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La educación venezolana es laica: el artículo 7 de la LOE

Por: Alí Ramón Rojas Olaya

Ser laico es ser independiente de cualquier organización o confesión religiosa. La escuela o enseñanza laica es aquélla que prescinde de la instrucción religiosa. El artículo 7 de la recientemente aprobada Ley Orgánica de Educación versa sobre la educación laica. “El Estado mantendrá en cualquier circunstancia su carácter laico en materia educativa, preservando su independencia respecto a todas las corrientes y organismos religiosos. Las familias tienen el derecho y la responsabilidad de la educación religiosa de sus hijos e hijas de acuerdo a sus convicciones y de conformidad con la libertad religiosa y de culto, prevista en la Constitución de la República”. Este artículo ha sido repudiado por el clero. No hay que olvidar que, inmediatamente después del terremoto que destruyó las cuatro quintas partes de nuestra capital aquel 26 de marzo de 1812, la Iglesia Católica calificó este fenómeno de la naturaleza como “un castigo de Dios hacia el pueblo venezolano por haberse sublevado a la corona española”. Obviamente, tal declaración fue hecha “en nombre de Dios”. Nuestro Libertador y Padre de la Patria Simón Bolívar, respondió al sacerdote que decía tal infamia, “Cállate insensato” y aludiendo a la corona española y a la Iglesia Católica, continuó: “Si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca”. Evidentemente, estas palabras fueron calificadas de herejía por el clero.

Cuando se inició el año escolar en España en septiembre de 2007, las niñas y niños tuvieron una nueva clase de educación cívica secular que levantó en armas a la Iglesia Católica Romana. «Educación para la ciudadanía» incluye ética, educación cívica y derechos humanos. Basada en los valores consagrados en la Constitución de 1978 del Reino de España, se diseñó para preparar a las y los estudiantes de las escuelas elementales y del primer ciclo de secundaria del ámbito público para convertirse en ciudadanas y ciudadanos autodeterminantes, responsables y tolerantes de una democracia moderna y plural.

La Iglesia Católica Romana tomó dicha asignatura como un reto contra su monopolio moral y lanzó contra élla una furiosa campaña. El episcopado advirtió a los padres católicos que las clases de educación cívica violan su derecho constitucional sobre la «formación moral» de sus hijos y que debe ser enfrentada por todos los medios legales. El arzobispo de Madrid amenazó con apelar ante la Corte Constitucional de España para detener este «programa educacional ético-moral que niega a la religión». Pero el gobierno no se dejó impresionar. «Ninguna creencia puede imponerse sobre la ley», dijo el Primer Ministro José Luis Rodríguez Zapatero en un discurso ante un congreso juvenil. «España es un país laico, y sus principios de laicidad garantizan el pluralismo y la tolerancia».

Para los obispos, lo más explosivo del nuevo programa era el hecho de que incluyera, entre muchas otras cosas, los temas de género, sexualidad y familia. Una de sus metas declaradas es enseñar a los niños a rechazar «la discriminación existente por razones de sexo, origen, diferencia social, afectos sexuales, o de cualquier otro tipo» y a ejercitar “una evaluación crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, sexistas y homofóbicos”. Según los obispos, esto significa “adoctrinar a los niños con la ideología sexual y la agenda social de la izquierda”.

Los temas de la religión y de la iglesia fueron arduamente analizados por Ludovico Silva en su libro Humanismo clásico y humanismo marxista (publicado por Monteávila en 1982). Ante ambos emitió vehementes críticas cuando éstas confundieron su rol profético en pos de una humanidad más justa, por convertirse en instrumentos ideológicos de los regímenes que justifican la pobreza y la explotación de los seres humanos en beneficio del capital y la propiedad privada, transformándose así en meras ideologías al servicio del sistema capitalista. Para Ludovico Silva, la iglesia expresa un mensaje religioso que pretende santificar la pobreza, amparada en la promesa de que la verdadera riqueza no es de este mundo sino aquélla que nos depara la fe en gozar de la eterna presencia de Dios, una vez se realice el juicio final. Paralelamente a este mensaje, y de manera paradójica, ciertas “organizaciones religiosas mantienen grandes negocios -en especial en el ámbito educativo- en los que ganan gruesas sumas de dinero, se recuestan en los brazos de los poderosos y no admiten en sus colegios selectos a los estudiantes pobres” (página 87). Podríamos por analogía afirmar que esta situación los hace similares a los mercaderes a quienes Cristo echó a latigazos del templo.

Esta acertada crítica a numerosos miembros de la corte eclesial, que desvirtúan la idea de Dios, no le impide reconocer los aportes que los grandes Padres de la Iglesia han hecho al pensamiento cristiano sin poner en riesgo la fidelidad a la palabra auténtica de Cristo. Entre ellos destacan -afirma Ludovico- las figuras de San Jerónimo y San Agustín, quienes libres aún del dogmatismo religioso, escribían libremente, y sus doctrinas no eran aún una ideología al servicio de los poderosos, sino al servicio de los humildes, los desamparados, los desterrados de este mundo, tal como lo quería Cristo (página 87).

La alta dirigencia del catolicismo en Venezuela históricamente ha estado caracterizada por sacerdotes extremadamente arrogantes, con una sensación de impunidad y un insufrible sentido de superioridad, derivados del hecho de que administran «verdades superiores». Cuando critican la Ley Orgánica de Educación, desafían a las autoridades legítimas, a la Constitución y al poder popular, intentando imponer sus criterios anticristianos y son responsables de la agitación que dificulta la paz social. Muy lejos están estos Mefistófeles de sotanas del padre colombiano Camilo Torres, del salvadoreño Arnulfo Romero, del brasileño Hélder Câmara o del nicaragüense Ernesto Cardenal. Sacerdotes pertenecientes a un movimiento cristiano, conocido como Teología de la Liberación que surge a la luz de las innumerables injusticias a las que el sistema capitalista mundial ha sometido a los pobres de la tierra. Se trata de una nueva manera de hacer teología que requiere un clima de libertad y creatividad que ningún tribunal eclesiástico o civil debería sofocar. De ser así se estaría sofocando a su vez el dinamismo del evangelio y su fuerza transformadora.

Esta perspectiva teológica hace énfasis en la figura histórica de Jesús, destacando de él su postura política en contra de las injusticias del imperio romano y la inclinación preferencial de su obra a favor de los pobres, para luego, desde el contexto de nuestro continente extraer del evangelio las orientaciones necesarias para un proyecto emancipador y liberador del sujeto latinoamericano. Es una teología que se construye al lado de los excluidos y explotados por el sistema capitalista, que interpreta los signos de nuestro tiempo e intenta encontrar luz en las enseñanzas de Cristo. Es una propuesta que toma conciencia de la situación de dependencia y subordinación de los pueblos habitantes al sur del río Grande y que asume el compromiso de acompañarlos en el peregrinaje a su liberación. Se trata en definitiva de una iglesia capaz de escuchar el clamor de un pueblo, el cual día a día padece las injusticias de un sistema construido sobre el sacrificio y la muerte de millones de seres humanos.

Fuente: https://www.aporrea.org/educacion/a86496.html

Imagen: https://enelbalconyenelcamino.wordpress.com/2013/05/13/por-que-creo-que-la-educacion-debe-ser-laica/

 

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Colombia necesita nuevas universidades públicas de calidad

Colombia/Abril de 2017/Fuente: El Espectador

El programa ser pilo paga surgió en 2014 con el fin de beneficiar a los jóvenes de estratos 1 y 2 del Sisben. Anualmente han sido favorecidos alrededor de 40.0000 estudiantes que han ingresado universidades públicas y privadas con la garantía de que el gobierno cubrirá la totalidad de la matrícula. Desde el primer año de la implementación del programa Ser Pilo Paga, varias han sido las críticas que estudiantes y expertos han hecho a la iniciativa.

Por cada estudiante que entra al programa, el gobierno colombiano realiza una inversión anual de $ 3 billones de pesos (Lea: ¿Vale la pena el esfuerzo del Estado para financiar Ser Pilo Paga?). Es por este motivo que varios críticos han expresado que el programa Ser Pilo Paga no garantiza el derecho a la educación superior ya que no todos los jóvenes logran ingresar a la universidad. Lo anterior debido a que el 98% del dinero destinado al programa ser pilo paga está destinado a universidades privadas.

El presidente Juan Manuel Santos presentó un proyecto de ley para que el programa ser pilo paga se convierta en una política de estado. Carlos Caicedo, magister en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes expresó que “Ese modelo de financiación profundiza la desigualdad en el país, pues con los mismos recursos que se paga el estudio a 40.000 beneficiarios de Ser Pilo Paga se hubiera podido pagar la educación de 200.000 estudiantes en universidades públicas de calidad”.

Varios expertos han sugerido que, para aumentar la cobertura en el sistema educativo, se debe fortalecer la educación pública en el país. Precisamente, Caicedo expresó que “Ser Pilo paga es un lucrativo negocio que legitima la exclusión universitaria de los más pobres del país. Si las universidades privadas tienen algún sentido de responsabilidad social deben ser ellas las que financien el programa Ser Pilo Paga y dejar quitarles ese dinero a las universidades públicas”.

De acuerdo con el Ministerio de educación, Ser pilo paga ha beneficiado a 30.500 jóvenes de escasos recursos que provienen de 984 municipios. El 82% de los pilos están estudiando en universidades privadas y el 18% restante en públicas.

Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/colombia-necesita-nuevas-universidades-publicas-de-calidad-carlos-caicedo-articulo-689915

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Estados Unidos: Protesters would like to keep education funds local

Estados Unidos/Abril de 2017/Fuente: Times Bulletin

Resumen: Más de una docena de manifestantes pacíficos del noroeste de Ohio se reunieron en el estacionamiento de la Escuela Intermedia Van Wert antes de la llegada de la secretaria de Educación de Estados Unidos Betsy DeVos el jueves por la mañana. El grupo incluía miembros del Partido Demócrata del Condado de Van Wert y del Distrito 5 Indivisible de Ohio y otras entidades de base anti-Trump. Sus signos apoyaron la educación pública y denunciaron los recientes recortes de financiamiento al sector público y los aumentos a la elección de escuelas o escuelas privadas.
«Casi todos los estudiantes en el condado Van Wert asisten a la escuela pública», dijo el manifestante Gay Garman. «Cuando se quitan los fondos de las escuelas públicas y se dan a las escuelas privadas, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Una vez más, las personas pequeñas están recibiendo el eje y el 1 por ciento se están beneficiando «. El nuevo presupuesto de la administración Trump lanzado a mediados de marzo reduce drásticamente el financiamiento para el Departamento de Educación en un 13.5 por ciento, o $ 9.2 mil millones. Bajo el nuevo presupuesto, la administración Trump quiere gastar 1.400 millones de dólares para expandir vales en escuelas públicas y privadas, lo que conduce a un financiamiento de 20.000 millones de dólares al año. Alrededor de $ 250 millones de estos fondos se destinarán a un programa de elección de escuelas privadas, mientras que $ 168 millones serán reservados para escuelas charter. Un adicional de mil millones de dólares se destinaría al título I, un programa para estudiantes desfavorecidos, cuya estructura actual se opone a muchos legisladores.

More than a dozen peaceful protesters from northwest Ohio gathered in the parking lot at Van Wert Middle School prior to United States Secretary of Education Betsy DeVos’s arrival Thursday morning. The group included members of the Van Wert County Democratic Party and Ohio Indivisible District 5 and other grassroots anti-Trump entitities.

Their signs supported public education and denounced recent funding cuts to the public sector and increases to school choice or private schools.

“Nearly all students in Van Wert County attend public school,” protester Gay Garman said. “When they take away funding from public schools and give it to the private schools, the rich get richer and the poor get poorer. Again, the small people are getting the shaft and the 1 percent are benefiting.”

The Trump administration’s new budget released in mid-March slashes funding for the Education Department by 13.5 percent, or $9.2 billion. Under the new budget, the Trump administration wants to spend $1.4 billion to expand vouchers in public and private schools, leading up to an eventual $20 billion a year in funding. About $250 million of these funds will go toward a private school-choice program, while $168 million will be set aside for charter schools. An additional $1 billion would go toward Title I, a program for disadvantaged students whose current structure is opposed by many lawmakers.

Trump’s budget plan would remove $2.4 billion in grants for teacher training and $1.2 billion in funding for summer- and after-school programs.

The protesters came from Van Wert, Wood, Mercer and Hancock counties with representation from bigger and smaller municipalities.

Van Wert resident Dan Miller would have liked to share his views with DeVos.

“I would tell Betsy that Ohio has been a petri dish for school choice policy and it hasn’t gone nearly as well as planned or they would have you believe it is going. She just needs to look at the facts,” Miller said. “There aren’t even any private schools in Van Wert County so our money that is diverted to school choice is going out of the county and even the state. We need our money to go to our schools for our students.”

Public schools are held to rigorous state standards and testing. The group cited accountability and oversight as problems with School Choice.

“Private schools schools are not assessed or held accountable like the public schools are,” Miller added. “Her solution to the education issue is more for urban areas, not rural Ohio. Our public schools are the heart or our communities. They bring everyone together for events and activities.”

The protest also became a teaching moment for students in Jeff Kallas’s government/current events class. Student Nathan Murphy agreed with some of what DeVos has been saying about public education.

“If a public school is failing, a student should have the right to go to a better school,” Murphy said. “However, if a school is doing well and is successful and shows it is providing a good education, the money shouldn’t be taken away.”

Murphy was glad DeVos was visiting his school and seeing public education firsthand.

“I think DeVos needs to educate herself on what public schools do and provide for their students and community and she seems to lack knowledge on a lot of the laws governing public education,” Murphy said. “Hopefully she’ll learn something here today, too.”

Fuente: http://www.timesbulletin.com/Content/News/News/Article/Protesters-would-like-to-keep-education-funds-local/2/4/209363

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Argentina: Docentes de la UNR lanzaron paro de 48 horas

Argentina/Abril de 2017/Fuente: El Ciudadano

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD) rechazó la oferta salarial nacional y adelantaron que habrá medidas de fuerza el viernes 21 y el lunes 24.

Laura Ferrer Varela, secretaria general de COAD, indicó que luego de la votación desarrollada los días 10, 11 y 12 de abril, hubo un rechazo contundente a la oferta salarial nacional que es de un 18%. Ferrer dijo que apuntan a un 35% de aumento salarial.

“La nueva propuesta sigue siendo insatisfactoria porque continúa desconociendo completamente la pérdida del poder adquisitivo durante el último año y plantea una pauta de incremento salarial por debajo de la inflación proyectada para el 2017”, expresó Ferrer Varela.

En la asamblea del próximo jueves se resolverá qué días se realizará el paro, aunque estiman que podría ser el viernes 21 y lunes 24.

Comunicado de la  Coad de este viernes

Desde la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad), manifestamos nuestro más enérgico repudio a los gravísimos hechos sucedidos en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy. El día miércoles 12 de abril no menos de cinco patrulleros irrumpieron en el predio de dicha facultad en un acto violatorio de la ley que encuentra como antecedentes únicamente las dictaduras militares -como la “Noche de los bastones largos” durante el gobierno de Onganía en 1966, y/o la entrada de las fuerzas policiales y parapoliciales durante la dictadura del 76 al 83. Llevándose detenidos a estudiantes que se encontraban en el predio.
La Ley de Educación Superior 24.521 establece en su artículo 31: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.
A esta acción violatoria de la ley que desconoce la autonomía universitaria le sigue la detención ilegal de Joaquín Quispe, Presidente del Centro de Estudiante de dicha Facultad, junto con otro compañero.
El accionar de la policía de Gerardo Morales, de carácter represivo e intimidatorio desde cualquier punto de vista, se encuentra en perfectas línea de continuidad con la represión sufrida por docentes en la Plaza de los dos Congresos el domingo pasado cuando intentaban instalar una Escuela Itinerante como modo de protesta contra el Gobierno Nacional.
Éste no ha respondido atendiendo al diálogo que tanto pregona, apostando al consenso y cuidando la escuela pública como supo decir durante la campaña. Lo hace apelando a la fuerza en manos de sus aparatos de seguridad.
No se trata de hechos aislados, presos políticos, persecución a sindicalistas, listas negras en las escuelas, persecución y represión a docentes, sino de un laboratorio nacional para testear las reacciones a la política represiva. El modelo económico de exclusión, miseria, liberalización económica y mercantilización de los sectores públicos aún del Estado, no encuentra otro modo de imponerse sino es con represión y encarcelamiento.
REPUDIAMOS EL INGRESO DE LA POLICÍA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY Y LA REPRESIÓN A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
EXIGIMOS LA RENUNCIA DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y EL PROCESAMIENTO DE LXS POLICÍAS INTERVINIENTES

Fuente: https://www.elciudadanoweb.com/docentes-de-la-unr-lanzaron-un-paro-de-48-horas/

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Francia: Aide au développement : la France croit-elle si peu en l’éducation ?

Francia/Abril de 2017/Fuente: La Croix

RESUMEN: 14 organizaciones que defienden el derecho a la educación, los miembros de la Coalición para la Educación, cuestionan la falta de movilización de Francia para la educación en el mundo y piden a los candidatos a la presidencia que se comprometan a destinar el 15% de la ayuda francesa para el desarrollo de la educación para el año 2020. En 2015, 189 jefes de estados comprometidos que – en 2030 – todos los niños pueden beneficiarse de la educación primaria y secundaria gratuita. Sin embargo, a la tasa actual de inversión, todos estos niños en realidad no estarán inscritos en el 2042. Para el acceso al primer ciclo de la enseñanza secundaria no será hasta 2059 y 2084 para la segunda ronda. Para ello, el gasto en educación se debe aumentar de manera significativa. Hoy en día, sólo con seis veces la asignada cubrirá el déficit de financiación de la educación en el mundo.

En 2015, 189 chefs d’États se sont engagés à ce que – d’ici à 2030 – tous les enfants puissent bénéficier d’une éducation primaire et secondaire gratuite. Or, au rythme actuel des investissements, la totalité des enfants concernés ne seront effectivement scolarisés qu’en 2042. Pour l’accès au premier cycle de l’enseignement secondaire il faudra attendre 2059 et 2084 pour le deuxième cycle !

Pour cela, les dépenses consacrées à l’éducation doivent être significativement augmentées. Aujourd’hui, seule une aide six fois supérieure à celle allouée pourra combler le déficit du financement de l’éducation dans le monde.

En 2015, l’aide allouée par la France à l’éducation de base, et notamment des populations les plus démunies, a chuté à un niveau extrêmement bas. En baissant drastiquement de 9,3 % par rapport à 2014, elle ne représente plus que 2,3 % du budget total de l’aide française au développement (OCDE). De quoi questionner sérieusement le rôle que la France attribue à l’éducation dans le développement durable mondial.

Une éducation de qualité pour toutes et tous

Quand on sait qu’améliorer la qualité de l’éducation, lutter contre le décrochage scolaire, permettre la formation professionnelle sont les moyens les plus efficaces pour lutter contre l’extrême pauvreté, faire reculer les maladies, la famine et la malnutrition, et aller vers davantage de paix et de tolérance, tous ces chiffres vertigineux par leur manque d’ambition, sont presque incroyables. De l’éducation dépendent la santé, l’égalité entre les hommes et les femmes, la sécurité alimentaire, la croissance économique, la préservation de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques et bien plus encore. Dans un monde en proie aux conflits, quelle meilleure réponse contre l’obscurantisme que l’accès à une éducation de qualité pour toutes et tous ?

Selon l’Unesco, il manque chaque année 36 milliards d’euros pour parvenir à une éducation de base universelle de qualité, un déficit qui ne représente qu’une goutte d’eau à l’échelle des financements internationaux.

L’Unesco recommande que les pays riches consacrent 10 % du total de leur aide publique au développement à l’éducation de base. La France, avec ses 2,3 %, à peine, se place derrière bon nombre de ses voisins européens. Sa contribution aux fonds multilatéraux pour l’éducation ? Dérisoire. Entre 2003 et 2015, la France n’a financé le Partenariat mondial pour l’éducation qu’à hauteur de 2,15 %, contre 21,76 % pour le Royaume-Uni et 14 % pour les Pays-Bas. Le bilan n’est pas plus encourageant du côté du fonds l’Éducation ne peut attendre lancé en 2016 pour soutenir l’éducation dans les situations de crise. La France ne lui a alloué aucun montant en 2016 et vient d’annoncer 2 millions d’euros seulement pour 2017. Une somme minime en comparaison des engagements du Royaume-Uni et de la Norvège et au vu des besoins du fonds : 3,56 milliards d’euros sont nécessaires pour les cinq prochaines années, – au plus vite – pour protéger plus de 75 millions d’enfants et de jeunes privés d’éducation qui vivent dans 35 pays en crise et en conflits.

Lutter contre les inégalités durables

Nous ne nous expliquons pas un tel désengagement de la France. Désintérêt ? Négligence ? Quels arbitrages peuvent aujourd’hui justifier que notre pays n’assume pas sa part de financements et de responsabilité ? En pleine campagne électorale, alors que l’éducation nationale figure dans tous les discours des présidentiables, nos interrogations et notre incompréhension face au manque de préoccupation français en matière d’éducation mondiale persistent et grandissent.

À quelques semaines du premier tour de l’élection présidentielle, nous, organisations de défense du droit à l’éducation et membres de la Coalition Éducation, appelons à faire de l’éducation une priorité pour la France, et donc un axe majeur de sa politique de développement. Nous demandons à la France d’allouer 15 % de son APD à l’éducation d’ici à 2020, en consacrant les fonds additionnels à l’éducation de base. De plus, 30 % de l’aide à l’éducation devraient servir à soutenir davantage le Partenariat mondial pour l’éducation et le fonds l’Éducation ne peut attendre, afin de répondre aux besoins urgents des populations dans les pays les plus pauvres et les pays en crise. Investir dans l’éducation, c’est la clé pour construire un monde de paix et lutter contre les inégalités durables ! Certes, la France ne peut pas tout toute seule, mais elle peut beaucoup plus.

Fuente: http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Aide-developpement-France-croit-elle-leducation-2017-04-12-1200839089

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Chile: Estudiantes protestan

Chile/Abril de 2017/Fuente: Entorno Inteligente

Estudiantes chilenos protagonizaron ayer una concurrida marcha por el centro de Santiago en rechazo al avance en el Congreso de un proyecto de ley que busca instaurar la gratuidad en la educación superior, el cual exigen sea reformulado.

El emblemático proyecto, parte de una megarreforma impulsada por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, busca ampliar la gratuidad de la educación universitaria siempre y cuando se cumplan algunas metas económicas. A mayor crecimiento, se amplía el rango de beneficiarios. Además, establece la prohibición efectiva de obtener ganancias en la educación.

“La reforma no es suficiente, falta gratuidad y falta que la educación pública sea de calidad. Falta demasiado y por eso hay que marchar”, comentó Rocío, una estudiante de ciencias sociales que se sumó a la manifestación cuando pasaba frente a la sede del gobierno chileno. “Es una desilusión”, esta reforma, comentó Juan Pablo de la Torre, otro de los miles de estudiantes que acudieron a la manifestación.

A poco del inicio de la manifestación, la policía irrumpió lanzando gases lacrimógenos en algunos tramos cuando manifestantes lanzaban piedras y palos, amenazando el clima festivo y pacífico que se impuso en gran parte de la manifestación. Otro enfrentamientos con la policía se dieron al finalizar la manifestación.

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) cifró en unas 90.000 personas los asistentes a la marcha.

El proyecto de educación superior, que ingresó al Congreso en julio del año pasado, fue votado en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, dando inicio a un largo e intrincado trámite parlamentario.

Los estudiantes quieren que se frene el tratamiento de esta nueva ley “porque es un proyecto peor al inicial”, comentó a periodistas Patricio Medina, vocero estudiantil.

Los estudiantes acusan al gobierno de Bachelet de ignorar sus opiniones y legislar, con mayoría en ambas cámaras, de espaldas a los movimientos sociales, claves en dar impulso a la reforma de un sistema educacional heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Ese sistema facilitó la creación de universidades privadas y desmanteló la educación pública en todos sus niveles, al reducir drásticamente los recursos destinados a ella.

Para adelantar los beneficios de esta nueva ley, el gobierno de Bachelet optó en 2016 por establecer mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación la gratuidad universitaria para decenas de miles de estudiantes chilenos, los primeros en estudiar sin costo en décadas.

Fuente: http://www.entornointeligente.com/articulo/9860550/URUGUAY-Estudiantes-protestan-12042017

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España: La Marea Verde planea boicotear las révalidas de Wert que arrancan en mayo

España/Marzo de 2017/Autora: Marina Alías/Fuente: Voz Populi

La reaparición del ex ministro de Educación, José Ignacio Wert, en el Congreso de los Diputados este martes para ofrecer un diagnóstico del sistema educativo español que ayude a confeccionar un pacto nacional en materia de enseñanza no ha servido para contener las ganas de boicotear la Lomce que persisten en numerosos agentes de la comunidad educativa. Desde la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, conocida popularmente como Marea Verde, ya están calentando motores para frenar la celebración de las pruebas externas enmarcadas en la controvertida ley aprobada por el actual embajador de España en la OCDE que, pese a no tener efectos académicos, continuarán desarrollándose con fines «muestrales». En la Comunidad de Madrid, las evaluaciones de 6º de Primaria tendrán lugar el miércoles 31 de mayo y el jueves 1 de junio, mientras que las de 3º se desarrollarán durante los días 10 y 11 de junio y, finalmente, el 19 de mayo serán los alumnos de 4º de ESO los que se enfrenten a las llamadas «reválidas».

Para realizar las pruebas, el gobierno regional pagará hasta 645.955 euros a una empresa privada que se encargará del apoyo didáctico y técnico para la realización, tabulación, documentación y análisis de los resultados, una cifra que supone un incremento en torno a los 316.000 euros en comparación con el curso pasado, algo que ha empujado al profesorado de la Marea Verde a pensar en volver a movilizarse después del «éxito» que, a su juicio, tuvo la huelga general del pasado 9 de marzo.

«Nos parece fatal que se desvíen fondos públicos a una empresa privada para realizar unas pruebas externas que no evalúan de una forma global todo el proceso de enseñanza aprendizaje, cuando además nos tememos que se terminarán usando para hacer ránkings sobre los centros, ahondando en las desigualdades», denuncia Sandra Villa, profesora de tecnología y miembro de la Marea Verde en defensa de la educación pública en España.

2.400 centros madrileños

Por ello, la organización propondrá a los sindicatos del país en los próximos días ejecutar un boicot a estas evaluaciones a través de campañas en Twitter, paros parciales e, incluso, salidas a la calle con el fin de que se dé cobertura a los profesores que no quieran realizar las reválidas de la Lomce, a las que comparan con la Prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI). «La filosofía es la misma. Las antiguas CDI y las pruebas externas de la Lomce no han sido consultadas ni consensuadas con la comunidad educativa; no cumplen los principios de ser una verdadera evaluación, ya que no se parte de los conocimientos iniciales; no son formativas y no evalúan el proceso de enseñanza aprendizaje, además de que no conllevan una evaluación final», añade Villa.

Según la representante de Marea Verde, las pruebas CDI «tampoco iban a publicarse ni iban a servir para hacer ránkings, pero terminaron sirviendo para eso», un fin que tuvo como consecuencias que «aquellos centros que tenían peores resultados empezaron a ser rechazados por las familias, así que cada vez había menos alumnado y la Comunidad de Madrid dejó de invertir en ellos». Para la organización, estas clasificaciones no tenían en cuenta las condiciones socio-económicas de cada centro, una realidad que hubiese servido para ofrecer un diagnóstico de éstos y determinar si necesitaban más «atención o apoyo económico»: «El resultado fue el contrario, al final se convirtieron en centros sin recursos, a los que cada año les iban cerrando un aula, llegando al extremo de ser fusionados con otros centros».

Especialización técnica

Desde la Consejería de Educación de la comunidad gobernada por Cristina Cifuentes explican que las pruebas de 3º y 6º de Primaria y 4º de la ESO son muy complejas a nivel logístico e intervienen multitud de agentes como la administración educativa, los centros, los directores de los centros, los profesores aplicadores y los correctores. «Se van a realizar a unos 60.000 alumnos por curso, lo que supone un total de 180.000 alumnos», señalan. El total de evaluaciones, añaden, se desarrollará en una suma de 2.400 centros madrileños.

«La realización de las pruebas exige numerosas actuaciones que deben ser coordinadas debido al gran número de centros y alumnos implicados como la clasificación de todos los materiales didácticos, la distribución a todos los centros educativos, la recogida de los materiales una vez terminadas las pruebas, la corrección de las pruebas, la recogida de los cuestionarios de contexto a través de una plataforma informática, el tratamiento y análisis estadístico de los datos, el envío de los resultados de las pruebas a los alumnos, la elaboración de un informe individualizado para cada uno de los centros o la puesta en marcha de una plataforma informática que permita el desarrollo de las anteriores actividades», enumeran desde la Consejería.

Otros países de la OCDE

La «externalización» de estos servicios para el desarrollo de las evaluaciones externas, continúan, se hace debido «a la especialización técnica y logística que requiere». «Está extendida en la administración educativa en España y en la mayoría de los países de nuestro entorno. Es el mismo sistema que se utiliza para desarrollar PISA en todos los países de la OCDE y resto de comunidades autónomas, así como en otras evaluaciones internacionales como TIMSS o PIRLS«, defienden.

«También estamos en contra de las pruebas PISA porque para participar en ellas, España tiene que pagar y éstas tienen un sesgo en el tipo de conocimiento. Estamos de acuerdo con que todo se debe evaluar, pero no con el modo de hacerlo ni con sus fines. Además, dicen que no hay dinero para cubrir las bajas de los profesores con sustituciones, cuando hay alumnos que han llegado a estar 15 días sin un docente, pero luego sí pagan 645.955 euros a una empresa privada para realizar esas pruebas externas. No hay dinero para lo que no les interesa», opina Villa.

Fuente: http://www.vozpopuli.com/educacion/Marea-Verde-boicotear-revalidas-Wert_0_1012399829.html

 

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