Exclusión

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Educación y discapacidad: lucha y resistencia contra la exclusión

Erick Juárez Pineda

Por: ERICK JUÁREZ PINEDA

«Lamentablemente, en la educación especial existe un paulatino pero constante desmantelamiento de servicios enfocados a esta población…»

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis, 2019), dos de cada 10 personas con discapacidad no saben leer ni escribir, apenas 40 de cada 100 terminan la primaria y sólo siete de cada 100 tienen estudios de educación superior.

El ejercicio del derecho a la educación especial enfrenta retos aún más grandes que la educación regular. La lucha por su defensa, visibilización e inclusión real en las políticas y acciones públicas se tornan cada día más complicadas, pues aunque en las leyes se ha reconocido su importancia y necesidad, en la práctica no sucede así.

Las exigencias de aquellas personas que requieren acciones y materiales específicos –ya sea por alguna discapacidad física o intelectual o, incluso, por ser sobresalientes–, aún no pueden ser cubiertas por nuestro sistema educativo.

Estas carencias se han venido revelando de manera más constante gracias a la pandemia y el modelo de educación a distancia, pues las desigualdades generadas y la poca sensibilidad de las autoridades educativas nos han llevado a un momento muy crítico.

Lamentablemente, en la educación especial existe un paulatino pero constante desmantelamiento de servicios enfocados a esta población, una enorme falta de expertos y docentes que atiendan sus necesidades en las escuelas y la insuficiencia de materiales e infraestructura escolar. Ello se agrava cuando hay nula voluntad política y administrativa para resarcir estas desigualdades y una franca invisibilización de sus resistencias y exigencias.

Además, resulta más preocupante cuando se sabe que 99 por ciento de las personas con discapacidad que asisten a la escuela en México lo hacen en una institución pública y el fortalecimiento de sus trayectorias y la construcción de entornos educativos incluyentes, parece no ser prioridad para la Secretaría de Educación Pública (SEP) (Hermidia, 2022).

La reforma educativa de 2018 trajo falsas esperanzas. Por un lado, se reconoce en la Constitución y la Ley General de Educación que la educación especial es fundamental en la búsqueda de la justicia y la equidad; sin embargo, parece letra muerta, pues las acciones emanadas desde las instancias gubernamentales caen en la omisión o la mala ejecución de las políticas públicas, lo que genera una doble victimización y la continuidad de modelos excluyentes y poco empáticos.

Esto también se ve reflejado en la reciente discusión y construcción de los nuevos planes y programas de estudio, donde no se tomaron en cuenta los amplios sectores organizados de personas con discapacidad ni hubo apertura a propuestas independientes de gran valor pedagógico.

Recientemente, el colectivo Educación Especial Hoy advirtió que, aunque la política de inclusión educativa ha transformado la percepción que se tiene del alumnado con discapacidad, lamentablemente casi todas las acciones de la SEP se han centrado en el magisterio, a cuyos miembros se les sigue utilizado para lavarse las manos y deslindarse de sus responsabilidades reduciendo la inclusión a un asunto de vocación y échaleganismo magisterial (2020).

Los retos políticos, administrativos y educativos parecen interminables. Sólo la organización colectiva e independiente puede mejorar el rumbo. No dejemos a nadie atrás.

 

Fuente de la información: https://profelandia.com

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México: Mujeres con discapacidad, con menos posibilidad de ir a la universidad

Noticias

Por: Valentina González

Las mujeres con algún tipo de discapacidad tienen la mitad de oportunidades de cursar estudios universitarios en comparación con los hombres que se encuentran en la misma condición, pues sólo 3.89% de la población femenina con discapacidad accede a la educación superior, de acuerdo con información del Observatorio sobre Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (OBINDI).

La diferencia de género es más pronunciada en el caso de la educación profesional, donde los hombres con discapacidad tienen una participación proporcional casi del doble que en el caso de mujeres con discapacidad, pues 6.08% de ellos tiene acceso a una carrera universitaria.

En el OBINDI analizaron las diferencias por género respecto al derecho a la educación en las personas con discapacidad y encontraron que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 registra una mayor exclusión en el caso de las mujeres con discapacidad que en los hombres con esta condición.

En el total de la matrícula de estudios profesionales, no es tan sensible la diferencia entre géneros, pues las mujeres con discapacidad registran 46.8% de participación contra el 53.1% de los hombres.

Las variaciones en los rubros que integran dicho nivel de estudios son significativas, pues en las carreras técnicas predomina la participación femenina (83.2%) por 16.75% de los hombres. Pero en estudios de posgrado, los hombres registran una mayor participación con 73.49%, a diferencia del 26.51% de las mujeres.

De acuerdo con el Mtro. Wilfrido Gómez Arias, investigador en Social Data Ibero – iniciativa multidisciplinaria y transversal que vincula la ciencia de datos que recientemente presentó el OBINDI en conjunto con la UAM-, señaló que la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres, la cual se acentúa en jóvenes (en la edad universitaria) y con discapacidad visual, explicaría la baja participación de las alumnas en las universidades, sobre todo en las públicas, pues son espacios educativos a los que llega el grueso del estudiantado en transporte público.

Al considerar la situación de alumnos y alumnas con discapacidad que estudian a nivel superior, dos terceras partes (58%) concierne a estudiantes con discapacidad visual, y poco menos de un tercio (32%) a estudiantes con discapacidad motriz. En consecuencia, ambos grupos representan el 90.65% de los estudiantes con discapacidad realizando estudios superiores.

El OBINDI también encontró que las mujeres con algún tipo de discapacidad registraron un mayor porcentaje de personas sin estudios, con 22.09%, en comparación con el 17.08% de hombres con la misma condición; con lo cual, se genera una diferencia entre ambos géneros.

Fuente de la información e imagen:  IBERO

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Informe: Desigualdad educativa: 3 de cada 10 jóvenes pobres termina la escuela en Argentina

Noticias

Un informe indica que en los sectores de menores ingresos, únicamente el 32% de los mayores de 25 años logró terminar la educación obligatoria. En los sectores más favorecidos, el 87% tiene secundaria completa.

La educación comienza por casa, un dicho que por conocido no deja de ser real. Las magras estadísticas económicas del país permiten sacar conclusiones de la enorme inequidad del sistema educativo argentino. Según un reciente estudio, el capital cultural que tienen las familias influye en el rendimiento de estudiantes. La problemática atenta contra una de las principales funciones de la escuela: igualar, pese a las desigualdades de origen.

La educación argentina parece incapaz de lograr torcer el lugar donde los ciudadanos nacen. Así lo revela un nuevo informe elaborado por el Observatorio Argentinos por la Educación, los estudiantes del país reproducen las desigualdades sociales previas.

En los sectores de menores ingresos, sólo el 32% de los mayores de 25 años logró terminar la educación obligatoria. Mientras que en los sectores más favorecidos, la cifra es casi el triple: el 87% tiene secundaria completa.

Acceso asegurado finalización en duda

Los datos surgen del informe “Evidencia sobre desigualdad educativa en la Argentina”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Ivana Templado (FIEL), Gabriela Catri, Martín Nistal y Víctor Volman (Observatorio de Argentinos por la Educación).

A partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el informe analiza las desigualdades educativas en relación con el nivel de ingresos de la población. Las cifras indican que entre los sectores de mayores ingresos y los sectores más pobres hay una brecha de 55 puntos porcentuales en la terminalidad escolar.

“Si bien el acceso a la educación –inicial, primaria y secundaria– está muy extendido, es obligatorio y está garantizado por ley, la finalización, especialmente del nivel medio, está lejos de ser una realidad y tiene una conexión estrecha con el nivel socioeconómico del estudiante y su familia. Es aquí donde se conectan los conceptos de desigualdad de ingresos y desigualdad educativa”, explicó Ivana Templado, autora del estudio.

En ese sentido, agregó que “es una muestra actualizada de cómo la terminalidad de los niveles educativos, la opción público-privada, o la educación de las madres de los estudiantes, se asocian a la distribución de ingresos”.

Desigualdad educativa

El documento muestra que también hay desigualdades en la finalización de los estudios primarios. A nivel nacional, el 93% de los mayores de 25 años terminaron la primaria. Pero hay 10 puntos de diferencia entre los sectores de mayores ingresos (donde la primaria se ha universalizado) y los de menores ingresos, donde solo el 89% completó este nivel educativo.

“La desigualdad educativa es uno de los desafíos más importantes de nuestro sistema educativo. Las trayectorias educativas dependen mucho más del origen de los estudiantes que de sus capacidades. Este informe provee un análisis riguroso para entender la situación, con un foco en la escuela secundaria, donde la desigualdad educativa se hace más evidente. Comprender estos desafíos es el primer paso para abordarlos”, planteó al respecto Martín De Simone, especialista en educación del Banco Mundial.

La desigualdad se profundiza al observar los datos de finalización de la educación superior. En el nivel socioeconómico más alto, el 51% de los mayores de 25 años logró completar la universidad (y el 6% además realizó estudios de posgrado). En el otro extremo, en el decil más bajo solo el 2% de la población consiguió terminar la universidad (y virtualmente nadie alcanzó un posgrado).

Altos niveles de segregación

La asistencia a escuela pública o privada se asocia estrechamente con el nivel de ingresos. En primaria, el 94% de los estudiantes de menores ingresos (decil 1) asisten a escuelas públicas, mientras que la cifra desciende al 20% entre los estudiantes de mayores ingresos (decil 10): en este segmento, 8 de de cada 10 niños y niñas asisten a escuelas privadas.

Los datos evidencian un alto nivel de segregación socioeconómica, que también se observa en la secundaria, aunque en este nivel hay un predominio mayor de la educación pública. El 93% de los estudiantes de menores ingresos (decil 1) asisten a escuelas secundarias de gestión estatal, mientras que la cifra desciende al 37% entre los estudiantes de mayores ingresos (decil 10).

“Detrás de esta gran división social entre la educación pública y privada, cada barrio y cada escuela congregan grupos cada vez más estratificados. Esta destilación socioeconómica atenta contra la cohesión social, la calidad educativa y la consolidación de la democracia misma. Urge implementar políticas para atenuar la segregación, como la articulación entre las políticas urbanas y educativas, la asignación de aportes al sector privado o los sistemas de inscripción de los estudiantes, para limitar las estrategias selectivas de las escuelas y las familias”, afirma Cecilia Veleda, doctora en Sociología de la Educación.

“El informe no deja dudas respecto a la capacidad de nuestro sistema educativo de reproducir las desigualdades sociales. El sistema hace muy poco para emancipar a las nuevas generaciones de las limitaciones de origen. Aunque aumentemos el porcentaje de niños y jóvenes que concurren a la escuela, las distancias relativas entre las jerarquías sociales se mantienen. A las distancias existentes entre quienes terminan o no la secundaria, se agrega la segregación socioeconómica en dos circuitos, el público y el privado, que refuerzan la dinámica desigualadora a través de una socialización que encierra a cada sector en su propio mundo”, señaló sobre el informe Guillermina Tiramonti, investigadora de FLACSO.

Al analizar el capital educativo de las familias, reaparecen las desigualdades entre el sector de gestión estatal y el sector de gestión privada. En las escuelas privadas, el 81% de las madres de los estudiantes terminaron la secundaria, y de ellas el 38% son universitarias. En contraste, en las escuelas estatales solo el 44% de las madres de los estudiantes completó la educación obligatoria, y solo el 10% terminó la universidad.

Fuente: https://www.miradorprovincial.com/?m=interior&id_um=321564-desigualdad-educativa-3-de-cada-10-jovenes-pobres-termina-la-escuela-a-nivel-nacional-educacion-a-nivel-nacional.html

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Venezuela: Una reciente investigación de Consorven y Funvape encontró que  24% de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad están excluidos del sistema educativo

Noticias

Por: runrún.com

16% de los menores con discapacidad habrían dejado de estudiar en pandemia. La falta de transporte y problemas con la alimentación también dificultan la educación de este sector de la población

Por: @MrsYaky

La Fundación Vanessa Peretti (Funvape) y la Confederación De Sordos De Venezuela (Consorven) desarrollaron una investigación para identificar las condiciones de acceso y la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Venezuela.

Las preguntas que se abordaron en este trabajo fueron:  ¿Están estudiando las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad?, ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan para poder estudiar? ¿Los contenidos educativos son adaptados y accesibles?

Durante el estudio, se hicieron entrevistas semiestructuradas presenciales y telefónicas  a 78 representantes de menores con discapacidad en edad escolar, en un trabajo de campo que se realizó entre diciembre 2020 y enero de 2021.

El estudio se practicó en Carabobo, La Guaira, Lara, Miranda, Táchira y Yaracuy.

A menos de un mes para que comience el nuevo año escolar 2021-2022, la Confederación Sordos de Venezuela(Consorven) manifestó su preocupación sobre la situación académica en Venezuela y la formación de los estudiantes con discapacidad en el país.

A continuación, los principales hallazgos de la referida encuesta:

49% de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad están excluidos del Registro Nacional de Personas con Discapacidad.

Este documento, según advierten en el informe, es emitido por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad(Conapdis). Resaltan que tener este registro representa la posibilidad de acceder a servicios sociales de manera sencilla y digna.

Además, indican que diferentes instituciones del Estado, entre las que se cuentan las educativas, establecen como un requisito para formalizar su inscripción en el sistema educativo la calificación de la discapacidad y la discapacidad específica certificada por la Conapdis y que está expresa en el Carnet emitido por esta institución, o en su defecto, un informe emitido por un especialista.

«Es así como siempre que cualquier persona con discapacidad no posea un Carnet de identificación emitido por la Conapdis, se está en presencia de la vulneración a un derecho, derecho que es, a su vez, una herramienta para garantizar al acceso a derechos básicos y fundamentales», advierten.

Interrupción y no inclusión en el sistema educativo

Los hallazgos en esta materia no son alentadores. 24% de las niñas, niños y adolescentes cuyos representantes fueron entrevistados no están incluidos en el sistema educativo venezolano.

De este grupo, además, 47% nunca ha estudiado; 37% dejaron de estudiar hace más de un año y 16% abandonaron sus estudios como consecuencia de la pandemia. 

«La afectación sobre los sujetos que no son incorporados al sistema escolar en etapas tempranas de su vida es importante. En principio, se está privando a la niña o niño de
ambientes que cultivan y fortalecen sus capacidades emocionales, culturales y sociales; y, en virtud de que el Estado declara sostener el Programa de Alimentación Escolar (PAE), toda niña, niño o adolescente no incorporado en el sistema educativo podría estarse privando de recibir los beneficios de este programa», destacan en el informe de la encuesta.

 

Crisis económica afecta el acceso a la educación

Las dos principales dificultades para que los padres lleven a sus hijos a la escuela están asociadas a la crisis económica estructural y a la crisis institucional, según revela la investigación.

 37% de los representantes de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad entrevistados encuentran como principal dificultad para la educación de sus hijos el problema del transporte para el traslado hasta los centros educativos.

Otro 22% citó el tema de la alimentación como dificultad para que sus representados asistan a la escuelay 15% declaró que la discriminación es la principal dificultad que encuentran para que sus hijos acudan a los centros educativos.

En lo que respecta a la adaptabilidad y accesibilidad de los contenidos educativos, 49% de los representantes no consideran accesibles ni adaptados los contenidos y 71% no fueron consultados sobre las estrategias y medidas necesarias para impartir los contenidos educativos durante la pandemia.

La mayor parte de los niños con discapacidad estudian en escuelas regulares

Otro resultado que llamó la atención es que 58% de las niñas, niños y adolescente con discapacidad estudian en escuelas regulares. Solo 31% lo hace en escuelas especiales.

Mientras que  11% están recibiendo formación en escuelas-taller.

«Siendo que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes estudian en Escuelas Regulares es importante conocer los formatos, los medios y las estrategias para enviar los contenidos educativos», expresa Consorven.

Sin estrategias para la enseñanza y comunicación

La encuesta también halló que la incorporación a las escuelas de los menores con discapacidad que iniciarían su estudios a partir del año 2020 no se ha efectuado.

También, recopilaron información sobre dificultades en los formatos en los que la escuela está presentando los contenidos y con los medios a través de los que se está enviando el contenido a las familias.

Advierten que las familias «no cuentan con recursos tecnológicos suficientes para establecer una comunicación efectiva con los docentes».

El estudio determinó que la vía principal para el envío de tareas fue el sistema de mensajería WhatsApp (74%) y, en segundo lugar, con un porcentaje mucho más bajo, se encuentran las guías escritas.

«En principio, se deben considerar los mecanismos más idóneos para hacer que la comunicación sea efectiva, en atención a las diferencias funcionales y cognitivas», sugiere Consorven.

Ven con especial preocupación el hecho de que 74% de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad estén recibiendo contenidos por medio de la mensajería web Whatsapp, sin atención a las diferencias a nivel funcional y cognitivo.

Consideran que esto impide un «acceso real y significativo a los contenidos educativos, a un proceso efectivo de incorporación de conocimientos que allane el camino de las desigualdades y desventajas sociales».

Familias inconsultas y desvinculadas

Otro dato que sobresale es que a las familias entrevistadas no se les consultó sobre las mejores estrategias para llevar a cabo el programa de educación a distancia, con qué tipo de recursos cuenta las familias y los docentes que pueden ser parte de la solución.

«71% de las familias de las Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad no fueron consultados sobre lasestrategias y medidas necesarias para impartir los contenidos
educativos durante la Pandemia por Covid-19″, se lee en el informe.

La consecuencia de esta falta de notificación hace que la educación «no se reciba en igualdad de condiciones, ni adaptada, ni en formatos accesibles, conlleva además de incumplimiento por acción y por omisión de Leyes y programas diseñados para garantizar durante y después de la coyuntura biosanitaria el acceso a la educación».

44% de los representantes encuestados opinaron que sus Niñas, Niños y Adolescentes no están aprendiendo los contenidos educativos durante la pandemia.

Instan a garantizar educación inclusiva y de calidad

Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, señaló  en una nota de prensa que, a pesar de llevar más de año y medio en pandemia y con ciertas medidas de aislamiento social, el sector estudiantil, específicamente niñas, niños y adolescentes con discapacidad, “se han visto perjudicados en la tarea del aprendizaje por la falta de herramientas por parte del Estado venezolano para ofrecer una educación de calidad, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vulnerando los derechos de esta población”.

Asimismo, recordó que la educación es un derecho y un deber social fundamental de las personas con discapacidad.

Por su parte, la Fundación Vanessa Peretti Funvape, la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres) y Excubitus DHE, también expresaron su preocupación por el inicio de las clases y se unen en apoyo a la advertencia de Consorven. 

Las organizaciones exhortan al Estado venezolano a cumplir con el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad.

«Exigimos que se cumpla con lo establecido en la normativa legal y se garantice el acceso pleno al derecho a la educación en igualdad de condiciones, tal como lo establece La Constitución de Venezuela (artículo 102 y 103), y asícumplir con lo establecido en La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 24) y la Ley Orgánica de Educación (artículo 6)”, detalló Juan Ángel De Gouveia.

Además, exhortan al Estado a garantizar una educación de calidad en todo momento y lugar «en tiempos de bioseguridad sanitaria y en tiempos ordinarios, desde su casa o desde las escuelas», así como también a cerciorarse de que los contenidos educativos estén siendo enviados en los formatos adecuados -accesibles-, con los contenidos desarrollados y expuestos en atención a las diferencias cognitivas -ajustes razonables.

Con información de Nota de Prensa

Pandemia y crisis económica afectan la educación de menores con discapacidad en Venezuela

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Cultura de la exclusión

Leonardo Díaz

Por: Leonardo Díaz 

Prejuicio racial que asocia unas características relacionadas con el fenotipo afroamericano como feo, sucio y rechazable, mientras todo lo relacionado con la etnia blanca resulta bello, limpio y deseable.

Basada en sus experiencias como investigadora, la antropóloga Tahira Vargas ha publicado un artículo titulado “Discriminación y sanción en el código penal” (Acento, 6-7-2021) en que reflexiona sobre las prácticas discriminatorias de la sociedad dominicana.

Vargas cita algunos de sus estudios cualitativos para mostrar el sentir de algunas de las personas que sufren la estigmatización producto de los prejuicios identitarios arraigados en la cultura dominicana.

Estos prejucios aprendidos en el proceso de socialización operan institucionalmente: en la escuela, en los centros de salud, en las instancias del poder jurídico y político.

Esta situación genera un efecto deshumanizador que persigue al agraviado durante toda su vida y clausura sus posibilidades de acceso a los bienes a los que tiene derecho en función de su dignidad intrínseca como persona.

Si hay una idea clave en el artículo de Tahira Vargas es que en nuestra sociedad las distintas formas de discriminación (racial, sexual, de género, y de clase) permanecen invisibilizadas.

La noción de invisibilización alude a un conjunto de actitudes, valores y prácticas que se encuentran ocultas o vedadas en el sistema cultural, jurídico y político de una sociedad, en muchos casos ocultas en prácticas que parecen significar lo opuesto.

Por ejemplo, piensen en la práctica establecida por muchos centros educativos dominicanos de obligar a las niñas a alisarse el pelo. Parece una regla inocua relacionada con el cuidado personal, la limpieza o la imagen del estudiantado, y con ello, de la institución.

Lo que la referida norma oculta es un prejuicio racial que asocia unas características relacionadas con el fenotipo afroamericano como feo, sucio y rechazable, mientras todo lo relacionado con la etnia blanca resulta bello, limpio y deseable. En síntesis, lo que esta norma oculta es un prejuicio racista que afecta a la niña del fenotipo rechazado y le enseña a rechazarse a sí misma.

Muchas prácticas y normas racistas, homofóbicas, xenófobas o misóginas se encuentran invisibilizadas en acciones aparentemente igual de inofensivas; otras conductas son más explícitas y claramente ofensivas. Todas constituyen parte de un entramado que convierte a la sociedad dominicana en una comunidad excluyente.

Fuente de la información: https://acento.com.do

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Legalizaciȯn de la exclusión

Leonardo Díaz

Por: Leonardo Díaz

 

Toda sociedad plural se debate entre conflictos de intereses y de derechos. De ahí, la necesidad de establecer jerarquía entre los mismos.

 

En un artículo reciente, titulado “Legalizando delitos: Código Penal viola constitución y tratados internacionales” (Acento, 4-7-2021), la abogada Ivanna Molina aborda uno de los problemas sociales más acuciantes de la sociedad dominicana, la legalización de las prácticas violatorias de los derechos humanos.

Cualquier sociedad puede incurrir en prácticas violatorias de los derechos de las personas. La actitud democrática conlleva educar para tratar de reducir estas acciones a su mínima expresión, mientras legisla para proteger a quien, por cualquier motivo, puede verse afectado por agravios a su dignidad personal.

Uno de los signos de una sociedad democrática moderna es el avance en las superación de las prácticas estigmatizadoras, tanto en la percepción predominante del espacio público, como en las estructuras jurídico políticas de la comunidad. En este aspecto, la sociedad dominicana muestra alarmantes signos de retroceso.

Toda sociedad plural se debate entre conflictos de intereses y de derechos. De ahí, la necesidad de establecer jerarquía entre los mismos. Por ejemplo, cualquier ciudadano tiene el derecho a ejercer la libertad religiosa en una sociedad democrática, pero si el ejercicio de su fe entra en conflicto con  cualquiera de los derechos humanos (como el reconocimiento de la igualdad de todos las personas independientemente de su nacionalidad, sexo, o etnia), se impone la defensa de estos derechos sobre la convicción religiosa del individuo.

La Cámara de Diputados de la República Dominicana ha incurrido en un grave desconocimiento de esta situación al aprobar un código penal que contempla el siguiente acápite: “No habrá discriminación cuando el prestador de servicio o contratante fundamente su negativa por objeción de conciencia, religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales”.

Las posibles implicaciones del referido texto son que un empleador puede invocar su elección de conciencia para rechazar la solicitud de trabajo de una persona, si sospecha que el solicitante tiene una orientación sexual o religiosa contraria a sus preceptos religiosos. Del mismo modo, un médico podría negarse a prestar un servicio de salud, si se encuentra en la misma situación anterior del empleador. En ambos casos, se estaría incurriendo en una flagrante violación de los derechos humanos.

El respeto a los derechos de las personas impide su exclusión y las injusticias implícitas en su desconocimiento. El reconocimiento de la dignidad humana no debe relativizarse en función de las creencias personales de un ciudadano.

Fuente de la información: https://acento.com.do/
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Presentación de la Agenda de la Infancia para mejorar la vida y la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes

Tercera Información

Por: Tercera Información

El 15 de junio de 2021 a las 18h en la sede de la UNED de la calle Tribulete de Madrid se presentó la Agenda de la Infancia para mejorar la vida y la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Comunicado Secretariado STEs-i

El Informe sobre los progresos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 20201 señala que el cierre de escuelas en todo el mundo puede revertir años de progreso en el acceso a la enseñanza; que sin medidas correctivas, los efectos de la COVID-19 solo se sumarán a los obstáculos que ya enfrentan los niños y niñas pobres para completar su educación; que la enseñanza a distancia continúa fuera del alcance de la mayoría de los alumnos y alumnas de los países más pobres; que el cierre de escuelas genera riesgos adicionales para la salud y la seguridad de los niños y niñas vulnerables; y que la falta de infraestructura básica en las escuelas, como instalaciones para lavarse las manos, dificultará la recuperación ante la COVID-19. En definitiva, la pandemia está profundizando la crisis de la educación y ampliando las desigualdades educativas existentes.

El Informe enviado al Consejo de Derechos Humanos por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, tras su visita a España, en enero y febrero de 2020, recogía la cruda realidad: “el 29,5 % de las niñas y niños estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018, y el 6,5 % sufría de carencia material severa. Las tasas de pobreza infantil son aún más intensas en las zonas rurales, en la población inmigrante, refugiada y romaní, y en las familias con personas con discapacidad. Los hogares con niñas, niños o adolescentes corren un mayor riesgo de pobreza o exclusión social, y el 29 % de los hogares con hijas o hijos tienen “grandes dificultades” para llegar a fin de mes. Las políticas adoptadas en España para eliminar la extensa pobreza infantil, señalaba Philip Alston, son vergonzosamente insuficientes y representan tanto un fracaso moral como una herida económica autoinfligida.

La educación y la pobreza están estrechamente vinculadas: “el 33,7 % de las personas con el nivel más bajo de educación (enseñanza primaria como máximo) corrían riesgo de pobreza o exclusión social en 2018, en comparación con solo el 12,6 % de las personas con educación superior; sin embargo, la inversión pública absoluta en educación, expresada como porcentaje del PIB, se redujo significativamente entre 2009 y 2017, y que existen auténticos problemas con el coste y la calidad de la educación, además de la segregación por nivel socioeconómico y etnia.

Según datos de la Comisión Europea relativos a 2017, el 25,7 % de los hogares con niñas o niños en riesgo de pobreza tenían grandes dificultades para pagar los gastos de educación.

Sigue recogiendo el informe Alston que, en 2018 España fue el país de la Unión Europea con la mayor tasa de abandono escolar temprano (17,9 %). Esa realidad tiene un costo estimado de entre el 5,9 % y el 10,7 % del PIB total. El país también tiene el segundo índice más alto de repeticiones de curso de la Unión Europea, y el alumnado más desfavorecido económicamente repite curso en un porcentaje seis veces mayor que los demás grupos. Estas preocupantes cifras ponen en entredicho la totalidad del sistema educativo y representan una sangría para la economía.

No es casual que la LOMLOE recoja en su preámbulo “el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema educativo, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos.”

Así mismo la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible señala como uno de sus objetivos ‘garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos’ (ODS4).

Por todos estos motivos desde STEs hemos elaborado esta agenda. Se han desarrollado en tres bloques principales:

Prioridad 1: Pobreza infantil, violencia contra la infancia y derechos de la infancia que son derechos humanos.

Prioridad 2: La participación de la infancia en los temas que les afectan directamente o son de su interés.

Prioridad 3: La insistencia en la garantía y reconocimiento de la educación como derecho universal.

Desde el análisis, el debate, el diálogo entre expertas y expertos se han extraído 115 recomendaciones para ayudar a nuestras Administraciones a elaborar Políticas Públicas que mejoren la vida y la educación de la Infancia, sin exclusiones, sin excusas y sin demora.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/21/06/2021/presentacion-de-la-agenda-de-la-infancia-para-mejorar-la-vida-y-la-educacion-de-ninas-ninos-adolescentes-y-jovenes/

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