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México: Jornada Virtual de Protesta por la Salud y la Vida

América del Norte/México/12-07-2020/Autor(a) y Fuente: Colaboradores de OVE

El bloque democrático de trabajadores de la educación de la Sección VII del SNTE-CNTE y la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) del estado de Chiapas, México, convocan para este lunes 13 de julio a una conferencia de prensa que se llevará a cabo a las 10:00 horas (horario del centro de México) en la sala de juntas de la Sección VII.

Al término de esta, se inicia una masiva jornada virtual de protesta por la salud, la vida y, por la solución a las demandas que se mencionan a continuación:

  • Abasto de medicamentos y dotación de pruebas COVID-19 para trabajadores y población en general.
  • Material médico y equipo de protección personal a trabajadores de salud para dar servicio oportuno a la población.
  • Cumplimiento de acuerdos contraídos entre trabajadores de la educación y gobierno federal y estatal.
  • Apoyo total a los trabajadores de la salud.
  • Hacemos el llamado a todos los sectores económicos de Chiapas a manifestarse ante la crisis general por el COVID-19.

El comunicado de la convocatoria difundida este 11 de julio de 2020 menciona de manera textual lo siguiente:

«¡¡Jornada Virtual de Protesta por la Salud, la Vida y la Solución de Nuestras Demandas!!

Convocatoria a Conferencia de Prensa.

C. Representantes de los medios de Comunicación:

La pandemia provocada por el Coronavirus (COVID19), ha puesto en evidencia el desmantelamiento del sistema de salud y la red hospitalaria del país que deliberadamente provocaron la políticas neoliberales impuestas durante las últimas décadas.

La falta de medicamentos e instrumental médico, especialistas e infraestructura hospitalaria, son condiciones cotidianas con la que los trabajadores de la salud tienen que realizar sus labores. El combate a la pandemia en primera línea los condena hoy a poner en riesgo su vida y la de sus familiares.

En este contexto, el Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas, CONVOCA a la CONFERENCIA DE PRENSA que se ofrecerá el día LUNES 13 de julio a las 10 horas en la sala de Juntas de la Sección VII del SNTE-CNTE ubicada en la Col. San Jorge, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Dicha Conferencia será dictada por el camarada Pedro Gómez Bámaca (Secretario General de la Sección VII del SNTE-CNTE) y la camarada María de Jesús Espinosa de los Santos (Secretaria General de la Sección 50 del SNTSA).

Seguros de su asistencia, les anticipamos nuestro reconocimiento.

Atentamente

Solo Luchando unidos, Organizados y Disciplinados… ¡¡Venceremos!!

Secretaría de Comunicación

Comité Ejecutivo de la Sección VII del SNTE-CNTE»

 

Junto con la convocatoria difundieron una imagen en donde viene lo que denominaron «Guía de Manifestación Virtual» con acciones a seguir durante la jornada.

Guía de Manifestación Virtual

Imágenes:

Convocatoria

Comunicado

Fuente e Imagen: Colaboradores de OVE

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España: CCOO exige que se creen todos los comités de seguridad y salud en el trabajo

Europa/España/21 Mayo 2020/eldiariolaeducacion.com

  • El sindicato ha presentado un informe en el que plantea una serie de necesidades para la desescalada educativa y la vuelta a las clases a partir de septiembre. CCOO denuncia que los comités de seguridad y salud en el trabajo, obligatorios, de las CCAA están, en muchos casos, todavía por formar y, en otros, sin atribuciones reales.
  • CCOO reclama la necesidad de una importante inversión de cara al curso que viene para poder hacer frente a los escenarios más que probables de vuelta escalonada y posible nuevo confinamiento.

Preservar el derecho a la salud para ejercer en las mejores condiciones posibles el derecho a la educación». Este es el objetivo que se marca CCOO, en palabras de Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza, en la presentación del informe Propuesta de CCOO en materia de salud y seguridad en centros educativos que ha presentado esta mañana.

Durante la rueda de prensa, los responsables de salud laboral del sindicato han destacado la necesidad de que los obligatorios comités de salud y seguridad en el trabajo que deben poner en marcha las CCAA en muchos casos todavía están por nombrar y en otros, aunque constituidos, no están realizando los trabajos que serían necesarios de cara a la desescalada en el sistema educativo o la vuelta a los centros de cara al mes de septiembre próximo.

Entre las propuestas que lanza el sindicato se encuentra la redacción, por parte de las administraciones educativas, de documentos marco sobre los que trabajar en relación a la prevención de riesgos laborales. Unos documentos que, después de redactados en consenso con los agentes sociales (sindicatos y familias), han de traer aparejada la financiación suficiente y han de ir siendo evaluados para comprobar su aplicación y la posible necesidad de corrección en función de las diferentes situaciones sanitarias que pudieran darse a lo largo del tiempo.

Por supuesto, en la situación actual y para hacer frente a la incertidumbre que pesa sobre el sistema educativo en concreto, el sindicato entiende que es necesaria la contratación de mucho más personal docente para atender con seguridad al alumnado, así como de otros perfiles de apoyo a la labor docente. Y, por supuesto, el refuerzo de las plantillas de personal de limpieza de los centros educativos para que puedan hacer frente a las necesidades de desinfección e higiene que habrá en el futuro próximo. Unas plantillas que en muchos territorios ya venían siendo muy justas y que, a partir de ahora, verán multiplicado su trabajo para mantener los centros educativos lo más limpios posible para evitar contagios.

Este aumento de la inversión, CCOO todavía no lo ha cuantificado. Francisco García ha asegurado que la semana que viene harán público un nuevo documento que refleje esta cifra. Esperan que el Gobierno central, así como las CCAA, hagan un esfuerzo extraordinario en este sentido y que sea posible contar con fondos europeos también. En cualquier caso, García ha dicho que con menos cantidad que la recortada en 2012 (unos 9.000 millones de euros) se podría hacer frente a la contratación de más personal para el curso 2020-2021.

Otra de las exigencias que planteó ayer mismo CCOO junto a otros sindicatos en la reunión mantenida con el Ministerio de Educación y FP, es que se regule el teletrabajo en la función docente, sector en el que no existe normativa. Y más, teniendo en cuenta el escenario posible de que haya que mantener las ratios en 15 alumnos y que establecer turnos de asistencia al centro y de mantenimiento de la enseñanza a distancia al mismo tiempo.

Rafael Páez, adjunto a la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente, afirmó que es tiempo ahora de planificar muy bien el inicio del curso y de tener en mente, además de cuestiones como la organización de las entradas y salidas de los centros, los usos de los espacios comunes, el desarrollo de los recreos o la posibilidad de evitar que un grupo clase tenga contacto con otros de su mismo colegio o instituto, otras como el uso de los comedores escolares o el transporte escolar. Indicó que lo preferible sería el transporte privado, lo más sostenible posible, al tiempo que indicó que muchos alumnos están obligados a usar las rutas de transporte escolar habituales, como en el caso de los centros rurales.

En cualquier caso, los dirigentes del sindicato han insistido en la necesidad de que sean las administraciones educativas las que se encarguen de la compra del material de protección que deberían utilizar docentes y personal de administración y servicios y no dejar esta responsabilidad a las direcciones de los centros. No tienen la formación necesaria en riesgos laborales ni tienen por qué conocer cuáles son los requerimientos técnicos de, por ejemplo, las diferentes mascarillas. Además, existe la posibilidad del abaratamiento de costes si la compra la hace la administración simplemente por el volumen.

Encarnación Pizarro, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente, se pronunció, durante la presentación, en relación a la posibilidad de que se hagan pruebas PCR a los docentes cuando se incorporen al puesto de trabajo en septiembre. Y lo hizo en el sentido de que este tipo de acciones, en realidad, no suponen una protección ya que, aunque alguien esté sano en el momento de hacérsela, no está libre de la posibilidad de contagiarse después.

También habló de la posibilidad de conflicto en relación a la protección de datos y a la dificultad de hacer estos análisis a todo el profesorado todos los días para intentar asegurar que los centros, por esa parte, están libres de pandemia. Para ella, este tipo de actuaciones tendrían que desarrollarse desde los centros de atención primaria y no desde los centros educativos.

Rafael Páez habló de algunos riesgos de hacer estas pruebas al profesorado, empezando por una falsa sensación de seguridad que pudiera derivar en un relajamiento de las acciones de prevención y seguridad. Y abundó en la cuestión de la toma de temperatura, algo que también puede vulnerar los derechos de protección de datos, a parte de ser síntoma de otras enfermedades no relacionadas con la COVID-19.

Desde el sindicato ven con buenos ojos que la mayor parte de las CCAA hayan decidido que los centros de educación infantil, así como de educación especial, no abran sus puertas en estas útlimas semanas de curso, dadas las dificultades que ambos colectivos entrañan a la hora de mantener las mínimas condiciones de seguridad, como el distanciamientos social.

En el caso del alumnado de educación especial, ven una posibilidad en hacer un seguimiento uno a uno, en atención domiciliaria, con más recursos de personal para hacerlo, en un proceso paralelo al que siguen algunos menores tras un periodo de hospitalización y que son atendidos en su domicilio por una docente en contacto con el centro educativo para poder hacer el seguimiento del curso.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/05/20/ccoo-exige-que-se-creen-todos-los-comites-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/

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El secretario general de la ONU pidió mayor protección a los adultos mayores, la población más afectada por coronavirus

Noticias ONU

Antonio Guterres afirmó que este sector de la población “tiene el mismo derecho a la vida y la salud que el resto”

En un informe presentado este viernes, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, reclamó a los gobiernos de los países del mundo que protejan más a los adultos mayores, los más vulnerables a la pandemia de covid-19. “Para superar juntos esta pandemia necesitamos aumentar la solidaridad global y nacional y las contribuciones de todos los miembros de la sociedad, incluidos los mayores”, afirmó el diplomático lusitano, de 71 años, quien dijo que por su edad y por tener a su madre a su cargo, estar “profundamente preocupado por la pandemia a nivel personal y por sus efectos en nuestras comunidades y sociedades”.

“Nadie, joven o viejo, es prescindible”, agregó Guterres, que reclamó también que las difíciles decisiones que tienen que tomar los médicos en este momento, deben realizarse respetando en todo momento los derechos humanos y la dignidad. A la vez pidió que las medidas de confinamiento social impuestas en la mayor parte de los países del mundo, no impliquen el aislamiento de los ancianos, a quienes no se debe tratar como si fueran “invisibles o incapaces”.

“Las personas mayores tienen el mismo derecho a la vida y la salud que el resto”, remarcó Guterres en su mensaje, en el que recordó que la tasa de mortalidad por covid-19 en personas mayores de 80 años es cinco veces superior que el promedio mundial.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/5/el-secretario-general-de-la-onu-pidio-mayor-proteccion-a-los-adultos-mayores-la-poblacion-mas-afectada-por-coronavirus/

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La perspectiva del género ante la covid-19

Por: Susan Papp y Marcy Hersh

Las excusas para no tener en cuenta el género en emergencias sanitarias han entorpecido las respuestas durante demasiado tiempo. Esta vez debe ser diferente.

Cuando hay una pandemia, los líderes del mundo y los servicios de emergencias sanitarias deben adaptarse rápidamente a la amenaza en ciernes. A menudo, el último factor que consideran —si es que en algún momento llega a formar parte de sus listas— es el género.

Como defensoras de los derechos y la salud de las niñas y mujeres, escuchamos las mismas excusas una y otra vez: «En este momento, el género no es una prioridad», dicen los líderes. «Tal vez, cuando se calmen las aguas», afirman. «No es el momento», insisten. Si la intención es encontrar las respuestas más eficaces contra la covid-19 —o cualquier emergencia de salud— esto debe cambiar.

Las niñas y mujeres sufren los brotes de forma diferente que los niños y los hombres. Una mirada de género resalta los riesgos y vulnerabilidades específicos que enfrentan ellas debido a desigualdades y roles de género tradicionales profundamente arraigados. Y los hechos que esa perspectiva revela pueden salvar vidas y garantizar que nadie sea dejado de lado en nuestras respuestas ante las emergencias.

Para replantear nuestra respuesta ante la pandemia a partir del género, primero tenemos que proteger y apoyar a los especialistas en salud en el mundo, el 70% de los cuales son mujeres. Es fundamental que reciban capacitación, equipamiento y cuenten con recursos, lo que implica cubrir la escasez mundial de elementos de protección, como máscaras y guantes, para que tanto ellos como los pacientes estén adecuadamente protegidos.

También implica atacar la brecha de género del 28% en la remuneración en los profesionales de la salud en el mundo y asegurar entornos laborales decentes y seguros, con equipamiento de protección adecuado. Esto evitará las interrupciones en la provisión de servicios, porque los propios profesionales de la salud no se enfermarán, y fomentará la retención mientras trabajan día y noche para combatir la covid-19. Además, debemos desmantelar el sistema discriminatorio que excluye a las mujeres profesionales de la salud de los organismos donde se toman las decisiones que inician los protocolos de emergencia para salvar vidas en entornos atención sanitaria.

De igual modo, será imposible proporcionar evidencia confiable sobre esta nueva enfermedad para los profesionales de la salud, los responsables de las políticas y los medios sin invertir en la obtención de datos desagregados por género y edad en todas las tareas de vigilancia y control. Las emergencias sanitarias como la epidemia del ébola en 2014-16 y el brote del cólera en 2012 en Sierra Leona muestran que la ausencia de datos desagregados por género dificulta fuertemente la toma de decisiones inteligentes, las respuestas firmes y la rápida recuperación. Aunque esas emergencias sanitarias pueden habernos presentado desafíos distintos de los de la covid-19, la necesidad de soluciones basadas en la evidencia respaldadas por información de calidad sigue siendo la misma.

También debemos preguntar por la forma en que los roles de género tradicionales moldean la manera en que la gente con diversas identidades de género y procedencias la experimenta. Esto implica ir más allá de los datos iniciales de China, que sugieren que las infecciones por coronavirus son ligeramente mayores entre los hombres que entre las mujeres. También implica que tenemos que evaluar qué lleva a que las niñas y mujeres, los niños y hombres, y las personas no binarias resulten vulnerables en primer lugar.

Por ejemplo, las emergencias de salud anteriores demuestran que el papel tradicional de las mujeres en la atención de los familiares enfermos suele aumentar su exposición a las enfermedades infecciosas a través del contacto con otras personas. Esto ocurrió durante el brote del ébola en 2014-16, la epidemia de SARS en 2002-03 y la lucha de la India contra el virus Nipah en Kerala en 2018. En todos esos casos, gran cantidad de niñas y mujeres que atendieron a enfermos resultaron infectadas. Saber esto permite que quienes cuidan a los infectados hoy comprendan la importancia de reforzar las medidas preventivas en sus hogares, como se indica en la guía de prevención de la OMS para la covid-19, e informar los casos cuando aparecen los síntomas.

Mientras reforzamos nuestra respuesta médica y epidemiológica, también debemos asegurarnos de que no se interrumpan los servicios básicos de salud materna, sexual y reproductiva. El brote del ébola en África Oriental demostró que las actividades para limitar la enfermedad pueden desviar al personal y los recursos de otros servicios que necesitan las mujeres. Esto puede tener consecuencias desastrosas: la mortalidad materna en la región aumentó el 75% durante la epidemia y la cantidad de mujeres que daban a luz en hospitales y clínicas cayó el 30%.

La necesidad de asistentes expertos para los partos, protección contra la violencia de género, anticonceptivos y abortos seguros suele aumentar durante los brotes. La pandemia de hoy no difiere en este sentido. Se informaron aumentos de la violencia doméstica en Wuhan (China), durante el confinamiento de dos meses en esa ciudad. Y la gente sigue teniendo relaciones sexuales, transita la pubertad, menstrúa, se embaraza y pare durante las emergencias de salud pública, por lo que cubrir esas necesidades debe seguir siendo una prioridad.

Eso requiere que las mujeres asciendan a roles de liderazgo. Ellas son expertas proveedoras de servicios, epidemiólogas, cuidadoras de enfermos, líderes comunitarias y más. Sobre todo, son las mayores expertas respecto de sus propias vidas y deben participar equitativamente en todos los esfuerzos de preparación y respuesta. Esto implica garantizar su participación en todos los grupos de expertos locales, nacionales, regionales y mundiales sobre la covid-19. Las mujeres deben participar en los consejos comunitarios locales y los organismos legislativos donde se toman decisiones importantes. Internacionalmente, los desequilibrios de género en el liderazgo sanitario mundial, donde los hombres ocupan el 72% de los cargos más importantes, se debe solucionar con urgencia.

Con recursos suficientes, podemos evitar los errores del pasado y diseñar respuestas con una perspectiva de género desde el primer momento. Si bien los 15 millones de dólares y los 14.000 millones de dólares de ayuda para emergencias, comprometidos respectivamente por las Naciones Unidas y el Banco Mundial, son un gran comienzo, debemos hacer inversiones adicionales para implementar las políticas que requiere una estrategia eficaz contra la covid-19. Las excusas para no tener en cuenta el género durante las emergencias sanitarias han entorpecido las respuestas que más necesitamos durante demasiado tiempo. Para que todos estemos protegidos, esta vez debe ser diferente.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2020/04/01/planeta_futuro/1585743351_097387.html

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Maestros colombianos en paro por la defensa de la vida y la salud

América del sur/Colombia/29 Agosto 2019/Prensa Latina

Los maestros colombianos inician hoy un paro nacional de 48 horas cuyos objetivos centrales son la defensa de la vida y el derecho a la salud con dignidad para el magisterio.
Hoy nos están asesinando a nuestros maestros en el país. Exigimos al gobierno nacional protección inmediata para todos nuestros maestros y para nuestros dirigentes sindicales, recalcó el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Nelson Alarcón.

Fecode denunció y rechazó el incremento de los hostigamientos, amenazas y asesinatos contra los líderes sociales, entre ellos, los maestros.

Uno de los hechos más recientes al respecto ocurrió este mes: el asesinato del profesor Orlando Gómez, quien se desempeñaba como rector de la Institución Educativa Agro Empresarial Huasanó.

Gómez había sido secuestrado por sujetos armados en una zona rural del municipio de Caloto, al norte del departamento del Cauca, uno de los más violentos del país.

Posteriormente, fue hallado muerto en el sector conocido como La Vuelta de la Chicha, detallaron medios locales de prensa.

En su convocatoria al paro, Fecode también se refirió a la exigencia de soluciones prontas y definitivas a la deficiente prestación del servicio de salud para los maestros y sus familias.

A pesar de las movilizaciones y acuerdos establecidos con los docentes, las entidades prestadoras del servicio médico-asistencial no cumplen puntualmente con los términos de los contratos, señaló.

Según la Federación, el gobierno nacional, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda no ejercen a cabalidad su función de control y vigilancia.

Dicha situación también se evidencia en la administración de nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, lo cual conlleva a demoras injustificadas en trámites y deudas millonarias.

Los docentes defenderemos nuestro Fondo contra la amenaza de privatización, porque sí es viable financieramente, aseguró.

La Federación precisó además que la ‘Caravana por la Vida, la Paz y la Democracia’ se realizará los días 6, 7 y 8 de septiembre próximo, como un acto de rechazo al asesinato sistemático de líderes sociales y, en particular, de activistas y dirigentes sindicales del magisterio.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=301335&SEO=maestros-colombianos-en-paro-por-la-defensa-de-la-vida-y-la-salud
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Colombia: ¿Está en coma la salud del magisterio?

La silla Llena   Columna

Si el acceso y derecho a la salud de los maestros y maestras no mejora pronto, dentro de poco tendremos una epidemia de encadenamientos en las principales ciudades del país.

 

En menos  de una semana, tres eventos de encadenamiento de docentes o familiares de docentes se han presentado  a lo largo y ancho del país, ¿el motivo? La pésima atención en salud que tenemos los docentes públicos en Colombia.

El primer caso se desarrolló el lunes 8 de abril en la ciudad de Medellín en las instalaciones del prestador de salud Red Vital,  que atiende a los docentes de la región 8 (Antioquia y Chocó). El docente y activista sindical jubilado León Vallejo, se encadenó a una silla hasta que le entregaran un medicamento que evite se repita un accidente cerebrovascular del que ya fue víctima. El resultado de la acción fue la entrega de la medicina.

El segundo caso tuvo lugar  el miércoles 10 de abril en la ciudad de Bogotá, cuando el docente Eduardo Pinilla se encadenó frente a la sede  el Campín de UT Servisalud San José, prestador para la región 10  que atiende: Bogotá, Cundinamarca, Guaviare, Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada. El maestro Pinilla reclamaba que Servisalud no quería entregarle unas cremas necesarias para tratar una dermatitis atópica aguda que sufre su hijo Rafael Pinilla de 4 años, el argumento del prestador es que esos medicamentos están catalogados como estéticos, a pesar de que el padre tenía un fallo de tutela y otro del tribunal superior de Bogotá que exigía a Servisalud la entrega del medicamento. Después de más de 15 horas de encadenamiento, la llamada del viceministro de salud, la presión de los medios de comunicación, la visita del presidente de FECODE y el acompañamiento del sindicato de Bogotá la ADE, el prestador se vió obligado a entregar las cremas necesarias para continuar con el tratamiento del niño.

El tercer caso inició  hoy  16 de abril en la ciudad de Cali. Familiares de la docente pensionada Leonor Bolívar a quien le deben extirpar un tumor cerebral, se encadenaron en una de las sedes de la empresa Cosmitet, que atiende la región 2: Valle del Cauca y Cauca.  Este caso también cuenta con un fallo judicial que ha sido incumplido, la maestra Leonor y sus familiares encadenados siguen esperando que Cosmitet cumpla con lo que le ordena un juez de la república. Este caso está aún sin resolverse, y obviamente, la vida de la docente sigue en peligro inminente.

Las anteriores experiencias son apenas la punta del iceberg, el sábado pasado se llevó a cabo una Quejatón frente a Servisalud que logró recopilar más de 150 casos en dos horas, los principales motivos eran la falta de citas con especialista, entrega de medicamentos, cirugías represadas y exámenes clínicos pendientes, situación que también viven la mayoría de colombianos que no pertenecen a este privilegiado régimen especial.

Cínicamente el gobierno nacional ha querido mostrar el servicio de salud del magisterio como un régimen súper excepcional, modelo que no deja de ser una intermediación mediocre, que genera ganancias  millonarias a los dueños de las empresas prestadoras que buscan que  los docentes paguen planes de medicina prepagada por el mal servicio que ofrecen; sumado a que la superintendencia de salud no actúa de manera contundente y la Fiduprevisora que es la entidad con la que estos prestadores firman los contratos, es totalmente negligente para hacer cumplir los términos de referencia de los mismos.

En resumen, si el gobierno nacional en cabeza del ministerio de hacienda dueño del 99% de la Fiduprevisora no sanciona a los contratistas, si el ministerio de educación no presiona para que sus docentes accedan al derecho a una salud digna, si el ministerio de salud y la superintendencia de salud no le meten el diente a estos mercachifles de la salud, en las próximas semanas veremos cientos de encadenamientos de maestros/as o de sus familiares, desesperados porque en este país vale más el twitter de un periodista, que el fallo judicial de un juez o un magistrado.

Fuente de la Información: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-educacion/esta-coma-la-salud-del-magisterio-70810

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Mapuche, personas pobres y ancianos: grupos más vulnerados en sus derechos según chilenos

Redacción: El Dinamo/05-12-2018

El sondeo alerta sobre el valor otorgado por la población chilena a medidas de orden y seguridad; el apoyo a los derechos reproductivos de las mujeres, entre otras cosas.

La IV encuesta Nacional de Derechos Humanos 2018, sobre concepciones, actitudes y valoraciones en torno a los derechos humanos, fue presentada hoy por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El sondeo alerta sobre el valor otorgado por la población chilena a medidas de orden y seguridad; el apoyo a los derechos reproductivos de las mujeres; y la percepción que los pueblos originarios son los más vulnerados en sus derechos, tanto así que la mayoría de los encuestados está de acuerdo que para buscar trabajo es preferible tener un apellido extranjero que uno indígena.

Consuelo Contreras, directora del INDH, presento las principales conclusiones, de este modo señaló que “Las personas asocian los derechos humanos, principalmente como derechos sociales, expresados en servicios como la salud, una jubilación digna, la educación y la vivienda. Las pensiones dignas aparecen como una de las importantes vulneraciones de derechos para las personas”.

“Desde la perspectiva de la protección de los derechos, existe la percepción ciudadana de que estos con escasamente protegidos por el Estado. Entre los grupos de especial preocupación respecto de la protección de sus derechos, la población menciona a los pueblos originarios como a quienes más se le vulneran sus derechos, con un 41,9% de menciones”, complementó Consuelo Contreras.

Percepciones de los chilenos

Asociar derechos civiles y políticos a ideas de orden y seguridad es una tendencia mayoritaria en la población chilena, expresada  en los niveles de aceptación que tendrían algunas medidas como la necesidad de restituir la pena de muerte (61%), tener más carabineros en las calles (81,4%), la realización de controles preventivos de identidad (80,3 %), que los menores de 16 años deban ir a la cárcel cuando cometen un delito (73,1%) y que  la ley sancione los insultos a los policías (60,6%).

Otros derechos que cuentan con un alto nivel de aprobación son aquellos instalados por las demandas ciudadanas y que se han materializado en ley como la despenalización del aborto en tres causales (74,7%)  y el acuerdo de Unión Civil (71,3%).

Los derechos humanos más reconocidos por la población son aquellos que la gente asocia con los derechos sociales. En primer lugar figura el derecho a la salud con un 22,0%, luego el derecho a la educación y la vivienda, ambos con un 19,3%, y el derecho al trabajo con un 11,5%.  Curiosamente estos mismos derechos son aquellos que la población reconoce como los que más se vulneran, incorporando este año un nuevo actor: el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, ubicado en el tercer lugar de las preferencias con un 14,2%.

Respecto de quienes más violan los derechos humanos la percepción mayoritaria es que se trata del Estado. Lo sigue el Gobierno, luego Carabineros y en cuarto lugar las AFP, que en la encuesta del 2015 ni siquiera figuraban en el ranking.

Los grupos a quienes no se respetan sus derechos humanos son encabezados por los indígenas (41,9%), seguido de los pobres (39,7%), las personas mayores (29,3), los homosexuales y lesbianas (26,5), los inmigrantes latinoamericanos (25,5%) y las mujeres (17,1%).  El lugar donde más se los discrimina es en la calle y la razón más esgrimida para hacerlo es el color de piel.

El 56,4 % de las personas indígenas declara sentirse parte de un grupo vulnerado y un 61,7% de los encuestados está de acuerdo en que al momento de buscar trabajo es mejor tener un apellido extranjero que uno indígena.

A medida que aumenta la edad, la percepción de pertenecer a un grupo vulnerable aumenta en las personas mayores. El 38,1% de los encuestados declara que no se protege NADA el derecho a una jubilación digna y el 73% está de acuerdo con permitir la eutanasia.

El 37,2 % de los chilenos asegura que se debería prohibir el ingreso al país de inmigrantes sin estudios y un 52,8% considera que ellos deberían tener prioridad en el acceso a los servicios públicos por sobre los inmigrantes.

Las mujeres constituyen la sexta mayor mención de los grupos a los que no se les respetan los derechos humanos y un 18,5% de ellas reconoce pertenecer a este segmento vulnerado. Un 55,9% de los encuestados está en desacuerdo que la justicia castigue el piropo callejero y un 23,7% de la población tiene un alto nivel de permisividad hacia la violencia de género.

Posicionamiento INDH

La encuesta arrojó un bajo rechazo de la ciudadanía al INDH y un reconocimiento como institución protectora de los derechos humanos en Chile. Esto se vio reflejado en que un 40, 1% de los/as encuestados considera que el INDH protege los derechos humanos de todas las personas en Chile y que un 19,7% cree que es una institución que defiende a todas las personas.

La encuesta

En total se entrevistó entre septiembre y octubre de 2018 a 7.333 personas, hombres y mujeres de 14 años y más, residentes en viviendas particulares de todas las regiones del país, a partir de un cuestionario semiestructurado de 44 preguntas, una duración promedio de 33 minutos y un error muestral nacional del 1,1%.

Fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/11/23/mapuche-personas-pobres-y-ancianos-grupos-mas-vulnerados-en-sus-derechos-segun-chilenos/

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