Educación y Violencia

Violencia Social en los espacios educativos

Guatemala/16 de Marzo de 2016/ El mundo.es

Un profesor de 33 años ha sido asesinado este martes mientras impartía clase a sus alumnos en una escuela de la aldea Las Marías, ubicada en el municipio de Chiquimulilla, perteneciente al departamento de Santa Rosa, a 100 kilómetros de la capital de Guatemala. El crimen se produjo cuando varios individuos ingresaron en la Escuela Oficial Rural Mixta y dispararon hasta en cinco ocasiones contra Gustavo Adolfo Arias Pineda, quien falleció delante de los 14 estudiantes que acudían a su clase.

Pese a que los bomberos acudieron al lugar de los hechos, nada pudieron hacer por salvar la vida de este profesor de segundo, cuarto y sexto grado de Primaria, que llevaba 13 años al servicio del Ministerio de Educación. Mientras, tuvieron que atender a los alumnos por crisis nerviosa tras presenciar el asesinato de su maestro.

A continuación, las clases quedaron suspendidas para que los investigadores policiales recabaran todas las pruebas para esclarecer este crimen. La viceministra de Prevención del Delito y la Violencia del Ministerio de Gobernación, María Elena Orellana, ha explicado que se ha interrogado a familiares del maestro para conocer si había recibido amenazas, al tiempo que ha apuntado que no se descarta que sea un «crimen pasional» o algo relacionado con los fondos del colegio, teniendo en cuenta que él era el responsable de los mismos.

No ha sido éste el único suceso con muertos que se ha producido en el país en las últimas horas, dado que en Ciudad de Guatemala han sido asesinadas una mujer de 37 años y su hija de 14 que se dedicaban a vender productos de primera necesidad en las casas de la zona 6 de la capital. Fue en uno de los callejones de este barrio donde varios pistoleros las dispararon a quemarropa causándoles la muerte, mientras que hirieron a una niña de 3 años, también hija de la víctima.

Este asesinato se ha producido en una de las zonas de la capital de Guatemala más afectadas por las extorsiones que exigen las pandillas bajo amenaza de muerte a comerciantes, taxistas y conductores de transporte público. Precisamente, el pasado lunes colocaron un explosivo en un comedor de la zona 6 capitalina, que causó heridas a tres personas, mientras que durante el pasado fin de semana fueron asesinadas en distintos hechos tres personas en este barrio, entre ellas, un menor de 16 años tras recibir once heridas de bala.

En el día de hoy también ha sido asesinado el ayudante de un conductor de autobús en el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico, después de que varios asaltantes intentaran robarle el dinero recaudado. Precisamente, el sector del transporte público es el más afectado por los robos y las extorsiones, lo que ha provocado en lo que va de año 46 fallecidos, mientras que desde 2010 han sido asesinadas 1.859 personas, entre ellas 509 usuarios y 474 pilotos.
Pena de muerte

Así, Guatemala es uno de los países más violentos del mundo con una media de 16 asesinatos diarios, lo que ha reabierto en las últimas semanas el debate sobre la aplicación de la pena de muerte en el país, que es apoyada por ocho de cada diez ciudadanos, según varias encuestas publicadas por medios de comunicación locales.

Concretamente, la semana pasada cuatro diputados de los partidos Viva, Unionista y FCN-Nación (partido este último al que pertenece el presidente, Jimmy Morales), presentaron una iniciativa de Ley en el Congreso, con el fin de recuperar la pena capital, recogida en el artículo 18 de la Constitución de Guatemala pero con matices. De este modo, contempla que esta medida no podrá aplicarse ni a las mujeres, ni a los mayores de 60 años, ni a los reos por delitos políticos y comunes conexos con los políticos y a presos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ya se ha mostrado dispuesto a aplicar la pena de muerte si así lo aprueba el Congreso. Durante un acto celebrado en una base militar este martes, Morales ha insistido en que no hará uso del indulto presidencial en caso de que vuelva a estar vigente la pena capital. «No discutimos la Ley, sino que hacemos que se cumpla», ha sostenido, días después de que afirmara que «Guatemala está en un momento difícil y no vamos a dejar que nos siga poniendo de rodillas cualquier persona que trabaje al margen de la Ley». El líder del Ejecutivo hizo estas declaraciones pocas horas después de que estallara una bomba el pasado 6 de marzo en el interior de un autobús causando la muerte a dos pasajeros.

Sin embargo, Morales ya se ha encontrado con la oposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo presidente, James Cavallaro, le pidiese este lunes que desarrolle las herramientas legales para abolir el castigo capital. En este sentido, le recordó durante una visita que hizo al país centroamericano que el artículo 4 de la Convención sobre Derechos Humanos, suscrita por Guatemala en 1978, no permite que los Estados apliquen la pena de muerte en situaciones no contempladas en el momento de la ratificación.

En esta línea, la Convención establece que toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar amnistía, indulto o conmutación de la pena, al tiempo que señala que no se puede aplicar la pena de muerte mientras una solicitud de este tipo esté pendiente de decisión.

La pena de muerte dejó de aplicarse en Guatemala en el año 2000 y desde que se firmaran los acuerdos de paz de 1996, se ejecutaron a un total de 5 personas. Los últimos ejecutados fueron dos miembros de una banda de secuestradores que murieron por inyección letal el 29 de junio de 2000.

Ocho años más tarde, el Congreso de Guatemala aprobó una nueva Ley, que facultaba al presidente para decidir sobre los indultos, después de que en el año 2000 el entonces líder del Ejecutivo, Alfonso Portillo, renunciara a su capacidad para indultar a los reos condenados a muerte, lo que supuso la suspensión de esta medida por parte de la Corte de Constitucionalidad.

Pese a que el Congreso trató de retomarla en el 2008 con la aprobación de la citada iniciativa, el presidente en esa época, Álvaro Colom, decidió vetarla, lo que significó que no se pudo aplicar de nuevo en el país la pena de muerte, algo que tratan de recuperar ahora cuatro diputados.

Actualmente, 14 países de Centroamérica, Caribe y América del Sur tienen vigente la pena de muerte, si bien desde el 2008 no se ha aplicado. Así, además de Guatemala, está contemplada en Antigua y Barbuda, Bahamas, Cuba, Belice, Barbados, Trinidad y Tobago, Guyana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Granada.
Fuente: http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/16/56e8e1d1e2704ea8758b45f6.html