Centroamerica/ San José /(ElPaís.cr).-
La Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera, suspendió durante un mes la votación del proyecto de ley que avala el traslado de un grupo de educadores del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al Régimen del Magisterio Nacional.
La suspensión del último trámite legislativo que le falta al proyecto para convertirse en Ley de la República, se dio a causa de una consulta constitucional que fue firmada por 21 diputados y diputadas.
“Hoy el proyecto tiene una consulta facultativa ante la Sala IV, están alegando razones de constitucionalidad porque aseguran que violenta la autonomía de la Caja Costarricense del Seguro Social y además la extracción de recursos del fondo del IVM”, explicó el diputado Juan Marín, Presidente de la Plena Primera.
Marín de Liberación Nacional (PLN), agregó que si la Sala encuentra vicios de in-constitucionalidad, el texto tendrá que ser revisado una vez más, pero que durante este mes se trabajará con la Caja, Hacienda y la Junta de del Magisterio Nacional (JUPEMA).
Según los legisladores opositores, la iniciativa violenta el artículo 73 de la Carta Magna, ya que el seguro social es para los trabajadores y extraerle recursos sería quitar parte de la contribución ciudadana que es obligatoria por el Estado.
“El proyecto de ley en análisis es inconstitucional porque este tiene como resultado un perjuicio para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS estimado en 52.399 millones de colones. Por lo cual, la adopción de esta medida sería contraria al principio de progresividad en materia de derechos fundamentales y al deber del Estado de evitar tomar acciones que venga a disminuir o debilitar la posibilidad efectiva del derecho a la jubilación de todos los ciudadanos”, señala la consulta.
La consulta fue liderada por Marco Vinicio Redondo Quirós del Partido Acción Ciudadana (PAC), además es apoyada por ocho de sus compañeros de bancada, cuatro legisladores de la Unidad Social Cristiana (PUSC), seis del PLN, dos libertarios y Mario Redondo Poveda de Alianza Demócrata Cristiana (PADC).
“Estamos tratando de tener un poco más de claridad sobre los números, porque justamente parte de lo que hemos criticado es la irresponsabilidad con la que se aprobó, cuando yo creo que ninguno de los diputados puede afirmar con certeza cuales son las cifras correctas”, indicó Redondo Quirós.
Este grupo de diputados de diferentes fracciones afirman que no se puede votar una ley en segundo debate de la cual no existe certeza sobre el riesgo financiero que podría causar. Cabe recordar, que el proyecto busca que un grupo aproximado de 1.800 personas que en 1995 se cambiaron de régimen, puedan volver al Magisterio.
Sin embargo, el Gobierno maneja unas proyecciones muy distintas a las de Jupema, por lo que el Congreso no tiene a ciencia exacta una verdad absoluta. En este sentido, los socialcristianos también solicitaron a la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), elaborar un informe que explique el estado de la cuestión.
“Los datos numéricos que presentan Jupema, Hacienda, la Caja y Departamentos Técnicos de la Asamblea Legislativa son diametralmente opuestos y esto nos preocupa porque no sabemos cual es el impacto en el Presupuesto y en el Régimen del IVM. No podemos votar el proyecto de esta forma”; dijo el liberacionista Julio Rojas.
Con base en el Gobierno si la iniciativa se convierte en ley el impacto sería de 52 mil millones de colones en el IVM y el daño en el erario público oscilaría entre ¢11 mil y ¢33 mil millones. Mientras tanto, la versión de Jupema se apega a que el costo total sería de ¢1000 millones en el primer quinquenio.
Fuente; http://www.elpais.cr/2017/06/21/diputados-suspenden-votacion-del-proyecto-de-ley-sobre-traslado-de-educadores/
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