Derecho a la Educación

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Colombia: Indígenas presionan al Gobierno por el mal estado de las escuelas y la crisis educativa en sus resguardos

Noticias

Las comunidades originarias, incluidos los profesores y estudiantes, están en huelga hasta que el Ejecutivo les dé una respuesta. Hay más de 5.000 jóvenes sin clase

Muchos niños y adolescentes Emberá Chamí de los resguardos cercanos a Mistrató, Risaralda, tardan entre cuatro y cinco horas en llegar a la Institución Educativa Purenbará. Ir a tomar sus clases se ha vuelto todo un riesgo. En el camino se encuentran con obstáculos como puentes rotos, inundaciones y grupos armados. Aún así es la institución más cercana a sus resguardos y atiende a 33 veredas de la zona. Dada la lejanía, los alumnos deben viajar cada lunes para pasar toda la semana en la escuela y volver a sus respectivas comunidades los viernes. Algunos toman las lecciones diarias en el suelo o en pupitres en mal estado. Tampoco cuentan con baterías sanitarias adecuadas, por lo que han tenido que improvisar letrinas al aire libre.

Las condiciones de la institución Purenbará se replica en las 32 escuelas etnoeducativas del departamento de Risaralda, que están en emergencia. Así lo diagnosticó el CVII Congreso del Consejo de Autoridades Tradicionales Indígenas de Risaralda (CRIR) que agrupa a 11 autoridades tradicionales y que tiene presencia en nueve municipios de este departamento al noroccidente de Colombia. De acuerdo con los líderes indígenas, la mayoría de infraestructuras se construyeron hace 30 o 40 años y desde entonces no han tenido ningún tipo de mantenimiento o adecuación. Por ello, las comunidades originarias, incluidos los profesores y estudiantes, decidieron entrar en paro hasta que obtengan una respuesta integral del Gobierno nacional.

Salón de clases de una escuela en Mistrató, Risaralda.
Salón de clases de una escuela en Mistrató, Risaralda.CORTESÍA

Hasta el momento hay más de cinco mil niños y jóvenes sin clases. ”No hay cancha, no hay parques, no hay elementos recreativos para los más pequeños. Muchos toman clases en el suelo. Aún así pretenden llamarles residencias escolares”, denuncia Norberto Wazorna, profesor en Mistrastó. Las numerosas problemáticas las sufren a lo largo del Risaralda, donde habitan aproximadamente 32.000 indígenas. Veredas como Pueblo Rico, Marsella y Belén suman alrededor de 3.000 alumnos entre los 5 y 13 años que estudian en aulas inseguras e insalubres.

El pasado mes de febrero, la Procuraduría General de la Nación ya había advertido las graves condiciones de la infraestructuras escolar en las instituciones oficiales de todo el país. En el documento, el ministerio público evidenció que 82,2% de las sedes encuestadas no cumplen con acceso a servicios públicos básicos. Asimismo, la entidad aseveró que los resultados del Gobierno en el mejoramiento y ampliación de infraestructura educativa a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) han sido mínimos conforme a lo que se proyectó en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE).

Los magisterios indígenas reclaman el cumplimiento de otras deudas históricas con la educación de sus pueblos, no solo en términos de construcciones. Por ejemplo, piden garantizar los mínimos dentro de estos centros, como conectividad a internet y acceso a agua potable. Esto, además de la puesta en marcha programas educativos que reconozcan su cultura y ancestralidad y promuevan la diversidad lingüística. Las afectaciones no son solo para los estudiantes. Los etnoeducadores han venido dando una batalla de años para que se les reconozcan sus derechos.

Salón de clases improvisado en Mistrató, Risaralda.
Salón de clases improvisado en Mistrató, Risaralda.CORTESÍA

En 2021, 284 profesores pertenecientes a los pueblos Pijao, Awá, y Zenú interpusieron una tutela ante la negativa del Gobierno para inscribirlos en el escalafón de los docentes. La Corte Constitucional falló a su favor y el año pasado, el entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria, anunció un acuerdo con los educadores indígenas para establecer un sistema transitorio de equivalencias. Inicialmente, el decreto se debería protocolarizar antes del 4 de noviembre del 2022, pero eso no sucedió. La nueva ministra, Aurora Vergara, no se ha pronunciado al respecto. Lo que tampoco pasó fue brindarles garantías para ejercer su labor. “Muchos maestros tienen que vivir en las residencias escolares donde ni siquiera hay cobijas o colchones suficientes. Otros solo han sido vinculados provisionalmente o por temporadas. Así no tengamos contrato nosotros seguimos trabajando, pero es una injusticia”, dice Maria Holinda Niaza, educadora emberá en Risaralda, y maestra en temas de lengua propia.

A las peticiones que hacen los etnoeducadores, se sumaron reclamos al ya polémico Programa de Alimentación Escolar (PAE) que, a su juicio, no se ha implementando teniendo en cuentas las particulares de las comunidades y su Ley de Origen, Derecho Mayor y Derecho propio. Una queja que no es nueva, pues los líos con el PAE son una constante. Tan solo en lo que va del 2023, la Procuraduría General de la nación ha abierto una decena de investigaciones por sobrecostos millonarios, anomalías e irregularidades en la contratación de este proyecto en departamentos como Boyacá, Antioquia y Cesar, entre otros.

Mientras que el panorama educativo a nivel nacional es preocupante, en particular para las comunidades indígenas, las autoridades de estos pueblos no piensan dar el brazo a torcer en sus demandas. Alertan que seguirán a la espera de que las entidades competentes se hagan presentes en los resguardos y lleguen a acuerdos que finalmente se cumplan y garanticen el derecho a la educación digna de miles de niños. De lo contrario, aseguran, “la asamblea no se levantará y la suspensión de actividades escolares continuará hasta que el Gobierno dé soluciones de fondo a las exigencias”.

Fuente: https://elpais.com/america-colombia/2023-04-14/indigenas-presionan-al-gobierno-por-el-mal-estado-de-las-escuelas-y-la-crisis-educativa-en-sus-resguardos.html

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Las niñas de la Montaña mueren en los campos agrícolas

Tlachinollan

En la madrugada de este 26 de marzo la niña Lizbeth Oropeza Ortiz del pueblo me’phàà, de 8 meses de edad, murió en el cuarto que rentan sus papás en el municipio de Villa Unión, estado de Sinaloa. Su mamá Brenda Ortiz dejó de trabajar el viernes pasado para llevarla al médico particular. Tenía la fiebre alta y no dejaba de llorar. Le recetaron varios medicamentos sin que mejorara su estado de salud. El sábado su mamá trabajó media mañana en el corte de chile jalapeño para juntar algo de dinero porque los gastos médicos ya ascendían a 3 mil pesos. Regresó al cuarto donde renta para atender a su pequeña hija. Le preparó té de yerbabuena para que por lo menos probara algo porque vomitaba la leche. El sábado que les pagaron permanecieron en vela tanto su papá Gerónimo Oropeza y su mamá Brenda Ortiz. Los demás familiares y compañeros de Linda Vista, municipio de Tlapa, se cooperaron y estuvieron al pendiente para apoyar a los papás. En un petate sobre el piso de tierra murió Lizbeth por la fiebre que no se le pudo controlar. Desde la tres de la mañana los tíos de la niña se organizaron para comprar la cajita y llevar velas y flores. Durante este domingo buscaron un lugar en el panteón de Villa Unión para sepultarla. Todas estas vueltas y trámites tuvieron un costo de 11 mil pesos que Gerónimo y Brenda no tenían.

El pasado 18 de marzo la niña Josefina de dos años de edad, originaria  de Llano de la Rana, municipio de Metlatónoc, murió después de que sus papás acudieron varias veces a la cabecera municipal con la esperanza de que el médico les dijera cuál era el problema de salud de su pequeña hija. La respuesta del doctor fue poco alentadora, les comentó que la niña presentaba problemas en su corazón y por lo tanto tenían que trasladarla a un hospital de especialidades. Don Rufino sintió que el mundo se le derrumbaba al saber que ni en Tlapa su hija podría ser atendida por el personal médico. Regresó a su comunidad con algunos medicamentos y con el consuelo de que pudiera mejorar. Habló con algunos familiares para ver si le podían prestar dinero, sin embargo, la mayoría estaba en la misma situación y más bien se preparaban para salir a trabajar como jornaleros agrícolas. Con impotencia y enojo don Rufino nos comentó: “aquí la gente se muere, pero no pasa nada, el gobierno ni se da cuenta cómo la estamos pasando. No hay doctores, ni medicinas. Cuando nos enfermamos nos curamos con plantas medicinales, a veces se nos calma el dolor y cuando la enfermedad es fuerte, esperamos aquí tirados a que el dolor se calme solo o que la muerte nos recoja”. El dolor más grande de Rufino es que a los dos años de nacida su hija Josefina haya muerto.

La comunidad de Llano de la Rana tiene más de un año que la casa de salud -hecha de adobe por la misma gente de la comunidad-, no cuenta con medicamentos, ni personal médico. A pesar de estas carencias existe el comité de padres y madres de familia que diariamente acuden por las tardes para barrer la tierra de esta casa abandonada. En los estantes hay algunos medicamentos caducados, todos los tienen que comprar en Metlatónoc porque el dinero no alcanza para comprar un cono de huevos. La desnutrición infantil se ha arraigado como parte de los males endémicos que cargan los niños y niñas indígenas desde el seno materno.

De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020 la localidad de Llano de la Rana cuenta con 179 habitantes con un grado muy alto de marginación, el 54.17 por ciento de la población es analfabeta y el 32.4 por ciento de las viviendas tiene piso de tierra. La mayoría de las casas son de adobe y lámina de cartón y de asbesto. La carretera que conecta con Metlatónoc es de terracería y sólo hay una pasajera, pero muchas familias que no tienen recursos para pagar tienen que caminar a la comunidad del Zapote donde compran algunos productos básicos que no hay en su comunidad.

Herminio Aguilar Olea, secretario de la comisaría de Llano de la Rana, lamenta que las autoridades municipales, estatales y federales no atiendan a las comunidades indígenas. “La gente batalla para comer diariamente porque aquí no hay trabajo para sostener a una familia de ocho integrantes. Cuando queremos ir al municipio son tres horas en carro y caminando hacemos cinco. No tenemos otra alternativa para comprar lo más necesario. Aquí cuando alguien se enferma buscamos a la gente mayor para que nos prepare un remedio casero. Así sobrevivimos mientras el cuerpo aguanta. Cuando la enfermedad nos tira tenemos que pedir prestado para ir al médico y comprar los medicamentos. El dinero está escaso en el pueblo, todos vamos al día y gracias a Dios no nos morimos de hambre porque en la Montaña todavía hay quelites y cosechamos algo de maíz y frijol”.

En la Montaña no hay médicos ni maestros, y el argumento de las autoridades es que nadie quiere ir a nuestras comunidades. Con ese pretexto sienten que cumplen con su responsabilidad de atender las necesidades de la población. Todo el tiempo los comisarios tienen que viajar a Tlapa o a Chilpancingo para hacer llegar las solicitudes, sin que se merezcan una respuesta por escrito. Los tratos discriminatorios son sistemáticos y el abandono de estas comunidades es secular, porque por décadas el analfabetismo de la población indígena sigue profundizando la exclusión social y el número de muertes infantiles y maternas están más allá de la media nacional, al grado que ni siquiera aparecen en los libros del registro civil. Abundan las historias de hombres y mujeres que están marcados por la desnutrición, los maltratos, la discriminación y los trabajos extenuantes que realizan de sol a sol.

Con tristeza Rufino nos comenta: “Desde que era niño trabajaba con mi papá, siempre me llevaba a limpiar la milpa y a sembrar frijol. Desde niño comencé a ver cómo sufre mi papá, cómo nos miraba a cada uno de nosotros. A veces no podía alimentar a todos, por eso teníamos que ayudarle a limpiar la milpa, la calabaza para poder comer. Ahí aprendí cómo sufrió mi papá para alimentarme y entendí que es muy difícil sobrevivir cuando esta uno pequeño porque no tiene defensas para enfrentar la enfermedad. Aquí en el pueblo todas las familias somos pobres, nadie tiene dinero para comprar alimentos o medicinas. Todos sufrimos, sobre todo, nuestros hermanitos porque a veces no hay para comer. Me da mucha tristeza ver que no hay para cuándo va a cambiar esta situación en el pueblo. De lo que recuerdo siempre hemos sido pobres y nunca los gobiernos nos han hecho caso”.

Herminio Aguilar que es el secretario de Llano de la Rana recuerda que cuando tenía seis años su papá lo llevaba caminando a Metlatónoc porque no había carretera. “Un día antes cortábamos ocote para alumbrarnos en el camino, salíamos a la una de la mañana para llegar al amanecer a Metlatónoc. Ahí mi papa me compraba huaraches, ropa y pan. Nos alegrábamos un poco porque íbamos a merendar café con pan y a veces comíamos carne seca de res. El caldo rojo es lo que más me ha gustado. A pesar de los años la situación no ha cambiado. Aunque ya tenemos un camino de terracería el problema sigue siendo el mismo, porque la pobreza nunca se ha ido de la Montaña. De nada sirven los caminos si no tenemos trabajo, nuestras tierras también necesitan dinero para que haya producción de alimento. Trabajamos mucho en el campo, pero todo es en vano porque no ganamos nada y solamente gastamos nuestra fuerza y nuestro tiempo. Por eso no nos queda de otra que salir a trabajar. Ese es otro problema que enfrentamos. No tenemos dinero para pagar los pasajes del autobús. Nos vamos toda la familia porque nuestros hijos no se pueden quedar solos, tenemos que cuidarlos y darles de comer. Cuando salimos del pueblo sufrimos más porque nuestros hijos se enferman y el dinero no nos alcanza para curarlos. Allá en el campo el patrón no te paga si no llenas las cubetas de chile jalapeño o las arpillas que pesan más de 20 kilos. Nos exprimen como si fuéramos naranja y nos pagan a cinco pesos la cubeta. A veces recolectamos 50 cubetas para ganar 250 pesos diarios. Por eso mi esposa y mis hijos grandes tienen que trabajar porque tenemos que comprar todo: tortillas que ahora cuesta 13 pesos el kilo, el cono de huevo que está como en 65 pesos, y más de 3 mil pesos tenemos que pagar la renta de un cuarto donde no tenemos agua y por la luz nos cobran 400 pesos cada bimestre. Le damos gracias a Dios de regresar vivos a nuestro pueblo, de que nuestros hijos no se hayan enfermado y de que no nos hayan quitado dinero los que ahora andan armados. A veces traemos como 15 mil pesos y eso es todo nuestro dinero que nos va ayudar para comprar lo que necesitamos en la casa, por eso cuando se enferman nuestros padres y nuestros hijos se llena de tristeza nuestro corazón porque sabemos que alguien de la casa se va a morir. En la Montaña seríamos felices si hubiera trabajo para todos los que vivimos del campo, nos alegraríamos mucho si nuestros niños y niñas fueran a la escuela y seríamos una comunidad saludable si tuviéramos medicinas, enfermeras y médicos que diariamente nos atendieran. Tristemente el futuro que soñamos todavía sentimos que está muy lejos, por eso nuestras hijas siguen muriendo en los campos agrícolas”.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Fuente de la información e imagen:  https://www.tlachinollan.org

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SEP: Cambio curricular ¿sin cambiar la escuela?

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

Uno de los problemas centrales identificados para llevar a cabo el cambio curricular de la educación básica, hoy, por parte de la autoridad educativa federal (SEP), es la transformación de la escuela pública, que es a su vez el cimiento del sistema educativo en su conjunto.

La intencionalidad de este tipo de cambios curriculares abarca, por supuesto, la necesidad de transformar las prácticas docentes y directivas de la escuela pública (es decir, no sólo se trata de mudar contenidos y métodos), entre otros factores clave como lo son la formación inicial y continua de las figuras educativas.

Por ello, pienso que ante ese reto institucional, que es esencial en el proceso de asegurar el derecho a la educación para niñas, niños y jóvenes en el largo plazo, la actualización de los contenidos y rediseño gráfico de los libros de texto gratuitos (como lo pretendió el gobierno federal desde 2021) ha quedado reducida sólo como una tarea menor o de apoyo.

Cuando se dio a conocer la propuesta o el proyecto de cambio curricular para la educación básica (SEP, enero-febrero de 2022), se esperaba que el lanzamiento de la iniciativa transformadora llevara consigo un paquete de cambios radicales, orientados justamente hacia la modificación de la base o estructura y funcionamiento del sistema escolar, sin embargo, esto no ha sido así. No por el momento. Y no se ven claras las intenciones ni los recursos financieros, jurídicos y educativos para hacerlo así.

¿No habrá cambios de las prácticas autoritarias, cerradas o sin diálogo que ejerce una parte importante de los mandos medios y superiores de la estructura educativa? ¿No se transformará la cultura escolar donde dominan los criterios administrativos por encima de los criterios educativos y pedagógicos?

Al revisar nuevamente el documento in extenso de la propuesta curricular (SEP, Anexo del Acuerdo del 22/08/22), se observa una sección que bien podría valer como el encuadre y desarrollo de la intencionalidad del cambio educativo-escolar no solamente curricular, es decir, de la transformación efectiva de la institución escolar básica (preescolar, primaria y secundaria), pública, en su ser y no sólo en su deber ser.

Me refiero a la sección denominada “Transformación administrativa y de gestión” (Anexo, p. 7). En esa parte, la autoridad educativa federal señala lo siguiente: “La viabilidad operativa de la propuesta curricular, la formación docente, el codiseño curricular y la operación de las estrategias nacionales y su articulación con los procesos formativos de la educación preescolar, primaria y secundaria tiene un peso significativo en las transformaciones que se hagan durante los procesos de gestión y administración a nivel federal y local.”

“Se trata de fortalecer la capacidad de las instituciones educativas del Estado para construir un proyecto educativo en cada escuela, involucrando a cada Consejo Técnico Escolar, con el fin de que servidores públicos, directores, supervisores y asesores técnicos pedagógicos realicen sus tareas pensando en las condiciones de desigualdad y los contextos diferenciados de nuestro país; todo ello para que el Estado pueda hacer efectivo el derecho humano a la educación de las y los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria.”

“Esto implica realizar las adecuaciones administrativas, normativas y de gestión que favorezcan y apoyen el trabajo docente de las maestras y los maestros del país con el fin de que sus actividades, tiempos y espacios puedan ser ocupados en actividades de enseñanza, formación docente, trabajo colegiado, planeación y evaluación.” (pp. 7-8)

El anexo dedica sólo una cuartilla a este punto clave sobre la cuestión de la Transformación administrativa y de gestión (de un total de 214 páginas), esto como parte de un discurso oficial en el cual la intencionalidad de cambio curricular está en primer plano.

¿Por qué no se vislumbra un futuro luminoso al proyecto de cambio curricular en estas condiciones? Porque, entre otras cosas, la iniciativa surgió como un mandato constitucional y como efecto de una iniciativa política de corto plazo. Y esto no lo señalo como un mal intrínseco de las propuestas o los proyectos curriculares, de aquí o de cualquier parte del mundo. No porque reconozco que es difícil encontrar proyectos de cambio curricular sin un sesgo, implícito o explícito, con cargas políticas e ideológicas.

Aquí el tema de debate es otro y es más bien el siguiente: dado el reconocimiento de la existencia de una posición política, ideológica (y quizá hasta teórico-metodológica), de un gobierno democráticamente electo, con la cual se presume que habría de caminar el proyecto transformador, no existen los dispositivos organizacionales, administrativos ni de gestión educativa que acompañen o armonicen o vayan en congruencia con el impulso del cambio curricular.

En pocas palabras: Hay un robusto proyecto de cambio curricular, pero un flaco impulso de transformación de la escuela como institución.

Las justificaciones del cambio curricular en la educación básica están plenamente documentadas, pero el problema o la necesidad de ese cambio (selección y organización de contenidos y métodos de enseñanza y aprendizaje, entre otros factores), no residen solamente en ese nivel de análisis técnico-científico curricular, sino que también sugieren la necesidad del cambio estructural de la escuela como institución del Estado.

La escuela como institución del Estado con sus dos caras más visibles y contradictorias: La faceta autoritaria, reproductora y conservadora que, a la vez, convive con la otra cara como institución transformadora y democratizadora de la sociedad.

En ese contexto y con esas condiciones se encuentra la encrucijada del reformismo curricular puesto en marcha actualmente en México por parte del gobierno del presidente López Obrador.

Fuente de la información e imagen: https://www.sdpnoticias.com

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Pandemia, derecho a la educación, aprendizajes y estallido de la burbuja educativa

Luis Bonilla-Molina

Por: Luis Bonilla-Molina

  1. Introducción

En julio de 2015 más de doscientos pedagogos(as) del mundo firmamos una carta en la cual advertíamos las consecuencias dramáticas que tendría para los sistemas escolares del mundo la aceleración de la innovación tecnológica, la cual me correspondió entregarla personalmente en París a la Dra. Irina Bokova, en esos momentos directora General de la UNESCO. A pesar que en esta misiva solicitábamos que la UNESCO interviniera propiciando soluciones nacionales, locales y regionales para mitigar el impacto profundo de situación, nunca recibimos respuesta.

A esta dinámica le denominamos Apagón Pedagógico Global (APG), explicando de diversas maneras, cómo la sociedad estaba cambiando con una aceleración inusitada y esto impactaría a la educación. Reconocemos la dificultad que tenía el pensamiento de resistencias educativas anti neoliberales para entrar un debate que superaba la simple y plana relación con la lógica del capital en educación, demandando una lectura más detallada centrada en revoluciones industriales, tecnología y dominación.

Analizamos la posibilidad cierta que en la transición del modelo societal de tercera a cuarta revolución industrial el sistema mundial propiciaría encerrarnos en nuestros hogares para construir la epistemología social que todo el mundo cabe una casa(2017). Ello parecía inverosímil por el giro tan drástico que implicaba. No obstante, la llegada de la pandemia del COVID-19 fue el hecho histórico que posibilitó el inicio de la transición a un nuevo modelo de sociedad y educación, que abre una nueva disputa entre la perspectiva de los pueblos y la del capital trasnacional.

Como lo mostramos en el Informe “Pandemia, vacunación y retorno a clases presenciales” (2021), durante la pandemia del Coronavirus las once corporaciones tecnológicas más importantes obtuvieron ganancias cercanas a los 3.2 billones de dólares como resultado del uso masivo de sus plataformas, fundamentalmente para fines educativos. La alta rentabilidad para el capital tecnológico trasnacional quedó evidenciada durante el confinamiento y cuarentena, lo cual ha hecho redoblar los esfuerzos de los gigantes tecnológicas para apresurar la transición.

  • Políticas de educación remota a través de internet, televisión, radio y cartillas

Desde nuestra perspectiva, el derecho humano a la educación implica la obligación indeclinable de los Estados nacionales de garantizar las condiciones para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  Sin embargo, en la última década se fue construyendo desde el multilateralismo una narrativa que sustrae al Estado de esta obligación, al presentarlo como un bien común mundial. Las nociones de sociedad educadora promueven una transferencia de las competencias de financiamiento del sector público a los ciudadanos.

Ello facilitó el impulso de un nuevo modelo de privatización educativa impulsado durante la pandemia. Los Estados nacionales se desentendieron de sus obligaciones de garantizar las condiciones mínimas de aprendizajes y las transfirieron a las familias, docentes y estudiantes, quienes tuvieron que asumir como propios los costes del internet, acceso a equipos de conexión y adquisición de plataformas.

Esto no fue accidental, sino que se corresponde al proceso de transición al modelo educativo de cuarta revolución industrial. Durante la pandemia ocurrieron varios fenómenos convergentes. El primero, una alfabetización forzada en el consumo de plataformas y contenidos digitales enlatados. Segundo, desterritorialización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, imponiendo el paradigma de la virtualidad, modelos híbridos de aprendizajes hasta la propuesta de educación en casa. Tercero, la más gigantesca minería de datos personales con fines comerciales, que elimina los limitados espacios de privacidad con los cuales contaba la humanidad. Cuarto, un proceso de precarización laboral, doble jornada y deterioro de las condiciones de trabajo del personal docente. Quinto, el desarrollo de propuestas de flexibilidad curricular que consolidan la ruta hacia el modelo educativo STEM y la eliminación de contenidos humanistas. Sexto, una terrible estratificación en el aula que incide e incidirá por mucho tiempo en las posibilidades reales de inclusión educativa.

Las escuelas públicas perdieron en solo un año su acumulado histórico de ser un espacio que garantizaba condiciones iguales para sus estudiantes. Si bien no todas las escuelas eran iguales y existían marcadas diferencias entre unas y otras, lo cierto es que cuando un(a) estudiante entraba al aula de clases los pupitres y sillas eran iguales para todes, así como laboratorios, canchas deportivas, espacios culturales. Esto se rompió durante la pandemia, ya que los estudiantes se estratificaron según sus posibilidades económicas para el acceso tecnológico.

Una primera capa, la minoritaria, la constituyeron aquellos(as) que tenían en su casa computadora, internet, acceso a plataformas, programas y, que contaron con el acompañamiento de docentes contratados particularmente para el apoyo a los procesos de aprendizaje. Una segunda capa, aquellos que, aun teniendo internet, equipos de conexión y acceso a plataformas tuvieron que vivir en soledad el drama de un cambio abrupto de modelos pedagógicos presenciales a algo tan difuso que se denominó aprendizaje remoto. Una tercera capa, conformada por aquellos alumnos que ocasionalmente pudieron tener acceso a alguna red social como Telegram o WhatsApp, que observaron clases en televisión o radio, a la usanza de hace décadas, mientras sabían que otros estudiantes con mayores recursos económicos lo hacían con la tecnología del presente. Una cuarta capa, aquellas(os) estudiantes quienes solo pudieron sostener el vínculo pedagógico con algún material ocasional impreso, como si estuvieran en el medioevo.  Esta segmentación hizo que millones de estudiantes en el mundo dejaran de estudiar; no abandonaron la escuela o universidad, fue el sistema quien los abandonó a su suerte.

La improvisación en la formulación de contenidos a través de la televisión, radio o cartillas, fue justificado con la etiqueta de emergencia sanitaria cuando en realidad se estaba golpeando la continuidad a través del tiempo de la escuela pública presencial.

  • Estratificación escolar y Auto percepción de exclusión

Es falso que los gobiernos no podían prever un escenario de cuarentena y de imposibilidad de encuentro presencial como el ocurrido durante el año 2020. Su inactividad para evitar el impacto dramático del pase forzado a la virtualidad resulta sospechosamente funcional al modelo de dependencia educativa y cultural con las grandes corporaciones tecnológicas.

A pesar de las múltiples voces que lo demandamos, durante la pandemia y post pandemia, no se garantizó el acceso universal gratuito y público del internet, que se convierte ahora en una demanda democrática más allá de lo educativo.  Pero tampoco, acceso gratuito ni a docentes y estudiantes de equipos de conexión remota. No se trabajó en la construcción de propuestas pedagógicas para entornos virtuales y dinámicas digitales que fomentara el pensamiento crítico, la creatividad, la solidaridad y la emancipación.

Lastimosamente ello generó, en amplios sectores de la población estudiantil (y en algunos casos profesoral) una cultura de auto percepción de exclusión.  Algo así como la resignación de no poder acompañar el impacto de la aceleración de la innovación en las dinámicas educativas, lo cual, se convierte en un duro golpe al derecho a la educación para todos, todas, todes.

  • Impacto en los aprendizajes

En diciembre de 2019 cuestionábamos el carácter reproductor, alienante y destructor del tejido social de muchas dinámicas escolares y educativas. El discurso de las competencias, del perfil de egreso centrado en la empleabilidad y no en la construcción de ciudadanía crítica y sociedad, de la estandarización, mercantilización y desterritorialización, así como la difusa narrativa de la calidad educativa (sin pertinencia social) asediaban a las escuelas públicas presenciales.

Pero, durante la pandemia los problemas se potenciaron a la enésima potencia. Al carecer de estudios sistemáticos sobre impacto de la aceleración de la innovación en la educación, se descuidó la generación de propuestas pedagógicas alternativas, especialmente en sus componentes didácticos, de planeación y gestión de aprendizajes en entornos virtuales y dinámicas digitales. Para aquellos(as) que pudieron acceder a clases en línea, se trasladó a las pantallas el modelo frontal de enseñanza en un contexto aún peor, el de la carencia de encuentro humano. Se desarrolló la im-pedagógica faena de ocho hasta 10 horas frente a una pantalla, visualizando estrategias metodológicas propias de la presencialidad y de limitada utilidad para la enseñanza en plataformas pensadas para reuniones ocasionales como zoom, google meet y otras. Lo que ocurrió durante la pandemia fue un desastre pedagógico, que fue mitigado por la abnegación y entrega de millones de docentes quienes fueron resolviendo de manera contingente, allí donde la tradición y la innovación posibilitaban un encuentro.

El modelo educativo de 100% virtualidad fue un estruendoso fracaso a pesar de la propaganda de gobiernos y las narrativas que esconden la avaricia de las grandes corporaciones tecnológicas. Lo positiva fue la problematización que emergió de esta experiencia, entre docentes y estudiantes, sobre la necesidad de construir propuestas para trabajar en entornos virtuales, sin abandonar la presencialidad.

Los resultados empíricos comienzan a mostrar serios problemas en los aprendizajes durante la pandemia, mucho más en las esferas del pensamiento crítico y la construcción de ciudadanía activa y crítica.  Es urgente trabajar en la resolución de los problemas generados, pensando en la educación como constructo social y no como mercancía.

La escuela y universidad son espacios no solo para aprender conocimientos científicos y saberes, sino un lugar privilegiado para aprender a convivir, compartir, y construir juntes una sociedad de justicia social.  Lo virtual y lo digital deben ser herramientas complementarias a la presencialidad, como el libro, la calculadora o el microscopio, nunca la centralidad del hecho educativo.

  • ¿Cuál fue la estrategia pedagógica de la transformación digital?

El capitalismo cognitivo sueña con la disminución a su mínima expresión de los sistemas escolares y la educación presencial, para poder transferir los presupuestos públicos educativos a las arcas de las corporaciones tecnológicas globales.  Este tema no es solo pedagógico, sino eminentemente político, social y económico, por lo cual la construcción de alternativas debe incorporar e integrar estas dinámicas. La estrategia de las corporaciones fue mostrar a los sistemas escolares como instituciones ancladas en el pasado y mostrarse como el futuro de la educación, algo que no tiene veracidad ética ni pedagógica.

Necesitamos abrir un debate amplio, sin otra premisa que la defensa de la educación pública financiada por los Estados, orientada a la generación de pensamiento crítico, creatividad, compromiso solidario y justicia social.

  • El impacto en las habilidades socioemocionales

No hay respuestas localistas a una ofensiva mundial del capital contra la educación, pero tampoco propuestas validas que tomen en cuenta solo lo estructural descuidando las expresiones concretas en la realidad.  Necesitamos recuperar una dialéctica constructiva entre lo global y lo local en materia educativa.

Antes de la pandemia las bancas de desarrollo venían imponiendo las narrativas de inteligencia emocional, resiliencia y empatía como paradigmas sociales en el aula, entre estudiantes, pero también en la relación entre profesores y estudiantes. Desde la lógica del capital la inteligencia emocional no es para liberar emociones sino para reprimirlas, la resiliencia coloca en el plano personal las consecuencias de la distribución desigual de las riquezas pretendiendo conjurar las nociones de lucha de clases y revolución, así como promueve una empatía que disuelva el conflicto y la contradicción privilegiando el encuentro acrítico.

Durante la pandemia, millones de niños, niñas y jóvenes fueron sometidos al aislamiento, el temor al encuentro, la perdida de sentido y el desarrollo de la cultura del aprendizaje aislado que promueve competitividad. La vuelta a clases debe superar los quiebres y tensiones en los vínculos sociales generados por el encierro, pero también por la odiosa estratificación escolar. La vuelta a las aulas debe subrayar el encuentro como camino para aprender juntes y construir sentido colectivo creador de las emociones.

  • ¿Qué viene?

Lo que viene como ofensiva del capital contra la educación pública es terrible. Ya Santillana, McGraw Hill y otras corporaciones están presentando a los ministerios de educación de la región sus plataformas educativas que superan lo conocido con las plataformas comunicacionales, las cuales, usando inteligencia artificial, análisis de metadatos y bloques de datos procuran mostrar a las escuelas y docentes como dinosaurios pedagógicos. Su único interés absorber de manera sostenida, el presupuesto público destinado hoy a la educación de los, las, les hijes de la clase trabajadora, campesinos, pobladores, es decir, del pueblo.

Debemos juntar esfuerzos para evitar el estallido de la burbuja educativa, que es la denominación que hemos seleccionado para agrupar el conjunto de iniciativas que el gran capital trabaja para disminuir el peso real de la educación presencial y consolidar la llamada transformación digital.  Resistir a esta ofensiva del capital demanda resolver la brecha epistémica que afecta al movimiento social pedagógico alternativo.

Pero esta realidad no puede servir de bases para darle las espaldas al desarrollo científico y tecnológico del presente.  Necesitamos pensar la tecnología de la cuarta revolución industrial en clave de pensamiento crítico, justicia social y transformación radical de las relaciones sociales de poder.  Ese es el desafío mayor.

  • ¿Qué hacer?

Necesitamos defender la escuela presencial pública financiada por el Estado, con perspectiva crítica, emancipadora, solidaria, abierta a usar, pero no dejarse eclipsar por la transformación digital. Urge construir espacios de encuentro y debate para pensar juntes una taxonomía educativa alternativa la de Bloom, Kendal, Manzano y otros que permita orientar la construcción de plataformas educativas que contribuyan a que la escuela presencial fomente la ciudadanía critica, el pensamiento divergente, la creatividad y la solidaridad.  Necesitamos pensar los contenidos digitales en clave de resistencia y pensar la pedagogía situada en las realidades emancipadoras de la tercera década del siglo XXI

Referencias bibliográficas

Bonilla-Molina, Luis (2016) Apagón Pedagógico Global (APG). Las reformas educativas en clave de resistencias. Revista Viento Sur, número 147. España

Bonilla-Molina, Luis (2017) Apagón Pedagógico Global. Video disponible en YouTube https://www.youtube.com/watch?v=zZ79h4Zu4SE

Bonilla-Molina, Luis (2021). Educación 4.0, contenidos digitales y plataformas virtuales. Video animado disponible en YouTube https://www.youtube.com/watch?v=s641QZG_2hg

Bonilla-Molina, Luis (2017) Todo el Mundo cabe en una casa. Disponible en el sitio web del autor luisbonillamolina.com

Bonilla-Molina, Luis (2020) El derecho humano a la educación hoy. Ediciones CLADE. Disponible en https://luisbonillamolina.com/2020/11/15/el-derecho-a-la-educacion-hoy/

Bonilla-Molina, Luis (2020) Escuela, universidad y educación en la cuarta revolución industrial. Disponible en el sitio web del autor luisbonillamolina.com

Bonilla-Molina. L y otros (2021) Pandemia, Vacunación y retorno a clases presenciales. Observatorio social del coronavirus. CLACSO, Buenos Aires. https://www.clacso.org/pandemia-vacunacion-y-retorno-a-clases-presenciales-en-america-latina-y-el-caribe/

Bonilla-Molina, Luis (2021) El estallido de la burbuja educativa. Disponible en https://luisbonillamolina.com/2021/12/12/el-estallido-de-la-burbuja-educativa-la-madre-de-las-batallas-en-defensa-de-la-educacion-presencial/#:~:text=La%20burbuja%20educativa%20resume%20el,desde%20la%20primera%20revoluci%C3%B3n%20industrial.

Bonilla-molina, Luis (2021) ¿Qué es la brecha epistémica en educación? Disponible en https://luisbonillamolina.com/2021/11/28/que-es-la-brecha-epistemica-en-educacion/

UNESCO (2015) Replantear la educación: ¿Hacia un bien común mundial? Ediciones UNESCO Paris. Francia.  Disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232697

Pandemia, derecho a la educación, aprendizajes y estallido de la burbuja educativa

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“Expulsan en Chile a estudiantes secundarias por moderar una asamblea” (13 octubre, 2022)

Noticias

Foro por el Derecho a la Educación Pública

13 de octubre, 2022

El 12 de septiembre pasado, las estudiantes del Liceo Carmela Carvajal de la Corporación Municipal de Providencia, en Santiago, se autoconvocaron en una asamblea para organizarse y asistir a una actividad de conmemoración del golpe de Estado en Chile. Terminada la asamblea, moderada por representantes del Centro de Estudiantes, las jóvenes salieron del establecimiento y se dirigieron al monumento de Salvador Allende en la Plaza de la Constitución, donde culminaron la actividad y regresaron a sus domicilios.

Al día siguiente, el 13 de septiembre, dos de las estudiantes que habían moderado la asamblea fueron llamadas por la dirección del establecimiento, señalando que se abriría un “protocolo de expulsión por hechos que afectan gravemente la convivencia escolar”, citando el artículo N°3 del Reglamento de Convivencia Escolar del Liceo “por violentar psicológicamente a un integrante de la comunidad a través de amenazas, calumnias, descalificaciones, exposiciones, malos tratos, funas, burlas, entre otras” (Notificación de expulsión plazo de descargos, Liceo Carmela Carvajal, 2022).

Este artículo aparece en la página 116 del Reglamento Escolar como falta gravísima, la dirección incluye los hechos en este artículo en forma forzada, señalando que corresponde una conducta tipificada en el texto “entre otras”, del citado documento. El mismo Reglamento Escolar considera la expulsión como “una medida extrema, excepcional y última, como resultado de una conducta que implique un riesgo real y actual, el cual atenta directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar” (RICE; p.196). ¿Existe alguna proporcionalidad entre la medida tomada con la falta imputada a las jóvenes?

La notificación de expulsión dada a las estudiantes las suspendía mientras durara la investigación y les daba 10 días hábiles para presentar sus descargos. Ante este acto de injusticia, el estudiantado contestó movilizándose. La dirección respondió suspendiendo las clases presenciales, imponiendo arbitrariamente y contra todo criterio pedagógico, la modalidad en línea a toda la comunidad del Liceo desde el 26 de septiembre. A la fecha (13 de octubre) no han vuelto clases, con todo el perjuicio que esto implica para las estudiantes, que no tienen condiciones para educarse y alimentarse adecuadamente en sus casas, afectando además su estado emocional y salud mental.

El 04 de octubre se notificó a las estudiantes que estaban expulsadas desde ese día, cerrándoles el año escolar. Sus familias reclamaron la inocencia de sus hijas, alegaron que no se consideró la impecable trayectoria en el Liceo (nunca tuvo anotación negativa), su rol como representantes estudiantiles, su rendimiento académico, ni el hecho que estaban a dos meses de terminar su  enseñanza media, además de no considerarse ni gradualidad ni proporcionalidad en la aplicación del Reglamento Interno.

A cada estudiante se le entregó un documento oficial de “Notificación de resolución del proceso de investigación”, ambos señalan que su participación protagónica (de las estudiantes expulsadas) y rol de liderazgo en la asamblea “estaría confirmada” y agrega que, “aún cuando el reglamento interno de convivencia escolar otorga la libertad de expresión del estudiantado mediante mecanismos de participación en actividades para las que requieran salir”, como el permiso de “salida excepcional”, el hecho implicó “la interrupción de los procesos normativos y mecanismos institucionales”. Siendo este hecho el que fue considerado como una falta gravísima. Otra de las resoluciones ejemplifica esto, señalando que una de las estudiantes expulsadas “realizó un discurso en dicha asamblea explicando y motivando sobre la importancia de las movilizaciones, tras lo cual se determinó realizar una votación en cada curso para ver si se adherían o no a la asamblea”. La dirección consideró que “esto no responde a los procesos democráticos estudiantiles establecidos en sus bases y orgánica (del Centro de estudiantes), por lo que fuera de todo procedimiento normativo institucional, (se) generó una interrupción en la continuidad de clases y el clima escolar propicio para los aprendizajes, vulnerando de esta forma el derecho educativo del resto del estudiantado” (Notificación de expulsión plazo de descargos, Liceo Carmela Carvajal, 2022).

Otro de los documentos de resolución señala que, la estudiante asumió el rol de organizar la consulta por curso, aun cuando “recibió la indicación de su profesor asesor y de la Directora del Liceo de no involucrarse en actividades que no provienen de la formalidad de la orgánica representativa de estudiantado”. Partiendo de esto, la dirección del Liceo vincula a las estudiantes a hechos de violencia callejera y a “la interrupción de la continuidad de clases y la interrupción del clima escolar propicio para los aprendizaje”, utilizando forzadamente el concepto ‘entre otros’, que aparece en el ya citado artículo 3 del Reglamento de Convivencia, para calificar esto como falta gravísima (Notificación de expulsión plazo de descargos, Liceo Carmela Carvajal, 2022).

El 7 de octubre, la dirección se reunió con el centro de estudiantes. Según consigna el acta de la reunión, ante las explicaciones sobre el mal uso del reglamento interno, argumentada por las representantes estudiantiles, la dirección señaló que la acción cometida por las estudiantes sería una falta gravísima según el RICE, porque “la falta cometida de la que se habla no fue ejercida directamente por ninguna de las dos personas involucradas en este proceso, sino que es una consecuencia que se desata por la organización liderada por ellas, lo cual provocó ataques de ansiedad y pánico en distintos estudiantes de la comunidad, al igual que a funcionarios, junto a otras agresiones verbales dadas entre estudiantes”. Además, la directora afirma en la reunión que hay ‘presiones externas’ (apoderados, sostenedor y MINEDUC), que la empujan a aplicar estos protocolos (Acta reunión Dirección y CCEE, 07 octubre 2022).

¿Qué se puede señalar sobre estos hechos desde la perspectiva del derecho a la educación, el derecho a la participación y el legítimo derecho a libertad de expresión y protesta? a) Se penaliza la participación en una asamblea, es más, se penaliza el rol protagónico y dirigente; b) Se descalifican y penalizan los mecanismos de participación que el estamento estudiantil se da a sí mismo, democráticamente (la votación por curso); c) Se les responsabiliza arbitrariamente de la situación emocional de la comunidad en un contexto de tensión institucional; d) No se consideran los antecedentes de las estudiantes, su condición de vulnerabilidad, ni gradualidad, ni proporcionalidad en la sanción, para llevar a cabo una medida que debe ser, como mucho extrema y excepcional en una escuela pública; e) Por último, se culpa a las estudiantes que se organizan, “por interrumpir la continuidad de clases y el clima escolar propicio para los aprendizajes”. Este argumento es usado en muchos liceos para validar la persecución política en las escuelas. Utilizar la participación de una estudiante en una asamblea para afirmar que está interrumpiendo el clima de aprendizaje es un acto a lo menos, antipedagógico en una escuela pública. Una comunidad educativa debe partir por preguntarse ¿Qué razones motivan este descontento estudiantil? ¿Qué piensa la comunidad al respecto? ¿Por qué hay presiones externas? ¿A qué se refiere la Directora con esto? Preguntas imprescindibles antes de calificar la organización estudiantil como falta. Hacer esto sin considerar lo anterior es criminalizar el derecho a organización, a la libertad de expresión y, por cierto, a la protesta.

Hoy tras la pandemia reaparece la crisis de la educación pública, intensificada por el abandono de las escuelas y la consecuente precariedad de las mismas. El autoritarismo se activa nuevamente, invisibilizando el tema de fondo. Ante eso comienza una nueva ola represiva. La última, durante el año 2019 y 2020, afectó al menos a 885 estudiantes,  procesados por la Ley Aula Segura (Defensoría de la Niñez, 2020), sin contar la cifra oscura, constituida por expulsadas/os por el reglamento interno, cancelación de matrícula, o por los que simplemente fueron obligados a irse, por medio de variadas presiones, como ocurre en muchísimos casos, sobre todo, con las familias con menos redes de apoyo y recursos económicos. El daño que se hace es grande, y tiene consecuencias en el ámbito social y en la continuidad de la trayectoria educativa de las y los jóvenes afectados. Implica también el abandono de sus lazos socio-afectivos, incidiendo en ámbitos como el desarrollo de la identidad y en el proyecto de vida del estudiante, dejando secuelas subjetivas como: frustración, malestar y rabia. Rabia que se sigue acumulando entre las y los jóvenes acorralados por la mirada adultocéntrica, que infantiliza al estudiantado, que descalifica la participación juvenil y, que, con el uso punitivo y antipedagógico de los reglamentos internos, discrimina e incluso, interrumpe la continuidad presencial de las clases y anula toda posibilidad de crítica, clausurando la comunidad educativa.

Desde el Foro por el Derecho a la Educación Pública estamos apoyando a las estudiantes expulsadas del Liceo Carmela Carvajal de Providencia. Rechazamos las medidas desproporcionadas aplicadas a las estudiantes y apoyamos las acciones que realicen en su defensa. ¡Por el derecho a la manifestación, que nadie te deje sin educación! Si sufres alguna vulneración a tus derechos educativos, escríbenos al correo foro.educacion.chile@gmail.com o déjanos un mensaje en  privado.

Fuente: https://derechoeducacionpublica.cl/fodep-rm-expulsan-en-chile-a-estudiantes-secundarias-por-moderar-una-asamblea-7-octubre-2022/

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La nueva escuela mexicana: modelo para armar (Parte 1)

Roberto Rodriguez

La nueva escuela mexicana: modelo para armar (Parte 1)

Roberto Rodríguez

Tal como ocurre ante el texto clásico de Cortázar 62. Modelo para armar (Alfaguara, 1968), la interpretación de la “nueva escuela mexicana”, expresión que busca caracterizar a la política educativa del sexenio, enfrenta la dificultad de descifrar la secuencia y el sentido en que transcurren las acciones, las narrativas y el papel de los personajes.

La primera etapa hacia la definición de la política educativa del régimen encabezado por el presidente López Obrador fue la realización de una consulta en el periodo de transición (segundo semestre de 2018). El proceso fue anunciado, originalmente, como “Consulta Nacional por un Acuerdo Nacional de Educación”, aunque al momento de la convocatoria llevó el título de “Consulta Nacional por una Educación de Calidad con Equidad”. Desde el punto de vista del futuro secretario de educación, Esteban Moctezuma Barragán, la fórmula “calidad con equidad” representaba el objetivo central de la transformación educativa por venir. Dicho enunciado sintonizaba, además, con la sección educativa de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU en 2015.

La consulta se llevó a cabo en los meses de agosto a octubre de 2018 con varios formatos e incluyó a docentes, directivos, especialistas y público en general. El 6 de diciembre, Moctezuma, ya investido secretario de Educación Pública, presentó sus resultados preliminares. En ese acto, el funcionario dijo “con base en ellos estamos diseñando el Acuerdo Educativo Nacional que guiará el trabajo de la SEP”.

El 12 de diciembre de 2018, el ejecutivo federal depositó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a los artículos 3ro. 31 y 73 constitucionales. En la exposición de motivos se indica que la sola abrogación de la reforma educativa implementada en el sexenio previo sería una medida insuficiente si no se acompañara de “la presentación de un proyecto alterno, a través del cual se propone el diseño de un programa con visión de largo aliento, como los implementados en otras naciones que han alcanzado una consistente elevación de la calidad educativa”. El texto agrega el siguiente pronunciamiento: “Estoy plenamente convencido de que todos los legisladores federales y locales del país, independientemente de su afiliación partidista, comparten el propósito de elevar la calidad educativa y de asegurar que la educación se imparta con equidad”.

Los partidos de oposición (PAN, PRI, PRD y MC) optaron por responder a la iniciativa presidencial con un proyecto de reforma a los mismos artículos. Los partidos aliados al gobierno no contaban con la proporción de votos suficiente para aprobar el cambio constitucional proyectado por la presidencia; tampoco la oposición para hacer transitar el suyo. Ante un riesgo de veto mutuo, se optó por un esquema de negociación: se abrió una mesa de trabajo en la que participaron legisladores de los distintos partidos así como autoridades educativas. Demoró varios meses la puesta a punto de la reforma, hasta que, finalmente, fue decretada el 15 de mayo de 2019.

En el periodo de negociación, el magisterio agrupado en torno a la CNTE presionó al ejecutivo y al Congreso para evitar que se diera marcha atrás al propósito de cancelar los instrumentos para la evaluación con implicaciones de permanencia en la función docente. El presidente se hizo eco de esa demanda mediante la emisión de un memorándum fechado el 16 de abril de 2019. En ese documento se dispone, entre otras medidas, que “mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”.

Al cabo, la iniciativa presidencial fue sustancialmente modificada, salvo en los aspectos relacionados con la evaluación docente. Se canceló el INEE y se dispuso como reemplazo la creación de un Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación “coordinado por un organismo público descentralizado”. Además se eliminó toda referencia al concepto de “calidad educativa”, en cuyo lugar se dispuso el de “excelencia”, definido como “el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad”.

La “nueva escuela mexicana” y el “acuerdo educativo nacional” reaparecerían en la Ley General de Educación aprobada por el Congreso el 25 de septiembre de 2019. La norma incluyó un título específico al respecto. Ahí se indica que la nueva escuela mexicana impulsará el desarrollo humano integral y una formación basada en la identidad; el respeto desde la interculturalidad; la responsabilidad ciudadana; la participación en la transformación social, y el respeto y cuidado al medio ambiente (artículo 13). También, que la SEP promoverá un acuerdo educativo nacional para impulsar el derecho a la educación y los principios de la nueva escuela mexicana (artículo 14).

Quienes esperaban que el referido “acuerdo educativo nacional” se plasmara en un documento suscrito por las autoridades educativas y los agentes involucrados en la esfera educativa, se quedaron esperando. Bajo ese rótulo se expresó, más bien, la disposición de la autoridad federal de tomar en cuenta el punto de vista del magisterio, los estudiantes, las autoridades estatales y otros interesados en la formulación de las estrategias y programas de la administración educativa. No un acuerdo concreto, más bien un referente abstracto para legitimar las intervenciones gubernamentales en ese campo. Algo similar habría de ocurrir con la “nueva escuela mexicana”. En lo sucesivo, bajo esa denominación, serían cubiertos los programas y acciones de la SEP. ¿Cómo fue definida entonces la nueva escuela mexicana y cómo se ha transformado su enfoque? Lo revisaremos en la próxima columna.

Twitter @blogroberto

 

Fuente de la Información: https://www.educacionfutura.org/la-nueva-escuela-mexicana-modelo-para-armar-parte-1/

 

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Uruguay: Gobierno uruguayo termina por la fuerza ocupación estudiantil

Noticias

América del Sur/Uruguay/19-08-2022/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

En respuesta, los estudiantes han convocado para una jornada de 24 horas de protestas desde este jueves.

El Gobierno de Uruguay, a través del Ministerio del Interior, desalojó la noche del miércoles varios centros educacionales que habían sido ocupados desde el lunes último por estudiantes que reclaman incremento en el presupuesto de la educación.

Los desalojos se produjeron luego que el Consejo de Formación en Educación (CFE) de la gubernamental Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), solicitara al Ministerio del Interior desocupar las diez instituciones.

Los estudiantes de magisterio ocuparon los centros de formación docente a lo largo del país con el propósito de oponerse a la reforma educativa, exigir mejoras en la infraestructura de los centros y denunciar el recorte en el presupuesto que adelanta el Gobierno de Luis Lacalle Pou.

De acuerdo a los estudiantes, quienes exigían la realización de una mesa de diálogo para ventilar sus demandas, las resoluciones de esa instancia llevarían a desocupar las instituciones y defendieron la medida de presión pues es una garantía estar ocupando.

El Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa), una de las organizaciones convocantes, «El derecho a la educación se puede desarrollar si se cumplen los diferentes aspectos y no si faltan becas, si los centros se llueven, si los lugares están superpoblados o si se desregulan nuestras condiciones de estudio».

Un comunicado del Ceipa resumen que, no obstante la desocupación del miércoles, continuarán la lucha por más presupuesto para la educación, la transformación educativa y la participación real en el Gobierno educacional.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/uruguay-gobierno-desocupacion-centros-docentes-20220818-0015.html

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