El 21,7% de las chilenas mayores de 15 años dijo haber sufrido algún tipo de violencia en el último año, según los resultados divulgados este martes por la IV Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios.
El estudio, realizado por la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior de Chile, también arroja que el 41,1% de las mujeres mayores de 15 años dijo haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
Este indicador de violencia general a lo largo de una vida presentó un aumento «estadísticamente significativo», según los autores del sondeo, ya que pasó del 32,6% en 2012 al 38,2% en 2017 y de ahí al 41,4% en 2020.
Hipótesis
A modo de hipótesis, los responsables de la encuesta indicaron que esto puede deberse a que «hoy se visualizan vivencias del pasado como hechos de violencia».
«Es decir, habría un reconocimiento de haber sido víctima del cual antes no existía conciencia, y al mismo tiempo se han dejado de naturalizar actos violentos, como parte de las interacciones cotidianas», indicaron en el informe presentado.
Por contra, el indicador de los últimos 12 meses se presenta «estable» en relación al anterior levantamiento de datos, pasando de 21% en 2017 a 21,7% ahora.
«Es lamentable ver que no hemos sido capaces de mitigar o erradicar esta conducta tan dolorosa y tan terrible en nuestro país», dijo la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, tras la presentación de estos resultados.
Amendrentamientos
Dentro de quienes sufrieron violencia intrafamiliar, el 20,2% denunció haber sido violentada de forma psicológica en el último año; igual porcentaje que en el sondeo de 2017, mientras que el porcentaje de mujeres que dijo haber sufrido violencia física en los últimos 12 meses disminuyó a un 3,7% desde un 4,4%.
En contraposición, aumentó el número de mujeres que dijo ser víctima de violencia sexual intrafamiliar, pasando del 2,1% de 2017 al 2,8% este año.
De acuerdo a las encuestadas que sufrieron violencia psicológica o física e los últimos 12 meses, un 79,2% señalaron que ésta le fue proferida por una pareja o ex pareja, mientras que el 20,8% restante remite este tipo de violencia a la familia.
Inicio de la violencia
Otro punto que toma relevancia es el hecho de que el 38,2% de las encuestadas sostiene que fue víctima de al menos un episodio de violencia antes de los 14 años de edad.
En cuanto a la violencia de tipo económica, es decir, cuando se intenta controlar a la mujer a través de la entrega del dinero necesario para su manutención personal y/o de otros integrantes de la familia, así como también cuando se apropian de dinero ganado por la mujer, el 9,5% de las entrevistadas afirmó haber sido víctima de este tipo de violencia en el último año.
Asimismo, la violencia contra la mujer en espacios públicos ha sido constatada por el 17,9% de las encuestadas en el transcurso de los últimos 12 meses, significativamente mayor que el 8,1% declarado en 2017.
Este resultado «estaría evidenciando la toma de conciencia por parte de las mujeres respecto a los actos de violencia de los que han sido víctimas fuera del espectro intrafamiliar», según los autores de la encuesta.
También presentaron un aumento respecto a su anterior medición la violencia en el ámbito laboral, que pasó de y 2,2% en 2017 a 4,8% este año y en el espacio educacional: de 1% a 1,2% en esta última encuesta.
Denuncias
Los responsables del estudio mostraron su preocupación por la disminución observada en las denuncias interpuestas por violencia psicológica, física y/o sexual.
En los tres casos, la cantidad de entrevistadas que señaló haber denunciado algún acto de violencia se redujo hasta en 7,5 puntos porcentuales en comparación al año 2017.
«Uno de los datos preocupantes que nos entregó esta encuesta es una baja en las denuncias y esa baja está dada por una falta de confianza», señaló la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.
Así, el documento reveló que las denuncias por violencia psicológica pasó de 22,8% en 2017 a 19% este año, las denuncia por violencia física de 36,5% a 29% y las denuncia por violencia sexual de 23% a 16,3%.
De acuerdo a datos de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en lo que va de 2020 se han producido 32 feminicidios, tres suicidios feminicidas (suicidios como resultado de maltrato o intento de feminicidio) y cuatro homicidios relacionados a un feminicidio (en su totalidad eran hijos de mujeres víctimas de feminicidio).
Una nueva alerta feminista tuvo lugar en el Centro de Montevideo. Por la avenida 18 de Julio circularon cientos de mujeres exigiendo el fin de la violencia contra las mujeres.
En esta oportunidad se recordó a tres mujeres asesinadas en distintas circunstancias.
El femicidio de Oriana Oviedo ocurrió en Barcelona, España. Tenía 20 años y fue asesinada por su pareja, Germán González, de 35 años, también uruguayo, en el apartamento que compartían. La atacó con un arma blanca frente a su hijo de tres años. Su familia en Uruguay reclamó la repatriación de sus restos y el traslado del niño a nuestro país.
Mayra Acosta tenía 36 años y fue desaparecida los primeros días de diciembre de 2019. Su familia presentó la denuncia en enero y fue considerada por el Ministerio del Interior como una “persona ausente”. Algunos de sus restos óseos aparecieron en junio próximos a un contenedor en el barrio La Unión, en Montevideo. El resto de sus huesos aparecieron en una fosa séptica del barrio.
En la alerta también se reclamó por una mujer que fue encontrada calcinada en la intersección de Camino Tomkinson y Las Pitas, en un descampado a metros del arroyo Pantanoso, en Montevideo. En el lugar también se encontró ropa de la víctima y una bolsa de supermercado con pertenencias. El caso está siendo investigado por la Fiscalía.
El confinamiento forzoso para evitar la propagación del coronavirus se ha convertido en caldo de cultivo de otro virus de efectos devastadores: la violencia machista. Las llamadas de auxilio y denuncias de mujeres maltratadas se han disparado en México, El Salvador y Honduras.
Alejandra, de 19 años, y Lucero, de 30, (ambas utilizan seudónimos por motivos de seguridad) están ingresadas desde hace unas semanas en un refugio para mujeres maltratadas en la Ciudad de México. Intentan recuperarse del tormento. En plena pandemia del Covid-19 el marido de Alejandra mató a su bebé de nueve meses y la emprendió a golpes contra ella. Lucero vivía encerrada en casa. Su pareja no la dejaba salir y el abuso era constante. Ante la amenaza de la violencia machista y del coronavirus, el confinamiento en una casa refugio es la protección de Alejandra y Lucero, que no tienen ningunas ganas de volver a su “normalidad”.
Las cifras por violencia de género en México eran alarmantes antes de la pandemia. María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que agrupa a 40 organizaciones de 22 estados del país, señala que unas diez mujeres eran asesinadas cada día. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de 2020 ha sido el más violento para las mujeres mexicanas en los últimos cinco años, con 964 homicidios. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador declara que la tendencia en el feminicidio “está a la baja”.
Con apenas 19 años de edad, Alejandra vive refugiada durante la contingencia sanitaria. Foto/ Refugio de mujeres
Lo que ocurre, precisa María de la Luz Estrada, es que de los 964 asesinatos, 720 están clasificados como homicidios dolosos y sólo 244 como feminicidios. Este último término define el asesinato de una mujer por la condición de serlo, cometido siempre por un hombre y con una clara connotación machista. Un número creciente de países han incorporado el feminicidio a su legislación penal.
El primer caso de Covid-19 en México se detecta el 28 de febrero. En las semanas siguientes se dictan medidas de aislamiento preventivo, y el 23 de marzo, con 316 casos confirmados y dos muertes, la Secretaría de Salud declara la Jornada Nacional de Sana Distancia, y poco después la campaña “Quédate en casa”. El 30 de marzo se declara una “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor” y el 21 de abril comienza la fase 3, con medidas que extienden el confinamiento. Los casos de violencia de género, –agresión físicas, sexual y emocional—se disparan de manera alarmante, según advierten mujeres víctimas de violencia, madres de mujeres asesinadas, activistas, y organizaciones feministas y de defensa de derechos humanos.
Machismo y misoginia en El Salvador
Son más de las 2 de la madrugada del 29 de abril en una vivienda humilde del municipio de Mejicanos, en San Salvador. Cristina, de 17 años, salta de la cama al escuchar ruido. A través de la cortina que divide el cuarto minúsculo vislumbra la silueta de su padre. “¡Qué haces!”, le grita. Salta por encima de la litera donde duerme su hermano de 10 años, enciende la luz y ve una escena dantesca. La madre ensangrentada en su cama, con el cuerpo del marido encima que trata de ahogarla. La muchacha consigue apartar al padre, y levanta a la mujer malherida.
Los gritos despiertan a su tío, Marvin Regalado, quien da un brinco y ve en el cuarto contiguo a su cuñado Edwin Alexander López Rivas, con los brazos extendidos, cubiertos de sangre. “Mátame, mirá lo que he hecho”, susurra el agresor. Detrás ve a su hermana, Susan Daly Regalado, que se tambalea agonizante.
Marvin avisa a la policía, mientras su sobrina recuesta a su madre, con los ojos cerrados y la lengua fuera. De camino al hospital Marvin graba con su teléfono celular a Susan, recostada en el asiento posterior del vehículo policial, con una toalla ensangrentada en la cabeza. Tiene puñaladas en el cuello, mejilla y frente. En pocos minutos llega a la casa otra patrulla de la Policía, que detiene al agresor.
A las 3 de la madrugada, frente al Hospital Zacamil, en San Salvador, un médico sube a la parte trasera del vehículo policial para auxiliar a Susan. Demasiado tarde. “Lo siento, ya no se puede hacer nada. Está muerta”.
El 1 de mayo se presenta ante el juzgado el requerimiento fiscal contra Edwin Alexander López, por el delito de feminicidio agravado de Susan Daly, que en El Salvador está tipificado y sancionado con una pena de entre 30 y 50 años de prisión. López Rivas está detenido por orden judicial y Fiscalía sigue realizando diligencias en la etapa de instrucción.
Edwin Alexander López, antes de la audiencia inicial en el Juzgado Segundo de Paz de Mejicanos, San Salvador. Foto/Émerson Flores
El confinamiento forzado de la población a causa de la pandemia ha agravado la violencia contra las mujeres. El Gobierno ha olvidado otro virus, más letal y menos combatido: el machismo y la misoginia. Desde la entrada en vigor de la cuarentena en marzo, el covid-19 ha causado la muerte de al menos cinco mujeres hasta el 13 de mayo. En el mismo período ha habido 18 asesinatos de mujeres, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), y el Centro de Atención Legal ha recibido 158 denuncias, que representa un aumento de la violencia del 58% respecto de meses anteriores.
Una “condena” de dos meses en Honduras
En los últimos cuatro meses el Sistema de Emergencia 911 de Honduras ha registrado más de 32.500 llamadas telefónicas de auxilio de mujeres, que denuncian agresiones de su marido o de algún otro miembro de la familia. Según el Ministerio Público, durante el confinamiento se presentan entre 15 y 20 denuncias diarias por violencia doméstica sólo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades del país.
Una de las llamadas es de una joven, Angie García, hasta ese momento desconocida para el gran público, que denuncia a su marido por maltrato físico y verbal. La noche del 13 de abril, la Policía detiene en su domicilio, en Tegucigalpa, a Román Rubilio Castillo, futbolista de la selección hondureña y delantero centro del emblemático club Motagua.
El vídeo de la detención se hace viral en redes sociales, así como una foto de la paliza que Castillo propinó a su esposa y madre de un hijo. El futbolista pasa 24 horas en dependencias policiales, tal y como estipula la legislación de Honduras, donde la violencia doméstica es tipificada como falta y no como delito.
El Ministerio Público confirma que el deportista estaba ebrio cuando fue detenido. Después de varios rodeos el caso ingresa en el juzgado de familia, y Castillo es “condenado” a dos meses de trabajo comunitario. Melvin Duarte, portavoz del poder judicial, afirma que el acusado reconoció los hechos denunciados por su esposa, “por violencia psicológica y física”, lo que fue confirmado “por un dictamen preliminar en materia forense”.
En Honduras 390 mujeres fueron asesinadas en 2019. El 60% de las víctimas, por ataques de sus parejas, exparejas o alguien con quien tuvieron una relación afectiva, según un informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Las organizaciones de mujeres registran más casos, y alertan sobre la altísima impunidad: nueve de cada 10 crímenes contra mujeres no se investigan y los asesinos están libres.
Cristina Alvarado, dirigente feminista de la Organización de Mujeres Visitación Padilla, asegura que la violencia de género en las familias es una constante en Honduras. “La pandemia del Covid-19 sólo ha evidenciado la realidad histórica que viven las mujeres, producto de la violencia en el hogar. Esto lo venimos denunciando desde hace años las organizaciones feministas y de mujeres”, dice Alvarado.
La presión de la sociedad civil
En México, durante el primer mes de confinamiento las llamadas y mensajes de auxilio a los refugios de mujeres aumentan en un 80%, según explica Pilar Sánchez Rivera, directora de Espacio Mujeres para una Vida Digna y Libre de Violencia, uno de los 69 centros de la Red Nacional de Refugios. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador declara en una de sus conferencias de prensa “mañaneras” que el 90% de las llamadas de auxilio sobre violencia contra las mujeres son falsas, aunque los registros oficiales hasta marzo digan lo contrario.
Marilú Rasso, directora ejecutiva del mismo refugio, asegura que en la situación de encierro por el covid-19 “a las mujeres se les vuelve a meter en un papel de servicio obligatorio, y cualquier pretexto funciona para que el agresor ejerza violencia”.
En marzo, Alejandra y su hija de nueve meses sufren una vez más las agresiones del marido y padre. La pequeña pierde el conocimiento y la madre logra escapar con el bebé, que llega al hospital sin vida. El personal sanitario llama al Servicio Médico Forense y a la Fiscalía. “Les dije que en casa vivía amenazada, y que el papá nos golpeó a mi hija y a mí. No estaba borracho ni drogado, sólo se aburría porque no trabajaba”.
Diez mujeres son asesinadas en México todos los días. Foto / Brian Torres
Un informe de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) da cuenta de un 97% de impunidad en los feminicidios. Entre el 3% restante se encuentra el marido de Alejandra, que está en la cárcel por homicidio.
La historia de maltrato de Lucero empieza poco después del comienzo de la relación con su pareja hace 11 años. Madre de cuatro hijas de 10, 8, 6 y 5 años de edad, Lucero es víctima primero de violencia emocional. “Me insultaba, me decía que yo no valía nada y que si salía de la casa no iba a poder sola”. Cansada de los golpes y del engaño, Lucero da el paso: “Sin pensar agarré lo que pude y me fui con mis hijas. Una amiga nos acompañó hasta el Centro de Justicia.” Los exámenes físicos y psicológicos demoran una semana por falta de recursos humanos derivada de la contingencia, y después envían a la madre y a tres de sus hijas a un refugio. La mayor inquietud de Lucero es que la hija mayor está con el padre.
Despliegue militar contra el virus y las pandillas
En El Salvador, el Gobierno del presidente Nayib Bukele convierte una base militar en el primer centro de confinamiento para las personas que llegan del exterior. El 14 de marzo, la Asamblea Legislativa aprueba la “Ley de Restricción Temporal” o régimen de excepción, y el estado de emergencia y calamidad, para hacer frente al coronavirus. El plan Control Territorial, cuyo contenido era desconocido por la sociedad civil, había permitido anteriormente el despliegue militar y policial en todo el país para actuar contra las pandillas Mara Salvatrucha-13 y Barrio 18. El Salvador, un país de 6,7 millones de habitantes, tiene uno de los índices de violencia más alto del mundo.
Los datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública indican que en 2019 se cometieron 230 asesinatos de mujeres, de un total de 2.398 homicidios, casi 1.000 menos que el año anterior. El Gobierno presenta esta tendencia a la baja como un éxito del plan Control Territorial, que entró en vigor en junio de 2019.
Con la ejecución del último decreto aprobado “la Fuerza Armada mantiene el 100% de sus efectivos colaborando en la lucha contra el covid-19”, declara el ministro de Defensa, René Merino Monroy. Las personas que, a juicio de las fuerzas de seguridad, no tienen una justificación válida para salir de casa, son detenidas. Más de 2.420 personas están retenidas en condiciones inmundas en centros de contención por violar la cuarentena.
Los militares y policías comandan los más de 800 cordones sanitarios implementados en el territorio nacional. Foto/Émerson Flores
La arbitrariedad de la actuación policial en muchos casos ha provocado choques del presidente con la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Bukele ha desafiado al alto tribunal al hacer caso omiso a las resoluciones judiciales, y la CSJ ha admitido innumerables habeas corpus de personas que denuncian arbitrariedades.
Si bien El Salvador fue uno de los primeros países en cerrar el aeropuerto para vuelos comerciales, la improvisación ha sido la nota predominante en la estrategia de Bukele. Adultos mayores, los más vulnerables ante el contagio, han sido confinados en los mismos centros que las personas procedentes de países considerados focos infecciosos.
El regreso a casa del agresor
La pasividad de la Justicia hondureña provoca que muchas mujeres retiren las denuncias, y que los familiares de las víctimas renuncien a luchar. El miedo se apodera cuando el Estado es claramente ineficiente y no responde a las víctimas.
El caso del futbolista Castillo, denunciado por agresión por su esposa, da un vuelco en cuestión de días, cuando Angie García se retracta de sus acusaciones y dice, a través de las redes, que su marido puede volver a casa.“No entraré en polémica, simplemente quiero aclarar que las fotos expuestas en redes sociales no son de mi persona. Pido respeten mi privacidad, no es justo que mi familia sea el centro de atracción”, escribe la cónyuge del jugador.
La legislación permite a las autoridades ordenar la puesta en libertad del agresor, para regresar a casa y convivir de nuevo con la víctima, si no es un caso reincidente. En opinión de la dirigente feminista Cristina Alvarado, la vuelta del agresor al hogar supone un alto riesgo para la víctima. “Lo que estamos promoviendo como organización es que las mujeres agredidas vayan a las casas refugio, o con familiares o amigos. Por lo general, el gran problema es que la violencia doméstica está tipificada como una falta y no como un delito, entonces el enfoque de la ley es preventivo nada más”.
Jueza Claudia Isabela López – Honduras / Foto Radio Progreso
La jueza Claudia Isabela López puntualiza que, si el agresor no cumple con las medidas que dicte un juzgado, el proceso se convierte en penal. “El antecedente de violencia doméstica, cuando es reiterativo, pasa a ser un proceso judicial”.
Ciudad Juárez, cuna del feminicidio
La propagación del virus ha provocado la suspensión de las clases en todos los niveles educativos de México. Muchas madres y padres que aún trabajan han dejado a sus hijos en manos de familiares. Es el caso de Miguel Ángel Z y María Guadalupe M, en Ciudad Juárez (Chihuahua), que quedan al cuidado de su nieta de seis años. El padre de la niña no vive en la ciudad. El 11 de abril, en plena contingencia sanitaria, la pequeña presenta una insuficiencia respiratoria grave que acaba con su vida. La primera sospecha de los padres apunta a coronavirus, pero el informe médico revela que la niña fue violada, golpeada y estrangulada.
El abuelo es el principal sospechoso y es detenido junto con su esposa. Yadira Soledad Cortés, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres Juárez, dice que éste es uno de los muchos casos en plena pandemia: “La violencia sexual infantil se da principalmente por un conocido o un familiar, y las niñas confinadas están más expuestas”.
Ciudad Juárez es un municipio emblemático de los asesinatos de mujeres en México. En los primeros años de la década de los 90 se propagó en esta ciudad fronteriza una ola de homicidios de mujeres, en su mayoría trabajadoras de las maquilas y habitantes de las colonias populares. Aquí nacieron organizaciones de defensa de mujeres como “Ni una más”, “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” y “Mesa de Mujeres Juárez”, que aglutina a una decena de colectivos.
Del 1 de enero al 14 de mayo se han registrado en esta ciudad 65 feminicidios, un 27% más que en el mismo periodo de 2019, según la Mesa de Mujeres.
El aumento de la violencia de género se repite en todo el país. En enero hubo 15.851 denuncias por violencia familiar en México, en febrero, 13.000, y en marzo, ya con las medidas de confinamiento, se abrieron 20.000 casos. Las llamadas al teléfono oficial de emergencia (911) se multiplican cada mes.
El panorama ya era difícil antes de la pandemia, señala Irinea Buendía, madre de una joven estrangulada por su pareja y referente nacional en la búsqueda de justicia. “Vivíamos una emergencia nacional, pero nadie nos hizo caso, y por eso hubo una manifestación histórica el 8 de marzo, y un paro nacional de mujeres, sin precedentes en México, el 9 de marzo”. Pero al presidente López Obrador “en ese momento le importaba más el sorteo simbólico del avión presidencial y despreció nuestras denuncias”, acusa Buendía.
Mensaje de impunidad
La historia de El Salvador está marcada por la muerte, la guerra, levantamientos campesinos, mártires y dictaduras militares. El conflicto armado de los años 80 entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército, generado por la injusticia social, se prolonga 12 años, hasta la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. El problema de fondo, como en toda la región, se resume en dos palabras: desigualdad y exclusión de la gran mayoría. Según Oxfam, los 160 más ricos acaparan el 87% de la riqueza. Y la mayoría vive al día.
“El presente no está desvinculado del pasado”, subraya Silvia Juárez, de la organización de mujeres Ormusa, que cita como ejemplo el informe De la locura a la esperanza, elaborado por la Comisión de la Verdad tras la firma de la paz. Dicho informe describe la violencia sexual como un hecho colateral y no como una violación sistemática contra las mujeres.
Tras la firma de los acuerdos de paz no hay un proceso de reconciliación nacional. El año siguiente, en 1993, la Asamblea Legislativa aprueba la ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que pone en libertad a todos los presos involucrados en violaciones de derechos humanos durante la guerra civil.
Después de décadas de reclamos por parte de las víctimas, en 2016 la Corte Suprema anula la ley de Amnistía. Los enfrentamientos en la Asamblea Legislativa continúan y el 26 de febrero pasado, el pleno aprueba una ley de amnistía disfrazada, la llamada Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. “Si ni siquiera se reconoce esta violación, estamos lejos de construir la paz”, lamenta Silvia Juárez.
En El Salvador, la violencia deja las trincheras y muta en forma de grupos pandilleros. Hasta el 30 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) reporta dos casos en los que hay indicios de asesinatos de mujeres a manos de pandillas o maras desde que comenzó la cuarentena domiciliaria.
Las autoridades policiales y militares cierran las calles para implementar el cerco sanitario y habilitan un acceso. Foto/Emerson Flores
La coordinadora de la mujer de la Fiscalía, Graciela Sagastume, explica que no hay diferencia en cuanto al procedimiento de mujeres asesinadas por integrantes de maras, porque en todos los casos se aplica el protocolo de feminicidio. Según las reglas de las pandillas, las mujeres no tienen voz y no pueden opinar ni decidir. La coordinadora fiscal considera que los feminicidios dentro del mundo de las pandillas son un problema estructural. “En la medida que el Estado invierta en problemas sociales, las mujeres podrán salir de ese mundo”.
San Pedro Sula, violencia y emigración
Iberoamérica es la región más violenta del planeta, según un estudio de la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. De las 50 ciudades con más homicidios 15 están en México (con Tijuana a la cabeza), dos en Honduras (San Pedro Sula y Tegucigalpa), y una en Guatemala (Ciudad de Guatemala) y una en El Salvador (San Salvador).
San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras con 1,1 millones de habitantes, estuvo considerada durante cuatro años consecutivos, de 2011 a 2014, la ciudad más violenta del mundo. Llegó a registrar 142 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras. San Pedro Sula es también el epicentro del éxodo migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos.
Una de las zonas más conflictivas de la ciudad es Chamelecón, un suburbio pobre, de calles de tierra, donde pandillas y grupos criminales ligados al narcotráfico libran su propia guerra por el control territorial. Aquí se registra el 5 de mayo un caso de violencia que sacude la ciudad. Un abogado asesina a su esposa, después a su hijo y finalmente se suicida. Los vecinos declaran que escucharon gritos y una fuerte discusión.
Para la abogada y feminista Karol Bobadilla, quien integra el Foro de Mujeres por la Vida, en Honduras no hay condiciones para que las mujeres permanezcan en cuarentena y, sobretodo en casos donde tienen un agresor al lado.
¿Qué explicación tiene tanta violencia en Honduras? Tiene raíces profundas, según detalla un análisis político del sacerdote Ismael Moreno: “La acumulación de riqueza, tierra y recursos en pocas manos, y la acumulación de poder en instituciones del Estado controladas por esas mismas personas ha generado una violencia que hoy nos parece incontrolable”.
La oligarquía hondureña, bajo la tutela del capital multinacional y con el aval de las instituciones del Estado, ha logrado el control de todos los hilos: del capital comercial, especulativo y agroindustrial, de la energía, las comunicaciones, el turismo y el transporte. “Las decisiones que de verdad pesan son las que toman estas familias, que en su conjunto no pasan de doce apellidos”, explica Moreno.
Una segunda característica es la cantidad de conflictos sin resolver: “Educación y salud deficientes, recaudación de impuestos, inseguridad y violencia. Es como una enorme olla de presión a punto de estallar”.
El tercer rasgo, según Ismael Moreno, es la subordinación del Estado al sistema de partidos políticos. “Es una institucionalidad que genera violencia, y que sirve como refugio a personas que se dedican a delinquir, a establecer alianzas con organizaciones criminales transnacionales, convirtiendo a instituciones enteras, como la Policía Nacional, en maquinarias delictivas”. La violencia impregna toda la sociedad hondureña y abona el sistema patriarcal, que convierte muchos hogares en campos de batalla, donde muchas de las víctimas son mujeres.
Inseguridad en la UNAM
Antes de que el coronavirus llegue a México, las movilizaciones de mujeres contra las distintas formas de violencia de género están en un punto álgido. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la de mayor prestigio de América Latina, según la página UniRank, vive una convulsión inédita debido al incremento de la violencia y a la falta de respuesta de las autoridades universitarias.
Una joven es encontrada sin vida el 2 de mayo en la Ciudad de México, en plena fase 3 de la pandemia. Foto / Brian Torres
Durante más de cinco meses, hasta el 14 de abril, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ha estado ocupada por un colectivo de mujeres estudiantes denominado Mujeres Organizadas, que exigen el fin del acoso sexual, de las violaciones y desapariciones de estudiantes en la facultad y en el resto de la Universidad. La alumna Mariela Vanessa desapareció en 2018 sin dejar rastro, cuando se dirigía desde su casa a la facultad.
Mientras dura la protesta, las ocupantes de la facultad de Filosofía y Letras son “vigiladas, perseguidas por todos los medios posibles, agredidas y criminalizadas”. Lo que no consiguen las amenazas ni las autoridades lo logra la pandemia, y finalmente tienen que desalojar las instalaciones al no contar con “las herramientas necesarias para hacer frente” al covid-19.
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Las historias de México, El Salvador y Honduras, reflejadas en este trabajo colectivo, ponen de relieve que la pandemia del covid-19 sólo echa más leña al fuego de la violencia machista. El confinamiento forzoso ha convertido muchos hogares en auténticos infiernos para las mujeres.
La conclusión más tremenda, a la luz de lo que ocurre en estos tres países, es que la violencia intrafamiliar o de género no es por temporadas, ni se detendrá una vez pasada la pandemia. Como afirma la fiscal salvadoreña Gabriela Sagastume, la violencia hacia la mujer está sostenida por los patrones socioculturales que imperan en El Salvador, que no difieren mucho de los de México o de Honduras.
Antes del coronavirus las agresiones de toda magnitud a mujeres, incluido el feminicidio, se repetían diariamente en cada uno de los tres países. La pandemia esboza una nueva realidad llena de claroscuros. Las instituciones del Estado brillan por su ausencia cuando son más requeridas que nunca, pero en contrapartida la sociedad civil muestra vigor y capacidad de presión para ser tenida en cuenta. En medio, las mujeres, las víctimas, empiezan a perder el miedo y a romper el silencio.
*Otras Miradas es una alianza de periodismo colaborativo integrada por medios independientes de México y Centroamérica. Como parte de esta iniciativa presentamos la serie “Coronavirus desde otras miradas” en la que participan Desinformémonos (México), Chiapas Paralelo (México), Agencia Ocote (Guatemala), No-Ficción (Guatemala), Gato Encerrado (El Salvador), Contracorriente (Honduras), Radio Progreso (Honduras) Nicaragua Investiga (Nicaragua), Onda Local (Nicaragua) y Confidencial (Nicaragua).
América del Sur/Venezuela/24-05-2020/Autor(a):Basyl Macías/Fuente: www.el-carabobeno.com
El informe analiza los asesinatos de mujeres registrados por medios de comunicación digitales, en el período comprendido entre el primero de enero y el 13 de abril de 2020, tiempo en el que se recolectó la evidencia de los femicidios.
Según un estudio realizado por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), correspondiente al primer trimestre de 2020, al menos 19 mujeres asesinadas en Venezuela, durante el primer mes de la cuarentena decretada por el Ejecutivo Nacional.
El informe analiza los asesinatos de mujeres registrados por medios de comunicación digitales, en el período comprendido entre el primero de enero y el 13 de abril de 2020, tiempo en el que se recolectó la evidencia de los femicidios.
El análisis inidica que durante el primer mes de cuarentena, ocurrieron 19 femicidios. “Esto es, cada 36 horas una mujer fue asesinada en Venezuela. De estas 19 mujeres, dos eran niñas y dos adolescentes”.
Al evaluar las cifras se puede observar que en 31,5% de los casos seis de 19 de estos casos el móvil fue la venganza; en 10,5% de los casos el móvil del crimen fue por violencia sexual.
Uno de estos ataques sexuales fue contra una niña menor de 10 años.De los 19 femicidios, el 42%, o sea ocho casos sufrieron múltiples lesiones, acuchillamiento, golpes y asfixias.
En 26,1% de los femicidios el crimen fue perpetrado con armas de fuego mientras que en dos casos arrojaron el cuerpo en la vía pública y Uno de los agresores se suicidó.
En el 64% de los casos los culpables no han sido capturados por las autoridades.Un dato importante es que cinco niños quedaron huérfanos durante el primer mes de la cuarentena al ser asesinadas sus madres y dos de estos pequeños presenciaron el asesinato de sus madres y el suicidio de sus padre.
En el 42% de los casos, ocho de 19 asesinatos hubo arma de fuego. Uno de los casos fue el de un funcionario activo de las FAES quien asesinó a su pareja y luego se suicidó. Al investigar el lugar donde ocurrieron los crímenes el 42% de estos casos ocurrieron en la casa de la mujer mientras que en 26,3% ocurrió en la vía pública.
Vale destacar que el Monitor de Femicidios registró 167 asesinatos de mujeres durante el año 2019, el año pasado el estado más proclive a la violencia contra las mujeres fue Zulia con 25 casos, seguido por Miranda con 22 asesinatos.
Ese año 52 de las 167 víctimas fueron abandonadas en la vía pública, 18 casos de violación, en 12 casos las mujeres fueron quemadas y en seis casos fueron mutiladas.
En el año 2018 en América Latina se produjeron 3 mil 287 femicidios, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.
La punta del iceberg
Magdimar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), señala que la impunidad es uno de los graves problemas en la lucha contra la violencia sexista.
“En el informe Violencia sin Límites correspondiente al año 2017, en el que manejamos las últimas cifras del Ministerio Público que salieron a la luz pública, se pudo observar que apenas el 1% de los casos de denuncias de violencia contra mujeres llegaban a juicio”, subrayó.
Encerradas con sus agresores
A ese problema hay que agregar el contexto de crisis que vive Venezuela que sumada a la del COVID-19, deja a las mujeres en condición de vulnerabilidad.“La crisis humanitaria aumenta la brecha de género en cuanto al acceso a alimentos, mejoras y seguridad y a eso debe sumarse que la cuarentena impuesta ante el COVID-19 que implica encerrar a muchas mujeres con sus agresores”.
“Si estamos obligados a permanecer en un solo espacio en el que debemos convivir, no podemos salir a drenar, entonces cualquier diferencia puede generar violencia.
”Dictar medidas de confinamiento genera más presión en los hogares, facilitan episodios de violencia y la no haber lugares a dónde acudir, las mujeres quedan atrapadas con sus agresores y si el contexto no la ayuda muchos de esos casos terminan en homicidios.
Prevenir la violencia
León asegura que es necesario identificar la situación de violencia, luego de identificado el riesgo debe informar a personas del entorno sobre lo que está viviendo, debe pedir ayuda y buscar información sobre instituciones que brindan apoyo, hay líneas de atención telefónica que pueden brindar asesoría ante casos de violencia contra la mujer.
La víctima debe tratar de permanecer en otro lugar, uno que sea más seguro, o estar en contacto con otras personas que sepan lo que ocurre y puedan brindarle protección y seguridad, tener el teléfono con saldo, así como números de teléfonos de ayuda, llamar a personas cercanas cuando se presenten situaciones de violencia.
“La comunidad familiares y amigos pueden hacer cosas, cuando las víctimas no pueden poner límites, otros deben intervenir, se debe reconocer la violencia y actuar la violencia de género es delito, no un problema privado”, señaló finalmente la activista por los derechos de la mujer.
Fuente e Imagen: https://www.el-carabobeno.com/al-menos-19-venezolanas-han-sido-asesinadas-en-el-primer-mes-de-cuarentena-segun-cepaz/
América del Sur/Venezuela/utopix.cc/ Por Aimee zambrano
Aumentos de femicidios en marzo Venezuela y la emergencia por el COVID-19
El 13 de marzo del año 2020 se decretó en Venezuela Estado de Alarma debido a la pandemia COVID-19 mantiene a casi todas las poblaciones del mundo en cuarentena. Y precisamente, es la cuarentena, esa medida médica utilizada a partir de las epidemias de peste para excluir a sanos de enfermos, las que ha permitido que en nuestro país no haya estallado una emergencia sanitaria debido a la enfermedad como en otros países.
Pero así como nos salva de la pandemia del COVID-19, la cuarentena se vuelve un detonante frente a otra epidemia que nos ataca a nivel mundial: la de los femicidios, ya que esta situación obliga a las mujeres y niñas que viven situaciones de violencia machista a estar bajo la amenaza constante de sus agresores, además en unas condiciones extraordinarias de frustración que pueden incidir en que culminen en la muerte.
Muchas organizaciones feministas en el mundo han realizado el llamado de atención y planteando propuestas para atajar está situación extraordinaria que está afectando a las mujeres y niñas, alertando del posible aumento de los casos de violencia y femicidios en todo el mundo.
Algunas cifras dadas por diversos entes en América Latina dan cuenta de esta realidad:
México: Registró un aumento del 60% de las llamadas por violencia de género y las peticiones de asilo subieron un 30% según la Red Nacional de Refugios.
Colombia: Durante el aislamiento obligatorio, la Fiscalía ha recibido 578 llamadas, de las cuales 132 han sido denuncias de violencia intrafamiliar y 55 de violencia sexual. 12 mujeres fueron asesinadas.
Argentina: el primer día de cuarentena obligatoria en el país, el 20 de marzo, 41 mujeres denunciaron violencia de género en Buenos Aires. Según el observatorio «Mujeres de la Matria Latinoamericana – Mumalá», desde el 12 de marzo, ya fueron 15 las víctimas de femicidio, hubo 8 intentos de asesinatos y hay otros 5 casos en investigación.
Chile: Las llamadas por violencia de género aumentaron en un 70% durante la primera semana de cuarentena.
Perú: En ocho días de cuarentena se registraron 2.500 denuncias por agresión a la mujer, hubo un femicidio y dos violaciones de niñas.
Bolivia: Entre el 21 de marzo y el 5 de abril, se presentaron 246 denuncias de violencia intrafamiliar según la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en razón de Género.
Brasil: La Defensoría del Pueblo del Ministerio de la Familia, la Mujer y los Derechos Humanos indicó que hasta el 25 de marzo el número de llamadas diarias del «Ligue 180», la línea de atención a la violencia doméstica, subió a 3.303, para un incremento del 8,47 %.
Ecuador: Desde el 12 de marzo y el 11 de abril se han recibido 6.819 llamadas de alarma por posibles casos de violencia de género.
Paraguay: Registró dos feminicidios durante la cuarentena sanitaria según el Ministerio de la Mujer. La Asociación de Jueces de Paz del Paraguay dice que entre el 12 y el 26 de marzo, se registraron 987 casos de violencia doméstica.
¿Cómo va la cuarentena en Venezuela?
Pero frente a este realidad, Venezuela no se queda atrás contabilizando un total de 21 femicidios durante el mes de marzo, de los cuales diez (10) ocurrieron luego del decreto de cuarentena nacional. De igual manera se evidencia un aumento del 133% en comparación al mismo mes durante el año 2019, en el que ocurrieron 09 casos de femicidios.
EDADES DE LAS VÍCTIMAS
Los rangos de edades en los que ocurrió la mayoría de los casos de femicidios son: entre los 0-5 años, 26- 30 años y los 36-40 años.
TIPO DE MUERTE
La mayoría de los femicidios fueron realizados con armas de fuego (09 casos) y con armas blancas (05) casos.
SOBRE LOS FEMICIDAS
Nueve (09) femicidas se encuentran presos y cinco (05) eran parejas o ex-parejas de las víctimas.
SOBRE LAS VÍCTIMAS
Cinco (05) de las mujeres asesinadas eran madres, una (01) mujer estaba embarazada, seis (06) menores de edad quedaron huérfanxs.
CASOS REGISTRADOS EN FEBRERO 2020 EN MEDIOS DIGITALES
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01/03/20
TÁCHIRA
Femicidio de Wendy Daniela Ontiveros Méndez de 37 años a manos de su esposo, quien la degolló y luego se suicidó ahorcándose. Luego de asesinar a la mujer, colocó su vestido de novia al lado. Era contadora y madre de dos niños. Ocurrió en el sector Bella Vista del municipio Andrés Bello
Encontraron en la mañana el cuerpo sin vida de una joven en una trilla. Tenía aproximadamente entre 18 y 20 años. Presentó heridas de arma blanca. La mujer era de tez morena, medía 1,60 de estatura, vestía un short de jeans, una blusa marrón y negra, zapatos deportivos negros, tenía un bolso guajiro, rojo, donde llevaba ropa. Ocurrió al oeste de Maracaibo
Femicidio de Kelimar Mujica de 15 años. Fue asesinada de un tiro en la frente, los familiares ignoran detalles del hecho, apareció muerta en la morgue. La muchacha era la quinta de ocho hermanos. Ocurrió en un sector del kilómetro 7 de la carretera que conduce a El Junquito
Femicidio de Ana Nieto Gutiérrez de 40 años a manos de su expareja, quien además hirió a la hermana de la víctima, Génesis Nieto, que intentó interponerse y proteger a Ana. Fue asesinada a puñaladas en El Nula, parroquia San Camilo. El hombre apareció degollado dentro del mismo local donde mató a su expareja
Femicidio de Hilda Josefina Rosales de 40 años, recibió tres disparos de bala en el sector La Esmeralda en el municipio García de Hevia. En el hecho fue herida otra mujer de 20 años que fue trasladada de urgencia a un centro ambulatorio y luego al Hospital Central de San Cristóbal
Femicidio de Mixiles del Valle Padrón Urbano y homicidio de Orángel Miguel Estaba Sánchez, ambos de unos 35 años, que aparecieron calcinados dentro de un carro en Cerro Grande, en la vía de Boca de Tigre y el Kilómetro 27 de la parroquia Naricual, zona rural del municipio Simón Bolívar
Femicidio de María Lourdes Pernía de Peñaloza de 68 años, a causa de una fuerte golpiza que le dio su hijo. Ocurrió en el sector Santa Rosa, parroquia Cristóbal Mendoza, municipio Trujillo. En varias oportunidades la mujer denunciaba que su hijo la maltrataba tanto físico como verbalmente
Femicidio de Yulimar Cabrera de 26 años, quien había recibido cinco impactos de bala por su expareja en noviembre del 2019 en Barquisimeto después de intensos meses de lucha donde intentó recuperarse de las heridas. Ocurrió en el sector El Roble, vía El Manzano
Aparición de restos humanos de mujer con signos de violencia en el sector Lomas de León de Barquisimeto. De acuerdo a fuentes policiales presentan fractura e indicios de golpes en algunas zonas
Femicidio de Yusbelin Angélica Meléndez Alecio de 37 años, en Barrio Rafael Urdaneta, Cagua, municipio Sucre. Fue citada con el fin de mostrar su vehículo y fue asesinada por tres CICPC y tres civiles por encargo de su pareja quien fue abatido. Su osamenta fue localizada en la Autopista Regional del Centro, adyacente al Distribuidor San Mateo
Feminicidio por violencia obstétrica de Daneles Ramírez, de 25 años, quien murió por mala praxis médica en el Hospital Doctor Rangel en Villa de Cura del municipio Ezequiel Zamora. Presuntamente no hubo una asistencia médica indicada, la parturienta se complicó y además sufrió un proceso infeccioso a raíz de la cirugía y ante la falta de especialistas en ese centro asistencial
Femicidio de Yessica Nataly Vargas de 30 años, que fue asesinada por su pareja. La degolló con una hojilla dentro de las instalaciones de un Hotel ubicado en la calle Ruiz Pineda cruce con Nueva Esparta en Villa de Cura, municipio Ezequiel Zamora. El hombre intentó suicidarse pero al no lograrlo intentó huir. El hombre murió días después
El cadáver de una mujer en proceso de descomposición fue localizado en el sector Los Machos de Barcelona detrás de una embotelladora de gaseosas. Al parecer fue asesinada de una golpiza, ya que presentaba traumatismos severos en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo
El cadáver de una mujer de aproximadamente 40 años, de piel clara, que estaba vestida con un leggins negra y una franela gris, fue hallado en el sector El Tanquecito, del municipio Jiménez, muy cerca de un puente. La mujer recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente
Femicidio de Deledys Josefina Parra Parra de 42 años. Fue asesinada en La Cañada de Urdaneta, por el homicidio es señalado como presunto responsable un adolescente de 14 años. Le quitaron la vida con un arma blanca y al adolescente lo arrestaron en el sector El Taparo
Femicidio de Maryuri Lizet Vega Ramírez de 31 años, fue asesinada por un par de sicarios que se trasladaban en una motocicleta en la calle 14 de La Playa, parroquia Gerónimo Maldonado, Municipio Rivas Dávila. Fue muerta a balazos. Era abogada y deja en orfandad a tres niños
Femicidio de una mujer apodada “La Tigresa” , presuntamente pertenecía al grupo paramilitar “Los Rastrojos” y se encargaría de cobrar “vacunas” a comerciantes de la zona, bajo amenaza de muerte. Dejaron un mensaje en una de las paredes donde ocurrió el homicidio. Se leía “NO + PARAS NO + EXTORSIONES”. Ocurrió en la carrera 5, diagonal a la plaza Bolívar de Colón
Femicidio de Marilin del Carmen Vielma González de 19 años, después de haber sido sorprendida por dos sujetos de la Banda “El Nelsito” en el sector Los Ranchos de El Albarical, de la parroquia Tres de Febrero, los hampones le dispararon en múltiples ocasiones
El cadáver de Beatriz Álvarez fue hallado dentro de su residencia en Los Teques por funcionarios de Polimiranda. La peluquera tenía un cinturón en el cuello y su cuerpo estaba escondido entre los dos colchones. Era peluquera y tenía una hija adulta
Femicidio de Nuris Yudith Valencia Carrillo, de 38 años. Ocurrió en el sector El Barranco, entre las aldeas Villa Páez y Tabor, en el municipio Rafael Urdaneta. Su cuerpo fue hallado en plena vía pública de ese desolado sector. En el sitio, los investigadores colectaron al menos siete conchas calibre 9 mm. Era agricultora
Femicidio de Sara Daniela Sequera de 28 años, que fue asesinada de un disparo en la cabeza cuando se encontraba en el área de despacho de mercancía del Mercado mayorista de Coche. Ella trabajaba como comerciante independiente, deja un hijo de 11 años de edad
Reseña: Este Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidios/feminicidios) es una herramienta didáctica que se enmarca en la Campaña del Secretario General: ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres. El mismo responde a las necesidades y realidades de los países de la región y tiene por objetivo apoyar a las instituciones pertinentes con un instrumento práctico para abordar la investigación de las muertes violentas de las mujeres desde una perspectiva de género. El Protocolo tiene un enfoque multidisciplinario y refleja un esfuerzo didáctico para que las investigaciones y las persecuciones penales integren los factores individuales, institucionales y estructurales como elementos esenciales para entender de manera adecuada el crimen y brindar una respuesta apropiada.
Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)
Este Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidios/feminicidios) es una herramienta didáctica que se enmarca en la Campaña del Secretario General: ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres. El mismo responde a…
Duele mucho el palpable incremento de todas las formas de violencia en contra de las mujeres. ¿Será que se ha visibilizado, será que a los hombres nos exaspera y enloquece que ellas reclamen dignidad y seguridad, será que siguen su curso los fenómenos de descomposición y envilecimiento social a pesar de las estrategias y políticas del nuevo gobierno, será que hay un manejo mediático perverso para capitalizar casos específicos y crearle ingobernabilidad al Presidente? Creo que todos esos componentes son reales y que deben ser reflexionados.
La mera inclusión del femigenocidio como una de las expresiones de la violencia generalizada que padece el país puede resultar irritante para muchas que reclaman con toda justicia una mirada específica y acciones concretas e inmediatas para detenerlo. Ante el dolor y la rabia de agresiones que se suceden sin solución de continuidad desde los micromachismos hasta el feminicidio resulta del todo insuficiente la enumeración de los propósitos y las acciones generales de política pública orientados a abatir la inseguridad y, específicamente, a garantizar los derechos de las mujeres, empezando por el derecho a una vida sin violencia.
En este punto, la 4T se enfrenta a tres desafíos: por un lado, si bien el gobier-no de Andrés Manuel López Obrador ha sido congruente en palabras y en actos en su determinación de avanzar a la consecu-ción de una igualdad sustantiva, no ha logrado incorporar a su discurso una perspectiva de género; por el otro, en el ámbito de la seguridad, las políticas de combate a la corrupción, generación de bienestar, apego a los derechos humanos y las nuevas concepciones de prevención y combate a la delincuencia no han arrojado resultados inmediatos y palpables en una reducción general de los índices delictivos; en tercer lugar debe mencionarse la parálisis inducida en Morena, que una vez más ha sido incapaz de funcionar como puente entre el gobierno y los movimientos sociales. Esta injustificable ausencia, doblemente irritante si se considera el enorme trabajo realizado en años pasados por numerosas instancias del partido en materia de derechos de género, hizo posible, por inconcebible que parezca, un inmediato aprovechamiento de la causa por partidos y grupos de la derecha conservadora.
El primer desafío es el menos complicado. En el mandatario y su equipo, así como en la mayor parte de las bancadas legislativas de Morena, existe la determinación de hacer frente a todas las expresiones de machismo y de pugnar por la consecución de los derechos de género. El segundo es más difícil porque no se puede remontar en uno o dos años una descomposición moral, económica y social inducida durante cuatro décadas. De ello dan cuenta, por ejemplo, los entornos socioeconómicos en los que ocurrieron el asesinato de la niña Fátima Cecilia, en Xochimilco, y la muerte de la bebé Karol Nahomi, quien al parecer falleció por descuido en Saltillo, Coahuila, o el atroz feminicidio de Ingrid Escamilla, perpetrado unos días antes por su pareja en la alcaldía Gustavo A. Madero. El tercero pasa inevitablemente por la superación del conflicto en Morena y por la normalización de la vida partidista.
La violencia que sufren las mujeres en todos los entornos y en casi todas las circunstancias no necesitaba de esos casos particulares como detonantes de protestas radicales. Ya desde agosto del año pasado éstas tuvieron lugar en el Metro Insurgentes, la sede de la procuraduría capitalina y otros sitios. La novedad de las manifestaciones frente a Palacio Nacional de días recientes es que se buscó capitalizarlas como una muestra contundente de ingobernabilidad y hasta como el Ayotzinapa de López Obrador, según caracteriza-ción de uno de los golpeadores profesionales de los medios oligárquicos.
Sería cómico, si no fuera grotesco, que Acción Nacional se presente ahora como feminista y que para probarlo proponga castigar los feminicidios con pena de muerte.
Resulta impostergable restablecer la articulación entre los movimientos de las mujeres y la transformación nacional en curso y aceptar una verdad ineludible: la Cuarta Transformación será feminista o no será.
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Con apenas 19 años de edad, Alejandra vive refugiada durante la contingencia sanitaria. Foto/ Refugio de mujeres
Una joven es encontrada sin vida el 2 de mayo en la Ciudad de México, en plena fase 3 de la pandemia. Foto / Brian Torres
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