Entrevista a Antonio Gómez Movellán. «Urge establecer una escuela racional y libre de dogmatismos religiosos»

Entrevista a Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica
«Urge establecer una escuela racional y libre de dogmatismos religiosos»
Lara Carrasco
Infolibre

 

 Antonio Gómez Movellán fue uno de los fundadores de Europa Laica en 2001 y la preside desde hace tan solo dos meses, cuando abandonó el cargo Francisco Delgado, que estuvo al mando de la asociación durante una década. Según él mismo cuenta, les diferencia algo fundamental: «Francisco Delgado fue diputado constituyente y senador, yo estoy más vinculado a movimientos sociales» [es colaborador habitual de Rebelión.org]. Sin embargo, ambos están unidos por su deseo de conseguir, por fin, una sociedad laica en España. Con ese motivo nació la asociación, «que no recibe subvenciones públicas», destaca Gómez Movellán.

Este sábado, Europa Laica conmemoró el Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia «con el propósito de que se celebre anualmente en entornos mundiales cada vez más amplios y reconocidos». Con este motivo, la organización quiere denunciar «la vulneración que, en todo el mundo, se hace de la libertad de conciencia, pensamiento y expresión, como fruto de la invasión de las creencias privadas en el ámbito público del Estado«.

PREGUNTA. Usted preside la organización Europa Laica desde hace dos meses, pero fue uno de los fundadores en 2001. ¿Qué ha cambiado desde entonces en España? 

RESPUESTA. La fundamos diferentes personas, entre ellos Gonzalo Puente Ojea, que fue un diplomático y un gran escritor sobre los temas de libertad de conciencia. Lo que ha cambiado desde entonces en cuanto a la relación de la Iglesia y el Estado y al secularismo estatal es muy poco, pues las relaciones entre la Iglesia y el Estado siguen teniendo el mismo marco a todos los niveles. Lo que sí ha cambiado de verdad ha sido la sociedad, en la que ha habido un proceso de secularización en estos 15 años muy importante, que se refleja en las encuestas que realiza el CIS. Por ejemplo, hay regiones donde el 70% de los jóvenes se declara «no creyente». Además, otro de los aspectos que han cambiado mucho ha sido los hábitos de la sociedad española en cuanto a los ‘ritos de paso’. Por ejemplo, en la actualidad hay muchos más ritos civiles que religiosos, y esto es un dato muy claro. En cuanto a los bautizos pasa exactamente igual, la mayoría no son religiosos. A pesar de que no haya una oferta por parte de los servicios públicos, excepto en el caso de los matrimonios, se están imponiendo las ceremonias civiles porque realmente ya empieza a ser demandado por una gran parte de la sociedad que evidentemente no tiene una creencia religiosa.

Es decir, lo que más ha cambiado ha sido la realidad de la sociedad aunque, sin embargo, la comunidad política sigue teniendo, más o menos, la simbología católica, que está presente en muchos actos oficiales. Además, los alcaldes y concejales suelen acudir a todo tipo de procesiones y rituales católicos. Por otro lado, yo creo que también ha cambiado el hecho de que nos encontramos alrededor de un millón de musulmanes practicantes en nuestra sociedad, lo que significa que hay un pluralismo religioso que antes no existía.

P. Hablando del aspecto político, ¿ha habido algún avance o retroceso hacia el laicismo con el Gobierno Mariano Rajoy?

R. El Gobierno de Mariano Rajoy ha significado un retroceso, sobre todo en el ámbito de la educación. La llamada ley Wert introdujo un marco normativo donde la asignatura de Religión católica, que más bien es una catequesis, tiene un planteamiento de adoctrinamiento religioso en los colegios, donde hay 18.000 delegados de las diócesis llamados profesores de Religión. El Gobierno le ha dado una mayor relevancia, la asignatura ahora es evaluable y es tratada como fundamental, al igual que cualquier otra. Sin embargo, cada día es menos demandada, pues hay que tener en cuenta que la reclama menos del 50% de los alumnos de toda la educación.

P. Eso está en consonancia con la secularización de la sociedad de la que hablaba.

R. Claro. Pero lo más grave ha sido la práctica, que ha hecho que en las grandes áreas metropolitanas de las comunidades que tienen transferidas las competencias de educación haya mayores conciertos educativos, es decir, han dado más dinero a la escuela católica. Si hace diez años se gastaban 4.000 millones de euros en la educación concertada, ahora se gastan 7.000. Esto es algo un tanto sorprendente porque, como digo, ha ido en paralelo a unos recortes muy fuertes en plantilla dedicados a pagar la factura de la austeridad. Esto es muy significativo porque, en ciudades como Madrid, cerca del 60% de los alumnos están escolarizados en escuelas católicas. Además, otro aspecto que creo importante señalar es todo el ámbito de la asistencia social. A raíz de la crisis económica hemos visto cosas que no veíamos desde hace muchos años, como las colas en los comedores sociales religiosos. Se ha dado un control de fondos públicos a organizaciones sociales de la Iglesia, como Cáritas, porque realmente no hay servicios sociales adecuados. Por ello, las administraciones inundan de dinero público a las organizaciones religiosas para que, de alguna manera, palien el asunto. Esto es como decir: «Bueno, como nosotros, el Estado, no podemos resolver los problemas sociales, damos un poco de dinero a la caridad y así nos sentimos un poco más contentos».

P. ¿Así lo justifican?

R. Así justifican la incapacidad de la sociedad pública para resolver los problemas sociales. Yo creo que esto también hay que tenerlo en consideración porque no es que sea una vuelta al siglo XX, sino al siglo XIX. Frente a la solidaridad social nos encontramos con la vuelta a la caridad. Ahí veo también un retroceso que quizá no tenga que ver directamente con el Partido Popular, pero sí con el sistema político, que se ha mostrado incapaz de resolver los problemas sociales de la crisis.

P. Volviendo al ámbito de la enseñanza, ¿habría que sacar completamente a la Iglesia de la escuela?

R. Por supuesto. Nosotros pensamos que la educación tiene que ser laica. En estudios que se han realizado sobre la situación escolar en España, el mayor elemento que influye en la segregación social, a parte de los ingresos económicos, es la educación. Por eso se ha incrementado mucho la enseñanza concertada en las regiones ricas. Hay menos escuela concertada en comunidades como Andalucía o Extremadura y más en el País Vasco, Cataluña o Madrid. España, dentro de Europa, es el segundo país con la tasa más alta de escolarización en colegios católicos. Esto no nos preocupa solo a nosotros, sino a todas las organizaciones que se han distinguido por defender la educación pública, como la marea verde. Nos implica a todos a los que nos preocupa la educación como un sistema de igualdad y de oportunidad, no de segregación, que también ha llegado al ámbito universitario.

P. ¿Por qué es necesario un movimiento laico en un país como España?

R. En primer lugar, para reclamar un Estado laico. Primero, para conseguir una separación estricta entre la Iglesia y el Estado, porque en nuestro país no la hay. Hay que tener en cuenta que la Iglesia, en España, se financia directamente por el Estado. Nosotros hemos hecho estimaciones y son cerca de 11.000 millones de euros lo que recibe la Iglesia católica cada año. Concretamente, el clero es financiado directamente a través del IRPF. Más allá de esto, el laicismo, desde el punto de vista histórico, significa los lemas de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. En este sentido, la libertad es la libertad de conciencia y todo lo que ella supone: la lucha contra la censura, la defensa de la libertad de expresión, etc. A día de hoy, eso significa estar alerta sobre los monopolios de la información y la necesidad de una información veraz. La censura, ahora, ha tomado otros derroteros. Hemos visto cómo, en este año, en España se ha aplicado esta censura burda que en los países desarrollados ya no existe, pero que sin embargo aquí se ha utilizado. La entrada en vigor de la ley mordaza ha traído 30.000 sancionados, como Rosa María de Femen, que fue sorprendentemente condenada a un año por tirar un ejemplar de la Constitución al ministro del Interior. Este ámbito de la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, evidentemente, forma parte de lo que es el laicismo.

El otro lema, la igualdad, significa el acceso sin discriminación a los derechos. Evidentemente, en España, el mayor problema es la falta de ingresos. Hemos visto los recortes que se han hecho a derechos tan básicos como la justicia, y eso es un problema. Por otro lado, están todas las discriminaciones por género, ideologías, orientaciones sexuales, etc. Toda la legislación española, hasta el Gobierno de Zapatero, durante el cual se conquistaron una serie de derechos, estuvo matizada por la influencia de la religión. Estoy hablando del aborto, del divorcio, de la igualdad civil de las personas homosexuales… En definitiva, siempre se intenta imponer una moral privada sobre la legislación pública.

Por último, la fraternidad es luchar por los servicios públicos esenciales y universales que, en la actualidad, están siendo amenazados por el mercado neoliberal, que está deteriorando lo que ha sido esta idea de lo común y de lo universal, que significa precisamente el laicismo.

P. Desde la organización habéis elegido el 9 de diciembre como Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia, ¿por qué ese día?

R. En realidad no es un tema de España, es un tema europeo. El 9 de diciembre de 1905, después de muchas guerras y revoluciones, Francia fue el primer país europeo que impuso una separación estricta de la Iglesia y el Estado en base a la ley que lo establece, que está todavía vigente. Por otro lado, en España, la Segunda República fue aprobada el 9 de diciembre de 1931. Esto es un hito en la historia del laicismo español porque la Constitución Española de aquel año también establecía la separación entre la Iglesia y el Estado y una garantía para la libertad de conciencia de los ciudadanos. Desgraciadamente, esta etapa duró muy poco porque la reacción de la Iglesia fue, desde el primer momento, contraria a la República. La Iglesia católica española, todavía hoy, en 2017, está orando y custodiando el alma del último dictador fascista de Europa en el Valle de los Caídos. Es una orden, la orden de los benedictinos, la que está al cargo de este monasterio. Y esto dice mucho de cuál es la situación.

P. ¿Por qué darle la categoría de internacional? ¿Es necesario seguir luchando por la libertad de conciencia a nivel mundial?

R. Eso lo impusieron las federaciones de organizaciones laicas europeas como ejemplo de lo que significó Francia, y concretamente la ley de 1905, en la lucha por la libertad de conciencia. La influencia que tuvo en Latinoamérica, por ejemplo, fue muy importante. Muchas repúblicas independientes americanas tomaron, en un primer momento, esta idea de laicismo, aunque luego se fue deteriorando. La influencia que tuvo el sistema laico aparecía como un principio de la democracia. Existe el principio de la separación de poderes, el principio de la representatividad de los ciudadanos e, igualmente, el principio laicista. No es una filosofía, es una práctica. En los años 50, muchos países que se acababan de descolonizar veían esto como un modelo, como Turquía, Egipto, Argelia, etc. ¿Qué ha ocurrido? Desgraciadamente, en los últimos años vemos cómo las teocracias, los regímenes que otorgan muchísimo poder a la religión, son principalmente estos países. La realidad es que vemos que la religión forma ya parte otra vez de la política internacional, y esto en los años 50 y 60 había acabado. Esto lo vemos hasta en el lenguaje. Por ejemplo, antes hablábamos de la población magrebí y no hablábamos de los musulmanes marroquíes; hablábamos de los israelíes, y ahora hablamos de los judíos. Se utilizan términos religiosos cuando antes utilizábamos términos civiles. ¿Por qué? Porque la religión empieza a tener una importancia muy seria en esos países que, además, hace que sus constituciones y sus leyes reflejen que son Estados religiosos.

P. Volviendo a España, ¿cuál es, a su juicio, el mayor privilegio que tiene la Iglesia católica? ¿El poder que tiene sobre la educación? ¿La exención del IBI?

R. Yo creo que el mayor privilegio que tiene la Iglesia católica es ser considerada como una religión oficial. En la Constitución, la única corporación privada que se nombra es la Iglesia católica. En el artículo 16 aparece nombrada de forma específica, es decir, que el Estado, la sociedad civil organizada, tiene una preferencia por una Iglesia, por una creencia. De ahí derivan todos los privilegios que tiene. Es decir, se hace estatal una cuestión que es de la sociedad. No es muy normal que los Estados financien directamente a las iglesias, como es nuestro caso. Las religiones tienen un ámbito público y pueden hacer sus manifestaciones como cualquier tipo de asociación, pero lo que no pueden tener es un reconocimiento oficial, que es diferente. Nosotros, cuando hablamos del ámbito privado, no nos referimos a que la Iglesia tiene que estar vigilada, simplemente decimos que no puede tener un estatuto de iglesia oficial. Es precisamente lo que decía el presidente de honor de Europa Laica, Gonzalo Puente Ojea, que sostenía que lo que hay en España es un criptoconfesionalismo católico. Esa expresión refleja bien lo que vivimos en España.

P. Se supone que es un Estado aconfesional, ¿cómo es en la práctica?

R. En la práctica no es así. La ley de separación de 1905 francesa, que es laica, establece lo siguiente: «El Estado, para garantizar la libertad de conciencia de sus ciudadanos, no reconoce a ninguna creencia de ninguna religión, ni tampoco la financia». ¿Qué dice la Constitución Española? Todo lo contrario: Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Y luego añade: No obstante, el Estado reconocerá la sociología religiosa de los españoles y mantendrá acuerdos especiales con la Iglesia católica y las demás religiones. Es decir, ya se habla de una cooperación con las iglesias. Por ejemplo, Estados Unidos también establece una separación de la Iglesia y del Estado. Allí, de lo que se trata es de que el Estado no se involucre en la libertad religiosa. En Europa, por la fortaleza que tenían las iglesias, es al contrario, es decir, que el Estado se tiene que proteger para que las iglesias no se entrometan.

P. En cuanto a la financiación de la Iglesia, hace años la institución se comprometió a autofinanciarse, ¿qué ha quedado de esa promesa?

R. Existe lo que llaman la financiación del clero diocesano, al que se paga a través de lo que recauda la Iglesia con el IRPF. Es decir, se puede decir que España todavía sigue pagando a los curas de las parroquias a través de la casilla de la renta, con la que el 0,75% de los impuestos va para ellos. Para edulcorar esto hicieron, en tiempos de Matilde Fernández, la casilla de asuntos sociales pero, en realidad, la mayoría de lo recaudado así también se lo llevan las organizaciones de las Iglesia. Nosotros pensamos que las asociaciones religiosas deben ser consideradas asociaciones como las demás y financiarse por sus propios medios.

P. La Iglesia entrega una memoria anual con el destino de los fondos que se recaudan a través de la casilla de donaciones de la declaración de la renta, ¿es suficiente transparencia?

R. No. La Iglesia estuvo mucho tiempo sin llevar memoria pero, por las presiones que ha habido de asociaciones como la nuestra, al final la ha presentado, pero tiene una gran opacidad porque, si se mira, no hay una auditoría de sus cuentas. Ellos presentan esta memoria, que es una obligatoriedad, y ahí mezclan todo tipo de ingresos diferentes a los casi 300 millones que reciben por IRPF. Mezclan, por ejemplo, la educación, por la que la Iglesia recibe casi 3.000 millones. Realmente no cumple todo lo que incluye el acuerdo con la Santa Sede. Además, como hemos dicho antes, estaba prevista la autofinanciación, pero tampoco se ha cumplido, porque no se autofinancian. De todas maneras, hay que tener en cuenta que el tema del dinero y la religión es verdaderamente complicado y, sobre todo, es una cosa bastante oscura. En España hubo un caso muy importante a principios de los años 2000, el Caso Gescartera. Esto era un chiringuito financiero donde estaba implicado el Gobierno de José María Aznar y el secretario de Estado de Hacienda. Lo que se descubrió es que buena parte de los inversores eran órdenes religiosas.

P. En el caso de las inmatriculaciones, ¿va ganando la Iglesia?

R. Las inmatriculaciones nos deben hacer reflexionar sobre el patrimonio de la Iglesia, es decir, hasta qué punto el patrimonio histórico tiene que ser de la Iglesia. Por qué la Mezquita de Córdoba, que es un patrimonio de la Humanidad, tiene que ser de la Iglesia católica, que incluso controla el dinero de las entradas. Las inmatriculaciones es aprovechar un resquicio legal para empezar a inmatricular todo tipo de cosas sin los requisitos que la ley establece, simplemente con un certificado de un obispo. Pero el problema de fondo es que esto nos puede llevar a reflexionar sobre la desamortización de los bienes que hoy son titulares de la Iglesia y que igual debían de dejar de serlo, máxime cuando están mantenidos con fondos públicos, porque la mayor parte de las obras de restauración de cierta importancia las hacen las comunidades autónomas.

P. De todo lo que falta por hacer, ¿qué es lo más urgente?

R. Ahora mismo hay una oportunidad. En España hay una demanda de una mayor democracia y, quizá, eso acabe con unas demandas de unos cambios constitucionales. Hay que aprovechar la brecha para que, a nivel constitucional, se cambien los artículos que hacen referencia a la Iglesia. En segundo lugar, yo creo que lo más importante desde el punto de vista de la sociedad y de su futuro es el tema educativo. Es necesario acabar con esta segregación social y establecer una escuela racional, crítica, inclusiva, libre de dogmatismos religiosos. Desde esta perspectiva, nosotros consideramos que lo ideal sería una ley educativa que pudiera imponer un nuevo modelo en España.

Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/12/07/europa_laica_72766_1012.html

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La elección de centro educativo o la semilla de la desigualdad

Diversificar la oferta educativa y aumentar el número de centros concertados no ha demostrado mejorar la calidad de la educación ni aumentar la motivación de los alumnos. En cambio, sí hay evidencias de que aumenta la desigualdad de oportunidades.

El artículo 27.3 de la Constitución Española garantiza a los padres el derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones. En nuestro país, se ha interpretado que este derecho exige a las administraciones públicas ofrecer distintas opciones educativas, algo que pueden hacer de dos modos. El primero, disponiendo diferentes tipos de centro, y el segundo, ofreciendo alternativas formativas dentro de los propios centros. Ese es precisamente el propósito con el que se regula la asignatura optativa de Religión Católica, cuyos docentes y currículum son elegidos por la Iglesia, y que puede ser cursada por todos los alumnos.

Tanto la asignatura de Religión Católica como la financiación pública de colegios confesionales han sido cuestionadas por quienes consideran que la educación sostenida con fondos públicos debe ser laica y evitar el adoctrinamiento religioso. En particular, existe un permanente debate entre quienes defienden un aumento de la educación concertada y quienes apoyan una red pública ampliamente mayoritaria. La polémica se mantiene, en parte, porque muchos centros concertados no se caracterizan solo por su orientación religiosa o moral, sino también por establecer requisitos económicos para su acceso y por no disponer las actividades religiosas con carácter voluntario, prácticas que vulneran la ley al discriminar a las familias con rentas bajas o que no son católicas.

Desde hace unos años, el Estado central y, especialmente, algunas Comunidades Autónomas han apostado decididamente por aumentar la diferenciación educativa en los niveles obligatorios. El objetivo, como explicó la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar, es garantizar la libertad de elección de los padres y, con ello, mejorar la calidad del sistema. Aunque no hay evidencias de que lo primero logre lo segundo, conviene detenerse en el primer paso: ¿Existe libertad de elección? Mi tesis es que no, por las siguientes razones:

1. Hay centros concertados que no están al alcance de muchas familias debido a algunos costes económicos indirectos bastante generalizados, como cuotas cuasi-obligatorias o gastos extra como el uniforme o el transporte, que se hanincrementado durante los últimos años.

2. La información sobre colegios e institutos es insuficiente y desigual. Aunque existen mecanismos como las jornadas de puertas abiertas o las páginas Web, los datos ofrecidos suele ser escasos e incompletos. Es infrecuente, por ejemplo, que el proyecto educativo esté disponible. Otras herramientas, como los rankings en base a pruebas externas, se han demostrado poco fiables para estimar la calidad educativa de un colegio. En este aspecto, los padres con mayor nivel socioeconómico suelen disponer de mejor información sobre los centros elegibles.

3. El interés y conocimiento sobre la educación varían mucho entre las familias. Precisamente, los padres con más recursos suelen elegir colegio con un objetivo: que sus hijos se relacionen con un alumnado seleccionado socialmente, sobre la suposición de que estas relaciones serán positivas para su éxito escolar y social.

4. No todas las familias disponen de las mismas posibilidades para acompañar con garantías el proceso educativo de sus hijos. Hay quienes, por ejemplo, no eligen colegios bilingües porque no saben inglés y no podrán servir de apoyo a la hora de hacer los deberes, o porque no tienen el dinero suficiente para pagar una academia de refuerzo.

Por todo ello, quienes tienen menos recursos económicos y culturales tienden a mantenerse en el centro asignado administrativamente, mientras que quienes disponen de ellos sí suelen ejercer de manera efectiva esa elección. Como consecuencia, el alumnado con ingresos bajos, progenitores con menor nivel de estudios (ver gráfico 1) y de origen inmigrante se concentra principalmente en la educación pública. Debido a que los resultados individuales se ven afectados por las características socioeconómicas y culturales de los compañeros, esa concentración de alumnado “difícil” reduce las posibilidades de conseguir buenos resultados académicos en los centros públicos. La mayor expectativa de éxito escolar y de establecer relaciones sociales provechosas hacen aumentar el atractivo de la escuela concertada.

Gráfico 1. Máximo nivel de estudios de la madre, según tipo de centro al que acude el alumno. España 2012

PISA

Fuente: PISA 2012.

Diversificar la oferta educativa y aumentar el número de centros concertados no ha demostrado mejorar la calidad de la educación ni aumentar la motivación de los alumnos. En cambio, sí hay evidencias de que aumenta la desigualdad de oportunidades. ¿Por qué profundiza la administración en una separación del alumnado que tiene efectos perniciosos para muchos alumnos? Posiblemente, por dos razones: Primero, porque muchas familias no ven con malos ojos este filtro social, siempre y cuando les siga permitiendo evitar al alumnado con mayores dificultades. Y segundo, porque es muy barato para una administración que no solo potencia la extensión de la educación concertada, sino que además no pone los medios necesarios para que se desempeñe de acuerdo con la ley.

Más que de libertad de elección, por tanto, deberíamos hablar de opciones limitadas en un sistema que conduce a los alumnos al estrato educativo que se corresponde con su origen social. La cuestión de fondo es: ¿Están obligados los padres a tener unos determinados recursos económicos, información, conocimiento y capacidades para que sus hijos reciban una educación básica de igual calidad al resto? Dicho de otro modo: ¿El contenido del derecho a la educación debe depender de los recursos de las familias?

La preservación de las creencias de las familias no puede ser la excusa para segregar al alumnado según origen socioeconómico a través de una falsa libertad de elección de centro. Las políticas educativas deben corregirse para garantizar el respeto a las convicciones de todas las familias y para que tengan a su alcance una educación de la máxima calidad. Ello pasa, ineludiblemente, por repensar el modelo de distribución del alumnado entre centros y el papel que desempeña la Religión Católica en la educación española.

Fuente: http://www.eldiario.es/agendapublica/blog/eleccion-centro-educativo-semilla-desigualdad_6_429117125.html

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Universidad británica prohíbe el ingreso de cubanos para obedecer al bloqueo de EEUU

Reino Unido/Julio de 2017/Fuente: Escambray

La Campaña de Solidaridad con Cuba (CSC) en el Reino Unido ha lanzado una estrategia para abolir la prohibición de las solicitudes de ingreso de estudiantes cubanos por una de las mayores instituciones educativas del país.

La Universidad Abierta (Open University) ha sido expuesta a críticas por operar una política que prohíbe las solicitudes de ingreso de estudiantes cubanos, sean residentes en el país o no, debido a las leyes del bloqueo estadounidense contra Cuba.

Por su parte, la Open University afirma que su proceso de admisión opera según una lista de “países restringidos” porque teme la posibilidad de ser multada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos si viola las leyes del bloqueo y permite a los estudiantes cubanos ingresar a sus programas de estudio.

Esta política salió a la luz después de que un estudiante cubano se postulara a un doctorado en la institución el pasado abril, y le informaron que no podía ingresar debido a su nacionalidad cubana.

La Campaña de Solidaridad con Cuba afirma que al prohibir las solicitudes de ingreso de un grupo de estudiantes según su nacionalidad, la Open University viola la legislación vigente del Reino Unido contra la discriminación, establecida por la Ley de Igualdad de 2010.

Como respuesta a la iniciativa del CSC, más de mil 200 personas han escrito a sus Miembros del Parlamento para pedirles que intervengan en el caso y obliguen a la Open University a cambiar su política.

Sally Hunt, secretaria general de la University and College Union (Sindicato de profesores y trabajadores de universidades e institutos de educación superior), ha dirigido una carta al vicerrector de la Open University. En el texto expresa:

“Estamos preocupados por el carácter discriminatorio de la política de admisiones de la Open University, que no sólo va en contra de su misión de abierto acceso, sino también la práctica actual de otras universidades, donde los estudiantes cubanos pueden cursar carreras y estudios de postgrado.”

Además de violar las leyes de igualdad, esta política también resulta una contravención de la ley ‘The Protection of Trading Interests Act’ (sobre la protección de los intereses comerciales), según la cual el Reino Unido puede penalizar a las empresas y organizaciones británicas que acatan el bloqueo extraterritorial de los Estados Unidos contra Cuba. En efecto, la Open University pone la legislación anticubana del bloqueo estadounidense por encima de la ley del propio Reino Unido.

Tales casos destacan el alcance global del bloqueo y su impacto en el pueblo cubano. Sin embargo, este es el primer ejemplo de este impacto en una institución educativa británica. En 2007 Hilton Hotels intentó prohibir a los nacionales cubanos de quedarse en sus hoteles en el Reino Unido, citando las mismas razones que la universidad. Sin embargo, después de una exitosa campaña por parte de la CSC y una coalición de sindicatos y parlamentarios, la cadena hotelera desistió de este propósito.

La Campaña de Solidaridad con Cuba considera que la acción de la Open  University es a la vez poco ética e ilegal según la ley del Reino Unido, y ha reclamado al gobierno británico que intervenga en el asunto.

El Director de la CSC, Rob Miller, enfatizó:

“Es inaceptable en todos los niveles que una universidad británica prohíba a todo un grupo de estudiantes basándose únicamente en su nacionalidad, la cual contradice las leyes contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades. En su acción y la justificación ofrecida castiga al pueblo de Cuba y socava la soberanía de la ley británica. Dichos estudiantes cubanos son bienvenidos estudiar en otras universidades británicas. Al introducir esta política injusta, discriminatoria y desagradable, la Open University se burla de su afirmación de ser ‘abierta a todos’”.

Fuente: http://www.escambray.cu/2017/universidad-britanica-prohibe-el-ingreso-de-cubanos-para-obedecer-al-bloqueo-de-eeuu/

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Serie IMANI de Educación: Escuelas Privadas con Bajos Costos Podrían Ayudar a Alcanzar el Objetivo de la ‘Educación Básica para Todos’ en África

Por IMANI

  • Las escuelas privadas atienden a los que viven con menos de $ 2 al día. En Ghana, cuesta $ 1 por semana educar a un niño en una escuela privada de bajo costo mientras cuesta casi $ 4 en escuelas públicas con diferentes resultados de calidad (2014).
  • Los estudios han encontrado que los estudiantes matriculados en escuelas privadas de bajo costo en India, Nigeria y Ghana generalmente obtienen resultados más altos en las pruebas estandarizadas en materias clave del currículo que los estudiantes en instituciones públicas.

  • Pero las escuelas de bajo costo tienen desafíos. Las escuelas privadas con bajo costo deben ser sostenidas con una regulación gubernamental razonable en los planes de estudio y los estándares de los aprendices de maestros para que experimenten e innoven.

  •  Esencialmente, necesitan acceso a fondos privados y microfinanciación para vivir más allá de un promedio de 14 años.

 Introducción

La educación desempeña un papel indispensable en la promoción del crecimiento económico y la justicia social y se asocia con una amplia gama de resultados positivos, entre ellos la mejora de la salud y la mejora de los medios de subsistencia. Cada año adicional de escolarización se traduce en un aumento promedio del 10 por ciento en los ingresos de un individuo, eleva el crecimiento medio anual del PIB en un 0,37 por ciento y, en última instancia, contribuye a una sociedad más inclusiva, productiva y comprometida.

El acceso a la educación se ha incrementado considerablemente en África subsahariana con la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en materia de educación, Educación para Todos (EPT) y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (SDG4). Desde 1999, el número de niños matriculados en escuelas primarias en el África subsahariana aumentó en un 75 por ciento, a 144 millones en 2012. En el nivel secundario y terciario, se observaron aumentos porcentuales aún mayores de 62 por ciento y 80 por ciento respectivamente.

A pesar del progreso, los países de la SSA se enfrentan a niveles de aprendizaje rutinariamente bajos en el sistema escolar público. Al mismo tiempo, los países del África subsahariana han experimentado un crecimiento significativo en la educación privada en las últimas décadas. Entre 2005 y 2014, la matriculación en escuelas primarias privadas como porcentaje del total de matriculaciones en la enseñanza primaria aumentó del 9,78 por ciento al 11,57 por ciento en los países del África subsahariana. Según la base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO (ISU), en 2014 la matrícula de primaria en las escuelas privadas era de 23,2% en Ghana, 16% en Kenia, 19,5% en Uganda, 4,1% en Sudáfrica y 14,9% En Nigeria.

Las escuelas privadas son a menudo consideradas como las reservas de los ricos. Sin embargo, un aspecto llamativo del crecimiento en la educación privada ha sido la proliferación de Escuelas Privadas de Bajos Ingresos (LFPS) que sirven a familias relativamente pobres. Low-Fee La escuela privada o las escuelas dirigidas por empresarios en áreas pobres atienden a aquellos que viven con menos de $ 2 al día. LFPS cobra baja tasa ($ 1 por semana) que es mucho menos que los $ 3.96 [4] gastado por alumno por el gobierno por semana en 2014 en el nivel primario de educación en Ghana.

El crecimiento de estas escuelas ha generado un debate significativo sobre su papel, con algunas críticas a la privatización de la educación básica, que es un derecho humano básico, argumentando que es un servicio que dejó libre al gobierno. Otros aplauden la capacidad del sector privado para llenar la brecha creada por el bajo rendimiento del sistema de educación gubernamental. Varias razones explican la creciente demanda de Escuelas Privadas de Bajos Ingresos (LFPS): incapacidad del sector público para satisfacer la demanda, oferta insuficiente de espacios escolares públicos, baja calidad de la educación pública y educación pública que no satisfacen las diversas necesidades diferenciadas De las familias, que incluyen la enseñanza de lenguas internacionales, el énfasis en la religión, etc.

Razones para el crecimiento del SPLF
Los tutores eligen matricular a sus hijos en escuelas privadas basándose en la educación de mayor calidad percibida en estas instituciones en comparación con sus homólogos de escuelas públicas. A menudo se piensa que los estudiantes matriculados en escuelas privadas obtienen puntuaciones más altas. Estudios realizados por James Tooley (2007, 2009) han encontrado que los estudiantes matriculados en escuelas privadas de bajo costo en India, Nigeria y Ghana generalmente obtienen resultados más altos en las pruebas estandarizadas que en los estudiantes de instituciones públicas.

Las clases en LFPS también tienen un tamaño de clase menor que las escuelas públicas, más contacto entre maestro y alumno, y menos ausentismo docente en comparación con las altas tasas de absentismo escolar del 15 al 25 por ciento en las escuelas públicas en África.

También hay una percepción, especialmente en los países en desarrollo, de que los padres económicamente capaces de enviar a sus hijos a instituciones públicas se preocupan poco por su educación. Adefeso-Olateju (2013), un consultor de política educativa, entrevistó a padres y maestros en instituciones educativas en Lagos. Un comentario de un padre, que era también el director de una escuela privada era «solamente un padre que no ama a su niño lo enviará a una escuela pública». Muchos de los padres entrevistados también asociaron estereotipos negativos con niños matriculados en instituciones públicas, como «de casas malas», «miserables» y «no valoran la educación», mientras que la asociación de palabras positivas con niños matriculados en escuelas privadas, De un buen hogar «,» respetuoso «y» de alta inteligencia «. Esta percepción, independientemente de otros factores, como la calidad de la educación y la calidad de los docentes, es un importante motor de la demanda de los padres para que sus hijos se inscriban en instituciones privadas.

 Ventajas y desventajas

 Aparte de estas percepciones, las escuelas privadas y los LFPS se caracterizan por ciertas ventajas y desventajas.

Debido a la naturaleza de las escuelas Low Fee Private, se les otorgan beneficios únicos. Una de estas ventajas es que la estructura de financiamiento de estas escuelas puede permitirles estar más equipados que las escuelas públicas. La estructura de financiación diferente de las escuelas privadas significa que pueden ser más tecnológicamente avanzada, lo que afecta no sólo el elemento de aprendizaje de la educación, sino la rendición de cuentas. Por ejemplo, eSchools en Zambia utiliza tabletas y proyectores en las aulas y actualmente está explorando el uso de tecnología de huellas dactilares para rastrear la asistencia de maestros y alumnos. En Ghana, un estudio realizado por IDP Foundation y Results for Development Institution (2016), observando 150 LFPS en 5 regiones encontró que los flujos de ingresos en LFPS en Ghana no son diversificados, con 84 por ciento de los ingresos anuales de matrícula y cantina matrícula. Esto hace que sólo un tercio de los LFPS sean rentables y sólo el 13% disponga de los recursos adecuados para pagar los proyectos de mejora de la calidad. Con más opciones de ingresos, como el acceso a los préstamos, LFPS en Ghana podría tomar una mejor ventaja de su financiación independiente del gobierno.

Otro beneficio es que los SPFL pueden aprovechar la autonomía de la intervención gubernamental. Esto puede conducir, por ejemplo, a instituciones privadas que supervisan a los docentes con más frecuencia de lo que se requiere en las instituciones públicas. Un monitoreo más frecuente podría conducir a que los maestros sean capacitados más eficazmente cuando sea necesario. Una reciente evaluación de las necesidades y el impacto del Programa de Escuelas Renovables de los PDI por Resultados para el Desarrollo (2016), que investiga 150 escuelas en Ghana, encontró que más del 80 por ciento del SPFT invierte en la formación de maestros. Sin embargo, en el mismo estudio se recomendó que el LFPS en Ghana pudiera beneficiarse de un aumento en la frecuencia y calidad de la formación docente existente.

Uno de los principales desafíos que se plantea a LPFS es la posible re-aplicación de la desigualdad en el sistema educativo. Aunque las escuelas privadas de bajo costo fueron introducidas inicialmente para proporcionar una alternativa de bajo costo y de alta calidad a la educación para aquellos con bajos ingresos, independientemente de la ubicación geográfica, llenando una brecha dejada por la provisión estatal de educación. Low-Fee Privates school son escuelas dirigidas por empresarios en áreas pobres, que atienden a aquellos que viven con menos de $ 2 al día. Sin embargo, se argumenta que al cobrar por la educación, el LFPS estratifica aún más el sistema educativo, separando a los más pobres de los pobres, que no pueden pagar LFPS, de aquellos que son ligeramente menos pobres y pueden pagar la educación privada. Esto refuerza aún más la desigualdad de ingresos en el sistema educativo. Diversos estudios en la última década (Tooley y otros (2008), Woodhead et al. (2013) han encontrado evidencia débil y poco concluyente para probar que las escuelas privadas llegan realmente a los pobres. Heyneman y Stern (2013) encontraron que sólo el 10-11 por ciento de los estudiantes matriculados en escuelas privadas en Jamaica y Pakistán eran de los dos quantis de ingresos más bajos.

Además de esto, también puede haber desigualdad entre zonas rurales y urbanas a medida que se establezcan más LFPS en áreas urbanas, donde hay más padres que pueden pagar los honorarios cobrados y donde hay mejor infraestructura. Algunos estudios en la India han encontrado que los alumnos de las zonas urbanas tienen más acceso a la educación privada que los de las zonas rurales. Sin embargo, en algunos casos, como en Sudáfrica, se ha encontrado que este tipo de desigualdad geográfica no existe cuando se trata de SPFL. Schirmer et al. (2010)  encontró que había un número igual de instituciones estatales y privadas en áreas relativamente remotas en Sudáfrica, lo que significa que LPFS suministra tanta educación como el estado.

Sin embargo, la distancia entre el LFPS y la intervención y monitoreo del gobierno también podría ser una desventaja para el sistema educativo. Estas instituciones privadas no tienen que adherirse a los mismos estándares y regulaciones como aquellos en el dominio público. Debido a esto, las escuelas privadas son heterogéneas, lo que significa que no se puede garantizar una garantía de calidad de la enseñanza y la educación para todas las instituciones.

Otra desventaja asociada con el LFPS es que muchos utilizan maestros poco cualificados o no capacitados, fomentando el aprendizaje de memorias o «mastican y vierten» como se conoce localmente. Aunque se dice que las puntuaciones de los exámenes son más altas en estas instituciones que en las instituciones públicas, se cree que a los estudiantes no se les anima a pensar críticamente.

Conclusión

El acceso a una educación de calidad ya los logros del aprendizaje superior es vital para preparar adecuadamente a los estudiantes para la vida y el mundo del trabajo. Teniendo en cuenta el nivel de educación de los países de Ghana y África subsahariana, las escuelas privadas y el sector de los SPFL tienen un papel importante que desempeñar. La cuestión más importante que deben considerar los responsables de la formulación de políticas en relación con el LFPS es el entorno regulatorio, la sostenibilidad financiera del LFPS y la calidad del producto.

La sostenibilidad financiera del LFPS es muy importante. A pesar de los retos financieros, la esperanza de vida promedio de los SPLL en Ghana es de 14 años. Las escuelas privadas de bajo costo obtienen sus ingresos de las tasas de matrícula cobradas, los ahorros del dueño y su familia, un patrocinador institucional, una dotación o del gobierno. Sin embargo, la mayoría de los LFPS en Ghana depende de las tasas de matrícula como su fuente principal, aprovechando las contribuciones personales cuando sea necesario. Los ingresos inconsistentes y la dependencia de las tasas de matrícula ejercen presión sobre el SPLF, poniéndolos en constante riesgo de quiebra. Sólo un tercio de los LFPS muestreados en Ghana obtuvo ganancias, mientras que los dos tercios hicieron pérdidas o breakeven. Cuando se encuestó, los propietarios de escuelas identificaron la mejora de la infraestructura como una prioridad, sin embargo, carecen de los fondos para hacerlo. Las partes interesadas deben seguir facilitando el acceso de los SPFL a micropréstamos para proyectos de desarrollo de infraestructura.

Es importante buscar la protección de los niños que asisten al SPFL. Para ello, el entorno regulador del SPFT es crucial y debe ser reforzado por los objetivos del plan de estudios, las pruebas de admisión para la educación continua y la salud y seguridad de la infraestructura escolar. Debe haber flexibilidad con algunos requisitos, tales como el número y la especificación del aula y el número de maestros con licencia. Estos generalmente restringen la creatividad del LFPS y deben ser reducidos o eliminados para promover la libertad de experimentar e innovar.

Los países de Ghana y de África subsahariana necesitan encontrar la combinación adecuada de educación pública y privada para asegurar que el creciente número de niños reciba una buena educación tan pronto como sea posible. La contribución de las escuelas privadas y del LFPS a la educación de la SSA no debe ser subestimada. Las escuelas privadas han promovido el derecho a la educación básica entre otros derechos democráticos fundamentales, han aliviado la presión de acceso a la escuela pública, han ahorrado dinero del gobierno, han ofrecido la opción de los padres y han proporcionado un ambiente de innovación que puede informar a todas las escuelas .

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Fuente del Artículo:
https://www.ghanamma.com/2017/05/15/imani-education-series-low-fee-private-schools-could-help-achieve-goal-of-basic-education-for-all-in-africa/

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