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Diez puntos sobre el cambio constitucional en Chile

Por:  Roberto Gargarella

Jaime Guzmán, el temible jurista del pinochetismo, concibió la Constitución de 1980 como una especie de cerrojo para evitar cambios futuros. Hoy, en el marco de un movimiento social sin precedentes en las calles, los chilenos abrieron el camino para redactar, desde cero, una nueva Carta Magna. La experiencia latinoamericana de estos años muestra los límites de avanzar en derechos sin avanzar sobre el núcleo duro: la organización del poder. No obstante, las resistencias conservadoras no harán fácil moverse en esa dirección.

Introducción

Quisiera presentar a continuación algunas reflexiones teóricas, surgidas a partir de interrogantes que nos plantea el constitucionalismo chileno de este tiempo, que nos llevan a pensar sobre problemas que lo incluyen y lo trascienden. Propondré entonces algunas consideraciones, relacionadas con cuatro «grandes temas» teóricos en el área, que examinaré de manera «situada», tomando como caso de estudio el cambio constitucional que se avecina en Chile. Los temas incluirán cuestiones como las siguientes: las relaciones entre el constitucionalismo y la democracia; los procedimientos del cambio constitucional; la «sustancia» o contenido del cambio; y el ideal democrático que anima o merece animar tales cambios. En el tratamiento de tales cuestiones aparecerán diez puntos principales sobre los que me interesará llamar la atención conforme a lo que es el espíritu de este escrito: presentar solo algunas primeras notas y varios apuntes exploratorios, relacionados con los temas que, en estas horas de crisis democrática y cambio constitucional, requieren de nuestro estudio más profundo.Constitucionalismo y democracia

1. La validez de las normas de facto. Cuando examinamos las relaciones entre el constitucionalismo y la democracia en Chile, un primer tema que inmediatamente exige nuestra reflexión es el de la validez de las normas de facto. Existe una enorme discusión teórica en torno del tema, que también, necesariamente, ha llegado a Chile, sobre todo a la luz de la Constitución de 1980, promovida por el dictador Augusto Pinochet y aprobada a través de una consulta que muchos expertos consideraron fraudulenta. ¿Tiene la democracia chilena las «manos atadas» por esa (así llamada) «Constitución tramposa»? ¿Puede entenderse que la Constitución de Pinochet sigue constriñendo las posibilidades de acción de las nuevas generaciones? En los hechos, la discusión sobre el peso y valor de las normas de facto reapareció en tiempos recientes, en Chile, cuando se comenzó a hablar de la necesidad de un profundo cambio constitucional. Así, por ejemplo, el ex-presidente Ricardo Lagos habló de una «nueva Constitución» aludiendo a la necesidad de «comenzar con una hoja en blanco», o el constitucionalista Fernando Atria se refirió a la importancia de «partir de cero» en materia constitucional1. En principio, ellos hablan de este «nuevo comienzo» (desde «cero» o desde una «hoja en blanco») para separarse de lo que fueran otros cambios constitucionales anteriores (i.e., la reforma de 2005) y para decir, como afirma explícitamente Atria, que lo que ahora se requiere es una «nueva constitución» y no una mera «reforma constitucional».Entiendo lo que ellos sugieren y estoy de acuerdo con lo dicho, pero creo que el problema es mucho más radical y debe ser tratado radicalmente. Pienso, en línea con el análisis que hiciera, en su momento y para Argentina, Carlos Nino, que las únicas normas válidas, prima facie, son las que surgen de procedimientos democráticos elementales, mientras que las normas de facto, en principio, no gozan de una presunción de validez2. La preservación de las normas de facto puede justificarse por razones de «paz social y seguridad» (por ejemplo, porque se generaría un caos innecesario si se declararan inválidos todos los matrimonios o los alquileres o contratos firmados durante la vigencia de esas normas), pero no porque esas normas tengan un valor intrínseco. De allí que la «prisión» que vino a establecer la Constitución de 1980 no debiera considerarse tal: la democracia no debe sentirse constreñida por el «atenazamiento» que le haya querido imponer una dictadura (un punto al que quiero referirme en el próximo acápite). Resulta sorprendente, en tal sentido, el acuerdo que parece haber en buena parte de la clase política y en parte de la comunidad jurídica chilena en torno de lo contrario: la validez prima facie de las normas de facto. Esa validez prima facie es una propiedad exclusiva de las normas que emergen de un proceso de discusión democrático. En definitiva, se puede y debe pensar en qué forma definir las nuevas normas que organicen la vida en común y cómo llegar a ellas, pero no desde la idea de que se trata de un laberinto de difícil salida y en el que la democracia aparece atrapada, como si hubiese un efectivo valor normativo en la legislación de la dictadura.

2. El constitucionalismo como «prisión» de la democracia: Jaime Guzmán. En 1979, y poco antes de la aprobación de la Constitución pinochetista, su principal ideólogo, Jaime Guzmán, declaró:

La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, [para que] el margen de alternativas que la cancha les imponga a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido como para hacer extremadamente difícil lo contrario3.

Pocas veces en la historia del constitucionalismo nos encontramos con un reco- nocimiento tan abierto y descarnado de lo que aparece como la peor cara que una Constitución puede ofrecernos: la Constitución como «cárcel» de la democracia –como forma de aprisionarla– y no como manera de organizarla, hacerla posible o realizarla. Guzmán, como tantos, confundió la «validez» de una norma –su justificación pública– con su «vigencia», es decir, con su efectividad o estabilidad, que pudo deberse, como en el caso de Chile y la Constitución de 1980, primero al miedo y a las armas y luego a la dificultad de modificarla. Y lo cierto es que, en el presente, no hay ninguna razón filosófica, ninguna buena justificación para que las generaciones actuales se sientan aprisionadas por la Constitución de la dictadura. Los «enclaves autoritarios» que legó el pinochetismo no debieron considerarse tales, y los pocos que siguen operando en la actualidad (por ejemplo, a través de vetos minoritarios/quórums agravados) no debieran considerarse limitativos: es la regla de los iguales –la democracia– la que ha de gobernar y prevalecer, y no (no lo es, no puede serlo, no debe serlo, no hay ninguna buena razón para pensar que lo sea) la voluntad remanente de la dictadura.

Procedimientos

3. Sobre los plebiscitos de aprobación constitucional. La Constitución chilena de 1925 (la que fuera reemplazada durante la dictadura pinochetista por la de 1980) había nacido para «reparar» muchos de los problemas que eran propios de la pionera y autoritaria Constitución de 1833 (una de las más estables en la historia del constitucionalismo latinoamericano4). Para lograr su cometido, la Constitución de 1925 fue sometida a un plebiscito (en agosto de ese año), celebrado pocas semanas después de que el proyecto de Constitución fuera concluido en julio. El antecedente es interesante para subrayar algunas cuestiones. En primer lugar, la forma de redacción de ese documento constitucional resultó muy elitista: este fue elaborado mediante comisiones designadas siempre por el presidente Arturo Alessandri (es decir, no se trató de comisiones elegidas democráticamente). En segundo lugar, el plebiscito posterior (como suele ocurrir con las consultas populares, según veremos) apenas tuvo lugar para incluir algún matiz en relación con el tipo de preguntas cruciales que se presentaban a la ciudadanía5.

Mi opinión es que los demócratas que entendemos la democracia como una «conversación entre iguales» tenemos razones para resistir (al menos en principio, y dada su forma habitual y esperada) estos plebiscitos ratificatorios, aun cuando celebremos el gesto o «disposición democrática» que tales consultas populares, en su mejor expresión, nos ofrecen. Ello es así porque este tipo de plebiscitos constitucionales (tal como suele ocurrir con los plebiscitos sobre textos amplios y complejos, como el Acuerdo de Paz en Colombia o la consulta del Brexit) tienden a someter a la población a una inaceptable «extorsión democrática». Ilustro aquello en lo que estoy pensando con un ejemplo que se ha convertido en caso bastante típico en la región (un ejemplo que simplifica en exceso una situación que suele ser mucho más grave y forzada). En 2009, en Bolivia, se sometió a la consideración popular una Constitución de 411 artículos que incluía, entre muchas otras, una cláusula favorable a la reelección presidencial y varias normas relacionadas con los derechos sociales y multiculturales de los grupos más marginados. Un votante promedio, bien informado o sin mayor información sobre la Constitución, podía rechazar enfáticamente lo primero (la reelección), pero ansiar sin hesitaciones lo segundo (los nuevos derechos). Sin embargo, la consulta popular solo le permitía aprobar el «paquete cerrado y completo»: todo o nada. De este modo y para aprobar aquello que más ansiaba, ese votante quedaba «extorsionado» a aceptar lo que más rechazaba. Mucho peor: luego del plebiscito, la reelección que ese votante habría querido repudiar sería aplaudida y presentada por las autoridades de turno como un simple producto del clamor de la «soberanía del pueblo» (adviértase que aquí realizamos este ejercicio teniendo en cuenta solo dos de esos cientos de artículos plebiscitados como «paquete cerrado»).

4. El procedimiento de creación constitucional y el «reloj de arena». Existe un debate importante acerca del camino procedimental apropiado que debe adoptar la creación constitucional, en el contexto de una sociedad democrática. El especialista Jon Elster ha ilustrado lo que considera la forma ideal de diseño con la imagen de un «reloj de arena»: amplio e inclusivo por abajo (i.e., un plebiscito inicial para ver si la sociedad apoya el cambio constitucional); estrecho en el medio (i.e., la escritura de la Constitución a cargo de una comisión de expertos); y amplio otra vez por arriba (i.e., el cierre del proceso a través de un nuevo plebiscito ratificatorio6). La modalidad que parece haber ganado peso en Chile es una que está en línea con la sugerida por Elster, que en parte corrige y en parte mejora el proceso de redacción que culminara con la Constitución de 1925 (i.e., a través del plebiscito inicial y no solo final que se propone ahora; o a través de una comisión redactora más legítima y democrática, es decir, ya no –como en 1925– como producto exclusivo de la voluntad presidencial).Otra vez, sin embargo, las razones que teníamos para resistir los plebiscitos constitucionales son las que tenemos para encender una luz de alarma sobre las formas cerradas de la redacción constitucional, que luego pretenden «abrirse» (con un «sí» o un «no») a la consideración popular. Las objeciones surgen «naturalmente», tanto si partimos de la idea de democracia en tanto «conversación entre iguales» como si retomamos lo dicho por Nino en torno de la «validez» del derecho. El hecho es que las normas deben resultar de una discusión inclusiva, no por una cuestión antojadiza sino porque, en sociedades multiculturales, marcadas (como diría John Rawls7) por el «hecho del pluralismo» y (como diría Jeremy Waldron8) por el «hecho del desacuerdo», necesitamos que nuestros arreglos institucionales más básicos queden informados por las necesidades, demandas y puntos de vista de toda la sociedad. Cualquier comisión –pequeña y/o cerrada; de técnicos o expertos; de especialistas o de políticos– tiende a fracasar en su propósito de reconocer la diversidad y razonabilidad de los reclamos existente, por más bienintencionados y lúcidos que sean sus miembros. Finalmente, este tipo de dificultades «epistémicas» son las que explican las históricas dificultades que han mostrado los parlamentos compuestos solo por hombres (aun empáticos) para lidiar con los derechos de las mujeres; o los congresos sin representantes de los grupos indígenas, para dar cuenta de las necesidades de los derechos de tales grupos (y de allí, por tanto, la sabiduría del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –oit–, al exigir la «consulta previa» y directa a los grupos indígenas cuando se discuten normas que afectan directamente sus intereses).

Contenido o «sustancia»

5. Derechos: una carta de derechos «espartana» y conservadora. Toda Constitución moderna aparece dividida en dos grandes secciones: la «declaración de derechos» (o «parte dogmática») y la «organización del poder» (o «parte orgánica»). Sobre la declaración de derechos presente en la Constitución de 1980 merecen decirse varias cosas. En primer lugar, ella destaca por incluir una de las cartas de derecho más espartanas, de entre las existentes, en una región que se caracteriza por su constitucionalismo «generoso» y «barroco» en relación con los derechos que reconoce. En segundo lugar, su texto resulta notable, también, por su carácter poco remozado o «antiguo»: la Constitución de 1980 insiste con una declaración de derechos de un estilo que fuera muy propio del siglo xviii o mediados del xix. Es una carta que mira con distancia y recelo la larga lista de derechos sociales, económicos y culturales y de derechos humanos que América Latina adoptó de manera pionera en la historia del constitucionalismo mundial con la Constitución de 1917 en México, y que sigue exhibiendo hoy como uno de sus principales orgullos. De modo similar, la actual Constitución de Chile resalta tanto por la virtual ausencia de herramientas participativas (herramientas que ya no son excepcionales, sino la regla común dentro del constitucionalismo regional), como por la negación del carácter multicultural del país (como si le avergonzara reconocer los componentes indígenas y plurinacionales que distinguen y dan riqueza al país). En tercer lugar, la declaración de derechos de la Constitución de Chile llama la atención por su carácter deficitario y conservador. En efecto, la Constitución chilena asombra por las trabas que establece a la negociación sindical (por ramas de actividad); la prohibición de la huelga de los empleados públicos; el bloqueo a las prestaciones plenamente públicas en salud, etc. Más aún, su lista de derechos enumera tales protecciones como si sus redactores se hubieran visto obligados a reconocer intereses fundamentales que el pueblo no merece, por lo cual la Constitución rodea la lista de derechos con restricciones y negativas que pocas constituciones exhiben (un ejemplo: en unos 20 casos, la Constitución usa la idea de «conductas terroristas» para justificar la limitación de derechos).

6. Organización del poder. Dicho todo lo anterior, llegamos al «núcleo duro» de la Constitución, a la organización del poder (a la que en trabajos anteriores me he referido como la «sala de máquinas» de la Constitución9). En todos mis escritos sobre la materia, me interesó señalar que el gran problema del constitucionalismo latinoamericano, al menos desde comienzos del siglo xx, ha sido el de promover reformas significativas en el área de los derechos (incluyendo las largas listas de derechos sociales y económicos, que siguen ausentes en el constitucionalismo chileno), sin modificar de manera acorde la organización del poder (o, para seguir con la vieja metáfora, «manteniendo cerrada la puerta de la sala de máquinas de la Constitución»). De ese modo, el constitucionalismo latinoamericano comenzó a virar, desde comienzos del siglo xx, hacia un «constitucionalismo con dos almas»: una, la relacionada con los derechos, que comenzaba a relucir nueva, moderna, de avanzada, de perfil social acentuado y democrática en sus ambiciones; y la otra, relacionada con la organización del poder, que se preservaba con los rasgos elitistas y autoritarios que fueran propios del constitucionalismo latinoamericano del siglo xix. Mi gran temor es que, en este tiempo de cambio constitucional profundo, el constitucionalismo chileno opte por «modernizarse» de la manera implausible, inatractiva, en que lo hiciera todo el constitucionalismo latinoamericano a comienzos del siglo xx. Más precisamente, el gran riesgo es que Chile opte por cometer ahora el «error» que el constitucionalismo regional cometió durante el siglo pasado y abrace una innovadora modificación en su declaración de derechos para mantener intocada su vieja, elitista y conservadora organización del poder. Por supuesto, entrecomillo la idea de «error» latinoamericano porque esa supuesta equivocación se debió a una decisión consciente de los sectores de poder tradicionales, que prefirieron entregar derechos, como concesiones a las demandas sociales que recibían de parte de los grupos más postergados, como forma de preservar todo lo demás, relacionado con la vieja organización de la maquinaria del poder. Como dijera la jurista Rosalind Dixon10, en América Latina, al igual que en otras áreas del mundo, se optó entonces por pensar los «derechos como sobornos»: si los grupos indígenas, o las minorías sexuales, o los estudiantes protestaban en las calles, los poderosos les «ofrecían» entonces derechos constitucionales, mientras preservaban inmodificados sus propios poderes. El riesgo que se advierte es ese: una nueva vuelta de los «derechos como sobornos», mientras la «sala de máquinas» del poder se mantiene incólume, cerrada como lo ha estado desde hace décadas.

La amenaza en cuestión es particularmente seria en Chile, dadas las condiciones de partida: el país no solo tiene una de las declaraciones de derechos más regresivas de la región, sino que además preserva una organización del poder tan autoritaria como pocas11. Ello es así (y solo para marcar algunos casos salientes) tanto por los modos en que concentra el poder en el Ejecutivo como por la forma jerárquica y verticalista en que diseña el Poder Judicial (algo asombroso en términos comparativos12); también por el centralismo que mantiene, además del insólito lugar que les sigue reservando a las Fuerzas Armadas (un capítulo para las Fuerzas Armadas, un capítulo para el Consejo de Seguridad Nacional). En ese contexto, se impone una «modernización» de la Constitución para que alcance el piso mínimo de derechos, garantías y procedimientos democráticos, que son parte ya del acervo del constitucionalismo contemporáneo –un cambio que, insisto, se impone, dado el carácter todavía retrógrado de la organización constitucional–. Sin embargo, Chile debe tomar este desafío que le impone su inaceptable «retraso» como una oportunidad para no «modernizarse» constitucionalmente de la manera impropia en que lo ha hecho toda la región. Chile tiene la oportunidad de optar por una declaración de derechos –no «barroca», pero sí– liberal, social y democrática, y de hacerlo ajustando de modo acorde toda su organización del poder de modo de convertirla en una organización, también, al servicio de ideales liberales, sociales y democráticos –un paso que, repito, los resabios del poder concentrado en América Latina han impedido–. Democracia

7. Democracia. En mi opinión, el tema mayor que subyace a todo cambio constitucional contemporáneo –el hilo que recorre y debe recorrer todo el debate constitucional– es el relacionado con la democracia. Como sabemos, la relación entre constitucionalismo y democracia no es armoniosa, sino tensa: el constitucionalismo refiere en primer lugar a los límites sobre el accionar mayoritario, mientras que la democracia se afirma en la apelación a la soberanía del pueblo, que reclama primacía. El devenir político puede ayudar a «aceitar» y facilitar los vínculos entre constitucionalismo y democracia o puede obstaculizar o enturbiar tales relaciones. Por ejemplo: en la declaración de Guzmán que citábamos al comienzo de este escrito, encontrábamos un ejemplo extremo de cómo ciertas apelaciones al constitucionalismo (a los límites sobre el accionar mayoritario) pueden servir como excusa para «ahogar» a la democracia.Ahora bien, aunque es cierto que el constitucionalismo pinochetista (en parte todavía presente en la Constitución de 1980) se propuso maniatar o sofocar la democracia –y en tal sentido fue un ejemplo desmesurado de lo que el constitucionalismo no debe hacer–, la realidad nos dice que, más allá de Chile y de manera común, el constitucionalismo tendió a imponer, a través de sus reglas, limitaciones demasiado exigentes y no siempre justificadas a la democracia. En buena medida, podría decirse, el constitucionalismo nació y se impuso, desde finales del siglo xviii, a través de un principio de «desconfianza democrática». Así, el académico brasileño Roberto Mangabeira Unger se ha referido al tema señalando el «pequeño secreto sucio» del derecho contemporáneo: la «disconformidad con la democracia»13. Según Unger, esa «disconformidad» ha quedado traducida, institucionalmente, en un «sinnúmero de instituciones» destinadas a socavar el peso de la regla mayoritaria (i.e., el control judicial, el Senado, el presidencialismo concentrado y unipersonal, las elecciones indirectas, los mandatos largos, la ausencia de mecanismos más directos y populares de control sobre los representantes, etc.).

8. Sociología política. Según entiendo, esa fricción que se ha ido profundizando entre el constitucionalismo y la democracia, y que hoy genera una relación muy tensa entre ambos ideales, reconoce dos fuentes principales (más allá de algunos «excesos brutales», como los representados por el pinochetismo de Guzmán). La primera de tales fuentes tiene que ver con un cambio en lo que llamaría la «sociología política» del constitucionalismo: las constituciones «fundacionales» –que en buena medida moldearon las nuestras– fueron diseñadas pensando en sociedades muy particulares, que ya no son las nuestras. Más precisamente, el constitucionalismo nació pensando en sociedades relativamente pequeñas, divididas en pocos grupos internamente homogéneos y compuestos por personas fundamentalmente movidas por el autointerés (i.e., mayorías y minorías; pobres y ricos; deudores y acreedores; no propietarios y propietarios). De allí que se pensara que, con la incorporación de algunos pocos actores al escenario institucional (algunos representantes del grupo de los propietarios, algunos representantes del grupo de los no propietarios, etc.), toda la sociedad podía quedar representada. Ese esquema «estalló en el aire» en estos tiempos caracterizados por la presencia de sociedades muy numerosas, multiculturales, divididas en infinidad de grupos internamente heterogéneos y compuestas por personas que, a la vez, son –cada una de ellas– «muchas personas» diferentes (hoy ya nadie se siente identificado con su «mero» carácter de obrero, gay, vegetariano, izquierdista: cada uno es muchas cosas al mismo tiempo y se identifica con todos esos rasgos diversos a la vez). De allí que, en buena medida, el viejo diseño institucional ya no sirva para albergar y dar cuenta de la infinita variedad propia de nuestras sociedades culturalmente plurales: el viejo traje constitucional quedó demasiado chico. Por ello, insistir con su recomposición nos lleva a un callejón sin salida: no hay vuelta atrás posible, capaz de reparar aquel diseño tan imperfecto, tan propio de otro tiempo.

9. Filosofía pública. El otro cambio radical –el más importante– entre el ayer y el hoy tiene que ver con la renovación de ideas y supuestos que se ha dado con el correr de los años, tal como sugiriera más arriba. En efecto, nuestras constituciones nacieron (algunas más –como la chilena–, otras menos –como las primeras constituciones revolucionarias francesas–) muy marcadas por un «principio de desconfianza» que fue imponiéndose en las latitudes más diversas, hasta aparecer como rasgo distintivo del constitucionalismo moderno: la idea de la «disconformidad democrática» de la que hablaba Unger. Un problema al respecto, que ya sugerí, es que tal «desconfianza democrática» no quedó como mera retórica de otro tiempo, sino que resultó plasmada en todo un esquema de instituciones («contramayoritarias») que pasaron a convertirse en marca de identidad del constitucionalismo, de ayer y hasta hoy. El problema mayor, desde entonces, es que ese ideario original de raíz elitista, plasmado en un esquema institucional todavía vigente, opera hoy en el marco de un contexto por completo diferente, en términos de nuestro modo de pensar compartido, en términos de lo que Michael Sandel denominara nuestra «filosofía pública»14. Hoy, para bien o mal, nos guste o no, lo compartamos o no, tiende a primar un sentir extendido de «empoderamiento democrático»: nos asumimos dueños de nuestro propio destino y, como tales, nos consideramos impropia e injustificadamente limitados en nuestras demandas y decisiones por un procedimiento legal y por un cuerpo de representantes, que consideramos no dispuesto a tomar en serio a la ciudadanía, a considerar y seguir la dirección política que esta propone. Aquí reside, entiendo yo, el quiebre mayor: el sistema institucional aparece preparado para «resistir» las demandas de la sociedad y poco sensible frente a ellas, poco capacitado para recuperar y procesar los reclamos. Este punto es el que parece explicar los «estallidos democráticos» que hoy advertimos en todo el mundo: desde la «primavera árabe» hasta los «chalecos amarillos», de los «pingüinos» chilenos a los «caceroleros» colombianos o argentinos, recorre el mundo un sentido compartido de disconformidad con los sectores de poder en general, y con la clase política en particular. Se trata de un «enojo» o una «incomodidad» profundos, que estallan ante la incapacidad del tejido institucional para receptar o entender siquiera la importancia, el sentido, la extensión o la profundidad de tales reclamos democráticos.

10. Constitucionalismo democrático en Chile. A la luz de lo dicho, Chile encuentra una buena oportunidad para adelantarse al constitucionalismo regional y plasmar, en su Constitución, el tipo de cambios que el resto de los países latinoamericanos se demora en plasmar. Tales cambios exigen reconocer que en una sociedad de iguales, cada individuo debe ser capaz de vivir su vida como quiere y cada sociedad debe tener la posibilidad de organizar su vida futura del modo en que considere más apropiado. Y esto último no se logra ni reparando el dañado sistema de «frenos y controles» propio del constitucionalismo, ni agregando nuevos derechos, ni concediendo nuevos plebiscitos, ni copiando del derecho comparado alguna institución saliente (i.e., defensor del pueblo, etc.). No se trata, en definitiva, de resucitar instituciones «muertas»15. Entiéndase: todos los cambios citados pueden ser deseables, justos y necesarios. Pero repito: tales cambios en el constitucionalismo no resuelven nuestro problema mayor, que es de carácter democrático. Lo que necesitamos es reconstruir la maquinaria democrática para permitir que aquel viejo esquema que fuera exitoso en algún momento (i.e., un esquema de frenos y balances destinado a canalizar institucionalmente la guerra civil) se transforme en otro, orientado en una dirección diferente: (no ya evitar la guerra, sino) favorecer por fin el diálogo inclusivo, entre iguales.La oportunidad es excelente, por la avidez del cambio que existe; por el reconocimiento de la necesidad de cambiar la Constitución; por los niveles de «empoderamiento democrático» que se advierten; por la ansiedad participativa que muestra la ciudadanía; por el excepcional compromiso constitucional que esa ciudadanía ya demostró en años anteriores (desde el «marca tu voto»16 a los cabildos constitucionales con más de 200.000 participantes); por el vigor y la dignidad notables que han demostrado los movimientos sociales y las movilizaciones de ciudadanos autoconvocados. Está la necesidad, está la oportunidad, está la capacidad, está la disposición ciudadana.Pero existe el riesgo de que, a pesar de todo, los sectores dominantes vuelvan a imponerse y la vieja dirigencia vuelva a intentar (ante todo) autopreservarse. El riesgo de que, en un nuevo ejercicio de ceguera política, los sectores conservadores tradicionales intenten nuevamente salirse con la suya, apostando a la desmovilización; procurando engañar a una sociedad a la que ya no se engaña (a través de las luces de colores de los nuevos derechos y las nuevas instituciones); actuando otra vez con el nivel de alienación política y desconexión social que han demostrado sus principales dirigentes en las semanas pasadas, como si todo esto se tratara de una cosa de niños, una aventura adolescente, un capricho social pasajero. Las señales al respecto no son buenas y se advierten en cada paso de los dados por el poder constituido en estos tiempos recientes: la dilación del proceso constitucional hasta abril o mayo, buscando la desmovilización ciudadana; los innecesarios quórums autoimpuestos (de dos tercios), adoptados con la excusa del consenso (un piso tan alto que va a dificultar, antes que facilitar, los acuerdos deseados y que va a ofrecer una herramienta de extorsión habitual a los sectores más conservadores); en el plebiscito de entrada y en el de salida, a los que se pretende asignar –tramposamente– el carácter de magia democrática (es decir, el poder de transformar en democrático un proceso que no lo es, y cuando, por las razones que vimos, tales plebiscitos tienden a constituirse en enemigos, antes que en aliados, de los demócratas); en la nueva apuesta por procedimientos elitistas de redacción constitucional (visible también, y no solo, en el peso de las comisiones técnicas y políticas); en el desaliento o la falta de aliento a los procesos de intervención directa de la ciudadanía (procesos de participación directa como los que pudieron distinguir a los recientes cabildos chilenos17 y como los que caracterizaron a los mejores procesos de creación constitucional de nuestro tiempo; quiero decir, procesos como los desarrollados en Canadá, Islandia o Irlanda, con puros representantes ciudadanos directos, sin la presencia en algunos casos de partidos políticos y con la selección realizada a través de mecanismos de «lotería»); en la sobreabundancia de propuestas de cambio cosméticas o irrelevantes (otra vez, las luces de colores de derechos que se cambian, sin cambios en la organización del poder); o en los cambios gatopardistas que se ofrecen para la organización del poder, orientados a cambiar algo para que todo siga como estaba.

Quiero decir –y con esto concluyo– que la sociedad civil chilena muestra en este momento una lucidez y un compromiso constitucional excepcionales. Sin embargo, ello se da en un contexto político e institucional agobiante, caracterizado por una dirigencia político-económica regresiva, conservadora, indispuesta a cambiar y que –esto es lo peor de todo– ni siquiera advierte la naturaleza y dimensión de la crisis que enfrenta. Espero que, contra lo que dice la historia y contra las «tenazas» impuestas por las viejas reglas (el «viejo traje constitucional»), la ciudadanía se mantenga de pie y firme, como lo está hoy, y logre que se tomen en serio sus decentes, sensatos, razonables y a la vez radicales reclamos democráticos.

  • 1.Atria Lemaitre: La Constitución tramposa, IOM, Santiago de Chile, 2013.
  • 2.C. Nino: La validez del derecho, Astrea, Buenos Aires, 1985.
  • 3.J. Guzmán: «El camino político» en Realidad No 7, 1979.
  • 4.Pablo Ruiz Tagle: Cinco repúblicas y una tradición, IOM, Santiago de Chile, 2016.
  • 5.

    El artículo 2º del decreto-ley 462, firmado por Alessandri, dispuso que cada elector recibiría tres cédulas: una roja, una azul y una blanca. La primera decía: «Acepto el proyecto de Constitución presentado por el Presidente de la República sin modificación»; la segunda, «Acepto el proyecto de Constitución, pero con régimen parlamentario y la consiguiente facultad de censurar Ministerios y postergar la discusión y despacho de la ley de presupuestos y recursos del Estado»; y la tercera, «Rechazo de todo el proyecto».

  • 6.J. Elster, R. Gargarella, Bjorn-Erik Rasch y Vatsal Naresh: Constitutional Conventions, Cambridge UP, Cambridge, 2018.
  • 7.J. Rawls: Political Liberalism, Columbia UP, Nueva York, 1991.
  • 8.J. Waldron: Law and Disagreement, Oxford UP, Oxford, 1999.
  • 9.R. Gargarella: Latin American Constitutionalism, Oxford UP, Oxford, 2013.
  • 10.R. Dixon: «Constitutional Rights as Bribes» en Connecticut Law Review vol. 50 No 3, 2018.
  • 11.Jaime Bassa, Juan Carlos Ferrada Bórquez y Christian Viera Álvarez: La Constitución chilena, IOM, Santiago de Chile, 2015.
  • 12.

    Jorge Correa Sutil: «The Judiciary and the Political System in Chile» en Irwin Stotzky (ed.): Transition to Democracy in Latin America, Westview Press, Nueva York, 1993; Javier Couso: «The Politics of Judicial Review in Chile» en Siri Gloppen et al.: Democratization and the Judiciary, Frank Cass, Londres, 2004; Lisa Hilbink: Judges beyond Politics in Democracy and Dictatorship: Lessons from Chile, Cambridge UP, Cambridge, 2007.

  • 13.R. Mangabeira Unger: What Should Legal Analysis Become?, Verso, Londres, 1996.
  • 14.M. Sandel: Public Philosophy, Harvard UP, Cambridge, 2005.
  • 15.F. Atria Lemaitre: La forma del derecho, Marcial Pons, Madrid, 2016.
  • 16.Movimiento promotor de una Asamblea Constituyente que llamó a marcar el voto con la sigla «AC».
  • 17.

    V. al respecto Constanza Salgado Muñoz: «La Constitución de 1980 y la demanda por una Asamblea Constituyente» en Revista Argentina de Teoría Jurídica vol. 16 No 2, 2015; Sergio Verdugo y Jorge Contesse: «Auge y caída de un proceso constituyente: lecciones del experimento chileno y del fracaso del proyecto de Bachelet» en Derecho y Crítica Social vol. 4 No 1, 2018; Claudia Heiss: «Participación política y elaboración constitucional: el caso de Chile» en Derecho y Crítica Social vol. 4 No 1, 2018; Domingo Lovera: «Proceso constituyente en Chile: el plebiscito como transición institucional» en Revista Argentina de Teoría Jurídica vol. 16 No 2, 2015; Fernando Muñoz: «Crítica del imaginario histórico del proceso constituyente de Bachelet» en Derecho y Crítica Social vol. 4 No 1, 2018.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 285, Enero – Febrero 2020, ISSN: 0251-3552

Fuente e imagen: https://nuso.org/articulo/diez-puntos-sobre-el-cambio-constitucional-en-chile/

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La tortura y asesinato de una niña de siete años disparan la ira en México por la violencia de género

América/México/Autor: Elena Reina/Fuente: elpais.com

 

El brutal asesinato de una niña de siete años en un barrio del sur de la capital mexicana obliga al Gobierno de México a tomar medidas urgentes sobre la violencia que vive el país. Después de seis días desaparecida, este fin de semana, el cadáver de Fátima Cecilia Aldriguett Antón fue hallado en bolsas de basura y con señales de haber sido torturada. Este caso se ha convertido en el último símbolo de indignación de un país que cada día rompe los récords de la tragedia. En México mueren asesinadas 10 mujeres al día y, en total, hay más de 90 homicidios en 24 horas. El presidente López Obrador ha achacado este lunes lo sucedido a la moral individualista y al pensamiento conservador. Una respuesta que ha irritado todavía más a un país que vive una situación extrema.

La última vez que se vio a la niña con vida salía del colegio. El 11 de febrero, su familia puso una denuncia por desaparición. Y menos de una semana después, el país observa lo que ya había leído o visto en las noticias antes: el cadáver de la menor, torturado, desnudo y tirado en la calle. El caso de Fátima no es el único en estos años en los que los feminicidios se han multiplicado: en 2018 murieron asesinadas 3.752 mujeres, según los últimos datos oficiales, y 1.463 menores de edad, según las cifras de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM). «A Fátima no la mató el neoliberalismo», responden muchos usuarios de Twitter a López Obrador.

Según la investigación de la Fiscalía, una mujer que todavía no han identificado recogió a la niña de la escuela el 11 de febrero antes de que llegara alguien de su familia. Su madre fue a recogerla más tarde, pero ya no la encontró. En un vídeo de las cámaras de seguridad de la calle que han mostrado las autoridades se observa a la señora de la mano de la pequeña por el municipio de Xochimilco, en el sur de la capital. La jefa de la Fiscalía local, Ernestina Godoy, ha informado este lunes de que esta mujer es la principal sospechosa del crimen de Fátima, aunque todavía no han dado con su paradero. La institución ha anunciado este lunes una recompensa de dos millones de pesos (unos 107.750 dólares, más de 99.400 euros) a quien proporcione información sobre el caso.

En la puerta del Instituto Forense de la capital, poco después del reconocimiento del cadáver, la madre de Fátima, María Magdalena Antón, exigió delante de la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, que se hiciera justicia y acusó a un hombre, Alan Herrera, de haber cometido el crimen. «No conozco a esa señora, pero fue mandada por Alan Herrera», denunció ante las cámaras que la esperaban a la salida de la morgue. Antón alegó que este hombre, de quien las autoridades no han proporcionado más información, ya había agredido a otros familiares. «Hoy fue mi hija, mañana puede ser la de cada uno de ustedes», advirtió la madre.

La semana pasada, otro feminicidio indignaba al país. El de Ingrid Escamilla, de 25 años. Su pareja confesó, en un vídeo brutal filtrado por las autoridades, la saña con la que había acabado con su vida. Las fotos del cuerpo de la joven aparecieron en las páginas de los medios de comunicación locales. Y cientos de mujeres se manifestaban por la dignidad de una víctima más de la violencia machista en una protesta histórica.

Los casos de mujeres asesinadas se agolpan a las puertas de los despachos del Gobierno sin que se hayan anunciado medidas urgentes. Abril Pérez Sagaón fue asesinada el 25 de noviembre después de haber denunciado que su entonces marido, Juan Carlos García, exdirector de Amazon en México, había intentado matarla. El día que había acudido a la capital a seguir con los trámites de la demanda, mientras viajaba en un coche con sus hijos, un hombre le disparó en la cabeza y en el cuello. Sagaón era una de las pocas mujeres que se atrevían a denunciar en este país, solo una de cada nueve. Tres meses después de su asesinato, todavía no hay un detenido.

Las manifestaciones contra la violencia machista también se han multiplicado. Y las respuestas del presidente de México, de momento, han tratado de relacionar la crisis de violencia que asola al país con una campaña para desprestigiar su Gobierno. Este lunes, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador enfrentaba el movimiento feminista, según lo que había leído en redes sociales, con su desempeño: «Existe un pensamiento conservador. Feminismo sí, transformación no. O es mejor el feminismo que la transformación. No, es parte de lo mismo. Es ver el árbol y no ver el bosque. Estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de nuestro país, se está llevando a cabo un momento estelar. ¿Cuándo se había enfrentado así la corrupción?».

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentaba este lunes a través de su cuenta de Twitter que es «indignante, aberrante, doloroso que alguien sea capaz de herir a una niña; este crimen no va a quedar impune». Pero en México, al menos ocho de cada 10 delitos no reciben una sentencia condenatoria.

Fuente e imagen: https://elpais.com/sociedad/2020/02/17/actualidad/1581961625_590259.html

 

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Colombia: El aborto es mi derecho, la maternidad mi decisión

Por: nytimes.com/22-05-2019

 

Los pañuelos verdes han sido un símbolo de la legalización del aborto en América Latina.CreditNatacha Pisarenko/Associated Press

MEDELLÍN — La semana pasada, veinticinco hombres del senado del estado de Alabama en Estados Unidos aprobaron una ley contra el aborto que solo lo permite si corre peligro la vida de la madre. El mismo día, la actriz estadounidense Busy Philipps escribió en su cuenta de Twitter: “Una de cada cuatro mujeres ha tenido un aborto. Muchas personas piensan que no conocen a alguien que lo haya hecho, pero #YouKnowMe (#TúMeConoces). Así que hagamos esto: si también eres una de cada cuatro, compartámoslo y ayudemos a terminar con la vergüenza”.

Pues bien, tú me conoces. En Colombia, abortar arrastra la doble carga de ser estigma social y delito. Pero a los 20 años me embaracé y decidí que no estaba preparada para ser madre. Una amiga me puso en contacto con una ginecóloga de confianza, quien me recomendó misoprostol (que en mi país se consigue bajo el nombre de Cytotec). Y, entonces, interrumpí mi embarazo

Hace nueve años quedé embarazada por segunda vez pero, a diferencia de aquel momento, estaba preparada. Creo en la maternidad como una elección, no como condena. Es la perspectiva que urge considerar en Colombia y en América Latina. Y es la que nos haría ver con más claridad que el verdadero crimen es obligar a una niña a parir, como ocurrió en Argentina recientemente: una niña de 11 años fue forzada a parir.

Uno de los mayores fracasos de salud pública en mi país y en América Latina tiene su origen en la idea de la maternidad como mandato social y no como elección. Esa manera de definir la maternidad —tan arraigada en nuestra parte del mundo— alimenta la lógica perversa de que es posible legislar sobre nuestro cuerpo. Más del 90 por ciento de las mujeres latinoamericanas vivimos en países que restringen la interrupción del embarazo. Y, como consecuencia, cerca de novecientas mujeres mueren al año debido a abortos inseguros en la región.

Cuento mi historia porque creo que puede ayudar a impulsar un cambio cultural respecto a la manera en la que concebimos la maternidad: no todas las mujeres quieren ser madres ni todos los momentos o circunstancias son los más adecuados para serlo. Entender esto es fundamental; elegir es nuestro derecho.

Los recuerdos de ese día son imprecisos: los de un tiempo muerto en penumbra, intentando mantener la calma en silencio y abrumada por el peso de lo que estaba transitando. A la mañana siguiente, por indicación de la ginecóloga, me fui a la sala de urgencias, donde no podía dar indicios del medicamento. Decidieron hacerme un curetaje para cerciorarse de que el “aborto espontáneo” estaba completo. Unas horas después me dieron salida. Estaba exhausta y descolocada. Mi cuerpo atravesó toda una revolución hormonal desconocida, tuve momentos de angustia, de tristeza, era el vacío taladrando mi cabeza todavía inmadura. Poco a poco los días fueron ordenándose y mi organismo se restableció en una inmensa sensación de alivio. Nunca tuve culpa.

Hay seis países de América Latina, como El Salvador, en donde no solo está prohibido abortar, sino que es un delito por el que más de una decena de mujeres está cumpliendo sentencias de hasta treinta años. En Colombia, el aborto es legal en tres circunstancias desde 2006: en caso de violación; cuando se compromete la salud (física o mental) de la mujer, y cuando hay malformación fetal. Es sin duda un avance, pero no es suficiente: se calcula que cada año se realizan cerca de 400.000 abortos clandestinos, de ellos, 93.000 terminan con complicaciones que requieren de atención médica y cada año mueren alrededor de setenta mujeres a causa de procedimientos inseguros. Se trata de muertes que se podrían evitar si se legaliza el aborto en todas las circunstancias, como en Uruguay, Puerto Rico o Cuba. Cuando las consecuencias de abortos inseguros son la tercera causa de mortalidad materna, como sucede en Colombia, es imposible no ver que es un problema de salud pública.

Pese a la evidencia de que prohibir el aborto no hace que haya menos abortos (pero sí más muertes de mujeres), aún algunos sectores insisten en poner en riesgo los avances conseguidos. El año pasado, se presentó una propuesta en la Corte Constitucional que buscaba limitar aún más las condiciones para abortar (se quería reducir el número de semanas permitidas para hacerlo). Pero en redes sociales hubo una reacción masiva en su contra que circuló con la etiqueta o hashtag #CorteNoLimiteElAborto y la iniciativa finalmente no prosperó. Estos días la etiqueta #TúMeConoces vuelve a ser una manera de defender el derecho sobre nuestro cuerpo, pero también una manera de iniciar ese cambio cultural que necesitamos: abortar no es un tabú, la maternidad es una elección.

Una mujer y su hija usan pañuelos verdes en una marcha a favor de la legalización del aborto en Argentina. CreditEitan Abramovich/Agence France-Presse — Getty Images

En mi caso, tuve suerte. Cuando aborté tenía un seguro de salud prepago que resultó útil para terminar con eficacia el proceso. Yo no tuve que ir a rogarle a nadie para hacerlo, no gasté una fortuna, no estuve en algún consultorio clandestino dudoso, no arriesgué mi vida y no tuve complicaciones. Aun así, la experiencia me transformó en maneras que apenas hoy puedo vislumbrar: abortar me ayudó a convertirme en una mujer más consciente, me sacó de mis tiempos de frivolidad y entendí el paquete completo de lo que significa ser mujer. Comprendí la importancia de decidir sobre mi cuerpo y me liberó del estigma cultural que cargamos acerca de la idea que impera sobre la maternidad.

Es crucial deshacernos de los prejuicios sobre el significado de ser mujeres y ser madres en América Latina. Es correcto y no una razón de vergüenza que una mujer pueda abortar cuando la maternidad no es una opción adecuada para su proyecto de vida. La maternidad elegida y el aborto como derecho pleno son herramientas de equidad y de salud.

Abortar en Colombia todavía está estipulado como delito en el Código Penal y las mujeres que provoquen su aborto o permitan que lo realicen por ellas podrían enfrentar una pena de hasta tres años de prisión. Las voces más autorizadas están de acuerdo con que es necesario dar el paso a la despenalización total y de la importancia de que el proceso vaya acompañado de una buena educación sexual.

Está demostrado que el número de abortos ha disminuido en los países en los que se despenaliza, seguido de políticas educativas y preventivas. Es el caso de Uruguay, que es el país con la tasa más baja de mortalidad maternade América Latina. Colombia y el resto de nuestros países pueden seguir ese ejemplo si resignificamos la maternidad como un deseo y no como una imposición.

Fuente de la información: https://www.nytimes.com/es/2019/05/20/aborto-colombia/

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Argentina:Fundación lanzó campaña de educación inclusiva

10 Diciembre 2017/Fuente: lmneuquen/Autor:lmneuquen

La fundación local Faro Patagónico, junto con otras 150 organizaciones a nivel nacional nucleadas en Grupo Artículo 24, presentó una campaña de concientización con el objetivo de garantizar el derecho de todo niño a acceder a una educación inclusiva.

La campaña busca llegar a la población para que se acepte el modelo inclusivo en que niños con y sin discapacidad comparten una misma aula.

El vicepresidente de Fundación Faro Patagónico, Gastón D’Angelo, sostuvo la importancia de hablar del tema, ya que “el sistema educativo tradicional hace lo posible por sacarse de encima al chico diferente”.

A partir de la resolución 1256/17 aprobada en agosto pasado por el Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén, en 2018 los niños con discapacidad podrán elegir asistir a una escuela normal o a una especial.

La subsecretaria de Discapacidad de la provincia, Paula Cortés, señaló en esa oportunidad que “lo que hace el gobierno provincial es ponerse en consonancia con lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cómo lo van a decidir en conjunto los actores de cada escuela”.

“Los docentes que están hoy frente a un aula hicieron toda su carrera sin ver absolutamente nada sobre discapacidad. Deberían estar preparados para lo que les espera el año que viene”, describió. Comentó que en la actualidad “en muchos casos se le pide al padre de un niño con discapacidad que se lo saque de la escuela porque no quieren hacerse responsables”.

Luego de que el municipio le cediera tierras fiscales, la fundación presentó a Nación el pedido de presupuesto para construir el Centro Educativo Terapéutico de la Patagonia en el barrio San Lorenzo Sur, que tendrá capacidad para 120 chicos y trabajará con obras sociales.

Fuente de la noticia: https://www.lmneuquen.com/fundacion-lanzo-campana-educacion-inclusiva-n573929

Fuente de la imagen: https://media.lmneuquen.com/adjuntos/195/imagenes/002/831/0002831934.

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ÁfricaThreatened languages and how people relate to them: a Cameroon case study

äfrica /Septiembre del 2017/Noticias/https://theconversation.com/

The world is going through an unprecedented period of language endangerment. Some experts predict that half of the world’s languages will disappear within a century, with urbanisation and the increasing use of major world languages diminishing smaller languages’ chances of survival.

The death of a language can be a significant loss for speaker communities who view their language as a key part of their heritage. This has led to revitalisation efforts, especially in parts of the world dominated by settler societies, such as Australia, Canada and the US. But the link between language and identity can differ greatly from community to community and is especially complex in societies dominated by multilingualism.

Since 2004 I have been working with my colleague Pierpaolo Di Carloand other collaborators to understand the language dynamics of a region of Cameroon known as Lower Fungom. Cameroon is one of the most linguistically diverse countries in the world. Around 300 languages are spoken by its approximately 20 million people. These include colonial languages such as English and French as well as hundreds of local languages.

Lower Fungom in Cameroon.

Lower Fungom is especially remarkable for its degree of linguistic diversity. In an area of around 100 square kilometres, roughly the size of the city of Paris, nine local languages are spoken by 12,000 people.

The languages of Lower Fungom, like so many others, are endangered. The ways that people use these languages are also endangered. Multilingualism is woven into the fabric of Lower Fungom society, as it is in much of Africa. What is especially remarkable is the sheer number of languages spoken by each individual in Lower Fungom. A survey conducted by Angiachi Esene Agwara, a Cameroonian collaborator, found there to be no monolinguals in Lower Fungom. The average adult is able to speak or understand around five to six different languages. Most are learned without any formal schooling and are acquired through family relationships, friendships or for work.

Shift to major languages

All over the world, the dominant trend is for small speaker communities to shift to major languages such as English, Spanish, or Chinese. But in Lower Fungom, individuals are actively learning both local languages as well as socioeconomically powerful ones.

We have been investigating what motivates people to become multilingual in Lower Fungom. From a Western perspective, a striking finding is that languages are not strongly connected to “deep” identities, such as ethnicity. In a country like France, speaking the French language is an integral part of what it means to be French. In countries like Australia and the US, immigrants are expected to master English if they want to become citizens of their new countries.

A panoramic view of Lower Fungom, where most villages are located on top of relatively steep hills. Pierpaolo Di Carlo

In Lower Fungom, we found something different. Each village is viewed locally as having its own “language”. A linguist might classify some of these languages as “dialects”, but, for those living in Lower Fungom, a distinct way of talking is a key marker of an independent village.

Villages are an important part of local life and the means through which individuals can access resources, such as food and shelter, and achieve personal security. Speaking a language is the clearest way for an individual to signal that they are part of a village community and that they should be allowed access to its resources. Being multilingual is a kind of insurance policy. The more languages a person speaks, the greater variety of resources they can claim access to.

Language saves man from drowning

Sometimes the connection between speaking a language and personal security is quite direct. A Cameroonian collaborator, Nelson Tsong Tsonghongei, working on the language of the Mbuk village, found close to Lower Fungom, collected a story about a man drowning in a river in the Mbuk area.

The man was not from Mbuk, but he knew the language of the village. He shouted for help in the Mbuk language and people from the village came to rescue him. After he was rescued, they were surprised to find out that was not from Mbuk. If he had shouted in Cameroonian Pidgin English, he almost certainly would have been understood, but people may not have come to help him.

Other times the connection between language and identity is more subtle. The fragment of a conversation given below, collected by another Cameroonian collaborator, Rachel Ojong, has been translated into English. It originally took place in two Lower Fungom languages, Buu and Missong.

There are two men speaking, one senior (S) and one junior (J). The senior man is from the Buu village. The junior man is from the Missong village, but his mother is from Buu. The Buu language dominates the conversation. This is because the junior man is showing deference to the seniority of the man from Buu.

Senior Man: Did you come up to Fang? I heard that you were chased away there.

Junior Man: Chased away? It was not me, it was Manto.

The senior man is accusing the junior man of some wrongdoing in a nearby village. The junior man first protests in Buu, but he then changes his language and speaks for one turn in Missong. This irritates the senior man, who ends the conversation immediately after.

S: So where did you go?

J: I reached here and saw you in this bar. (Language changes to Missong.)

S: You are still a child.

The junior man has switched his language to send a signal that he is no longer accepting the senior man’s authority: He should not be treated as a junior man from Buu, but as someone from another village entirely. This can be seen as a kind of codeswitching, with a very specific social meaning embedded within the local culture.

Dance of the Mndong ‘juju’ in the village of Ngun. Each village is characterised by having a distinctive set of ‘jujus’, where a juju is to be understood as a group owning exclusive rights on a mask and its associated dances, instruments, and songs.Pierpaolo Di Carlo

If we want to understand the full scale of the world’s linguistic diversity, we should be thinking not only about languages, but also how speakers relate to their languages.

 

Fuente: https://theconversation.com/threatened-languages-and-how-people-relate-to-them-a-cameroon-case-study-82395

Imagen: https://lh3.googleusercontent.com/NEQxvUhHYd6YCRWAcVHTu13tVGmf6xMuflQn9X3akCEJzDpxfPNkv1dJhlElnjflCmqt84s=s85

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El reconocimiento y la sensibilización artística como herramientas de re-significación del escenario escolar y los derechos de las niñas y los niños

19 de julio de 2017 / Fuente: https://compartirpalabramaestra.org/

Por: Ludwing Leonardo Correa Alarcón y Carolina González Pinilla

Identificar las diferentes perspectivas de cómo es vista la escuela por los estudiantes y docentes, haciendo posible ver algunos de los vacíos institucionales, pedagógicos y motivacionales. 

Presentación

Nuestra experiencia como docentes y la realidad de una escuela olvidada nos llevaron a generar una propuesta pedagógica que complementara los procesos académicos, psicológicos y creativos en el colegio, abriendo la posibilidad de re significar el escenario escolar y los derechos de los niños y niñas a través de experiencias creativas.

El contexto en el cual se desarrolla e implementa la propuesta es el Colegio José Jaime Rojas IED, ubicado en la localidad 19 de Ciudad Bolívar, en el Barrio Naciones Unidas. El diseño y ejecución del proyecto se dio en tres momentos fundamentales: el primero, de diagnóstico, permitió recoger apreciaciones y testimonios de la comunidad educativa sobre los procesos de los estudiantes, la escuela y la educación, haciendo evidentes sus logros, falencias y el impacto en el contexto social y cultural del cual proviene; el segundo fue la organización de un espacio diferente, inexistente en la institución, en el que se pudiera participar de actividades artísticas que sirvieran como iniciativa para resignificar el escenario escolar y los derechos de los niños y niñas; el tercero fue la muestra de logros a través de las creaciones y participación de los estudiantes, quienes resaltaron la importancia de la resignificación del escenario escolar, con la conformación de un coro infantil en el que reivindicaron la importancia de los derechos en sus vidas.

Consideramos a la formación musical como la herramienta que permitía los medios más adecuados para que niños y niñas se acercaran a los procesos que está- bamos creando, al contar con una gran variedad disciplinar (música, artes, danza, teatro, etc.), ser una necesidad académica, por no ser parte del plan de estudios del colegio, y por los beneficios cognitivos y psicológicos que ofrece para el trabajo convivencial.

Los resultados obtenidos durante el 2014 permitieron que la propuesta tuviera continuidad en la institución, convirtiéndose en una idea a largo plazo, que busca involucrar a más estudiantes en diferentes expresiones artísticas (música, danzas, artes plásticas y teatro) e intervenir en diversas problemáticas; así, la propuesta se convierte en un proyecto institucional, desde la primera infancia hasta la adolescencia, que abarca diferentes ámbitos de la vida escolar hasta una proyección vocacional.

Finalmente, nuestro trabajo busca evidenciar que el escenario escolar necesita de un nuevo significado motivacional y vivencial, el cual permita a sus actores la realización de sus expectativas individuales y sociales; para ello es necesario promover cambios sociales, encaminados a que los estudiantes puedan potenciar su aprendizaje, habilidades, creatividad y afectividad. ¿Qué se necesita? El presente proyecto atiende la necesidad de que los niños y niñas del Colegio José Jaime Rojas IED resignifiquen los escenarios escolares, situación que se evidencia en la apatía de los estudiantes por las actividades escolares y su bajo rendimiento académico y convivencial.

Principalmente se busca transformar la percepción de los estudiantes sobre los escenarios y actividades de aprendizaje, de manera que puedan establecer vínculos afectivos y motivacionales entre sus procesos de formación, los escenarios escolares y su vida cotidiana. Como sustento teórico de esta primera parte, tomamos algunos aspectos de la Ley 115 de Educación, donde se establecen los fines de la misma.

Por otra parte, se busca identificar cuáles son esas situaciones que al interior de la escuela no permiten un avance en los estudiantes, que los distancian emocionalmente de los escenarios académicos y convivenciales, sus actores y los procesos educativos en general. En este sentido, es importante preguntarnos acerca de los mecanismos motivacionales de la escuela, teniendo en cuenta que se ha hecho uso de un mismo modelo de enseñanza durante años, la utilización de los mismos discursos y las mismas actividades, sin tener en cuenta los cambios del contexto y las necesidades de los niños y niñas.

Esta propuesta permite reflexionar acerca de la práctica docente y la importancia de replantear las dinámicas educativas y los discursos pedagógicos, enfocándose en el reconocimiento, sensibilización y apropiación de las artes como alternativa de filiación emocional en los estudiantes, en favor de la creatividad bajo un modelo de aprendizaje significativo, propositivo y real.

Para su desarrollo nos basamos en Ausubel, quien plantea que el aprendizaje significativo se produce por percepción, es decir, los educandos se motivan a través de la manera como el docente les presenta la información, generando en ellos preguntas y expectativas que les permitirán plantear sus propias ideas e hipótesis.

La enseñanza y sensibilización artística son procesos adecuados que ofrecen beneficios en términos emocionales y cognitivos para los niños y niñas; además, en el Colegio José Jaime Rojas IED, como en muchas otras instituciones, permite vincular a los estudiantes y aprovechar y evidenciar sus logros en cuanto al nuevo saber que adquieren.

Por lo tanto el campo artístico es una alternativa para lograr en los estudiantes la resignificación de los escenarios escolares, ya que los reúne en el escenario educativo a través de sus gustos y habilidades, expresados como conocimientos cotidianos. Al respecto, se encontró que en muchos de los currículos educativos de Colombia y de América, como Guatemala, la educación artística y musical permite la expresión personal y hace parte de una de las áreas fundamentales e integrales para el ser humano.

¿Cómo nace?

La propuesta se diseña en 2013 y se ejecuta en 2014 y 2015, a través de un seguimiento diagnóstico inicial al interior del Colegio José Jaime Rojas IED, aplicado a los niños, niñas y docentes de los grados primero y segundo de la institución.

Dicha herramienta permitió identificar las diferentes perspectivas de cómo es vista la escuela por los estudiantes y docentes, sus necesidades y los gustos de niños y niñas, haciendo posible ver algunos de los vacíos institucionales, pedagógicos y motivacionales en relación con el escenario escolar.

Se inicia entonces un análisis de diversas posibilidades a tener en cuenta, como: estrategias para abordar la problemática, áreas posibles de aplicación, beneficios psicológicos, etc. Posteriormente, se dio inicio a la ejecución de la propuesta de resignificación, la cual está integrada por una caracterización de los estudiantes, los docentes y las directivas del colegio, un desarrollo de las bases teóricas, la estructura metodológica de la propuesta, la ejecución de las actividades y la muestra final de resultados del proceso y de las capacidades de los niños y niñas.

En cuanto al desarrollo de las bases teóricas del proyecto, se tiene en cuenta la función social y cultural de la escuela, donde se incluyen algunas propuestas metodológicas para la enseñanza significativa en los niños y niñas, y se realiza una revisión de los planes curriculares en la educación artística y musical en América Latina. Por otra parte, se tienen en cuenta propuestas innovadoras para el desarrollo humano, la motivación y la afectividad.

En cuanto a los procesos de aprendizaje, se consideran las bondades de la educación artística en el campo cognitivo, emocional y convivencial. Finalmente, pensando en las bases de la formación artística, se construyó una propuesta alternativa y dinámica para trabajo en el aula, compuesta por fases de enseñanza de la música, ya establecidas en los planes curriculares y organizadas a través de unas etapas de desarrollo motivacional y afectivo, en busca de un acercamiento de los estudiantes con los escenarios educativos y sus derechos en la vivencia escolar.

Lea la experiencia completa en este enlace.

Fuente artículo: https://compartirpalabramaestra.org/columnas/el-reconocimiento-y-la-sensibilizacion-artistica-como-herramientas-de-re-significacion-del

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República Dominicana: La Constitución será difundida en los centros educativos

Santo Domingo / 05 de julio de 2017 / Por: ling almánzar / Fuente: http://hoy.com.do

La Cámara de Diputados entregó ayer 15 mil ejemplares de la Constitución Dominicana Infantil al Ministerio de Educación, con el fin de que los valores constitucionales sean difundidos en los centros educativos del país.
Lucía Medina, presidenta de la cámara baja, hizo la entrega simbólica al ministro de Educación, Andrés Navarro, durante un acto celebrado en el salón Juan Pablo Duarte, del cuerpo legislativo.
La iniciativa, según ella, emanó tras la Carta Magna del 26 de enero de 2010, para que “nuestros ciudadanos puedan conocer cuáles son sus derechos y sus deberes”.
Medina percibe que el Ministerio de Educación comparte el interés de promover y cultivar las directrices constitucionales a través de las escuelas, para instruir a los estudiantes y formar ciudadanos apegados a las leyes.
Solo así se “logra recuperar la mentalidad de ciudadanos que conozcan sus derechos, pero que también se formen en sus deberes, para que tengamos una sociedad mejor en valores”.
Tras escuchar a Medina, el ministro Navarro agradeció la iniciativa emprendida por el cuerpo legislativo y postuló “una nueva ciudadanía más responsable”, basada en las pautas constitucionales.
“Recibo esto como un gran espaldarazo del Congreso, en el marco del mandato que hemos recibido del presidente Danilo Medina“, expresó Navarro.
La edición de la Carta Magna recoge sus principales postulados y tiene ilustraciones para niños. La tirada fue de 100 mil ejemplares, impresos en abril de 2015, cuando la Constitución vigente era la del 26 de enero de 2010.

Fuente noticia: http://hoy.com.do/la-constitucion-sera-difundida-en-los-centros-educativos/

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