El 20% de los estudiantes franceses vive por debajo del umbral de la pobreza. El aumento del precio de los alimentos y de las facturas de energía agrava su situación. Y sin embargo, Francia concede más ayudas económicas a los estudiantes que muchos otros países europeos.
Nuestra reportera Valérie Gauriat se reunió en París, Rennes y Lyon con algunos de los que luchan por llegar a fin de mes, así como con las asociaciones que les apoyan.
De la covacha a la crisis energética
Los ojos de Baptiste y Mustafa se iluminan al ver los kiwis en su bolsa de la compra. «Los kiwis son un lujo», explica Batiste. Son dos de los mil estudiantes que participaron en el reparto de alimentos organizado en París por COP1, una asociación estudiantil creada durante la pandemia para apoyar a los estudiantes necesitados.
JR A’Weng, director general de COP1, dice que no pensaba que organizarían distribuciones de alimentos después de los cierres covídicos. Pero con la subida de la inflación, «cada vez es más difícil para los estudiantes hacer frente a la situación, y existe una verdadera inestabilidad financiera».
Mayor riesgo de fracaso escolar
Elodie suspendió sus exámenes dos veces en Lyon durante los cierres covid, por lo que perdió su beca. Empezó una nueva vida en Rennes (Bretaña). Pasó un mes en su coche antes de encontrar alojamiento para estudiantes. Aquejada de varias discapacidades, sus gastos médicos, sólo parcialmente cubiertos por la seguridad social, se comen su pequeño presupuesto. Su situación repercute en sus estudios.
» Me duermo durante las clases, falto a clase para ver a un asistente social o para ir a la distribución de alimentos», cuenta.
En Lyon, la tercera ciudad más grande de Francia, la federación de asociaciones de estudiantes, Gaelis, gestiona una llamada tienda solidaria donde los estudiantes pueden comprar productos al 10% del precio de mercado. Su presidenta, Laure Morin, explica: «La falta de seguridad económica que constatamos entre los estudiantes es una enorme carga mental para ellos. Los estudiantes se ven obligados a trabajar. Y si los estudiantes trabajan más de 12 horas paralelamente a sus estudios, tienen tres veces más probabilidades de suspender. »
Distintas plataformas han vulnerado los datos personales de estudiantes al recolectarlos, monitorearlos y almacenarlos para compartirlos a empresas tecnológicas con fines publicitarios. ¿Quiénes están involucrados y cómo se puede cuidar esta información?
Es conocido que la tecnología dentro de la educación ha abierto nuevos panoramas y ha optimizado procesos dentro de las aulas. El aprendizaje se ha conjugado con aplicaciones para facilitar la enseñanza en distintos entornos académicos y contextos sociales. Pero ¿qué pasa cuando su uso contribuye a esas mejoras mientras que se ve vulnerada la información personal de los usuarios?
Por lo general, son las instituciones educativas quienes definen la tecnología educativa o EdTech (del inglés Educational Technology) con la que se acompañará el programa de estudios. Sin embargo, son los estudiantes de distintos niveles de formación quienes brindan sus datos personales para utilizar estas herramientas.
Un reporte emitido por la organización Human Rights Watch (HRW)reveló que aplicaciones y sitios EdTech utilizados por estudiantes recolectaban, monitoreaban y rastreaban información personal de niños en distintos países, violando sus derechos digitales. El estudio analizó 163 herramientas de tecnología educativa incorporadas por 49 países durante los meses de marzo a agosto de 2021. Desde Argentina hasta Rusia, estos territorios adoptaron el aprendizaje en línea como un componente de sus planes nacionales en la pandemia durante el cierre de las escuelas.
Según el informe, 89 % de los productos EdTech ponían en riesgo los derechos de los niños al recopilar datos sin su consentimiento o el de sus madres, padres o tutores, además vigilaban qué hacían en el salón de clases, quiénes eran sus familiares y amigos, así como qué dispositivos podrían pagar sus familias. Como demuestra el reporte, algunas compañías comercializan los perfiles de los infantes al ponerlos a disposición de corporaciones tecnológicas con fines publicitarios (AdTech, del inglés Advertising Technology).
El reporte mostró que 145 recursos de tecnología educativa brindaban acceso a 199 empresas de terceros, en su mayoría AdTechs, a los datos de estudiantes. Gran parte de las plataformas de aprendizaje en línea pudieron haber permitido que los algoritmos de estas compañías logren analizar información que exhiba las características e intereses personales de niñas y niños. De esta manera, podrían predecir el siguiente paso de los usuarios y descubrir cómo se ven influenciados.
Entre los hallazgos se detectó que algunos recursos tecnológicos se dirigieron a los estudiantes con publicidad conductual por medio de datos extraídos de sus entornos educativos para personalizarles contenido y anuncios, con esto los guiaron por el internet. Las empresas distorsionaron la experiencia en línea de los infantes e intentaron influir en sus opiniones y creencias en un momento donde corren un alto riesgo de interferencia manipuladora. Lo anterior, a raíz de que con el cierre de las escuelas se requirió al estudiantado usar estos productos, y los niños cuyas familias lograron pagar el acceso a internet y a dispositivos electrónicos estuvieron expuestos a prácticas que perjudicaban la privacidad en estas aplicaciones.
La mayoría de las empresas de tecnología educativa no divulgaron sus prácticas de vigilancia de datos, ya que, del total de productos sólo 35 establecían en sus políticas de privacidad que la información de sus usuarios se utilizaba para publicidad conductual. Asimismo, 23 productos se desarrollaron pensando en los menores de edad como principales usuarios.
Ante esto, HRW estableció que de acuerdo con los principios de protección de datos de las infancias y las responsabilidades de derechos humanos de las corporaciones como se describe en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las empresas de EdTech y AdTech no deben recopilar ni procesar datos de infantes para publicidad. Es necesario que las compañías realicen un inventario de los datos coleccionados durante la pandemia para percatarse de no procesar, compartir o utilizarlos. Deben trabajar junto a los gobiernos para eliminar de inmediato la información recibida.
¿En quién recae la responsabilidad?
Aunque existe responsabilidad por parte de todos los involucrados, es un compromiso de quien toma las decisiones tecnológicas. Un artículo de The Conversation explica que son las escuelas las que determinan las tecnologías digitales a utilizar por los estudiantes, quienes no tienen genuinamente opción para elegir usar las aplicaciones o sitios web que han sido seleccionados por las instituciones o departamentos de educación. Por ende, no están capacitados para tomar decisiones informadas sobre su aprendizaje en línea.
El estudio conducido por Human Rights Watch señaló que siete países (Australia, Brasil, Canadá, Alemania, India, España y Estados Unidos) delegan la toma de decisiones a las autoridades educativas a nivel estatal o regional. A lo largo de la pandemia, estas resoluciones incluyeron definir qué EdTech respaldar o adquirir para uso escolar.
Jonathan McCully indicó en Digital Freedom Fund que las grandes corporaciones dominan el mercado de la tecnología educativa, con productos que se implementan en entornos donde los derechos digitales de las infancias se aplican de forma deficiente, sin supervisión, autonomía o control significativo sobre el almacenamiento de su información.
Los contextos educativos han sido transformados con la dependencia de sistemas que procesan datos biométricos confidenciales, como mapas faciales o huellas dactilares, para medir la asistencia, los pagos de almuerzo o reforzar la seguridad. Además, existen sistemas como los basados en modelos estadísticos, perfiles algorítmicos y toma de decisiones automatizada que perpetuan medidas discriminatorias y excluyentes. Es decir, al desarrollar planes de estudio, predecir el rendimiento académico y “detectar” trampas en los exámenes, pueden influir en los años formativos de una persona y negarle el acceso a diferentes oportunidades educativas.
Un ejemplo que ilustra el panorama fue lo sucedido en Costa Rica con las pruebas de Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO). El Ministerio de Educación Pública (MEP) violentó los derechos de miles de estudiantes menores de edad y sus familias mediante preguntas contenidas en la prueba aplicada a estudiantes de quinto grado en noviembre de 2021. Tras 15 denuncias presentadas por parte de familiares, los magistrados del Tribunal concluyeron que existió una lesión al derecho a la intimidad, para obtener datos personales a través de una prueba obligatoria, brindando acceso a información que requiere especial protección del Estado. Entonces, está en manos de distintas instancias donde los gobiernos, las escuelas y los mismos familiares juegan un rol preponderante.
Protección legal
Primero, se debe entender que en México la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece en el Artículo 5 que “son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de dieciocho años de edad”. Además, el Artículo 76 del capítulo décimo séptimo del Derecho a la Intimidad precisa que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales.
En cuanto a las personas de cualquier edad, el Artículo 7 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados decreta que “por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 de esta Ley. En el tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá privilegiar el interés superior de la niña, el niño y el adolescente, en términos de las disposiciones legales aplicables”. Por ello, bajo cualquier circunstancia es vital el consentimiento de la persona a quien pertenezcan los datos para acceder a ellos y siempre será prioridad velar por la seguridad y bienestar de los menores.
Sin embargo, esta autorización debería poder ser revocable. El blog de AyudaLey sobre Protección de datos explica que aunque exista el consentimiento este no legitima el uso y tratamiento excesivo de los datos. Se debe permitir a los usuarios rescindir su consentimiento sobre dicha información personal y la eliminación de los datos recolectados. Advierte que, para que las aplicaciones cumplan con la normativa de protección de datos personales es importante que den a conocer la finalidad para la que serán utilizados previo a su instalación. Cuando se trata de menores de edad, expone que lo más adecuado es elegir un método restrictivo para el procesamiento de información, no usarla para fines comerciales y abstenerse de que contenga detalles sobre familiares y/o amigos.
Identificar los conceptos clave para diferenciar el tipo de datos con los que cuenta una persona ayuda a hacer consciencia sobre la información que se brinda a ciertas aplicaciones, plataformas y empresas de terceros. Según el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México los datos personales son toda aquella información que se relaciona con la persona y la hace identificable. Es decir, la edad, domicilio, número telefónico, correo electrónico personal, número de seguridad social, CURP, trayectoria académica, laboral y profesional, entre otros. Estos no pueden ser transferidos.
Dentro de los datos personales se encuentran los datos sensibles. De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) estos “informan sobre los aspectos más íntimos de las personas, y cuyo mal uso pueda provocar discriminaciones o ponerles en grave riesgo, como por ejemplo, el origen racial o étnico; estado de salud (pasado, presente y futuro); información genética; creencias religiosas, filosóficas y morales; afiliación sindical; opiniones políticas y orientación sexual”. Los datos más delicados demandan especial protección y cuidado. Los datos patrimoniales o financieros describen la capacidad económica de las personas en relación a los recursos que poseen y su condición para hacer frente a sus deudas.
Todo este tipo de información precisa protección y requiere ser resguardada. Si bien los distintos actores de instancias educativas y las madres y padres de familia o tutores son capaces de administrar sus datos personales, también están encargados de custodiar los datos de los niños. Además de enseñarles la relevancia de cuidar su información personal.
McCully ofrece ejemplos de casos vinculantes que sirven como referente en el plano legal para tomar medidas contra la trasgresión de los derechos digitales de los niños. Anne Longfield, ex Comisionada de la Infancia de Inglaterra, inició una acción legal en nombre de millones de jóvenes contra TikTok. En este “caso histórico”, se denuncia que los datos de más de 3,5 millones de niños y niñas en Reino Unido, incluyendo sus números de teléfono, videos, ubicación y datos biométricos, están siendo procesados por la plataforma sin la advertencia suficiente, ni transparencia o consentimiento legal. La empresa debe eliminar los datos existentes y pagar una compensación que podría ascender a miles de millones de libras.
En Holanda, un grupo de madres y padres de familia presentaron ante tribunales un caso contra TikTok. La crítica a la aplicación consiste en que la plataforma de redes sociales recopila datos sin el permiso correspondiente y son más de los necesarios. Asimismo, no especifica cómo utilizan la información.
Incluso, McCully menciona que se han presentado casos en varios países contra YouTube, Google, Facebook/Meta y creadores de aplicaciones de juegos por no respetar ni guardar la privacidad de los infantes.
En Estados Unidos, el Departamento de Educación se ha comprometido a proteger la privacidad del alumnado aplicando la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) con la cual los estudiantes controlan sus expedientes académicos y exigen al personal escolar resguardarlos.
También afecta a universitarios
The Chronicle of Higher Education analizó los contratos entre universidades y proveedores de cinco de las instituciones que planean probar las «metaversities” (o metaversidades), que son réplicas digitales e inmersivas de los campus de sus universidades a las que los estudiantes asistirán utilizando lentes de realidad virtual. Entre sus hallazgos, recopilaron que existen inconsistencias en las disposiciones de los contratos para asistir a las aulas en la dimensión digital en cuanto a la privacidad y seguridad de los datos, igualmente tampoco hay una mención sobre las empresas de terceros, incluyendo a Meta, que recopilarán información de los estudiantes durante el piloto de dos años.
En el estudio, expertos en privacidad dijeron que es preocupante “que las universidades se embarquen en nuevas empresas de tecnología educativa con una comprensión incompleta de lo que la tecnología puede obtener en última instancia sobre sus estudiantes, especialmente cuando numerosas entidades privadas están involucradas”. De modo que advierten que la consciencia es esencial para la protección de los alumnos y la reputación de las instituciones antes de adoptar estas nuevas tecnologías educativas. Señalan que las universidades tienen una obligación moral donde la responsabilidad no debe recaer meramente en los estudiantes para ser sus propios defensores de datos.
Una pauta a seguir es la marcada por el sociólogo Miguel Ángel Casillas Alvarado, quien sugiere que existen medidas principales con los que se habrían de atender los derechos digitales de los universitarios en México. Basándose en la Carta de Derechos Digitales del Gobierno de España, plantea que debe exigirse el derecho a la libertad, donde las universidades garantizan la protección de los datos personales de su alumnado. Dicha Carta establece en los derechos de libertad en su fracción tercera del derecho a la protección de datos que: “toda persona tiene derecho a ser informada en el momento de la recogida de los datos sobre su destino y los usos que se hagan de los mismos, a acceder a los datos recogidos que le conciernen y a ejercer sus derechos de rectificación, oposición, cancelación, portabilidad de los datos y derecho a la supresión (derecho al olvido) en los términos previstos en la normativa de protección de datos nacional y europea”.
¿Qué se puede hacer?
Algunos consejos para los diferentes actores de la educación son presentados por la profesora Sandy Keeter. Propone que existen distintas prácticas para los maestros a fin de garantizar la seguridad de sus estudiantes y la institución. Por ejemplo:
Revisar las políticas de privacidad de datos de las herramientas o aplicaciones que usan en su programa académico, asegurando que tienen la aprobación y respaldo de la universidad.
Cifrar la información confidencial de los correos electrónicos y asignar carpetas específicas o eliminarlas con regularidad para no dejar los datos de alumnos sueltos.
No brindar acceso ni hablar públicamente acerca de expedientes académicos.
Al realizar una capacitación, utilizar datos de muestra o falsos para ejemplificar el contenido.
En computadoras y plataformas de aprendizaje protegidas por contraseña debe cerrarse la sesión mientras no esté en uso.
Educar a los estudiantes sobre prácticas seguras en internet y el uso adecuado de la tecnología.
Para que las universidades puedan otorgar confidencialidad deben proteger los datos de estudiantes al:
Supervisar la actividad en las redes universitarias.
Capacitar a los empleados y brindar apoyo.
Reducir la cantidad de información recopilada y purgar la innecesaria.
Proporcionar el mínimo nivel de acceso necesario.
Hacer de conocimiento general las políticas, procedimientos y protocolos de notificación.
Además, en el reporte de Human Rights Watch, se describen minuciosamente una serie recomendaciones a nivel global para los gobiernos, los ministerios y departamentos de educación, las compañías de tecnología educativa y empresas de tecnología publicitaria, que incluyen de manera general:
Para los gobiernos, facilitar una reparación urgente para los niños cuyos datos se recopilaron durante la pandemia y continúan en riesgo de uso indebido y explotación. Adoptar leyes de protección de datos específicas. Asegurar que las empresas respeten los derechos de los menores de edad y rindan cuentas si no lo hacen. Solicitar evaluaciones sobre gestión de los derechos del niño en cualquier proceso de contratación pública que brinde servicios esenciales a los niños a través de la tecnología. Prohibir la publicidad comportamental dirigida a los niños. Prohibir la elaboración de perfiles de niños.
Para los ministerios y departamentos de educación, asignar fondos para pagar los servicios que permitan la educación en línea de manera segura, en lugar de permitir la venta y el intercambio de datos de los niños para financiar los servicios. Proporcionar mecanismos de denuncia confidenciales, apropiados para la edad y adaptados a los niños, acceso a la ayuda de expertos y disposiciones para la acción colectiva en los idiomas locales para los niños que buscan justicia y reparación. Desarrollar y promover la alfabetización digital y la privacidad de los datos de los niños en los planes de estudios. Consultar los puntos de vista de los niños en el desarrollo de políticas que protejan mejor sus intereses en entornos educativos en línea.
Para las compañías de tecnología educativa, proporcionar reparación cuando los derechos de los niños se hayan puesto en riesgo o se hayan infringido a través de las prácticas de datos de las empresas. Proporcionar políticas de privacidad que estén escritas en un lenguaje claro, amigable para los niños y apropiado para su edad. Respetar y promover los derechos de los niños en el desarrollo, operación, distribución y mercadeo de productos y servicios de EdTech. Proporcionar a los niños y sus cuidadores mecanismos adaptados a los niños para denunciar y buscar reparación por abusos de derechos cuando ocurran.
Para empresas de tecnología publicitaria, identificar todos los datos de los niños recibidos a través de las tecnologías de seguimiento que poseen las empresas de tecnología y tomar medidas para eliminarlos rápidamente garantizando que no se procesen, compartan o utilicen. Impedir el uso de las tecnologías de seguimiento de las empresas de tecnología para vigilar a los niños, o a cualquier usuario de estos servicios dirigidos a niños. Desarrollar e implementar procesos efectivos para detectar y prevenir el uso comercial de los datos de los niños recopilados por las tecnologías de seguimiento de estas compañías.
Algunos esfuerzos como el de Common Sense sirven como guía en el tema. Esta organización califica películas, programas de televisión, podcasts, libros y de más contenido para que infantes, familias y comunidades encuentren opciones de entretenimiento y tecnología que han sido sometidas a una revisión. Su trabajo radica en destacar la legislación relacionada con la tecnología, reconocer soluciones que protegen la privacidad del consumidor, impulsar una mejor conectividad para estudiantes y familias y responsabilizar a las empresas de tecnología para garantizar el uso de internet saludable. Además de que cuentan con diferentes programas y apoyan a educadores para empoderar a sus alumnos.
Aunque existen distintas recomendaciones para usuarios y tomadores de decisiones, es importante que se tenga una noción general sobre las tecnologías educativas rigiendo estas herramientas con lineamientos básicos. Que las políticas de privacidad estén a la vista y formen parte esencial de los acuerdos para su utilización, así como ser conscientes de los datos personales y cuidarlos con el propósito de defender su recolección o almacenamiento. ¿Qué medidas consideras necesarias para proteger los derechos digitales?
A más de un año de la pandemia, los estudiantes universitarios de nuevo ingreso están exhaustos mental y físicamente.
A medida de que los estudiantes universitarios de nuevo ingreso toman sus primeras clases presenciales, muchos están emocionados por iniciar una nueva etapa pero también están sintiendo los estragos de los desafíos creados por la pandemia. Según resultados preliminares de la encuesta anual de participación estudiantil para estudiantes universitarios de nuevo ingreso (BCSSE por sus siglas en inglés) las y los estudiantes están agotados y presentan un aumento en problemas de salud mental. El estudio se aplicó a cerca de 50 mil estudiantes de nuevo ingreso desde mayo hasta septiembre de 2021. De los participantes, más del 50 % contestó que se sienten mental y físicamente exhaustos, un 30 % sufre de depresión, el 27 % se siente más solos, otro 27 % siente incapacidad para concentrarse, y un 20 % se siente desesperado.
A casi un año y medio de pandemia y cambios en la normalidad, era de esperarse que surgieran este tipo de problemas, especialmente porque el acceso a apoyo en temas de salud mental también se vio afectado. Otra encuesta que se enfoca en el impacto del COVID-19 en la salud mental de 18,764 alumnos universitarios estadounidenses. De estos, 41.8 % respondió que han buscado apoyo pero, de este porcentaje, el 60.1% dijo que obtener ayuda es algo o mucho más complicado. Por otro lado, el 69 % de los estudiantes dijeron que la administración de su institución les brindó ayuda pero de dónde más recibieron respaldo fue de sus profesores (78 %).
La Fundación JED realizó una guía sobre cómo abordar la salud mental y el bienestar en el campus. Según la Fundación, además de preocuparse por un regreso presencial sin riesgo de contagios, se necesita abordar temas de bienestar mental y emocional. En este sentido, lo primordial es la planificación estratégica. Para garantizar el éxito, el bienestar y la seguridad de los estudiantes se necesita organización, especialmente para garantizar que todos tengan la mismas oportunidades y no excluir a minorías. Este proceso debe incluir a los profesores, el personal y las familias ya que han pasado por los mismos desafíos que los estudiantes, sugiere la fundación.
Debido a que cada institución es diferente, la Fundación JED recomienda realizar encuestas, tener grupos de enfoque, o cualquier otra medida para recopilar datos para saber qué están pensando no sólo los alumnos, sino el personal educativo y las necesidades de toda la comunidad educativa. Después de tener una buena recolección de datos y se creen estrategias, es importante planear cómo comunicarse con la comunidad de manera clara y relevante. Las y los estudiantes, sus familias y el personal docente son bombardeados con actualizaciones e información que cambia constantemente, así que decirles las cosas de manera puntual y oportuna es muy importante para que no haya confusiones. Hacerlo, según la Fundación JED, mejorará la confianza de la comunidad en los procesos y decisiones de las instituciones.
Otra estrategia valiosa es enfocarse en habilidades para la vida ya que estas ayudan a los alumnos a lidiar con los factores estresantes producidos por la pandemia, a tomar decisiones, fomentar la resiliencia y lograr el éxito académico. Ofrecer programas enfocados en conexiones sociales, la empatía, el procesamiento del dolor, manejo del estrés, la atención plena, entre otros, e incluir recursos para el profesorado y el personal administrativo. El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), por ejemplo, creó una página de recursos integrales para lidiar con el estrés. Además, es esencial recordar que probablemente muchos estudiantes perdieron a alguien cercano debido al COVID-19, por lo que es recomendable ofrecer grupos de apoyo, programas y demás servicios enfocados en el duelo.
Los sentimientos de soledad se han visto exacerbados por el distanciamiento físico durante el último año y medio, por lo que es clave que se promueva la conexión social y crear una comunidad. La Fundación JED recomienda promover programas de apoyo entre pares, siempre que sea posible, e incentivar el activismo estudiantil ya que puede fomentar conexiones y colaboraciones entre los propios alumnos. Sobre este último punto, las universidades deben trabajar con sus estudiantes para garantizar que cuenten con los apoyos y estructuras adecuadas para que se expresen. Proporcionar una variedad de recursos de apoyo, como foros o grupos estudiantiles, es fundamental para permitir que ellos procesen su activismo.
Por otro lado, las personas que trabajan en las universidades muchas veces son la única conexión que un estudiante tendrá, especialmente si su educación es totalmente en línea, por lo que es fundamental tener programas de capacitación y formación para la facultad. La Fundación JED también recomienda promover recursos para que las familias reconozcan las señales de advertencia en jóvenes con problemas de salud mental para que respondan y refieran a los estudiantes el apoyo que necesitan. Además, aconsejan tener información actualizada en sus sitios web principales, no sólo en centros de bienestar o asesoramiento.
También sugieren incluir el bienestar emocional en los servicios de salud del campus. Por ejemplo, dentro de las herramientas de detección del COVID-19, incluir preguntas sobre cómo se sienten emocionalmente y no sólo si han estado en contacto con alguien que haya salido positiva. Estas preguntas proporcionarán datos útiles sobre los desafíos que enfrentan las y los alumnos y no sólo ayudará a planear la mejor manera de atender sus necesidades, sino también es un recurso para que el alumnado reflexione sobre su salud mental. Como se mencionó anteriormente, el 60 % de los estudiantes encuestados informan que la pandemia aumentó la dificultad para atender su salud mental. Los campus pueden considerar la posibilidad de crear boletines o campañas de salud mental para difundir sus recursos y hacerlos más accesibles. El sitio web del Centro de asesoramiento de la Universidad de Pittsburgh es un buen ejemplo de cómo mostrar todos los servicios disponibles. Por su parte, el Tec de Monterrey creó el programa “Tqueremos” que se enfoca en el bienestar integral de los estudiantes, brindando apoyo emocional, social, financiero, ocupacional, espiritual, intelectual, física y social.
Para que los recursos de atención de salud mental sean más integrales y efectivos, la Fundación JED recomienda incrementar el personal de apoyo, que la diversidad del personal refleje la población estudiantil, flexibilidad en los enfoques de tratamiento y proveedores fuera del campus que ofrecen servicios complementarios o especializados. Por otro lado, la fundación insiste en considerar a los profesores dentro de estos programas ya que de esta manera ellos también pueden procesar sus experiencias y trauma con respecto al impacto de la pandemia al mismo tiempo que apoyan las necesidades de los estudiantes.
Por último, la Fundación JED aconseja tener un protocolo de emergencia claro y accesible para guiar a la comunidad. Proporcionar información de emergencia como números de teléfono para situaciones de crisis, chats o servicios de texto también es de gran ayuda. La información que proporcione la universidad debe ser clara de manera que sea sencillo para la comunidad universitaria encontrar estos recursos y puedan compartirlos con sus compañeros y colegas. Las universidades también deben estar preparadas con información y protocolos sobre qué hacer en caso de que algún alumno muera debido al COVID-19, cuando se presente algún caso de suicidio u otro tipo de accidente o enfermedad. Saber reconocer, responder y referir a los estudiantes que presentan problemas de salud mental y tendencias suicidas puede ayudar a prevenir crisis.
La encuesta anual de participación estudiantil para estudiantes universitarios de nuevo ingreso reporta que los estudiantes se mantienen optimistas, a pesar de estar exhaustos emocionalmente. Ahora que más universidades están retomando las clases presenciales o usan modelos híbridos, es indispensable dar prioridad a la salud mental de la comunidad, planear la mejor manera de apoyar tanto al alumnado, profesorado, así como también a las familias y la comunidad.
¿Has considerado que la pandemia te ha afectado emocionalmente? ¿Te sientes más agotado? ¿Crees que tu universidad tiene buenos recursos sobre salud mental? ¿Los conoces? Deja tus comentarios abajo.
Luego de la matanza de estudiantes de 1968, los universitarios de México volvieron a salir a las calles el 10 de junio de 1971. La fecha es recordada como el «halconazo», pues enfrentaron otro tipo de represión encubierta.
La masacre del 2 de octubre de 1968 fue un suceso traumático para los estudiantes universitarios en Ciudad de México.
Militares usaron sus armas para terminar con una protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, la cual dejó cientos de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.
Los universitarios no dejaron morir su movimiento, pero pasaron más de dos años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno.
Hasta el 10 de junio de 1971.
En esa fecha, un jueves de Corpus en el calendario católico – que luego daría nombre a lo ocurrido – , vieron la oportunidad de nuevamente salir a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época.
“Testimonios de manifestantes ese día dicen que la emoción era mucha. Era volver a tomar las calles que les habían intentado arrebatar en 1968. Entonces el 10 de junio era volver a tomar las calles y tenía un simbolismo muy importante”, le explica a BBC Mundo el historiador Camilo Vicente Ovalle.
Los universitarios se reunieron en Ciudad de México el 10 de junio de 1971.
Un grupo paramilitar, llamado los “halcones” y organizado por el gobierno mexicano, paró la protesta en seco.
A las agresiones con palos les siguió el uso de armas de fuego. Incluso los heridos fueron “rematados” en las salas de emergencias de los hospitales.
Desde entonces se conoció a lo ocurrido como el “halconazo” o la “masacre del “jueves de Corpus”, un hecho que incluso una fiscalía especial calificó décadas después como “genocidio”, pero por el que nadie fue condenado.
El motivo de la protesta
La protesta del “jueves de Corpus” se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país, que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal.
Le sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública.
La marcha exigía la liberación de presos políticos de 1968, entre otras demandas.
“Hay un golpe brutal a las movilizaciones sociales y populares en 1968, pero los estudiantes se continuaron organizando”, señala Ovalle, autor de Tiempo suspendido, un libro que documenta – incluso con archivos clasificados – lo ocurrido entorno a episodios como el de 1971.
Los universitarios en la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad del resto del país, así que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), las dos instituciones superiores más importantes del país, respondieron al llamado.
En ese contexto, alumnos de la UNAM y del IPN convocaron la marcha del 10 de junio.
La manifestación estudiantil no estaba autorizada por el gobierno. Pero los jóvenes dijeron que había garantías de que sería pacífica.
Pese a que la huelga de la UANL ya se había suspendido antes de esa fecha, y las demandas se habían atendido, los estudiantes de Ciudad de México decidieron mantener la cita para protestar.
El inicio del ataque
A las 4 de la tarde, la protesta dio inicio con unos 10 mil estudiantes concentrados en el Casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN.
Planeaban caminar hacia el Zócalo, la plaza más importante de Ciudad de México.
“Era una marcha no autorizada. Entonces los estudiantes se encuentran calles bloqueadas por granaderos y policías que impiden que avance la marcha o que tomen otras calles”, explica Ovalle.
La policía y el ejército no buscaba disuadir activamente la protesta, pero sí bloquearon calles.
Resueltos a avanzar pacíficamente, habían caminado un kilómetro cuando se encontraron con el grupo de los “halcones” – reportes dicen que eran al menos 400 o 500 – en el cruce de dos avenidas.
Esta vez no eran uniformados de la policía del Departamento del Distrito Federal (DDF), ni del ejército, los que intentaban “romper” la protesta, como en 1968. El ataque vino de jóvenes vestidos de civil que cargaron contra el contingente estudiantil.
“Los halcones estaban esperando en el punto definido para el ataque. Sí había algunos infiltrados en la marcha, pero el grueso del grupo paramilitar entra por esa parte de la avenida y se lanza en contra de la manifestación”, explica Ovalle.
Los miembros de los “halcones” fueron armados con apoyo de la policía y el ejército, según se supo después.
Víctor Guerra, uno de los líderes estudiantiles de la época, relata que él estaba integrándose a la marcha cuando empezó todo.
“Vi que la policía se bajaba para apoyar a los halcones. Vi cómo les proporcionaban varas de bambú. Minutos después de eso empezaron los disparos“, explicó Guerra a la agencia estatal mexicana Notimex.
“Fue una ratonera”
Como luego reconocería el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces funcionario del DDF, los “halcones” fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón “Olimpia” que atacó a los estudiantes de la masacre de 1968.
El grupo portaba varas de bambú porque fueron entrenados en artes marciales y usaban los palos como arma kendo. La película “Roma”, de Alfonso Cuarón, así lo retrata.
Pero su actuación fue combatida por los estudiantes aquel 10 de junio.
“Son repelidos por los manifestantes. Y al ver la resistencia, se repliegan. Entran en su lugar halcones que ya llevan fusiles M-1 y otras armas de fuego que comienzan a disparar contra la manifestación”, explica Ovalle en base en la documentación que obtuvo.
Los “halcones” utilizaron armas de fuego incluso en hospitales.
Por su parte, Guerra cuenta algo similar: “Vi a un sujeto, en una foto muy famosa, que está disparando afuera de la Escuela Nacional de Maestros, hincado, disparando hacia adentro”, relata.
También asegura que desde lo alto de un edificio contiguo pudo ver disparos “hacia la multitud”.
Fue un ataque indiscriminado, que tuvo toda la intención de dispersar a los manifestantes y, nuevamente, mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones.
“Fue una ratonera (…) Como la táctica de yunque y martillo: hay una fuerza que empuja al enemigo contra una fuerza superior que los aplasta“, explica el historiador.
El “remate” en hospitales
La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos.
Muchos estudiantes intentaron esconderse en las escuelas, negocios y viviendas de la zona. Pero ni los heridos, que habían llegado a clínicas como el Hospital Rubén Leñero estuvieron a salvo.
Algunos recuentos indican que ese día murieron hasta un centenar de jóvenes, pero la documentación muestra que fue una treintena.
“Hay periodistas, pacientes, médicos y enfermeras que fueron testigos de cómo grupos de halcones entraron al hospital y agredieron a estudiantes con armas de fuego”, explica Ovalle.
La acción se calificó como el “remate” de los heridos, documentado en numerosas notas y crónicas en los medios que, pese al control informativo del gobierno en aquella época, salieron a la luz ya que los periodistas fueron también atacados.
“La prensa estaba muy enojada con el gobierno federal. Estaban tan molestos que Luis Echeverría tuvo que reunirse con ellos a los dos días del ataque para ofrecer disculpas”, señala Ovalle.
Las autoridades de ese entonces culparon de lo ocurrido a los propios universitarios. Luego se sabría que no fue así.
Nunca se ha podido determinar cuántas víctimas hubo. Pero se calculan unos 30 muertos, cientos de heridos de distinta gravedad y decenas de detenidos.
Un “genocidio” descalificado
El líder estudiantil Félix Hernández dice que si bien la “represión” de 1968 “no se justifica y no se entiende”, la del 10 de junio “se entiende menos”.
“El gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada. Entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que, sin embargo, estaba formado por exmilitares o militares en activo”, señaló Hernández a Notimex.
Los periodistas también fueron atacados por los “halcones”, lo que dio pie a la publicación de notas y crónicas muy negativas para el gobierno.
En una primera reacción, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que, en base en una investigación, había determinado que un grupo de estudiantes estaba armado.
“Muchos de los integrantes portaban palos, varillas y otras armas”, dijo la PGR al diario El Universal. Otro grupo cargó “contra los manifestantes y fue cuando se provocó una riña colectiva en la que se dispararon armas de diverso calibre”.
Las autoridades constataron la “existencia de francotiradores que hacían sus disparos en contra de los manifestantes y de la policía”.
Pero con el paso de los días, reconocieron que los “halcones” era un grupo que había sido entrenado por el gobierno.
Luis Echeverría gobernó México entre 1970 y 1976.
El alcalde Alfonso Martínez y su jefe de policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación.
Cincuenta años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido.
En la década de 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por “genocidio”.
La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación (Interior), Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados.
Pero la magistrada del caso, Herlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de “genocidio”, sino de “homicidio simple”, que sí había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido.
Nadie fue encarcelado ni juzgado por la matanza de 1971.
Para Ovalle, la matanza del “Halconazo” se explica dando un paso atrás y mirando qué ocurría en aquellos momentos en México.
“El 71 no fue una repetición del 68”, sostiene. “Fue parte de la estrategia contrainsurgente” para combatir a grupos sociales, en momentos en que el comunismo se consideraba un peligro geopolítico en el occidente liderado por Estados Unidos.
“No fueron eventos excepcionales, medidas exageradas de fuerza. Era parte de la estrategia contrainsurgente que el gobierno tenía desplegadas”, señala el historiador.
“Hoy a simple vista parece un error, volver a cometer una masacre, pero no. En esos años había una estrategia en la que los sucesos de 1968 y 1971 cobran sentido”.
Fotografías del acervo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.
El INEHRM y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación editaron una antología con documentos de agencias de inteligencia, cables diplomáticos y notas de prensa de México y Estados Unidos sobre el “halconazo“. El libro estará en línea para su consulta y descarga gratuita en su web.
«Un Cambio Grande», iniciativa social de universitarios, le envía un mensaje al próximo presidente del Ecuador
Ante las elecciones presidenciales de este 7 febrero, un grupo de estudiantes se ha unido para conscientizar a los electores acerca de la importancia del voto, mediante la iniciativa “Un Cambio Grande”. Una campaña que busca evitar el ausentismo en las urnas e invita a realizar un voto consciente, resaltando la importancia que tienen las futuras elecciones en nuestro país, con su lema: El futuro del Ecuador no sólo está en las Universidades, también está en las urnas.
Las redes sociales de la iniciativa (@uncambiogrande) tienen contenido informativo-reflexivo que recalca la importancia de una ciudadanía informada de cara a los próximos comicios. Su foco principal son los estudiantes, esto le ha permitido a “Un Cambio Grande” aliarse con iniciativas juveniles y movimientos universitarios para crear una red de información y motivación de sus estudiantes al momento de ejercer su derecho al voto.
Como parte del mensaje de campaña, “Un Cambio Grande” ha escrito una carta dirigida al próximo presidente del Ecuador.
Carta abierta al futuro Presidente del Ecuador
«Es poco usual que un grupo de estudiantes le escriba una carta a una persona que no ha sido elegida aún, pero, queremos que esta comunicación se convierta en un llamado a todo el Ecuador. Es por eso, que queremos que tenga presente ciertos puntos que debe considerar durante su gestión.
Señor presidente, va a llegar a este puesto porque la mayoría de los ecuatorianos creen que usted tiene la capacidad de reconstruir el Ecuador que han dejado en ruinas. Por favor, no nos defraude.
Le pedimos transparencia. Una y otra vez nos han mentido y se han llevado el país en peso; los ecuatorianos nos hemos quedado sin esperanza después de tantos actos atroces de corrupción en los gobiernos anteriores.
Le pedimos seguridad. Los últimos años hemos sentido miedo a diario, con la incertidumbre de salir de casa y no saber si regresaremos vivos. Todos los días vemos noticias de crímenes a sangre fría, de los cuales muy pocos son los casos en los que se ha hecho justicia. Todavía tenemos miedo, todavía nos sentimos desconfiados. Por eso, usted tiene la obligación de ser el gestor de un cambio.
Le pedimos educación. Necesitamos ciudadanos informados que puedan tomar decisiones correctas sobre lo que les espera en el futuro. Ciudadanos valientes que quieran acercarse a las urnas y votar por un candidato en el que realmente crean, no solamente por ser “el menos malo”.
Los siguientes cuatro años van a estar marcados por las decisiones de su gobierno. Nosotros anhelamos ver a nuestro país levantarse. No queremos irnos a buscar oportunidades afuera porque queremos seguir creciendo junto a nuestras familias en el Ecuador que nos vio nacer.
Con todo esto dicho, realmente esperamos que todo lo prometido se cumpla. Conviértase en ese presidente que reconstruyó al Ecuador y lo regresó a su gloria. Sabemos que no estamos pidiendo algo sencillo, pero confiamos en que usted se postuló para llevar las riendas de este país, porque es lo suficientemente capaz de hacer posible #UnCambioGrande».
Atentamente,
Fuente de la Información:https://www.eluniverso.com/noticias/2021/02/03/nota/9612042/iniciativa-social-le-envia-mensaje-proximo-presidente-ecuador
A partir del 4 de enero del año 2021 miles de estudiantes universitarios deben regresar a los centros educativos.
El Ministerio de Educación de Brasil (MEC) anunció este miércoles la reanudación de clases presenciales en las diferentes instituciones de educación superior, en medio de la crisis sanitaria por la que atraviesa el país a causa de la pandemia del coronavirus.
A partir del 4 de enero del año 2021 miles de estudiantes universitarios, así como de instituciones técnicas y tecnológicas deberán regresar a los centros educativos, exceptuando a los grados de educación básica y secundaria.
En ese sentido, los Decretos número 1030 y 572 del MEC establecen que los centros educativos deben adoptar medidas de bioseguridad para evitar posibles contagios con la Covid-19.
Igualmente, el Ministerio de Educación indicó que los docentes deben hacer uso de las diferentes herramientas tecnológicas en aras de recuperar las horas de clases perdidas durante el confinamiento debido a la complejidad sanitaria de la Covid-19.
“Los recursos educativos digitales, tecnologías de la información y la comunicación u otros medios convencionales se utilizarán de manera complementaria, de manera excepcional, para el pago de las horas de carga docente, en cumplimiento de las medidas para enfrentar la pandemia Covid-19 establecidas en el Protocolo de Bioseguridad establecido en la Ordenanza MEC No. 572, 2020”, expresa el Decreto 1030.
Por su parte, el Ministerio de Salud de Brasil precisó que hasta la fecha el país suramericano acumula 6.386.787 contagios con la Covid-19 y 173.817 decesos.
Un grupo de jóvenes de la Coordinación Nacional de Estudiantil en Defensa de la Educación se manifestaron este martes frente a la Cámara de Diputados para exigir un aumento al presupuesto de educación superior de al menos 20 por ciento y “eliminar las crecientes cuotas de inscripción” que cobran la mayoría de las universidades públicas estatales.
En el pliego petitorio, entregado a la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adela Piña Bernal, el grupo estudiantil planteó también mejores condiciones laborales para el personal académico y un “retorno seguro” a la clases presenciales.
Octavio Ugalde, estudiante de la UNAM y miembro del Grupo Acción Revolucionaria, miembro de dicha coordinación, informó que este tipo de manifestaciones se replicará en los congresos locales de varias entidades del país.
La Coordinación que realizó el mitin está conformado por estudiantes de diversas universidades públicas y escuelas de nivel medio superior, tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Universidad Autónoma de Chapingo y el Colegio de Bachilleres, entre otras instituciones, así como organizaciones, colectivos y movimientos estudiantiles de Coahuila, Puebla, Oaxaca, Estado de México y la Ciudad de México.
En el documento entregado a la Cámara de Diputados advierten que la crisis educativa se ha evidenciado en la precarización presupuestal paulatina a universidades públicas del país; en el alza de cuotas de inscripción permanente en universidades públicas estatales; en el “blindaje de élites burocráticas universitarias” en alianza con los gobiernos locales; en el desvío de recursos públicos; en la falta de transparencia, y en la antidemocracia dentro de los órganos de gobierno universitarios.
Pero también en la carencia de un programa educativo y pedagógico crítico que responda a las necesidades del país. “Estos efectos se han profundizado aún más en el marco de la actual crisis sanitaria y las clases virtuales recientemente anunciadas, donde miles de jóvenes han tenido que desertar debido a las imposibilidades de acceder a Internet o de contar con recursos y dispositivos tecnológicos adecuados”.
Además, señala que de acuerdo al INEGI alrededor de 30 millones de jóvenes en el país no tienen opción de asistir a la escuela. Estas cifras ponen en evidencia el rezago educativo y la desigualdad en el acceso a la educación pública de los niveles básico, medio superior y superior, señalan.
Reflejo de esta crisis y abandono de la educación superior es que de las 34 universidades públicas estatales del país, existen al menos una decena de universidades que se encuentran en crisis financiera acumulada desde hace más de 5 años, ubicadas en los estados de Morelos, Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, Estado de México, Tabasco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa.
Entre las demandas contenida en su pliego están la democratización de los órganos de gobierno de las universidades públicas y control presupuestal en manos de estudiantes, docentes y trabajadores, reducción salarial a altos funcionarios universitarios y aumento de las becas a estudiantes y salarios a docentes y trabajadores, y la cancelación de las cuotas de inscripción, servicios, exámenes y talleres en universidades públicas.
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