Policías desalojaron ayer con violencia, en la céntrica plaza de armas, a 500 profesores que reclamaban mejores prestaciones laborales, el pago de dos quincenas y un retroactivo de aumento salarial.
Policías antimotines desalojaron ayer de la céntrica plaza de armas a unos 500 maestros de base que reclamaban mejores prestaciones laborales y el pago de adeudos.
Los policías detuvieron a por lo menos dos profesores y golpearon a un número indeterminado; uno tuvo que ser hospitalizado.
Una de las demandas de los mentores es el pago de dos quincenas y de un retroactivo de aumento salarial.
Los maestros se plantaron ayer por la mañana en la explanada del palacio de gobierno estatal y más tarde cerraron la avenida 27 de Febrero, que pasa detrás del inmueble. En la plaza de armas se ubican las sedes de los tres poderes del estado.
Unos 200 elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llegaron pasado el mediodía a la esquina de las calles 5 de Mayo y 27 de Febrero y arremetieron contra los manifestantes, que se tomaron de las manos para formar una valla humana.
Los uniformados cercaron a los quejosos y dispersaron la protesta. Maestras que participaron en la movilización aseguraron que los policías derribaron a cuando menos tres profesores, a quienes patearon, y aprehendieron a otros dos.
Uno de los arrestados fue el profesor de primaria Sergio López, quien imparte clases desde hace más de 20 años en la comunidad Los Aztlanes, municipio de Centro, cuya cabecera es Villahermosa.
Los mentores advirtieron que seguirán con sus protestas para demandar los pagos atrasados y la libertad de sus compañeros.
Juan Carlos Castillejo, vocero de la administración estatal, que encabeza el gobernador interino Carlos Manuel Merino –emanado del partido Morena–, argumentó que hace unos días los profesores fueron atendidos por autoridades educativas locales, que les ofrecieron pagar a finales de julio la segunda quincena de este mes y la primera de agosto.
En entrevista telefónica, Alberto Barrera, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), informó que el lunes pasado el subsecretario de Educación local, Rolando Santana, dijo que “no hay dinero” para pagar a los docentes, “porque no fue aprobado por el gobierno del estado”.
Destacó que las autoridades ratificaron que no cuenta con recursos y que pagarán el 31 de agosto o en la primera semana de septiembre. “No hemos calculado cuánto se nos adeuda, pero es a todos los maestros del estado y federales de educación básica y a otros trabajadores de dicho nivel”, expuso Barrera.
En julio de 2019 la mayoría de Morena en el Congreso de Tabasco aprobó reformas al Código Penal de la entidad que autorizan el uso de la fuerza pública contra manifestantes, modificaciones hoy conocidas como ley garrote, que incluyen sancionar con cárcel a quienes bloqueen vías de comunicación.
América Central/El Salvador/29-10-2021/Autora: Susana Joma/Fuente: www.elsalvador.com
Desde la Asociación de Estudiantes de San Vicente se quiere impedir que entren personas ajenas a la institución. La Asamblea General Universitaria se pronunció pidiendo que cese el proceso de desalojo impulsado por el Ministerio de Educación.
Alumnos de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador (UES), en San Vicente, mantienen custodiadas las instalaciones de la ex Escuela Superior de Maestros (ESMA); la medida se da luego de que el Ministerio de Educación (MINED) notificó a las autoridades universitarias que desalojen ese recinto sobre el cual existe un previo gestión de donación y donde se atienden más de 700 estudiantes, incluyendo los de un plan especial de formación docente de docentes activos.
Según imágenes e información que ha circulado en redes sociales, los jóvenes, que forman parte de la Asociación de Estudiantes de San Vicente (BREA), mantienen cerrados los portones de acceso en donde han colocado varias pancartas, para evitar que no entre nadie ajeno a la universidad y en rechazo a la decisión tomada por la actual titular de Educación, Carla Hananía de Varela, pues argumentan que no está honrando un compromiso que la cartera de Estado asumió a través de la anterior administración.
El ingeniero Roberto Díaz, decano de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, explicó que Educación les ha pedido que desalojen el inmueble en dos ocasiones, en la primera ocasión dijo que lo iban a utilizar para la entrega de paquetes escolares y reuniones; luego, la semana anterior, les manifestaron que lo utilizarían para desarrollar un plan de formación de profesores.
Foto Cortesía
Díaz detalló, durante varias entrevistas, que ha explicado a las autoridades del MINED que la Facultad necesita contar con el espacio, al que ellos habían denominado Recinto Universitario Anastacio Aquino (RUAA) para seguir impartiendo las carreras de docencia, considerando que en su edificio principal solo cuentan con 23 aulas para atender a una población de 2,600 estudiantes.
Con anterioridad destacó que el inmueble es clave para la Facultad y estudiantes porque enfrentan un problema de hacinamiento.
Este lunes por la tarde la Asamblea General Universitaria (AGU), máximo organismo elector y legislativo de la UES, emitió un pronunciamiento en el que exige “cese el proceso de desalojo y se continúe con el trámite de donación que garantice la concesión definitiva del Reciento Universitario Anastasio Aquino a favor de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral”.
Foto Cortesía
El organismo de la UES, tras detallar que la primera petición de desalojar el inmueble llegó el 19 de octubre pasado, señaló que la Facultad afectada por la decisión ministerial administra cinco profesorados en educación, además de licenciaturas en plan complementario con 4 especialidades en educación, también la maestría en docencia universitaria y doctorado en educación con especialidad en cultura de paz y derechos humanos y otras maestrías.
“La Facultad Multidisciplinaria Paracentral hace uso del RUAA desde el año 2018 debido al alto nivel de demanda académica que existe y, ante la falta de instalaciones para llevar acabo las diferentes actividades académicas”, apunta.
Según el comunicado, la UES solicitó al MINED la donación del terreno en 2018 y recibió una respuesta positiva tras las presiones de estudiantes de la Facultad; tras lo cual las autoridades universitarias realizaron un estudio topográfico para presentarlo al Centro Nacional de Registros (CNR), pero debido a que este recibió observaciones hicieron un nuevo estudio que fue enviado en 2019 al CNR y si bien les informaron que no se podía solicitar modificaciones al plano, ellos volvieron a mandar nota a la ministra Hananía de Varela para solicitar que se siguiera con el proceso de donación: “Su respuesta fue que no tenía interés, sino que tenía otros planes para la edificación”.
La AGU detalla que ante la negativa de la titular de Educación se gestionó ante la Vicepresidencia de la República, pero esta recomendó solicitar una reconsideración ante la ministra, pero la respuesta volvió a ser negativa.
En este contexto la AGU también exige que se respete el derecho de los estudiantes universitarios para hacer uso de las referidas instalaciones, además, “que las autoridades del gobierno central respeten la autonomía universitaria y brinden los recursos suficientes y necesarios, que permitan la formación de los estudiantes y profesionales”.
Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/educacion-superior-ues-ministerio-de/893486/2021/
La exigencia de una vivienda digna llevó a las mujeres otomíes de la comunidad residente en Ciudad de México a tomar el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. La comunidad adaptó las oficinas como hogar y palestra de denuncia. Citan a las autoridades para un diálogo.
Joaquina y Margarita se miran una a la otra al entrar a un pasillo tapizado de carteles rojo zapatista. Portan dos coloridas blusas tableadas con olanes de encaje que les dan forma. Resaltan al caminar por la descolorida sala de cubículos con luz y ambiente pálidos. Son las oficinas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Ellas son la segunda generación de familias otomíes hñäñho que salieron de Santiago Mexquititlán, Querétaro, por hambre, falta de escuela, de servicios, de pago justo por el trabajo del campo. Sus padres y madres migraron de este pueblo enclavado en las montañas donde colindan Querétaro, Estado de México y Michoacán.
Viven en Ciudad de México. Son más de 80 familias que suman 35 años habitando inmuebles con irregularidades después del terremoto de 1985. Narran que le pagaban renta a un cuidador, pero un día dejó de ir a cobrar sin dejar rastro. Las familias que permanecieron pagaban por los servicios.
Después de otro sismo, el del 19 de septiembre de 2017, el edificio resultó muy dañado. Quedaron sin luz agua y servicios básicos, literalmente en la calle de Roma, en el número 18, de la colonia Juárez. Sin techo y en carpas viven mujeres, niños, bebés, ancianos, buscando de manera legal y organizada la solución.
Esta es también la historia del inmueble de Zacatecas 17, colonia Roma, donde en 2019 policías de Ciudad de México, con uniformes de granaderos, desalojaron el inmueble. De igual manera, familias otomíes denuncian hostigamiento en el inmueble de Guanajuato 53.
Las tres casas con papeles irregulares se ubican en colonias que sufren de gentrificación, un proceso social donde las colonias se vuelven comerciales, y pierden su esencia de barrio para ofrecer servicios de entretenimiento.
Son familias que han sido doblemente despojadas, primero en sus propios pueblos y ahora, en el lugar al cual llegaron a abrir posibilidades de una vida con educación, salud o trabajo con sus artesanías. Les han acusado de robo, de suciedad, de malos olores, pues al transitar los vecinos miran de cerca cómo viven en la calle. Durante la pandemia el gobierno llevó despensas que no duraron ni una semana.
“No somos personas malas, queremos trabajar honradamente, que nuestros hijos vayan a la escuela, tener una vivienda digna. No estamos pidiendo mucho. No dudamos que haya robos pero definitivamente nosotras nos dedicamos a sobrevivir con nuestros hijos en lo que nos dan solución”, habla una de las dos mujeres otomíes hñäñho, Joaquina.
Ambas mujeres, una sonriente y una seria, sostienen carteles rojos. Margarita lanza la denuncia “Ya fuimos a todos lados y no nos hacen caso, tenemos los tres oficios firmados por (Claudia) Sheinbaum y no nos dan solución. Fuimos al federal, al INVI y no nos hacen caso. Nos reciben los secretarios particulares y nos dan largas, por cómo nos miramos. Dijimos un ya basta y nos reunimos las mujeres”.
Mujeres encabezan toma del INPI
Estas comunidades han intentado regularizar los predios varias veces. Antes del sismo lograron obtener los primeros documentos. Sin embargo, después, las oficinas del Registro Público de la Propiedad les dijeron que enviarían a una bóveda los papeles y poco después una inmobiliaria tenía la propiedad del predio. Los desalojaron con policías, ya con la jefa de gobierno a cargo y el gobierno de López Obrador andando.
Las mujeres han requerido servicios de salud por las situaciones insalubres por las que pasan ante la falta de hogar. Desde el interior de las oficinas que tomaron del Instituto de Pueblos Indígenas, denuncia Margarita, las han discriminado, y les han negado su derecho a la salud y ser atendidas.
No solo las han tenido de oficina en oficina, sino que las han perseguido en el centro de la ciudad donde venden sus artesanías tradicionales, una de las cuales es la muñeca representativa del centro del país.
Las niñas y los niños juegan en las instalaciones de este instituto gubernamental mientras en la entrada hay un concierto que inunda esta entrevista con canciones de Silvio Rodríguez.
Margarita confiesa: a mí ya se me murió un hijo. Denuncia que la desesperación de ver a los hijos mal, de ver cómo les han cerrado todas las puertas, fue lo que orilló a las mujeres llegar a un consenso desesperado: esto tiene que escalar a nivel federal.
En ese momento interviene en la conversación la maestra Estela Hernández:
“El Concejo Autonomo de Santiago Mexquititlan decidimos estar con las compañeras en la toma del INPI. Las injusticias que han atravesado nuestras hermanas estando fuera de su pueblo, ahora son similares a lo que vivimos en Santiago. La gentrificación y el encarecimiento de la vida, por sus proyectos turísticos. La pobreza extrema ha hecho que nuestras hermanas vendan sus terrenos y tengan que emigrar. Ahora nosotros enfrentamos escasez de agua, inseguridad, implementación de un corredor turístico con el que quieren atravesar nuestro pueblo. Eso provocará un nuevo proceso de migración interna”.
Ella es originaria de Santiago Mexquititlan, hija de Jacinta Francisco Marcial, mujer otomí hñäñho que junto con dos mujeres más recibió una disculpa pública del gobierno mexicano en febrero de 2017 por encarcelarlas injustificadamente en 2006. “Hasta que la dignidad se haga costumbre”, enunció en aquel entonces.
En el discurso de la toma del INPI, la maestra hizo énfasis en que en el instituto los pueblos se ven en las paredes pero ellos no son objetos. Son personas con derechos que no respetan las instancias públicas.
La dignidad, dice la maestra Estela, se debe respetar aunque las personas salgan de sus pueblos. Actualmente se pierde cuando “El despojo, el desplazamiento que en unos años se va a dar en el pueblo de Santiago Mexquititlan es el daño, porque en el momento que terminen la obra turística, el costo de la vida se va a elevar. ¿Quién va a tener posibilidad de adquirir los locales, o de pagar el precio que ponga el ayuntamiento? Los que estén dispuestos a pagar más”.
Y denuncia con un corredor turístico gubernamental quieren hacer un centro comercial en el tianguis tradicional del pueblo.
La gentrificación en el empobrecido Santiago Mexquititlán
“Aquí lo que faltan son hospitales, escuelas, universidades, servicios públicos, seguridad”, la maestra y también doctora Estela Hernández Jimenez habla de su pueblo. En vez de esos servicios, el gobierno municipal empezó durante la pandemia con una obra turística, en el templo. Antes de esa obra, la doctora Hernández Jimenez asegura que con los demás integrantes del Consejo Tradicional denunciaron la construcción de un centro comercial en el tianguis tradicional del centro de Mexquititlán, que en náhuatl significa lugar de donde comen quelites.
“El despojo, el desplazamiento que en unos años se va a dar en el pueblo de Santiago Mexquititlan es el daño de la gentrificación en los pueblos indígenas. Porque en el momento que terminen la obra turística, el costo de la vida se va a elevar. ¿Quién va a tener posibilidad de adquirir los locales, o de pagar el precio que ponga el ayuntamiento? Los que estén dispuestos a pagar más. Los demás van a migrar a las ciudades”, se responde.
Hace dos años el pueblo de Santiago Mexquititlan decidió regresar al sistema de usos y costumbres a través de Consejos autónomos de educación, gobierno, justicia, salud, ante el hartazgo de los atropellos y omisiones. Ella ahora es la Consejera de Educación. Por denunciar las injusticias, la maestra ha sido amenazada varias ocasiones.
“Como pueblo tenemos derecho a una educación indígena. No tenemos condiciones de salud dignas de acuerdo a nuestra medicina tradicional. Les presentamos un proyecto de desarrollo comunitario a las autoridades del estado y nos dicen que no hay presupuesto. Pero si vienen con sus pueblos mágicos y sus proyectos turísticos, ahora lo que estamos pidiendo es que se reconozca nuestra autonomía, libre determinación, autogobierno”.
Estela Hernández Jiménez tiene un doctorado en ciencias de la educación con especialidad en pedagogía. Su tesis, y a lo que se dedica en su pueblo, se llama “el otomí de Santiago Mexquititlán: Guía para aprender y enseñar otomí”. A veces ayuda a sus padres con su puesto de aguas en el tianguis.
Mientras la maestra habla, las niñas y los niños juegan y se ríen en el vestíbulo de la planta baja de las oficinas. Las mujeres limpian la cocina que adaptaron en el estacionamiento del inmueble. Algunas personas se toman la temperatura en la clínica que adaptaron. Diferentes organizaciones y colectivos propusieron programas de educación para la comunidad.
Emplazan diálogo con Claudia Sheinbaum y Adelfo Regino
La comunidad otomí residente en Ciudad de México dio una conferencia de prensa a dos semanas de haber tomado el INPI. Pronunció un discurso a las autoridades, aunque también lo dedicó al Congreso Nacional Indígena y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus redes de apoyo.
Mujeres y hombres hñañhö enunciaron con micrófonos a la puerta del INPI la omisión del gobierno ante la exigencia de vivienda digna y oportunidades laborales para las personas que venden artesanías en el centro, además del alto a la gentrificación en el pueblo del cual salieron.
Integrantes de la comunidad que dieron la conferencia con paliacates en el rostro y con cubrebocas citaron a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y al titular del INPI, Adelfo Regino, además un representante de la Secretaría, el martes 3 de noviembre a las 10 de la mañana a una mesa de diálogo sobre los problemas del pueblo otomí hñañö en la puerta del INPI.
Si no asisten, comenzarán a sacar los equipos de computo del primer piso de las oficinas, dijeron después de denunciar que los representantes del INPI que se presentaron solo preguntaron por el estado de las cosas adentro del inmueble.
La comunidad también dio a conocer que la representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, acudió para intermediar en las demandas. Sin embargo la comunidad la rechazó en asamblea como intermediaria. En la conferencia denunciaron que ni siquiera se presentaron cuando el mismo gobierno de Sheinbaum ordenó el desalojo con policías. Exigen que primero haga valer su derecho a la ciudad.
Emplazaron a Sheinbaum, como mujer, a entenderlas.
Cartas en apoyo del INPI
Adelfo Regino dio una respuesta a través de redes sociales a la toma del INPI, con un documento sin firma parecido a un comunicado de prensa y sin una comunicación directa hacia las afectadas. Ahí redacta: “un grupo de personas pertenecientes al pueblo indígena otomí”, sin reconocerlos como Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México, como ellas mismas se nombran.
Distintas cuentas de periodistas de Oaxaca han dado a conocer supuestas actas de asambleas que apoyan a Adelfo Regino ante la toma otomí del INPI, la mayoría de comunidades y pueblos de Oaxaca, aunque también de otros estados como Nayarit. Con escritos respaldados con firmas, aseguran estar a favor de las acciones de quien hoy encabeza el instituto de pueblos indígenas. Aunque no hablan de la problemática o la propuesta de diálogo que han solicitado desde el inmueble.
Si bien el titular se ha pronunciado por el diálogo y por estar a favor de los pueblos indígenas, no se ha presentado a las oficinas mientras la Comunidad Otomí Hñahñö Residente en Ciudad de México lo habita. En la conferencia de prensa se dijeron abiertas al diálogo.
Fuente e imagen: https://piedepagina.mx/migracion-indigena-la-toma-otomi-del-inpi-por-una-vida-digna/
Se trata de 130 familias del Barrio La Bibiana 2, ubicado sobre Ruta 3 y O’Brien en Moreno, quienes se encuentran a la espera de un inminente desalojo el cual estaba previsto para hoy. En este contexto, vecinos y vecinas exigen una respuesta al Municipio y una solución frente a la crisis habitacional. “El tiempo pasa y seguimos viviendo inhumanamente. Seguimos abandonados, por el Estado, el gobernador y ni que decir de la municipalidad. No hay respuestas claras. No abren mesa de diálogo. Solo llamadas en estos últimos días y hasta el fin de semana de diferentes áreas municipales. Sino nos reciben a nuestra comisión vecinal representando a las 130 familias que estamos abandonados, sin mejora habitacional, saldremos en reclamo a la ruta” explicó Viviana, vecina del barrio. Por ANRed
Alededor de 130 familias se encuantran a la espera de una respuesta frente al inminente desalojo que se realizará sobre el Barrio La Bibiana 2, ubicado sobre Ruta 3 y O’Brien en Moreno, cuya intendente es Mariel Fernández.
ANRed dialogó con Viviana, delegada barrial y vecina que busca una solución a la crisis habitacional que atraviesan miles de personas en nuestro país.
“Ayer hubo rumores que en el predio el sucesor de los terrenos se hizo presente y que al ser deudor la municipalidad se apropió de las tierras. En la semana que pasó la Municipalidad llamó a los vecinos diciendo que pidieron una prórroga, y se entrevistó con la comisión de delegados del barrio, que esta conformada por cinco mujeres. Lo que ellos ofrecían (autoridades municipales) eran camiones para reubicar algunas familias en lotes, que por el momento no se sabe donde. Las familias no quieren saber nada de entrevistarse individualmente. Por el momento nadie nos dió una respuesta exacta. Solo fueron rumores a través de un medio local y municipal. Nosotros vamos a resistir y estamos viendo si en esta semana pedimos a diferentes organismos apoyo a nuestra lucha, porque nadie se hace cargo. La única que da la cara es Vanina Pasik (Subsecretaria de Derechos humanos de Moreno), que tampoco asegura nada a las familias. Hasta el momento lo único que nos dicen es: ¡estamos trabajando!” explicó Viviana habitante del barrio Bibina 2.
Agregó “el tiempo pasa y seguimos viviendo inhumanamente. Seguimos abandonados, por el Estado, el gobernador y ni que decir de la municipalidad. No hay respuestas claras. No abren mesa de diálogo. Solo llamadas en estos últimos días y hasta el fin de semana de diferentes áreas municipales. Sino nos reciben a nuestra comisión vecinal representando a las 130 familias que estamos abandonados, sin mejora habitacional, saldremos en reclamo a la ruta. Si es posible buscamos todas las medidas pacíficas que venimos teniendo. Ya va a hacer un año que estamos en el predio. Hay niños, ancianos, mayores con discapacidades, niños especiales. Es una vergüenza que nadie se ocupe de nosotros. Pedimos que desarrollo social nos entreviste, en el predio porque sentimos que nos quieren comprar”.
Finalmente agregó “si bien tenemos en claro que el desalojo no se va a hacer por medidas de una apaleción o prórroga que hay sobre los asentamientos en provincia, hasta el momento no hay nada asegurado, para las familias. Cada vez que llueve perdemos todo. El barrio no mejora porque no dejan meter materiales, por medidas judiciales. Queremos conseguir una solución. Si los lotes son del municipio, ¿por qué nos hacen pasar por esta situación? ¿por qué no respetan el acuerdo que se presentó el 2 de marzo?”.
Fuente e imagen: https://www.anred.org/2020/10/05/moreno-vecinos-y-vecinas-luchan-por-una-tierra-para-vivir/
A Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz, ministras de Mujeres, Género y Diversidad
Somos mujeres de la toma de tierras de Guernica, Presidente Perón. Les escribimos desde la toma, donde nos encontramos con nuestros hijos y compañeros peleando por una tierra para vivir.
Muchas de nosotras hemos sufrido violencia de género y, sin poder tener otro recurso, tuvimos que abandonar la convivencia con nuestros violentadores para poder estar a salvo. Vinimos con lo puesto, no tenemos nada más. Muchas de nosotras somos jefas de hogar y madres solteras. Hay entre nosotras trabajadoras de casas particulares, que fuimos echadas de nuestros trabajos durante la pandemia, y otras trabajábamos de changas, viviendo el día a día, pero nuestros ingresos se vieron perjudicados por la difícil situación sanitaria que está viviendo el país. Nuestros compañeros han quedado sin trabajo, sin ingresos. En algunos casos, teniendo que devolver incluso los carros que les habían prestado para juntar lo poco que podían.
Esta pandemia que agarró haciendo muchísimo esfuerzo para poder pagar un alquiler que no baja de los cinco mil pesos, para poder afrontar el pago de las tarifas, y para poder alimentar a nuestros hijos. En nuestro caso, no pudimos afrontar más ese costo, y muchas de nosotras nos vimos frente a la peor decisión que puede vivir una madre: elegir entre pagar un alquiler, o comprar comida y pañales para nuestros hijos.
Frente a esta situación, desde el 20 de julio estamos realizando una ocupación pacífica y tomamos en nuestras manos el reclamo por una vivienda digna que nos ha sido negado. Junto a nuestros compañeros, tomamos las tierras que se encuentran en los campos de Numancia y San Martín, en Guernica. Son tierras que no tienen dueño. Así lo han constatado los abogados solidarios que nos están ayudando para poder llevar adelante nuestro reclamo.
Pasar las noches acá no es nada fácil, señoras ministras. Nuestro hogar son carpas hechas con cartones, lonas y chapas. Tenemos que abrigarnos del frío y de la lluvia con lo que no tenemos, ayudándonos entre nosotras, fortaleciendo estos lazos de solidaridad que tan fuertemente hemos tejido, organizando ollas populares y merenderos para que los más de 3 mil niños y niñas que están acá, nuestros hijos, no pasen hambre y puedan tener al menos una comida al día.
El apoyo de organizaciones solidarias y de vecinos de la zona que estamos recibiendo es esperanzador. Nos ayudan con colectas, nos aconsejan, nos empujan para adelante a no bajar los brazos.
Sin embargo, estamos sufriendo todo tipo de hostilidades. La policía, que nos hostiga y amedrenta permanentemente. Los medios de comunicación intentan distorsionar la veracidad de nuestro reclamo, acusándonos de las cosas más horribles. Algunos políticos piden que “la Justicia actúe” y nos saque de estas tierras. En algunos casos, como Sergio Berni, han llegado a pedir que nos metan presas. Les preguntamos ¿por qué la condena antecede al entendimiento? Ellos, con sus decisiones de vista corta, alientan a que se nos condene.
Nosotras, sin embargo, no bajamos los brazos. Venimos buscando en la fuerza de nuestra organización, el valor que necesitamos para salir adelante, por nosotras, por nuestros chicos, y también por nuestros compañeros.
Vimos durante estos años la fuerza que cobró el movimiento de mujeres que salió a las calles en defensa de sus derechos, contra la violencia de género, peleando por una vida sin miedo, una vida digna, una vida que merezca ser vivida. ¿Saben, señoras ministras? Esa es la consigna que más fuertemente levantamos quienes estamos acá.
No tener vivienda también es violencia. Derecho a la vivienda, a la niñez. 3 mil niños
Esa marea que inundó las calles del mundo con especial fuerza en nuestro país, nos inspira y nos llena de energía. Por eso, señoras ministras, creemos que nuestro reclamo es justo. En las últimas horas nos hemos enterado que la Cámara de Apelaciones de La Plata dio la orden para desalojarnos, nos preguntamos ¿dónde quieren los señores jueces que vayamos a vivir? Esta decisión solo nos arrojará a la calle, de donde vinimos. Quizás estos señores no entiendan que violencia de género también es no tener una vivienda digna, y un acceso a la niñez con plenos derechos.
Les pedimos que nos acompañen, que nos ayuden a echar atrás el desalojo. Que se hermanen con nuestro reclamo de #NiUnaMenosSinVivienda.
Esperamos una pronta respuesta. Mujeres en Lucha de la Toma de Tierras de Guernica.
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