidas de contención y control aplicadas son una oportunidad para probar nuevos métodos policiales con nuevas tecnologías de rastreo o vigilancia.

Evidentemente, el objetivo será hacer que esas medidas sean permanentes. Tanto más cuanto que el Covid-19 ha llegado a muchos países tras numerosas movilizaciones sociales contra las consecuencias de las políticas capitalistas. Por ejemplo, fue el caso de Hong Kong, Argelia, Chile, Francia. Habiendo exacerbado estas situaciones de injusticia social, las clases dominantes temen con razón un resurgimiento de las movilizaciones sociales. Por lo tanto, se preparan para ello tratando de reforzar sus arsenales represivos. Sin embargo, ya, a pesar del Covid-19, en Hong Kong la gente está en la calle contra las leyes antidemocráticas del gobierno de Beijing y en el Brasil se está organizando un amplio movimiento para exigir la destitución de Bolsonaro. Podemos esperar muchas movilizaciones sociales y políticas en los próximos meses.

La actual erupción en los Estados Unidos en respuesta a la ejecución de George Floyd por la policía de Minneapolis (una fuerza con un largo historial de racismo particularmente flagrante) se produce en el contexto del movimiento Black Lives Matter, así como del impacto desproporcionado de las políticas de Trump hacia el virus en la comunidad negra.

  1. Los movimientos sociales y anticapitalistas deben organizarse contra la violencia de los ataques

Mientras que los riesgos para la salud siguen estando muy presentes y el único objetivo de la clase dirigente es remontar sus beneficios, las amenazas para las clases trabajadoras son dobles. No sólo aumentarán los cierres de empresas y los despidos, se bloquearán o reducirán los salarios, sino también la legislación laboral (cuando existe) que ha sido ampliamente cuestionada durante las medidas de emergencia. En la India, por ejemplo, el gobierno de Modi está impulsando a los estados en esta dirección, y en Uttar Pradesh y Madhya Pradesh se han suspendido los derechos sindicales, así como las normas de higiene y seguridad y se han facilitado los despidos.

En diferentes países, como Alemania, el Estado español, Estados Unidos y Brasil, grupos de extrema derecha organizaron manifestaciones contra el encierro con un contenido racista y xenófobo, mezclando teorías de conspiración, nacionalismo o supremacía blanca. En otras partes de la India, los musulmanes (200 millones) han sido víctimas de campañas racistas que los acusan de ser responsables de la epidemia. Estos grupos xenófobos parasitan la crisis social y política que existe en muchos países durante y después del cierre.

Pero, en numerosos países, a pesar del bloqueo, los movimientos sociales, los sindicatos, las comunidades populares se han mostrado activas, en continuación de numerosas acciones y movilizaciones llevadas a cabo antes del confinamiento por los sindicatos, las organizaciones políticas o los movimientos sociales, como por ejemplo las movilizaciones contra la violencia sexual o racista, las del derecho a la vivienda, las luchas obreras como las de los trabajadores de la salud en Francia, los movimientos antiautoritarios y democráticos en Chile, Líbano, Argelia, Hong Kong, y todas las movilizaciones climáticas llevadas a cabo en los meses anteriores. En algunos países esto ha dado lugar al crecimiento de nuevos movimientos de ayuda mutua (que plantean interesantes cuestiones de funcionamiento «en y contra el Estado» en la situación actual) y tal vez a más largo plazo la construcción de organizaciones comunitarias allá donde antes no existían en la misma medida. El Covid-19 y lo que ha revelado sobre la sociedad en la que vivimos no puede sino reforzar la voluntad de estas movilizaciones y movimientos de continuar su acción y lograr victorias.

Durante el confinamiento se han dado muchas iniciativas auto-organizadas de la gente trabajadora, de los territorios en resistencia, en el campo y en las ciudades. Hay ejemplos de estas iniciativas de la población o de sectores organizados, como los campesinos, los indígenas, los desempleados, las personas y comunidades de la periferia de las grandes ciudades, la red de solidaridad feminista, entre otros. Estas iniciativas están forjando alternativas muy interesantes, como la fabricación colectiva de máscaras de tela para donar a la población con el fin de asegurar la prevención de contagios, la donación y producción alternativa de alimentos, la defensa del sistema de salud pública y la demanda de acceso universal al mismo, la denuncia del aumento de la escalada de violencia contra las mujeres y el agotador trabajo de cuidados que realizan durante el aislamiento en el hogar, entre otros.

Una de las consecuencias de la crisis es la forma en que ha revelado a capas mucho más amplias de la población los tipos de trabajo que son necesarios socialmente (trabajos esenciales) y los que existen sólo para generar beneficios. Se ha demostrado que el trabajo de reproducción social en el ámbito de la salud y la atención sanitaria es vital, ya sea en el hogar o (mal) pagado en el sector público o privado, tanto de forma general como más específica mediante acciones que marcan el valor que las comunidades de la clase trabajadora dan a este trabajo vital. En muchos países las acciones (aplausos) que comenzaron en reconocimiento de los trabajadores de la salud ampliaron su alcance para incluir a todos los trabajadores esenciales, específicamente los de los servicios postales, de transporte y de distribución y venta de alimentos. Se ha subrayado la elevada proporción de mujeres y de trabajadores negros y migrantes en estos sectores.

Al mismo tiempo, la muy significativa reducción de los viajes por vía aérea y, en menor medida, de los viajes por carretera ha traído consigo ganancias inesperadas. La reducción de la contaminación atmosférica en miles de ciudades «normalmente» estranguladas por el smog, y de la contaminación acústica que está llevando a muchos a escuchar el canto de los pájaros por primera vez en décadas o en la vida.

Los debates están comenzando en muchos movimientos sociales y parte del movimiento obrero bajo el lema #buildbackbetter- cuestionando la «normalidad» de la pobreza entre la riqueza ostensible, de la falta de vivienda, de las condiciones de trabajo inseguras, de la violencia contra las mujeres, de la discriminación contra las poblaciones negras y migrantes, de la contaminación y otros aspectos de la catástrofe ambiental.

Durante el confinamiento y después de su levantamiento, también se han producido muchas acciones y huelgas de trabajadores por demandas de seguridad, el cierre de la producción no necesaria, la demanda de garantía de los derechos laborales y el pago de los salarios. Por ejemplo, en muchos países los empleados de Amazon o los empleados de los sectores de la restauración, el transporte o el reparto a domicilio.

Por lo tanto, las tareas esenciales de los movimientos sociales en los próximos meses serán organizar a las clases populares para la defensa de su salud y sus derechos frente a una ola de ataques sociales que afectarán paralelamente al empleo, los derechos sociales y las libertades democráticas y recrear una relación sostenible entre las poblaciones humanas y el medio ambiente.

  1. Frente a la pandemia, las demandas relativas al sistema sanitario, al empleo y los salarios de la vivienda, la educación, la acogida de migrantes y el medio ambiente son demandas de urgencia.

– En todas partes, y especialmente en las regiones afectadas por la pandemia, inyección de medios suficientes para la disponibilidad masiva de equipos de detección, la multiplicación de camas de reanimación y respiradores. Generalización a toda la población de máscaras protectoras y pruebas biológicas adecuadas.

– Reanudación de las actividades económicas sólo con la protección de la salud de los trabajadores: suministro de medios de protección (máscaras, geles, gafas, guantes) para todos los empleados, que permitan su protección y el ejercicio inmediato del derecho de retirada si no se respetan las condiciones de seguridad.

– Asunción al 100% de la responsabilidad por parte de las empresas y/o el Estado de los salarios de los trabajadores que han suspendido su actividad, incluidos los trabajadores migrantes, los trabajadores precarios, los trabajadores temporales, los trabajadores domésticos, los trabajadores autónomos y los trabajadores de temporada, sin ninguna obligación de tomar días de descanso o de recuperar posteriormente las horas no trabajadas. Obligación de los Estados de pagar los salarios de los empleados cuyos empleadores se nieguen a pagarlos durante la crisis. El gobierno debe entonces recuperar el costo de esta intervención multando a la empresa culpable de no pagar los salarios.

– Provisión por parte del Estado de un ingreso mínimo garantizado suficiente para vivir decentemente para los trabajadores del sector informal, para los desempleados no remunerados, para los estudiantes, para todos los que lo necesiten.

– Prohibición de todos los despidos y cierres de empresas por parte de los grupos capitalistas, reincorporación de los empleados despedidos desde el comienzo de la pandemia.

– Apertura de escuelas en condiciones seguras para los estudiantes y los maestros. Ninguna penalización a los estudiantes por la pérdida de horas lectivas.

– Rechazo de toda medida autoritaria y excepcional de suspensión de los derechos sociales, incluido el derecho de huelga, y especialmente el mantenimiento de estas medidas después del levantamiento del confinamiento.

– Suspensión de todos los desahucios, suspensión de los alquileres, préstamos personales y facturas de agua y energía, provisión de viviendas adecuadas para todos aquellos que viven en precariedad o sin alojamiento, requisición de viviendas vacías.

– Prestación de una atención social adecuada a los discapacitados, a los ancianos y a todos los que están o han estado socialmente aislados por el encierro.

– Establecimiento de medidas inmediatas de protección de emergencia para las mujeres y los niños que son víctimas de la violencia, con decisiones rápidas para retirar a los cónyuges violentos o proporcionar una vivienda alternativa a las víctimas, garantía de acceso a la anticoncepción y al aborto como procedimientos médicos vitales.

– Conversión de los centros cerrados para refugiados en centros de recepción abiertos con instalaciones sanitarias. Regularización inmediata de todos los inmigrantes indocumentados y refugiados para dar acceso a todos los sistemas de protección social, y poner fin a todas las expulsiones. Cierre inmediato de los campamentos de detención de migrantes, que están muy superpoblados, especialmente el de Moria en Lesbos y a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México.

  1. Luchar contra la organización capitalista de la sociedad, poner en primer plano los intereses de las clases populares y las necesidades sociales en una serie de decisiones urgentes:

  1. Todos los ámbitos esenciales del sistema de salud, incluidos los seguros, la industria farmacéutica y biotecnológica y toda la investigación y el desarrollo médico y farmacéutico deben ser desprivatizados y puestos bajo control público. Deben abolirse las patentes de medicamentos, conocimientos y productos médicos. La investigación médica debe realizarse en el plano internacional y con un espíritu de solidaridad y dedicarse únicamente al servicio de la humanidad. Los conocimientos y las tecnologías deben ponerse libremente a disposición de todos los países.

  1. Esto debe ir acompañado del desarrollo de una infraestructura social gratuita para el cuidado, la crianza y la salud. Los trabajos esenciales de la reproducción social, ocupados mayoritariamente o incluso exclusivamente por mujeres, deben ser reconsiderados socialmente y mejor remunerados.

  1. Es evidente que en el marco de esta reestructuración del sistema de salud, todos los hospitales privados deben ser puestos bajo control público y transferidos a la propiedad social. Un sector sanitario y clínico unificado es absolutamente esencial.

  1. La limpieza y otros servicios necesarios para el funcionamiento de los hospitales y otras instalaciones de atención deben volver a ser tareas públicas. Los empleados que realicen el trabajo correspondiente deben ser remunerados decentemente y debe garantizarse su integridad sanitaria en el lugar de trabajo.

  1. Para poder hacer frente a todo esto, hay que detener toda producción de armas, convertir su fabricación en producción socialmente útil e invertir los fondos que se liberen al mismo tiempo en el desarrollo del sistema sanitario.

  1. Financiar los costos de la expansión del sistema de salud por medio de impuestos especiales sobre los altos ingresos, beneficios y activos. Debe hacerse todo lo posible para que los costos de la crisis sean asumidos por quienes han obtenido enormes beneficios y han acumulado riqueza a expensas del público en general en los últimos decenios.

  1. Las condiciones de trabajo no deben enfermar a las personas y deben ser propicias para su desarrollo y su salud. Esto es particularmente urgente para los trabajadores no cualificados de la industria cárnica, la agricultura, el cuidado de los ancianos y los servicios de reparto. Debe garantizarse la seguridad en el trabajo y medidas adecuadas de saneamiento e higiene. Se deben reducir las horas de trabajo y mejorar la organización de los descansos.

  1. Absorción de viviendas precarias con planes urbanísticos para la construcción de viviendas públicas de calidad.

  1. Fortalecimiento y extensión del sistema educativo público, rechazo de la privatización mediante el desarrollo de empresas que propongan planes de enseñanza por internet.

  1. La transferencia a la propiedad pública de las principales plataformas de medios de comunicación social. Facebook, WhatsApp, Amazon y Zoom, que se están beneficiando masivamente del cierre, y están recogiendo datos que generarán enormes beneficios futuros. Deberían ser expropiados (sin compensación, ya han acumulado demasiado), y funcionar como servicios públicos transparentes y sin ánimo de lucro.

  1. En todos los países, transferencia a la propiedad pública de los servicios funerarios. No se debería permitir que las empresas privadas se beneficien de la muerte y traten de manipular el dolor de las personas en un intento de maximizar sus ganancias.

  1. Agricultura sostenible y justicia alimentaria mundial, reorganizando los circuitos de producción y distribución de acuerdo con las necesidades sociales. Reducción de la distancia en el transporte de alimentos y del consumo de carne.

  1. Fin de la deforestación, especialmente la impulsada por la agroindustria.

  1. Expropiación de los bancos privados sin compensación a los principales accionistas y socialización del sistema financiero bajo control ciudadano, suspensión de todos los cargos bancarios en las cuentas privadas y concesión a las clases trabajadoras de préstamos sin interés para satisfacer sus necesidades inmediatas, congelación de las deudas bancarias de las familias, microcréditos y alquileres, garantizar el agua, la electricidad, el gas e internet para todos;

  1. Suspensión inmediata del pago de las deudas públicas perm, lo que de permitir la movilización de fondos suficientes que los países necesitan para satisfacer las necesidades populares durante la pandemia. La suspensión del pago de la deuda debe combinarse con una auditoría con participación ciudadana para identificar la parte ilegítima y cancelarla.

  1. Apertura de las fronteras para la admisión segura de migrantes, con estatus legal y acceso a los servicios de salud y atención social.

  1. Lucha contra la discriminación en la prestación de servicios públicos para las personas indígenas, migrantes, negras, mujeres, LGBTIQ y discapacitadas, mediante programas de acción positiva para combatir siglos de discriminación institucional y de consulta permanente y participación de esas comunidades en la adopción de decisiones para crear servicios que satisfagan verdaderamente las necesidades de todos.

  1. Otro mundo es necesario y urgente!

La actual convergencia de crisis, al poner en peligro los fundamentos de la vida humana, exige una política anticapitalista con una perspectiva ecosocialista. Muestra la urgencia de una sociedad basada en las necesidades sociales, organizada por y para las clases trabajadoras con propiedad pública de los bancos y los principales medios de producción. Y esta crisis muestra la urgente necesidad de frenar las causas del cambio climático, de detener la depredación ambiental que está destruyendo «nuestra casa común», reduciendo la biodiversidad y abriendo el camino a las plagas contemporáneas, como los síndromes respiratorios severos de naturaleza viral.

Si en la primera década del neoliberalismo hubo aspiraciones y sectores sociales que se unieron para decir «otro mundo es posible», hoy debemos unirnos para decir «otro mundo es necesario y urgente». Necesitamos una acción internacionalista común que nos indique los caminosmarque el camino hacia un mundo en el que la vida valga más que los beneficios, en el que la naturaleza deje de ser una mercancía. La crisis actual muestra claramente que una parte importante de la producción capitalista es puramente depredadora, totalmente superflua y derrochadora.

A principios de la década de 2000, el movimiento de justicia global reunió a millones de personas, de movimientos sociales, sindicatos, con la participación de organizaciones radicales de izquierda. Hoy en día, necesitamos construir tales reuniones, presentando demandas para luchar contra el capitalismo, el cambio climático y las discriminaciones. En la búsqueda de este objetivo, en diferentes países, o a nivel internacional, algunas iniciativas están comenzando a darse. Las organizaciones y los activistas de la Cuarta Internacional dedicarán sus esfuerzos para su éxito. Es urgente que las organizaciones y corrientes sociales, anticapitalistas y revolucionarias coordinen, debatan y establezcan acciones conjuntas a nivel regional e internacional.

Será imposible volver al llamado estado normal antes de la crisis de Covid-19, que era una «normalidad» capitalista que amenazaba el futuro de la humanidad y del planeta. Es urgente pasar a una nueva sociedad basada en las necesidades sociales, organizada por y para las clases trabajadoras con propiedad pública de los bancos y los principales medios de producción. Por eso es necesaria una perspectiva de transformación socio-ecológica radical.

Fuente e imagen:  https://www.anticapitalistas.org/comunicados/la-crisis-de-covid-19-amenaza-la-vida-de-millones-de-personas-acelera-la-transformacion-geopolitica-y-enciende-la-llama-de-la-agitacion-social/

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Crisis en la educación española: El proyecto emancipador para la educación frente a la reacción conservadora

España / 31 de marzo de 2019 / Autor: Miguel Manzanera Salavert / Fuente: Rebelión

0. Introducción: la involución conservadora del imperialismo en decadencia.

Los actuales problemas del sistema educativo en el Estado español constituyen un aspecto más de la crisis cultural, que acompaña al contexto de decadencia social, política y económica en los estados imperialistas. Los países que han constituido el centro del sistema capitalista mundial en los últimos siglos, se encuentran sumidos en una depresión económica que conlleva la pérdida de la hegemonía política. Las dinámicas económicas del neoliberalismo, fundadas en la privatización de los bienes públicos, están generando un empobrecimiento de los trabajadores y las capas inferiores de la sociedad. En España 13 millones de personas -casi el 28% de la población- se encuentra en riesgo de pobreza, 2 millones se ven obligadas a recurrir a los bancos de alimentos y 6 millones, a pesar de trabajar, no alcanzan en el cómputo anual ingresos superiores al salario mínimo (Cañada 2017). Esa privatización viene acompañada de mecanismos de corrupción que favorecen el drenaje de la riqueza social hacia los sectores más favorecidos de la población.

La crisis económica viene acompañada por el auge de movimientos de extrema derecha y de las políticas autoritarias, especialmente remarcables en el tratamiento de la inmigración y las minorías nacionales, en el fomento del belicismo y la violencia para resolver los conflictos internacionales, así como el retorno de la guerra fría entre el bloque atlantista y el bloque asiático. A esta involución histórica se añade un desarrollo cultural basado en el predominio de ideologías reaccionarias en contra de la razón, cuyo objetivo es negar realidades históricas objetivas para postular la superioridad de las particularidades subjetivas. Un claro ejemplo de ello es la invocación de los derechos humanos para justificar la guerra criminal desarrollada en Oriente Medio por la OTAN. Esas tendencias, presentes ya en el posmodernismo desde finales del siglo XX, se han agudizado en los últimos años para postular la posverdad, con una concepción completamente privativa y parcial de la verdad. El desarrollo cultural presente en las sociedades imperialistas tiene consecuencias en el ámbito educativo a través de la privatización y mercantilización de la enseñanza, que es necesario analizar y combatir para sostener una cultura racional fundada en los ideales de la humanización.

1. Dos modelos alternativos para la educación.

La ideología de la libertad que proclama el liberalismo es compatible con la represión violenta de las relaciones sociales: un ejemplo de ello son los golpes de Estado en América Latina, que se suceden desde hace décadas sin interrupción. La explicación es sencilla: libertad para los empresarios y sujeción para los trabajadores; en el capitalismo las empresas y sus propietarios son libres para competir en el mercado, pero en la organización del trabajo dentro de la empresa no hay libertad, los empleados se limitan a obedecer para conservar su puesto de trabajo. Sin embargo, desde el punto de vista de la clase obrera, el nivel de libertad creado por la sociedad puede medirse por el grado de la autonomía personal en el trabajo. El Estado liberal es una democracia representativa, que puede degenerar en dictadura en los momentos de crisis social; en cambio el Estado que garantiza la libertad de los trabajadores es la república democrática. En esa contradicción de clases se asienta la dinámica política de la sociedad contemporánea.

Con grandes tensiones y profundos retrocesos, a través de grandes luchas sociales, podemos afirmar que en términos generales el desarrollo histórico de las sociedades modernas avanza hacia una extensión y profundización de la democracia, estableciendo los mecanismos institucionales que garantizan la emancipación de los trabajadores y la gestión colectiva de las decisiones políticas. La cultura democrática debe promover un proceso de participación, incorporando en el debate a aquellos colectivos y personas que manifiesten su interés en expresar sus propuestas; las líneas de acción colectiva deben poderse establecer a través de la deliberación pública de todos los agentes sociales implicados, y ser elaboradas por las instituciones representativas de los movimientos sociales, asociaciones, sindicatos, partidos, etc. Para que se desarrolle esta democracia avanzada es necesario contar con una ciudadanía bien informada, compuesta por personas críticas y conscientes capaces de evaluar las mejores opciones para todos. En el proceso de formación de ese orden social democrático, la educación juega un papel fundamental.

Por eso se puede afirmar que el modelo político liberal no es el punto final de la historia, pues constituye una democracia representativa con importantes limitaciones para el ejercicio del poder político popular, y está entrando en un proceso de cambio y conflictos sociales en los últimos años. Ante la crisis del liberalismo, el debate educativo se ha agudizado entre los defensores de un modelo participativo en la gestión social, frente al Estado liberal que representa los intereses de la oligarquía y las elites sociales de la oligarquía financiera, y que evoluciona en un sentido cada vez más autoritario. En este debate hay dos modelos de escuela posible con múltiples aspectos diferenciados, los más importantes se señalan a continuación.

El modelo liberal para la educación
  • 1. la enseñanza es un servicio que puede ser ofertado de forma eficaz por empresas privadas
  • 2. la enseñanza dota de habilidades y capacidades que aseguran el éxito en la competencia dentro del mercado de trabajo.
  • 3. el currículum debe ser elaborado por los expertos en materia educativa.
  • 4. la actividad del profesorado está controlada burocráticamente y se limita al adiestramiento de los alumnos.
  • 5. el éxito de la enseñanza depende del esfuerzo y las habilidades naturales de los individuos.
  • 6. el Estado privilegia un tipo de creencias tradicionales en la sociedad, como es el cristianismo católico en España.

Modelo republicano de escuela pública

  • 1. la educación es un derecho universal, cae bajo competencia pública
  • 2. la educación tiene por objetivo formar personalidades autónomas, responsables, conscientes y críticas, para una democracia participativa
  • 3. el currículum debe ser establecido teniendo en cuenta la opinión de todos los agentes de la comunidad educativa.
  • 4. el educador transmite valores y capacidades morales bajo el principio de la libertad de cátedra.
  • 5. el éxito educativo depende de la buena formación del profesorado, de su profesionalidad y conducta ética.
  • 6. el Estado es laico, admite y respeta la pluralidad de valores y creencias de la ciudadanía, realizando el papel de mediador entre ellas.

En primer lugar, desde la concepción de la educación:

  1. La educación entendida como un derecho universal, garantizado por el Estado de manera equitativa para toda la ciudadanía; lleva a defender la escuela pública.
  2. La educación entendida como un servicio mercantilizado, que debe ser liberalizado para crear empresas que compiten en el mercado educacional. La libertad de enseñanza se concibe como argumento para liquidar la escuela pública. Supone desarrollar un sistema educativo desigual y empeorar las condiciones laborales y docentes del profesorado, porque prima una menor inversión con un mayor rendimiento.

En segundo lugar, desde la concepción de las relaciones sociales:

  1. el modelo democrático de participación ciudadana se funda en la ciudadanía consciente y responsable, fomentando el diálogo y el compromiso a partir del acuerdo colectivo. El alumno desarrolla su autonomía personal y su pensamiento con libertad, conscientemente y de forma crítica.
  2. el modelo autoritario impone la disciplina y la obediencia a las decisiones tomadas por los responsables del orden social. La educación crea personalidades dependientes y acríticas, incapaces de ejercer el control democrático sobre los poderes públicos.

En tercer lugar, respecto de los contenidos:

  1. el currículum define el camino del conocimiento y forja nuestra identidad; por tanto es una cuestión política y sometida a debate, dependiendo de los intereses distintos y enfrentados de culturas, clases y grupos sociales.
  2. el currículum se entiende como una cuestión técnica, elaborada por expertos sin contar con los miembros de la comunidad educativa.

En cuarto lugar, respecto de la acción pedagógica del profesorado:

  1. autonomía de los profesores para diseñar su asignatura en función de sus conocimientos y preparación, valorando la madurez y formación de los alumnos para adoptar criterios propios en relación con la cultura.
  2. control burocrático de la actividad docente, exigiendo informes detallados de los procesos de enseñanza y evaluando los conocimientos mediante pruebas externas cuantitativas.

En quinto lugar, respecto de los factores que constituyen el éxito escolar:

  1. el éxito educativo depende de que el profesorado sepa transmitir un modelo conductual ético y responsable, permitiendo a los alumnos apropiarse de las herramientas conceptuales para aprender por sí mismos y elaborar criterios propios para evaluar la realidad en la que viven.
  2. el éxito en los estudios depende del esfuerzo individual en el dominio de las destrezas exigidas, dentro de un proceso competitivo con el resto de los alumnos, medido por las calificaciones escolares.

En sexto lugar, respecto de la relación entre lo privado y lo público:

  1. el Estado es laico, respeta la pluralidad de valores presentes en la población, y la política consiste en realizar la función de mediación entre las creencias de los grupos particulares para coordinar la acción colectiva.
  2. el Estado privilegia un tipo de creencias sobre otras, bajo la consideración de su importancia tradicional en la sociedad, en el caso español la religión católica.

En España el conflicto entre ambas concepciones de la educación se ha planteado con claridad: de un lado, el partido conservador en el gobierno, y del otro, la sociedad civil agrupada en las Redes por una Nueva Política Educativa, donde el Foro de Sevilla ha jugado un papel fundamental (Foro 2015). En cada uno de los apartados señalados más arriba, la alternativa a) se refiere a las propuestas pedagógicas de la sociedad civil en favor de un modelo alternativo, mientras que la b) representa las características de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza) del gobierno PP (BOE 2016). Y si bien la mayoría parlamentaria en las Cortes está en contra de la LOMCE, no hay acuerdo acerca del modelo educativo alternativo. Mientras que el Foro de Sevilla apunta a un modelo de renovación pedagógica bastante radical, los sectores reformistas de la oposición apuestan por un modelo intermedio que no representa una ruptura con las propuestas conservadoras para la educación.

2. Del déficit democrático a la involución autoritaria.

El Estado liberal español, heredero de una cultura históricamente autoritaria e intolerante, tiene limitaciones importantes que impiden la participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones políticas que afectan a la mayoría; eso resulta especialmente significativo en el terreno de la educación. La democracia formal ha reducido la participación y la capacidad de decisión sobre la política educativa a las estructuras de los partidos políticos, empobreciendo el debate público y recortando las posibilidades de la sociedad civil para determinar el desarrollo de la educación. El electoralismo sustituye el verdadero ejercicio de la política, como ámbito de la decisión colectiva consensuada sobre el fundamento del diálogo y el compromiso.

Así, a pesar de la descentralización por transferencia de competencias educativas a las Comunidades Autónomas, el modelo escolar depende de la legislación emanada del gobierno central, estando sujeta a los sucesivos cambios que ha sufrido el ordenamiento educativo en las últimas décadas; ha habido siete leyes diferentes desde la instauración de la democracia con la Constitución del 78: LGE (Villar Palasí, ministro franquista -1970-), LOECE (UCD -1980-), LODE (ley orgánica del derecho a la educación, PSOE 1985), LOGSE (PSOE, 1990), LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación PP-2002), LOE (PSOE 2006) LOMCE (Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa PP-2013). Cada gobierno de los partidos mayoritarios que se han turnado en el ejercicio del poder ha querido establecer su propia ley de educación: estando de acuerdo en el modelo de gestión económica neoliberal y en la estructura monárquica del Estado, ambos partidos han querido diferenciarse por su política cultural. Pero ninguna de las leyes anteriores ha hecho los cambios suficientes que requiere un sistema educativo democrático y comprensivo.

Especialmente la LOMCE (Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, 9/12/2013) –también conocida como ley Wert por el nombre del ministro de educación del partido conservador- ha profundizado en la tendencia autoritaria y antidemocrática.

  1. La LOMCE es un proyecto de ley impuesto sin debate ni consenso, de espaldas a la comunidad educativa y a los expertos y expertas en el campo de la educación, cuando el PP tenía la mayoría absoluta en las Cortes; ésta ha sido deslegitimada en las sucesivas elecciones parlamentarias, pero el PP ha retenido el gobierno de la nación. Ese proyecto está en proceso de revisión por la enorme controversia que suscitó en la comunidad educativa. Generó una movilización social en contra conocida como ‘marea verde’ por el color escogido por la ciudadanía para identificarse. Se protestaba por el autoritarismo del gobierno, la privatización y la confesionalidad de la reforma educativa, el modelo curricular que elimina las humanidades y las enseñanzas artísticas, la segregación del alumnado, etc.
  2. Esa ley ha eliminado las funciones del Consejo Escolar, como órgano de gobierno de la Comunidad Educativa, en el que estaban representados los agentes del proceso de enseñanza –alumnos, profesores, padres, ayuntamientos, personal laboral-, y que gracias a su control del Proyecto Educativo del Centro (PEC) establecía las directrices pedagógicas fundamentales de cada institución educativa. El Consejo Escolar queda relegado a funciones meramente consultivas y no decisorias. Las funciones decisorias pasan a ser competencia de un director o directora, nombrado directamente por la Administración y no de forma democrática por su comunidad educativa. Este modelo rompe con la cultura de colaboración y participación necesarias con las familias y la comunidad educativa.
  3. El director del Instituto tiene competencias en la selección del profesorado, lo que introduce la arbitrariedad y el subjetivismo. La actividad del profesorado es controlada burocráticamente por medio de tareas administrativas y detrimento de su autonomía. Además esta ley favorece la privatización y mercantilización de la educación, lo que otorga importantes cuotas de poder a los empresarios privados.

La crisis política de la democracia liberal tiene un factor importante en el descrédito de los partidos políticos de la monarquía –el bipartidismo PP/PSOE-, que se han visto involucrados en procesos de corrupción. La incapacidad del sistema político para resolver las dificultades económicas ha generado la movilización social en los últimos años, que ha sido duramente reprimida por el Estado. En el ámbito educativo el autoritarismo del partido conservador y la incapacidad del PSOE para contrarrestarlo han dado lugar a una protesta generalizada en el Estado español. Apostando por una legislación desarrollada bajo el consenso democrático, el Foro de Sevilla nació en 2012 para desarrollar el necesario debate entre todos los sectores de la comunidad educativa, con el objetivo de constituir una Ley de Educación consensuada que modele de forma definitiva nuestro sistema educativo. Posteriormente se constituyeron las Redes por una Nueva Política Educativa en que participan 24 ONGs y asociaciones ciudadanas, además de las asociaciones de padres y madres de estudiantes organizadas como AMPAs (Asociación de Madres y Padres de Alumnos), que se asocian en la CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos), sindicatos de estudiantes y de profesores, y partidos políticos.1

Esta movilización ha subrayado la necesidad de un pacto político que haga posible una ley de educación duradera; para ello tiene que darse un consenso básico, que no parece posible en el estado español: primero, porque en la etapa constitucional han primado los intereses partidistas; y segundo porque en el momento actual el gobierno conservador quiere imponer su punto de vista sobre la sociedad española, consiguiendo sostenerse en medio de la crisis. Mientras el partido conservador tuvo mayoría absoluta, promulgó la LOMCE sin discusión alguna en el año 2013; pero cuando perdió esa mayoría, después de las elecciones de 2016, y bajo la presión de la movilización social, el debate llegó a las Cortes. El 15/11/2016 la mayoría del Congreso aprobó iniciar los trámites para suspender la LOMCE por 208 votos a favor, 133 en contra y dos abstenciones; el Pleno del Congreso tomó en consideración la proposición de ley del PSOE, instando a paralizar los aspectos de la reforma educativa que aún no han tenido aplicación, como es el caso de las evaluaciones externas o reválidas, así como sustituir la reforma educativa del PP por otra ley. Votaron a favor el PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos, así como ERC, el PNV, el Partit Demòcrata Català, Bildu, Compromís y Coalición Canaria, cuyos escaños suman mayoría absoluta. El PP y Foro Asturias en contra. Entonces se estableció una subcomisión parlamentaria que reflexionara sobre el modelo educativo, aunque esta subcomisión todavía no ha dado resultados prácticos

  1. Evolución del conflicto

Las sucesivas leyes de educación han mantenido un sistema intermedio entre ambas opciones de organización escolar, con predominio del modelo liberal. Eso resulta insatisfactorio para los sectores más comprometidos con el modelo republicano de escuela pública –agrupados por el movimiento de renovación pedagógica-. Por ejemplo, según los gobiernos puede variar la cantidad de dinero público con que se financia a las entidades privadas, pero se mantiene el negocio educativo. Se cambia el lugar de la religión en la escuela, pero se siguen contratando profesores de religión católica bajo recomendación del obispado. Las reformas curriculares que se han ido sucediendo, todas superficiales, han acudido a intereses corporativos y disciplinares –diferentes materias de estudio-, sin plantearse en profundidad las características de una enseñanza para la emancipación personal. Etc.

Pero si la indefinición ha caracterizado a los inestables pactos educativos de la democracia liberal, la ruptura de todo consenso por los últimos gobiernos conservadores ha sublevado a la sociedad, de forma especialmente notable en los ámbitos sanitario y educativo. De ese modo la última ley de la enseñanza generó la movilización social en su rechazo. Las características más criticadas de la LOMCE son:

    1. Carece de base científica pedagógica, no se estudian las causas reales que provocan el fallo del sistema educativo español.
    2. Autoritaria:
    1. Impuesta de espaldas a la comunidad educativa
    2. Elimina las funciones del Consejo Escolar
    3. Pérdida de autonomía de los centros y aumento del control burocrático
    4. Permite la selección arbitraria del profesorado
    1. Privatizadora:

3.1. Defiende una ideología mercantilista: la educación como servicio

3.2. Reduce la financiación de la educación pública

3.3. Apoya la gestión empresarial de la educación mediante la concertación

    1. Fomenta la desigualdad y la segregación del alumnado

4.1. Deriva a las personas con dificultades hacia itinerarios secundarios

4.2. Introduce la competencia y la selección entre los estudiantes

4.3. Devalúa la formación profesional

4.4. Admite la concertación para centros con alumnos separados por sexos

    1. Supone un ataque a la formación humanística y laica
    1. Elimina las enseñanzas humanísticas y artísticas
    2. Introduce pruebas de evaluación externas en cada tramo educativo
    3. Potencia el adoctrinamiento católico en la escuela.

En marzo de 2017, tras la pérdida de la mayoría absoluta en las Cortes, hubo una huelga de la enseñanza con participación de toda la comunidad educativa. Se pedía derogar cuanto antes la LOMCE calificada como ideológica y elitista, sin esperar a la conclusión de la negociación del pacto educativo en el Congreso. El presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) justificaba la huelga porque el gobierno conservador mantenía la misma política educativa, a pesar de perder varios millones de votos en las elecciones; mientras se organizaba el diálogo para el pacto educativo, el gobierno conservador en minoría aprovechaba la falta de consenso entre las fuerzas opositoras para mantener el proceso de implementación de la ley Wert. Lo único conseguido hasta el momento ha consistido en eliminar las reválidas que esa ley introduce en cada en tramo de la enseñanza –una evaluación externa donde el ministerio de educación evalúa las competencias alcanzadas por los alumnos-.

El 26 de julio de 2017 la Cortes publicaron «Resumen global por temas de las comparecencias de la subcomisión Pacto de Estado Social y Político por la Educación», donde se recogían las intervenciones de los agentes sociales en las Cortes y se exponía el debate realizado durante el segundo trimestre del año (Foro 2017). Un documento sin efectividad práctica; tanto es así que en septiembre los miembros del Foro de Sevilla denunciaron la nulidad efectiva de esa subcomisión. Según el representante de Podemos: seis meses después de la huelga, la situación apenas ha cambiadoEl PP plantea la subcomisión como una prórroga de la LOMCE (Castillo 2017b). En efecto, el Pleno del Congreso aprobó prorrogar otros seis meses los trabajos de la subcomisión que negocia el Pacto por la Educación, solicitada por todos los grupos, lo que prolonga la vigencia de la controvertida ley. El partido conservador ha retenido el poder político a pesar de contar con mayorías escasas, imponiendo su punto de vista en la mayoría de los asuntos, gracias al apoyo de la UE y las instituciones no democráticas del Estado, como la monarquía, los tribunales y los cuerpos de seguridad.

Esta situación ha derivado en que los grupos de la oposición se planteen acuerdos para modificar puntos concretos de la LOMCE. Entre los puntos más necesarios para modificar están: los conciertos educativos como forma de privatización de la enseñanza –la educación concertada es proporcionada por entidades privadas subvencionadas con dinero público-, la obligatoriedad de la asignatura de religión y su validez significativa para el currículum, y la segregación de los niños en fases tempranas de aprendizaje creando líneas educativas diferenciadas.

  1. La privatización de la educación.

La LOMCE promueve la privatización de la enseñanza, como una forma de establecer jerarquías y elites sociales en consonancia con la reciente evolución de la sociedad occidental hacia un modelo competitivo y autoritario –puesto que no hay democracia dentro de la empresa privada que compite en el mercado-. Esa privatización toma la forma de centros de enseñanza concertados: el Estado subvenciona centros privados con fondos públicos, para que ejerzan una labor educativa complementaria a la escuela pública, bajo la argumentación de proteger la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones personales. Podemos establecer dos aspectos de esa privatización: la mercantilización de la enseñanza y los recortes en el gasto público educativo.

4.1. Se entiende la mercantilización de la educación como la transformación de este derecho universal en un servicio, satisfecho por las empresas privadas a cambio de un valor monetario establecido por el mercado.

Hace ya más de una década, en el cambio de siglo, se dieron a conocer los proyectos privatizadores de la enseñanza por parte del capitalismo internacional: se calculaba que la educación constituía, para las empresas del conjunto de los países de la OCDE, un negocio potencial con valor equivalente al mercado mundial de automóviles. La privatización y comercialización de la educación se presentaba como uno de los objetivos de las grandes empresas multinacionales secundadas por organismos supranacionales como la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial.

En aquellas fechas se estableció el AGCS (Acuerdo General para el Comercio de Servicios), cuya finalidad consistía en establecer un marco normativo internacional para el comercio de servicios, contribuyendo así a su expansión progresiva. Se quería liberalizar los mercados, esto es, facilitar desde el punto de vista legal la eliminación de todo tipo de barreras, haciendo posible la mercantilización de los servicios, de forma que las empresas transnacionales se apoderen del sector terciario de la economía en constante crecimiento (los servicios representan en torno al 50% del PIB mundial). En la reunión de la OMC celebrada en Hong Kong en diciembre de 2005, se adoptó una Declaración Ministerial en la que se recomienda a los países que aún no lo han hecho, la apertura de sus mercados, es decir, el compromiso de liberalización de sectores como la educación (Quirós 2004).

Sin embargo en 2006 se produjo el fracaso de la ronda Doha, que como señalaron diversos observadores resultó en beneficio para los pobres, paralizando esos procesos privatizadores. Pero ese fracaso no terminó con la lucha política de los grandes capitales por modificar la legislación en su beneficio. Desde entonces se han intentado concertar varios tratados internacionales que dan ventaja a las empresas, como el ALCA en América –también fracasado-, y el TTIP-CETA en Europa –que todavía no han sido aprobados a pesar de las enormes presiones ejercidas-. Se quiere subordinar así la acción política del Estado a los intereses y beneficios de las empresas privadas. Con ellos la sociedad pierde la capacidad para controlar y planificar los procesos educativos.

Ante el fracaso de esos tratados internacionales, la educación sigue bajo la custodia de los Estados nacionales, aunque en Europa esa soberanía está subordinada a los tratados comunitarios que escapan a los mecanismos democráticos de supervisión política. Así los Consejos de Ministros Europeos en Lisboa (2000) y Barcelona (2002), tomaron decisiones en materia educativa a espaldas de la ciudadanía y sin ningún control democrático. En la Declaración de Bolonia de 1999 se puso en marcha el Espacio Europeo de Educación Superior, con la reforma de los estudios universitarios que abrió las puertas a su privatización: proliferación de universidades privadas y reducción del ciclo de formación superior a cargo del Estado, creando un ciclo suplementario de estudios –másters de especialización- pagados por el alumno y en buena parte privatizados.

La justificación de esos procesos de privatización tiene un doble aspecto:

  1. se basa en los derechos de la familia a proteger sus particularidades ideológicas: el Tratado Constitucional Europeo reconoce el derecho de los padres a asegurar la educación y enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas, escogiendo el centro de enseñanza que consideren oportuno, lo que es una puerta abierta a la enseñanza privada.

De ese modo se erosiona la posibilidad de construir el Estado laico, a partir de una cultura ciudadana fundada en el bien común y la participación en las decisiones colectivas. O bien las agrupaciones confesionales son consideradas como grupos de presión en la negociación social para la decisión política, o bien la regulación social queda al albur del mercado y el beneficio empresarial. En el primer caso, no se puede negar el derecho a tener las propias creencias y a compartirlas en la privacidad, pero no es admisible que lo privado interfiera en la cultura colectiva, destruyendo la esfera pública; esa dinámica lleva a la generalización de los conflictos que podemos observar en las sociedades posmodernas. En el segundo, la privatización de la educación pública se corresponde con la negación de la racionalidad, entendida como diálogo y consenso público entre sujetos sociales con perspectivas diferentes, pero complementarias. En ambos casos, se destruye la racionalidad moderna fundada en el laicismo y el diálogo.

  1. afirma la eficacia de los centros privados para la profesionalización competitiva; la ideología que defiende este tipo de enseñanza se basa en la teoría del capital humano: la especialización y cualificación del trabajo es el rasgo que determina la productividad de los trabajadores y, consecuentemente, su remuneración y posicionamiento en el mercado de trabajo; se produce así la estratificación y desigualdad que caracterizan a la así llamada sociedad del conocimiento.

Pero los hechos desmienten esa supuesta teoría sociológica. La hipotética relación entre la enseñanza privada y la preparación profesional es falsa. Si por un lado la calidad de la enseñanza no mejora con la privatización, por otro el negocio educativo no fabrica mejores profesionales. Ni forma mejores personas, ni proporciona más amplios conocimientos. La educación no se reduce a enseñanza, el aprendizaje de técnicas manuales o intelectuales, sino que contiene una imprescindible labor de formación personal y desarrollo de la conciencia. Por eso, incluso en las cuestiones técnicas y en la especialización profesional resulta inferior, pues el ser humano es algo más que una máquina. Más importante que aprender, es aprender a aprender, esto es, tener instrumentos intelectuales que permiten a las personas desarrollar autónomamente los propios conocimientos.

Por otro lado, esa enseñanza valorativamente neutra –cuyo principal y más decisivo valor es el monetario- produce la homogeneización cultural dentro del pensamiento único, dirigido por la competencia económica en el mercado hacia el mayor beneficio entendido como racionalidad. Lejos de crear una sociedad diversificada por sus creencias privadas, la privatización de lo público crea personalidades unidimensionales: el único valor que todo individuo reconoce como auténtico es el dinero, que sirve como medio para realizar la cooperación social a través de los intercambios en el mercado. A menos que adopten formas de desarrollo alternativas, los países del sur europeo -menos desarrollados en forma capitalista y, por tanto, menos competitivos en términos mercantiles, pero ideológicamente subordinados al centro imperialista del sistema- sufren especialmente este problema.

Sistemas de evaluación meramente cuantitativos miden destrezas de los alumnos, pero no toman en cuenta otros factores educativos y desarrollos personales. Por ejemplo, la formación en valores, la socialización y sociabilidad, el sentido de la justicia, la inteligencia emocional, son aspectos de la personalidad que inciden en la realización personal, pero no pueden ser adecuadamente evaluados por los test de aprendizaje, diseñados por las instituciones oficiales al servicio del proyecto neoliberal. Sobre la base de esas evaluaciones sesgadas por los intereses de la productividad capitalista se crea la competencia entre centros dentro del mercado educativo. Pero incluso desde este tipo de evaluaciones –como es el Informe PISA-, el sistema educativo español no ha mejorado sus resultados en los últimos 15 años (Pisa 2015).

4.2. Recortes de la LOMCE: reducción del gasto público en educación.

Las huelgas de la enseñanza se han sucedido en los últimos años contra la LOMCE por su ideología, pero también por la reducción del gasto público en educación. Parece evidente que una educación de alta calidad necesita una financiación sostenible, sin embargo, esta ley no lleva ninguna memoria económica, sino que lo que hace es ajustar los términos legales del presupuesto educativo a una disminución de casi un punto del PIB en materia educativa. El gasto educativo español es inferior a la media de los 35 países que integran la OCDE en todas las etapas, desde la educación infantil a la Universidad.

Las medidas que acompañan el proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa LOMCE) se concretan en recortes de la inversión pública en educación desde que el PP ha empezado a gobernar; este partido adoptó un compromiso con la UE de recortar más de 15.000 millones de euros hasta 2015 del gasto público educativo –que se sitúa en el 4% del PIB-, retrotrayéndonos a cifras superadas hace 25 años y situándonos a la cola de la OCDE y la UE –media del 5,6% del PIB y 9% en Finlandia y Dinamarca. Lo que se ha traducido en una reducción de las plantillas de profesorado –afectando especialmente a los profesores interinos- y un aumento de la ratio de alumnos por aula. Recortar en educación significa que miles de menores y jóvenes recibirán una educación de peor calidad y tendrán más dificultad para permanecer más tiempo en el sistema educativo, generando una sociedad más desigual (Díez Gutiérrez 2013).

La Marea Verde –movilización ciudadana en contra de la política conservadora en educación- señalaba los propósitos ideológicos de la LOMCE, que incluían impulsar los procesos de privatización de la educación. En efecto, esta ley aumenta los conciertos educativos, un modelo de escuela privada subvencionada por el Estado. En Alemania, el porcentaje de alumnos matriculados en la escuela pública es del 92%. En Francia, del 87%. En el Reino Unido, del 95%. En Noruega, del 97%. En Grecia, del 93%. En Italia, el 94,5%. Irlanda, Letonia, Lituania, Rumanía y Croacia superan el 98%. En una Europa con gran diversidad de sistemas educativos, un punto en común en todos ellos es el peso residual de la escuela privada. España, en cambio, se queda en el 68%. Está 22 puntos por encima de la media europea en alumnos matriculados en escuelas concertadas. Solo Malta y Bélgica la superan (Castillo 2017a).

Lo que se conoce como enseñanza concertada son los centros privados sostenidos con fondos públicos. El mecanismo para fomentar la enseñanza privada incluye el deterioro de la pública, de forma que esta pierde alumnos pues los padres prefieren matricular a sus hijos en la privada. Esto se aprecia especialmente en la Comunidad de Madrid, donde después de gobernar varias décadas, el PP ha dejado porcentajes del 50% para la enseñanza privada. En algunas zonas como Vallecas –un barrio obrero de tradición progresista-, hay más alumnos en la enseñanza privada que en la pública.

  1. Déficit de valores: la ideología como una cuestión privada –la conciencia religiosa frente a la conciencia de clase-.

La ideología privatizadora se funda en un concepto privativo de la libertad, que se desentiende de los condicionamientos sociales que forman la personalidad y constituyen el fundamento de su acción personal. El individuo perdido en la masa ha roto sus lazos vitales con la comunidad, ignora su capacidad de desarrollarse como persona a través de un proyecto de cooperación social. La libertad se realiza, entonces, como libertad de elegir y consumir entre productos alternativos en el mercado, entre marcas o empresas, tanto como entre ideologías y creencias puramente subjetivas.

En esa sociedad capitalista, el mercado es el lugar donde se realiza la cooperación social entre individuos egoístas. Pero su egoísmo es el fundamento mismo de su esclavitud, puesto que necesitan vender sus capacidades y habilidades en el mercado de trabajo para poder satisfacerlo. Esos individuos se dejan llevar por impulsos inconscientes estimulados por la propaganda consumista, se encuentran subordinados a los intereses ajenos sin tener conciencia de ello, –enajenados o alienados en las masas anónimas de las metrópolis capitalistas-. Son unidimensionales: átomos carentes de entidad personal, sometidos a las fuerzas impersonales del mercado. La enseñanza privatizada, que promueven los gobiernos liberales, tiene por objetivo producir ese tipo de personalidades unidimensionales.

5.1. Preparación profesional contra educación en valores.

La enseñanza de habilidades y capacidades tecnológicas tiene por objetivo mejorar la cualificación de los trabajadores, lo que aumenta la productividad de su trabajo, permitiéndoles acceder a mejores condiciones laborales y retribuciones. Ese adiestramiento se convierte en valor económico a través de la competencia por el puesto de trabajo; se opone así a la formación del carácter moral por una educación emancipadora que proporciona a la persona criterios y valores conscientes. La enseñanza en las modernas sociedades capitalistas no se entiende como el fundamento del desarrollo personal, sino como un instrumento para aumentar la productividad del trabajo y la competitividad de la economía (junto con otros elementos como la privatización de las pensiones, la flexibilidad laboral, el retraso en la jubilación, etc.).

Los fallos de ese tipo de educación se han mostrado de forma desastrosa en estos años de crisis. La falta de puestos de trabajo para las cualificaciones alcanzadas por los estudiantes ha tenido dos consecuencias notables: a) ha generado una fuerte emigración de los jóvenes hacia aquellos países que resistieron mejor la crisis; b) muchos jóvenes han aceptado trabajos muy inferiores a su cualificación profesional, con remuneraciones inferiores a las previstas. La precariedad laboral y los contratos basura han golpeado fuertemente a la clase trabajadora, especialmente entre los jóvenes; éstos, en su protesta que nació el 15M del 2010, adoptaron el lema de juventud sin futuro.

Y no se debe olvidar que el actual desarrollo tecnológico es responsable de la crisis ambiental, que está destruyendo la biosfera terrestre; las décadas del desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial, la computación y la automatización de las fábricas, las redes telemáticas y el acceso a la información, han sido también los años en los que se he generado una crisis ambiental espantosa que compromete gravemente el futuro de las jóvenes generaciones.

La necesidad de una renovación pedagógica se hace cada vez más evidente; urge hacer transformaciones hacia un modelo educativo más integral, crítico y comprometido con el mundo en que vivimos. Sin embargo, en el Estado español esa renovación pedagógica se ha hecho cada vez más difícil desde hace años en el ámbito de la escuela pública. El sistema evoluciona en sentido contrario, incrementándose la intensidad con que se aplican las medidas liberales en educación; para los gobiernos conservadores el problema de la educación, como el de la economía mixta, no es la falta de racionalidad del mercado como instrumento para organizar la cooperación social, sino los obstáculos para la libre competencia representados por la existencia de intervenciones estatales en la economía. Pero incluso la cooperación social no estatal, basada en el altruismo y la benevolencia, son considerados negativamente por esa ideología de la competencia darwinista.

Desde algunos agentes de la comunidad educativa –como los sindicatos de profesores y la CEAPA- se han aducido razones económicas para explicar estas dificultades, pues resulta el dato más obvio y fácil de establecer. Y no les falta razón si observamos los datos económicos ya expuestos: la reducción sistemática de recursos económicos, conlleva la disminución del profesorado, el aumento de ratios y la inestabilidad de los equipos docentes. Pero se deben añadir otros factores menos fáciles de cuantificar, como la falta de autonomía en los centros públicos y la cultura mercantilista e individualista del capitalismo liberal. Tampoco ayuda el modelo educativo puramente academicista y selectivo, cargado de burocracia y de currículos inabarcables y farragosos, que imponen las leyes de educación. La imposición de pruebas estandarizadas y seleccionadoras dificultan enormemente otras formas de educar, que no sean las que impone el adiestramiento para su superación. Finalmente, la rutina, la dictadura del libro de texto, el aislamiento que conlleva la falta de tiempo para coordinarse, planificar y compartir experiencias entre los docentes, el miedo al cambio y la falta de una sólida formación, también forman parte de los obstáculos que hacen difícil la extensión de proyectos y prácticas innovadoras.

La transformación profunda de la escuela debe servir para crear una cultura radicalmente diferente, que supere el sistema capitalista profundamente corrompido. La educación es un factor esencial para la emancipación humana en la autorrealización individual y colectiva, y el desarrollo pleno de las personas; el marco de esa emancipación es una sociedad fundada en compartir la experiencia vital, construyendo equidad y justicia social. Parece difícil que la renovación de la enseñanza pueda realizarse en el marco de una sociedad de masas regida por los criterios mercantiles: la reforma educativa requiere un cambio en las orientaciones fundamentales de la sociedad.

La crítica de la tecnología fundada en los valores humanos debe partir de la constatación de su ambivalencia y su carácter de instrumento para fines sociales. La técnica no es un destino de la humanidad, como lo plantea la ideología del capitalismo liberal, sino el medio racional para construir un mundo verdaderamente humano, transformando la naturaleza con el trabajo colectivo. El destino humano depende de que sepamos hacer efectivos los valores racionales de la humanidad, subordinando la tecnología a la realización social de las personas. La ciencia no es neutral, pues depende de los valores sociales que inspiran sus formulaciones; y esto es especialmente cierto en el terreno de las ciencias sociales como la pedagogía. Pero los descubrimientos tecno-científicos pueden ser utilizados de formas diversas, y hemos de aprender a utilizarlos de forma emancipadora a través de la formación de personalidades críticas y autónomas que se realizan dentro del compromiso social.

5.2. Enseñanza confesional

La planificación educativa consigue introducir la confesionalidad del sistema de enseñanza español a través de dos vías: primero, la concertación; y segundo, la asignatura de religión. La concertación es la concesión de licencias para la enseñanza a empresas privadas, a cambio de subvenciones públicas. En España el 80% de las escuelas concertadas son religiosas y esto supone una importante cantidad de dinero público para la Iglesia.

Además, la LOMCE establece que la asignatura de religión es evaluable en primaria y secundaria, y cuenta para la nota media del alumno. Por tanto, influye en la concesión de becas y ayudas basadas en el rendimiento académico. Es de remarcar que los profesores de religión son seleccionados por el obispado, lo que supone una imposición de una entidad privada sobre la escuela pública. Esos profesores suelen calificar muy alto a sus alumnos, y además ofertan viajes a Roma para hacer atractiva su asignatura. Así tenemos que, después de varias décadas de política de infiltración en la escuela, la Iglesia ha conseguido que numerosos alumnos cursen la asignatura de religión, y son escasos los alumnos que siguen los itinerarios alternativos.

El peligro de esa enseñanza es la inculcación de ideas que están contra el sentido laico de la sociedad moderna. En muchos religiosos esas ideas están en contra de los derechos humanos; de modo que se puede defender una ideología racista, machista y patriarcal, desde una tribuna legítima como es la de la escuela pública. Por poner algunos ejemplos, el arzobispo de Granada afirmaba que el aborto favorece el maltrato a las mujeres, o que las mujeres tienen que leer el libro Cásate y sé sumisa; el arzobispo de Valencia, preguntaba si esa invasión de refugiados es todo trigo limpio, y afirmaba que hay que luchar contra el imperio gay

El fundamento legal de esa situación reside en las ambigüedades de la Constitución española, que en su artículo 27 afirma el derecho a la educación religiosa y moral y a la libertad educativa. La interpretación liberal de ese artículo ha derivado en la creación de una doble red, privada y pública, que constituye un factor de desigualdad por la selección del alumnado que introduce en el alumnado, además de irracionalidad y conservadurismo.

  1. El fracaso escolar en España.

El modelo liberal de la enseñanza en España, basado en el pacto entre un partido conservador y otro progresista, ha fracasado a raíz de la crisis económica, porque ésta ha traído una involución autoritaria, de modo que los conservadores han conseguido imponer su concepción de la educación, igual que en otros aspectos de la cultura y la sociedad. Pero la inviabilidad del modelo venía ya anunciada por los altos índices de fracaso escolar y la baja calidad de la enseñanza, según los índices elaborados por esa misma concepción de la enseñanza. Esa circunstancia ha sido aprovechada por el partido conservador para justificar sus políticas educativas.

Los Informes PISA, que miden la calidad de la enseñanza desde los criterios cuantitativos que venimos criticando, muestran que los resultados de los alumnos españoles no han mejorado en las últimas décadas; los resultados del último informe muestran notas casi inalterables durante las seis ediciones celebradas desde al año 2.000. De modo que el modelo liberal de la enseñanza no solo resulta un fracaso desde el punto de vista de la educación en valores; lo es también en sus propios términos, incapaz de mejorar las habilidades cognitivas de los alumnos, medidas por los test cuantitativos del aprendizaje.

6.1. Los datos del fracaso escolar.

El Informe sobre el fracaso escolar en el año 2003 de Álvaro Marchesi, Exsecretario de Estado para la Educación, sigue teniendo vigencia después de década y media y voy a utilizarlo como referencia, dado que los índices de la educación apenas han mejorado en los últimos años según nos muestran los Informes PISA.

Hoy la necesidad de mayor nivel de formación de la población se corresponde con unos datos de mayor porcentaje de alumnos estudiando: en 1945, el 80% de los alumnos de 14 años en Europa occidental dejaban la escuela para trabajar, mientras que en el año 2000, el 80% de los jóvenes de 17 años se mantienen estudiando (Marchesi 2003, 11). El problema, por tanto, está en que la sociedad es más exigente, los conocimientos que se necesitan son mayores y las habilidades requeridas para el trabajo son habitualmente de nivel superior. La consecuencia de este planteamiento es clara: alumnos que no fracasaban en el año 1975 podrían ser fracasados escolares en 2002. La dificultad en cada momento histórico se sitúa en establecer los conocimientos básicos que se requieren para integrarse en la sociedad. La educación en España sigue los patrones europeos con un cierto retraso: durante los años 80 la exigencia mínima era el título de EGB que se obtenía a los 14 años. Al final de la década de los años 90 se empieza a exigir que los alumnos hayan cursado, al menos, diez años de educación obligatoria. Hoy los jóvenes prolongan sus estudios, entre otras cosas porque las ofertas de trabajo son escasas y en malas condiciones laborales.

Según los Informes PISA los estudiantes españoles, junto con los portugueses, alcanzan los peores resultados en las pruebas que miden las capacidades desarrolladas –en el último Informe, los alumnos portugueses superaban a los españoles-. Por ejemplo, las calificaciones obtenidas por los alumnos españoles de quince años en comprensión lectora son inferiores a los de la media de la OCDE. Es también significativo el alto índice de abandono escolar. El porcentaje de la población que alcanzaba los objetivos de la enseñanza obligatoria o equivalente en el año 1999 es del 76,4%, y el fracaso escolar pasó del 37% al 23,6%, en diez años de la década de los 90, lo que supone una reducción del 13,4%. Sin embargo, según el Eurostat de 2013, que elabora estadísticas sobre diversos aspectos de las sociedades europeas, el sistema educativo español mantenía altas tasas de abandono escolar catorce años después –incrementándose incluso en más de un punto: 24,9%, 28,8% alumnos y 20,8% alumnas-.

En tercer lugar, el fracaso escolar debe medirse también por la repetición de cursos. El porcentaje de estudiantes repetidores es demasiado alto en España, que es el noveno país con más repetidores de los 72 analizados en el informe PISA: el 31% de los estudiantes de 15 años aseguró haber repetido algún curso, frente a la media europea de 11%. Los resultados del Informe PISA muestran que eso no solo es ineficaz, sino que desmotiva a los estudiantes y es costoso para el sistema

El mantenimiento de altas tasas de fracaso escolar provoca graves consecuencias en los alumnos y en la sociedad. Los jóvenes que abandonan prematuramente el sistema educativo, o que no alcanzan la cualificación mínima necesaria tienen una escasa confianza en sus posibilidades y una baja motivación para incorporarse a programas de formación. La probabilidad de encontrar un trabajo, su estabilidad en el mismo y su retribución económica es menor que en los casos de mayor nivel educativo. Pero tal vez lo más grave sea su dificultad de adaptarse a las crecientes exigencias laborales, por lo que el riesgo de marginación económica y social se incrementa. El problema del fracaso escolar no es solo un problema educativo, es también un problema con enormes repercusiones individuales y sociales.

6.2. Causas del fracaso escolar.

Las leyes educativas de los gobiernos conservadores –como la LOCE de 2002 y la LOMCE de 2013- han insistido una y otra vez en la importancia del esfuerzo de los alumnos como factor principal de su éxito o fracaso escolar. Otras perspectivas más científicas y menos ideológicas, por el contrario, han puesto el énfasis principal en los factores sociales y culturales. El hecho de que las zonas socialmente desfavorecidas tengan un porcentaje superior de fracaso refuerza esta posición. Por tanto, el modelo que debe proponerse para comprender el fracaso escolar debe incorporar estos factores para ofrecer una visión amplia e integradora.

Una teoría comprensiva del problema abarca seis niveles estrechamente relacionados: sociedad, familia, sistema educativo, centro docente, enseñanza en el aula y disposición de los alumnos. El referido informe de Marchesi estudia esos niveles teniendo en cuenta indicadores específicos que se consideran relevantes: contexto económico y social, dedicación y expectativas de las familias, gasto público en educación, tiempo de enseñanza, organización y funcionamiento de los centros docentes, estilo de enseñanza de los profesores e interés de los alumnos.

Hay tres aspectos del fracaso escolar: a) alumnos que no alcanzan los conocimientos mínimos exigidos; b) los alumnos que abandonan la escuela obligatoria sin alcanzar la titulación correspondiente; c) las consecuencias laborales y sociales en la edad adulta. Estos tres aspectos pueden reducirse a uno: se debe entender el fracaso escolar como la ruptura de la persona con los procesos de desarrollo cultural y tecnológico de la sociedad en la que vive (Marchesi 2003, 7-8). La formación personal es una tarea permanente de la vida humana; pero especialmente en nuestras sociedades, basadas en el conocimiento y la cualificación del trabajo, es una necesidad por la velocidad de los cambios tecnológicos que se están produciendo. Por eso el fracaso escolar se convierte en un proceso de ruptura con el entorno social, produciendo marginación y conflictos personales. Eso significa también que el fracaso escolar tiene dos aspectos: la incapacidad para adquirir habilidades intelectuales y manuales, tanto como el fracaso en las relaciones socio-afectivas.

El modelo pedagógico conservador se desentiende del fracaso escolar porque al mismo tiempo que se crean empleos que requieren una alta cualificación del trabajo, se crean otros innumerables que se pueden realizar sin cualificación y que no requieren formación. Estimula la formación de los mejor dotados para que realicen los trabajos más productivos, mientras margina a la mayoría hacia empleos precarizados y rutinarios. Sería esta la vía conservadora para resolver un agudo problema presente en la actual sociedad desarrollada: la existencia de personal cualificado que no encuentra empleos para desempeñar sus conocimientos y deben aceptar trabajos sin cualificar, o bien emigrar a otros países empobreciendo a la propia sociedad. Para afrontar el fracaso escolar es necesario tener en cuenta la evolución de las sociedades contemporáneas, tanto por el entorno tecnológico que construyen, como por las relaciones sociales de producción que establecen.

Del estudio de Marchesi pueden subrayarse los siguientes resultados:

  1. El entorno social influye en el rendimiento de las clases más bajas de la sociedad: más del 70% de los alumnos de Garantía Social provienen de los estratos inferiores de la sociedad.
  2. El nivel educativo de los padres influye en el rendimiento académico de los hijos.
  3. España tiene un bajo porcentaje de alumnos que continúan la educación posobligatoria.
  4. El funcionamiento del sistema educativo tiene responsabilidad importante en el fracaso escolar.
  5. El gasto por alumno explicaría el 17% de las puntuaciones de los alumnos; el gasto público es una condición necesaria pero no suficiente.
  6. El tiempo efectivo de instrucción está estrechamente relacionado con el aprendizaje de los alumnos. El número total de horas dedicado a las matemáticas y las ciencias es inferior en la educación española a la media de la OCDE, si bien los alumnos españoles dedican más tiempo que la media al estudio fuera de la escuela.
  7. La tradición educativa española es muy centralista y homogeneizadora, falta autonomía en los centros, lo que produce una cierta rigidez en el funcionamiento de los mismos y la falta de flexibilidad para adaptarse a contextos cambiantes.
  8. La formación del profesorado es deficitaria, y no acompaña el desarrollo de la sociedad.
  1. Un modelo alternativo: Foro de Sevilla

Como se ha señalado más arriba, las evaluaciones de distintos organismos internacionales, como la OCDE y la Comisión Europea, muestran que el sistema educativo español genera altas cifras de fracaso escolar. Pero en lugar de responder a esos problemas de manera justa y científica, el gobierno conservador ha implementado un modelo escolar competitivo y segregador, al servicio de la economía de mercado. Ese modelo agravará el problema del abandono escolar, puesto que su objetivo es crear capas diferenciadas entre trabajadores de una sociedad clasista. La comunidad educativa se ha levantado contra esa ley, generando una movilización social de envergadura, que se apoya en un modelo alternativo para la educación. La reforma educativa es una necesidad urgente para la sociedad española; sin embargo, ésta se encuentra bloqueada de momento, al permanecer bajo la hegemonía conservadora. De ahí que esa movilización persistente de la comunidad educativa todavía no haya dado resultados. Mientras que la actitud del Estado se concentra en la legislación y las normas, esa renovación pedagógica tendría que apoyarse en las aspiraciones del profesorado para mejorar la calidad de la enseñanza y la participación de todos los agentes de la educación. La mejora del sistema educativo dependerá de la capacidad de los enseñantes para actuar consistentemente en función de las necesidades escolares, asumiendo un programa pedagógico científicamente fundamentado.

Apoyándose en los debates internacionales realizados en las últimas décadas –el Foro Social Mundial y su Carta de Porto Alegre de 2001 y 2003, la Declaración de Quebec de 2001, la Declaración de São Paulo de 2004 y la Declaración del IV Congreso de la Internacional de la Educación de 2004-, el Foro de Sevilla demanda una educación integral y democrática desde sus primeras reuniones. En abril de 2015, se crean las Redes por una Nueva Política Educativa en el Encuentro social de debate. Por una nueva ley educativa, con más de 30 organizaciones de la sociedad civil no empresarial. Las conclusiones de este encuentro afirmaban los principios de igualdad, participación democrática, laicidad, coeducación, sostenibilidad, cooperación y demás valores democráticos de la educación (Foro 2015). Un año después esas propuestas fueron discutidas en el Congreso de los Diputados (Anexo II).

Esta toma de posición inicial se ha ido desarrollando a través del debate colectivo en una serie de documentos que exponen su concepción de la educación. En diciembre de 2016 se presentó el Documento de Bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo social y político educativo de las Redes, donde se afirmaban los principios para una educación democrática:

«La educación que queremos se basa en el principio básico del derecho a la educación desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida, así como en los principios de igualdad, laicidad, diversidad, inclusión, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación democrática, solidaridad, antiautoritarismo y coeducación. Que desarrolle un aprendizaje cooperativo que sea participativo, colaborativo y nunca competitivo, implicando en su consecución a toda la comunidad educativa.»

Las funciones de la educación comprenden el desarrollo intelectual, la formación para la ciudadanía, el desarrollo emocional para el bienestar personal y colectivo, y la formación general y específica para desarrollar tareas productivas útiles y sostenibles. Elementos indispensables para alcanzar esas funciones son la educación democrática, la eliminación del patriarcado, la defensa del medio ambiente, el desarrollo de la sensibilidad estética y la atención personalizada fundada en el respeto hacia las particularidades de cada cual. Este Documento señala, además, que la legislación en materia educativa debe fundamentarse en los pactos internacionales sobre las bases jurídicas de la sociedad moderna, estos es, la Declaración universal de los derechos humanos, la de los Derechos de la Tierra y la de los Derechos de la infancia. Garantizar esos derechos de forma universal es competencia de los poderes públicos, que deben aportar los recursos necesarios para hacerlos realidad, favoreciendo la autonomía y la capacidad crítica de las personas, y sin pretender adoctrinarlas.

A lo largo del año 2017 la comunidad educativa participante en el Foro se ha reunido con los partidos políticos en las Cortes, para gestionar el cambio legislativo, sin lograr sus propósitos de paralizar la LOMCE a pesar de que los conservadores han perdido la mayoría parlamentaria.

BIBLIOGRAFÍA

BOE (2016): https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf

CAÑADA, Manuel (2017): Siete tesis de urgencia sobre la renta básicahttp://rebelion.org/noticia.php?id=235464

CASTILLO, Carlos del (2017a): Las razones de la educación pública para rebelarse contra la LOMCE. Público. http://www.publico.es/politica/huelga-razones-educacion-publica-rebelarse.html

CASTILLO, Carlos del (2017b): El pacto educativo se retrasa: la LOMCE seguirá viva hasta final de legislatura. Público. http://www.publico.es/politica/pacto-educativo-retrasa-lomce-seguira-viva-final-legislatura.html

DÍEZ GUTIÉRREZ, Enrique (2013): 14 razones para retirar la reforma educativa. https://www.cronicapopular.es/2013/07/14-razones-para-retirar-la-reforma-educativa/

FORO de Sevilla (2015): Por otra política educativahttps://porotrapoliticaeducativa.org/

FORO de Sevilla (2017): En defensa de una planificación educativa al servicio de la ciudadanía y no de la segregación escolar. https://porotrapoliticaeducativa.org/2017/07/31/en-defensa-de-una-planificacion-educativa-al-servicio-de-la-ciudadania-y-no-de-la-segregacion-escolar/

MARCHESI, Álvaro (2003): El fracaso escolar en Españahttps://www.nodo50.org/movicaliedu/fracasoescolarespana.pdf

PISA (2015): Resultados clavehttps://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-ESP.pdf

QUIRÓS, Beatriz (2004): Comercialización de la educación. África, América Latina. Cuadernos, 45.

ANEXO I. ORGANIZACIONES PARTICIPANTES DE LAS REDES POR UNA NUEVA POLÍTICA EDUCATIVA

Amesti Educació (Associació de Mestres Grup de Treball per la Infancia), Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo Infancia, Foro de Sevilla, Europa Laica, Junta de Portavoces de Educación Infantil, Mareas por la educación pública, Ciudadan@s en defensa de la Escuela Pública, Proyecto Roma, Plataforma Crida de las Illes Balears (madres, padres, estudiantes y profesorado), Círculo Podem Educació Catalunya, Asociación IncluyE y Stop Ley Wert/La educación que nos une, conformada por los colectivos y plataformas: %ATTAC España, OXFAM Intermón, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Plataforma en Defensa de la Educación Infantil 0-6, Ecologistas en Acción, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red IRES, Rosa Sensat, Yo Estudié en la Pública.

Sindicatos de Estudiantes Sindicato de estudiantes, Federación de estudiantes progresistas del Estado y Colectivo Estudiantil Salmantino.

Asociaciones de Madres y Padres Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado.

Organizaciones Sindicales Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Confederación Stes-intersindical y CGT Confederal

Partidos Políticos Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Podemos y Esquerra Republicana

ANEXO II. EL PROGRAMA EDUCATIVO A DEBATE.

Bajo el título de “Jornada de debate sobre educación. Propuestas para una nueva ley educativa”, el jueves 28 de abril de 2016 a las 17 horas, en el Congreso de los Diputados, se reúnen colectivos y organizaciones con los partidos políticos para presentar un gran Acuerdo Social y Político que servirá para la elaboración de una nueva ley que dé estabilidad al sistema educativo

Los ejes principales que se debatirán se centrarán en torno a las propuestas del documento:

*La universalidad del derecho a la educación mediante una oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años que garantice el éxito escolar de todo el alumnado. Con una apuesta firme por la etapa 0-6 y la Formación Profesional.

*La reafirmación de los principios orientadores del sistema educativo: igualdad, diversidad, inclusión, participación, laicidad, coeducación, sostenibilidad, autonomía, cooperación y otros valores democráticos.

*La defensa de un sistema regido por el principio de inclusión en la organización del centro educativo y en el currículo, donde cada alumno y alumna tenga el apoyo necesario y en el momento en que lo necesite.

*La Laicidad del sistema educativo, lo que significa sacar la religión en sus formas confesionales, del currículo y del ámbito escolar.

*La creación de una red única de centros de titularidad y gestión pública que progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre a los centros privados concertados.

*Un currículo inclusivo que reconozca la diversidad individual, cultural y sexual, la igualdad entre los sexos y la crisis ecológica.

*Disponer de un profesorado comprometido y reconocido que actúen como verdaderos educadores/as y no sólo como enseñantes, formados en contenidos que sobrepasan los conocimientos específicos de las asignaturas y potenciando la cultura de la investigación e innovación educativa.

*La formación permanente como derecho y obligación del profesorado en constante actualización.

*Garantizar la estabilidad de las plantillas docentes, su autonomía y la igualdad de condiciones.

*Una dirección representativa, colegiada, voluntaria y renovable, con una limitación en el tiempo en el desempeño del cargo.

*Aprobar una nueva ley de participación educativa que garantice la implicación real de la comunidad, abierta a las organizaciones sociales de los barrios, a colectivos educativos y sociales y asociaciones de padres y madres y estudiantes, así como a la colaboración entre políticas sociales y educativas que favorezcan la equidad y la cohesión social.

*Reclamar una política presupuestaria para educación que nos devuelva de inmediato, al menos, a la situación previa a la crisis y que se haga explícito el compromiso para estabilizar un aumento progresivo del gasto en educación hasta el 7% del PIB. Crear un fondo de compensación educativa para paliar desigualdades entre territorios.

*Utilizar la evaluación como instrumento necesario para mejorar los procesos educativos. No realizar pruebas externas que produzcan la homogeneización del aprendizaje y su utilización en la confección de baremos, que jerarquicen los centros y den pie a la segregación del alumnado.

Nota:

1 Ver Anexo I para la composición del Foro de Sevilla.

Fuente del Artículo:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=238679

Fuente de la Imagen:

https://www.lejournalinternational.fr/Espana-educacion-en-crisis_a1432.html

ove/mahv

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