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México: Crean jóvenes campechanos vehículo solar para discapacitados

México/ Septiembre de 2016/Televisa

  • Estudiantes del Tecnológico de Escárcega, en Campeche, crean un vehículo para personas con discapacidad que usa energía solar; buscan desarrollar más tecnología limpia.
  • Estudiantes del Tecnológico de Escárcega, en Campeche, crearon un vehículo especialmente para personas con discapacidad motriz, impulsado por energía solar.

    Wendy Corazón Virgilio Landero, estudiante, explicó que «en Escárcega muchos discapacitados adaptan sus vehículos para poder desplazarse, para poder avanzar aquí en el municipio, entonces viendo esas problemáticas, nosotros canalizamos eso en el carro solar».

    Wendy Corazón Virgilio Landeros y otros tres alumnos de ingeniería en energías renovables del Instituto Tecnológico Superior de Escárcega, diseñaron este vehículo que utiliza paneles solares, se opera de forma manual y es amigable con el medio ambiente.

    Wendy Corazón Virgilio Landero, estudiante, dijo que «los paneles están hechos de silicio y tienen propiedades absorbentes, entonces absorben el sol y se almacena. Esa energía va a bajar a través de una serie de circuitos a las baterías a las cuales se van a cargar eléctricamente y van a hacer que motor funcione es con energía mecánica-eléctrica».

    El Tecnológico Superior de Escárcega  busca entrar al mercado de paneles solares.

    Luis Ramón Carrillo Ortegón, director del Instituto Tecnológico Superior de Escárcega, comentó que «con toda seguridad van a tener la maravillosa oportunidad de decir en el Tecnológico de Escárcega ya no son parte de la comercialización de los paneles solares, ya fabrican los paneles solares».

    Los estudiantes buscan aplicar estos paneles solares en la vida cotidiana, para contribuir en la disminución de emisiones contaminantes al medio ambiente.

    Fuente: http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-09-08/crean-jovenes-campechanos-vehiculo-solar-discapacitados/

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España: Un alumno con discapacidad lleva a la Junta a los juzgados por su expulsión de la FP

España/ Agosto de 2016/La Razón

En el contencioso reclama la cautelar por «vulneración de derechos fundamentales» tras ver denegada su matriculación al ser mayor de 21 años.

La Consejería de Educación va a dejar fuera de la Formación Profesional Básica a los alumnos con diversidad funcional mayores de 21 años a partir de septiembre, al no ofrecer instrucciones que amortigüen la estricta aplicación de la orden de 9 de junio de 2015 que regula esta enseñanza. Una controvertida decisión que ya ha provocado una primera reacción: la denuncia por «vulneración de derechos fundamentales» de un afectado.

Alejandro Morales ha presentado recientemente un recurso contencioso-administrativo con petición de medidas cautelares contra la decisión de denegar su matriculación en 2º de Agrojardinería y Arreglos Florales de los programas específicos de FP Básica por superar la edad permitida en un instituto de Málaga. Íñigo Loring Caffarena, el abogado de llevar el caso de Alejandro, fundamenta su reclamación en una «vulneración del derecho a la igualdad, a no sufrir trato discriminatorio y el derecho al acceso a la educación». «Fijar un límite de edad para las personas con diversidad funcional supone una grave vulneración de sus derechos pues no existe esa limitación para el resto de los ciudadanos», explica Carmen Morales, madre de Alejandro y presidenta de Solcom, asociación para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social.

Educación se apoya en el estricto cumplimiento del artículo 74.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que dice textualmente: «La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario. La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios». La posterior orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la FP Básica establece que el alumnado con necesidades educativas especiales debe cumplir los siguientes requisitos: «Tener cumplidos los 16 años o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 19 años en el momento del acceso ni durante el año natural en el que se inician las enseñanzas»; y en un artículo posterior se especifica que cada alumno podrá repetir cada uno de los cursos dos veces. Por ello supone una incoherencia y una discriminación que a los 21 años tengan que abandonar los cursos. «¿Cómo es posible semejante disparate que va a dejar fuera del sistema educativo a numerosos chicos que han ido superando las diferentes etapas educativas acorde con el modelo imperante para que a la hora de culminar esos estudios sean expulsados sin poder terminarlo?», se pregunta Carmen Morales, que además apunta a una regulación por parte de la Consejería «poco transparente y sin información a los padres, que vulnera los derechos de aquellos alumnos que funcionando de manera diferente tienen un ritmo distinto por el derecho a acabar sus estudios aunque suponga invertir más tiempo en ello».

En el caso de Alejandro, como en el de otros cuatro compañeros de instituto, son alumnos que comenzaron con los programas de PCPI. La Consejería de Educación se escuda en el cumplimiento de una norma de rango superior, una ley que a juicio de Morales «debería estar derogada pues contraviene la propia Constitución y la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad».

La familia Morales asegura a haber iniciado iniciado muchos contactos con partidos políticos y la propia Administración «pero todo ha sido infructuoso».

Tras ser rechazada su matriculación, Alejandro se halla a la espera de conocer la respuesta de la Delegación de Málaga al recurso de alzada que interpuso y en caso negativo confía en que el juez le otorgue la cautelar para permitir su matriculación. «Llegaremos hasta el final», asegura Carmen, respecto a los pasos a dar en la justicia ordinaria, convencida de que a su hijo no le pueden arrebatar sus derechos y privarlo de la consecución de un «certificado de profesionalidad». Bajo su punto de vista, se está condenando a un colectivo a la «no formación» y a la «pobreza» por parte de «quien legisla contra los derechos fundamentales».

Fuente: http://www.larazon.es/local/andalucia/un-alumno-con-discapacidad-lleva-a-la-junta-a-los-juzgados-por-su-expulsion-de-la-fp-BH13365523#.Ttt1QopK6ihFVLj
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España: La Junta da luz verde a la ley de personas con discapacidad

Europa/España/28 de Agosto de 2016/Fuente: Diario de Córdoba

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que «consolidará» las políticas autonómicas dirigidas a este colectivo de más de 700.000 personas en la comunidad, que tiene una memoria económica que supera los 1.300 millones de euros anuales y que, entre otras novedades, contempla la reserva de plazas en formación y empleo en la administración andaluza.

Según explicó ayer la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el proyecto, que será remitido al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva, acomete reformas en profundidad con el objetivo de «avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y accesible, primando la garantía de derechos de igualdad de oportunidades más allá del enfoque asistencial».

«De acuerdo con las exigencias de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España, incorpora la consideración de las condiciones externas de tipo social junto con las circunstancias personales o de salud, de manera que se actualiza así un concepto legal hasta ahora centrado en un modelo médico-rehabilitador», señaló Sánchez Rubio.

El texto incluye un régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal con multas que van desde 301 a un millón de euros dependiendo de la calificación de la infracción. Se califican como muy graves todas aquellas conductas de acoso o dirigidas a generar deliberadamente situaciones de riesgo o daño grave para la integridad física o psíquica de las personas con discapacidad.

DIFERENCIAS CON LA DEL 99 // La consejera indicó que, a diferencia de la ley de 1999, «se reconocen las situaciones de especial vulnerabilidad dentro de la discapacidad, como la pluridiscapacidad, y se prevén las necesidades de apoyo a la toma de decisiones de las personas afectadas». De igual modo, la norma considera «el mayor riesgo de sufrir abusos que presentan las mujeres y las niñas de este colectivo y establece las correspondientes medidas para su incorporación a las políticas sobre violencia de género», con actuaciones como la adecuación de las casas de acogida y la implantación de servicios de atención telefónica a mujeres sordas mediante sistemas similares a la videoconferencia.

La consejera señaló también como novedoso el reconocimiento del uso de los perros de asistencia para el acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio, una categoría general que incluye los perros guías para invidentes y que deberá regularse en el plazo de un año a partir de la aprobación de la nueva ley por el Parlamento de Andalucía. Además, también se concederá la tarjeta de aparcamiento para discapacitados a vehículos de transporte colectivo.

En el ámbito formativo y del empleo, la principal novedad de la nueva ley es el establecimiento de una reserva para personas con discapacidad del 3% del número de plazas (con un mínimo de una) en los cursos de formación organizados por la Administración autonómica. Esta cifra se eleva al 5% en el Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, «un cupo igualmente de nueva creación». Además, prevé otra reserva en las bolsas de trabajo temporal de empleo público, que será concretada en un posterior desarrollo reglamentario.

En lo laboral, la futura ley obligará a mantener en vigor un plan de empleabilidad y con un enfoque de género para intentar igualar las tasas de hombres y mujeres con discapacidad.

Otra novedad destacada de la nueva norma es la fijación de una reserva del 5% del importe anual de toda la contratación pública de la Junta de Andalucía a favor de los centros especiales de empleo. En esta misma línea, se introduce una cláusula de desempate obligatoria a favor de las empresas que tengan un mayor número de personas con discapacidad, según explicó la consejera.

SALUD Y EDUCACIÓN // Respecto a la salud, el proyecto recoge el impulso a la atención temprana para menores de seis años, «haciendo hincapié en la coordinación de los servicios sociales, sanitarios y educativos». En este sentido, se definen las condiciones mínimas del modelo regulado en el decreto que aprobó el Gobierno andaluz el pasado de 26 de abril.

En el área educativa, las universidades andaluzas «deberán elaborar un censo del alumnado con discapacidad y aprobar un plan especial de accesibilidad» a los entornos físicos y de la información y la comunicación de su titularidad. También novedosa es, señaló Sánchez Rubio, la prohibición expresa que se establece para los centros docentes, tanto públicos como privados, de denegar por motivos de discapacidad el acceso al alumnado o a los demás miembros de la comunidad educativa a sus servicios y actividades.

El nuevo texto frente a la norma anterior define los criterios que deben orientar las prestaciones de servicios sociales destinadas a los discapacitados, de forma que se atiendan sus necesidades personales y de inclusión. Así, se introduce la figura del concierto social para impulsar la colaboración con la iniciativa privada, ha detallado la titular de Igualdad.

Fuente: http://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/junta-da-luz-verde-ley-personas-discapacidad_1072375.html

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Sudáfrica: The Education System Is Leaving Children With Disabilities Behind

África/Sudáfrica/26 de Agosto de 2016/Autor: Nyiko Shikwambane

RESUMEN: El 17 de agosto, la justicia social ONG Sección 27 publicó un informe titulado «Demasiados niños que quedan atrás: La inclusión en el sistema de educación inclusivo de Sudáfrica». El informe es el resultado del trabajo de investigación llevado a cabo por Tim Fish Hodgson y Silomo Khumalo en el norte de KwaZulu Natal, en colaboración con la Fundación Philisa Isizwe para las personas que viven con discapacidades. La investigación siguió la vida de 55 cuidadores de niños con discapacidad que se encuentren en centros de educación especial o que no pueden acceder a ningún tipo de escolarización. Sección 27 se reunió con los padres y cuidadores para identificar los problemas en el Distrito Umkhanyakude en KwaZulu Natal.«Nos encontramos cerca de 50 padres que consideramos como nuestros clientes. Cuando nos encontramos con esos padres, nos dimos cuenta de que había varios problemas con el acceso de los niños con discapacidades. Los padres se quejaron de que las tasas eran demasiado caros, las escuelas estaban lejos de casa y que los niños fueron abusados en sus albergues «, dijo Silomo Khumalo, uno de los autores del informe.

On 17 August, social justice NGO Section 27 released a report entitled «Too Many Children Left Behind: Inclusion in the South African Inclusive Education System». The report is a result of research work conducted by Tim Fish Hodgson and Silomo Khumalo in northern KwaZulu Natal in partnership with the Philisa Isizwe Foundation for persons living with disabilities.

The research followed the lives of 55 caregivers for children with disabilities who are either in special schools or are unable to access any kind of schooling. Section 27 met with parents and caregivers to identify the issues in the Umkhanyakude District in KwaZulu Natal.

«We met about 50 parents who we regard as our clients. When we met those parents, we found out that there were various issues with access for children with disabilities. Parents complained that the fees were too expensive, the schools were far from home and that the children were abused in their hostels,» said Silomo Khumalo, one of the authors of the report.

After looking at those who were not in any kind of schooling, they investigated further and considered the inclusive education legislative and policy framework in relation to the Constitution. Section 29 of the Constitution says every child has the right to basic education, which includes children with disabilities.

The Schools Act does not exclude children with disabilities: section 12(4) of the Act says that children with disabilities have the choice between attending a mainstream school or a special needs school. However, this choice is meaningless if mainstream schools lack the necessary resources to accommodate learners with disabilities. Mainstream schools often deny access to children with disabilities or monitor their behaviour like a daycare centre. Either way, no effective learning is done and these children should be considered among those who are «out of school».

The Sisizakele Special School is one of the only schools in the district that has the capacity to educate disabled children. Unfortunately, there is a long waiting list to get access to this school because it does not have the capacity to deal with the number of learners who need access. Those who cannot be accommodated at Sisizakele will have to spend their days at crèche without furthering their education.

«She now goes to a crèche near Manguzi Hospital. She is excited to be there, and was quite lonely at home by herself without other children. I want her to have a skill that she will be able to do well, so that if I pass away, my child will be able to have some way of making a living for herself,» said a parent of a child with physical and intellectual disabilities in Manguzi.

«In order for us to assist these parents we had to understand the issues faced by teachers and house care in special schools schools. We received complaints about most teachers not having the adequate amount of training to teach learners with disabilities. That is why we have cases of full service schools treating children with disabilities like clients of a day care centre,» said Khumalo.

Children are admitted into mainstream schools which lack the capacity to teach them. Similarly, the report suggests that special schools are understaffed and lacking capacitated employees. The abuse in hostels is prevalent in special schools because the house parents are merely volunteers in the space who earn a stipend of R1, 000 per month.

«We have begun looking at the education system before the current democratic state. We found that black learners with disabilities suffer from a kind of ‘double discrimination’. They are excluded out of the education system by virtue of their disabilities. They are excluded because schools in rural areas don’t have the adequate resources or skills to accommodate children living with disabilities,» says Khumalo.

The report recommends that the National Department of Education reimagine the implementation of the inclusive education system. It has been 15 years since the inclusive education policy was passed in 2001, but no apparent implementation to date. «Section 27 wants to sit with the department to discuss how we can better implement the policy in rural communities. There is a big gap between the South African education policy and the reality,» said Khumalo. The report includes recommendations for funding, school support schemes, skills and vacancies to create a more efficient inclusive education system.

Fuente: http://allafrica.com/stories/201608241101.html

Fuente de la imagen: http://www.bbc.com/news/business-28191371

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Película: El milagro de Anna Sullivan

El milagro de Anna Sullivan

  • Título original: The Miracle Workeraka
  • Año: 1962
  • Duración:107 min.
  • País : Estados Unidos
  • Director: Arthur Penn
  • Guión: William Gibson (Teatro: William Gibson)
  • Productora: Metro-Goldwyn-Mayer

Sinopsis: Una familia contrata a Anna Sullivan para educar a Helen, una niña sorda y ciega. Un trauma infantil, un oscuro complejo de culpa, por la muerte de su hermano, impulsa a la maestra a redimirse mediante la educación de la niña. La incompetencia y la negligencia de los padres han hecho de Helen una niña mimada, incapaz de someterse a ninguna disciplina, y con la que toda comunicación parece imposible. La adolescente vive aislada en un mundo propio completamente ajeno a los demás. Sin embargo, Anna Sullivan conseguirá, con mucha paciencia,constancia y rigor, que venza sus problemas de comunicación.

Fuente de la reseña: http://www.filmaffinity.com/es/reviews/1/462819.html

Fuente de la imagen: http://pics.filmaffinity.com/El_milagro_de_Anna_Sullivan-401624452-large.jpg

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Sudáfrica: Little Progress for Youth With Disabilities

África/Sudáfrica/19 de Agosto de 2016/Fuente: HRW.org

RESUMEN: Sudáfrica ha avanzado poco en hacer frente a la discriminación y la exclusión que sufren los niños con discapacidades cuando se accede a las escuelas, Human Rights Watch y la Sección 27, dijo hoy. El Gobierno Nacional de Sudáfrica tiene que tomar medidas urgentes para demostrar su compromiso con la educación inclusiva.   Mientras que altos funcionarios del gobierno han hecho declaraciones alentadoras acerca de la inclusión de todos los niños en la educación, el gobierno no se ha traducido su compromiso en acción. LaSección 27, un centro de abogados líder sudafricano de interés público, llevó a cabo una nueva investigación que demuestra violaciónes generalizadas y graves de los derechos de los niños con discapacidades, incluyendo la actual discriminación y la falta de medidas concretas para abordar áreas de alta exclusión en el Distrito Umkhanyakude de KwaZulu -Natal. Basado en entrevistas con 100 cuidadores de niños con discapacidades y las visitas a las escuelas especiales y 14 de servicio completo,  describe la situación allí como un «apartheid racial y discapacidad dual en el sistema educativo de Sudáfrica.»

South Africa has made little progress in addressing the discrimination and exclusion faced by children with disabilities when accessing schools, Human Rights Watch and Section 27 said today. South Africa’s national government needs to take urgent action to demonstrate its commitment to inclusive education.

Section 27, a leading South African public interest law center, conducted new research demonstrating widespread and severe violations of the rights of children with disabilities, including the ongoing discrimination and the lack of concrete action to address areas of high exclusion in the Umkhanyakude District of KwaZulu-Natal. Based on interviews with 100 caregivers of children with disabilities and visits to 14 special and full-service schools, it described the situation there as a “dual racial and disability apartheid in South Africa’s education system.”

“While senior government officials have made encouraging statements about inclusion of all children in education, the government has not translated its commitment into action,” said Elin Martínez, children’s rights researcher at Human Rights Watch. “The government is failing thousands of children and young people with disabilities who are being denied their right to inclusive education.”

Nongovernmental organizations have repeatedly called for clarity on the numbers of children with disabilities who remain out of school, as well as for explicit budget lines for inclusive education in national and provincial budgets. Human Rights Watch has also said the government should stop segregating children with disabilities, and ensure that they are accommodated and guaranteed quality education in mainstream schools.

The government has not yet presented accurate data to show how many children with disabilities are out of school and continues to rely on estimates and outdated data.

In November 2015, the minister of basic education, Angelina Motshekga, announced that the Department of Basic Education would take major steps to strengthen the implementation of its inclusive education policy. In March 2016, President Jacob Zuma announced his commitment that “all government institutions must ring fence a budget for participation by and empowerment of young persons with disabilities, and must report annually on the impact of these programmes.”

Yet, the government’s 2016-2017 budget does not have a dedicated budget line for inclusive education, and does not stipulate financial support for full service schools, which would be adapted or built to accommodate children with disabilities and provide specialized services and attention in a mainstream environment. The Department of Basic Education stated that it has budgeted R6.3 billion (US$450 million) for special schools in 2016, and allocated funds for workbooks for visually impaired learners.

Research conducted from 2013 to 2015 by Section 27 in Umkhanyakude District, in northeast KwaZulu-Natal, found that schools are not provided with sufficient and consistent funding to accommodate students with disabilities. Both special and full service schools in the district report serious problems with infrastructure and access to basic services.

While some full service schools receive as much as R273,000 (US$20,000) for this purpose, one school reported receiving as little as R22,000 (US$1,600) from the province’s Department of Education as recently as 2014/15. Full service schools report that they have too few classrooms, with multi-grade classrooms shared by as many as 89 children.

Chronic underfunding also affects special schools around the country, particularly those in rural areas like the Umkhanyakude District. Although the district’s three special schools have been built recently and appear impressive at first sight, they lack furniture and facilities needed by children with disabilities.

Human Rights Watch and Section 27 acknowledged the government’s attempts to carry out its screening, identification, assessment, and support policy, to ensure that all children are screened for learning barriers. Where the policy has been carried out correctly and understood by local education officials, it is increasing support for children with disabilities who are adequately assessed. However, the policy is not being uniformly rolled out in many rural areas, in many cases due to a lack of resources and the absence of qualified education personnel.

Beyond assessments, the government should ensure that adequate support and reasonable accommodations are provided in mainstream schools, to ensure that more children with disabilities can get quality education in inclusive environments.

The United Nations Committee on the Rights of the Child will review South Africa’s record on September 19-20, 2016. Nongovernmental organizations have submitted evidence on the discrimination faced by children with disabilities in education. They urged the committee to recommend that South Africa should adopt adequate legislation to protect the right to education of children with disabilities, and allocate adequate resources to guarantee more children with disabilities access inclusive schools.

“We acknowledge the department’s intent to make a budget available to strengthen special schools for an inclusive education system,” said Silomo Khumalo, legal researcher at Section 27. “However, intent is not good enough. It must be supported with action. Funds from the Treasury must be allocated. We measure the department’s success by the standard set by the constitutionally entrenched right to basic education and children with disabilities’ right to equality. This right applies to all children, including children with disabilities, right now.”

New Evidence of Exclusion of Children with Disabilities
Section 27’s August 2016 report, “‘Too Many Left Behind’: Exclusion in the South African Inclusive Education System,” documents widespread violations of the rights of children with disabilities in the Umkhanyakude District of KwaZulu-Natal. Section 27 found violations against poor black children with disabilities so severe that it described the situation as a “dual racial and disability apartheid in South Africa’s education system” that amounts to systemic violations of children’s constitutional rights to basic education, equality, and dignity.

Based on interviews with 100 caregivers of children with disabilities, and visits to three special schools and 11 full service schools in the district, Section 27 found that a large number of children with disabilities in the district do not have – and may never have had – access to school. A study in Manguzi in 2001 estimated that 53 percent of children with disabilities “did not attend school,” and of those who did, 53 percent “reported having difficulties at school.”

At special schools, teachers struggle to teach the curriculum – both because they don’t have the requisite skills to teach children with varying barriers to learning, and because their classes are too big to give children individual attention and support.

Out of the 11 full service schools in the district, only two have any transportation provided by the province’s Department of Education. One of the schools, with an enrollment of 1,000 learners, has a bus that transports 120 children on a specific route. The second school shares a single bus with seven other schools in its area, and the principal must provide a list of only the children with the greatest need to receive the service. Many children on the list refuse to use the bus, saying they are bullied by high school students who also use the bus.

The nine remaining schools have no transportation or budget to help children with transportation. The schools say that the provincial Department of Education has been made well aware of their desperate need for transportation.

Ten of the 11 full service schools in the district are primary schools. Only one of the 14 schools in the district that serves children with disabilities – Somfula Secondary School – is a high school. This school has such limited space that it largely only accepts students from its primary school. Most children with intellectual, sensory, or severe physical disabilities cannot go beyond grade seven or attain a National Senior Certificate in their own district.

A government report released in November 2015 estimates that Kwazulu-Natal has as many as 182,153 children ages 5 to 18 with disabilities, but that as many as 137,889 – 76 percent – may not be receiving any schooling.

Selected Accounts
A parent of an 8-year-old boy with physical and intellectual disabilities in Manguzi, said:

The doctors [at Manguzi Hospital] referred my son to Sisizakele [special school], and I was told that he would be placed on a waiting list and I would receive a call. I have still not received a call. He was delayed in learning to walk and talk, though he will laugh sometimes. Now he can even bathe himself. But he can’t read or write and is very slow at school, and still struggles to speak properly. The local school indicated that they couldn’t cope with him after he had been there for a year.

He is eight years old. He has been out of school for more than two years. Both my son and I are hurt that he is not in school. It means that the teachers think my son is nothing compared to other people.

The head of department at a special school said:

Some learners leave the school, and then find somewhere to do grade seven, and then receive further education. Others cannot, because they are fully dependent and would require another special school to do so, even if they could cope with the content of higher grades. [There are] three children currently at the school who have the potential to go to grade seven after being educated at [our special school]; but because they are in wheelchairs, they cannot be taken to another school.

A principal at a full-service school said:

It is more important to have transport, because there are learners with disabilities at the school. There is a grade four learner who is epileptic, and he does not want to walk so far and so will fight with his parents. There is another learner in the school who has a physical disability who walks far to school, and sometimes when she arrives she will complain that she feels sick and so she can’t learn. This child has a limp, and must walk 10 kilometers to school. One side of her body does not work properly.

Fuente: https://www.hrw.org/news/2016/08/19/south-africa-little-progress-youth-disabilities

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China promete mayor apoyo a las personas con discapacitadad

Asia/BEIJING, 18 de agosto de 2016/Fuente: Xinhua

China tiene el objetivo de mejorar el apoyo y protección a la gente con discapacidad ofreciéndole servicios y productos públicos más personalizados en los próximos cinco años, de acuerdo con un plan del Consejo de Estado publicado hoy.

China está luchando por una «Xiaokang,» o una sociedad modestamente acomodada de forma integral, para el año 2020. El plan de hoy para un mayor desarrollo relacionado con los discapacitados entre 2016 y 2020, describe a los discapacitados como «participantes, constructores y beneficiarios» clave de esa sociedad.

De acuerdo con el plan, los discapacitados empobrecidos en las áreas rurales se volverán un objetivo clave en los esfuerzos de alivio de la pobreza del país y disfrutarán políticas de apoyo ofrecidas a sus vidas de manera más precisa.

Un sistema de bienestar para discapacitados será establecido para garantizar el sustento básico de los discapacitados, con mejores esfuerzos para ayudarlos a encontrar trabajo y crear empresas nuevas.

El plan señala que los servicios públicos en la prevención, rehabilitación y educación de los discapacitados, así como las actividades culturales y deportivas serán estandarizados para impulsar la eficiencia y calidad del servicio.

El país intensificará los esfuerzos legislativos para ofrecer protección y supervisión legal respecto a empleo, educación, beneficios sociales y otros aspectos de la vida de los discapacitados.

El plan pide más intercambios y cooperación internacionales en caridad relacionada con los discapacitados y servicios voluntarios, y pidió al gobierno incrementar la inversión en la capacitación de personal más especializado y en el desarrollo de tecnología para ayudar a la gente discapacitada.

Los gobiernos locales deben diseñar sus propios programas para ayudar a los discapacitados y hacerlos parte clave de los planes locales de desarrollo económico y social.

Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2016-08/18/c_135608765.htm

Imagen: http://spanish.peopledaily.com.cn/mediafile/201211/16/F201211161328072703866467.jpg

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