Derecho de los Niños y Niñas

Guatemala está de luto. Y mientras cientos de personas se reunían frente a la Casa Presidencial para llorar y gritar juntas por la muerte, en ese momento de 36 niñas, que ahora son 40,  en un hogar seguro y por la falta de reacción del presidente Jimmy Morales, a 10 kilómetros, hacia la carretera al Atlántico, en uno de los tantos barrios periféricos de la Ciudad de Guatemala, un hombre pegaba una cartulina que anunciaba el velorio de Mayra Haydée Chután Urías, una de las niñas que murió un 8 de marzo víctima de las llamas y víctima de cómo funciona el sistema con los más desfavorecidos de la sociedad.

Frente a la Casa Presidencial, mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres, cantaban y lloraban. Lloraban y gritaban. Muñecas con los nombres de las 36 niñas, que ahora, cinco días después de la tragedia, ya son 40.  Veladoras encendidas, los nombres escritos en yeso en el piso, carteles. La tristeza de ambas escenas no cabe en palabras. Hubo gritos recordando que fue el Estado, que no fue un accidente, ¡que fue una ejecución!, que no queremos luto, ¡que queremos justicia! Que el único accidente ¡es este presidente! Mi cuerpo es mío, ¡no se quema!, ¡no se viola!, ¡no se mata! Una, ¡justicia! dos, ¡justicia! tres, ¡justicia! cuatro, ¡justicia! diez, ¡justicia! veinte, ¡justicia! treinta, ¡justicia! treintayséis, ¡justicia!

Por si la tragedia de 40 niñas calcinadas en un hogar gubernamental no fuera suficiente, los primeros relatos del día previo y del día 8 de marzo de 2017 apuntan a un giro más macabro, con participación estatal directa en al menos tres momentos clave y cinco negligencias. Estos son los testimonios recopilados por el equipo periodístico de Nómada, después de entrevistas con trabajadores, equipos que ingresaron al ‘hogar seguro’, familiares y pocos minutos de una entrevista con una de las sobrevivientes que fue llevada a Estados Unidos.

A pesar de los esfuerzos del gobierno de Jimmy Morales de hacer ver la tragedia como un acontecimiento de responsabilidad compartida entre todas las instituciones del Estado, los primeros testimonios lo contradicen y sitúan a funcionarios de su administración directamente implicados en el hecho.

¿Un motín provocado?

Tres testimonios coinciden en que la tarde del martes 7 de marzo, las adolescentes del módulo Mi Hogar empezaron a amotinarse y pidieron el apoyo de los adolescentes varones.

– No había nada planificado, pero nosotros las ayudamos, dijo uno de los adolescentes.

Ante las constantes violaciones sexuales por trabajadores, monitores y otras autoridades, los amotinamientos en el ‘hogar seguro’ Virgen de la Asunción eran frecuentemente promovidos por las niñas y las adolescentes. De esto hay 28 denuncias en la Secretaría de Bienestar Social, en especial contra un trabajador real de nombre Joseph; un caso en juicio promovido por el Ministerio Público contra un profesor; y una sentencia contra un albañil que abusó de una niña con capacidades especiales.

Continúan los testimonios sobre lo que pasó el martes 7 de marzo.

– Pero de pronto, a medio motín, el personal del Hogar abrió las puertas. ‘Si eso es lo que quieren, váyanse a la verga’, les gritaron a las adolescentes y los adolescentes, quienes, obviamente, salieron.

El Hogar queda en en San José Pinula, en una colina a 6 kilómetros del inicio de la Carretera a El Salvador, una de las zonas residenciales más exclusivas de la Ciudad de Guatemala. Está rodeado por bosques y barrancos que han servido de escondite para más de 100 niños y adolescentes que escaparon durante el último año.

Esa noche del martes 7 de marzo, el bosque también fue el escondite para los adolescentes que salieron cuando los trabajadores del hogar abrieron las puertas, según estos testimonios.

Según un acta que publicó Soy502.com, los trabajadores del Hogar de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia escribieron un acta en la que dejaban constancia que “no querían” que las adolescentes y los adolescentes “fueran readmitidos en el Hogar”. Sí. Que “no se hacían responsables” de hechos delictivos que estos adolescentes pudieran hacer en contra del resto de la población.

El acta tiene otro punto que coincide con los testimonios. Dice que de todos los módulos, los que se amotinaron fueron los de San Gabriel y Mi Hogar, de los adolescentes y las adolescentes, respectivamente.

Palizas, abusos y varias horas en negro

Cuando los policías detuvieron a los adolescentes fugados, vino la primera tanda de ‘castigos’, según los testimonios recopilados por el equipo de Nómada. A los adolescentes les dieron palizas y a las adolescentes las manosearon. Con excesiva violencia.

– Yo le pedí al comisario que por nada del mundo se fueran de ahí los policías.

Esta fue la orden (o ruego) que hizo por teléfono el presidente Jimmy Morales a Wilson Maldonado, jefe de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil, a las 10 de la noche del martes 7 de marzo. La frase textual del presidente fue reconocida por él mismo en una entrevista el viernes por la noche en CNN. La instrucción a la policía fue que evitara que se fugaran las y los adolescentes.

Después de las palizas y los abusos, los policías los separaron; a los niños y adolescentes los encerraron en el auditorio y a las niñas y adolescentes en un espacio que algunos describen como ‘la escuela’ y otros como ‘el taller’.

Ahí hay espacios de tiempo en negro que todavía no están claros. ¿Qué pasó entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, cuando las niñas y adolescentes estaban en custodia de los policías y de los trabajadores del Hogar? ¿Qué pasó entre las 2 de la mañana y las 8 de la mañana?

Durante al menos seis horas, entre 52 y 60 niñas y adolescentes fueron encerradas bajo llave en ‘la escuela’, sin posibilidad de usar los sanitarios después de una jornada turbulenta. Una jornada que incluyó un motín no planificado, la apertura de las puertas del ‘Hogar’ para salir huyendo, espacio para ver a los adolescentes en el bosque, ver las palizas a sus compañeros y sufrir los abusos de los policías y un encierro bajo llave.

El incendio frente a sus ojos

Los testimonios sitúan a equipos de policías rodeando los dos lugares de encierro: el auditorio y la escuela. Decenas de policías dentro del Hogar Seguro resguardando a los niños y adolescentes en el auditorio, y a las niñas y adolescentes en la escuela.

Nómada pudo hablar un minuto con una de las adolescentes, de 13 años, que sobrevivió y está ahora siendo tratada en un hospital de Estados Unidos.

– ¿Cómo ocurrió el incendio?

– Empezó a quemar las colchonetas.

– ¿Quién las empezó a quemar?

– Solo los pusieron así en la ventana y comenzaron a agarrar fuego.

– ¿Quién encendió el fuego?

– Mimí. Solo por Mimí la conocíamos.

– ¿Qué hicieron cuando empezó el fuego?

– Comenzamos a somatar la puerta para que nos abrieran y no nos abrían.

– ¿Cuánto tiempo estuvieron encerradas (desde que inició el fuego)?

– Como diez minutos.

– ¿Cómo estás?

– Triste. Yo quiero que se vaya alguien de mi familia conmigo (al hospital en Estados Unidos).

– ¿Querés decir algo?

– Que el presidente nos ayude. Que apoyen a las demás que no tienen ni a su papá ni a su mamá que les apoye. A las que llevan a esa casa son a las que no tienen familia ni nada.

El testimonio de esta adolescente combina con el de otros adolescentes varones.

– Como a las 8:30 (de la mañana del 8 de marzo) empezamos a oler a quemado y no sé ni cómo abrimos la puerta del auditorio (que también estaba bajo llave) para ir a ayudarlas porque se estaban quemando. Pero los policías nos nos dejaron ayudarlas y nos empezaron a pegar. Nadie las ayudó y no nos dejaron ayudarlas.

Las cinco negligencias

A estos tres posibles delitos, que tienen que ser corroborados por una investigación del Ministerio Público (y quizás la CICIG), hay otras negligencias por parte del gobierno de Jimmy Morales y del sistema de justicia.

1. Apelaron orden de mejorar las condiciones del Hogar

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia no acató sino que apeló la orden judicial del 12 de diciembre de 2016 que exigía una transformación del Hogar Seguro Virgen de la Asunción para garantizar que no se violaran los derechos y la dignidad de los niños, las niñas y los adolescentes que vivían en él.

2. No financiaron los funerales ni cerraron el Hogar

No financiaron los funerales de las fallecidas, como había prometido el todavía Secretario de Bienestar Social en funciones, Carlos Rodas, el 8 de marzo por la tarde.

El Hogar Seguro sigue funcionando hasta hoy lunes 13 de marzo, a pesar del anuncio del presidente Jimmy Morales el 9 de marzo de que sería cerrado temporalmente.

3. Enviaron a sus casas violentas a niñas, niños y adolescentes

La orden presidencial del 8 de marzo fue regresar a sus casas a la mayor cantidad de niños y adolescentes posibles, sin tomar en cuenta que muchos de los niños, niñas y adolescentes fueron llevados al Hogar Seguro porque eran violentados en sus propias casas.

4. Una madre no pudo pagar los Q1,500 que le pedía el juzgado para sacar a su hija del Hogar

Como ocurrió con el caso de Mayra Chután, una de las adolescentes muertas el 8 de marzo, había ingresado al Hogar después de que desapareciera de su casa y su familia le pidiera a la policía ayuda para encontrarla. El sistema de justicia, en vez de devolverla a su familia, la ingresó al Hogar.

El caso parece ser recurrente. En el San Juan de Dios, la madre Ada Kelli Alfaro, quien está a punto de despedirse de su hija, de 14 años, que es otra de las menores que va a ir a Estados Unidos, explica que la PGN le informó de que ningún familiar podría viajar con las niñas, que permanecerán en Estados Unidos “unas dos semanas aproximadamente”.

– El presidente nos pidió disculpas por lo sucedido y garantizó que se haría justicia. Nos ofreció ayuda con los medicamentos, el transporte, el alojamiento y la comida.

Añadió que su hija había sido golpeada “brutalmente” en el Hogar Seguro y que le daban “comida con gusanos”. Dice que por ser de escasos recursos no pudo pagar los Q1,500 que le exigía el Juzgado para poner en libertad a su hija, que había ingresado al hogar “por rebeldía”.

Ada Alfaro no se preocupa por el lento avance de las investigaciones, ya que en lo único que piensa es en volver a abrazar a su hija cuando regrese de EEUU y “darle mucho amor y la bienvenida nuevamente a la vida”.

5. Enterarse de la muerte de su hija por un periódico y una cachetada

El caso de las niñas que van rumbo a Estados Unidos es la excepción. El Gobierno y la Secretaría de Bienestar Social todavía no ha dado información a los familiares de los 807 niños del hogar, como les ordenó un juzgado.

Una madre, Vianey Claret Hernández, sigue buscando a su hija Ashley Hernández, de 14 años, para lo cual ya se hizo pruebas de ADN para verificar si está entre las fallecidas. Cuando fue entrevistada por Nómada, llevaba tres horas esperando en el Hospital San Juan de Dios para poder visitar a la única herida que sigue sin identificar. Pero tiene pocas esperanzas de que sea su hija, después de que Prensa Libre publicara en la portada de la edición de este viernes la foto de su hija entre un listado de siete jóvenes fallecidas.

Vianey Hernández dice que nadie le ha avisado de que su hija se encuentre entre las víctimas mortales, aunque sí que forma parte del listado de 57 menores que fueron encerradas bajo llave.

– Una trabajadora social me dijo que mi hija había sido trasladada a un hospital, por lo que llevo tres días de angustia yendo de arriba para abajo. Sólo quiero saber si está viva o muerta (…). Aparezca o no mi hija voy a luchar hasta que haya culpables de esta masacre y estén entre rejas. A Jimmy, si lo tuviera en frente, le pego una cachetada, porque no está haciendo exactamente nada.

El velorio de Mayra

Sus padres, María del Carmen Urías y Moisés Chután están sentados en la iglesia evangélica Emmanuel en la colonia Canalitos, en la zona 24. Tuvieron 11 hijos juntos y Mayra, que cumplió 16 años el 1 de marzo, es la tercera en morir. Hace siete meses, la familia pasó por otra tragedia. Uno de los hijos mayores no pagó una extorsión y fue asesinado.

La mamá, María del Carmen, no puede dejar de llorar. Lleva tres días así. El martes por la noche, cuando se reportó un motín en el Hogar Seguro, la preocupación por su hija no la dejó dormir. Pasó el miércoles peleando con las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y agentes de la policía porque nadie le daba información sobre el paradero de su hija Mayra.  Estuvo casi todo el día frente a la morgue esperando que le entregaran el cuerpo de su pequeña, y el jueves, frente a un ataúd reclama por qué no pudo recuperarla, por qué tiene que enterrarla justo el día en que tenía una audiencia para seguir con los trámites para que volviera a casa.

El Estado le entregó a su hija en una caja blanca; muerta por quemaduras en una habitación bajo llave de un refugio gubernamental. Sobre el féretro hay una fotografía de Mayra. Se parece a su mamá: ojos rasgados, tez morena, cejas pobladas, arqueadas, negras. Su hermana Estela recuerda que un domingo hace cuatro semanas la visitó por última vez en el hogar seguro. Mayra, ‘la sapito’ como le decían Estela y su esposo, pasó el día emocionada por jugar con su sobrinos en un área verde del hogar seguro.

Frente a la Casa Presidencial, mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres, cantaban y lloraban. Lloraban y gritaban. Muñecas con los nombres de las 36 niñas, que ahora, cinco días después de la tragedia, ya son 40,  veladoras encendidas, los nombres escritos en yeso en el piso, carteles. La tristeza de ambas escenas no cabe en palabras. Hubo gritos recordando que fue el Estado, que no fue un accidente, ¡que fue una ejecución!, que no queremos luto, ¡que queremos justicia! Que el único accidente ¡es este presidente! Mi cuerpo es mío, ¡no se quema!, ¡no se viola!, ¡no se mata! Una, ¡justicia! dos, ¡justicia! tres, ¡justicia! cuatro, ¡justicia! diez, ¡justicia! veinte, ¡justicia! treinta, ¡justicia! treintayséis, ¡justicia!

¿Quiénes prendieron el fuego que acabó con la vida de 40 niñas? ¿Quiénes las encerraron y evitaron que pudieran escapar? ¿Quiénes las violaron y abusaron de ellas? ¿Quién les negó el alimento? ¿Quién las embarazó?, gritaba una activista feminista con megáfono en mano.

Los gritos y la indignación sólo aumentaron cuando escucharon por los medios la primera conferencia que dio el presidente Jimmy Morales, 34 horas después de la tragedia.

Acongojado, el presidente dio sus condolencias a las familias y a su patria. Anunció que cerrará temporalmente el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y enumeró todas las medidas que había tomado su gobierno para prevenir hechos como éste. Que había una mesa interinstitucional que buscaba regresar a los niños a casas de familiares, que aumentó 20 por ciento el presupuesto para 2017, que su esposa promueve un programa de adopciones que se llama Es por amor.

Pero en la segunda mitad de su intervención dijo que la responsabilidad es de todos. De la sociedad, del sistema, de todos. Que no va a despedir a Carlos Rodas, el secretario de Bienestar Social que en la primera conferencia de prensa del 8 de marzo responsabilizó a las niñas de haberse amotinado. Que no va a despedir a Anahí Keller, su exproductora de televisión que está como subsecretaria. Que no había hablado antes porque estaba cumpliendo protocolos. Que va a esperar las investigaciones administrativas y penales para tomar decisiones.

Su vocero, Heinz Heinmann, había escogido qué periodistas harían cinco preguntas. Ante las protestas de los reporteros, el presidente las redujo a dos. Y las respondió con evasivas. Cerró la conferencia corriendo, sin responder por qué no hizo nada cuando el jefe de la comisaría 13, Wilson López, lo llamó el martes 7 de marzo para informarle sobre el motín en el hogar seguro. No respondió tampoco por qué el martes 7 de marzo su preocupación era rodear el hogar seguro para evitar que se fugaran los niños y adolescentes, pero no se preocupó por garantizar la integridad de los niños. No respondió por qué su gobierno rechazó las peticiones de los tribunales y el Procurador de los Derechos Humanos de trasladar desde 2016 a los niños de ese hogar por las denuncias y las sentencias por violaciones sexuales y maltratos. No respondió por qué no hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar las 40 muertes de la mañana del 8 de marzo.

Cinco meses de impotencia

El velorio. “Nunca debería de haber llegado a ese lugar”, suspira Estela, una de sus hermanas. Nunca. Entre sus ocho hermanos, Mayra, la penúltima en nacer, siempre buscaba a Estela y su relación era especial. Por esa cercanía, Estela fue la primera en enterarse cuando Mayra empezó a salir con un hombre 10 años mayor que ella, aunque no sabe realmente cómo se conocieron. Con él Mayra se empezó a cambiar.

– Supongo que se lo presentó una de sus amigas, pero él era más grande que ella. Mucho más grande, tenía 25 años. Ella empezó a alejarse de sus amigas. Siempre me habían caído bien, eran cristianas. Se alejó de su familia, de todo. Empezó a tomar cosas que no debería. No le voy a mentir. Empezó con la marihuana, todo por él. Perdón por la expresión, pero todo fue por este desgraciado.

En varias ocasiones Estela había intentado convencer a Mayra que lo dejara. Nunca lo conoció en persona, no conoce ni su nombre. Cuando Mayra le confesó que ‘se había entregado’ a él, Estela amenazó con mandarla a una casa correccional si no terminaba la relación. La amenaza funcionó. Mayra pasaba más tiempo en su casa y salía a correr, como le gustaba. Por un poco más de un mes parecía que volvió a ser la Mayra de antes. Sonriente. Alegre. Despreocupada. Hasta que un día hace cinco meses ya no regresó a su casa.

El 28 de septiembre de 2016 la familia reportó la desaparición de la adolescente y se activó la Alerta Alba-Keneth para dar con su paradero. Cuando las autoridades la encontraron, no la devolvieron a su familia. La ingresaron al Hogar Seguro. Su familia luchó cinco meses por sacarla. La pobreza en la que viven complicó los trámites, ya que debían juntar dinero para ir a las audiencias, recuerda su mamá, María del Carmen, que siempre le prometió que haría todo para sacarla de allí.

La horas de angustia que vivió la mamá, María del Carmen, antes de tener información de su hija son las mismas horas que han sufrido cientos de familiares que ayer se arremolinaban entre el hospital San Juan de Dios y las morgues de la zona 3 y del Inacif. La Secretaría de Bienestar Social todavía no les ha informado si sus hijos o familiares están vivos y dónde se encuentran. Llevan tres días y noches sin dormir porque no saben si sus hijas están entre las 52 que fueron encerradas con llave en una habitación en la que prendió fuego. Tres días y tres noches y la mañana de hoy sin saber a ciencia cierta si sus hijas, sobrinas o nietas murieron calcinadas.

Afuera de los hospitales y las morgues había mujeres consolando mujeres; mujeres buscando niñas; mujeres denunciado los abusos que sufrieron sus pequeñas; mujeres de Zacapa, Sololá, Jutiapa, Cobán y la Ciudad de Guatemala leyendo una y otra vez los listados que circulaban con los nombres de las fallecidas.

La negligencia gubernamental

Diputados, organizaciones civiles, de derechos humanos, de niñez, y ciudadanos reclaman que el Gobierno tuvo oportunidades de detener la tragedia y no lo hizo. Por ejemplo, cuando no quiso cumplir con condena del Juzgado Sexto de la Niñez por las violaciones cometidas contra los menores de edad resguardados lugar. El tribunal les había ordenado gestiones para evitar los abusos contra las niñas. Y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia impugnó la resolución y detuvo la orden judicial. El secretario Carlos Rodas dijo que lo había impugnado porque no podía reconocer que había torturas a los niños ahí.

– No se puede apelar cuando le están pidiendo a uno que cumplan con sus funciones, dijo Hilda Morales, Procuradora Adjunta de Derechos Humanos.

Desde la sociedad civil también reclaman que no se hizo nada hasta ahora que ocurrió la tragedia. Paula Barrios, directora de Mujeres Transformando el Mundo, solicitó el año pasado por medio de un amparo que se cerrara el Hogar Seguro. Y hasta ayer una Sala de Apelaciones las citó para que dieran sus argumentos. La abogada reclama que el proceso fue lento y que sigue sin conocerse si se está investigando la denuncia que presentaron por la desaparición de al menos 200 niñas desde el año 2012.

Fue demasiado tarde. Como fue demasiado tarde cuando abrieron las puertas de la habitación para que las niñas que se estaban quemando salieran. 15 de las 17 no pudieron ser rescatadas por 35 médicos del hospital San Juan de Dios. Las otras dos siguen en estado crítico. De las 52 que se encontraban en la habitación, sólo 16 han sobrevivido. Van 36 niñas muertas.

Las sobrevivientes, además del profundo dolor que conlleva la recuperación, tendrán que enfrentarse a secuelas físicas, psicológicas, problemas de rehabilitación, gastos y terapias, recordó con voz entrecortada Napoleón Méndez, jefe de emergencias del San Juan de Dios.

Los próximos días

La tragedia en el Hogar Virgen de la Asunción está siendo investigada por un equipo integrado por 16 miembros de las fiscalías contra el Femicidio, de la Niñez, contra la Trata de Personas, Delitos contra la Vida y la de San José Pinula. En 48 horas procesaron la escena donde encontraron a las niñas calcinadas y recopilaron el material visual de 68 cámaras de vídeo que estaban instaladas en el lugar. Roberto Garza, vocero del Inacif, dijo que están analizando al menos 25 indicios para determinar qué provocó el incendio. También dijo que en dos días han entrevistado a 30 familias y tomado muestras de ADN para identificar a las víctimas que sufrieron quemaduras en todo su cuerpo.

Permanecen la incertidumbre alrededor del caso. ¿Dónde están los culpables de los abusos que las niñas denunciaron? ¿Los responsables de no haber quitado llave cuando se estaban quemando? ¿Dónde están y quiénes son las niñas que escaparon la noche del motín? ¿Dónde están los 750 adolescentes y niños que hasta el miércoles 9 de marzo vivieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción que empeoró sus condiciones todavía más con la llegada del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti? ¿Dónde están los responsables del gobierno de Jimmy Morales?

María del Carmen no volverá a escuchar la voz de su hija Mayra, que desde Hogar Seguro le llamaba todos los sábados para preguntarle si llegaría a la visita dominical. Moisés, su padre, aunque trató, no pudo alejarla de la muerte. Antes de la tragedia, la familia decidió abandonar Canalitos, la colonia donde habían vivido durante toda la vida, por la inseguridad.

– Para que no mataran a mis patojos, explica el papá de Mayra, que vive ahora en otro barrio periférico, en la zona 18.

Moisés y María del Carmen, los padres que el viernes 10 se levantaron para enterrar a su hija Mayra, de 16 años, trabajaban como agentes de seguridad. María del Carmen en los autobuses rojos públicos de la ruta entre Mixco y la zona 18. Moisés como guardia de un restaurante. Actualmente ninguno de los dos tiene trabajo. Moisés llamó ayer a la compañía donde laboró 28 años para ver si ya le podían pagar su liquidación. Quería saber si al menos podrían darle algo de dinero para cubrir los gastos del entierro. La respuesta fue que esperara. La promesa de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de cubrir los costos de los funerales fue eso, una promesa.

– Sacame de aquí. No me gusta. La comida es mohosa. Nos manosean, nos golpean. Abusan de nosotras los custodios, a veces los cocineros. Me violaron.

Así recuerda Estela que le rogaba su hermana Mayra.

Como frente a Casa Presidencial, en la iglesia evangélica Emmanuel un grupo de 25 personas también canta, le canta a Mayra.

– Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un bello hogar, más allá del sol.