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Crisis e investigación: gran oportunidad para la educación superior

Por: Victor A. Henry

Me inquieta la apatía con que el MESCyT ha actuado frente a la crisis causada por la pandemia. Sin embargo, lo que más me preocupa es ver como las mismas instituciones, que por naturaleza están llamadas a la investigación y al desarrollo de conocimientos, no aprovechan esta gran oportunidad para medir el impacto de las estrategias.

“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre.” (Lord Kelvin).

La pandemia causada por el COVID-19 tiene a gobiernos y a expertos ocupados en la búsqueda de estrategias para frenar la propagación del virus y salvar la economía de sus países. Una tercera preocupación es el impacto que ha tenido la crisis en los sistemas educativos en todo el mundo. En la República Dominicana, desde el inicio de las restricciones de asociación y circulación, reinó la incertidumbre con respecto a la finalización del año escolar 2019-2020.

Las escuelas públicas y los colegios en sectores de bajos ingresos se paralizaron; mientras, en los sectores con mayor nivel adquisitivo y acceso a recursos tecnológicos mantuvieron, en cierto modo, el contacto con sus estudiantes. Luego de consultas y viendo la realidad, el Ministerio de Educación finalmente dio por concluido el año escolar, ya que tenían cubierto aproximadamente el 70% del calendario académico. Actualmente, el ministro de educación a partir del próximo 16 de agosto, el Dr. Roberto Furcal, se encuentra escuchando todos los sectores y analizando junto a su equipo cuando y en qué condiciones iniciaría el año escolar 2020-2021.

En el caso de las Instituciones de Educación Superior (IES), en su mayoría respondieron con rapidez. Con la anuencia del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), abrazaron la educación a distancia para concluir el primer período académico del año. Dado el avance de la pandemia, para el segundo período, las IES mantuvieron la modalidad virtual para todos los procesos académicos de admisión, matriculación y docencia, avalados en una única circular del MESCyT sobre el tema, que dejó más preguntas que respuestas. Han pasado casi cinco meses, dos períodos académicos y en la mayoría de las IES ya se “planifica” y proyecta que lo que resta del año 2020 e inicios del 2021, se trabajará de forma virtual o semipresencial.

Lo preocupante, es que, hasta este momento, se desconoce si el MESCyT, o las IES de manera particular, han evaluado el impacto del cambio a la modalidad de educación a distancia. No sabemos, a ciencia cierta, cómo el cambio abrupto de modalidad educativa ha afectado a los más de 600 mil estudiantes y 17 mil docentes. Se desconoce qué tan efectivo ha sido el apoyo dado por cada una de las IES durante esta etapa a la comunidad académica. Es un misterio cómo la crisis sanitaria y el paso a la virtualidad han incidido en el acceso y en la calidad de la educación superior.

Me inquieta la apatía con que el MESCyT ha actuado frente a la crisis causada por la pandemia. Sin embargo, lo que más me preocupa es ver como las mismas instituciones, que por naturaleza están llamadas a la investigación y al desarrollo de conocimientos, no aprovechan esta gran oportunidad para medir el impacto de las estrategias, programas y decisiones que han tomado para enfrentar la crisis. Las evaluaciones de impacto permiten tomar decisiones informadas sobre si realmente se puede continuar, expandir, modificar o eliminar algún programa o estrategia de estas intervenciones.

¿Por qué no investigar, evaluar y medir el impacto de lo que se ha hecho en el sistema de educación superior? Me resisto a creer que el MESCyT y las IES en su mayoría, estén padeciendo de algunas de las razones para rechazar conducir una evaluación: creer saber qué funciona y qué no, percibir que el costo de la evaluación tiene más peso que los beneficios de esta o el miedo al impacto que podrían tener los resultados (Russ-Eft y Preskill, 2009).

La educación superior dominicana necesita dar un salto, pero no al vacío. El COVID-19 empujó a las IES al mundo virtual, para el que quizás, no estábamos preparados. Sin embargo, la complejidad y los problemas preexistentes del sistema educativo superior, sumados al caos por la crisis sanitaria, constituyen un recurso para el cambio. Este nuevo contexto educativo nos obliga a tener un nuevo entendimiento, que solo puede ser logrado con la evaluación, la información y la investigación (Morgan, 2006).

El caos y las fuerzas que nos atraen (o empujan) al cambio son naturales; pero el orden, también lo es. Apelo a la reflexión y a tomar las acciones que nos permitan tener un sistema educativo superior de calidad, como demanda y lo merece la República Dominicana. Espero que las nuevas autoridades del MESCyT, las que aún no han sido designadas, promuevan la investigación, la ciencia y la tecnología para reformar el propio sistema de educación superior y que este, en consecuencia, nos sirva realmente como fuente de conocimientos, progreso y desarrollo.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/crisis-e-investigacion-gran-oportunidad-para-la-educacion-superior-8842521.html

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Puerto Rico: Gobernadora adelanta cómo se darán clases en las escuelas públicas el próximo semestre

Centroamérica/Puerto Rico/19 Julio 2020/elnuevodia.com

Wanda Vázquez Garced reconoció que será “un año escolar diferente”

Las escuelas públicas de Puerto Rico iniciarán el año escolar en agosto ofreciendo una combinación de clases a distancia y clases presenciales, durante las cuales no todos los estudiantes estarán a la vez en sus escuelas como medida para controlar los contagios con el coronavirus que causa el COVID-19, informó hoy la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

La primera ejecutiva señaló que los detalles sobre cómo se dividirán los estudiantes y cómo se ofrecerán cursos a distancia, entre otros tantos detalles, están contenidos en un plan que laboró el Departamento de Educación y que se dará a conocer próximamente.

“El reto mayor que tiene el gobierno de Puerto Rico, que tenemos todos los padres, maestros del sistema de educación pública, es las clases”, sostuvo la mandataria en una entrevista esta mañana en Noticentro (Wapa TV).

“Nos dirigimos a un sistema de educación híbrido, donde algunas clases serán virtuales, algunas clases presenciales de niños que necesitan que sean presenciales, como los niños de Educación Especial, quizás los niños de Montessori, pues son algunas de las medidas que se están tomando. Yo sé que hay mucha ansiedad y la tendría yo también como padre, como maestro, como encargado. Lo que les pido es que, ya le plan está preparado, vamos a ver estas medidas que se van a tomar hoy porque lo principal es que lo hagamos de manera segura porque no queremos un brote (de COVID-19 en las escuelas)”, sostuvo Vázquez Garced.

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Nicaragua reforzará curso escolar con teleclases

Centroamérica/Nicaragua/25 Junio 2020/prensa-latina.cu

El Ministerio de Educación (Mined) de Nicaragua anunció hoy que a partir del próximo 1 de julio comenzará a implementar un sistema de teleclases con el objetivo de reforzar el actual curso escolar.

El asesor presidencial para asuntos educativos, Salvador Mansel, informó en conferencia de prensa que para ello se utilizarán dos frecuencias de la televisión pública y se trasmitirá desde temprano en la mañana hasta la tarde, con una programación que dará cobertura a los diferentes niveles de enseñanza.

Se ha trabajado intensamente las últimas semanas en la nivelación y reforzamiento académico de cara a hacer un buen cierre del primer semestre, aseguró.

Mansel apuntó que la actual etapa que entra en su recta final fue de muchos retos, sin embargo, logramos trabajar con mucha creatividad, innovación y compromiso para que ningún niño o joven se quede fuera del sistema de educación.

El funcionario destacó también el trabajo realizado en los diferentes centros educativos para instalar hábitos higiénicos en los estudiantes como medida preventiva ante la Covid-19, enfermedad que provocó una disminución en la asistencia a las aulas a partir de marzo.

Por otra parte, informó que próximamente se le estregarán módulos de laptops a varias escuelas en los departamentos de Granada, Carazo, Rio San Juan, Jinotega, Matagalpa y Zelaya.

Nicaragua cuenta con alrededor de 1,2 millones de estudiantes entre niveles básicos y preuniversitario, así como con 45 mil maestros y 10 mil escuelas públicas en todo el territorio nacional.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=376104&SEO=nicaragua-reforzara-curso-escolar-con-teleclases
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Procesan 110 mil traslados de escuelas privadas a estatales en Perú

América del sur/Perú/28 Mayo 2020/prensa-latina.cu

El Ministerio de Educación procesa 110 mil pedidos de traslado de escuelas privadas a públicas, una de las consecuencias del impacto económico y social de la crisis causada por la Covid-19 en Perú.
Los pedidos provienen de familias que, ante el confinamiento y la suspensión de las actividades económicas por la epidemia de Covid-19, quedaron sin salarios ni ingresos, fruto de emprendimientos que les permitían pagar colegios privados para sus hijos.

El ministro de Educación, Carlos Martín Benavides, confirmó que se presentaron 110 mil solicitudes al cierre del registro de transferencia o matrícula excepcional, sobre todo en Lima Metropolitana, las regiones sureñas de Arequipa y la norteña Piura.

Indicó que la evaluación está en proceso y se espera contar con el informe de las escuelas sobre la disponibilidad de vacantes para recibir nuevos alumnos, a fin de ubicar a los niños y adolescentes trasladados.

La asignación de escuelas, precisó, tomará en cuenta la zona de residencia del alumno y otros factores, y los traslados se comunicarán a los padres del 7 al 21 de junio, quienes deberán comunicar su aceptación en 24 horas.

Benavides dijo que el Ministerio considera la posibilidad de establecer dos turnos de estudios si no hubiera vacantes suficientes para los 110 mil alumnos. En las últimas semanas se registraron cientos de protestas ante escuelas privadas laicas y religiosas, de padres de nivel socioeconómico medio y bajo que al perder sus fuentes de ingresos, exigen una rebaja del 50 por ciento en el pago mensual de colegiatura.

Solo algunos centros docentes cedieron a la demanda y otros aceptan rebajas mínimas, pero la mayoría amenaza con la expulsión de los alumnos si los padres no pagan.

Las familias argumentan para el reclamo, además de su imposibilidad de pagar, que las escuelas están cerradas y ofrecen solo unas horas de enseñanza por Internet, por lo que el servicio que ofrecen no se cumple totalmente.

El Ministerio de Educación se abstuvo de intervenir en el conflicto, debido a que no puede hacerlo por la política de libertad de mercado y precios, establecida por la Constitución.

No obstante, dispuso que las escuelas privadas informen a los padres sobre sus costos para negociar una salida, lo que motivó la airada protesta de las empresas propietarias.

Las escuelas privadas de nivel socioeconómico medio-bajo y bajo proliferaron en las últimas décadas por la desatención al desarrollo de la educación estatal y la caída de su nivel, y se convirtieron en un atractivo negocio.

El exalcalde del municipio limeño de San Juan de Lurigancho, actualmente preso por corrupción, invirtió el dinero acumulado en una cadena de escuelas privadas en esa jurisdicción.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=369099&SEO=procesan-110-mil-traslados-de-escuelas-privadas-a-estatales-en-peru
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Día del Maestro, las contradicciones

Por: Lev Moujahid Velázquez Barriga

El contexto en el que se celebra el 15 de mayo está lleno de contradicciones; la autoridad educativa no ha terminado de reinstalar a los que fueron cesados por los efectos punitivos de la reforma educativa del pasado sexenio, la Unidad de Medida Actualizada (UMA) para calcular las jubilaciones de los docentes golpea el poder adquisitivo de trabajadores retirados, las medidas hacendarias para el reajuste del impuesto sobre la nómina han calado en detrimento de los salarios que de por sí ya estaban a la baja en los años anteriores, la reivindicación salarial no llegó y no lo hará en el marco de la crisis económica que se está agudizando por la pandemia; para botón de muestra, en entidades federativas como el estado de México argumentaron que no había recursos suficientes para entregarles completo el estímulo del Día del Maestro.

Unas semanas antes de la expansión del Covid-19 se dejaban ver los síntomas latentes de la precariedad en la que se encuentran los docentes en el país; recordemos el caso de la maestra de Yucatán que en múltiples ocasiones salió idónea en la evaluación para el ingreso, pero nunca llegó su basificación y estalló emocionalmente cuando le informaron que otra vez no había llegado su pago, lo cual había sido una situación recurrente en años; sin embargo, ya en plena pandemia, en Colima, quienes ingresaron como Servicios Profesionales Independientes y no como maestros, denunciaban que su periodo de contrato se acortaría, de facto perderían el empleo de manera anticipada con la suspensión de clases.

No sólo estamos frente a un régimen de precariedad magisterial que prevalece, también ante otro de tercerización laboral que ha sido implementado en algunas entidades del país, en el que no hay relación de trabajo con la autoridad educativa ni tampoco derecho a prestaciones; se trata de la oferta de servicios personales que no acumulan antigüedad y en la que se prescinde de recibir salario en periodos vacacionales. En la educación privada es lo más común, ha estado ahí por años y ahora pesa sobre los docentes de las escuelas particulares la zozobra de no contar con un sustento, aunque los colegios sigan cobrando las mensualidades.

Estos maestros y maestras que perduran años con pagos intermitentes por largos periodos, esperando un contrato que nunca llega, los que laboran por outsourcing sin derechos y por temporadas, no son la excepción, sino la nueva generación de docentes precarizados de la escuela pública y la generación de siempre en la escuela privada, que de manera exponencial ahondaron sus carencias con la pandemia y la suspensión de clases; en el mejor de los casos continúan con sus grupos, tropezando con la renta de datos, plataformas de paga y desplazamientos de casa en casa para llevar materiales didácticos al mismo tiempo que buscan opciones para sobrevivir sin salario o con ingresos a medias por no estar de forma presencial en las escuelas particulares.

Al régimen de la precariedad y tercerización, se suma el hostigamiento de la autoridad educativa hacia los docentes para la entrega de evidencias, unas veces acompañado de un sistemático acoso laboral a través del constante bombardeo de documentos oficiales emitidos por las dependencias educativas estatales con exigencias absurdas que no corresponden con la realidad objetiva, y otras con los llamados personales de los directivos al seguimiento de la estrategia de educación a distancia, así como a los procesos de certificación, so pena de ser merecedores de algún descuento salarial, incluso de ser sujetos de cese en el servicio docente.

Por si no fuera ya un negro panorama el de la precariedad, las escuelas normales públicas y la comunidad educativa que las conforma, siguen siendo objeto de aniquilamiento por inanición, así como de persecución judicial, administrativa y laboral. Con diagnósticos lejanos de toda realidad, las nuevas convocatorias de ingreso reducen la matrícula y por consecuencia el número de egresados que se integrarían a las escuelas; la respuesta por defender estos espacios, con el fin de mantener oportunidades profesionales para los jóvenes que se quieren integrar a la docencia, fue un tiroteo por parte de la policía michoacana en el que resultaron heridos varios integrantes de la Organización de Normales del Estado de Michoacán, otros fueron encarcelados, uno de ellos consignado y una docena expulsados de sus escuelas por la autoridad educativa.

Y para culminar con esta negra celebración y falso reconocimiento a los maestros mexicanos, citaré el caso de seis catedráticos de la escuela de Tiripetío, la primera normal rural de América Latina, que unos días antes del 15 de mayo fueron destituidos de sus cargos directivos y notificados hasta sus hogares de que habían sido cesados; la razón política es porque han desarrollado una propuesta curricular alternativa, inicialmente avalada como proyecto piloto por la dirección general a la que pertenece la institución, en ella recogieron el espíritu originario del normalismo, pero además colocaron las necesidades formativas propias del siglo XXI. El delito más grave que cometieron es haberse opuesto a la dictadura de opereta del gobernador Silvano Aureoles, la cual se replica en los funcionarios a cargo del despacho de la Secretaría de Educación en Michoacán y al proyecto de formación de la subjetividad neoliberal y neocolonial de los docentes en tiempos de la Nueva Escuela Mexicana.

Fuente: https://profelandia.com/dia-del-maestro-las-contradicciones/

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Condiciones del regreso a la Escuela

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

Nadie ha dicho que el regreso a la escuela, después de la emergencia sanitaria de esta primavera 2020, será fácil. Las niñas, los niños y jóvenes estudiantes estarán de vuelta a clases en unas cuantas semanas (¿o quizá meses?), sin embargo, aún no sabemos con precisión para cuándo. Eso dependerá de la evaluación que hagan las autoridades federales y estatales responsables de las políticas públicas en materia de salud y educación. Mientras tanto, lo cierto es que tarde o temprano la escuela regresará o estará de vuelta a su formato habitual, presencial.

Específicamente, hablo de la escuela pública y básica (preescolar, primaria y secundaria), donde hay, al menos, tres cuestiones que resultan interesantes y preocupantes en la víspera del retorno de nuestras comunidades educativas a las aulas: 1) El tema de los recursos financieros destinados al fortalecimiento de la infraestructura educativa y al mantenimiento de las instalaciones, en términos generales, (que es la base para dar continuidad a las medidas de higiene personal e interpersonal o de sana distancia), después de la contingencia; 2) El asunto de las condiciones específicas de los servicios disponibles y de funcionamiento físico de la escuela pública (agua, energía eléctrica, drenaje, dispositivos de seguridad, etc.); y 3) El tema de las aportaciones que realizarán las familias para que las niñas, los niños y jóvenes estudiantes, sobre todo de la escuela pública básica, se incorporen a los centros escolares en condiciones de seguridad y con las medidas adecuadas de sanidad para evitar enfermedades o rebrotes de las mismas.

1) Con respecto al primer asunto, sabemos, a partir de los datos oficiales disponibles, que los recursos públicos destinados a la educación en general, en su mayor volumen, se destinan a la nómina magisterial (pago de salarios). “El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (2015), en su reporte Gasto público para una educación de calidad, analiza la distribución del presupuesto de la educación básica para 2015, y encuentra que poco más de 85.6 por ciento se destina al pago de nómina, 4 por ciento a becas y 3.2 por ciento a gastos relativos a la infraestructura (mantenimiento, habilitación y construcción, y reconstrucción)”. (1)

2) En relación con el segundo, también sabemos que existen carencias en el rubro de estructura, organización y funcionamiento de las instalaciones educativas, de acuerdo con las cifras gubernamentales. Quizá lo que hace falta es valorar la profundidad y actualización de dichas carencias.

“Las primeras diferencias entre las escuelas públicas y privadas se encuentran en las características de la infraestructura: mientras más de 94% de los alumnos en todos los niveles de escuelas privadas asisten a inmuebles que cuentan con infraestructura adecuada (condiciones mínimas de sanidad y materiales duraderos), esta proporción se reduce para las escuelas públicas a 81%, 86% y 93% para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, respectivamente (INEGI, 2014a). En cuanto a los alumnos que disponen de servicios básicos, las escuelas privadas se mantienen con rangos cercanos a 96% para todos los niveles educativos, mientras que las públicas registran 73% de los alumnos de preescolar y 78% de primaria y secundaria que cuentan con esta característica (INEGI, 2014a).” (misma fuente, p. 136)

“Con relación a servicios básicos, se identificó que hay una importante proporción de planteles que no reciben agua todos los días. A nivel nacional, 72% cuenta con este recurso diariamente; 17% tres o cuatro días; y 11% uno o dos días (INEE, 2018a). Ante la falta de agua, los planteles podrían no ofrecerla para beber a los alumnos, no tendrían agua en los sanitarios ni tampoco realizarían labores de limpieza, lo que afectaría el cumplimiento del derecho al agua y a la salud y, a su vez, afectaría el derecho a la educación. En el ámbito nacional, en 3.1% de los planteles públicos no hay sanitario (INEE, 2018b).” (misma fuente)

3) El tercer aspecto, que seguramente hará cambiar la manera de relacionarnos en las comunidades educativas, tiene que ver con los gastos que habrán de realizar las familias para que sus dependientes, es decir, las y los estudiantes niñas, niños y jóvenes, (zona de educación básica), acudan a las escuelas públicas en condiciones de seguridad e higiene elementales para evitar la transmisión de enfermedades virales y bacterianas (más allá del coronavirus y de la actual coyuntura).

Las economías de las familias se verán presionadas y aportarán lo necesario, de ahora en adelante, para que las niñas, los niños y jóvenes utilicen de manera cotidiana, al menos durante un buen rato: cubrebocas, protecciones para la cara o lentes especiales, gel antibacteriano (con alcohol), guantes especiales, batas o delantales, jabón neutro de tocador para lavarse constantemente las manos, entre otros materiales de protección y prevención que la misma escuela no va a proveer a sus estudiantes, docentes y directivos escolares. Ante esa circunstancia, me pregunto: ¿qué va a pasar si la escuela no tiene servicios básicos como agua potable, o no cuenta con sanitarios ni drenaje, o no dispone de servicios de recolección de basura o de energía eléctrica?

La reflexión necesaria sobre estas carencias de la infraestructura escolar, mantenimiento, servicios e insumos para la escuela, nos coloca ante la opción de cuestionarnos acerca de quiénes se harán cargo de estos gastos, y cómo esas condiciones serán adversas a las políticas públicas de salud. No hay que olvidar que la escuela, además y en ese sentido, requiere cada día de: líquido clorado para lavar pisos; escobas, trapeadores, recogedores, trapos, fibras, jabón en polvo, y demás enseres de limpieza o para llevar a cabo las labores de limpieza en la escuela de la “post contingencia” sanitaria.

Sin duda estamos (y estaremos) en la antesala de una nueva manera de convivir, de relacionarnos, de cuidarnos y de ser solidarios… luego de la experiencia colectiva que nos ha traído, para bien o para mal, el multicitado coronavirus, causante de la enfermedad Covid-19.

¿Cuál será la actitud y las acciones concretas que asumirá el gobierno de la República (de la “4T”) ante estas condiciones adversas? ¿Acaso la SEP dará nuevamente muestras de insensibilidad hacia las comunidades educativas, al autorizar, en breve, que se aumenten las cuotas “voluntarias” que realizan cada año las familias? ¿No existen otras alternativas a efecto de evitar que las familias mexicanas carguen con los gastos que traerá consigo la inminente vuelta a las aulas?

Fuente consultada:

(1) Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2018. Ciudad de México: CONEVAL, 2018.

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Estudio_Diag_Edu_2018.pdf

Fuente: https://profelandia.com/condiciones-del-regreso-a-la-escuela/

Imagen: https://pixabay.com/photos/walking-school-children-education-4555769/

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«Nos ofrecieron dos opciones, elegimos los paletazos»: los castigos que se aplican en escuelas de Estados Unidos

«Nos ofreció dos opciones de castigo, que debían ser aprobadas por nuestros padres. O bien sufriríamos dos golpes con una paleta o dos días de suspensión en la escuela».

Parece un fragmento de Las Aventuras de Tom Sawyer, la novela de Mark Twain en la que el profesor azotaba al protagonista cada vez que cometía una de sus travesuras.

El relato, sin embargo, no es ficción. En realidad es parte de una carta en la que Wylie A. Greer, un estudiante de una secundaria rural en Arkansas, Estados Unidos, narra cómo él y dos compañeros fueron castigados por salir de clase para participar en una huelga hace unos días en contra de la violencia de las armas.

«Los tres elegimos los paletazos, con el apoyo de nuestros padres», escribió Greer en un texto publicado por The Daily Beast.

«Los golpes no fueron dolorosos ni hirientes. No fue más que un quemón temporal en mis muslos».

«Uno de los directivos dijo, sin embargo, que este tipo de castigos no terminan siempre de esta manera», escribió Greer.

El caso se dio a conocer por su madre, Jerusalem Greer, quien en Twitter pareció elogiar la decisión de su hijo.

«Les dieron dos opciones de castigo. Escogieron el castigo corporal. Esta generación no anda jugando».

El mensaje generó decenas de miles de reacciones. Quienes golpearon a Greer, sin embargo, no estaban haciendo nada ilegal, ni fuera de lo común.

«Simplemente estaba haciendo su trabajo»

En 19 de los 50 estados de Estados Unidos está permitido aplicar castigos físicos a los alumnos en las escuelas públicas.

Estos castigos, que pueden incluir golpes con una paleta, nalgadas o bofetadas, son parte del reglamento de algunas escuelas, donde de manera general se dan las pautas para aplicarlos.

En la secundaria Greenbier donde estudia Wylie, por ejemplo, se autoriza el castigo corporal bajo ciertas condiciones, como que el estudiante pueda refutar las acusaciones que se le hacen, que el castigo se aplique en un lugar donde los demás estudiantes no lo puedan ver ni oír y que se haga en presencia de un testigo.

Además, el código dice que el castigo no puede ser «excesivo» ni «administrarse con malicia».

La carta de Wylie deja entrever que en su caso se cumplieron todas esas condiciones, por lo cual escribió que sus castigadores «simplemente estaban haciendo su trabajo».

En Europa y América Latina la mayoría de países prohíbe el castigo físico en las escuelas, según datos de la Iniciativa Global para terminar con el castigo corporal en los niños.

En Estados Unidos es distinto.

Una sentencia de la Corte Suprema de 1977 afirma que golpear a los estudiantes como reprimenda por un mal comportamiento no viola sus derechos ni va en contra de la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe los «castigos crueles e inusuales».

Así, cada estado puede dictar sus propias normas para regular el castigo corporal en las escuelas públicas.

En Texas, este se define como «infligir dolor deliberadamente mediante golpes, tablazos, azotes, bofetadas u otra forma de fuerza física como medio de disciplina».

En Alabama, la escuela del condado de Pickens dice en su manual de conducta que el instrumento para infligir el castigo «debe ser sabiamente elegido».

«Se recomienda una paleta de madera de aproximadamente 60 centímetros de largo, 8 centímetros de ancho y un centímetro de grosor».

«El castigo no debe incluir más de tres golpes en las nalgas», dice el manual, al tiempo que advierte que debe ser administrado con «cuidado, tacto y cautela».

¿Qué tan común es?

Los expertos que estudian el tema coinciden en que el castigo corporal en las escuelas de Estados Unidos va disminuyendo cada año.

Está permitido expresamente o no está prohibido en Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Wyoming.

En 2016, el entonces secretario de educación, John B. King Jr., hizo un llamado para que esta práctica fuera eliminada totalmente y dijo que «a pesar de los esfuerzos», entre 2013 y 2014, 110.000 estudiantes alrededor del país habían recibido algún tipo de castigo corporal.

Otros reportes hablan de 160.000 casos al año y otras fuentes hablan incluso de 200.000.

Según un reporte de 2017 de la ONG Children’s Defense Fund, cada día en Estados Unidos 589 estudiantes reciben un castigo corporal. El cálculo lo hacen con base en un año escolar de 180 días.

Las organizaciones que monitorean la aplicación de estos castigos, indican que se aplican con mayor frecuencia en las áreas rurales y los estados del sur del país.

«En las áreas rurales en algunos casos la aplicación de estos castigos está asociada a creencias religiosas», le dice a BBC Mundo Víctor Vieth, director del Centro Nacional Gundersen para el Entrenamiento en Protección Infantil, basado en Wisconsin.

«Pero incluso en comunidades muy conservadoras se están escuchando voces de que esta es una mala interpretación de las escrituras».

Vieth también menciona que estos castigos se aplican de manera «desproporcionada« a niños varones, minorías, niños que han sufrido algún tipo de abuso en su casa o padecen algún tipo de discapacidad.

David Osher, vicepresidente del Instituto Estadounidense de Investigaciones, especializado en disciplina escolar, dice que no conoce evidencia de que este tipo de castigos pueda tener algún tipo de beneficio.

Además del castigo en sí mismo, Osher critica la manera discrecional en la que cada escuela lo aplica.

«Hay casos en los que se aplica a comportamientos que no son violentos, como replicar, llegar tarde a clase o no hacer la tarea», le dice a BBC Mundo.

Según una publicación de la organización National Women’s Law Center, entre 2013 y 2014, el 37% de los castigos corporales en Carolina del Norte se aplicaron por «ofensas menores o subjetivas como mal comportamiento en el autobús, falta de respeto al personal, uso del teléfono móvil, lenguaje inapropiado y otros malos comportamientos».

«Muchos de los niños que son problemáticos es porque sufren algún tipo de abuso en otro contexto, así que castigarlos físicamente lo que hace es traumatizarlos de nuevo«, dice Osher.

«En muchos casos son castigados por comportamientos que ellos ni siquiera son capaces de controlar».

¿Qué opinan los padres?

En 2002, una encuesta de la cadena ABC News mostró que solo el 26% de los padres consideran que a los profesores se les debe permitir golpear a los chicos en la escuela. El 74% estuvo en desacuerdo.

Incluso entre los padres que castigan físicamente a sus hijos, el 67% dijo que a los profesores no se les debería permitir hacerlo.

Según un estudio publicado en 2015 por la sicóloga Elizabeth Gershoff, investigadora de la Universidad de Texas especializada en disciplina infantil, la aprobación de los estadounidenses respecto al castigo corporal en las escuelas «ha caído rápidamente durante un período de 40 años«.

«Sabemos que el castigo físico va a desaparecer», dice Vieth. «Solo es cuestión de ver qué tan rápido va a ocurrir».

En cuanto a los educadores, el estudio de Gershoff muestra que «durante las últimas décadas han mostrado un apoyo más fuerte al castigo físico que el público estadounidense».

¿Qué tan malo es?

Los expertos coinciden en que las investigaciones sobre el castigo corporal escolar y la conducta y la salud mental de los niños es limitada.

Según el National Women’s Law Center, que contó con el respaldo de la Asociación Estadounidense de Psicología, «los métodos violentos de disciplina impactan el logro académico y el bienestar a largo plazo de los estudiantes».

«De hecho, un estudio encontró que las escuelas en estados donde se usa el castigo corporal, tienen un desempeño más bajo en las evaluaciones académicas nacionales que las escuelas en estados donde está prohibido».

Otro estudio de Gershoff concluye que hay suficiente evidencia que muestra que el castigo corporal está asociado con «daños físicos, problemas de comportamiento y de salud mental y desempeño deficiente».

Muchas de las investigaciones académicas van en esa dirección, sin embargo, hay quienes tienen una posición contraria.

Uno de ellos es Harold Hoff un investigador canadiense en temas de disciplina infantil y director de la ONG Keep43, que trabaja por mantener las leyes que le permiten a los padres «usar fuerza menor en la crianza de los hijos».

Hoff, autor de libro «Castigo corporal: ¿es efectivo ?: un estudio empírico de los registros de castigos escolares», concluye que el castigo corporal en las escuelas sí puede tener un beneficio.

«Cuando lo usas de manera apropiada, moderada y esporádica, creo que los beneficios aplicar castigos físicos moderados y estandarizados superan de lejos los daños que algunas personas piensan que están ligados a ellos», le dice Hoff a BBC Mundo.

«La comunicación debe estar siempre en primer lugar», dice Hoff, «pero para muchos niños y en muchas circunstancias, eso no es suficiente».

La investigación de Hoff, cabe aclarar, no ha sido incluida en las publicaciones académicas relacionadas con el tema.

Otra de las posiciones del debate es la de los adultos que dicen que durante su niñez recibieron castigo físico y dicen no haber sufrido consecuencias.

«Yo lo comparo con el cigarrillo», dice Vieth. «Puede que fumar de vez en cuando no te mate, pero sabemos que sí aumenta los riesgos para la salud».

Wylie A. Greer, el joven de Arkansas castigado por sus profesores, tiene una opinión similar.

«Creo que el castigo corporal no tiene lugar en las escuelas», escribió en su carta. «Incluso si no fue doloroso para mí».

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-43479556

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