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Proponen ley para combatir el embarazo precoz y abuso de menores en Panamá

Un anteproyecto de ley que busca reducir los embarazos adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual y prevenir los abusos a menores en Panamá fue presentado al Parlamento del país, que mantiene uno de los índices de gestación precoz más altos de la región.

La propuesta de ley plantea que se combatan estos tres problemas mediante la educación, y surge en medio del escándalo de abusos sexuales y maltratos físicos y sicológicos a menores en albergues, instituciones estas que están supervisadas por el Estado a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

«Estos tres problemas no son de ahora sino de hace mucho tiempo. El caso de la Senniaf los sacó a relucir. El proyecto lo que busca es resolverlos por medio de la educación, que es clave en estos aspectos», explicó a Efe el diputado independiente y proponente del anteproyecto, Gabriel Silva.

Un informe de 700 páginas elaborado por una subcomisión parlamentaria denunció a inicios de febrero pasado que decenas de menores sufrieron abusos sexuales y malos tratos en albergues, muchos de ellos con algún grado de discapacidad, en casos que se remontan a 2015 y que según los testimonios de las víctimas de violación involucran a religiosos y cuidadores e inclusos abortos.

EDUACIÓN, EL ARMA PARA COMBATIR EL PROBLEMA

El anteproyecto de ley del diputado Silva plantea minimizar los embarazos adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual y prevenir los abusos a menores en Panamá a través de un plan educativo que se implementará en escuelas públicas y privadas, albergues y centros para jóvenes del sistema penitenciario.

«En Panamá hay un promedio de 29 menores de edad quedan embarazadas todos los días, con sus consecuencias económicas, educativas y de salud. También hay dos problemas más que se intentan resolver, la infecciones de transmisión sexual y los abusos a menores, que van en incremento», añadió Silva.

Panamá arrastra desde hace décadas cifras de embarazos adolescentes que encienden las alarmas internacionales, pues junto con Guatemala y Nicaragua lidera las tasas más elevadas de la región, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En 2019, unas 4.652 niñas entre 10 y 19 años quedaron embarazadas, y en el primer trimestre de 2020 -los últimos datos registrados-, hubieron 2.652, con una media de 29 embarazos diarios, siendo la comarca indígena Ngabe Bugle y la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, las que más afectadas, según datos del Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá.

En los últimos años se han presentado algunos proyectos para incluir la educación sexual en las escuelas de Panamá, pero han generado debate y afrontado gran oposición de parte de grupos religiosos y que se autodenomina «profamilia», que han impedido su aprobación.

El plan educativo que plantea el anteproyecto «involucra a los padres» que están «invitados al diseño de los cursos de la escuela, etc», dijo Silva, que sostuvo que hay jóvenes que «se merecen esta educación científica, ser protegidos y apoyados».

Así, se propone un «programa educativo científico, contrastando las ciencias naturales, sin ideologías ni interpretación», con el fin de intentar «resolver el problema sin importar qué aspecto religioso o ideológico esté», añadió el diputado.

En Panamá, según detalló, no hay una política de Estado que eduque a los menores en la salud sexual. Esto se reduce a una decisión particular de las escuelas.

«Los niños y niñas no están siendo educados y la consecuencia son estos embarazos precoces, con 12, 13 o 14 años no saben las consecuencias, cómo prevenirlos ni sus derechos, tiene que saber cuidarse y respetarse a si mismo y a lo demás», argumentó Silva.

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/panam%C3%A1-embarazo-adolescente_proponen-ley-para-combatir-el-embarazo-precoz-y-abuso-de-menores-en-panam%C3%A1/46420428

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“El aborto legal en Argentina vuelve más fácil la lucha en el resto de América Latina”

Pioneras en la lucha para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo cuentan los obstáculos sorteados en más de tres décadas

El 8 de marzo de 1984, la feminista María Elena Oddone se manifestó con una enorme pancarta en la que podía leerse: “No a la maternidad, sí al placer”. Era la primera marcha por el Día internacional de la mujer tras el regreso de Argentina la democracia y en las calles comenzaba a reclamarse la despenalización del aborto. Ya entonces Oddone sostenía que “nadie tiene que explicarnos los tres pilares sobre los que se asienta la opresión femenina: maternidad, sexualidad y trabajo doméstico”. Pasaron más de tres décadas hasta que, el pasado 30 de diciembre, las mujeres conquistaron el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida. Interrumpir un embarazo de forma segura ya no será más un privilegio para quienes puedan pagarlo sino que estará al alcance de todas las que lo necesiten.

Nina Brugo, histórica militante por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, frente al Congreso argentino.
Nina Brugo, histórica militante por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, frente al Congreso argentino.M. C. / M. C.

“Parecía que estábamos cabeza a cabeza y cada vez nos querían imponer más cosas, tenía mucho temor de que no saliera. Suplicábamos que saliese ni que fuese por un voto y al final yo gritaba ‘Nos sobran votos, nos sobran votos”, recuerda por teléfono la abogada y militante histórica Nina Brugo sobre la decisión del Senado argentino, que aprobó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. Dos años antes, la misma cámara lo había rechazado por una diferencia de siete votos.

Argentina, pionera en el continente en leyes como el matrimonio igualitario —aprobado en 2010— y la identidad de género —2012— mantuvo en cambio durante 99 años la prohibición de abortar excepto en casos de violación y riesgo para la salud de la madre. ¿Por qué ese retraso? “El aborto legal mejora la vida de las mujeres y si a algo le tiene miedo el patriarcado es a fortalecer a las mujeres. Es luchar por nuestra autonomía y nuestra libertad sexual”, responde Brugo. Sostiene que el matrimonio igualitario no es disruptivo, incluye a las personas dentro de una institución y del orden social. En cambio, legalizar el aborto supone separar el placer del fin reproductivo, terminar con la idea de la mujer como incubadora.

Brugo comenzó a militar a favor del aborto legal hace 30 años y reivindica el trabajo realizado en los Encuentros nacionales de mujeres —celebrados de forma anual desde 1986, cada vez en alguna ciudad distinta— para concienciar sobre el problema de los abortos inseguros realizados en la clandestinidad. Más de 3.000 mujeres han fallecido en el país en los últimos 37 años por interrumpir sus embarazos en condiciones inseguras, con métodos como sondas, perchas o perejil, entre otros. Decenas de miles han tenido que ser hospitalizadas por complicaciones.

El símbolo del pañuelo verde

Fue en el Encuentro de mujeres de 2005 cuando se fundó la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que aglutina a más de 500 agrupaciones en toda Argentina. De esa unión salió el pañuelo verde, convertido en el símbolo de la lucha a favor de la legalización, primero en Argentina y después también en toda la región. En la campaña se fraguaron los proyectos legislativos que presentaron hasta ocho veces frente al Congreso y en el que se inspiró el Ejecutivo de Alberto Fernández para el borrador del texto que finalmente fue convertido en ley.

Su predecesora fue la Comisión por el Derecho al Aborto (CDA), fundada por la médica Dora Coledesky a finales de los ochenta, tras su regreso del exilio en Francia. El contacto con movimientos feministas en el extranjero y las vivencias fuera del país fueron claves para impulsar la lucha en Argentina, cuenta la socióloga y asesora de Fernández, Dora Barrancos. “Aborté dos veces en mi vida y en una de ellas casi morí. Fue en Brasil, durante el exilio, en condiciones espantosas, porque era un médico espantoso. Era mucho más ominosa la clandestinidad del aborto en Brasil que acá”, recuerda Barrancos, quien se declara “muy contenta” por la sanción de la ley. “Argentina es hoy un país un poco más justo, más igualitario y más digno. Queda atrás la página de la clandestinidad, de la estigmatización, la vergüenza y la muerte. En el momento en que se consagró la sanción de la ley estábamos todas en un derrame de emoción total y como ráfagas se venían a mis impresiones las miles de muertes evitables que hubo en este país”, cuenta.

Uno de los momentos más duros en la lucha por el aborto legal fueron los años noventa, bajo la presidencia de Carlos Menem, cuando a la oposición religiosa se le unió la gubernamental. El mandatario intentó limitar aún más este derecho al promover sin éxito su prohibición total en el país en la reforma de la Constitución. Pese a la derrota, en 1998 instauró el 25 de marzo como Día del niño nonato, una celebración encabezada por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, hoy Francisco. Ahora Menem, con 90 años, es el senador más veterano, pero no pudo votar en contra de la ley por estar internado en grave estado.

La ofensiva conservadora de los noventa no frenó la militancia feminista en manifestaciones, encuentros e incluso desde ámbitos como el musical: en 1997 los grupos punk Fun People y She devils lanzaron el disco ‘El aborto ilegal asesina mi libertad’. En su interior incluía un póster para ser fotocopiado y pegado en las calles del país. La presentación en la mítica sala Cemento se convirtió en un escándalo.

El quiebre de Ni Una Menos

La lucha por la legalización fue intensa, pero marginal durante décadas. El gran salto ocurrió en 2015, tras la irrupción del movimiento Ni Una Menos contra la violencia machista, que logró movilizar a cientos de miles de personas e imponer los derechos de las mujeres en la agenda política. “El activismo feminista existía, pero estaba muy disgregado. Con Ni Una Menos logramos unirnos en red las que veníamos de distintos lugares, nos dimos cuenta de que no estábamos solas y de todo lo que podríamos lograr si nos manteníamos unidas”, señala la comunicadora Ana Correa, una de las fundadoras. Desde entonces, la movilización en las calles ha sido masiva y constante. Las más jóvenes tomaron como bandera el aborto legal en una marea verde que logró su tratamiento legislativo por primera vez en 2018. Aunque fracasó su repercusión fue enorme: el aborto dejó de ser un tabú. Programas televisivos de mucha audiencia hablaron por primera vez del uso de pastillas para interrumpir un embarazo y de las redes de acompañamiento existentes para intentar minimizar los riesgos de quienes abortaban en la clandestinidad.

“En estos años los feminismos dejaron de ser conceptuales y se convirtieron en populares, hubo un derrame total. Ocurrió en Argentina, que es un ejemplo paradigmático, pero también en Chile, en México, en Uruguay y en otros países latinoamericanos. Y los feminismos acogieron también a las diversidades sexuales, se unieron para ganar derechos”, destaca Barrancos.

El avance feminista y la despenalización social provocó a su vez el endurecimiento del discurso religioso en contra. “El aborto era la última cantera de resistencia de la Iglesia y había hecho un abroquelamiento completo”, dice Barrancos. De las provincias del norte del país, las más religiosas, salieron gran parte de los votos negativos en el Senado.

“Tenemos la ley, pero no se acaba el trabajo porque hay que conseguir que se cumpla. Durante décadas la legislación de 1921 no se cumplió, hicieron todo lo posible para obstaculizarla”, advierte Brugo. Niñas de entre 10 y 12 años violadas que exigían abortar vieron cómo sus casos eran judicializados y pasaban las semanas sin que se cumpliese su voluntad. Ni siquiera ante el peligro de la vida de la madre estuvo siempre garantizado el derecho: en 2006, Ana María Acevedo, de 19 años, falleció después de que los médicos se negasen a aplicarle radioterapia contra el cáncer porque estaba embarazada. Su petición de interrumpir el embarazo para poderse curar también fue ignorada, pero sentó un precedente judicial: por primera vez la Corte Suprema condenó a los médicos por lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público al negarse a practicar un aborto legal.

La lucha por la implementación irá acompañada de esfuerzos por extender este derecho al resto del continente. “Hay una preocupación de los sectores más conservadores, por eso Bolsonaro salió enseguida con un tuit en contra. Pero estamos convencidas de que el efecto contagio será inevitable”, augura Correa. Brugo coincide: “Estamos conectadas al mundo. El aborto legal en Argentina vuelve más fácil la lucha de las compañeras en el resto de América Latina”.

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Informe: Economías emergentes que inviertan en la educación de niñas podrían aumentar su PIB 10%

Así lo revela el informe de Citi Global Insights y Plan International. Sugiere que erradicar todas las barreras al desarrollo de las niñas y adolescentes será clave en la recuperación post-covid y el logro de los ODS de la ONU

Un nuevo informe de Citi Global Insights y Plan International arroja que las economías emergentes que logren tasas de finalización de la escuela secundaria del 100% de las niñas para el año 2030 podrían obtener, en promedio, un aumento de su PIB del 10%.

El informe, The Case for Holistic Investment in Girls: Improving Lives, Realizing Potential, Benefiting Everyone (Argumentos a favor de una inversión integral en niñas: mejorar vidas, realizar potencial, beneficiar a todos) revela que una inversión total de solo $1.53 por día por niña en las economías emergentes tendría un gran impacto en el potencial económico general de los países.

El análisis de Citi precisa que más de 130 millones de niñas en todo el mundo no iban a la escuela antes de la crisis de la covid-19. Y según la Unesco, es posible que más de 11 millones de niñas no regresen después de la crisis.

Las adolescentes de todas partes, pero especialmente en las economías en desarrollo, enfrentan barreras para acceder y completar una educación de calidad, volverse económicamente independientes, participar en la fuerza laboral y llevar una vida saludable sin violencia.

“Los planes de recuperación de la covid-19 que prioricen la inversión en la educación y el bienestar de las niñas ayudarán a las comunidades y economías a tener una reconstrucción mejor y más fuerte”, expresó en el informe la directora ejecutiva de Plan International, Anne-Birgitte Albrectsen.

Indicó que “aún más importante, esta debe ser una inversión integral no solo en la educación en sí, sino también en desmantelar las diversas barreras que impiden el empoderamiento de las niñas, desde el matrimonio infantil y forzado hasta la violencia de género y el embarazo a temprana edad. Como podemos ver en este estudio, la inversión integral en todas las áreas de la vida de las niñas resultará en un aumento del PIB, un alto retorno de la inversión para los países y un mundo más justo”.

Indicó que incluso podrían obtenerse retornos económicos aún mayores después de 2030, gracias a los efectos acumulativos de los beneficios, y si se tiene en cuenta el impacto que la educación de las niñas también tendrá en las familias y comunidades.

“El valor especial de la colaboración entre Citi y Plan International consiste en reunir argumentos económicos y sociales, y presentar un caso sólido de inversión con múltiples componentes”, señaló el director Global de Investigación de Citi, Andrew Pitt.

“Erradicar las barreras a la educación y el desarrollo de las niñas puede ser la clave para lograr muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”, enfatizó.

Sin embargo, un gran desafío para la investigación a lo largo de los años ha sido la falta de datos inclusivos y de alta calidad.

En ese sentido, Citi y Plan International se han asociado para abordar esta brecha de conocimiento crucial, creando uno de los conjuntos de datos más holísticos hasta desarrollados hasta el momento sobre los beneficios económicos y sociales de invertir en las adolescentes y jóvenes.

La ONU, por su parte, ha alentado el desarrollo de la colaboración entre el sector privado, el sector público, las ONG y las instituciones filantrópicas en pos de los ODS.

El informe concluye que invertir en el desarrollo de las adolescentes tendrá implicancias positivas en los objetivos globales más allá del ODS 5 (igualdad de género) y, de hecho, es clave para lograr el desarrollo sostenible en general.

La importancia de la educación y el empoderamiento de las niñas se han relacionado con varios ODS, que incluyen la reducción de conflictos, la obtención de agua potable y saneamiento, así como la lucha contra el cambio climático.

Fuente: https://www.laestrella.com.pa/economia/201117/inversiones-ayuden-ninas-completar-educacion-impulsar-10-pib-s-emergentes

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Argentina: Aprueban hoja de ruta para abordar el embarazo adolescente y su posible interrupción

Adías del anuncio del envío de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, este jueves, el Ministerio de Salud aprobó el documento «Atención de niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas. Hoja de ruta. Herramientas para oriental el trabajo de los equipos de salud».

Su objetivo, que se encuentra detallado en la Resolución 1841/2020 del Boletín Oficial, es «Promover una atención de calidad a niñas y adolescentes menores de 15 años que cursan un embarazo». El texto afirma que el embarazo infantil y adolescente y su potencial causa, el abuso y la violencia sexual, son «problemas de salud pública y de derechos humanos que generan graves consecuencias biológicas, psíquicas y sociales».

Durante 2018 hubo en Argentina 685.394 nacimientos, de los cuales 87.118 fueron de niñas y adolescentes menores de 20 años, asegura el documento. Esa cifra representa el 12,9% del total de los nacimientos de ese año. Además, la tasa de fecundidad adolescente fue de 1,4 nacidos por cada 1.000 niñas y adolescentes, lo que significa entre 6 y 7 nacimientos por día.

El documento se dirige, principalmente, a integrantes de equipos de salud y a los demás organismos del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, tales como docentes, operadores y operadoras de diversos sectores, para «lograr que quienes estén en contacto con esta población brinden una asistencia atenta, respetuosa y libre de prejuicios es una condición necesaria para garantizar el cumplimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos».

La hoja de ruta contempla, entre otras cosas, que al detectar el embarazo se le de una admisión inmediata de urgencia, que la persona que es paciente reciba atención integral y escucha empática y que se active la Consejería en Derechos. Dentro de esta última se encuentran las opciones de Interrupción Legal del Embarazo o la continuidad del mismo con la posibilidad de gestionar una adopción.

La herramienta también exige una Consejería y anticoncepción inmediata posevento obstétrico, que informe sobre los factores de riesgo y refuerze la información a la persona a tratar sobre la autonomía y consentimiento en el ejercicio de su sexualidad.

Por último, el documento establece que debe realizarse un seguimiento integral, contemplando al entorno social y familiar de la persona y facilitando una red de contención y apoyo.

Fuente: https://www.nuevarioja.com.ar/25596-aprueban-hoja-de-ruta-para-abordar-el-embarazo-adolescente-y-su-posible-interrupcion
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Las niñas africanas se enfrentan a la prohibición de ir a la escuela por estar embarazadas

Un millón de niñas del África subsahariana en edad escolar podría no ser admitida en la escuela tras quedarse embarazadas durante la pandemia de la COVID-19, según denuncia el informe ‘Aftershocks – Access Denied’ publicado por la ONG World Vision.

No pueden ir a la escuela por estar embarazadas

Una de cada cuatro mujeres (27%) de entre 20 y 24 años se convierte en madre antes de cumplir los 18 en los países menos desarrollados. Aunque se trate de una tendencia a la baja a escala mundial (se ha pasado de 65 casos cada 1.000 mujeres en 1990 a 47 cada 1.000 en 2015, según los últimos datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas), el crecimiento de la población del planeta indica que el número de madres adolescentes también se incrementará en 2030, debido sobre todo a la explosión demográfica en África.

La ONG World Vision advierte de que muchas de las niñas que se quedaron embarazadas, debido a la violencia sexual, el matrimonio infantil y la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, perderán oportunidades en el futuro porque las políticas y prácticas de algunos países del África subsahariana no permiten que las niñas embarazadas o las madres jóvenes continúen su educación.

200 niñas de cada 1.000 son madres en África subsahariana

Las probabilidades de que una adolescente se quede embarazada son más elevadas en comunidades marginalizadas a consecuencia de la pobreza y la falta de educación y de oportunidades de trabajo.

En África occidental, por ejemplo, el índice se sitúa en 115 nacimientos cada 1.000 mujeres, frente a los 65 de América Latina y el Caribe, 45 del sureste asiático y los siete de Asia oriental. En África subsahariana, esta tasa es de 200 cada 1.000 mujeres, la más elevada del mundo.

Es la región del mundo en la que más niños y niñas no asisten a la escuela

Además de tener las tasas de embarazo en la adolescencia más altas del mundo, África subsahariana es la región del mundo en la que más niños y niñas no asisten a la escuela. En este contexto, las políticas frente a esta situación varían en toda la región y van desde la expulsión total de las niñas embarazadas hasta las estrategias que apoyan la educación continua de las madres adolescentes.

“Negar a las niñas su derecho a asistir a la escuela significa que nos enfrentamos a una nueva crisis en la educación de las niñas, a menos que los gobiernos actúen ahora”, asegura Isabel Gomes, directora global de Operaciones Humanitarias de World Vision para Servimedia, quien recuerda que la decisión de prohibir a las niñas embarazadas regresar a la escuela después del ébola en Sierra Leona tuvo graves consecuencias.

Nueva crisis en la educación de las niñas

“Estas niñas y sus hijos tuvieron menos oportunidades, mayores riesgos en la salud y bienestar, y mayor pobreza e inseguridad”, mantiene Gomes. Varias organizaciones están trabajando sobre el terreno para ayudar a este colectivo, pero aseguran que “no podemos hacerlo solos”.

Como apunta Isabel Gomes, en citas textuales de Servimedia, los países deben prepararse para el inminente aumento de estudiantes embarazadas y establecer políticas que faciliten su reingreso y educación continua. “Tenemos la oportunidad de prevenir nuevos impactos sociales y económicos como resultado de la COVID-19 y los gobiernos “deben actuar ahora antes de que sea demasiado tarde”.

Fuente: https://www.gndiario.com/africa-ninas-embarazadas-escuela

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La mala palabra, la palabra prohibida

Las restricciones sanitarias castigan con especial dureza a la niñez.

Aborto: Interrupción de un embarazo (Diccionario panhispánico del español jurídico).

La prevalencia de doctrinas religiosas en los países latinoamericanos, cuya influencia ha sido estampada hasta en textos constitucionales, constituye un obstáculo aparentemente infranqueable para uno de los problemas sociales y de salud pública de mayor impacto en países de población mayoritariamente pobre: el derecho a la interrupción de embarazos de alto riesgo o producto de violaciones. Así, las muertes evitables en niñas, adolescentes y mujeres por la práctica clandestina de este procedimiento, terminan siendo resultado de decisiones políticas destinadas a privar a los menos privilegiados de acceso a la educación y a servicios básicos, como la máxima expresión de un sistema patriarcal de dominación y control.

En los países de nuestro continente, se estima que unos 25 millones de mujeres carecen de acceso a métodos anticonceptivos; pero la cifra se queda corta al sumar a quienes, a pesar de tenerlos, no los utilizan por razones religiosas, por desconocimiento o por imposición de los hombres en su círculo inmediato: pareja, padre, hermano o alguna autoridad de su comunidad. También se conoce la tremenda prevalencia de violencia en el ámbito familiar, violaciones sexuales, incesto y trata de personas, a cuyas víctimas el sistema deja a merced de sus agresores. Esta amenaza se cierne sobre las mujeres, la niñez y la juventud, sometidas desde el inicio de su vida a un sistema de estricto control masculino que les priva de su derecho a una vida sin violencia y acceso a las oportunidades en igualdad de condiciones.

Para ilustrar la dimensión del drama humano enfrentado por este sector, baste constatar que las cifras de embarazos en niñas y adolescentes, de entre 10 y 14 años, en un solo país y durante los primeros cuatro meses de 2020, ascienden a cerca de mil 500; estas, reportadas por el Observatorio de los Derechos de la Niñez en Guatemala, Ciprodeni. Sin embargo, Guatemala –al igual como muchos otros países de América Latina-, carece de un sistema confiable de estadísticas y registro, ya sea por la ausencia de instituciones del Estado en una buena parte de su territorio, ya sea porque muchos casos son ocultados por la familia de las víctimas, por lo cual los datos presentados podrían ser solo una muestra parcial de esta tragedia.

Estas niñas agredidas y violadas son, por decisión política, sometidas a la tortura de llevar su embarazo a término y, adicionalmente, exponerse a perder la vida y, de sobrevivir, a perder las mínimas oportunidades que el sistema les podría brindar. Es decir, quedan sujetas a un régimen de absoluta privación de todo aquello que presta valor a su existencia. La interrupción del embarazo para estas pequeñas víctimas de un sistema aberrante de poder patriarcal, debería ser una prioridad en el sistema de salud y también derribar de una vez por todas los absurdos prejuicios que rodean a esta práctica sanitaria. Del mismo modo, poner el procedimiento al alcance de quienes lo necesiten ya sean niñas, adolescentes o adultas, tal y como se brinda en hospitales privados a mujeres de círculos sociales privilegiados que lo requieren y lo reciben en un ambiente sanitario adecuado.

La negativa de esos mismos sectores de privilegio a poner al alcance de las familias la educación sexual y los métodos para planificar los embarazos, evitando así tanta muerte innecesaria no responde, por lo tanto, a una postura ética sino a una política de control y prevalencia de un sistema arcaico de dominación social, instrumentalizado por medio de doctrinas religiosas y restricción del acceso a la educación para las grandes mayorías.

Fuente: https://rebelion.org/la-mala-palabra-la-palabra-prohibida/

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Embarazo infantil, la otra secuela de la pandemia en El Salvador

La pandemia de COVID-19 agravó el inquietante problema de la violencia sexual en El Salvador, donde los embarazos de niñas y adolescentes se dispararon durante los meses en que estuvo prohibido salir a la calle.

Según los registros del Ministerio de Salud, los embarazos inscritos en niñas menores de 14 años aumentaron 79% durante los meses de confinamiento más estricto, entre abril y julio pasado, lo cual activó ciertas alarmas en la sociedad civil.

Para la educadora Roxana Rodríguez, de la gremial Profesionales por la Transformación de El Salvador (Proes), las circunstancias sugieren que dichos embarazos son resultado de abusos sexuales en los hogares, propiciados por la cuarentena total.

«El encierro sin otras medidas complementarias solo vulnera más a las mujeres, niñas y adolescentes, que son obligadas a permanecer con quienes las violentan sin la posibilidad de salir a buscar ayuda», advirtió Rodríguez en diálogo con Sputnik.

La activista sabe que la situación es peor de lo que reflejan las estadísticas, pues muchas familias no reportan los casos para evitarse complicaciones en una nación donde la mujer que aborta es más perseguida que el violador que la embarazó.

Un revelador cotejo

La Fiscalía General de la República reportó 974 denuncias de violencia contra la niñez en el primer semestre de 2020, la mayoría agresiones sexuales, entre ellas 104 violaciones de menor agravadas, pues fueron cometidas por familiares o personas de confianza.

Al cotejar dichas estadísticas con las publicadas por el Ministerio de Salud en el portal del Hospital de la Mujer, la experta de Proes se preguntó cómo podían darse tantos embarazos en menores, si las restricciones imperantes prohibían salir de casa.

«¿Por qué si las clases fueron suspendidas, si las fuerzas represivas no permitían circular, habían aumentado entonces los embarazos? Solo podemos pensar que los mismos obedecen en gran medida al abuso y las violaciones que las niñas viven en sus hogares», agregó Rodríguez, quien denunció la situación desde diversas plataformas.

Aparejado a ello, las mismas restricciones de movilidad provocaron también un descenso de las denuncias de violencia sexual y de género, lo cual no significa que los casos disminuyeran: hasta finales de julio se reportaban 62 feminicidios en El Salvador.

«La pandemia vino a desnudar más la violencia que sigue vigente en El Salvador, donde no vemos ninguna respuesta de las autoridades ni de las instituciones que deben velar por el desarrollo de la niñez, la juventud y las mujeres», estimó Rodríguez.

Alerta de vulnerabilidad

Proes alertó en un estudio que el supuesto dilema entre salud y economía presentado por el Gobierno desde la irrupción del COVID-19 empeoró determinados males sociales de fondo en esta nación centroamericana, sobre todo en los sectores más desprotegidos.

El informe refiere que con el confinamiento aumentó la violencia intrafamiliar por convivencia con el agresor, muchas veces en condiciones de hacinamiento y exacerbada por la falta de estrategias para canalizar el estrés y la ansiedad.

Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo de El Salvador: el Fondo de Población de Naciones Unidas estima que el confinamiento dejará unos 7.000.000 de embarazos no deseados a nivel global, por factores como la violencia sexual.

«La pandemia agrava las desigualdades, y se suman por millones las mujeres y niñas que ahora corren el riesgo de perder su capacidad para planificar sus familias y proteger sus cuerpos y su salud», afirmó Natalia Kanem, directora ejecutiva del Fondo.

En ese contexto, las mujeres que (sobre)viven en condiciones de mayor vulnerabilidad tendrían menos recursos para denunciar una situación de abuso familiar, convirtiéndose en víctimas ocultas del COVID-19.

Fuente: https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202008271092567703-embarazo-infantil-la-otra-secuela-de-la-pandemia-en-el-salvador/

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