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Cuando una deficiente gestión escolar se convierte en exclusión educativa: un caso en la Ciudad de México

México / 21 de octubre de 2018 / Autor: Observatorio Pedagógico del Valle de México / Fuente: Revista El Arcón de Clío

La exclusión educativa de hoy es la exclusión social de mañana.”

Carmen Maestro Martín,

Presidenta del Consejo Escolar del Estado de 2006 a 2011 en España

El crimen más grande que puede cometerse contra cualquier ciudadano

es negarle una educación que lo emancipe de la miseria y la excomunión.”

Ignacio Ramírez, “El Nigromante”

En México existen 2.12 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad que no asisten a la escuela por falta de recursos económicos, por trabajar para subsistir, por ayudar en su casa en los quehaceres cotidianos, por padecer alguna enfermedad y/o discapacidad, por problemas de inseguridad en su localidad, por la distancia grande entre su hogar y la escuela, por embarazos tempranos o por los requisitos para ingresar a la escuela (discriminación).

Este sector de la niñez y juventud mexicana corresponde a la educación básica obligatoria que el Estado ofrece a la población: primaria (obligatoria a partir de 1934), secundaria (obligatoria a partir de 1993), preescolar (obligatoria a partir de 2002) y media superior (obligatoria desde 2012). El derecho a la educación está protegido por el Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes secundarias y por la ratificación vinculante de los tratados internacionales en la materia. Sin embargo, es evidente que la condición social es una limitación determinante para tener una cobertura universal de la educación básica en México.

En nuestra experiencia de más de 15 años como docentes de educación media superior en el Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), hemos constatado que estos factores (carencias económicas, necesidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo, apoyo en las labores del hogar, enfermedades, embarazos tempranos, etc.) se traducen en rezago y abandono escolar. Pero, de todas estas problemáticas, destacamos una que es de índole interno y que contribuye también a generar progresivamente deserción: la gestión escolar de los procesos administrativos previos al inicio del curso escolar (inscripción de los estudiantes a las materias semestre a semestre).

Exceptuando el primer semestre, cuyo ingreso es por sorteo aleatorio ante Notario Público buscando una política de equidad, del segundo al sexto semestre los estudiantes planean junto con su Tutor Académico (un profesor designado para acompañar la trayectoria educativa de un promedio de 15 estudiantes) los cursos a inscribir conforme al Plan de Estudios, los resultados de los semestres previos (número de materias aún no aprobadas) y lo que los horarios permitan realmente considerar (muchas veces los diferentes cursos se empalman entre sí, sobre todo si son de semestres diferentes en los casos de los estudiantes con mayor rezago educativo). Este plan de reinscripción se concluye en las ventanillas de Servicios Escolares donde se entregan formatos que contienen los cursos que finalmente el estudiante reinscribirá. Este proceso, aparentemente sencillo, está lleno de complicaciones administrativas que, en no pocos casos, progresivamente producen exclusión educativa ya que dejan fuera de los cursos a estudiantes con mayores necesidades académicas:

Sobre esta deficente gestión escolar hemos elaborado una investigación (Principios de exclusión educativa en los procesos de reinscripción de los estudiantes del Plantel “Carmen Serdán” del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México) que consta de cuatro secciones:

      1. ¿Qué es la exclusión educativa? (Página 1)

      2. La exclusión educativa en el IEMS-CDMX y la violación que ello produce a la normatividad aplicable (Página 3)

      3. El proceso de reinscripción en el Plantel “Carmen Serdán” (Miguel Hidalgo) del IEMS-CDMX (Página 9)

      4. Principios de exclusión educativa en los procesos de reinscripción del PCS y propuestas de solución (Página 14)

La cual puede consultarse en la siguiente dirección electrónica:

https://observatoriopedagogicodelvalledemexico.files.wordpress.com/2018/08/principiosdeexclusioneducativapixel.pdf

Sostenemos que en los procesos de reinscripción del Plantel existen momentos en los que se generan principios de exclusión educativa, mismos que, sumados con el tiempo, pueden convertirse en una definitiva exclusión de los estudios de educación media superior de muchos de nuestros estudiantes; lamentablemente la mayoría de las veces por cuestiones meramente administrativas internas que no deberían influir tan gravemente como lo hacen desde hace muchos años, siendo ya afectaciones naturales, invisibles y cotidianas. Mediante fundamentos normativos y pruebas documentales (el documento consta de seis apartados de anexos posteriores al desarrollo de sus cuatro secciones) se hace un esfuerzo por sintetizar las reflexiones y experiencias que hemos acumulado durante años de trabajo en este aspecto, esperando que sirvan para mejorar los procesos administrativos y académicos en el Plantel eliminando cualquier discriminación y exclusión educativa posible.

Fuentes:

  • Proyecto Educativo, Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal, Septiembre de 2006.

 

 

Marcela Villalobos Sosa, Academia de Artes Plásticas

María Concepción del Consuelo Hernández Ramírez, Academia de Historia

Miguel Ángel Hernández Vázquez, Academia de Música

Fuente del Artículo:

http://revista.elarcondeclio.com.ar/cuando-una-deficiente-gestion-escolar-se-convierte-en-exclusion-educativa-un-caso-en-la-ciudad-de-mexico-mexico/

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México: Estudiantes de la UNAM piden que AMLO invierta 8% del PIB en educación

México / 30 de septiembre de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: El Financiero

Incremento a la inversión en ciencia, una reforma universitaria estructural y para educación media superior son algunos de los puntos presentados por el Centro de Estudiantes Universitarios de la UNAM.

Alumnos pertenecientes a la Central de Estudiantes Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) solicitaron al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, invertir el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, movilidad, alimentación, mejoramiento de infraestructura y medidas contra la violencia en los campus.

«Con la mayoría en el Congreso de la Unión obtenido por la coalición más votada, y con el diálogo entre poder ejecutivo, legisladores, autoridades universitarias, estudiantes, trabajadores y especialistas en la materia, no existirán obstáculos significativos para iniciar la Reforma Universitaria estructural que termine con la exclusión de quienes pertenecen a las clases más desfavorecidas .

«(Y) garantizar el 8 por ciento del Producto Interno Bruto a la educación, y el 1 por ciento para ciencia y tecnología, estándar recomendado por la UNESCO», además de que buscan contar con una perspectiva de género y de derechos humanos, señala el comunicado de la Central.

De acuerdo con cifras de 2017 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), México dedicó tan solo el 0.5 por ciento al rubro dedicado en investigación y desarrollo, cifra que es semejante a países de África como Uganda o Tanzania.

«El no proporcionar a la ciencia el lugar que merece en la sociedad se traduce en dependencia tecnológica, bajos salarios y altos niveles de pobreza.

«Al examinarse con detalle los datos reportados por la UNESCO sobre investigación y desarrollo en México, es posible identificar al menos tres aspectos más que requieren atención urgente: el número de investigadores que laboran en territorio nacional, la distribución por género de los mismos y la participación de diferentes actores sociales para ofrecer recursos para investigación y desarrollo», explica el doctor Alfredo Sandoval Villalbazo, coordinador del Programa de Servicio Departamental de Física del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Hasta noviembre de 2017, en México había 241 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores pertenecientes al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y, comparado con países como Malasia que tienen más de dos mil investigadores por cada millón de habitantes, es un rubro que se debe de reforzar, de acuerdo con Sandoval Villalbazo.

Asimismo, la Central de Estudiantes Universitarios, integrada por más de 35 mil alumnas y alumnos, llamaron a López Obrador y al elegido para ser el titular de la Secretaría de Educación Pública en su administración, Esteban Moctezuma Barragán, a impulsar una reforma que permita todos estos cambios a favor de la comunidad estudiantil, tanto de educación media superior como de superior.

«(…) Sostenemos que es acuciante una Reforma Universitaria y de los centros de enseñanza superior y media superior del país, además del incremento del presupuesto a las universidades públicas, acompañado de un empleo transparente y eficiente del mismo», señala el documento.

http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/estudiantes-de-la-unam-piden-que-amlo-invierta-8-del-pib-en-educacion
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Carta desde el aula a Esteban Moctezuma

México / 16 de septiembre de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

C. Lic. Esteban Moctezuma Barragán.

A través de los medios informativos, hemos sabido que usted ocupará el cargo de titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República para el período 2018-2024. Por tal motivo, le expreso algunas inquietudes, preguntas y sugerencias, con respeto y desde el aula, sobre la situación educativa mexicana en el momento actual, en mi condición de profesor de tiempo completo y ciudadano de a pie.

Los retos que enfrentará su gestión al frente de la Educación en México, son grandes y de enorme complejidad. Por ello, considero que en esta importante responsabilidad se requerirá no solamente de imaginación, voluntad y experiencia, sino también de talento político y oficio en el ejercicio del servicio público, y de un liderazgo ejemplar, desde el más alto nivel hasta los mandos medios y operativos de la SEP. Además, se requerirá de tolerancia, actitud de escucha y diálogo permanente, atento, conciliador con todos los actores que, directa e indirectamente, están involucrados en los asuntos de la Educación.

Pienso que, para construir una agenda educativa, a efecto de identificar las más sentidas necesidades educativas nacionales, es pertinente en primer lugar, conversar con el personal de base, es decir, con las maestras, los maestros, directivos, personal de apoyo, asesores y asesoras técnicos, padres de familia y estudiantes de todos los niveles y modalidades educativos, para saber, desde abajo, cuál es el estado en que se encuentra la Educación, hoy, en nuestro país, no desde arriba; y, posteriormente, definir, desde ahí, el tipo y la profundidad del cambio educativo que requiere nuestra nación en las condiciones actuales.

Para ello, adicionalmente, será conveniente que usted y su equipo, se den a la tarea de evaluar cuáles son las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que demandan dichos cambios en la actualidad y con prospectiva hacia el año 2024. En esta parte incluyo, por supuesto, el entorno del desarrollo científico, tecnológico y humanístico que vive México, como para darle un marco de referencia al cambio.

También es importante ubicar todas estas ideas de transformación, de “cambio verdadero” como lo ha dicho AMLO, en su justa dimensión, y reconocer que dichos cambios se podrán llevar a cabo en el mediano y largo plazos, y a varios niveles: Por ejemplo, desde la reorganización del sistema educativo; la creación de nuevas instituciones nacionales; la formulación y puesta en operación de nuevos programas educativos, hasta la adaptación o continuación de algunos programas o proyectos que actualmente existen, y que requieren de su fortalecimiento, previo análisis, discusión y estudio de factibilidad, mismos que podrían contribuir al desarrollo educativo, cívico y cultural de los mexicanos.

Reorganizar el Sistema Educativo Nacional (SEN), no es una labor fácil debido a su excesivo burocratismo y centralismo. Como usted seguramente sabe, hoy las atribuciones y facultades que establece la Ley General de Educación, para lograr cambios progresistas en los planes y programas de estudio de la Educación Obligatoria (Básica y Media Superior), están limitadas a las decisiones que asume el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Poco es el margen que da la ley a los gobiernos y a los congresos estatales, y menos aún a los ayuntamientos, a nivel municipal, sobre cuestiones curriculares.

Lo mismo sucede con las facultades para llevar a cabo nuevos programas nacionales de formación inicial y continua para docentes, asesores técnicos y directivos. Por lo que urge modificar el marco legal hoy existente, previa discusión que se deberá llevar a cabo en los ámbitos del poder ejecutivo y los órganos del legislativo, a efecto de lograr una verdadera descentralización educativa. Una discusión amplia y democrática en la que participen, en igualdad de condiciones, el magisterio en general, no sólo con sus representaciones gremiales; los medios de comunicación; las universidades públicas y privadas; las instituciones formadoras de profesionales de la educación; las organizaciones de la sociedad civil; así como representantes empresariales; estudiantes, padres y madres de familia, entre otros. Ello con la finalidad de crear mecanismos legales y distribuir la toma de decisiones pedagógicas y administrativas en los niveles federal, estatal y municipal, para alcanzar así una democratización de las determinaciones y las acciones relacionadas con la Educación Obligatoria (Básica y Media Superior) y otros niveles educativos relevantes para el país, como es la educación superior y el posgrado.

A reserva de su mejor opinión, considero que conviene a nuestro Sistema Educativo Nacional contar con mediaciones federales, estatales y municipales (los llamados tres órdenes de gobierno), puesto que una distribución de poderes de tal naturaleza abriría las puertas a una mayor participación de la sociedad en los asuntos educativos cruciales en cada región y localidad (¿Qué opina usted acerca del rezago educativo existente, que incluye no solo el analfabetismo, sino también la no conclusión de la Educación Primaria y la Secundaria en amplios sectores de la población?). Abrir los canales de análisis y decisión acerca de los contenidos y los métodos de la educación obligatoria en México, supone una más amplia participación de los ciudadanos en estos quehaceres, y ello se traduciría en beneficios para las prácticas democráticas y la extensión significativa, oportuna y pertinente de los aprendizajes escolares.

Pienso, Lic. Moctezuma, que una transformación de fondo de la educación pública en nuestro país, demanda de un cambio en la base misma de su organización, y eso debe pasar por el impulso de una modificación del modelo “centralista”, hoy ya decadente, que ha prevalecido en México desde 1921; en su lugar, deberá de operar un modelo planificado y consensuado, a partir de un criterio de descentralización efectiva de los órganos responsables en la toma de decisiones educativas, es decir, tanto en lo pedagógico como en lo administrativo (ello incluye la participación crítica y autocrítica del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como organismo autónomo); y que esto último acompañe a ese tipo de decisiones, y no al revés, como ha sucedido hasta ahora. En ese sentido espero, Lic. Moctezuma, que la descentralización no quede reducida sólo en un simple traslado de oficinas federales de una ciudad a otra.

A reserva de realizar una revisión más exhaustiva, opino que es necesario y pertinente modificar, también, los términos en que se encuentra vigente la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), desde 2013. Sobre todo cambiar los conceptos y métodos en que se impuso dicha ley y que generó una condición adversa, es decir, que pone en desventaja a los docentes, asesores y directivos de la educación obligatoria en servicio. Si bien es cierto, que los procesos de evaluación (ingreso, promoción, reconocimiento y desempeño) son oportunos y necesarios, éstos no deben considerarse como medios para la terminación o conclusión de las relaciones de trabajo de los profesionales de la educación (de ahí que se debe eliminar el término “permanencia” en la redacción de la misma ley). Y menos aún debe seguir así porque, primero, y en especial en la escuela pública, como obligación del patrón o sea del Estado mexicano, es necesario emprender robustos y efectivos programas de capacitación, actualización y acompañamiento hacia las figuras educativas mencionadas, y luego, no antes, llevar a cabo las evaluaciones departamentales correspondientes, con un sentido formativo no “punitivo”.

Como lo he comentado en otros textos en este mismo medio, considero justo que, a la par de esta modificación a la LGSPD, he planteado que se discuta la pertinencia de evaluar no sólo al profesional de la educación en servicio, en lo individual, sino evaluar de manera integral y completa el desempeño de los colectivos escolares (como lo han sugerido, en varios espacios, algunos académicos reconocidos como el Doctor Ángel Díaz Barriga, del IISUE-UNAM), de tal manera que con ello se tengan evaluaciones (no sólo mediciones parciales), acerca de lo que realmente el centro educativo requiere, en un sentido educativo y pedagógico, para que sus estudiantes aprendan lo que de verdad requieren aprender, en el aquí y el ahora, y para su vida futura.

Sería un acierto que el nuevo gobierno creara un Instituto Nacional para la Profesionalización de Docentes, Asesores y Directivos de la Educación Obligatoria. Aun cuando sabemos que existen Escuelas Normales y otras instituciones importantes de educación superior (como la Universidad Pedagógica Nacional), encargadas de la formación inicial de docentes y profesionales de Educación Básica, es evidente que no existen instituciones dedicadas a la formación profesional y especializada de asesores y directivos de Educación Básica ni de docentes, asesores y directivos de Educación Media Superior. Por ello, la propuesta de crear una institución de este tipo, daría respuesta a esa inminente demanda social a favor de la profesionalización de todas las figuras educativas.

Hasta el momento, los docentes, asesores técnicos y directivos de la educación obligatoria, en su mayoría, no cuentan con una institución que les proporcione programas de formación profesional, sino que se tienen que preparar “sobre la marcha”, con sus propios recursos materiales y financieros. Además, la creación de una institución de esa naturaleza, sentaría las bases de un cambio de paradigma y en el orden de las prioridades educativas. Para este razonamiento, parto de la siguiente premisa: los docentes, antes de ser los únicos responsables de la realidad educativa nacional, son corresponsables junto con los directivos, los padres de familia, los estudiantes mismos y las autoridades que toman decisiones a nivel de sistema educativo y subsistemas, en su conjunto; es decir, en los niveles de decisiones federal y estatal, para efecto de las evaluaciones de los aprendizajes escolares y para la formación integral en general de niños, niñas y jóvenes. Lo que quiero expresar con esto, es que el docente no es la única figura educativa responsable del escandaloso fracaso escolar que vive México.

Espero que usted, como líder del sector educativo en el país, a partir de diciembre próximo, y como responsable de las políticas públicas educativas, así como de la gestión educativa de los funcionarios federales, académicos, especialistas y expertos, autoridades de todos los niveles de gobierno, tomadores de decisiones, etc., cumpla plenamente con sus tareas y haga también las veces de animador del cambio educativo en otros ámbitos, esto es, que logre convocar a políticos, empresarios, legisladores y líderes de opinión, así como a las organizaciones no gubernamentales, que tengan interés en desarrollar iniciativas progresistas en esta materia.

Por último, le solicito que no deje de hacer acercamientos y contacto con las escuelas, con la gente en las aulas, los laboratorios, las canchas deportivas, jardines, talleres y patios de usos múltiples para que, juntos, podamos conversar y discutir, de manera abierta e informada, sobre los avances que se vayan dando del cambio educativo en México.

Agradezco de antemano su atención y le envío un cordial saludo.

Santiago de Querétaro, Qro., 1 de agosto de 2018.

*Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro.

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/08/01/carta-desde-el-aula-a-esteban-moctezuma

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Los países latinoamericanos, a la zaga de la OCDE en gasto educativo

América Latina / 16 de septiembre de 2018 / Autor: Ignacio Fariza / Fuente: El País

México y Chile destinan mucho menos por alumno que la media del club de las economías avanzadas, pese a que en porcentaje sobre el total gasto público el esfuerzo sea mayor

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El llamado pensamiento crítico y la Educación Media Superior

México / 19 de agosto de 2018 / Autor: Carlos R. Acosta / Fuente: Educación Futura

Carlos R. Acosta*

Basta echar un vistazo al documento titulado Planes de Estudio de referencia del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (SEP, 2017), para caer en cuenta del sesgo ideológico práctico-utilitario que le imprimen al llamado pensamiento crítico. Por eso la implementación del llamado Nuevo Modelo Educativo (NME) en la Educación Media Superior (EMS) no es más que la vieja invasión del modelo empresarial a la que hizo frente el Observatorio Filosófico de México hace ya diez años.

Lo anterior se deja claro, de entrada, por la definición que da el documento de pensamiento crítico como “la conjugación de distintas formas de pensamiento, como el analítico, el complejo o el creativo para llevar a cabo una valoración holística de un problema en por lo menos dos sentidos: la comprensión del problema en sus componentes, así como las relaciones con el contexto que le dan lugar y le permiten o impiden sostener su funcionamiento” (pp. 882-3). De esta manera, “valorar” un problema, comprender sus componentes y cómo se relaciona con el contexto ¡funcionalmente!, es pensar críticamente.

Las consecuencias de lo anterior no se dejan ver de manera inmediata, pero queda clara la intención de su uso al encontrar la idea en relación con la “resolución de problemas” (p. 24) o bien con la “innovación y creatividad” (p. 245), que se repiten como letanía a lo largo de toda la presentación de los planes de estudio. Incluso para la asignatura de Filosofía el pensamiento crítico se reduce a “pensar mejor” (analizar información), que tiene como punto de partida y de llegada al individuo como ente aislado, y solo como parte de la sociedad o una comunidad en segundo lugar (p. 777).

En ningún momento se hace referencia al contexto en el que surge y se pretende implementar ese NME, y en el que el pensamiento crítico intenta desarrollarse: la pobreza del 80 por ciento de la población y las condiciones de exclusión y marginación que eso provoca; los antagonismos entre las clases sociales reflejados en la pérdida de los derechos laborales conseguidos a lo largo de las luchas de la clase trabajadora; el proceso de despojo y destrucción de la naturaleza; la difusión y apología de la violencia en los medios de comunicación y redes sociales; el racismo, la xenofobia y los feminicidios que se expanden terroríficamente por todas partes y el lacerante etcétera.

Bajo este panorama, un pensamiento que no asume esa realidad como cuestionable de principio desde el mismo planteamiento del NME, no puede aspirar a ver más allá de la “adaptación” a esas circunstancias de injusticia, reduciendo el actuar de las personas a los límites que, como también se menciona en el documento, impone el ser “un buen ciudadano para el siglo XXI”. Lo que se propone, en pocas palabas, es formar estudiantes que puedan adaptarse plenamente a las exigencias de “innovación” y “agilidad del pensamiento” para responder a las “cambiantes” demandas productivistas del sector tecnológico-empresarial (véase la relación de esto con las llamadas “habilidades socioemocionales” en el certero análisis de Lev M. Velázquez Barriga, https://bit.ly/1UzKbe8).

La intención plasmada en el documento en cuestión, es la de reducir el filo crítico del pensamiento, y con ello su carga de reflexión ética y política, a una cuestión eficientista y de carácter cientificista, en donde el conocimiento y el análisis de la realidad son abordados desde una pretendida neutralidad con objetivos utilitaristas. Pero también en donde se hace un llamado a fomentar la ideología de mercado entre los estudiantes con el llamado “espíritu emprendedor” y una serie de características de corte productivista, como pretexto de “responder a los desafíos del presente”(p. 11).

Entonces ¿cuál debería ser el sentido de la palabra “crítica”? Sin duda uno en donde, sin dejar de lado los elementos fundamentales de cientificidad, incorpore de manera explícita el análisis de lo que de ideológico puede haber en todo análisis o abordaje sobre la realidad social.

De manera que la EMS no sea vista como una instancia neutral en donde pareciera que la totalidad condicionante se encuentra fuera, y la educación no estuviera atravesada por los problemas de cuestiones de género, marginación, clasismo, racismo, discriminación o los ignorados antagonismos entre las clases sociales. El filo crítico, como recordaba hace poco Pablo González Casanova, debe caracterizar a la ciencia y la educación (no sólo al pensamiento), para develar los mecanismos ideológicos y de poder que se encuentran en la realidad social explotadora, patriarcal, destructiva y aniquiladora del capitalismo, para emprender al mismo tiempo su transformación.

*Maestrante en Maestría en Intervención Pedagógica, por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 22-A. Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Querétaro. Profesor del área de Histórico-Social en Educación Media Superior y Superior, y actualmente docente en el Colegio de Bachilleres. j.carlosriac@gmail.com

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El llamado pensamiento crítico y la Educación Media Superior

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Los desafíos del pensamiento crítico

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Becarios sí, sicarios no. Significado e implicaciones

México / 5 de agosto de 2018 / Autor: Blanca Heredia / Fuente: El Financiero

¿Quién puede estar en desacuerdo con que jóvenes mexicanos que terminan de sicarios sean, mejor, becarios? Supongo que nadie y López Obrador lo sabe. Por ello resultó tan pegadora y pegajosa la fórmula con la que nos resumió lo que piensa y plantea en relación a los jóvenes sin futuro que México produce a raudales.

Proponer ofrecerles una beca a los miles de jóvenes sin escuela o empleo que se ven orillados o tentados a vivir en la ilegalidad y el crimen significa, en primerísimo término, dejar de soslayarlos y convertir su problema en un problema de todos. Se nos olvida con frecuencia, pero de eso se trata la Política con mayúscula: problematizar un estado de cosas torcido, hacerlo visible, y convertirlo en parte de la agenda de todos.

Un segundo mensaje contenido en esa frase-resumen es que, a juicio de AMLO, el sistema educativo mexicano no puede desentenderse de un asunto que afecta tanto y tan gravemente a los jóvenes. Al proponer hacerlos “becarios” y no “trabajadores temporales” o “beneficiarios de un apoyo X”, el virtual presidente electo está diciendo que nuestro sistema educativo no puede ni debe permanecer al margen, tiene que entrarle al problema y contribuir a atenderlo.

Coincido en que no podemos exentar a las instituciones educativas de participar activamente en buscar salidas para las legiones de jóvenes mexicanos a los que el país no les ofrece oportunidad alguna de desarrollo. No podemos ni debemos exentarlas, pues las instituciones responsables de proveer educación media superior y superior se orientan a darles servicio justamente a los jóvenes y cuentan (al menos, en principio) con el expertise para atenderlos y ofrecerles experiencias provechosas. Además, hay que decirlo, no disponemos de muchas otras opciones, en el corto plazo, para insertar a la vida social organizada a jóvenes excluidos de ella.

Ahora bien, abrir las compuertas, en particular de la educación superior, para integrar socialmente a jóvenes desprovistos de opciones, plantea desafíos gigantescos. Para empezar está el asunto del financiamiento. Juntar los recursos requeridos para cubrir becas, nuevos espacios, profesores y demás en las instituciones de educación superior existentes, así como 100 nuevas universidades, resultará complejo. El nuevo gobierno ha anunciado que incluirá a las universidades privadas en la tarea. Habrá que pensar, también, en aprovechar intensiva y creativamente a la tecnología, en plantear programas de licenciatura más flexibles y en hacer el mejor uso posible de los limitados recursos financieros disponibles.

Un segundo reto tiene que ver con cómo involucrar a las universidades en la atención del problema de la exclusión social de miles de jóvenes sin que dejen de ser, en el camino, instituciones educativas. Instituciones, esto es, cuya razón de ser consiste en formar mentes y actitudes, abrir horizontes, transmitir saberes, desarrollar destrezas y potencialidades, así como preparar a los educandos para la vida activa en colectivo.

Para encarar este segundo desafío resultará indispensable atender dos asuntos cruciales. Primero, diseñar programas que permitan remediar los déficits en competencias habilitantes para el aprendizaje (lengua, razonamiento abstracto y hábitos de estudio) que presentan muchos de los egresados de la educación media superior para, con ello, incrementar sus posibilidades de aprovechar una educación universitaria. Segundo, instrumentar estrategias sencillas y de alto impacto orientadas a fortalecer la capacidad de las instituciones de educación superior para atender a más estudiantes sin que colapse, de pasada, lo poco o mucho que hayan logrado en términos de calidad educativa.

Un tercer reto tiene que ver con qué pasará con los jóvenes incorporados a la educación superior una vez concluyan sus estudios. Concretamente con cuáles opciones les esperan en un mercado laboral que no le ofrece buenas oportunidades a los egresados universitarios y cuyas deficiencias, como muestra el último libro de Santiago Levy, limitan muy seriamente la posibilidad de traducir mayor escolaridad en empleos más productivos. Este tema merece una reflexión aparte, pero conviene al menos dejarlo apuntado, pues sin cambios de fondo en el mercado del trabajo el acceso ampliado a la educación superior contribuirá a atender el problema de la exclusión social de los jóvenes en lo inmediato, pero difícilmente logrará solventarlo en el mediano y en el largo plazos.

Los retos planteados por la propuesta de involucrar a las universidades en la solución a la exclusión social de los jóvenes, son enormes. Dada la urgencia y centralidad del asunto, sería un error limitarnos a nombrar y escudriñar los obstáculos. Lo conducente sería, tomando en cuenta restricciones y riesgos, mirar de frente el problema y convocar a universidades, especialistas y empresas a construir soluciones innovadoras y viables para atender los desafíos mayúsculos e insuficientemente atendidos asociados a ampliar cobertura, equidad y calidad educativa en simultáneo.

Fuente del Artículo:

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-heredia/becarios-si-sicarios-no-significado-e-implicaciones

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Becas para estudiar en México – ¿Qué es la beca CONACyT?

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La disputa por la educación

México / 15 de abril de 2018 / Autor: María de la Luz Arriaga Lemus / Fuente: El Universal

Han terminado las “precampañas” hacia las elecciones del 1 de julio. En la coyuntura actual, de una profunda crisis económica, social y política donde la falta de credibilidad en las instituciones es una de sus características más relevantes, lo que se enfrenta es una disputa por el rumbo del país.

El gobierno de Enrique Peña Nieto, aceleró la instrumentación de tres reformas estructurales que le aseguraran a las élites del poder, el control social y político: laboral, energética y educativa; y dejó en ciernes una cuarta, la de seguridad social.

De estas reformas, la educativa es la que concitó una resistencia social, por la organización del magisterio en la CNTE, a la que se sumó el malestar de algunos sectores dentro del SNTE, pero además por atacar uno de los derechos sociales más arraigados y que ha sido la base de los principios constitucionales que han contribuido a la construcción de la identidad nacional, de valores de soberanía, y un proceso de movilidad social reconocido por todos. El conflicto alrededor de la reforma educativa fue el conflicto social del sexenio de EPN, pues durante cinco años, una y otra vez, en foros nacionales e internacionales ha tenido que justificar su instrumentación. El saldo es una reforma cuestionada que no logra imponerse de manera cabal, pero que dio pasos firmes hacia el control del magisterio a través de la intervención en su sindicato, la represión administrativa, y política, con encarcelamiento y persecución de los docentes y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, acompañado de una campaña en los medios de comunicación para devaluar el liderazgo social de las maestras y los maestros. Todo para avanzar en la imposición de un modelo educativo instrumental al servicio del mercado, que deja de lado el carácter científico, transformador y humanista de la educación pública, cumpliendo así con las exigencias de sectores empresariales y directrices de organismos como la OCDE.

En educación media y superior también vivimos una reforma, silenciosa y segmentada: Restricciones presupuestales, procesos de privatización y mercantilización, precarización laboral, ataque a la organización académica, falta de democracia en instituciones, y un agudo problema de contención o retroceso de la matrícula en UNAM, IPN y UAM, mientras sólo se abren opciones públicas que funcionen como centros de adiestramiento laboral, de carácter tecnológico. Al mismo tiempo, el avance de las políticas de desregulación y de libre comercio, promovieron el crecimiento de la educación privada: hoy las instituciones particulares cubren casi 35% de la matrícula total nacional en el nivel superior.

Además, desde 1996 se mantiene el Examen Único de Ingreso al Bachillerato, pretendiendo hacer creer que los exámenes estandarizados seleccionan a los mejores, pero en realidad es un discurso para esconder el hecho trágico de que sólo 30% de los jóvenes en el rango de edad correspondiente a los estudios superiores están inscritos en el sistema educativo y que 7 millones no cuentan con opciones de estudio o empleo formal.

Hoy más que nunca, requerimos tomar en nuestras manos la definición de qué educación queremos y necesitamos para el país; el magisterio democrático, los investigadores, los sindicalistas, los estudiantes, los trabajadores de diversos sectores, hemos desarrollado distintos ejercicios de elaboración de alternativas, recuperemos todas y confluyamos en un Congreso Nacional Educativo; ejerzamos el derecho a decidir el futuro de la educación. Un Congreso que sea un ejercicio democrático con los sujetos sociales de la educación.

Fuente del Artículo:

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/maria-de-la-luz-arriaga-lemus/nacion/la-disputa-por-la-educacion

Fuente de la Imagen:

https://www.unicef.org/mexico/spanish/unicefenmexico_6894.htm

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