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Brasil: comienza la “Marcha das Mulheres Indígenas”

Redacción: Marcha.org

Mujeres indígenas organizadas marcharán por Brasilia y realizarán un foro para reclamar y debatir estrategias de resistencia ante los retrocesos a sus derechos fundamentales y colectivos desde que asumió Jair Bolsonaro. Exigen que los conocimientos ancestrales sean reconocidos y aceptados dentro de la educación y la salud públicas.

Vía Servindi 

Desde hoy, viernes 9, hasta el martes 13 de agosto, diversas organizaciones de mujeres indígenas marcharán por Brasilia para reclamar contra los retrocesos que sufren sus derechos fundamentales y colectivos. La “Primera Marcha de Mujeres Indígenas” fortalecerá sus protagonismos y capacidades en la defensa y el cuidado de la Madre Tierra, el territorio, el cuerpo y el espíritu. Se estima, según el portal brasileño Ninja, que la capital recibirá aproximadamente 100 mil personas los días 13 y 14 de agosto. Además, se planea la organización de un “Foro Nacional de Mujeres Indígenas” para el primer día de la marcha.

Dicho evento discutirá la problemática planteada en el Campamento Tierra Libre (ATL, siglas en portugués), marcha indígena que se desarrolló del 24 al 26 de abril de 2019. Este foro propone debatir sobre la salud pública y la educación, cuestiones que han exigido mayor atención ante el desmantelamiento diseñado y ejecutado por el Gobierno de Jair Bolsonaro.

El primer tema de discusión apunta a la Secretaría Especial de Salud Indígena, un órgano fundamental en el tratamiento orientado para los pueblos indígenas, que ha estado sufriendo dificultades en su ejecución. Con respecto a la educación, el movimiento indígena brasileño exige que el conocimiento ancestral no sea ignorado en el espacio escolar, que los detalles de cada contexto étnico sea plasmado en las herramientas educativas. Asimismo, piden en este punto la promoción de una educación que respete la diferencia y ayude en el diálogo y la lucha de los pueblos originarios de Brasil.

Además, se debatirá por una alimentación de calidad. Así lo indicó Telma Taurepang, actual coordinadora de la Unión de Mujeres Indígenas de la Amazonía Brasileña (UMIAB), quien declaró para Ninja. “Las mujeres, como los pueblos indígenas, han disminuido su edad debido a la entrada de productos lácteos en las comunidades indígenas, igual con los preservantes dentro de la comunidad indígena”, indicó. “Pero hoy tenemos una población que ha comenzado a disminuir de acuerdo con los alimentos que comenzaron a ingresar a la comunidad”. “Entonces, este problema de salud de la mujer es muy visible en el tema del cáncer que surge en las aldeas, ¿verdad? Cáncer de mama y de útero”, concluyó.

Mulheres indígenas resistem! De 9 a 13 de agosto, em Brasília estaremos em mais de 2 mil mulheres para nossa primeira grande marcha.

Ajude a realizar a marcha: http://bit.ly/MarchaMulheresIndigenas

Arte @folhasdamaya @designativista

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Fuente: https://www.marcha.org.ar/brasil-comienza-la-marcha-das-mulheres-indigenas/
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La inclusión educativa, un derecho sin plazos

Por: José Manuel Cabada

Los derechos no pueden supeditarse a plazos, se cumplen si son derechos fundamentales de la persona. La inclusión educativa lo es.

Varias familias y organizaciones de personas con discapacidad denunciaron, en septiembre de 2014, el incumplimiento del Convenio en materia de educación inclusiva ante la ONU por vulneraciones graves y sistemáticas del artículo 24 del Convenio, y solicitaron una investigación. En enero de 2015, el grupo de trabajo del Comité de la ONU, consideró que la información recibida era fiable y se dirigió al Estado; este presentó sus observaciones el 13 de noviembre de 2015.

Durante su 15º período de sesiones (29 de marzo a 21 de abril) el Comité, conforme al artículo 6, párrafo 2 del Protocolo Facultativo y al articulo 84, párrafo 1, examinó las observaciones formuladas por el Estado Español, además de documentación complementaria de otras fuentes; decidió establecer una investigación y designó a tres miembros para desarrollarla.

La visita tuvo lugar del 30 de enero al 10 de febrero de 2017. Dos miembros del Comité visitaron Madrid, León, Valladolid, Barcelona, Sevilla y Málaga. Entrevistaron a más de 165 personas, funcionarios de la Administración central y de las 17 comunidades autónomas, representantes de las organizaciones de personas con discapacidad, otras organizaciones de la sociedad civil, investigadores, académicos, magistrados y abogados.

El informe cumplió escrupulosamente con lo establecido en el Protocolo para el Comité, con los informes del Estado Español y del CERMI, como responsable del Observatorio del cumplimiento del Convenio. El planteamiento técnico y el rigor con el que se desarrolló fueron impecables. Lo que no se había cumplido por parte del Estado Español fue la publicación y difusión del Convenio; su conocimiento por parte de la población en general, y de la afectada y relacionada. Publicaciones del Informe dieron lugar a protestas y descalificaciones: de familias, de centros de educación especial, de organizaciones interesadas, tanto desde el punto de vista ideológico como económico, y a descalificaciones exageradas y sin fundamento recogidas con profusión en las redes sociales.

La publicación de una noticia de que 35.000 alumnos de educación especial iban a pasar a centros ordinarios desencadenó nuevos y más airados ataques contra el Informe, el Ministerio de Educación y el CERMI. Mucho ruido pero ni debate ni participación de los medios informativos sobre un tema tan importante y trascendente, no solo para las personas con discapacidad, sino para todos.

Las sentencias de jueces en cumplimiento del Convenio, que obligaban a la Administración Educativa y colegios a mantener en centros ordinarios a alumnos a los que se pretendía derivar a centros de educación especial, abrió un nuevo frente. Se está entrando en terreno judicial; cuando las familias no están de acuerdo con el dictamen de escolarización en un centro de educación especial o en un aula de educación especial, pueden recurrir ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. El procedimiento es largo, y mientras se está a la espera de su resolución, el alumno tiene que asistir a la unidad o centro asignado. Por si esto no fuera largo y penoso, un inspector de educación puede iniciar un proceso contra la familia ”por abandono familiar”, porque la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años.(art 226 y ss del Código Penal). El derecho logrado la burocracia, la ignorancia, la insensatez y el poder lo pueden doblegar y torcer.

Las elecciones generales y autonómicas apagaron las protestas y descalificaciones; el tiempo de matriculación para el próximo curso no se salió del cauce establecido.

Pero los deberes continúan en septiembre; el Ministerio de Educación tendrá que seguir trabajando para dar cumplimiento a las recomendaciones del Informe de la ONU y hacer efectivo el derecho a la educación inclusiva. Las comunidades autónomas no pueden escudarse en sus competencias en educación para mantener su incumplimiento del Convenio.

Tanto el Ministerio como las comunidades no pueden alegar que no se pueden implantar ajustes razonables por motivos económicos; han de tener presente que los ajustes son una cuestión de derecho de los alumnos, superiores a los recursos de los centros y a la predeterminación o limites de las administraciones educativas. La denegación de ajustes razonables constituye discriminación.

Si el recurso más importante es el profesorado, las administraciones educativas deberían de programar la formación de todos en educación inclusiva, con preferencia en los propios centros ya que en ellos es donde se presentan los problemas y las soluciones que exige la educación inclusiva. También que en todas las modalidades y actividades de formación tenga su espacio la inclusión educativa. Para el profesorado, la inclusión no puede ser una innovación, una nueva metodología o una utopía vacía, es un derecho del alumno y le compete garantizar ese derecho. Pero el profesor necesita de la asistencia de personal, apoyo y de especialistas en sus caso. Parte de este personal podría integrarse desde los centros de educación especial.

En otoño, se calentará la situación por las decisiones que irán tomando las comunidades autónomas. El caso más claro se presenta en la Comunidad de Madrid, donde en su Asamblea seguirá su lento proceso la Iniciativa Popular Legislativa en favor de la inclusión educativa, que ha sido firmada por 44 ayuntamientos de la Comunidad. Este proceso legislativo y el debate social se acentúan por ser la autonomía en la que más ha crecido la educación especial en los últimos años.

Los derechos no pueden supeditarse a plazos, se cumplen si son derechos fundamentales de la persona. La inclusión educativa lo es.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/06/25/la-inclusion-educativa-un-derecho-sin-plazos/

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Ley de Inclusión Laboral en Chile, ¿llega en un buen momento?

Chile/28 de Abril de 2018/MBA

El pasado 1 de abril entró en vigencia la nueva normativa que contempla una cuota de al menos 1% de empleados con discapacidad en las empresas. Expertos y autoridades opinan respecto a sus beneficios y los detalles que aún deben ser pulidos.

Al consultarle si considera que será un aporte para el país, Natalia Donoso es enfática en señalar: “Creo que si se implementa en función desde la perspectiva de los derechos, sí. Pero si es sólo para cumplir con metas para dar cumplimiento, no”.

Su respuesta se vincula directamente a la puesta en marcha de la Ley de Inclusión Laboral en Chile el pasado 1 de abril, y es que esta asistente social puede opinar con propiedad respecto a esta esperada normativa. En 2007 sufrió una lesión medular tras un accidente automovilístico. Luego de dos años de rehabilitación, logró reinsertarse en su antiguo empleo.

Pero esta no es la realidad de la mayoría. Según el Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, un 20% de las personas mayores de 18 años padece una discapacidad, más de 2.700.000. De ellas el 39,3% trabaja, generando una importante brecha considerando el número de personas que tiene un empleo sin padecer discapacidad, que alcanza el 69%.

Natalia tiene claro que la ley es una oportunidad al permitir ejercer uno de los derechos fundamentales, sin embargo le preocupa que “la implementación establezca plazos que al final lleven a los empleadores sólo a cumplir con el número de personas a contratar y se deje de lado lo que inspira la ley”.

Y es que la normativa contempla que las empresas privadas y organismos públicos con más de 100 trabajadores tengan una cuota de al menos 1% de personas con discapacidad. Pero, en una primera etapa, las entidades que superen los 200 empleados deberán acatarla hasta abril de 2019 para así, iniciar su implementación de forma progresiva.

¿Cumple con las actuales necesidades?

Daniel Concha, director nacional de Senadis, afirma que sí. “Esto se refleja en que hay un grupo de personas con discapacidad que está capacitado y que quiere oportunidades de igualdad para mostrar que cuando se hacen adecuaciones en los procesos de selección y se presta apoyo en los lugares de trabajo, se pueden desempeñar como cualquier profesional”.

Y este es el punto donde se deben derribar mitos. Un estudio realizado por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde se encuestaron a 100 empresas, llegó a la conclusión que la inclusión de personas discapacitadas mejoraron los sistemas de producción, las cadenas de servicios según los rubros y por sobre todo, el ausentismo laboral.

“Creo que a medida que avancemos, vamos a ir derribando mitos y vamos a tener más personas con discapacidad en puestos de trabajo y en empresas más preparadas para acogerlas”, agrega Concha.

Una tardía respuesta a la problemática

La realidad es que Chile es el penúltimo país en América Latina en tener una Ley de Inclusión Laboral. Brasil por ejemplo, lleva más de 20 años rigiéndose por esta normativa, y Perú y Ecuador a pesar de que la implementaron en 2017, llevan una clara delantera en la materia.

Mirla Arcos, académica del Departamento de Educación Diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), asegura que si bien la ley es un avance importante para el país, aún deben eliminarse determinadas barreras.

“En materia de inclusión se requiere voluntad para visualizar a las personas en situación de discapacidad como un sujeto de derechos y deberes en una mirada de igualdad, que permita a quien toma la decisión final de una contratación, decidir por este postulante no porque presenta discapacidad, sino porque tanto la empresa como la persona se benefician de dicha contratación”.

Con esto dice, la institución gana un buen postulante que reúne los requisitos para dicho empleo y la persona con discapacidad logra desplegar las habilidades adquiridas a través de los años.

Detalles que deben profundizarse

La implementación de la normativa es un paso definitivo en la materia pero Arcos insiste en que los esfuerzos deben enfocarse ahora en fortalecer las distintas áreas que intervienen en su puesta en marcha. En primera instancia se refiere a orientar políticas enfocadas en la entrega de soportes apropiados para promover la formación profesional y acceder a empleos competitivos.

“No basta que un joven hoy día esté cursando una carrera universitaria pues si presenta discapacidad física, se debe garantizar y a lo menos facilitar el transporte hacia su casa de estudio, puesto que esta acción que puede ser tan cotidiana, podría llevar a la deserción de este estudiante. Así mismo, una persona en situación de discapacidad puede obtener un empleo, sin embargo para el empleador significa realizar una serie de ajustes para brindar las condiciones que permitan a la persona desempeñarse, por lo que resulta vital recibir aportes del Estado”, asevera.

Una sociedad más inclusiva

Esta nueva ley busca que Chile se transforme en un país más inclusivo, “es una apuesta importante para todas aquellas empresas que quieran abrir sus puertas a las personas en situación de discapacidad y un cambio de paradigma importante” agrega la académica de la UMCE.

El llamado que realiza es a asesorarse por personas idóneas, a enriquecer los ambientes laborales, a respetar toda forma de participación activa de los miembros de la sociedad.

A esto, el director nacional de Senadis agrega que “es un proceso de aprendizaje de algo que es totalmente nuevo, por lo que modificar el reglamento es algo de sentido común que debemos hacerlo en diálogo con la sociedad civil y con las asociaciones de personas con discapacidad”. En definitiva, potenciar la cooperación público y privada.

Fuente: https://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/ley-de-inclusion-laboral-en-chile-llega-en-un-buen-momento

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Panamá: Embarazos de adolescentes no cesan

Panamá/Diciembre de 2017/Autora: Yanelis Domínguez/Fuente: Día a Día

Todos los países de Centroamérica tienen niveles de embarazos en adolescentes mayores al promedio mundial. En 2015, la región tuvo 70 nacimientos de adolescentes entre 15 y 18 años, 7 nacimientos más que el promedio América Latina y el Caribe, 25 más que la tasa mundial y casi 50 más que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos Ocde, así lo dio a conocer la Plataforma Estadísticas de Centroamérica 2017.

Un informe del Ministerio de Salud Minsa indica que entre enero y mayo de 2017 se registraron 4,130 casos de adolescentes embarazadas.

El ministro de Salud, Miguel Mayo, aseguró que es necesaria la revisión del proyecto de ley sobre educación sexual en Panamá.

Rubiela Araúz, educadora jubilada, aseguró que antes, a las niñas se les explicaba el proceso de la menstruación y a los niños el uso de preservativos y eso era tema para ellos nunca antes conversado; ahora esa modalidad hay que cambiarla porque la generación de jóvenes no es la misma.

En mayo de este año fue la última vez que la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional abordó el tema de la ley sexual, por lo que han pasado casi siete meses y el tema sigue agarrando polvo en los archivos.

Fuente: http://www.diaadia.com.pa/el-pais/embarazos-de-adolescentes-no-cesan-329969

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España: El trabajo por proyectos o cooperativo puede ayudar a la educación inclusiva

España/Diciembre de 2017/Fuente: Noticias de Navarra

El Cermin, Comité de Representantes de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra, reclama avances en la educación inclusiva y recuerda que esta apuesta debería ser tenida en cuenta al valorar los resultados de un centro. “Cuando se elige un colegio, se piensa en los informes PISA, en los resultados académicos, pero las notas no es lo único que importa. Los valores no suelen aparecer en esos estudios”, expone la presidenta del Comité, Mariluz Sanz Escudero.

 El Cermin cree que este tipo de apuestas por el respeto a la diversidad, además, puede fomentarse con nuevas metodologías que ahora guían el día a día de los centros educativos, como “el trabajo por proyectos o el colaborativo”. La entidad celebró los pasados 22 y 27 de noviembre en Civican, en Pamplona, dos jornadas sobre educación inclusiva, donde, entre diversas conferencias, también mostraron sus experiencias centros navarros como los colegios García Galdeano, Hegoalde y Vedruna. “Se trataba de exponer proyectos en positivo, porque eso también se contagia”, explica.

El Cermin reivindica que se valore la apuesta por la educación inclusiva, donde el Comité defiende que el alumnado con algún tipo de discapacidad pase el mayor tiempo posible en el aula junto a sus compañeros y compañeras. Y uno de los objetivos, según recogió en un comunicado, es que se fomente la presencia del alumnado con discapacidad en la enseñanza postobligatoria.

En cuanto al nuevo Plan de Diversidad, anunciado por el Gobierno de Navarra, Sanz apuntó que, de entrada, es un proyecto “muy genérico”, donde la discapacidad puede quedar algo diluida, pero reclamó que se apueste por la educación inclusiva y que se implemente.

Fuente:  http://www.noticiasdenavarra.com/2017/12/11/sociedad/navarra/el-trabajo-por-proyectos-o-cooperativo-puede-ayudar-a-la-educacion-inclusiva

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Argentina Tucumán: dos maestras cabalgaron 12 horas para tomar las pruebas «Aprender»

Argentina/Noviembre de 2017/Fuente: La Nación

El Ministerio de Educación destacó hoy el «compromiso y ejemplo» de dos maestras de la provincia de Tucumán que viajaron 12 horas a caballo para poder tomar las pruebas «Aprender».

Se trata de Claudina y Pilar, quienes enseñan en San José de Chasquivil, Tucumán. «Hicieron 12 horas a caballo entre el barro y la neblina, para bajar las evaluaciones Aprender de 32 alumnos. Ellas, como tantos otros docentes, nos emocionan por su enorme compromiso y amor por la Educación. Simplemente… ¡Gracias!», indicó el Ministerio en una publicación de su página oficial de Facebook.

Varios usuarios de esa red social también felicitaron a las docentes. «Felicitaciones! Que todo sea en beneficio de la Educación y que llegue hasta los lugares más inhóspitos»; «Dios bendiga a nuestros queridos MAESTROS», fueron algunos de los comentarios de la publicación.

Según destacó el medio La Gaceta, Claudina Marcial y Pilar Bellido suelen esperar en Amaicha del Valle, desde donde parten a Tafí del Valle. Allí se encuentran con los baqueanos que las acompañan hasta San José de Chasquivil. El viaje comienza a las 8, y «si hay buen tiempo» llegan a las 20 a destino

El pasado martes 7 se realizó la segunda edición de la evaluación «Aprender». Los alumnos de 5º y 6º año del secundario y de 6º grado del primario mostraron sus saberes en pruebas de lengua y matemática, en el nivel medio, y en ciencias naturales y ciencias sociales, en el primario.

La evaluación, además, sumó una prueba muestral de 7000 alumnos de 4º grado para evaluar su capacidad para producir un texto escrito. A diferencia del año pasado, el resto de los alumnos de las 31.300 escuelas de todo el país que no estaban sometidos a las pruebas tuvieron clases normales.

«Nosotros nos rebelamos contra el conservadurismo del sistema. Hace más de 10 años, el Estado les cedió la política pública a los gremios y generó esta situación actual», advirtió el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro , al anunciar la nueva edición de «Aprender» y cuestionar a los sindicatos docentes que vuelven a oponerse a la prueba.

«Hemos ahuyentado el fantasma de que Aprender se iba a usar para cerrar escuelas o para echar docentes», añadió. Y destacó: «El sistema educativo es de una complejidad enorme y, por eso, para mejorarlo debemos saber cuál es la situación».

Resultados preocupantes

En la edición 2016, por cuestiones gremiales, hubo baja participación en las escuelas porteñas, bonaerenses, santacruceñas y rionegrinas, mientras que las condiciones climáticas complicaron a Corrientes.

Los resultados de la primera edición fueron claramente preocupantes: siete de cada diez chicos que terminan el secundario no tienen conocimientos básicos de matemática, y quienes egresan -que es sólo la mitad de quienes ingresaron al nivel medio- no entienden los textos que leen.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2080780-tucuman-dos-maestras-hicieron-12-horas-a-caballo-para-tomar-las-pruebas-aprender

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Defensor del Pueblo entrego el “Pacto para la Educación Inclusiva y Calidad en Panamá”

Panamá/Noviembre de 2017/Fuente: Panamá On

Con miras a garantizar el cumplimiento de los establecido en la Ley N° 42 del 27 de agosto de 1999, la cual establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, la Mesa de Análisis de Leyes y Políticas Públicas sobre Discapacidad (Meledis) entregó al Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, el “Pacto para la Educación Inclusiva y de Calidad en Panamá”.

De acuerdo a Meledis, aunque ya han pasado 10 años desde que Panamá ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su respectivo protocolo facultativo, existe gran desconocimiento y desarmonización entre las acciones, planes, programas y políticas orientadas a la inclusión educativa real y de calidad.

En ese sentido, Eva Montilla Vicepresidenta de Meledis manifestó que ya es hora que en el país se eliminen las aulas especiales para las personas con discapacidad, “ellos no merecen ser segregados, sino incluidos dentro de las aulas de clases con un curriculum adecuado al grado de discapacidad que presente cada persona».

“Gracias a la Defensoría del Pueblo se nos abrieron muchas puertas en momentos en que trabajamos en el desarrollo de este pacto, con el apoyo del Defensor del Pueblo y de otras entidades que deseen unirse a esta lucha podremos lograr cambios en los curriculum de estudios no solo de las escuelas, sino también de las universidades en donde se forman los futuros profesionales de la educación».

Por su parte, el Ombudsman agradeció la entrega del Pacto y reiteró que “como entidad que tutela los Derechos Humanos, en especial los de grupos vulnerables, la Defensoría velará porque las necesidades plasmadas en el Pacto sean hechas realidad para beneficio de una población que clama por una educación inclusiva y de calidad.”

En particular, el Defensor se comprometió a entregar conjuntamente con Meledis el Pacto tanto a la Ministra de Educación como al Consejo de Rectores, para que implementen de modo efectivo las medidas recomendadas.

Fuente: http://www.panamaon.com/noticias/politica/34066-defensor-del-pueblo-entrego-el-pacto-para-la-educacion-inclusiva-y-calidad-en-panama.html

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