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Jovani quiere ser doctor, a pesar de la covid-19

Reseñas/13 Agosto 2020/elpais.com

Un sistema educativo limitado ya condicionaba la formación de millones de menores de edad etíopes antes de la pandemia. Ahora, el cierre forzado de las escuelas ha privado a muchos de ellos de su derecho a la educación. Contar la historia de este niño es contar un país entero

El pasado 16 de marzo, cuando aumentaron a cinco los casos positivos de covid-19 en el país, el gobierno etíope suspendió las clases. Durante este tiempo el Ministerio de Educación ha lanzado iniciativas para que la formación de los niños no se detuviera durante el cierre de las escuelas, pero no ha conseguido llegar a todos los hogares y muchos alumnos han quedado desatendidos. La pandemia se ha convertido en un bache más en su formación, que ya estaba comprometida por un sistema educativo limitado.

Es probable que Jovani quiera seguir colaborando en la campaña contra la covid-19 en Dessie, su ciudad natal, que está en la región de Amhara, en el centro norte de Etiopía. Este niño de siete años y ojeras marcadas quiere ser doctor, aunque ahora quizá no acabe de entender por qué debe quedarse en casa, pues los mayores no han dejado de trabajar pese a la amenaza del virus. En cambio, millones de menores como él llevan semanas sin ir a la escuela y deben permanecer en sus casas para evitar contagios.

Pese a las limitaciones del sistema educativo, la madre de Jovani sabe que cualquier opción de futuro de sus hijos —tiene dos— pasa por que vayan a la escuela. Ella mantiene a su familia lavando ropa a mano y cocinando injera, una masa fina que es la base de la alimentación etíope. Desde que enviudó es la única persona que, de forma regular, lleva dinero a casa, una habitación única de paredes enyesadas y techo de hojalata en la que también viven los abuelos.

Para la Administración Pública, Jovani es un niño en situación de vulnerabilidad. Por eso le seleccionó para que se beneficiara del programa de apadrinamientos de la ONG IPI Cooperació, mediante el cual la familia recibe una ayuda mensual de 600 birr (17 euros) y se compromete a que el pequeño no deje de estudiar.

El sistema educativo etíope

306 chicas y chicos van a la escuela primaria Sefere Selam de Dessie. Su director, Tilehun Azahij —cabeza rapada, camisa por dentro del pantalón, afable—, apunta que uno de los déficits de la educación etíope es que “el proceso de aprendizaje no tiene parte práctica, solo es teórico”. A Azahij le gustaría que su colegio tuviera un aula de informática y un laboratorio para que el alumnado experimentara, pero debe resignarse a clases con paredes gastadas y pupitres astillados.

La escuela primaria Millenium se encuentra en Kobo, una población al norte de la región de Amhara donde los niños y niñas se han acostumbrado a la presencia de los militares que controlan las disputas territoriales de la zona. El director, Milla Jadea —bigote recortado, deportivas, reflexivo—, explica que otra de las carencias de la educación del país es que “los libros de texto no se adaptan a la edad de los alumnos”. Jadea cuenta que los profesores no tienen tiempo de impartir el temario y que el alumnado pasa de curso sin recibir todas las lecciones.

Etiopía es uno de los países africanos que más se ha implicado en la formación de sus menores desde el cambio de siglo. En 2015 el gobierno destinó un 4,7% del gasto público al ámbito educativo, una cifra que sitúa al país en el puesto número 78 del ranking mundial y en el 15 del de África subsahariana. Estos esfuerzos han contribuido a que prácticamente todos los niños y niñas vayan a la escuela hasta los 14 años, pero no han sido suficientes para asegurarles una formación de calidad. Un 48% de etíopes son analfabetos y la edad media de la población es de 20 años.

El alumnado de la escuela primaria Sefere Selam termina la jornada escolar tras cantar el himno nacional, en Dessie (región de Amhara).
El alumnado de la escuela primaria Sefere Selam termina la jornada escolar tras cantar el himno nacional, en Dessie (región de Amhara). A.C.

La educación pública en el país del cuerno de África es gratuita. Los menores empiezan la primaria —obligatoria— a los siete años, por delante les esperan ocho cursos en los que aprenden amhárico —el idioma oficial del país—, la lengua de su respectiva región, inglés, matemáticas y ciencias naturales y sociales. La primera etapa de la secundaria ocupa dos años académicos, noveno y décimo, pero ya no es obligatoria, por eso muchas chicas y chicos dejan la escuela para contribuir a la economía familiar: solo siguen estudiando un 35%. Antes de acceder a la universidad o a otros estudios superiores, los alumnos supervivientes cursan undécimo y duodécimo, que equivalen al bachillerato. Solo el alumnado que ha seguido estudiando a partir de noveno aprende a utilizar ordenadores.

La determinación de Aweke

Cuando Aweke saluda a alguien le ofrece su muñeca porque sus dedos terminan en los nudillos. A los 10 años se contagió de lepra y tuvo que dejar la escuela. Desde entonces camina ayudado de un bastón de madera que maneja con gran agilidad. Cuando se sintió con fuerzas suficientes, volvió a las aulas y continuó su formación. Pese a las aparentes limitaciones, Aweke hace todo por sí mismo. Ahora tiene 24 años y cursa duodécimo en la escuela preparatoria de Weldiya. Quiere ser abogado.

Sin el apoyo de su hermano pequeño Kiros, Aweke no podría estudiar. Kiros, que tiene 22 años, empezó a trabajar para que él pudiese seguir en la escuela. Los hermanos perdieron a sus padres hace tiempo y si ambos estudiaban no podían mantenerse, pese a que Aweke también recibe la ayuda mensual de IPI Cooperació. De hecho, viven “con lo justo” en una pequeña casa de Weldiya, una población al norte de Dessie caracterizada por el tráfico de camiones que transportan mercancías cargadas en el puerto de Yibuti. En su autorickshaw —triciclo motorizado usado como taxi—, Kiros no puede mantener la distancia de seguridad con los clientes, pero estos meses no ha dejado de trabajar. No puede, aunque se exponga al virus.

La suspensión de las clases ha llegado en un momento importante para Aweke, el año en que debe hacer la selectividad, que se ha pospuesto sine die. Durante estas semanas no ha dejado de estudiar, por su cuenta, con una determinación que solo puede equipararse a su fuerza de voluntad. No sabe cuándo hará el examen de acceso a la universidad, pero sabe que necesita una nota alta para entrar en Derecho. Además, siente que se lo debe a Kiros. Por eso no ha escatimado esfuerzos: “He estado leyendo los libros de texto y fragmentos de la constitución”. También ha aprovechado los días de confinamiento para escribir un poema, pero prefiere no compartirlo.

La covid-19 agrava las desigualdades

El cierre forzado de escuelas ha comprometido la educación de millones de chicas y chicos durante las últimas semanas. Los mayores han podido estudiar por su cuenta, pero los pequeños, que necesitan la guía de un profesor, no han podido. Con el objetivo de que la formación de estos menores no se paralice por completo, el Ministerio de Educación etíope ha habilitado un canal de televisión y un dial de radio para impartir clase, una medida cuestionada por no poder calcular su alcance y, sobre todo, por aumentar las desigualdades entre los menores que tienen receptores en casa y los que no, que llevan semanas privados de su educación.

El sistema educativo etíope se caracteriza por no ofrecer a todo el alumnado las mismas prestaciones. El director de la escuela primaria Negus Michael de Dessie, Faten —barba descuidada, camisa tejana, cordial—, indica que “hay zonas del país muy pobres, donde ni siquiera hay comida, los niños que viven ahí no tienen las mismas oportunidades”. Más de un 80% de la población etíope vive en áreas rurales. La administración no llega a las más apartadas, que son las más empobrecidas del país. Faten explica que la única forma de mejorar su situación es aumentar el gasto público en educación.

Un aula de la escuela primaria Sefere Selam queda vacía tras una jornada escolar, en Dessie (región de Amhara). Todas las clases están así desde que la pandemia obligara a suspender la actividad académica el pasado 16 de marzo.
Un aula de la escuela primaria Sefere Selam queda vacía tras una jornada escolar, en Dessie (región de Amhara). Todas las clases están así desde que la pandemia obligara a suspender la actividad académica el pasado 16 de marzo. ÁLVARO CARRETÓN

Yesuf Mohammed —barba recortada, americana, trato caluroso— dirige el centro de educación primaria Silk Amba de Dessie y, como su homólogo de la escuela Negus Michael, advierte de la existencia de desigualdades: “Se han construido muchos colegios en los últimos años, pero las instalaciones suelen ser precarias, sobre todo en las zonas rurales”. Mohammed también apunta a los profesores cuando habla de prestaciones dispares porque “no todos son profesionales”. Además, en algunas escuelas el profesorado debe encargarse de muchos alumnos. La media nacional en la educación primaria es de 43 escolares por profesor.

Un estuche de color naranja

En febrero, los voluntarios de IPI Cooperació se desplazaron a Etiopía para controlar el funcionamiento del programa de apadrinamientos y entrevistarse con los niños y niñas, a los que llevaron material escolar. Jovani recibió con alegría e ilusión su nuevo estuche de color naranja y lo abrió para ver los lápices y bolígrafos que al menos tenían que durarle un año. De camino a casa, dos niños mayores le pararon y le pidieron que les enseñara el estuche, que entonces se convirtió en el estuche robado de color naranja.

Etiopía tiene 109 millones de habitantes y es el segundo país más poblado de África, solo superado por Nigeria. Un 23% de etíopes vive por debajo del umbral de pobreza y, en la región de Amhara, tres de cada 10 personas son pobres. Ni los lápices ni los bolígrafos se tienen en cuenta en el cálculo que fija la línea de pobreza de una región.

Ellas y el sentido del deber

Las desigualdades no solo afectan a los menores que viven en áreas empobrecidas y rurales, también a las niñas. El sistema educativo promueve la igualdad en las aulas y no discrimina por género, pero la tradición patriarcal del país impide que tengan las mismas oportunidades que los niños. Por eso se está fomentando una educación equitativa que contribuya a superar los estigmas del patriarcado.

La clase política también se ha implicado en el impulso de una sociedad igualitaria: en 2018, Sahlework Zewde se convirtió en la primera presidenta etíope y, ese mismo año, Abiy Ahmed, primer ministro del país, garantizó la paridad en su gobierno al repartir el mismo número de carteras entre hombres y mujeres. Sin embargo, pese a los esfuerzos desde los ámbitos educativo y político, el mensaje feminista aún no ha calado en todas las capas de la sociedad.

Hasta los 14 años, chicas y chicos ocupan las aulas a partes iguales. La diferencia aparece en la secundaria, cuando ellas son las primeras en abandonar la escuela. “El número de niñas cae porque se casan o se van a trabajar a otras regiones para ganar dinero y enviarlo a sus familias”, explica Azahij, que apunta que las chicas tienen un sentido del deber más desarrollado que los chicos, que solo se preocupan de comer y jugar.

Tres alumnas de la escuela primaria Tigil Fire durante el recreo, en Dessie (región de Amhara).
Tres alumnas de la escuela primaria Tigil Fire durante el recreo, en Dessie (región de Amhara). A. C.

Estas desigualdades se multiplican en los entornos vulnerables, como las zonas rurales, donde también hay casos de absentismo femenino en la primaria. Un 40% de las mujeres etíopes de entre 20 y 24 años se casa antes de los 18 y un 14% antes de los 15. Es en las áreas rurales donde estos casamientos tienen más incidencia y donde, además, hay más casos de mutilación genital femenina. Cuando las chicas se casan, dejan atrás su vida, incluida la escuela, para atender las necesidades de sus nuevas familias. Antes de la ceremonia nupcial, el novio paga una dote en cabezas de ganado —o su equivalente en dinero— a los padres de su prometida, que tendrán una boca menos que alimentar.

Rediet abre camino

El pasado 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Universidad de Weldiya distinguió a Rediet por su excelencia académica. Esta joven de 20 años y pelo trenzado estudia Administración del Territorio e Inspección y es una de las pocas alumnas universitarias del país. Solo una de cada 20 mujeres va a la universidad o cursa otros estudios superiores en Etiopía. Aunque la matriculación masculina tampoco es destacable, representa el doble que la femenina.

Rediet se considera afortunada por haber tenido el apoyo de su familia, que pudo permitirse que estudiara, y lamenta que su padre muriera antes de verla en la universidad, ya que fue quien le instó a hacer Administración del Territorio e Inspección: “Creía que era lo mejor para mí”. Pese a tener casa en Weldiya, cuando empezó la carrera se instaló en el campus, quería exprimir la experiencia universitaria al máximo. “Comparto habitación con cuatro chicas más y mi taquilla es pequeña, pero me gusta estar aquí”, dice la joven de sonrisa amplia y mente inquieta.

La universidad hace un préstamo a los estudiantes, que mientras se forman no pagan ni por estudiar ni por alojarse en el campus, pero, cuando se gradúan, el centro académico les cobra por sus años de estudio en mensualidades adaptadas a sus salarios. Si no consiguen trabajo —el paro juvenil es del 25%— y no pagan, no obtienen el título. Algunos, los que quieren irse al extranjero o hacer una especialización, se ven obligados a abonar toda la cantidad de golpe, pues el certificado temporal que les dan para buscar empleo tiene una validez administrativa limitada.

A Rediet le preocupa no encontrar trabajo y no poder pagar los 22.000 birr (600 euros) que cuesta su carrera, aunque ahora está más agobiada por estar perdiendo un semestre de estudio. Desde hace semanas no tiene ninguna noticia de la universidad, que cerró pocos días después que las escuelas. Rediet añora las clases, pero también despertarse con las primeras luces del día y pasear por el campus mientras escucha el pipiar de los pájaros. Es su peregrinación personal, en la que busca el sentido a sus días y se convence de que Dios tiene un buen plan para ella. “Tengo que trabajar duro para descubrir lo que Él espera de mí”, se repite.

Futuro en juego

Según Unicef, muchos de los menores de la región de Amhara que van a la escuela no consiguen aprender a leer ni a escribir y un 14% suspende el examen final que hacen en octavo, al acabar la primaria. El entorno familiar de los niños y niñas tiene incidencia en esta cifra, pero la responsabilidad pesa sobre un sistema educativo que limita su formación y dificulta su progreso.

Ahora, la covid-19 también está coartando la educación de los más de 22 millones de menores etíopes matriculados en escuelas primarias y secundarias, sobre todo la de los niños y niñas que no pueden estudiar a distancia. En un comunicado de prensa, el director de Unicef en África Oriental, Mohamed Fall, advierte que “tras el cierre prolongado de escuelas, (…) se hace más complicado que los menores vulnerables vuelvan a las aulas”.

Un grupo de menores se protege de la lluvia bajo un toldo poco antes de empezar la jornada escolar, en una población situada entre Dessie y Weldiya (región de Amhara).
Un grupo de menores se protege de la lluvia bajo un toldo poco antes de empezar la jornada escolar, en una población situada entre Dessie y Weldiya (región de Amhara). A. C.

Las Naciones Unidas ponen la educación en el centro de toda transformación social y económica. En la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, la organización intergubernamental señala que “además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa puede abastecer a la población local con las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo”.

Sueños encomendados

Probablemente, a Jovani todavía no se le habían secado las lágrimas cuando llegó a casa, desolado e impotente tras el robo. Nunca habría imaginado que su abuelo le esperase con otro estuche de color naranja. Desde la furgoneta de importación asiática en la que volvían al hotel, los voluntarios de IPI Cooperació habían visto cómo le robaban y habían parado en su casa para dejarle otro.

Horas antes, en la habitación única de paredes enyesadas y techo de hojalata donde ahora Jovani volvía a tener algo con lo que escribir, la abuela había convertido el sueño de ser doctor de su nieto en una cuestión de fe: “Cuando acabe la primaria solo Dios sabe qué pasará”.

TRES MESES DESPUÉS

A. C.

Las escuelas han seguido cerradas y los menores vulnerables privados de su educación desde entonces. Todos los alumnos, excepto los de octavo y duodécimo, pasarán de curso sin examinarse.

A finales de mayo, la universidad de Rediet habilitó un portal web para que el alumnado tuviera acceso a materiales de estudio como guías docentes. Paralelamente, el director de su facultad creó un grupo de Telegram para resolver las dudas de los estudiantes. Se espera que se examinen a finales de verano, justo antes de empezar el nuevo curso. Rediet reconoce que estudiar así, sin la explicación de un profesor, es complicado.

A principios de junio, los profesores de Aweke empezaron a enviarle trabajos a través de la aplicación de PDF. Se hizo un esfuerzo para que el alumnado que tiene que hacer la selectividad, que sigue sin fecha, tuviera más recursos para estudiar. Además, Aweke y sus compañeros de clase usan un grupo de Telegram en el que cooperan para llegar lo mejor preparados al examen.

Estas iniciativas educativas, como el resto de las que requieren acceso a la red, estuvieron paralizadas del 30 de junio al 23 de julio; el gobierno etíope cortó el acceso a internet en todo el país para apaciguar las protestas por el asesinato de Haachaaluu Hundeessaa, un músico y activista de etnia oromo. “Ahora cualquier estudiante está desesperado”, explica Aweke, que, como el resto de sus compañeros, dejó de recibir trabajos de sus profesores durante el apagado. Él, acostumbrado a salir adelante ante situaciones adversas, confiesa que, pese a todo, es optimista.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/08/06/planeta_futuro/1596711692_903575.html

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Informe señala a 41 millones de desocupados en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe/08/07/2020/Autor: Máximo Paz/Fuente: ANRed

De acuerdo a una reciente publicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la pandemia desatada por el COVID-19 alberga un proceso de profundización sin precedente histórico de la crisis laboral que persiste desde hace años en América Latina y el Caribe. Los resultados indican que al menos 41 millones de personas se hallan desocupadas en la región. De mantenerse inmutable el contexto crítico impuesto por la crisis sanitaria, el documento indica que las sociedades de las Américas experimentarán aún más la tendencia hacia el incremento del desempleo y el empeoramiento de las condiciones de vida. 

A través de una conferencia de prensa virtual llevada a cabo por Vinicius Pinheiro, Director de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe y por Fabio Bertranou, Director de la oficina para el Cono Sur, se presentó el informe “Panorama Laboral en tiempos de la COVID-19: Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos”. Las estipulaciones volcadas en la publicación hallan una serie de observaciones cuantitativas preocupantes para el contexto social americano.

Entre los datos destacables, el informe describe una suba entre 4 y 5 puntos de la tasa de desocupación en la región respecto al 8,1% de fines de 2019. No conforme con ello, la organización advierte que, de continuar la crisis, los números porcentuales estarán sujetos a un mayor agravamiento.

La investigación, sobre el punto observado, además subraya datos más dramáticos publicados por otros organismos. En ese sentido, el Banco Mundial refleja una caída del crecimiento económico de -7,2% y una tasa de desocupación del 12,3%, mientras que el Fondo Monetario Internacional, sobre una baja en la actividad económica del -9,4%, estipula una tasa del 13%.

Los porcentajes esbozados por la OIT encuentran rostro al revelarse en términos numéricos absolutos las personas que se estiman como desocupadas: sobre los 26 millones existentes anteriores a la pandemia, el incremento de la tasa porcentual describe a 41 millones de parados para 2020.

“Ese aumento sin precedentes en la tasa de desocupación regional implica un récord histórico de 41 millones de desempleados, lo cual va a repercutir sobre la estabilidad económica y social de nuestros países”, reveló Vinícius Pinheiro a través de la pantalla.

El informe además refiere a que el agravamiento de los guarismos encuentra relación directa con los indicadores que dan cuenta del objetivo desmejoramiento de las condiciones laborales y la merma a la baja sobre los ingresos salariales y los presupuestos familiares entre los ocupados.

“Una característica de esta crisis ha sido la velocidad del impacto que se ha traducido en un colapso inmediato de los ingresos laborales y familiares de un conjunto muy amplio de la población”, subrayó Pinheiro. “Esto puede amplificar las desigualdades sociales dado que los ingresos laborales en promedio aportan alrededor del 80%, de los ingresos totales familiares en la región”, completó al respecto el conferencista.

En otro punto de la conferencia se dio cuenta de las limitaciones que se presentan para medir la fuerza de trabajo real desocupada, en tanto que a partir de las medidas de distanciamiento, resguardo y confinamiento, superpuestas al desánimo ante los exiguos ofrecimientos de ocupación laboral se desprende un sector poblacional “escondido” de las estadísticas.

“La masiva destrucción de empleo no se refleja por completo en incrementos en la tasa de desocupación, debido a que una parte significativa de los trabajadores que pierden su empleo ha salido de la fuerza de trabajo”.

Razón por lo cual, se explica, podrían observarse mayores incrementos porcentuales en las estadísticas conforme se flexibilicen las medidas de contención social y, en consecuencia, la población inactiva precise salir a buscar ingresos propios en el mercado de trabajo tanto formal como informal.

Asimismo, el documento establece que cerca del 40% del total de la ocupación en la región se aloja en actividades laborales de alto riesgo en cuanto a su pérdida frente a la crisis sanitaria, mientras que un 17% se radica en sectores de riesgo medio-alto, por lo cual la organización estima que “alrededor del 60% de los ocupados en América Latina y el Caribe se encuentran expuestos a significativas pérdidas de empleo, de horas trabajadas y de ingresos laborales”.

Servicios hoteleros, gastronómicos y comercio se encontrarían, según la OIT, en el segmento de alto riesgo.

Por contrario, el informe indica que el 20% de la fuerza de trabajo de Latinoamérica y el Caribe se localiza inscrita al rango de actividades de bajo riesgo en el marco de la pandemia. Trabajadoras y trabajadores pertenecientes a la administración pública, educación y salud se hallarían en mayor número dentro de ese conjunto laboral.

El cuadro de situación actual encaja en su antecedente lógico a través de las observaciones volcadas en el documento que describen las realidades americanas poco alentadoras mucho tiempo antes del advenimiento de la pandemia.

“El bajo ritmo de crecimiento económico que caracterizó, en general, los años posteriores a la crisis financiera internacional (2008/2009) se tradujo en una débil creación de puestos de trabajo, especialmente de aquellos de mayor calidad”, señala el informe, para asegurar, a renglón seguido, que “la informalidad ha venido incrementándose sistemáticamente pasando de representar el 49,5% del total de los ocupados en 2014 a concentrar el 50,6% en 2018 y el 51% en 2019” y que “por lo tanto, en 2019 continuaron intensificándose las tendencias desfavorables observadas en los mercados de trabajo de la región. En particular, el leve aumento de la tasa de desocupación fue acompañado de un empeoramiento en la calidad de las ocupaciones y de un muy reducido incremento en las remuneraciones reales de los trabajadores”.

De acuerdo a lo desarrollado por la tecnocracia autora del trabajo investigativo, que coloca la certeza de una inconmensurable reducción de empleos y la pérdida masiva de ingresos laborales, se desprenden las alertas necesarias sobre los destacamentos organizativos de la clase obrera latinoamericana y caribeña.

Fuente e imagen: https://www.anred.org/2020/07/03/informe-senala-a-41-millones-de-desocupados-en-america-latina-y-el-caribe/

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Educación Superior, un deber del Estado

Los países que invierten en educación e investigación son mas ricos, tienen mayor bienestar, saben resolver problemas con menos odio y entender mejor el valor de la vida, no es por ser ricos que invierten màs en ese campo. La inversión en educación se pone a prueba en su capacidad de respuesta colectiva a las crisis y se valida la investigación medida por impactos respecto a asuntos vitales, como este de ahora de salud, higiene cuidado del cuerpo y equilibrio mental, en el marco de relaciones entre el yo-el otro- y el entorno. La recuperación laboral y social de la profunda crisis del 2008, que dejo 230 millones de trabajadores sin empleo y acrecentó las migraciones y destierros, fue superada mas rápidamente allí donde había mayores recursos del PIB en educación e investigación. De esta crisis la quedo a América latina la Declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior (Cartagena) que concluyó de manera ejemplar que: “La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano universal y un deber del Estado” (OEI.es). Como todo derecho, su reconocimiento de universalidad implica que las garantías de realización deben ser cubiertas por el estado con recursos de la nación. La educación como derecho, no como libertad, queda a cargo del estado, de tal manera que en este momento de crisis, el gobierno tiene todo a su favor para replantear su posición y de las enormes cifras económicas que se prevé movilizar en el contexto de la covid 19 (117 Billones, U. Javeriana), no resultaría oneroso destinar al menos un adicional no mayor del 20% al presupuesto asignado y cubrir las matriculas de los estudiantes del sistema universitario estatal.

En el presente inmediato la justificación es irrebatible: El impacto económico sobre los 22.5 millones de personas que reciben salarios muestra un alto impacto de retroceso del derecho al trabajo con todos sus contenidos. Hay cálculos que anuncian 8 millones de personas que quedarán sin trabajo, procedentes especialmente de los 10.5 millones de la clase trabajadora (48% de la fuerza laboral, antes de la pandemia) que recibe un salario mínimo y de los otros 9 millones de empleados que alcanzan ingresos de 2 millones de pesos (larepublica.co, dic 2019). Solo 3 millones de personas ganan mas de 2 millones al mes. Globalmente se esperan pérdidas económicas de entre $4,6 billones y $5.9 billones por mes, que representan entre 0,5% y 6,1% del PIB nacional y son los servicios, donde se destacan las actividades de alojamiento comida, inmobiliarios, administrativos, actividades profesionales y técnicas, construcción y comercio, los más afectados (Banco de la republica, mayo 2020). En estos sectores se originan los recursos para pagar la educación universitaria.

Las composición del presupuesto de las universidades publicas se divide entre un aproximado 50% de recursos de la nación y otro 50% que debe producir cada una, de esos entre el 10% y el 20% viene por matriculas, es decir, están desfinanciadas, como se indico ampliamente con las movilizaciones de 2018. La ventaja para el gobierno es que al asumir la educación como derecho puede de manera inmediata adicionar los presupuestos y mediante decreto anunciar la gratuidad. No resulta ajeno comparar que las demás instituciones publicas como Congreso, poder judicial, fuerzas militares, incluso educación básica y media o el SENA, aunque padezcan afectaciones por aplazamientos o recortes presupuestales, no están obligadas a producir para vender. Las instituciones publicas por su naturaleza dependen de los ingresos de la nación, los orientados a educación son inversión, no gasto.

Redireccionar recursos para el alivio social, decretando transitoriamente la gratuidad, como paso hacia la nacionalización definitiva de la educación superior en todos los niveles y modalidades, aparte de un gesto amable, es necesario, evitará un aumento de la desigualdad, hará justicia con las diferencias y brechas territoriales y evitará una deserción irreparable. La salida generosa de las entidades territoriales trasladando recursos podrá apoyar un lado y desfinanciar otro. América Latina tiene ejemplos de inversión en educación a seguir para el mediano plazo, Cuba invierte el 12,9% de su PIB, Costa Rica 7.4%, Bolivia 7%; otros como Dinamarca 8.7%, Islandia 7.6%, Ghana 8.1%, (BM), que permiten mostrar que no es riqueza o pobreza lo que define a la educación como derecho humano sostenible como inversión, si no que es el compromiso y voluntad política del gobierno y de estado. Lo que ocurre en esos países quizá se refleja en los resultados de la pandemia.

El bienestar general esta lastimado por desigualdades, inequidades, discriminaciones y violencias desbordadas e incontrolables, que convocan al gobierno a dar atención inmediata a ciertos sectores prioritarios y entre estos a la educación superior, ahora que tiene a su favor la declaratoria de la emergencia Económica, Social y Ecológica y recursos posibles que puede adicionar, en tanto su destino único y exclusivo será impedir una crisis de alto impacto social por deserción y abandono de las aulas y así conjurar en este sector la crisis desatada por la Covid -19.Es momento para que de los recursos anunciados de crédito por 1250 millones de dólares con el BM (actualidad.rt.com), 10.800 millones de dólares del FMI por línea de crédito flexible (imf.org), los aproximados 21 billones siguiendo el decreto 444 y otros, reinvierta con un adicional de menos del 20% de los 4.7 billones de 2020, suficientes para aplicar la gratuidad de la matricula universitaria. La educación es un derecho y un deber del estado, hay que protegerlo de la Covid19. Quizá resulte poco pedir cuando las violencias y desigualdades han dilapidado tantas vidas, sueños y rebeldía de sus jóvenes, es momento para reinvertir en el bienestar y esperanzas de sus universitarios y hacer que la vida sea su mayor riqueza universal.

Fuente: https://rebelion.org/educacion-superior-un-deber-del-estado/

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De mujeres, niñas y el derecho a la ciudad metropolitana

Reseña/02 Julio 2020/Autoras: Marta Briones Hernández-Silvia Llorente Sánchez/elpais.com

El espacio público urbano es el lugar físico en el que se reflejan y se escenifican las desigualdades sociales y, una de las más acuciantes a día de hoy, se produce en el derecho a la ciudad de mujeres y niñas. En las áreas metropolitanas de todo el mundo, ven restringida cada día su libertad de movimiento, así como el acceso a oportunidades y disfrute de vivencias. Una brecha de género que se manifiesta, entre otros, a través del acoso sexual en el espacio público, o la ausencia de perspectiva de género en la planificación de la movilidad asociada a las tareas de cuidados, problemáticas que la crisis del coronavirus ha exacerbado, más aún si cabe.

Los llamados trayectos de cuidados —como hacer la compra, acompañar a personas dependientes, visitar y cuidar a personas enfermas—, especialmente esenciales en los últimos meses, se caracterizan por ser recorridos cortos, múltiples y complejos —entre barrios y hacia municipios periféricos—, desarrollarse fuera de las franjas horarias establecidas, a pie o en transporte público. Precisamente, por motivos relacionados con los cuidados, son las mujeres entre los 29 y 49 años quienes representan el grupo de población con la tasa de movilidad más alta en las vastas áreas metropolitanas.

Y hay más. En el contexto de una pandemia como la de la covid-19, donde la mayoría de trabajos esenciales de las ciudades —en hospitales, residencias de personas mayores, servicios de limpieza y alimentación— los estaban sosteniendo las mujeres, su situación se ha ido agravando. El transporte público se ha restringido, impactando la subsistencia de mujeres trabajadoras informales que viven en las periferias de las ciudades, y para las cuales un transporte público accesible y seguro es su medio de vida.

Los espacios urbanos se han construido como producto de modelos y prácticas sociales concebidas por solo una parte de la sociedad: hombre, caucásico, joven, sin responsabilidades de cuidados y con acceso privilegiado a los recursos económicos y el poder político

Sabemos que, a pesar de ser los más sostenibles y suponer el 40% de los desplazamientos en las grandes metrópolis versus al 20% de la movilidad por trabajo productivo (el restante se distribuye entre trayectos de estudios, ocio y gestiones personales), los trayectos de cuidados difícilmente se incorporan a las estrategias de movilidad masivas.

Y es que, históricamente, los espacios urbanos se han construido como producto de determinaciones, modelos y prácticas sociales concebidas por solo una parte de la sociedad: hombre, caucásico, joven, «saludable», sin responsabilidades de cuidados y con acceso privilegiado a los recursos económicos y al poder político, quedando excluidas todas aquellas visiones diferentes de la suya en cualquier proceso de construcción del derecho a la ciudad. De esta manera, el actual modelo de movilidad  —pretendidamente universal— reproduce una visión masculina, de transporte privado y vinculada al trabajo productivo, excluyendo la movilidad femenina, de transporte público, sostenible y asociada a las tareas de cuidados.

De mujeres, niñas y el derecho a la ciudad metropolitana

¿Qué significa esto en la práctica? Esa es la pregunta que tratan de contestar desde la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis (Metrópolis) en la colección «Claves de género», una serie de publicaciones breves que abordan la incorporación de la perspectiva de género en la planificación urbana de las metrópolis. En su último número, «Movilidad y género: como construir el derecho a la metrópolis«, analizan la necesidad de incorporar la vida cotidiana, sus necesidades, patrones y motivos en la formulación de toda política, estrategia e instrumento de movilidad, como ya reclamó en su momento el académico David Harvey.

¿Qué sucede cuando, además, el espacio público metropolitano no es seguro?

Miedo a las agresiones sexuales

La violencia sexual contra mujeres y niñas (VAWG, por sus siglas en inglés) representa un capítulo aparte. Sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más graves —y más toleradas— en todo el mundo. Aunque tiene lugar mayormente en el hogar, ocurre también en las plazas, parques, mercados, calles, baños y transportes públicos de nuestras urbes. Y, según ONU Mujeres, la organización de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, sigue siendo un problema en gran medida desatendido, con pocas leyes o políticas para acometerla y prevenirla.

Debido a las amenazas cotidianas que van desde la agresión sexual, incluyendo acoso y tocamientos, hasta la violación y llegando al feminicidio, las mujeres y niñas de todo el mundo todavía temen participar, vivir y apropiarse del espacio público. A partir de ahí, el miedo restringe sus libertades y, obstaculiza el acceso a oportunidades y el disfrute de vivencias en los espacios y tiempos urbanos: hay lugares, parques y barrios adonde no van las mujeres a partir de determinadas horas, simplemente por el hecho de ser mujeres.

La buena noticia es que los gobiernos, a distintos niveles, han ido incorporando en su agenda política iniciativas para combatir esta violencia. Un compromiso reafirmado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 2015  —la Agenda 2030 consolida los compromisos mundiales para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas en los ODS 5 y 11— y en la Nueva Agenda Urbana (NAU) aprobada en Quito en 2016.

El derecho a la ciudad, tal y como lo planteó el filósofo francés Henri Lefebvre, hacía referencia a dos factores: primero, ser capaz de apropiarse del entorno urbano y, segundo, de participar en él. En este sentido, la violencia sexual contra mujeres y niñas no solo impacta en ambos aspectos, sino que lo hace con un claro sesgo de género, tanto en sus causas y características, como en las consecuencias que tiene en sus vidas.

En los últimos tiempos, muchos gobiernos metropolitanos han venido ofreciendo soluciones y movilizando al resto de actores para reducir tanto los casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, como la percepción de inseguridad en el espacio público, desde el concepto del pleno derecho a vivir la ciudad.

En Lyon, por ejemplo, el sistema público de transporte —SYTRAL— formuló recorridos exploratorios donde distintas representantes de mujeres indicaban las zonas donde se sentían inseguras, para poder recomendar cambios en el sistema. También encontramos el caso de Toronto que, con la campaña de la Comisión de Tránsito (TTC, por las siglas en inglés), #ThisIsWhere, buscaba concienciar sobre el acoso sexual y las agresiones que tienen lugar en el transporte público.

Si consideramos el escenario de la covid-19 como el momentum para acelerar ciertas medidas que acaben con la brecha de género aún existente en nuestras urbes, hagámoslo incluyendo los aprendizajes de estos meses. Sin ir más lejos, el derecho a la ciudad y su valor de uso, leídos desde un enfoque de género, son especialmente relevantes para pensar las ciudades metropolitanas de manera inclusiva, y la movilidad metropolitana se convierte así en la herramienta democratizadora por excelencia para garantizar el pleno derecho a la ciudad de mujeres y niñas.

Aunar esfuerzos con las organizaciones de mujeres, vehicular espacios de participación e incorporar las vivencias cotidianas en la planificación urbana, es además de efectivo, justo. ¿Será este momento de crisis una oportunidad para conseguirlo?

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/06/29/seres_urbanos/1593424225_503344.html

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La educación en México en tiempos de COVID-19

Por:  Luis Gerardo Mendoza Cardozo

 

Lo que en su momento el día 14 de marzo de 2020 fuera para algunos motivo de festejo, celebración y júbilo por el anuncio emitido del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, referente al adelanto de las vacaciones de semana santa como medida preventiva para mitigar los contagios de la nueva enfermedad COVID-19, en la actualidad, el sentir de millones de niñas, niños, jóvenes, madres, padres, maestros, directivos y demás implicados en el ámbito educativo se ha vuelto totalmente adverso, tomando diferentes posturas ante la nueva manera de impartir educación.

La noticia no tardaría en llegar hasta lo más recóndito del territorio nacional. Con ello, empezaron a nacer múltiples interrogantes que en su momento no tuvieron respuestas del todo claras, situación que empezó a generar incertidumbre, dudas e inquietudes. Las más redundadas eran ¿Cómo se trabajaría con las alumnas y alumnos en esta, para muchos, nueva modalidad?; ¿Cómo se comunicarían las maestras y maestros con ellos?; y quizás, la más importante, ¿Se volvería a la escuela a tomar clases presenciales antes de que terminase el ciclo escolar?

Han pasado poco más de dos meses desde aquella conferencia de prensa y con ella han aparecido nuevos retos educativos y se han reafirmado otros que estaban en la mira desde hace años, a los que de una u otra manera se les han intentado hacer frente y dar posibles soluciones. Dicho sea de paso, estas han sido un tema de discusión del que nadie ha quedado excluido, pues alumnos, padres de familia, autoridades educativas, especialistas y organismos internacionales han puesto la mirada en ellas.

Los retos a los que se enfrenta el Sistema Educativo Mexicano varían de acuerdo con el rol que tienen los involucrados. Es evidente que lo que está aquejando a un alumno, no es lo mismo con lo que se está enfrentando un directivo de una escuela; sin embargo, hay líneas en las que convergen esos problemas.

Uno de los principales retos que enfrenta la educación en el país hoy en día y de cual emanan y subyacen los demás, es el de las desigualdades sociales-educativas que imperan en el país. Una situación que pareciera en su momento no fuera del todo considerada por los altos mandos de la educación. Tan sólo en 2018 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (CONEVAL) afirmaba que en México existían 52.4 millones de personas que se encontraban en situación de pobreza y otros 8.6 millones en pobreza extrema. Prácticamente la mitad de la población estaba y muy probable sigue en un estado de vulnerabilidad que ha condicionado las nuevas formas de llevar la educación a las familias mexicanas.

De ahí otro de los retos a los que se han enfrentado las autoridades, supervisores, directivos y maestros, ¿Cómo llevar educación de calidad a todos los hogares? De acuerdo con la información de la Doctora en Ciencias Políticas con Especialidad en Sociología, Marion Lloyd, en su trabajo “Desigualdades educativas y la brecha digital en tiempos de COVID-19”, texto proveniente del libro “Educación y Pandemia. Una visión académica”, por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, menciona que entre los factores que condicionan el acceso a una educación de calidad en línea, opción a la que se apostó como primera instancia para llevar educación a los alumnos, son, la clase social, la raza, la etnia, el género, la ubicación geográfica y el tipo de institución al que pertenecen.

La alternativa de querer llevar la educación a través de plataformas y programas educativos sólo fue resultado de atestiguar las grandes brechas de desigualdad social que existen en el país, pues no todos han tenido las condiciones para poder trabajar de esa manera, y los que las tienen, se las han visto duras, pues no sólo es el hecho de contar con los medios y recursos, sino también saber utilizarlos. He aquí otro de los retos a los que se han enfrentado principalmente maestros y alumnos, el uso, manejo y acceso a las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) y TEP (Tecnologías del Empoderamiento y la Participación).

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se afirma en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, que el 76.6% de la población urbana es usuaria de Internet, mientras que en la zona rural la población usuaria se ubica en 47.7 por ciento y aunado a esto sólo el 44.3% dispone de computadora en sus hogares.

Ante esta contingencia sanitaria se han tomado medidas y decisiones por los diferentes ordenes de gobierno. Se habló de la creación de correos electrónicos para millones de maestros para que pudieran trabajar con toda la paquetería de Google for Education, alternativa muy atractiva en su momento pero que ha resultado poco factible para la mayoría del alumnado por lo antes mencionado. Con esto, no se trata de descalificar esta estrategia de educación a distancia, sino más bien de cuestionar hasta qué punto ha sido adecuada esta medida para impulsar el aprendizaje de los alumnos.

Otra de las acciones implementadas y que ha buscado enmendar este tema de la brecha digital y de desigualdad ha sido la “Estrategia Nacional de Educación a Distancia”, mejor conocida como “Aprende en casa” que se enfoca principalmente en la difusión de programas educativos a través de medios como la televisión y la radio. Desde mi punto de vista, me parece una buena alternativa para aquellos que no cuentan con internet en casa, ya que se diversifican los canales para poder llevar las clases a distancia.

A todo esto, hay una serie de preguntas que valdría la pena pudieran contestarse ahora y después de está pandemia ¿Realmente se le ha podido hacer frente a toda esta serie de retos que enfrenta la educación en México en tiempos de COVID-19? ¿Han sido viables las acciones emprendidas por el gobierno federal? ¿Ha valido la pena trabajar desde los hogares, o ha sido una pérdida de tiempo? ¿Los maestros y alumnos estaban preparados para trabajar a distancia? ¿Hubiese sido mejor terminar el ciclo escolar y dar prioridad a la situación emocional y económica de las familias? ¿Realmente ha habido preocupación por el bienestar y los aprendizajes de los alumnos, o ha sido una necedad administrativa y burocrática por cumplir con el currículo formal y “salvar el ciclo escolar”?

En mi caso particular, trabajo en una escuela secundaria ubicada en el municipio de Huauchinango, Puebla, que tiene la peculiaridad de ser para trabajadores, característica que con los años se ha mantenido, no sólo de nombre, sino del tipo de alumnos que en su mayoría acuden a ella. Ya era complicado trabajar con muchos de ellos, debido a su situación socioeconómica, a los diferentes problemas familiares que vivían, y al bajo rendimiento académico que tenían, este último, resultado de darle prioridad a su trabajo, situación con la que han tenido que vivir no por gusto, sino por necesidad.

Hasta el momento de acuerdo con una estadística realizada por la institución en la que laboro y gracias a datos proporcionados por el director de esta misma, se ha confirmado que del total de los alumnos que están inscritos que son 328, sólo 183 han tenido por al menos una vez comunicación con sus maestros. En este ciclo escolar imparto clases a 184 alumnos, de los cuales, sólo he podido establecer interacción con 102 y de ellos, únicamente con 32 he tenido la oportunidad de aclarar dudas, retroalimentar, y recibir sus actividades. Ante esto nace otra interrogante y otro reto para los maestros ¿Cómo evaluar a los alumnos con los que ni siquiera se ha podido establecer comunicación?

Con los alumnos con los que he podido llegar a conversar, había una interrogante latente, que estuvo muy presente hasta hace unos días, ¿Cuándo íbamos a regresar a clases? Pregunta que no pude contestar con seguridad en su momento. Esta duda nacía debido a la situación emocional que habían estado viviendo por semanas, pues para muchos de ellos no ha sido lo mismo trabajar desde casa que tener clases presenciales.

Ante esta circunstancia, pareciera hacerse realidad en cierta medida, una historia de ciencia ficción de los mayores exponentes de este subgénero, Isaac Asimov, quien en su cuento ¡Cómo se divertían! Plateara un escenario muy similar al que se ha estado viviendo ahora, y este es el hecho de recibir clases por medio de una televisión. En esta narración se habla de cómo era la educación de los alumnos décadas atrás. En uno de sus fragmentos, cuenta como al finalizar la clase, los personajes tenían que depositar su tarea por un agujero que tenía el aparato visual, situación bastante similar a lo que se vive hoy en día en tiempos de COVID-19.

Esta pandemia se ha convertido en un hecho histórico no sólo para México, sino para el mundo, la cual ha dejado estragos y aprendizajes, que de no ser tomados en cuenta con la seriedad que merecen, este país continuará en la misma situación. Muchos se preguntan si se regresará a la normalidad, y la respuesta evidente debería ser que no, pues no se puede continuar con esas problemáticas que abundan en varias partes del país, principalmente en las zonas marginadas, las cuales han sido las más afectadas tanto en la parte económica como en lo emocional; es por ello, que se tendrá que velar por las familias mexicanas, mostrar solidaridad y muestras de humanidad, y no caer en una postura desalmada que lo primero que vea sea una calificación, antes que el mismo bienestar de estas.

El Sistema Educativo Mexicano debe visualizar el nuevo futuro tomando en consideración los retos que se han estado viviendo, los cuales al término de esta pandemia pasarán a ser los nuevos desafíos, tales como el abastecimiento de equipos multimedia en todas las escuelas del país; la adquisición de servicios como internet y telefonía; la capacitación de maestros y alumnos en el uso de plataformas educativas, y replantear lo qué hay que enseñar en la escuela, pues a pesar de que se habla que vivimos en la era digital, muchas personas no están del todo implicados en este mundo de la tecnología.

Bibliografía

CONEVAL. (31 de Julio de 2019). Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Recuperado el Mayo de 2020, de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx

IISUE. (2020). Desigualdades educativas y la brecha digital en tiempos de COVID-19. En ISSUE, Educación y pandemia. Una visión académica. (págs. 115-121). Ciudad de México, México. Recuperado el 26 de mayo de 2020

INEGI. (17 de Febrero de 2020). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. México. Recuperado el 26 de Mayo de 2020

 

Fuente e imagen: http://www.educacionfutura.org/la-educacion-en-mexico-en-tiempos-de-covid-19/

 

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Entrevista al periodista británico Andy Robinson: Las nuevas venas abiertas de América Latina: Un periodista inglés revisita la obra de Eduardo Galeano

Por: Irene Hernández Velasco

El año próximo se cumple medio siglo de la publicación de Las venas abiertas de América Latina, el famoso ensayo obra del escritor uruguayo Eduardo Galeano.

Un libro que se convirtió en la biblia de la generación de izquierdas que alcanzó el poder en la zona a principios del siglo XXI (Lula, Evo Morales, Rafael Correa o Hugo Chávez) y en el que se narraba el salvaje saqueo de los recursos naturales de la región por parte de los imperios coloniales primero y de los estados imperialistas después.

«Los latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisamos», sentenciaba Galeano.

Para escribir Las venas abiertas de América Latina, Galeano recorrió buena parte del continente.

Ahora un periodista británico, Andy Robinson (Liverpool, 1970), ha realizado muchos de los mismos viajes que efectuó hace medio siglo Galeano (Potosí, Minas Gerais, Zacatecas, etc.) para analizar cuál es la situación actual de las materias primas en América Latina y ver si han cambiado las cosas.

El resultado es un libro estremecedor titulado Oro, petróleo y aguacates. Las nuevas venas abiertas de América Latina (Editorial Arpa).

Un ensayo en el que Robinson detalla cuáles son las nuevas riquezas de América Latina (coltán, petróleo, litio, soja, niobio, aguacates…) y en el que revela cómo una docena de materias primas explican los últimos golpes de Estado, las rebeliones ciudadanas y la crisis medioambiental en ese continente.

Y advierte que la pandemia de coronovirus puede representar otra década perdida para las economías de la región, que ya se encontraba en un estado terriblemente débil, y que está agudizando terriblemente las desigualdades sociales.

Galeano en 1988. Foto: Getty.

—Eduardo Galeano sostenía: «Los latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisamos». Usted que ha recorrido muchas de las rutas que él hizo, ¿considera que sigue siendo verdad esa máxima?

—En alguna medida sí. No creo que sea casualidad que los países en desarrollo que más han logrado estrechar la brecha con los países ricos sean los asiáticos, que tienen pocos recursos naturales.

Eduardo se refería a lo que se suele llamar la maldición de las materias primas en el sentido de que despertaban la avaricia colonialista y un saqueo implacable a lo largo de siglos de los recursos naturales, primero por las potencias coloniales y luego las multinacionales.

Creo que los gobiernos de la izquierda en América Latina entendieron que era necesario «nacionalizar» esos recursos y utilizar los ingresos para redistribuir la renta, y su enorme mérito es haber sacado a millones de la pobreza.

Pero no lograron salir de la trampa de la dependencia de la exportación de materias primas y por tanto permitieron sobrevaloraciones de sus divisas. Y cuando terminó el súper ciclo de precios altos de las materias primas, les pasó factura.

Al margen de esa explicación económica −mi libro no pretende ser una tesis sino que es una serie de crónicas periodísticas− lo maravilloso de esa frase de Galeano es la paradoja que describe.

Y las paradojas son útiles para entender la realidad esperpéntica de América Latina. He intentado destacar unas cuantas paradojas en el libro.

El fenómeno de Alicia en el País de las Maravillas de correr para quedarte en el mismo sitio se puede aplicar a muchas actividades de la economía de materias primas.

Andy Robinson (Liverpool, 1970), ha realizado muchos de los mismos viajes que efectuó hace medio siglo Galeano. Foto: Cortesía de Andy Robinson.

—¿Cuáles son las nuevas materias primas que hacen de América Latina un continente riquísimo?

—No son nuevas, pero Brasil se ha convertido en el productor de soja, carne y pollo más grande del mundo.

La exportación de estos alimentos básicos genera muchos ingresos pero como se explica en el libro, las consecuencias medioambientales y sociales son muy preocupantes.

En cuanto a minerales tenemos metales como el niobio y coltán en Brasil y Venezuela que, en el contexto de una suerte de Guerra Fría versión siglo XXI entre EE.UU. y China, se han convertido en recursos que tienen un valor geopolítico.

Y se explica también que el litio en el salar de Uyuni en Bolivia −que Evo Morales quiso industrializar para fabricar baterías y hasta coches eléctricos− acabó desempeñando un papel en el golpe de noviembre del año pasado. Aunque un papel contradictorio y paradójico.

—¿Y por qué todas esas riquezas naturales siguen sin transformarse en prosperidad económica para ese continente?

—Por el motivo comentado antes. Hay que crear valor en una economía moderna y a veces la presencia de recursos naturales te ofrece un «camino bajo» de desarrollo en lugar del «camino alto» elegido por China.

Pero esas son cuestiones complejas y el libro no pretende ser una tesis sobre la gestión económica ni dar recetas simplistas.

Es una serie de crónicas de viaje, cada una inspirada por un recurso o una materia prima como punto de partida, pero luego se va un poco por las ramas.

En el capítulo del oro hasta se llega a Salt Lake City para hablar del fetichismo por el oro de la derecha cristiana en EEUU. Y en el capítulo de la plata de San Luis Potosí en México se acaba hablando más del peyote.

En el de la papa, viajo a Los Andes donde los indígenas crearon 4 000 clases distintas de papa, en busca de una salida de mi propia adicción a las papas fritas.

Hay un homenaje a las venas abiertas en cada capítulo, pero confieso que las crónicas ofrecen pinceladas descriptivas y testimonio de los pueblos más que un análisis económico profundo.

—Galeano denunció en su libro el saqueo de los recursos naturales de América Latina por parte de los imperios coloniales y postcoloniales. ¿Quién se beneficia ahora de las materias primas de América Latina?

—Pues durante el periodo de la pink tide (la marea rosada, como se conoce a la mayor influencia en el siglo XXI de la izquierda en América Latina) se logró que el estado se beneficiara más de estas actividades y por lo tanto ayudaron a transferir rentas a los más necesitados.

Ahora tras los golpes en Brasil, Bolivia y en cierta medida en Ecuador, vuelven a ser las multinacionales extranjeras…

—Muchas de esas materias primas se extraen en lugares extremos. ¿Cómo son las condiciones de trabajo en general de los trabajadores que se dedican a sacarlas de la tierra?

—Yo hablo en varios capítulos de las condiciones de los mineros artesanales, de los barqueros colombianos y de los garimpeiros brasileños.

Sus condiciones de trabajo son duras, pero no tanto como las condiciones que dejan a las comunidades indígenas tras la deforestación, el envenenamiento con mercurio y cianuro y el asesinato de campesinos.

A diferencia de las economías extractoras de azúcar, café o banana del siglo XVII y XVIII que Galeano describe, la nueva agroindustria de soja y carne no emplea a mucha gente.

Pero desplaza a comunidades campesinas y destruye la selva, tal y como se describe en el libro.

Las materias primas siguen siendo esenciales para las economías de la región. Foto: Reuters.

—Los gobiernos de izquierdas en Latinoamérica −Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia…− apostaron por acelerar el crecimiento de sus países y tratar así de eliminar la pobreza a través de la exportación de materias primas. ¿Lo lograron? ¿Qué falló?

En Brasil el modelo no dependía exclusivamente de las exportaciones de materias primas pero el Partido de los Trabajadores (PT) acabó sufriendo las consecuencias de la apuesta por exportar soja, hierro y carne.

Yo trato de explicar el caso del hierro y de la compañía Vale, que provocó una catástrofe medioambiental en el río Doce, el más grande de Brasil después del Amazonas.

En Venezuela, la dependencia del petróleo fue desastrosa para el chavismo, sobre todo si se tiene en cuenta que su primer comprador era EE.UU., país que ha apoyado una serie de golpes de estado en Venezuela…

En Bolivia, los resultados económicos fueron excelentes, pero la dependencia del gas empezó a pasar factura después de la caída del precio.

—¿La causa de ese fracaso es el precio tan volátil de las materias primas? ¿Por qué sus precios están sujetos a cambios tan fuertes?

—Porque están establecidos en mercados internacionales y se someten a una dinámica «boom to bust» (ciclo de prosperidad y luego caída) de sobreproducción y luego exceso.

Al mismo tiempo, hay mucha especulación ya que los inversores venden y compran las materias primas como si fueran activos financieros.

—Explíqueme qué relación hay entre el Superbowl, el partido final de la Liga Nacional de Fútbol Americano en Estados Unidos, durante el cual se ha puesto de moda comer guacamole, y la sobreexplotación del cultivo de aguacate en Latinoamérica…

—En el libro, en el capítulo sobre el aguacate, explico que es algo que tiene que ver con las modas y los caprichos, un fenómeno muy extendido en nuestra era de capitalismo de consumo y marketing.

Y trato de explicar como es muy fácil implantar esas modas mediante campañas de publicidad, etc., en un país como EE.UU., con una cultura culinaria débil.

Es relativamente fácil convertir un producto como el aguacate en un elemento imprescindible del menú, y eso es lo que ocurrió con las comidas que se consumen durante el Superbowl con el guacamole.

Y esa explosión de la demanda genera la oferta, y es lo que ha ocurrido en Michoacán, donde se han destruido bosques de pinos autóctonos para plantar arbustos de aguacate, al mismo tiempo que se van secando los acuíferos.

Y ahora pasa lo mismo en Chile y en Colombia, en lo que empieza a ser una sobreproducción típica de este tipo de fiebre extractora de las materias primas.

—En 2000 cada estadounidense consumía un kilo de aguacate al año, hoy consume 2,5 kilos, un 150% más. ¿Por qué eso no se traduce eso en una mayor riqueza para México, Chile y Colombia, sus principales productores?

—En algún sentido sí que contribuye a un crecimiento de esos países, pero es un crecimiento desigual y en el caso de Michoacán la producción de aguacates está dominada por grupos criminales.

Los aguacates son el nuevo oro para algunas economías latinoamericanas. Foto: Ronaldo Schemidt/AFP.

—¿Quién está detrás de la sobreexplotación del aguacate en el estado mexicano de Michoacán?

—Grupos de la delincuencia organizada han entrado en el negocio del aguacate. Son mafias muy violentas y hay unas historias espeluznantes que cuento en ese capítulo, con cadáveres colgados de puentes y ese tipo de cosas.

—¿Qué efectos tiene esa sobreexplotación para el medio ambiente, dado que ese cultivo del aguacate requiere muchísima agua? ¿Puede darnos algún ejemplo?

—En el caso de Michoacán ha sido un problema muy gordo y aquí se están secando los acuíferos subterráneos, mientras que los maravillosos lagos de Michoacán como el lago Pátzcuaro, se están contaminando y pierden agua.

Es aún más triste porque la civilización indígena de la zona de los lagos de Michoacán fue una de las más sofisticadas, y eso se explica en una visita a una de las ruinas en la orilla del lago Pátzcuaro.

—Venezuela es riquísima en petróleo. ¿Ha sido esa la causa precisamente de su desastre? ¿Por qué?

—Creo que el fracaso de Chávez de cumplir con su proyecto de diversificación de la economía venezolana sí que ha pasado factura los últimos años, porque esa dependencia del petróleo en el 98% de sus exportaciones se tradujo en una crisis gravísima después de la caída del precio del crudo en 2013 y 2014.

Y fue rematador el embargo petrolero estadounidense adoptado por Donald Trump en los últimos dos años, parte de un intento de golpe de Estado en el cual Juan Guaidó es un títere.

—Usted sostiene que una docena de materias primas están detrás de los últimos golpes de Estado, rebeliones ciudadanas y crisis medioambientales que ha sufrido América Latina. ¿Cómo se explica eso?

Eduardo Galeano escribió el ensayo «Las venas abiertas de América Latina» en 1971. Esta foto es de 2008. Foto: Leonardo Cendamo/Getty.

Es simplista pensar que todos los golpes de Estado responden a un deseo de Estados Unidos y otras potencias ex coloniales por hacerse con los recursos naturales de América Latina como el petróleo en Brasil o el litio en el caso de Bolivia.

Pero yo trato de analizar esto de alguna manera. Y creo que según las entrevistas que hice hay algún motivo para pensar que los golpes de estado que ocurrieron en Brasil y Bolivia tenían algo que ver con esas dos materias primas, concretamente con el petróleo y el litio.

Y en Venezuela los intentos de golpe también contra Maduro tenían que ver evidentemente con la batalla entre Washington, Moscú y Pekín por el control del petróleo.

Pero también se trata de explicar que a veces es precisamente el miedo latinoamericano a que alguien le robe sus materias primas lo que desestabiliza los gobiernos.

Es el caso del Potosí en Bolivia, donde se organizó una rebelión popular contra Evo Morales justificada por una percepción de que Morales estaba vendiendo el litio a empresas extranjeras. Otra paradoja.

—¿Qué deberían hacer los gobiernos de América Latina para cerrar de una vez por todas las venas abiertas en ese continente?

—Lo primero que hay que hacer es volver a derrotar a la derecha neoliberal que ha llegado al poder en Bolivia, Brasil y Ecuador.

Y una vez recuperado el poder hay que diseñar otro proyecto de redistribución y desarrollo, basado menos en la extracción de materias primas y más en empresas a pequeña escala y en energías alternativas.

—¿Qué efecto está teniendo el coronavirus en Latinoamérica?

—Creo que la pandemia ha acentuado los problemas que atraviesa América Latina desde desde el fin de la bonanza de materias primas hace seis o siete años y las posteriores recesiones.

Ya se habla de otra década perdida en la región debido al impacto de la pandemia sobre una economía que ya se encontraba en un estado terriblemente débil.

Y el impacto social, económico y sanitario será mucho peor debido a la caída del poder de los gobiernos de la izquierda debido a sus propios errores y a las presiones golpistas desde EE.UU.

La ausencia de gobiernos comprometidos con la protección de las capas sociales más necesitadas ya se nota. Hablé hace dos semanas con Rafael Correa, expresidente de Ecuador, y me comentó que el gobierno de Lenin Moreno ya ha pactado con el Fondo Monetario Internacional un duro ajuste.

—En Ecuador, y en concreto en Guayaquil, el coronavirus ha causado estragos…

Lenin Moreno criticó el gasto de los gobiernos de Correa en nuevos hospitales, y al llegar al poder echó a miles de trabajadores de la sanidad pública con la excusa de que Correa había gastado en esos servicios por populismo, para ganar votos.

Pero obviamente la catástrofe de Guayaquil, donde no solo los hospitales no han dado abasto si no tampoco las funerarias, demuestra que ese tipo de argumento contra el programa de la izquierda es falso y además ha puesto en peligro las vidas de los ecuatorianos.

—¿Qué países de Latinoamérica se están enfrentando bien al coronavirus?

—Me ha llamado la atención la capacidad de Cuba y Venezuela para hacer frente a la pandemia pese a las dificultades que tienen (sobre todo Venezuela) para financiar sus sistemas de sanidad.

Cuba es uno de los países que ya se considera que ha ganado la batalla contra el virus y, pese a las constantes advertencias, no ha habido un desastre en Venezuela pese a las sanciones, el embargo y los errores de gestión del gobierno de Maduro.

Por supuesto aún es pronto para descartar una grave crisis en Venezuela dado el impacto terrible del embargo estadounidense, que me imagino que se endurecerá conforme Trump busca votos en Florida, y eso será un problema también para Cuba dada la crisis del turismo.

Por su parte, Argentina ha gestionado la pandemia mucho mejor que Brasil, Bolivia, Ecuador o Chile, de modo que se ha demostrado que la izquierda y la sanidad publica responden mejor cuando se trata de proteger a los más vulnerables a una pandemia, que son los mas pobres.

—¿Y qué efectos está teniendo la pandemia a nivel social?

-La pandemia esta agudizando las desigualdades sociales de forma alarmante en América Latina, y creo que es muy probable que haya una nueva ola de protestas.

Ya se han producido dos manifestaciones en barrios pobres de Santiago de Chile donde el confinamiento, por necesario que sea, está provocando problemas de hambre para trabajadores cuya única fuente de ingresos es salir a trabajar a la calle o donde sea. No están recibiendo apoyo del Estado chileno.

Asimismo hay huelgas en la región minera de Antofagasta. Y en Bolivia, donde el gobierno interino aprovecha la pandemia para aplazar la fecha electoral, habrá más protestas también.

Existe un peligro para la democracia boliviana: puesto que el partido de Evo Morales parece que tiene más posibilidades ahora de ganar en la primera vuelta, no me extrañaría nada que no se respetara el resultado de las elecciones (si es que se celebran) y eso evidentemente está vinculado con cuestiones de Washington.

Habrá que garantizar que otras instituciones vigilen del proceso electoral.

—¿Y en Brasil?

—En Brasil también existe un grave peligro de que Bolsonaro aproveche el caos y el sufrimiento por la pandemia para justificar un decreto que establezca un estado de sitio con el fin de evitar protestas. Incluso hay peligro de un autogolpe de Estado.

 

La fuente e imagen: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53009680

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España: ¿Qué hemos aprendido sobre la educación durante el confinamiento?

¿Qué hemos aprendido sobre la educación durante el confinamiento?

El curso escolar marcado por la epidemia del coronavirus termina con la advertencia de los expertos de que el cierre durante tres meses de los centros educativos va a tener graves consecuencias para el alumnado, especialmente para los estudiantes de entornos desfavorecidos, y que su profundidad no se acabará de conocer hasta dentro de unos años. Al mismo tiempo, los especialistas en educación aseguran que, con todos sus problemas, el periodo deja también lecciones valiosas que pueden servir para mejorar el sistema.

El Foro de Educación de EL PAÍS plantea a sus lectores esa pregunta: ¿Qué hemos aprendido sobre la educación durante el confinamiento? Si quiere participar, puede enviar su opinión contando una sola conclusión, el principal aprendizaje que haya extraído como profesor, padre, alumno u observador. En los próximos días publicaremos una selección en este artículo.

Fuente de la Información: https://elpais.com/educacion/2020-06-21/que-hemos-aprendido-sobre-la-educacion-durante-el-confinamiento.html

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