Page 17 of 54
1 15 16 17 18 19 54

A Trypina le dijeron que su hijo no podía ir al colegio así que montó uno

Reseña/05 Diciembre 2019/El país

Cuando negaron el acceso a la escuela a Brighton por tener síndrome de Down, su madre decidió rebelarse y crear un proyecto en su pueblo de Sudáfrica que ayudara a las personas con discapacidad

Emanuel Peterson tiene ocho años, no para quieto ni un momento y observa todo lo que le resulta extraño con extrema curiosidad. Maraen, de 12 años, que hoy viste un alegre gorro con pompón, cuida de que sus compañeras, sordas o con discapacidad intelectual, entiendan las lecciones en clase. Emanuel tiene el síndrome de Down y es mudo. A Maraen, los ataques epilépticos que sufre casi desde que nació la han dejado secuelas visibles: problemas en la vista, al andar, y en el crecimiento. Ellos y otros 43 chavales estudian, trabajan y pasan los días en el Tshemba Hosi Protective Project, un programa que lucha por la inclusión de personas con discapacidades en Sudáfrica.

En realidad, todo empezó en 2001 porque Tryphina Malchubela, una mujer menuda que se acerca ya a los setenta, se rebeló contra la injusticia. A su hijo Brighton no lo aceptaron en el colegio y nadie le daba una solución satisfactoria. La razón: había nacido con síndrome de Down. “No querían enseñarle, así que comencé este proyecto. Primero en una iglesia, nos ayudaban misioneros, aunque algún tiempo después tuvimos que buscar algo más grande porque cada vez éramos más. Por eso construimos todo esto”, afirma en el interior de una de las cinco dependencias que ha conseguido levantar dentro de una parcela de unas tres hectáreas en Lillydale, un pequeño pueblo en el este sudafricano, a pocos kilómetros del parque Kruger. Brighton, hoy un muchacho grandón y risueño al que sus compañeros llaman Big Boy, asiente a su lado.

Si ya resulta complicado subsistir dignamente si perteneces a las clases más pobres de Sudáfrica, el país con el índice de desigualdad más alto del mundo y donde una de cada cuatro personas tiene dificultades para comer una vez al día, sobre todos en áreas rurales, todo se complica aún más para las personas que sufren algún tipo de discapacidad. El censo del 2011 recogía que el 7,5% de la población sudafricana vivía con alguna. De ellos, alrededor de medio millón eran niños menores de 10 años, aunque probablemente la cifra ahora sea superior porque la población de la nación, de algo menos de 59 millones de personas, ha crecido en casi tres millones durante la última década.

El mismo texto decía, además, que el 35% de los niños menores de seis años con discapacidades no habían ido nunca al colegio, porcentaje que se disparaba hasta el 52% en zonas no urbanas y que afecta, sobre todo, a los sectores de población más castigados tradicionalmente por los rescoldos del Apartheid: negros y mestizos.

Nada de esto pasa en la casa de Tryphina. Ella y otros nueve voluntarios, mujeres en su mayoría, han conseguido crear un lugar con cinco grupos organizados en diferentes programas según las discapacidades: uno para enseñar el lenguaje de signos, otro para hacer ejercicios físicos, otro para aprender a leer y escribir, otro para conocer oficios con vistas al futuro… “Lo que más me satisface hoy, que llevo aquí ya casi 20 años, es que los chavales que vienen se sienten como los demás niños. Sienten que nadie los separa. Creo que eso es fundamental para que, poco a poco, sean capaces de superar sus problemas”, resume.

Un futuro más complicado

Sikhulile Mabilane tiene 20 años y una leve discapacidad intelectual que hace que su aprendizaje sea más lento que el de los demás, algo que no le impide soñar. Como a cualquier joven, le gusta ver a Messi, a Cristiano Ronaldo o a Pogba. Verlos e imitarlos cuando sale del Tshemba Hosi Protective Project y va directo al campo de fútbol más cercano. “Tengo muchas habilidades. Cuando cojo el balón sé que voy a marcar gol”, afirma orgulloso. “Pero si en el futuro no pudiera dedicarme al fútbol, me gustaría ser policía; quiero ayudar a mi familia y también a toda mi comunidad”, dice.

Para Sikhulile y los demás, incorporarse al mercado laboral en su país resultará extremadamente complicado. Un informe del 2016 de la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos, una institución independiente cuyo poder emana de la Constitución de la nación, afirmaba que ocho de diez personas con discapacidad en el país no tiene empleo. El mismo texto, además, alertaba de que la discriminación en oportunidades de trabajo digno es uno de los desafíos más abrumadores que encaran las personas con discapacidad, desgranaba el retroceso en contratación a este colectivo en los últimos años, sobre todo en los trabajos socialmente mejor considerados y remunerados, y advertía de que las mujeres suelen tener más problemas para encontrar un empleo que los hombres. “Generalmente, son marginadas y excluidas para todo tipo de participación en la sociedad y se ven obligadas a encarar múltiples formas de discriminación en varias esferas que incluyen el acceso a sistemas de salud, trabajo o educación”, concluye dicho escrito.

El taller de costura, donde se hacen batas y pijamas, se ha convertido en la principal esperanza para conseguir fondos.
El taller de costura, donde se hacen batas y pijamas, se ha convertido en la principal esperanza para conseguir fondos. J. I. M.

En este sentido, un White Paper del 2016 (un documento oficial que publican algunos gobiernos para aclarar a ciudadanos y órganos legislativos determinadas cuestiones y proponer soluciones) remarcaba la necesidad de aumentar el porcentaje de empleados con discapacidad: del 2% de 2016 a, al menos, el 7% para el 2030. Este documento recordaba, además, que el Plan de Desarrollo Nacional, aprobado por el Parlamento en 2012, apremia a los poderes públicos para que las personas con discapacidad, “que en Sudáfrica suelen situarse en los más pobres de entre los pobres”, sean integradas en todos los planes legales futuros de manera específica y no en un enfoque único compartido con la generalidad de los ciudadanos.

Tryphina y sus voluntarias saben de sobra, por la experiencia de todos estos años, que los chavales de su proyecto, negros y en una zona rural, lo van a tener muy complicado para encontrar un empleo digno. Dicen que algunos ya lo han conseguido y ahora trabajan como dependientes en supermercados u otras grandes superficies comerciales de las ciudades más importantes, sobre todo de Johannesburgo o Ciudad del Cabo. Pero son los menos. Por ello, uno de los edificios de su proyecto en Lillydale, el más grande y espacioso, lo han dedicado al aprendizaje de costuras y manualidades para tener productos que vender y así financiarse.

Un taller de costura y otros proyectos esperanzadores

“Los servicios sociales del Gobierno nos pagan la comida diaria para los niños, pero aparte de eso nadie nos da nada. Ese es principal problema que tenemos aquí, la dificultad para encontrar fondos con los que sufragar todo”, afirma Tryphina, que habla mientras remacha la camisa de un pijama. “Ahora hemos conseguido clientes nuevos, unos albergues a los que vendemos este tipo de cosas” explica señalándola. Frente a ella, una decena de hombres y mujeres, que antaño pasaron por las clases del proyecto, manejan máquinas de coser, agujas, hilos y telas y varias decenas de batas, pijamas y sábanas descansan apiladas en la alargada mesa de un taller de costuras que se ha convertido en la esperanza futura. “Pero de momento conseguimos poco dinero. Necesitamos más…”, señala la mujer.

Tryphina afirma también que no se piensa rendir. Si a Brighton y los demás no los tratan bien fuera de las paredes del Tshemba Hosi Protective Project pues ella seguirá levantando talleres, creando oportunidades, integrando y buscando una igualdad que todavía se antoja una quimera. Lo próximo, dice, va a ser empezar a vender muebles y armarios; ya ha conseguido el dinero para un edificio que convertirá en carpintería, que avanza a pasos agigantados, y maquinaria y madera suficiente para comenzar a fabricarlos. “Queremos poner baños y necesitamos más agua, pero es un problema que nos encontramos siempre. Se la tenemos que pedir a un hotel cercano y no siempre quiere dárnosla…”, concluye. Y después vuelve a perderse junto a su hijo Brighton entre telas, batas e hilos blancos.

Fuente e imagen: https://elpais.com/elpais/2019/11/28/planeta_futuro/1574939910_289184.html

Comparte este contenido:

Día Mundial del Sida: “El fin del VIH empezará cuando acabemos con la serofobia”

Por: Tercera Información

La coordinadora estatal del VIH y sida ha publicado un manifiesto, con motivo del día mundial contra el sida, en el que destaca que los prejuicios son una barrera para dar una respuesta efectiva al VIH.

Entre 140.000 y 170.000 personas viven en España infectadas por el VIH, de las que aproximadamente una de cada cinco (18 %) no está diagnosticada. Desde que comenzó la epidemia del sida se han notificado un total de 87.369 casos.

Según el manifiesto publicado por la coordinadora estatal del VIH y sida (CESIDA), el estigma asociado al VIH es una de las causas del diagnóstico tardío y provoca soledad, baja autoestima y depresión. También apuntan que las mujeres con VIH sufren mayor estigma debido a su estado serológico y se diagnostican más tarde que los hombres.

Entre los nuevos diagnósticos en mujeres más de la mitad se dan en mujeres inmigrantes

El miedo a la discriminación es la mayor barrera para conseguir un diagnóstico temprano. El informe epidemiológico publicado ayer por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social muestra que el 47,6% de las personas tuvo un diagnóstico tardío, lo que eleva el riesgo de transmisión del VIH e implica un mayor riesgo para la salud de la persona.

La tasa de diagnóstico tardío en España sigue sin descender, así como tampoco desciende el número de nuevos diagnósticos que alcanzará las casi 4.000 nuevas infecciones, tras el retraso de la notificación”, explica Ramón Espacio, presidente de CESIDA. “Tenemos claro que mejorar las estrategias de cribado es una de las acciones clave, para lo cual hay que contar con los centros comunitarios y organizaciones sociales, que tienen la experiencia y el conocimiento para asesorar sobre salud sexual”.

Otra estrategia que se ha demostrado muy efectiva es el uso de la PrEP (profilaxis pre-exposición), que desde el 1 de noviembre esta autorizado su uso en hospitales, centros de ITS (infecciones de transmisión sexual) y algunos centros comunitarios especializados. “Ahora el reto es trasladar la PrEP a las distintas comunidades autónomas con sus distintas realidades y haciéndola cómoda y accesible para las personas candidatas, para que esta medida tenga un impacto positivo en la salud pública.”, reclama Espacio.

Contigo, sin serofobia

En 2018 se aprobó el “Pacto social para la no discriminación asociada al VIH”, presentado por María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, y Grande-Marlaska, ministro de Interior, y con Julia del Amo, directora del Plan Nacional sobre el Sida. Este documento ha servido de empuje para muchos cambios legislativos, entre otros se ha iniciado un proceso para eliminar la exclusión de las personas con VIH a ciertos puestos de función pública, que se espera que termine en 2020. Además, esta semana el Consejo Interterritorial de Sanidad y Servicios sociales ha acordado iniciar medidas en las CCAA para emitir instrucciones que eviten la discriminación en el acceso a centros residenciales de personas con VIH, al existir residencias, tanto públicas como privadas, que impiden el acceso a personas seropositivas.

“Para terminar con el VIH necesitamos acabar con la SEROFOBIA, que es el prejuicio, miedo, rechazo y discriminación hacia las personas seropositivas”, denuncia el presidente de CESIDA, “Las consecuencias del estigma son graves, por un lado, hay miedo a hacerse la prueba del VIH, las personas desconocen su estado serológico. Por otro, se genera aislamiento social, soledad, baja autoestima, crisis de identidad o depresión en aquellas personas diagnosticadas con el VIH”.

Según CESIDA, la serofobia lastra la respuesta ante el VIH y está interseccionada con otros prejuicios asociados al género, la pobreza, la orientación sexual e identidad de género, el origen racial o étnico, la edad o a la sexualidad. “Este año queremos poner especial énfasis en las minorías más invisibilizadas del VIH y en todas esas personas, especialmente mujeres, quienes están más expuestas, debido a la desigualdad de género, a sufrir doble o triple estigma: por ser mujer y tener VIH o ser transexual o migrante o tener problemas de salud mental”, reclama Espacio. En algunas regiones, las mujeres que son víctimas de la violencia tienen un 50% más de probabilidades de contraer la infección por el VIH, como señala ONUSIDA.

La transmisión del VIH por vía sexual en relaciones heterosexuales constituye el 85% de los nuevos diagnósticos. Además, las mujeres se diagnostican a una edad mayor y en una situación inmunológica peor que los hombres. Entre los nuevos diagnósticos de VIH en las mujeres, más de la mitad son mujeres inmigrantes. “Por ello, reivindicamos una sanidad universal y gratuita que favorezca la atención a las personas migrantes, que aún hoy tienen dificultades en algunas Comunidades Autónomas para el acceso al sistema sanitario público”, concluye CESIDA.

Con información de CEDISA​

 Manifiesto Día Mundial del Sida

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2019/12/01/dia-mundial-del-sida-el-fin-del-vih-empezara-cuando-acabemos-con-la-serofobia

Comparte este contenido:

España: Laia podrá jugar (seguramente), ¿pero lo podrán hacer las próximas ‘Laias’?

El Consejo Superior de Deportes considera que flexibilizar los reglamentos de competición sería un ajetreo y que para los “colectivos desfavorecidos” hay alternativas al deporte federado, en la respuesta que da el organismo al padre de una chica con síndrome de Down que presentó una queja ante el Gobierno central cuando estalló el ‘caso Laia’.

El caso Laia hizo correr ríos de tinta durante la primera semana de noviembre. Prácticamente todos los medios generalistas se volcaron en la historia de la chica de 14 años con síndrome de Down que juega desde los 6 en un equipo de voleibol un año por debajo del que le correspondería, y a la cual la Federación Española de Voleibol no dejaba participar en un torneo amateur que se celebrará a finales de diciembre en Guadalajara. Del tema incluso se hizo eco la BBC. Muchas personas se solidarizaron con la jugadora y con el Club Voleibol Esplugues, que se llegó a ofrecer a perder todos los partidos a condición de que ninguna de las integrantes de su equipo infantil quedara excluida. Incluso jugadoras senior que tenían que participar en el torneo manifestaron por redes sociales que, si Laia no iba, ellas tampoco.

La federación rectificó. O, según su versión, pidió al Club Voleibol Esplugues que hiciera una petición por escrito y no una consulta telefónica, como se había hecho inicialmente. Con la petición formal, el malentendido quedaba aclarado. O eso parece… En realidad, el club de Esplugues todavía no ha recibido la confirmación oficial, ni en relación a Laia ni al resto de jugadoras de los tres equipos que ha inscrito en la competición, según explica a este diario la secretaria de la junta directiva, Sílvia Picas. Pero muchos medios informativos lo dieron por seguro dos días después de que saltara todo el asunto, porque así lo expresaron los portavoces de la federación a los periodistas.

Laia, pues, jugará. ¿Pero este episodio sentará un precedente a favor de la inclusión en el deporte?, ¿habrá servido este caso para flexibilizar los reglamentos de tal manera que, cuanto menos en el deporte formativo, un jugador con una discapacidad acreditada pueda formar parte de un equipo a pesar de que no sea el de su edad? La respuesta del Consejo Superior de Deportes (CSD) es que no.

Cuando la igualdad va contra la equidad

El mismo día que el caso de Laia saltó a las redes y a la prensa, un padre de otra chica con síndrome de Down envió una queja al buzón de internet del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. En su escrito venía a decir que las normas establecidas por la Federación de Voleibol para garantizar la igualdad estaban yendo en contra de la equidad. Aunque, de hecho, esas normas son las que tienen todas las federaciones deportivas.

El Ministerio de la Presidencia envió la queja al Consejo Superior de Deportes, el organismo del Gobierno español del que depende, entre otras cosas, la autorización de cualquier cambio en los estatutos o reglamentos de las federaciones deportivas españolas. Esta respuesta la firma Carlos Gascón Moreno, subdirector general de Alta Competición, quien viene a confirmar que la exclusión de la jugadora por parte de la federación era correcta (la carta lleva fecha de 19 de noviembre, cuando ya se había dicho por activa y por pasiva que Laia podría jugar) y que la razón no era la discapacidad sino la edad. Y a continuación viene a decir que igual que hay niños que maduran más tarde y tienen que jugar con los de su edad, no se puede adaptar el reglamento a cada situación. Y que, además, hay vida más allá del deporte federado.

Esto escribe Gascón:

«Somos conscientes de que las categorías inferiores a la absoluta son etapas de formación, pero también es cierto que en muchas ocasiones la edad cronológica no se corresponde con las etapas de maduración de los niños y las niñas. Igualmente la edad de maduración intelectual puede no corresponderse con la edad de maduración física. Adaptar los reglamentos de competición a cada una de estas circunstancias podría dificultar en gran medida la organización de competiciones en estas categorías».

Y añade:

«Por otro lado, hay que entender que el deporte federado es un ámbito más de los muchos en los que se desarrolla el deporte, algunos de ellos menos competitivos y destinados a la promoción y/o a facilitar la integración de colectivos desfavorecidos».

Acaba diciendo Gascón que desde el CSD están trabajando por el desarrollo de políticas que faciliten la integración y la igualdad de oportunidades, “por lo cual tendremos en cuenta su sugerencia para impulsar acciones que faciliten estas políticas”.

La inclusión y el respeto a la diferencia

“Nos causa una gran decepción que, después del ruido que ha generado la campaña de sensibilización #LaiaJuega, todavía haya gente que no haya entendido nada”, comenta Sílvia Picas. “No se trata de si Laia tiene un año más o menos o de si juega con infantil o cadete, se trata de que la sociedad entienda que inclusión no quiere decir hacer el mismo que los otros, quiere decir tener la oportunidad de aprender y ser diferentes con los otros. Esta campaña empezó por Laia, pero tiene que ser por Ona, Berta, Jem, Natàlia… que sea el nacimiento de una nueva norma que incluya la diversidad en general en el deporte federado”, añade.

Marta Montserrat, la madre de Laia, le da la vuelta al argumento de Gascón: “Si el deporte federado es un ámbito deportivo más no podemos dejar pasar la oportunidad de que también allí llegue la letra y el espíritu de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿O acaso queremos una norma que diga que las personas con discapacidad podrán participar en cualquier disciplina deportiva pero quedarán excluidas del deporte federado?”.

¿Pero por qué ha tardado tanto en darse una situación como esta? Según Glòria Canals, presidenta de Down Cataluña, “en realidad el caso de Laia es bastante excepcional, es muy poco frecuente que una chica con síndrome de Down de 14 años pueda competir al mismo nivel que chicas sin discapacidad que solo tienen un año menos. Esto, que tendría que ser motivo de admiración, no parece que ni la federación ni el Consejo Superior de Deportes lo estén valorando mucho, para no decir nada”. Canals explica que en Down Cataluña –coordinadora que reúne a todas las entidades del síndrome de Down catalanas– han tenido noticia de otro caso que se produjo hace un par de años, en un encuentro de rugby que, como el del Voleibol en Guadalajara, tampoco era oficial. En este caso fue Àlex, un chico de 15 años con síndrome de Down que formaba parte del equipo sub12 del Barcelona Universitari Club (BUC) y se quedó sin poder competir por culpa del reglamento. La diferencia es que lo supo in situ, cuando ya había viajado con su equipo en Valladolid. La similitud con el caso de Laia es que tampoco la Federación Catalana de Rugby pone impedimentos a que Àlex pudiera jugar con una categoría diferente a la que le correspondía por año de nacimiento.

Para Canals, “hay deportes como el golf donde dos personas con distintos niveles pueden competir porque parten con un hándicap diferente, por lo tanto si le ponen ganas e imaginación encontrarán la manera de hacer que esta situación no solo sea posible, sino también normativa. Esto no tiene que ser que a Laia o a quien sea le estén haciendo un favor, en el ámbito del deporte formativo será siempre inaceptable que la rigidez de una norma excluya de la participación a cualquier deportista con discapacidad”.

El abogado Jordi Durà, especialista en deporte y discapacidad (fue presidente de Special Olympics de Cataluña), recuerda también los principios establecidos por la Convención de Naciones Unidas, la cual «impone a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». En este sentido, añade, «ciertamente hay un reglamento y la federación actúa conforme a la ley cuando decide que una chica no puede participar a causa de su edad, y no de su discapacidad, pero es que este reglamento puede estar en abierta contradicción con la realidad social y con los principios de la Convención».

Lo que está claro, según este abogado, es que el argumento del CSD sobre la dificultad de adaptar los reglamentos «es contrario a Derecho, porque precisamente son los poderes públicos quienes tienen que promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y en este sentido se impone un cambio del reglamento, que tiene que ser flexible y concorde con la realidad social actual». «Los reglamentos federativos no son fijos e inamovibles, solo hace falta voluntad política, imaginación y sentido común», concluye Durà.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/11/28/laia-podra-jugar-seguramente-pero-lo-podran-hacer-las-proximas-laias/

Comparte este contenido:

Más recortes contra las mujeres: PPEF 2020

Por: Lucía Melgar

Siguiendo el guión de la austeridad, sin corregir su visión excluyente de las mujeres, el gobierno federal ha determinado nuevos recortes a programas sociales destinados a mujeres y niñas. Como si la población femenina no constituyera un porcentaje significativo de la población marginada o en pobreza, tras desaparecer Prospera, eliminar los apoyos para estancias infantiles y reducir los recursos destinados a refugios para mujeres violentadas, el proyecto de PEF 2020 acumula nuevas medidas que evidencian la ceguera oficial ante desigualdades estructurales y demandas urgentes. La pregunta ya no es si no importan las mujeres sino por qué se determina acentuar la feminización de la pobreza. No es casual que el PPEF elimine o reduzca los recursos a programas que las han beneficiado o que se requieren para frenar la violencia misógina y las dé por incluidas en medidas genéricas como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida.

Prospera podía criticarse porque cargaba sobre las mujeres la obligación de cumplir con medidas para mejorar la salud familiar o impulsar la educación de las niñas y adolescentes. Al apostar por el sentido de responsabilidad de las mujeres y la transformación de los roles de género a partir de ellas, este tipo de programas puede conllevar mayor violencia de pareja. Sin embargo, para muchas el acceso a recursos económicos y la valoración de su papel como jefas de familia les da mayor autonomía. Dejarlas sin ingreso y sin acceso a la salud por este medio, y disminuir a la vez los fondos destinados a salud materna, sexual y reproductiva, les cierra opciones y empeora su situación.

Los recortes a las estancias infantiles han afectado ya a miles de mujeres obligadas a dejar su empleo, a aceptar condiciones precarias o pasar a la informalidad, con tal de poder cuidar a sus hijos e hijas. La creencia gubernamental en la abnegación de las abuelas o en la infinita generosidad familiar pasa por alto los cambios sociales de los últimos 30 o 50 años, las ventajas de la educación temprana, los derechos de la infancia y el derecho a la igualdad. Para colmo, como si no existieran la violencia familiar, el abuso sexual infantil, o hubieran disminuido el feminicidio y la trata, se mantiene la idea de remplazar los refugios probados con el modelo “puerta violeta”, se plantea reducir los fondos para el ya deficiente Banco Nacional de Datos sobre Violencia contra las Mujeres (Banavim), se limitan los fondos para prevenir y atender la violencia misógina, como ha documentado Nayeli Roldán, por ejemplo. ¿Será irrelevante que así se fomenten y reproduzcan condiciones de precariedad, inseguridad, desigualdad de oportunidades, roles de género tradicionales perjudiciales para todos, y se violen el derecho a la educación y la salud y a vivir sin violencia?

Suponer que basta con impulsar la siembra de árboles o las becas para estudiantes de primaria o secundaria, o los “apoyos” para integrar a la juventud al trabajo, sin tomar en cuenta las condiciones específicas de las mujeres y niñas en distintas regiones, es ignorar los beneficios, aun limitados, de los programas sociales anteriores que tampoco eran el supuesto pozo sin fondo y sin sentido, y, en todo caso, podían mejorarse.  Es también suponer que un modelo unisex le quedará a todo mundo. ¿Qué mujeres y dónde podrán “sembrar el futuro” si no tienen acceso a la tierra? ¿Por qué se privilegia el cultivo de árboles que quizá las comunidades no necesitan? ¿Cómo se asegurará el buen uso de las becas a menores? Demasiadas preguntas sin más respuesta que el voluntarismo y el afán clientelar.

Con estos nuevos recortes y simulaciones, parece reafirmarse la intención de devolver o encajonar a niñas y mujeres en la dependencia. Si la paridad en el Congreso tiene sentido, urge que senadoras y diputadas defiendan un presupuesto que garantice los derechos y necesidades reales de todas ellas.

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mas-recortes-contra-las-mujeres-PPEF-2020-20191118-0099.html

Comparte este contenido:

Casi el 60% de los argentinos está en contra del lenguaje inclusivo

Redacción: Ámbito

El 59% de los consultados no está de acuerdo con que se incorpore, tanto en el trabajo como a nivel general. El 52% cree que esta inclusión en el ámbito laboral no ayudará a la disminución de la discriminación.

El 59% de los argentinos no está de acuerdo con que se incorpore el lenguaje inclusivo, tanto en el trabajo como a nivel general. Así lo reveló una encuesta sobre la diversidad de género e inclusión en el mundo laboral realizada por Adecco. En tanto, sólo el 45% considera que su lugar de trabajo es inclusivo. Y, al consultarles si en su trabajo hay personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+, sólo el 24% respondió que sí, mientras que el 18% que no, y el 31% que no sabe.
El 72% cree que en la actualidad hay desigualdad en las búsquedas laborales. Además, para el 66% las búsquedas laborales no deberían especificar el sexo del candidato.Según los encuestados, la discriminación, los prejuicios, la ignorancia y la apariencia son las mayores barreras que enfrenta el colectivo LGBTIQ+ al momento de insertarse en el mercado laboral.

Entonces, ¿por qué consideran que las empresas adoptan ciertos prejuicios a la hora de contratar empleados? Según los encuestados es por miedo al reclamo de sus clientes, por una cuestión de “imagen”, porque no aceptaron el cambio o porque “estamos atrasados como sociedad”.

Por su parte, el 87% cree que la orientación sexual o identidad de género de una persona no afecta o determina su capacidad laboral.

Lenguaje inclusivo y educación sexual

Casi 7 de cada 10 argentinos conocen el significado de la sigla LGBTIQ+, mientras un 33% expresó lo contrario.

El 59% no está de acuerdo con que se incorpore el lenguaje inclusivo, ya sea en su trabajo como a nivel general. En tanto que para el 41% sería conveniente que sí.

Por su parte, el 52% cree que la incorporación del lenguaje inclusivo en el ámbito laboral no ayudará a la disminución de la discriminación y la inclusión de personas con identidades no-binarias, mientras que para el 25% sí ayudaría, y hay un 23% que no está seguro.

A la hora de hablar sobre educación, 7 de cada 10 considera que educar a los niños y jóvenes acerca de la sexualidad y el respeto por la diversidad sexual desde una temprana edad llevará a la naturalización del tema en el futuro. Sin embargo, un 26% considera que no es éste el camino.

Además, más de la mitad -55%- considera que las empresas no deberían aplicar más políticas de inclusión, por ejemplo, baños unisex o el uso de pronombres neutros. Para el 45% sí es necesario.

Discriminación

El 44% de los argentinos se sintió alguna vez discriminado, ya sea por su orientación sexual, género, estado físico, pensamiento político, etc.

Al consultarles si conocían algún caso donde un empleado/a haya sido despedido por dar a conocer su orientación sexual o identidad de género, el 83% respondió de manera negativa mientras un 17% reconoció conocer algún caso.

Argentina: ¿un país inclusivo?

Más de la mitad (52%) considera que Argentina está preparada para la inclusión del colectivo LGBTIQ+. Por su parte, otro alto porcentaje se expresó de forma negativa (48%).

Al preguntarles quiénes creen que deberían colaborar para que haya una mayor inclusión, y dando la opción de elegir múltiples respuestas, éstas fueron:

El 57% de los encuestados considera que la mayoría de las personas que conoce, dentro de su entorno personal o en el trabajo, son inclusivas. Para el 26%, la mayoría de las personas que lo rodean no lo son y, mientras el 10% cree que todo su entorno lo es, el 7% dice que no comparte su entorno con personas inclusivas.

Fuente: https://www.ambito.com/casi-el-60-los-argentinos-esta-contra-del-lenguaje-inclusivo-n5064978

Comparte este contenido:

Brasil: Ser joven, negro, de favela y sobrevivir al gatillo fácil de la policía en Brasil

Ser joven, negro, de favela y sobrevivir al gatillo fácil de la policía en Brasil

Las fuerzas de seguridad fueron responsables de 11 de cada 100 muertes violentas en 2018. Río de Janeiro es el epicentro de un fenómeno que alarma incluso a Naciones Unidas

Brasil vivió este domingo pendiente de sus adolescentes. Cinco millones hicieron la selectividad con la vista puesta en la universidad. Era sin duda un día trascendental para todos ellos pero, como casi siempre en este país tan desigual, para algunos era vital. Para los criados en las favelas preparar el examen —no digamos ya aprobarlo con nota— supone asomarse a oportunidades que otros dan por supuestas. Es comprar boletos para un futuro menos sombrío. “Todo negro de favela ha sentido el impacto de la violencia. Cuando llegas a cierta edad ya conoces más gente que ha muerto violentamente que gente que ha entrado en la universidad”, explica Arthur, de 22 años.

Jóvenes como él —varones, negros, adolescentes o veinteañeros, pobres— son el sospechoso habitual. Y la víctima tipo de la creciente violencia de la policía brasileña, la más letal del mundo tras Venezuela. Los agentes son responsables de 11 de cada 100 muertes violentas en 2018. Las víctimas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad aumentan veloces. Se triplicaron entre 2015 y 2018, cuando sumaron 6.220 personas.

Los tipos como Arthur, trabajadores de la ONG Redes da Maré, se saben objetivo por su color, su género y por vivir en la favela de Maré. Son carne de la próxima operación policial, tanto él como sus compañeros que acuden a la sede de esta organización creada por los primeros universitarios del arrabal para contar sus vivencias al visitante. Lo mismo da que James, 24, bibliotecario, entrara en la universidad a los 17 a estudiar computación o que Wagner, 28, sea un artista plástico que da clases de cine. Las mayúsculas de la camiseta fucsia de Felipe, 21 años, ilustran lo que una parte de Brasil denomina el genocidio negro: “Joven, negro, VIVO”.

Aunque en cualquier rincón de Río de Janeiro se puede comprar marihuana o coca, la guerra contra las drogas se libra en las colinas, en favelas como esta. Los grupos criminales se reparten el negocio y el control de los barrios. Un caluroso martes de octubre, se ve a un tipo sentado en una cafetería con un fusil; un joven vestido solo con chanclas y un bañador del que asoma una pistola vende coca a 10 euros el gramo, y llama la atención la pulsera electrónica en el tobillo de otro joven de pantalón corto que se refresca bajo una ducha en la calle.

La altísima letalidad policial brasileña es anterior a que Jair Bolsonaro se convirtiera en presidente con un discurso belicista que proclama que la manera más eficaz de combatir el crimen es con violencia. Esa retórica caló entre una ciudadanía amedrentada por la delincuencia. Lo novedoso es que está en la cúspide del poder. Cada tanto, un episodio conmociona a Brasil. Un músico acribillado con 80 balazos por militares, un escolar alcanzado desde un helicóptero policial, seis jóvenes con tiros en la nuca, la niña Ágatha de ocho años alcanzada por una bala

Ser joven, negro, de favela y sobrevivir al gatillo fácil de la policía en Brasil

Mientras las muertes a manos de agentes del Estado aumentan, los asesinatos en general disminuyen. Ambos fenómenos no están vinculados, advierten los expertos. “En los Estados con más letalidad policial, la tasa de crímenes acaba siendo mayor”, recalca Daniel Cerqueiro, del Instituto público de Investigación Económica Aplicada. El impacto de la violencia es enorme. Él lo ha traducido a pérdidas económicas: “Brasil, con el 2% de la población mundial, tiene el 14% de los homicidios. Eso supone desperdiciar el 6% del PIB”.

La inseguridad es, junto a la economía, la gran preocupación de cualquier brasileño. Por eso el presidente Bolsonaro no pierde ocasión de subrayar que en el primer semestre de su mandato los homicidios han caído un 22%. Pero el académico es categórico: “El Gobierno federal no tiene absolutamente nada que ver con eso, viene de antes, es un proceso. El Gobierno va a contribuir, en todo caso, a revertirlo con su política enloquecida de liberalización de armas y endurecimiento de las penas con nuestro sistema penitenciario, que es un caos total”. Unas prisiones, explica, que han alumbrado a 79 organizaciones criminales y son la cantera perfecta de nuevos reclutas.

“Río de Janeiro es el paradigma de lo que funciona mal en la policía de Brasil, no refleja el país en general”, afirma David Marques, del Forum Brasileño de Seguridad Pública, una ONG creada por académicos, jueces y policías que desde que recaba y sistematiza los datos colocó la seguridad pública en la agenda nacional. En otros Estados “la retórica es de prevención y respeto a los derechos humanos”. Espírito Santo es ahora alumno aventajado.

El Estado de Río de Janeiro es, en cambio, el epicentro de letalidad policial con una de cada cuatro muertes a manos de agentes en 2018. Un fenómeno que alarma incluso a la ONU y que surgió antes incluso de que el antiguo juez y antiguo marine Wilson Witzel tomara posesión como gobernador. Witzel pronunció una de esas frases difíciles de olvidar: “Lo correcto es matar al bandido que lleva un fusil. La policía hará lo correcto: va a apuntar a la cabecita… ¡y fuego! Para no cometer errores”.

El veinteañero Arthur destaca uno entre los conocidos a los que ha visto morir. Su primo Mateus, tres años menor. “Tenía 14 años cuando fue ejecutado” bajo custodia policial, cuenta. Había sido detenido acusado de robar unos collares y trasladado a comisaría. La favela de Maré, donde se crio y se formó como activista la concejala asesinada Marielle Franco, es uno de esos barrios de frecuentes tiroteos y operaciones policiales. Lugares en los que la policía no patrulla, solo entra con toda la fuerza en busca de traficantes de drogas. Poco importa que mueran vecinos en el fuego cruzado o el terror que causa a los escolares y al resto de los vecinos. Mientras dura la operación policial, todos enclaustrados.

La favela de Complexo do Alemão, también en el norte de Río, es aún más violenta. Tan lejos y tan cerca de las playas de postal. Algunos callejones están tan marcados a balazos que recuerdan a Oriente Próximo. “Aquí vemos las mismas armas que en Siria, con la diferencia de que aquí no entran tanques”, asegura Julio César Camilo, 44 años, presidente de una asociación vecinal. “No tenemos derecho a ir y venir. Nos prometieron que habría proyectos sociales además de policía pero solo colocaron al brazo armado del Estado… en cualquier momento hay un tiroteo”, explica junto al esqueleto de un descomunal teleférico que se construyó cuando el Mundial y los Juegos Olímpicos. Un día, las autoridades lo cerraron sin explicación. Hasta hoy. Es miércoles. La zona está tensa aunque revela que “desde la fatalidad de la niña Ágatha (muerta en septiembre por una bala perdida) está más tranquilo”.

Julio César posando en un callejón repleto de balazos.

Julio César posando en un callejón repleto de balazos.

Cuando estalla una balacera, Roberta, 39 años, se encierra en el baño con sus siete hijos. El lugar menos inseguro de su casa. Los disparos en la sala atestiguan que a veces la violencia se le instala dentro. Cuenta que los agentes arrasan con todo. “Se roban hasta lo que hay en el frigorífico”, dice.

Redes da Maré echó mano del ingenio —y la técnica jurídica— para reivindicar en los tribunales su derecho a la seguridad pública. Presentaron “artificio legal para que en la periferia se aplique una ley que se aplica en el resto de la ciudad”. Una juez ordenó aplicar lo que ya está en la ley: las operaciones policiales no pueden ser de noche, ni en el horario de entrada o salida de las escuelas, cada coche patrulla o blindado debe llevar GPS y debe haber ambulancia y un policía jefe que responda por los agentes. Las incursiones cayeron de 41 a 16 en un año. Eso fue antes de que Bolsonaro y el gobernador Witzel fueran elegidos.

Gabriela, de 16 años e hija de Roberta, en el salón de su casa en el barrio de Complexo do Alemão.

Gabriela, de 16 años e hija de Roberta, en el salón de su casa en el barrio de Complexo do Alemão

Cuando los cuatro jóvenes salen de la favela al resto de la ciudad se sienten… “exóticos”, dice James. “Exactamente, esa es la palabra”, apunta Wagner. “Te miran todo el tiempo”, cuenta el artista. “La policía me ha bajado varias veces del autobús o me ha registrado. Me han abordado llegando al trabajo, preguntando que qué hago. O que mi casa fuera invadida mientras dormía y me pregunten que qué hago en mi casa a las ocho de la mañana”. Lo más doloroso para estos hombres es que de críos ellos también vieron a los traficantes como héroes, crecieron con los vecinos que hoy siguen sus pasos hacia el dinero fácil con la única diferencia de que en algún punto del camino algo pasó. Fuera el curso para la selectividad o alguna otra cosa, sus caminos se separaron.

Fuente de la Información: https://elpais.com/internacional/2019/11/04/actualidad/1572903643_516117.html#?ref=rss&format=simple&link=guid

 

Comparte este contenido:

México: Pegan a mujeres las brechas educativas en Oaxaca

América del Norte/ México/ 29.10.2019/ Fuente: www.proceso.com.mx.

Las brechas educativas en Oaxaca siguen siendo abismales, particularmente entre la población femenina, cuyo porcentaje de mujeres de 15 a 59 años de edad con educación superior y hablante de una lengua indígena alcanza apenas el 6.27%, mientras que la proporción de no hablantes indígenas es de 18.05%.

Lo anterior se desprende de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, cuya finalidad es contar con información sobre discriminación y colocarla en el centro de las políticas de desarrollo incluyentes.

De acuerdo con el proyecto estadístico del Sistema Nacional de Información sobre Discriminación (Sindis), la población adolescente (12-17 años) y joven (18-29 años) dejó los estudios porque no pudo pagar los gastos escolares. El porcentaje fue de 39.33% en mujeres y 29.35% en varones.

Los siguientes resultados arrojaron que 20.18% de mujeres abandonó sus estudios porque se casó o se embarazó, y entre los varones el porcentaje alcanzó 6.51%. Sobre las personas que debieron trabajar para ayudar en los gastos del hogar, el porcentaje de varones fue de 22.84% y el de mujeres de 9.70%.

En otra sección se precisa que 23.58% de los varones dejó los estudios porque no quiso seguir, no le gustó o piensa que no es apto, y la proporción de mujeres en este caso fue de 12.66%, mientras que en el rubro de cuidar a alguien o dedicarse a los quehaceres del hogar, 2.16% correspondió a mujeres y 0.48% a varones.

Entre la población de 15 a 59 años que no sabe leer ni escribir en el estado de Oaxaca alcanza el 7.97%, porcentaje del que 6.84% son hombres y 8.96% mujeres, cuando a nivel nacional la tasa es de 3.12% (2.66% hombres y 3.55% mujeres).

Los porcentajes se disparan entre la población de 15 a 59 años de edad que no sabe leer ni escribir, y el estudio precisa que en este “grupo discriminado” el sector más vulneraba es de las personas con discapacidad, al alcanzar 39.97%, seguido de los afrodescendientes, con 16.51%; hablantes de lengua indígena, 14.18%; de adscripción indígena, 10.30%, y personas de la diversidad religiosa, con 5.42%.

Respecto de las brechas en el acceso y condiciones de trabajo, revela que el porcentaje de mujeres de 15 a 59 años que realiza trabajo no remunerado en el hogar por grupo discriminado alcanza 49.94% en Oaxaca, cuando el porcentaje nacional asciende a 41.21%.

En este caso, el porcentaje más alto lo alcanza la población hablante de lengua indígena, con 61.52%, seguido de la población afrodescendiente, con el 61.47%; la población de la diversidad religiosa, con 59.54%; la población adscrita indígena, con 56.89%, y finalmente la población con discapacidad, con 34.33%.

En cuanto al acceso y condiciones de trabajo entre la población adolescente (12-17 años) y joven (18-29 años) que no recibe remuneración, 51.07% tiene que dedicarse a los quehaceres del hogar, y en este caso el 54.26% son mujeres; otro 16.46% tiene que cuidar a alguien o no lo dejan trabajar; 10.36% busca pero no encuentra empleo (de ese porcentaje el 75.67% corresponde a hombres y 6.29% a mujeres) y 8.02% no tiene experiencia o preparación.

Por lo que se refiere a la población ocupada de 15 a 59 años con contrato laboral y prestaciones médicas de ley, la población de la diversidad religiosa tiene 21.33% de prestaciones médicas y 23.40% cuentan con un contrato, mientras que la población con discapacidad apenas alcanza 7.47% en prestaciones médicas y 12.98% cuenta con contrato.

De la población afrodescendiente, el reporte resalta que 16.18% tiene prestaciones médicas y 19.06% contrato, en tanto que la población adscrita indígena tiene 20.48% de prestaciones médicas y 19.57% contrato, mientras que entre la población hablante indígena 15.20% tiene prestaciones médicas y 15.49% contrato.

En el rubro de las trabajadoras del hogar remuneradas de 18 años y más con contrato y prestaciones laborales (aguinaldo, vacaciones, seguro médico), en Oaxaca la brecha es enorme porque sólo 0.52% tiene contrato y 3.59% prestaciones.

Estas cifras contrastan porque a nivel nacional 2.29 % tiene contrato y 12.33% prestaciones.

En el uso y acceso a servicios de salud las cifras también son contrastantes, ya que en Oaxaca 62.60% de la población de seis años y más se atiende en el seguro popular o servicios de salud; 19.66% en el IMSS, ISSSTE, Pemex y otros; 11.69% en consultorios privados, y 4.26% en consultorios de farmacia.

A nivel nacional, 36.71% se atiende en el seguro popular o servicios de salud; 35.15% en el IMSS, ISSSTE, Pemex y otros; 15.66% en consultorios privados, y 10.21% en consultorios de farmacia.

En el rubro de percepciones sociales existen cifras altamente preocupantes, ya que entre la población de 18 años y más que percibe poco o nulo respeto a los derechos de grupos discriminados, sobresalen las personas trans con 71.13%. A nivel nacional el porcentaje es de 71.93%.

Entre personas gay o lesbianas alcanza 68.02% en Oaxaca y 65.49% en el país, y el de trabajadoras del hogar remuneradas asciende a 57.70% en el estado y 61.99 % en México.

Finalmente, en personas indígenas el porcentaje en Oaxaca es de 57.33% y a nivel nacional es de 65.40%, mientras que entre afrodescendientes llega a 57.11% en el estado y 56.13% en el país.

Fuente de la noticia: https://www.proceso.com.mx/604960/pegan-a-mujeres-las-brechas-educativas-en-oaxaca

Comparte este contenido:
Page 17 of 54
1 15 16 17 18 19 54