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Embarazos forzados de niñas y jóvenes, una epidemia normalizada en Guatemala

Los embarazos forzados de niñas y adolescentes se han convertido en una epidemia normalizada que no se ha logrado combatir en Guatemala, pese a ser uno de los países de América Latina con las tasas más altas de fecundidad en adolescentes.

Según datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala (OSAR), solo en los dos primeros meses de 2022, 12.379 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años dieron a luz en todo el país. Una cifra que se elevó hasta 72.077 en 2021.

«La situación de embarazos forzados en Guatemala es escalofriante, especialmente en el caso de las niñas. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Las políticas no están del lado de las niñas, así que este flagelo trunca sus proyectos de vida y no hay acciones concretas de parte del Estado para frenarlo. Más bien, esto se vuelve un factor fabricador de pobreza», explica a Efe el oficial senior de programas de Planned Parenthood Global en Guatemala, José Ros Silvestre.

El especialista señala que la mayoría de estos embarazos, empezando por los de las niñas de 10 a 14 años, son producto de la violencia sexual que sufren, especialmente dentro de su hogar o comunidad. «En 2018 hubo 5.680 denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes, 16 por día, y en 2019 se registraron 7.365 niñas que se habían convertido en madres», agrega.

Mirna Montenegro, directora de OSAR, cree que los casos de violencia sexual pueden ser mucho mayores. «Los promedios a veces esconden las realidades de algunos departamentos. Al año hay 2.400 nacimientos de niñas o niños cuyas madres tienen menos de 14 años. Y la covid, la violencia, el hacinamiento, menos acceso a servicios y menos acceso a denuncias también ha hecho que la violencia sexual se incremente», subraya.

«EPIDEMIA» DE EMBARAZOS FORZADOS

Montenegro sostiene que los embarazos forzados se han convertido en una «epidemia» tal y como refleja el «incremento desmedido» que ha habido en los 14 años que OSAR lleva realizando estos monitoreos en el país.

Solo entre 2015 y 2019, las cifras de embarazos en niñas y adolescentes aumentaron de 103.937 a 114.858, según datos recopilados por la organización.

Estos embarazos, explica Ros Silvestre, se registran «tanto en niñas que viven en áreas urbanas como en las áreas rurales». «Esto es porque hay patrones culturales, sociales, religiosos y económicos que hacen que se perpetúe la violencia hacia ellas», agrega.

Ambos especialistas coinciden en que, pese a avances legislativos y normativos, los problemas se centran en el nulo acceso a la Justicia y a la educación sexual integral.

«Aún es un tabú hablar sobre la sexualidad con los niños, las niñas y las adolescentes. Hay comunidades en donde es considerado pecado hablar sobre sexualidad, entonces no conocen su cuerpo, cómo funciona y tampoco tienen herramientas para reconocer si alguien está vulnerando sus derechos», dice el representante de Planned Parenthood Global.

Además, «los servicios integrales de salud sexual y reproductiva están ausentes sobre todo en el área rural. Estas barreras de acceso a la educación y a la salud forman un caldo de cultivo peligrosísimo para la violencia contra las mujeres y las niñas y limitan su posibilidad de acceder a una reparación digna», agrega.

Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las niñas y mujeres son aún más vulnerables a la violencia sexual cuando los espacios en los que viven están controlados y disputados por las pandillas y el narcotráfico.

Con respecto al acceso a la Justicia, la directora de OSAR asegura que solo el 2 % de los casos llegan a una sentencia: «Y no es que todo sea condenatorio, muchas veces los dejan en libertad». Con el otro 98 % «es como si no pasara nada. No cambia la vida de la niña, no hay un proceso de investigación», añade.

EL CASO DE FÁTIMA

La normalización de la violencia y los obstáculos antes expuestos han impedido que supervivientes como Fátima, violada por un profesor cercano a su familia cuando tenía 12 años y obligada a tener al bebé, puedan conseguir justicia y acceder a un aborto para no convertirse en madres cuando aún son niñas.

«Ha sido un proceso muy difícil porque el sistema de justicia está muy sucio. Desde que puse la denuncia siempre tuve una respuesta negativa porque ¿cómo una niña iba a denunciar a su profesor? Todo surge de la desconfianza que se le tiene a la palabra de una niña porque es niña», explica a Efe Fátima.

La joven, que gracias al apoyo de organizaciones no gubernamentales ha logrado rehacer su vida, vivió en carne propia la discriminación que existe hacia las menores que quedan embarazadas, pese a ser víctimas de violencia sexual.

«Cuando utilicé el servicio público de salud (los médicos) me hicieron comentarios que atentaban contra mi integridad. En el sistema educativo también sufrí bullying. Yo no podía estudiar porque no estaba casada y porque iba a ser madre», recuerda.

Rememora que, además, dentro de la Fiscalía se perdía la evidencia que llevaban sus abogadas y que la información se filtraba para favorecer al agresor, que nunca fue detenido.

«Fue un proceso que marcó mi vida porque a una corta edad tuve que ser madre y no lo pedí. Me costó mucho comprender que (el bebé) era parte de mí, a pesar de que no lo quise desde un inicio. No me gustaría que más niñas pasen por esto y por eso he decidido alzar la voz», afirma.

Su caso, que es el de miles de niñas que son abusadas y quedan embarazadas cada año en la región, ha llevado a Guatemala ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

LOS SUEÑOS SE ROMPEN

Los embarazos forzados «rompen los sueños» de las niñas y adolescentes y muchas veces hasta sus vidas, remarca Fátima.

«Muchas de estas niñas y adolescentes que quedan embarazadas toman la decisión de suicidarse, pero no es una decisión individual, es colectiva porque implica ir cerrándoles la posibilidad de llevar a cabo sus proyectos de vida», confirma Ana Lucía Ramazzini, investigadora de Flacso Guatemala, que lideró un estudio denominado «Vidas silenciadas».

Entre los hallazgos más importantes del informe se encuentra el «continuum de violencia» que sufren las mujeres a lo largo de su vida. «La mayoría de ellas vivió violencia con las parejas con las que estuvieron involucradas o con familiares cercanos. Las violan desde los cuñados hasta los padrastros», dice Ramazzini.

No obstante, la ausencia de datos concretos sobre los suicidios de embarazadas ha impedido que se conozca el panorama real. «La última información que tuvimos del Ministerio de Salud es que entre 2020 y 2021 hubo 14 casos de muerte materna por suicidio, la misma cantidad de casos que nosotras documentamos en una década, entre 2009 y 2019. Esto sigue dándose y no podemos dejar de verlo», agrega la investigadora.

Según el estudio, los embarazos derivados de la violencia sexual provocan ansiedad, desesperación, y la sensación de estar «encerradas sin salida», ante la imposibilidad de poder acceder al aborto.

En Guatemala, la ley permite una interrupción del embarazo por razones terapéuticas, para evitar un riesgo a la vida de la mujer. A pesar de eso, las niñas siguen arriesgando sus vidas con embarazos forzados, sin una respuesta adecuada del Estado.

UN FUTURO DE RESISTENCIA

Montenegro cree que la situación no va a cambiar en los próximos años ya que, asegura, «los antiderechos han encontrado tierra fértil» en Guatemala.

Un ejemplo de ello, dice, es su reciente declaración como «Capital Iberoamericana Provida» dentro de un congreso cristiano en el que participó el presidente Alejandro Giammattei, y la aprobación de una polémica ley denominada «Para la Protección de la Vida y la Familia», que días después fue archivada por el Congreso. La normativa buscaba combatir el aborto y prohibir el matrimonio igualitario.

Pero, aunque ya está archivada, José Ros cree que la sociedad civil «tendrá que mantener la atención y la vigilancia para evitar cualquier retroceso o intento de reactivar» la iniciativa.

«Ahora lo que nos toca es resistir. No habrá avances, pero tampoco retrocesos. Tenemos que seguir con los marcos legales que tenemos y siempre señalando el tema de la prevención de la violencia y de las situaciones que viven las niñas que ponen en riesgo su vida», concluye Montenegro.

(Este reportaje forma parte de una serie que cuenta con el apoyo de Planned Parenthood Global. El contenido editorial de Efe es independiente de las posiciones de esta organización.)

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/guatemala-embarazos–reportaje-_embarazos-forzados-de-ni%C3%B1as-y-j%C3%B3venes–una-epidemia-normalizada-en-guatemala/47548934

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Libro(PDF): Nudos críticos de las desigualdades de género en América Latina y el Caribe

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital

Esta publicación reúne los trabajos de becarios, becarias, tutores y tutoras, producidos en el marco de los proyectos de investigación promovidos por CLACSO en la convocatoria Los nudos críticos de las desigualdades de género en América Latina y el Caribe. En dichos proyectos, investigadores e investigadoras de variada formación y trayectoria reflexionan sobre la multidimensionalidad de las desigualdades de género, en relación con problemáticas tales como la educación, las condiciones de trabajo, el acceso a la justicia o a la salud, la participación social, entre otras.

Autoras(es): Karina Batthyány. [Presentación]

Martha Patricia Castañeda Salgado. Fabiola del Jurado Mendoza. Norma Don Juan Pérez. Beatriz Gómez Barrenechea. Lizbeth Hernández Cruz. Laura Hernández Pérez. Ana Silvia Monzón. Virginia Noemí Alonso. Gabriela Lucía Marzonetto. Corina Rodríguez Enríquez. Patricio Dobrée. Marcia de Paula Leite. Barbara Vallejos Vazquez. Magda Barros Biavaschi. Thaís de Souza Lapa. Clara Araújo. Alejandra Restrepo. Rocío Murad. Daniela Roldán Restrepo. Juan Carlos Rivillas. Alba Carosio. Blanca María Munster Infante. Reina Fleitas Ruiz. Lartiza Solares Pérez. Niuva Avila Vargas. Ivonne Farah. [Autoras y Autores de Capítulo]

Editorial/Edición: CLACSO.

Año de publicación: 2022

País (es): Argentina.

ISBN: 978-987-813-132-0

Idioma: Español

Descarga: Nudos críticos de las desigualdades de género en América Latina y el Caribe

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2465&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1602

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Guatemala: el Congreso archiva la polémica ley que prohibía el matrimonio homosexual y elevaba las penas por aborto

 

El Congreso de Guatemala votó a favor de archivar la polémica Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que elevaba las penas por aborto y prohibía el matrimonio homosexual.

Con 119 votos a favor, los diputados del Congreso guatemalteco archivaron la polémica legislación, que también prohibía la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas.

El presidente Alejandro Giammattei había advertido que vetaría la normativa, dada la fuerte reacción social en contra que generó.

Según informa el diario Prensa Libre, el pasado 11 de marzo, el mandatario solicitó a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que archivara la norma aprobada el Día Internacional de la Mujer, «al considerar que violaba la Constitución y convenios internacionales suscritos por Guatemala».

Una gran mayoría de los miembros (102) del partido del mandatario, el grupo conservador Vamos, votaron a favor de la norma la semana pasada.

Según la ley ahora archivada, las mujeres que «se hayan provocado su propio aborto o hayan dado su consentimiento a otra persona para que lo lleve a cabo» enfrentaban un mínimo de cinco años de cárcel, pero las sentencias podrían ser mucho más altas.

También estipulaba la reforma del Código Civil de Guatemala para «prohibir expresamente los matrimonios entre personas del mismo sexo».

Además, prohibía a las escuelas enseñar a los alumnos «cualquier otra cosa que no sea que la heterosexualidad es lo normal».

Manifestación contra el aborto, 2018

FUENTE DE LA IMAGEN,JOHAN ORDONEZ/GETTY IMAGES

Pie de foto,La Ley para la Protección de la Vida y la Familia contemplaba al menos cinco años de cárcel para las mujeres que busquen abortar.

«Retroceso«

La medida legislativa fue presentada por primera vez en abril de 2017 por un grupo de parlamentarios que se autodenominan «provida», un concepto que causa controversia en una sociedad especialmente dividida por el tema de la interrupción del embarazo.

Una de las legisladoras que apoyó el proyecto de ley, Patricia Sandoval, dijo que «bajo el concepto de familia entendemos la unión entre un hombre y una mujer».

El defensor de los derechos humanos, Jordán Rodas, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), calificó la ley de violación de derechos y de «retroceso para la libertad».

Agentes de policía hacen guardia a las puertas del Congreso de Guatemala, el 8 de marzo de 2022.

FUENTE DE LA IMAGEN,JOHAN ORDONEZ/GETTY IMAGES

Pie de foto,Agentes de policía hacen guardia a las puertas del Congreso de Guatemala, el 8 de marzo de 2022 (Día de la Mujer).
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60746369

 

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Estados Unidos: Iowa prohíbe a chicas trans participar en deportes femeninos en escuelas y universidades

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, promulgó el jueves un proyecto de ley que prohíbe a chicas transgénero participar en deportes de niñas y adolescentes en escuelas secundarias y atletismo femenino en universidades, informó AP. 

La ley: El proyecto de ley requiere que los estudiantes que participen en deportes interescolares patrocinados o sancionados por una escuela no pública acreditada o un distrito escolar público jueguen solo con otras personas del género que figura en su certificado de nacimiento.

  • También tiene disposiciones que permiten demandas civiles para defender la intención de la ley. El proyecto se aplica a los deportes desde los grados de la escuela primaria hasta las universidades y colegios estatales.
  • Cabilderos de las juntas escolares, administradores y maestros dijeron que el proyecto de ley les pone en una posición insostenible, al tener que elegir si seguir la nueva ley estatal o la ley federal, en la que se prohíbe la discriminación por motivos de género en las actividades deportivas.

¿Qué dicen? La gobernadora Reynolds firmó el Proyecto de Ley durante una ceremonia en el Capitolio, apenas un día después de que los legisladores lo enviaran a su escritorio y calificó la firma como un triunfo para el deporte femenino. La propuesta pasó la Cámara y el Senado sólo con el apoyo de los republicanos, reseñó AP.

  • “Ninguna cantidad de talento, entrenamiento o esfuerzo puede compensar las ventajas físicas naturales que los hombres tienen sobre las mujeres. Es simplemente una realidad de la biología humana”, dijo Reynolds. “Obligar a las mujeres a competir contra los hombres es lo opuesto a la inclusión y es absolutamente injusto”.
  • Ainsley Erzen, estudiante de último año de la secundaria Carlisle y quien estableció el récord estatal de 800 metros y ha estado presente durante los comités, apoyando el Proyecto de Ley, señaló: “Las niñas de Iowa hoy y todas las generaciones venideras podrán perseguir las cosas que aman con la mejor de sus habilidades”, defendió la atleta. “Ya sea persiguiendo títulos, récords, becas o ganando un puesto de titular en un equipo. Ninguna chica será marginada en su propio deporte”.
  • Cuando un reportero le pidió a Reynolds que diera un ejemplo de una niña superada por un atleta transgénero, la gobernadora no dio un caso específico, pero sostuvo que las restricciones eran necesarias.

¿Y ahora? Los líderes republicanos hicieron que el proyecto de ley entrara en vigencia de inmediato, por lo que es posible que se requiera que cualquier estudiante transgénero que practique deportes deje de hacerlo. No estaba claro a cuántos estudiantes afectaría.

  • El portavoz de las Escuelas Públicas de Des Moines y cabildero del distrito, Phil Roeder, sostuvo que no está claro cómo se espera que las escuelas implementen la ley. Roeder se opuso al proyecto porque cree que la legislación discrimina a las niñas y mujeres transgénero y al distrito le preocupa que entre en conflicto con las leyes federales contra la discriminación.
  • “Nuestro distrito escolar da la bienvenida y apoya a los estudiantes LGBTQ y les brinda las oportunidades que se merecen”, reafirmó.
  • Mark Stringer, director ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Iowa, organización de defensa de derechos civiles, denunció la ley y dijo que “viola los derechos civiles de las niñas y mujeres transgénero” en Iowa. “Hoy, el estado de Iowa se tragó mitos sin fundamento sobre las niñas y mujeres transgénero que participan en deportes, mitos alimentados por la ignorancia y el miedo”, expresó Stringer.

El panorama: Iowa se unirá a otros 10 estados dirigidos por el Partido Republicano con tales leyes. Algunos se han enfrentado a impugnaciones judiciales alegando violaciones de los derechos constitucionales y las leyes federales contra la discriminación.

  • Otros estados con leyes similares incluyen Alabama, Arkansas, Florida, Mississippi, Montana, Tennessee y Texas, todos aprobados el año pasado. La aplicación de una ley de Idaho de 2020 está suspendida después de que un juez federal dictaminara que es probable que sea declarada inconstitucional.
  • En julio pasado, un juez de Virginia Occidental emitió una orden que permitía a una chica transgénero de 11 años participar en carreras de campo traviesa para niñas, diciendo que la ley estatal aprobada el año pasado habría violado sus derechos constitucionales y también una ley federal que garantiza la igualdad de trato de hombres y mujeres en programas educativos y deportivos.

Fuente: https://eltiempolatino.com/2022/03/04/nacional/iowa-prohibe-a-chicas-trans-participar-en-deportes-femeninos-en-escuelas-y-universidades/

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Alumnos protestan contra polémico proyecto de ley «No digas gay» de Florida

Cientos de estudiantes de Florida abandonaron este jueves los salones de clase para protestar contra el proyecto de ley conocido como «Don’t say gay» («No digas gay») que avanza en el Legislativo de Florida.

La medida, que impediría que los maestros hablen sobre sexualidad e identidad de género en las aulas escolares, ha suscitado enormes críticas por parte de grupos de derechos civiles y políticos demócratas, incluido el presidente de EE.UU., Joe Biden, que temen que tendría un impacto negativo en los jóvenes.

Un grupo de ellos abandonaron sus centros educativos en Tallahassee, capital del estado, y se dirigieron al Capitolio, donde protestaron por la previsible próxima aprobación del proyecto de ley.

La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aprobó la semana pasada esta medida y se espera que el Senado estatal, también bajo control conservador, haga lo propio en los próximos días.

El representante demócrata Carlos Guillermo Smith, que es abiertamente homosexual, salió fuera del Capitolio para agradecer al grupo de estudiantes que protestaban frente al edificio, pues, consideró, su presencia «mandó un mensaje realmente fuerte» a los republicanos.

Los estudiantes que marcharon hasta la Legislatura estatal portaban carteles en los que se podía leer mensajes como «Ser homosexual no es inapropiado».

De esta forma respondían al proyecto de ley que asegura que es necesario impedir que se hable de sexualidad e identidad de género en las aulas escolares, temas que no son «apropiados para la edad o el desarrollo de los estudiantes».

Alumnos de otros centros de todo el estado salieron también de sus aulas y cantaron consignas contra esta medida y con un mensaje muy claro: «Say gay» («Di gay»).

Según el medio The News-Journal, el estudiante y organizador de las protestas de este jueves a nivel estatal Jack Petocz fue «suspendido» hoy y hasta nuevo aviso en la Escuela Secindaria Flagler Palm Coast por distribuir banderas arcoiris del orgullo gay entre el cerca de medio millar de alumnos que participaron en la protesta en este centro.

Florida en las últimas semanas y este martes grupos de homosexuales salieron a las calles a protestar por esta medida, que pudo ser más dura todavía si la presión no hubiese hecho que el al autor del polémico proyecto de ley retirase una cuestionada enmienda.

En este caso, la enmienda obligaba a los centros escolares a trasladar en un plazo máximo de seis semanas a los padres de los estudiantes información si tenían conocimiento sobre la orientación sexual de sus hijos.

Si el proyecto de ley se aprueba finalmente en el Senado estatal, pasaría al escritorio del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ya ha manifestado públicamente su apoyo a este proyecto de ley.

Fuente:  https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-educaci%C3%B3n_alumnos-protestan-contra-pol%C3%A9mico-proyecto-de-ley–no-digas-gay–de-florida/47401084

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En la conservadora Rusia, los educadores liberales se quedan sin empleo

n el 2021, una maestra de la ciudad siberiana de Novosibirsk fue despedida luego de subir en internet un video en que aparece bailando mientras se quita la ropa hasta quedar en lencería.

La profesora de biología Olga Shchegoleva no duró más de seis meses en una prestigiosa escuela de San Petersburgo, de la cual tuvo que irse presionada por ser autora de un blog sobre educación sexual, un signo más del aumento de la intolerancia en Rusia.

En el blog, Olga Shchegoleva trata temas como la salud sexual, la anticoncepción y el uso de juguetes sexuales.

Está dirigido a personas adultas, lo que no impidió que varios padres se quejaran ante la dirección de la escuela, que forma parte del prestigioso conservatorio Rimsky-Korsakov de la antigua capital imperial rusa.

Shchegoleva dice que le gustaba su empleo y sus alumnos, pero sintió que no tenía más opción que renunciar.

“Existe la creencia de que los maestros no tienen vida o aficiones fuera del trabajo, y que hay algún estándar ético que no está oficialmente definido pero que los maestros deben seguir”, contó.

El caso de Shchegoleva no es único. La profesora de 31 años es una de cientos de educadores que recientemente fueron despedidos u obligados a renunciar por supuesta conducta inadecuada, una tendencia que refleja la creciente intolerancia y conservadurismo en Rusia bajo el presidente Vladimir Putin.

El Ministerio de Educación no respondió a un pedido de AFP sobre cifras, pero el presidente del sindicato de maestros rusos, Yuri Varlamov, dijo que los tribunales han emitido más de 2,000 sentencias sobre conducta inmoral en los últimos cinco años. La mayoría de los casos involucran a educadores, según Varlamov.

“El despido de maestros por comportamiento inmoral ha sido usado cada vez más por empleadores contra trabajadores indeseados”, aseguró.

La legislación al respecto es imprecisa, lo que deja la puerta abierta para despidos por una amplia gama de motivos.

En un caso destacado, una educadora de la ciudad siberiana de Omsk, quien también era de modelo de talla grande, fue presionada a renunciar cuando aparecieron en internet fotos suyas de tipo “pin-up”.

En el 2021, una maestra de la ciudad siberiana de Novosibirsk fue despedida luego de subir en internet un video en que aparece bailando mientras se quita la ropa hasta quedar en lencería.

Ese mismo año, una profesora de Sebastopol, en la península de Crimea anexada por Rusia, reclamó públicamente sobre su bajo salario. Fue interrogada por autoridades policiales y despedida.

Activistas dicen que hay educadores que han sido despedidos por su orientación sexual o por apoyar a la oposición.

Valores conservadores

Putin, apoyado por la Iglesia Ortodoxa, ha promovido los valores conservadores para generar respaldo entre su base, presentando a Rusia como la antítesis de los valores liberales de Occidente.

En el 2013, Rusia pasó una polémica ley que veda la promoción o exhibición de homosexualidad a menores. Activistas dicen que la ley puede ser usada para perseguir a los homosexuales.

Nikita Tushkanov, un profesor de historia y estudios sociales de Mukin, un asentamiento de la era soviética en el noroeste de Rusia, nunca temió criticar a las autoridades.

Con un brazo tatuado y una tendencia rebelde, el educador de 27 años dice que ha irritado a muchos de sus colegas que ya han pasado la edad de jubilación.

No ocultó su desaprobación por la promoción agresiva de la enseñanza religiosa ortodoxa en las escuelas y la militarización de la sociedad.

Dijo que algunos de sus colegas eran a veces racistas y criticó que los padres eran forzados a dar dinero para comprar materiales que deben ser cubiertos por el estado.

“Nuestro país gasta miles de millones de rublos para adquirir pistolas paralizantes, pero no puede comprar libros de texto para los niños”, declaró Tushkanov.

“Cállese o muera”

Cuando los opositores tomaron las calles para apoyar al detenido crítico del Kremlin Alexéi Navalni en enero del año pasado, Tushkanov hizo una manifestación de una sola persona en Mikun. “Cállese o muera”, decía un afiche en sus manos.

Su protesta por la detención de Navalni fue la gota que derramó el vaso para la escuela, según dijo.

Fue despedido dos meses después y sus intentos de apelar en la justicia terminaron sin éxito. No ha podido encontrar otro empleo.

Cuando intentó entrar a trabajar en una escuela, la directora recibió una llamada de la fiscalía. “Le dijeron que si me contrataba, tendría problemas”, afirma Tushkanov al contar lo que le dijo la directora.

Daniil Ken, jefe del sindicato de educadores y ligado a Navalni, aseguró que ha crecido la presión sobre los educadores. Indicó que una forma de evadir las leyes que protegen a los educadores es despedirlos por conducta inmoral.

Shchegoleva, la profesora de biología que ahora trabaja en una ONG, dice que el clima actual ha causado una sensación de estancamiento en la sociedad.

“Existe la impresión de que no es posible desarrollarse, avanzar, ser más moderno, más leal, más comprensivo y tolerante”, lamentó.

Fuente: https://gestion.pe/mundo/internacional/en-la-conservadora-rusia-los-educadores-liberales-se-quedan-sin-empleo-noticia/

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MeToo en las universidades españolas

Por; Núria Marrón, Núria Navarro, Gemma Tramullas |

Más de 25 profesoras e investigadoras de las universidades públicas españolas rompen por primera vez su silencio para denunciar el acoso y la violencia machista que han sufrido en una institución que presume de buscar la excelencia pero aún conserva parte del ADN «feudal»

«Si sigues miedosa, prometo darte un buen azote». «El sexo es una forma excelsa de comunicación». «Mi vida es un orgasmo, ¡chica!». «Besos mojados». «Besitos ahí». Cada uno de estos mensajes, y un buen puñado más, fueron enviados con absoluta impunidad por un reputado catedrático de la Universitat de Barcelona a 12 alumnas y dos alumnos. Todos ellos constan en unas diligencias que la fiscalía archivó en 2013 porque la denuncia por acoso sexual, tras abrasarse convenientemente en los despachos de la universidad, ya había prescrito cuando llegó a sus manos. El caso, por tanto, no tuvo recorrido judicial, pero sí ha contribuido a descorrer la tapa de una fosa séptica oscura y largamente silenciada: el acoso sexual y machista que sufren profesoras e investigadoras universitarias y que provoca tanto sufrimiento como asfixia y expulsión de talento.

Una de las denunciantes fue la socióloga Ana Vidu, cuyo caso aún es extraordinario en la medida en que rompió el muro universitario. Sin embargo, el desenlace es demasiado conocido por demasiadas mujeres. Vidu pasó a ser «la conflictiva», la apestada, la loca, adjetivos que aún hoy repercuten en su vida profesional. «Es peor cuando denuncias que cuando sufres el acoso», dice hoy, desde la Universidad de Berkeley. De hecho, con su carrera reventada en Barcelona, probó en la Universidad de Deusto, donde la decana de Derecho, tras una larga entrevista, admitió que estaba «impresionada» por la «cantidad de calumnias sobre ella que le habían llegado». ¿Y el catedrático? Pues fue apartado de la docencia, pero no de la institución.

El 90% de las docentes e investigadoras no denuncian los casos de acoso

Vidu hoy forma parte de este primer gran MeToo de la universidad española. Como ella, las más de 25 académicas que aparecen en este reportaje ponen rostros e historias a lo que vienen diciendo las pocas investigaciones realizadas sobre este asunto: que la misma vida académica que habla de excelencia y pensamiento crítico también está asentada en una trama de violencias machistas que se alimentan en la jerarquía de la institución, en su gran competitividad y en la llamada violencia aisladora o de segundo orden: la que sufren las personas que apoyan a las afectadas.

No es tanto que la universidad esté cuajada de acosadores, como que tradicionalmente su ecosistema ha brindado impunidad a los que hay. ‘Omertá’, la ley del silencio, sigue siendo una de las palabras más escuchadas en este gran mosaico del acoso universitario.

Prácticamente todas las universidades cuentan con denuncias internas. Que sus nombres no aparezcan en este reportaje no significa que hayan erradicado este tipo de violencias. La confusión, sin embargo, se abre paso al intentar cartografiar el fenómeno.

Primero, porque la línea entre acoso laboral ‘a secas’ y de género a veces es fina –aunque hay datos clarificadores: de diciembre de 2019 a a marzo 2021, 31 mujeres por 11 hombres interpusieron quejas ante la Oficina de Acoso de la Universidad de Granada-. Y luego está el hecho de que la ausencia de una normativa única en cuanto a criterios de recopilación de los datos impide discernir en muchos centros cuántas denuncias o quejas proceden del profesorado, del alumnado o del personal de administración y servicios (PAS). Por supuesto, el grueso pertenece al colectivo de estudiantes, el más numeroso. Pero es en el sector del personal docente e investigador donde las personas se juegan más y el miedo a represalias es más inmovilizador.

«El 90% de las docentes e investigadoras no denuncian los casos de acoso», mantiene Patricia Melgar, miembro del Community of Research on Excellence for All (CREA), espacio de investigación que ha trabajado este asunto. Su subdirectora, la catedrática Rosa Valls, ya apuntó en un estudio pionero de 2008 que hasta un 65% de universitarios habían padecido o conocían alguna situación de violencia de género en los ámbitos de alumnado, docencia / investigación o el PAS.

CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE IGUALDAD

En su día, este informe logró que a) la ley considerase las universidades como espacios de violencia de género y b) contribuyó a la creación de lasunidades de igualdad. «Las universidades nunca habían tenido ganas de abrir este tema, pero se les obligó desde más arriba», afirma. A partir de ahí, los datos del estudio no se han actualizado, a pesar de que lo han solicitado hasta tres veces a la Agencia Estatal de Investigación.

Los abusos van desde tocamientos a mayordomeo, negación de recursos, ‘apaños’ en los tribunales, difamación, luz de gas y agresiones físicas

Mientras las cifras siguen en el limbo, los relatos de las académicas entrevistadas, algunas de ellas con procesos judiciales abiertos contra la propia universidad, componen en cambio una silenciada sintonía común. Unas, como Ana Viduhan sufrido acoso sexual (las investigaciones apuntan a que alrededor de 1% de catedráticos son acosadores que reiteran). Y otras, como la doctora en Historia Carme Ruestes, afirman haber vivido, en su caso en la UAB, como «siervas en régimen de vasallaje»: «El catedrático no me quiso apoyar en el concurso de profesora titular, pero me propuso que me quedara investigando para él; durante muchos años trabajé mucho y bajo presión».

En este recuento de trapos sucios -en el que los atropellos van desde tocamientos hasta negación de recursos e información, mayordomeo, maniobras de expulsión, ‘apaños’ en los tribunales, campañas de difamación, robo de material, luz de gas y hasta amenazas y agresiones físicas-, también hay profesoras que denuncian hostigamientos vinculados al origen («determinadas conductas no se habrían producido si yo no fuera mujer y latinoamericana –explica una profesora de la Universidad de Granada-, la combinación de ser mujer e inmigrante es explosiva, soy la intrusa en esta institución feudal») y a la orientación sexual.

Una profesora de la UB que denunció a su catedrático por acoso y luz de gas afirma que -tras haber aceptado una mediación- no solo no se ha reparado el daño infligido sino que se ha reforzado una «especie de permiso colectivo» para menospreciarla que, según ella, no es ajeno a su orientación sexual. «A pesar de que la sociedad se crea muy avanzada, cuando no tienes una orientación sexual heteronormativa se te margina, te conviertes en la nota discordante», afirma.

Uno de los principales factores paralizantes a la hora de denunciar e incluso de apoyar a víctimas es precisamente esa alianza que sellan el miedo y la jerarquía. «Sobre todo no pongas mi nombre», «esto no lo escribas por favor», «tengo mucho miedo de las represalias», «asegúrate que no se me identifique», son comentarios que jalonan las conversaciones con algunas afectadas (la mayoría de las que aparecen en este reportaje ya no trabajan en los centros donde sufrieron el acoso).

No hay un perfil claro del acosador, más allá de que poseen «poder, protección y conexiones», y que se mueven «por redes de favores y contrafavores»

En cuanto a los acosadores, no hay un perfil claro, más allá de que poseen «poder, protección y conexiones en, por ejemplo, tribunales de plazas», afirma la socióloga Ana Vidu. «Se mueven muy bien por las tinieblas, por las redes de favores y contrafavores», añade la bióloga Eva Bussalleu. Embarazada y con depresión tras haber sufrido negación de recursos e información -extremos reconocidos por la propia Universitat de Girona-, perdió ante el compañero al que internamente acusó de hostigamiento la plaza que debía estabilizar en un concurso, y que deberá repetirse porque la justicia sentenció que el tribunal no era paritario.

Las referencias medievales que salpican este reportaje no son metafóricas. Las universidades fueron una creación del siglo XII. Eran instituciones estrictamente masculinas, donde el nivel de misoginia era incluso superior al del clero. En el siglo XXI, la dependencia de la protección de un catedrático para avanzar en la carrera equivale al vasallaje respecto al señor feudal de la Edad Media.

Desde la puesta en marcha de los protocolos en las universidades, el acoso se ha atenuado

UNIVERSIDAD: ADN FEUDAL

Este ADN feudal determina las relaciones entre las personas y favorece la desigualdad de género, raza y clase, hasta el punto de que Rosa Valls afirma que «en general, es más humana una empresa que la misma universidad». Según un informe de las Academias Nacionales de EEUU de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NAS) publicado en 2018, más del 50% de profesoras han sufrido acoso por razón de género. El libro ‘Acoso. #MeToo en la ciencia española’, de Ángela Bernardo, recoge datos y estudios a nivel estatal e internacional que chocan con la imagen idealizada de la academia. Según recoge Bernardo, la revista ‘Personnel Psychology’ afirmaba en 2003 que, en EEUU, el Ejército y la academia, por su naturaleza extremadamente jerárquica, son los sectores donde habría más acoso machista.

A pesar de que en los últimos años se han introducido mecanismos meritocráticos, los profesores titulares y sobre todo los catedráticos aún son clave en cuanto ocurre en sus feudos, desde la composición de los tribunales que dirimen las plazas hasta la asignación de recursos, la adjudicación de las asignaturas y los horarios, o las publicaciones que se realizan. Según un informe de 2019 de la Xarxa Vives (que agrupa 22 universidades de territorios de habla catalana), de cada 10 catedráticos solo dos son mujeres. Hasta hace poco, este abismo se atribuía más a circunstancias como la maternidad que a la naturaleza misógina de la institución académica.

«Es un marco muy jerarquizado y competitivo y parece que tengas que hacer un mar de favores para mantener tu plaza. ¿Quién va a denunciar a su director de tesis? Estamos en una fábrica de conocimiento y no deberíamos rendir pleitesía a un catedrático, pero se hace y mucho. Es derecho feudal», afirma la directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra, Rosa Cerarols.

«Es un marco muy jerarquizado y parece que tengas que hacer muchos favores para mantener tu plaza ¿Quién va a denunciar a su director de tesis?», dicen en la Unitat d’Igualtat de la UPF

Precisamente las unidades de Igualdad, puestas en marcha en los últimos años, tienen un balance ambivalente. Por un lado, afirma la catedrática Rosa Valls, han supuesto «un impacto político superimportante» y un cortafuegos con el que empezar a trabajar. De hecho, se considera que desde la puesta en marcha de los protocolos, el acoso se ha atenuado. Sobre todo el sexual: antes de 2004, lo habían sufrido el 22% de asociadas, interinas, becarias, por el 4% actual. Aun así, advierte la catedrática, comisiones y unidades de Igualdad también corren el riesgo de convertirse en «floreros».

¿Sus principales hándicaps? Están dirigidas por el equipo rectoral, por lo que si la institución opta por autoprotegerse se vuelven contra las afectadas; los procesos de mediación que impulsan revictimizan a las denunciantes; los protocolos a menudo son disuasorios, y algunas malas experiencias ahuyentan a víctimas que sopesan dar el paso. «Cuando fui a la unidad, me dijeron que era muy valiente y que en adelante ya no estaría sola, pero me arrepiento totalmente de haber puesto la denuncia y confiado en sus palabras», asegura una profesora de la UB que, tras denunciar a su catedrático en 2019 por acoso y calumnias sostenidas a lo largo de 10 años (dentro y fuera de la universidad) no solo pasó por una traumática e inútil mediación, sino que el proceso acentuó su aislamiento en un área en la que es la única mujer.

«Mis compañeros me giraban la cara, me marginaban, no se me tenía en cuenta para nada -prosigue-. Yo creo que muchos tienen privilegios que temen perder. La universidad es una institución medieval y no quieren dejar de ser caballeros de la mesa redonda. Cualquier persona que creen que los desafía se convierte en alguien a quien se le puede ridiculizar, cuestionar su valía y matar en vida, y es lo que a mí me están haciendo desde el primer día. En el mejor de los casos, han mirado hacia otro lado y me han dejado sola, como a una paria».

El cerco que relata esta profesora no es ninguna excepción. De hecho, en el modus operandi del acoso universitario es significativo el cordón sanitario alrededor de la víctima, en el que el claustro ‘compra’ la versión del acosador, por supervivencia, desidia o interés.Explica Vidu que profesores que habían elogiado su talento empezaron a cuestionarla en público. A J.R., la dirección de la escuela universitaria en la que trabajaba no quiso oír su vivencia y al final abrió una investigación interna a puerta cerrada llevada a cabo por una empresa externa que hacía informes en el marco de la prevención de riesgos laborales. En ninguno de los casos hubo voluntad de esclarecimiento ni acompañamiento alguno.

«Recibí amenazas de muerte e intentaron echarme de la universidad», explica Ramón Flecha, catedrático de la UB que apoyó a una alumna acosada

«Uno de los primeros casos que saltó a la prensa fue el de M.A.F., profesora interina de la facultad de Económicas de la UB, que tras los informes de Fiscalía y magistratura, perdió el juicio contra el catedrático M.A., a quien denunció en 2004 por presiones para que accediera a favores sexuales, porque los miembros de su departamento testificaron a favor del catedrático», explica Ramón Flecha, el primer catedrático español que se puso del lado de las víctimas, ‘honor’ que lo convirtió en «traidor» y le reportó una sustancial bajada de ingresos.

En 1995, Flecha presentó la primera denuncia en la UB, proponiendo al equipo rector que actuara contra las continuas situaciones de acoso sexual y adoptara procedimientos como el de Harvard, «donde si un profesor sabe de un acoso y no lo denuncia, es expulsado». Las represalias fueron «bestiales», describe. «Recibí amenazas de muerte a las tres de la mañana, intentaron echarme de la universidad, como a otras colegas que investigaron el asunto, y cuando vieron que no podían con nosotros, fueron a por nuestros hijos en las escuelas», explica. ¿Quién? «Hubo una implicación total de la estructura universitaria», no duda el investigador, ejemplo de víctima deviolencia de segundo orden-solo el 0,4% de los docentes apoyan a las víctimas y de este 0,4%, el 80% ha sufrido violencia de género aisladora-, clave sin la que no se podría entender el acoso en el entorno universitario y que, de forma pionera, fue incluida en el ordenamiento jurídico catalán en diciembre de 2020.

«Las víctimas solo se pueden transformar en ‘supervivientes’ si encuentran apoyo, y este apoyo solo se da, salvo heroicas excepciones, con legislaciones y actuaciones institucionales decididas. Sin ellas, se impone la ley del silencio, aliada de los acosadores», explica. En este sentido, Valls afirma que un concepto clave es el llamado ‘bystander intervention’ o intervención de los testigos. «En el momento en que la sociedad interviene, cuando ves algo en el metro y consideras que debes interceder, es cuando los programas funcionan porque ya no se produce la violencia aisladora».

Las víctimas solo se pueden transformar en ‘supervivientes’ si encuentran apoyo. De lo contrario gana la ley del silencio

Mientras, las secuelas psicológicas del acoso son feroces. Algunas de las mujeres entrevistadas presentan cuadros de estrés postraumático que les afecta en su día a día y que les obliga a pagarse de su bolsillo psicólogos especializados en conflictos en entornos laborales para intentar mitigar los efectos del acoso. Sus relatos hablan de problemas de concentración, temblores, insomnio, mareos, ataques de ansiedad, depresión y hasta intentos de suicidio. «Caí en una depresión muy fuerte y una vez incluso intenté tirarme por una ventana –explica una investigadora–. Ahora me parece una barbaridad, pero estaba muy ofuscada y solo quería acabar con aquel sufrimiento que se me comía».

De hecho, muchas veces, el conflicto estalla tras sufrir hostigamiento durante mucho tiempo. Al principio, muchas afectadas no entienden qué está pasando. Y luego no ven salida aparente a la telaraña . «Yo tardé 10 años en denunciar. Aguantas hasta que ya no puedes más. Nadie toma una decisión así cuando hace siete meses que te hacen la vida imposible», afirma una docente. «Yo solo di el paso de denunciar cuando vi que ya no podía perder nada más», explica Eva Bussalleu, que ha sido contratada otra vez y se presentará a un nuevo concurso después de que la justicia anulara el anterior.

La gran prueba de cargo que componen todas estas mujeres está ahí. ¿Qué hacer con ella? Los procesos judiciales solo sirven para los casos más graves, son costosos y requieren de unas pruebas que las víctimas no siempre han podido recopilar. Así que el cambio, coinciden las afectadas y los estudios, debe ser sobre todo institucional y cultural. En este sentido, desde la Unitat d’Igualtat de la UB proclaman «tolerancia cero». «Iremos a por todas –afirman- y si hay casos del pasado que se deben reabrir, lo haremos». Las afectadas, por su parte, recelan del cambio real, exigen una intervención política si las universidades no atajan el problema y reclaman justicia restaurativa para restablecer su honor.

Algunas sufren estrés postraumático y deben pagar de su bolsillo la atención psicológica

«El acoso aún es sistémico y la falta de respuesta también, yo solo espero que se tomen medidas eficaces y que toda esta injusticia y sufrimiento sirvan de algo, que las nuevas generaciones no tengan que pasar por lo mismo –afirma Eva Bussalleu–. Defenderme me ha costado demasiado tiempo, salud y dinero, cuando debería haber dedicado toda la energía a la investigación y la docencia».

Visibilizar la magnitud del problema, medirlo y entenderlo es un primer paso, legislar es imprescindible y se necesitan más campañas de información y sensibilización. Pero también capital para minimizar el acoso por razón de género en la Academia es que la sociedad deje de tolerarlo. El MeToo y las redes de apoyo mutuo son claves en la construcción de una cultura de respaldo a las víctimas.

Incluso ha nacido un nuevo género literario, derivado de la necesidad de dar a conocer situaciones de acoso sin exponerse a denuncias. La sección ‘Omertá’ de ‘Diario Feminista’ lleva más de 90 capítulos publicados: «Siempre nos la jugamos -explica una de la autoras, Mar Joanpere-. Hemos recibido demandas por el derecho al honor por denunciar el acoso, aunque nunca aparecen los nombres, excepto aquellos que la justicia ha identificado como tales». Escribir para que se entienda todo pero sin identificar a los protagonistas ha dado como resultado textos muy similares que emergen como patrones del acoso.

«El acoso es sistémico y la falta de respuesta, también», lamenta la investigadora Eva Bussalleu, con un juicio pendiente

Mar Joanpere fue víctima de acoso sexual cuando estudiaba el máster en la UB y forma parte de la Red Solidaria de Víctimas de Violencia de Género en la Universidad. Hoy es profesora de Sociología en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona: «Muchas personas acosadas como alumnos han dejado la UB. Fuimos víctimas, supervivientes y ahora activistas. Pero tenemos que seguir en la academia porque solo la cambiaremos desde dentro».

Fuente: https://www.epe.es/es/igualdad/20220123/metoo-igualdad-universidad-13139161

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