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Covid, vuelta a clases y el apocalipsis de julio de 2022

Por: Aram Aharonian

América Latina vio hace un año cumplir sus peores presagios: un brasileño que llegó de Italia daba positivo en Sao Paulo el 26 de febrero de 2020 por covid-19 y hacía saltar las alarmas en la región, con sistemas de salud –quizá- más frágiles que en Europa. Desde entonces, 21 millones de latinoamericanos se han contagiado y casi 700.000 han muerto.

Hoy, el llamado a la vuelta presencial a las aulas de clases pareciera ser un común denominador de muchos de los gobiernos en América Latina, que han pautado el mes de marzo para esta convocatoria. La propaganda oficial, encubierta con un discurso de legitimación con narrativas de Unesco y Unicef,  trata de esconder los enormes intereses mercantiles que subyacen detrás de esta convocatoria.Cuidados. Unas 16 provincias ya publicaron en sus sitios web las medidas para la reapertura escolar.

Mientras, la debacle económica amenaza con lastrar los avances conseguidos y el futuro de una región que ha perdido los caminos de la integración y unidad, tan necesarias en épocas de crisis económicas, sociales, sanitarias, ambientales.

Pero no cante victoria: Dos sesudos técnicos del Fondo Monetario Internacional dibujaron el escenario posible de la pospandemia en julio de 2022, cuando los gobiernos piensan que lo peor ya ha pasado, tras una campaña exhaustiva de vacunas y paquetes billonarios de reactivación económica: el mundo, de repente, se enciende, hay batallas campales en cientos de ciudades, y los edificios en llamas se proyectan en millones de pantallas de televisión. Los gobiernos caen en elecciones tumultuosas. Apocalipsis el año que viene.

Philip Barrett y Sophia Chen, técnicos del FMI,  en su informe Las repercusiones sociales de las pandemias (enero del 2021) señalan que una pandemia “pone de manifiesto las fracturas ya existentes en la sociedad: la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos”.

A partir de un análisis de millones de artículos de prensa publicados desde 1985 en 130 países, el FMI elaboró un índice de malestar social que permite cuantificar la probabilidad de una explosión de protestas como consecuencia de la pandemia. Los técnicos relacionan los casos de estallidos sociales con 11.000 diferentes acontecimientos ocurridos desde los años ochenta: desastres naturales como inundaciones, terremotos o huracanes, así como epidemias.

Los expertos descubren “una relación positiva y significativa” entre desastres, epidemias y estallidos sociales. Muchos lo entendimos por experiencia o instintivamente, pero lo interesante del análisis del FMI es la relación cronológica que identifica entre las epidemias y los estallidos sociales, donde hay un importante efecto retraso de hasta dos años, que separan el momento álgido de la epidemia de las rebeliones.

Seguimos sufriendo

Un total de 20.747.458 casos de Covid-19 han sido registrados en América Latina y el Caribe. Brasil es el país más afectado por esta pandemia en la región, con alrededor de 10,5 millones de casos confirmados y 254 mil muertos. Colombia se ubica en segundo lugar, con más de 2,2 millones de infectados y casi 60 mil decesos.  México y Argentina registraron poco más de dos millones de contagios, con 185 mil y 52 mil decesos, respectivamente.

La llegada de las primeras vacunas ofrece esperanza pero la desigualdad en el acceso a más lotes, el reto logístico y la lentitud en su distribución, además de la corrupción, invitan a la precaución. Además, las nuevas variantes evidencian que el virus está lejos de controlarse en la región epicentro mundial de la pandemia. “Quiero enfatizar que ciertamente no estamos fuera de peligro”, aseveró la directora general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne.

El impacto de un año de pandemia se centró en las mujeres, los alumnos pobres, en la clase media y por supuesto, en la gente que tenía comorbilidades y la gente mayor. Esos son los grandes perdedores en la región.  Un impacto recrudecido en Centroamérica, que tuvo que hacer frente a la crisis sanitaria y al embate de los huracanes Eta e Iota en octubre y noviembre, con gente en refugios sin poder aislarse. La Cepal advirtió que cerrarán 2,7 millones de empresas en América Latina y se perderán unos nueve millones de empleos.

La educación

Volviendo a la educación y la pandemia, las condiciones materiales de vida de la población estudiantil y docente fueron y siguen estando seriamente afectadas por la covid-19.  Muchas familias han sufrido sus estragos  y ahora los gobiernos, sin que previamente se haya vacunado a docentes y estudiantes, pretenden la reapertura general o parcial de las escuelas, lo cual atenta contra el derecho humano a la vida.

La precariedad de las condiciones de bioseguridad y los limitados o inexistentes apoyos institucionales para garantizar los protocolos que ella conlleva pueden derivar en una tragedia que afectará fundamentalmente a los trabajadores de la educación y, sobre todo, a les hijes de las familias de menos recursos, señala Otras voces en Educación.

En toda América Latina y el Caribe los sueldos y salarios docentes se han deteriorado mientras, aprovechando la precaria capacidad de movilización del magisterio, se atacan conquistas sociales importantes.

Fuente e imagen: http://estrategia.la/2021/03/01/covid-vuelta-a-clases-y-el-apocalipsis-de-julio-de-2022/

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Latinoamérica, trabajo infantil y neoliberalismo

Por Hedelberto López Blanch

La pandemia de covid-19 ha destapado con fuerza que las verdaderas causas por las que sobrevive gran parte de la población latinoamericana se debe fundamentalmente a los sistemas capitalistas neoliberales instaurados en la región.

Responsables directos son los regímenes derechistas, muchas veces encabezados por millonarios o por políticos dirigidos desde Washington, que acatan todas las leyes de controles financieros y económicos impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Uno de los sectores sociales que ha sido más golpeado por la crisis económica mundial y las políticas de globalización neoliberal y de privatizaciones que tomaron auge en los últimos años ha sido el de la niñez.

América Latina y el Caribe por sus antecedentes de desigualdad será una de las regiones más afectadas del orbe por la pandemia. Se afirma que América del Sur encabezará esa negativa lista al sumar otros 11 millones de menores que vivirán en la pobreza; América Central y México con casi 4 millones adicionales y el Caribe agregará otro millón.

Como consecuencia directa, en muchos países latinoamericanos, los niños y adolescentes en vez de ir a las escuelas, laboran en minas, fabricas de ladrillos o muebles, limpian cristales de autos, o trabajan en  pedregales a tiempo completo.

Ellos ganan centavos o en el mejor de los casos unos pocos dólares al día para tratar de poner alguna comida en la mesa de sus familias. Además de ser mano de obra clandestina, los menores no tienen ningún respaldo social ni perciben subsidios sociales en caso de enfermedad o accidente.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Educación y la Infancia (Unicef) señala que 600 millones de niños viven en la pobreza; a 131 millones se les niega el derecho a la educación; 352 millones están obligados a trabajar; más de dos millones son forzados a ejercer la prostitución o utilizados en la pornografía, y un altísimo número muere a consecuencia de enfermedades prevenibles o son víctimas del tráfico de seres humanos.

En medio de la crisis de la Covid-19, los estudiantes abandonan sistemas precarios escolares, a la par que el cierre de escuelas ha afectado a más de 1 500 millones de menores en todo el mundo y la Unicef calcula que la cifra puede seguir en aumento.

Esa organización de Naciones Unidas rememora que ya América Latina era una región desigual antes de la llegada de la pandemia, una de las razones del aumento de la pobreza entre menores y que en 2020 la región podría terminar con más de 11 600 000 desempleados que incidirán en mayor discriminación infantil.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puntualiza que en Latinoamérica el panorama es muy complejo si se tiene en cuenta que hasta el 60 % de los niños entre 0 y 4 años pertenece a un hogar donde sus padres no tienen trabajo o padecen mediocres condiciones laborales.

La covid-19, aseguran los expertos de la ONU, ha provocado un retroceso de 10 años en toda la región dando un giro de 180 grados a los pequeños logros que se habían alcanzado en la lucha contra la pobreza infantil.

En el ámbito mundial, la organización No Gubernamental Oxfam indica que la inseguridad que enfrentan muchas familias frente a la pandemia del nuevo coronavirus se debe a que la mayoría de los gobiernos no pusieron en marcha durante las últimas décadas políticas efectivas en materias de salud fiscal y laborales que redujeran la brecha entre ricos y pobres, lo cual hubiera permitido que las economías fueran más resistentes a los choques actuales.

Por esos motivos, se espera que en 2021, entre 300 y 500 millones de personas engrosen las filas de los pobres debido a que la pandemia ha provocado la caída de la inversión extranjera en los países en desarrollo, gran baja en la economía turística, disminución en el precio de las materias primas agrícolas y pérdida de puestos de trabajo.

En este contexto, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), Alicia Bárcena informó que “en 2020 habrá una caída de la inversión extranjera a nivel mundial del 40 % y en América Latina será de entre el 45 % y 55 %, o sea, la región donde bajará más la inversión extranjera directa”.

En Latinoamérica para minimizar esa precaria situación se hace necesario que los gobiernos impulsen políticas sociales que beneficien a las grandes mayorías empobrecidas.

Para eso, regímenes como el colombiano, brasileño, chileno, ecuatoriano, paraguayo, guatemalteco, hondureño, salvadoreño, entre otros, deben quitarse las ataduras neoliberales que les imponen desde Estados Unidos a través de los organismos financieros internacionales.

Como colofón se puede afirmar sin equívocos que la aplicación del neoliberalismo ha fracasado en Latinoamérica.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

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I Congreso Mundial de Educación 2020. Carlos Munévar: El Magisterio Colombiano Está En Resistencia Contra El Fascismo.

Allí donde el capitalismo siembra muerte, los maestros y maestras siembran vida

Donde el neoliberalismo siembra fragmentación, la educación pública siembra solidaridad

La lucha del pueblo es la lucha de las y los profes.

Educación y sindicalismo son dos conceptos que se encuentran íntimamente relacionados en Colombia, gracias al ejercicio combativo, reivindicativo y coherente de FECODE en defensa de la educación pública, que cabe recordar, es una conquista de maestros y maestras, de otra forma no existiría y la situación para los sectores sociales vulnerables y las comunidades educativas serían aún peor de lo que es hoy en día.

se ha repetido hasta la saciedad que la pandemia de Covid19 desnudó las falencias del paradigma neoliberal y que además está siendo aprovechado por las corporaciones y gobiernos proclives al modelo para profundizar la explotación, el despojo, la acumulación de capital y la destrucción del “Estado de bienestar”,  es de importancia fundamental entender que Latinoamérica como región cultural y geográfica ha sufrido efectos catastróficos en su ya menguada economía pero más trascendental  aún es la crisis social, humanitaria, que sufren sus sociedades que históricamente, salvo pequeños relámpagos fugaces de gobiernos con visos de izquierda y una agenda de gobierno  con contenido social, han estado gobernadas por sectores alineados con la política imperialista de los Estados Unidos y desde hace 40 años aproximadamente siguen al pie de la letra las recetas neoliberales impuesta por el consenso de Washington y los Chicago Boys, lo que debilitó los sistemas públicos de salud, educación, seguridad social y transformó sus economías en escenarios de especulación financiera con poco control estatal hacia las grandes corporaciones, preparando el camino para altas tasas de desempleo y una flexibilización laboral sin precedentes a costa de la pérdida de derechos ya adquiridos a través de la lucha sindical y gremial.

En ese escenario Colombia tiene unas peculiaridades que evidencian profundos retos para el sindicalismo y las luchas sociales. En palabras de Renán Vega, el Estado colombiano desarrolla una política de “contrainsurgencia laboral” macabra, pero además una constante criminalización de la protesta social ( 9 y 10 septiembre), situación agudizada en el marco de un conflicto armado interno, en donde los gobiernos de turno han implantado la idea en amplios sectores de la sociedad acerca de cómo las protestas y huelgas son organizadas por grupos extremistas, terroristas y subversivos infiltrados en las empresas con el ánimo de destruir los bienes privados, subvertir el orden público, acabar con el capital de unos pocos, añadiéndole que  se les endosa a los sindicatos la responsabilidad de la quiebra de las empresas, el enriquecimiento de sus líderes a costa de la miseria y el desempleo de los trabajadores, motivo por el cual casi que se justifica tácitamente la persecución de los sindicalistas, su encarcelamiento, su perfilamiento e incluso el asesinato a sus dirigentes.

Esta cultura “antisindical” y de criminalización de la protesta social,  que históricamente se ha desarrollado casi como política de Estado – basta recordar la masacre de las bananeras en 1928 –  ha sido llevada a niveles aberrantes por el uribismo y sus sectores afines, quienes desde hace ya 20 años monopolizan el poder político  y militar del país, confabulados con amplios sectores del empresariado y la banca nacional como también con transnacionales y corporaciones, de esta manera durante las últimas dos décadas paralelamente al asesinato sistemático de sindicalistas, educadores y líderes sociales,  se ha adelantado una contrarreforma laboral permanente que ha ido destruyendo uno a uno los derechos  que durante 100 años los y las  trabajadoras colombianas fueron obteniendo al calor de las movilizaciones y la lucha.

Las cifras son alucinantes, basta ver el porcentaje de sindicalización para entender el trágico panorama de los trabajadores colombianos, las reformas uribistas han venido golpeando muy duro la afiliación a los sindicatos, que se encuentra entre las mas bajas del continente, así mismo la tasa de sindicalistas exterminados en Colombia es 5 veces mayor a la del resto de países, Esto explica el por qué solo se encuentra sindicalizado el 3,4% del total de los trabajadores, razón suficiente para considerar a Colombia como el país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo y donde la justicia es menos efectiva, pues menos del 10% de los asesinatos a sindicalistas reportados desde 1986 han sido condenados. Cabe anotar que mas de 3100 sindicalistas han sido asesinados en los últimos 40 años y de ellos más de 1000 pertenecían a FECODE.

 

Teniendo esta perspectiva es menester indicar que la situación descrita y la persecución, estigmatización y señalamientos reiterativos del regimen contra los maestros y maestras colombianas afecta directamente el ejercicio pedagógico y el papel de la escuela pública como escenario de construcción del conocimiento. Si bien la Federación a enarbolado la bandera de la Escuela como territorio de paz, la realidad desborda las intenciones. Desafortunadamente esa cultura antisindical y mezquina hacia los educadores y educadoras colombianas se ha mezclado con una política de desfinanciación de la escuela pública mientras que a la par se impulsa la privatización endógena y exógena, manifestándose en una crisis estructural del sistema educativo que toca todos los aspectos de la vida escolar y de las comunidades.

El estado de guerra permanente al cual se ha sometido al pueblo colombiano ha creado un estado de excepción en donde se ha relativizado la justicia y las leyes, al mismo tiempo que se ha normalizado la barbarie, imponiendo una necropolitica que actúa con total impunidad y corrupción, los fenómenos de desposesión y neocolonialismo corporativo apoyados en el ejercicio de máquinas de guerra estatales y para – estatales han ocasionado el desplazamiento de comunidades , el ataque y la eliminación sistemática de pueblos ancestrales, la privatización de extensos territorios y la entrega de los recursos naturales a multinacionales mineras.  En nombre de la “seguridad” se han invertido billones de dólares en el aparato represivo del Estado, mientras que la educación apenas recibe migajas obtenidas al calor de las movilizaciones del magisterio colombiano.

De esta manera se ha reproducido una sociedad violenta, patriarcal, antidemocrática, excluyente, contra la cual es necesario luchar desde los escenarios educativos, los educadores, intelectuales, pedagogos y demás sujetos vinculados a la escuela no pueden permitirse estar de espaldas a la realidad de sus comunidades, para ello es imperante rescatar al maestro como sujeto político que pone la pedagogía en clave de emancipación y no al servicio de las lógicas mercantiles.

El movimiento sindical magisterial enfrenta a nivel externo al poder suprainstitucional ejercido por la OCDE, el FMI, el Banco Mundial y otros organismos internacionales. A nivel nacional enfrenta lo que algunos han denominado un cogobierno corporativo, en donde poderosos gremios patrocinan las elecciones y luego disfrutan de la inversión económica a costa de una democracia corrompida. A nivel discursivo enfrentan por un lado el estado de opinión que astutamente el uribismo ha ido imponiendo, apoyándose en todo un “ejército” de “líderes de opinión” que ejercen un papel casi “de mercenarios del micrófono” desde los medios de comunicación privados y oficialistas. Por otro lado, nociones culturales muy arraigadas que terminan invisibilizando, discriminando y censurando el ejercicio del maestro/a como pedagogo, sujeto político y transformador de realidades. Al mismo tiempo en el interior de las organizaciones sindicales se enfrentan procesos relacionados con la crisis del ejercicio democrático, burocratización, corrupción, pérdida del horizonte político pedagógico, paralelismo sindical, y acomodamientos de fuerzas que utilizan las organizaciones para intereses particulares, dejando en segundo plano las luchas gremiales y ocasionan la despedagogización de la lucha.

Desde la Red de maestros y maestras La Roja creemos que en este momento histórico la transformación educativa debe estar subscrita a la organización, unidad  y fortalecimiento de los sindicatos de educadores a través del mundo, a la desobediencia férrea y la resistencia activa y creativa, el capitalismo viene mostrando su cara más horrible dentro de la pandemia y como educadores  estamos llamados a defender a la escuela publica como baluarte de la democracia, como un logro fundamental en la lucha histórica por la emancipación de los pueblos oprimidos, en momentos en donde el capitalismo mercantiliza la vida, los recursos naturales y el conocimiento, debemos transformar a la escuela en un espacio de resistencia del conocimiento como bien común de la humanidad, como construcción colectiva que debe dignificar al ser humano, como espacio de desarrollo del pensamiento crítico que transforme realidades, en donde la tecnología esté al servicio de la humanidad y no sea privilegio que discrimine y profundice las inequidades.  En ese escenario es necesario rescatar el papel del sujeto – maestro y su  rol fundamental en la escuela como protagonista de la reflexión pedagógica y didáctica para la construcción de escenarios educativos alternativos, , deconstrucción de los discursos institucionales, develando las intencionalidades de sus  políticas, pero también ejerciendo su papel en las propuestas y apuestas por una sociedad diferente a partir de la valoración de la memoria colectiva y  el análisis de las actuales condiciones en contra de la arremetida de las tendencias   fascistas  y el neoliberalismo como forma brutal de desposesión, destrucción del medio ambiente y deshumanización.

Mesa: Gremialismo, sindicalismo democrático y transformación educativa

Carlos Alberto Munévar

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Pandemia: la Casa Blanca y el FMI los primeros infectados

Por:  Atilio A. Boron

Guerras, crisis económicas, desastres naturales y pandemias son acontecimientos catastróficos que sacan lo peor y lo mejor de las personas –tanto de los dirigentes como del común de las gentes- y también de los actores e instituciones sociales. Es en esas circunstancias tan adversas como las bellas palabras se desvanecen en el aire y dan lugar a las acciones y comportamientos concretos.

Días pasados y apenas conteniendo las lágrimas el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, denunció ante las cámaras el gran engaño de la “solidaridad europea”. No existe tal cosa, dijo Vucic, es un cuento de niños, un papel mojado. Renglón seguido agradeció la colaboración de la República Popular China. Y tenía razón en su queja. Desde Latinoamérica advertimos hace mucho que la Unión Europea era un mezquino tinglado diseñado para beneficiar más que nada a Alemania a través de su control del Banco Central Europeo (BCE) y con el euro someter a los países de la Eurozona a los caprichos -o los intereses- de Berlín. La titubeante reacción inicial del BCE ante un pedido excepcional de ayuda de Italia para enfrentar la pandemia que está devastando la península mostró por unas horas lo mismo que había denunciado el líder serbio. Un escandaloso “sálvese quien pueda” que echa por tierra las edulcoradas retóricas sobre la “Europa de los ciudadanos”, la “Europa una y múltiple” y otras divagaciones por el estilo. Cuento de niños, como dijo Vucic.

Lo mismo y más todavía vale para la pandilla de hampones que se ha instalado en la Casa Blanca de la mano de Donald Trump quien ante un Irán fuertemente afectado por la pandemia lo único que se le ocurrió fue escalar las sanciones económicas en contra de Teherán. Tampoco dio muestras de reconsiderar su genocida política del bloqueo a Cuba y a Venezuela. Mientras Cuba, la solidaridad internacional hecha nación, auxilia a los viajeros británicos del crucero Braemar boyando en el Caribe, Washington envía 30.000 soldados a Europa y sus ciudadanos, alentados por el “capo” salen a enfrentar la epidemia ¡comprando armas de fuego! Nada más para argumentar.

Fiel a sus patronos el Fondo Monetario Internacional demostró por enésima vez que es uno de los focos de la podredumbre moral del planeta, que una vez que pase esta pandemia seguramente tendrá sus días contados. En una decisión que lo hunde en las cloacas de la historia rechazó una solicitud de 5.000 millones de dólares elevada por el gobierno de Nicolás Maduro apelando al Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) especialmente creado para socorrer a países afectados por el COVID19. La razón aludida para la denegación del pedido arrasa con cualquier atisbo de legalidad porque dice, textualmente, que «el compromiso del FMI con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la comunidad internacional, como se refleja en la membresía del FMI. No hay claridad sobre el reconocimiento en ese momento».

Dos comentarios sobre este miserable exabrupto: primero, todavía hoy en el sitio web del FMI figura la República Bolivariana de Venezuela como país miembro. Por lo tanto la claridad “sobre el reconocimiento” es total, enceguecedora. Claro que no alcanza para ocultar el hecho de que la ayuda se le niega a Caracas por razones rastreramente políticas. Segundo, ¿desde cuándo el reconocimiento de un gobierno depende de la opinión amorfa de la comunidad internacional y no de los órganos que la institucionalizan, como el sistema de Naciones Unidas? Venezuela es miembro de la ONU, es uno de los 51 países que fundaron la organización en 1945 e integra varias de sus comisiones especializadas. La famosa “comunidad internacional” mencionada para hostilizar a Venezuela por personajuchos como Trump, Piñera, Duque, Lenín Moreno y otros de su calaña es una burda ficción, como Juan Guaidó, que no llega a sumar 50 países de los 193 que integran las Naciones Unidas.

Por consiguiente, las razones profundas de esta denegatoria nada  tienen que ver con lo que dijo el vocero del FMI y son las mismas que explican el absurdo préstamo de 56.000 millones de dólares concedidos al corrupto gobierno de Mauricio Macri y que fuera mayoritariamente utilizado para facilitar la fuga de capitales hacia las guaridas fiscales que Estados Unidos y sus socios europeos tienen diseminadas por todo el mundo. Espero fervientemente que la pandemia (que es económica también) y el desastre del préstamo a Macri se conviertan en los dos lóbregos sepultureros de una institución como el FMI que, desde su creación en 1944, sumió a centenares de millones de personas en el hambre, la pobreza, la enfermedad y la muerte con sus recomendaciones y condicionalidades. Razones profundas, decíamos, que en última instancia remiten a algo muy simple: el FMI no es otra cosa que un dócil instrumento de la Casa Blanca y hace lo que el inquilino de turno le ordena. Quiere asfixiar a Venezuela y el Fondo hace sus deberes.
No faltarán quienes me achaquen que esta interpretación es  producto de un alucinado antiimperialismo. Por eso he tomado la costumbre de apelar cada día más a lo que dicen mis adversarios para defender mis puntos de vista y desarmar a la derecha semianalfabeta y reaccionaria  que medra por estas latitudes. Leamos lo que escribió hace poco más de veinte años Zbigniew Brzezinski en un texto clásico y uno de mis libros de cabecera: “El Gran Tablero Mundial. La Supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos” en relación al FMI y al Banco Mundial. Hablando de las alianzas e instituciones internacionales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial dijo que  “Además, también debe incluirse como parte del sistema estadounidense la red global de organizaciones especializadas, particularmente  las instituciones financieras internacionales. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se consideran representantes de los intereses “globales” y de circunscripción global. En realidad, empero, son instituciones fuertemente dominadas por los Estados Unidos y sus orígenes se remontan a iniciativas estadounidenses, particularmente la Conferencia de Bretton Woods de 1944.” (pp. 36-37)

¿Hace falta decir algo más?  Brzezinski fue un furioso anticomunista y antimarxista. Pero como gran estratega del imperio debía reconocer los datos de la realidad, de lo contrario sus consejos serían puras insensateces. Y lo que él dijo y escribió es inobjetable. Concluyo agregando mi confianza en que Cuba y Venezuela, sus pueblos y sus gobiernos, saldrán airosos de esta durísima prueba a la que se ven sometidos por la inmoralidad y prepotencia del dictador mundial, que se cree con derechos de decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer, pensar y decir, en este caso a través del FMI. No habrá que esperar mucho para que la historia le propine una lección inolvidable, para él y sus lacayos regionales.

Fuente e imagen: https://rebelion.org/pandemia-la-casa-blanca-y-el-fmi-los-primeros-infectados/

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El comercio global y la economía capitalista están enfermas, confirma (y oculta) la OMC

Por: Eduardo Camín

No hay dudas: nuestra economía capitalista está enferma y su enfermedad es grave. Mas allá de que la mayoría de los eruditos tiene un diagnóstico preciso y hasta quizá una cura, sigue enferma, reproduciendo sin cesar los mismos síntomas.

El comercio global comienza a agotar su crecimiento. Los últimos informes que muestran la actividad económica que arroja el comercio internacional, nos demuestran una clara desaceleración del número de transacciones, el cual ya crece a sus peores ritmos de crecimiento desde la gran crisis financiera.

Según los datos que arroja la Organización Mundial del Comercio (OMC), las previsiones del comercio global para los próximos años no son todo lo buenas que se esperaban. Aunque, a priori, se esperaban unos ritmos de crecimiento elevados para los próximos años, el deterioro del balance de riesgos ha provocado una mayor desaceleración.

Dado que la incertidumbre económica es un factor disuasorio de la inversión, esta puede repercutir negativamente en el comercio, ya que los gastos en inversión suelen depender de las importaciones.

Varios indicadores económicos adelantados y estadísticas comerciales parecen indicar la persistencia del debilitamiento del comercio y la producción durante el primer trimestre de 2020. La OMC ha venido desarrollando una serie de indicadores para proporcionar información «en tiempo real» sobre las tendencias del comercio mundial.

El Barómetro sobre el Comercio de Mercancías, antes denominado Indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial, es un índice fundamental que muestra los cambios del crecimiento del comercio mundial entre dos y tres meses antes que las estadísticas sobre el volumen del comercio de mercancías sean conocidas.

El Barómetro sobre el Comercio de Mercancías combina una gama de índices parciales relacionados con el comercio en un único índice compuesto que pone de relieve los puntos de inflexión del mercado mundial de mercancías y ofrece una indicación de su trayectoria probable en el futuro próximo.

El índice del barómetro sobre el comercio -que se actualiza trimestralmente- muestra cómo se comparan los datos más recientes con las tendencias de corto plazo en el comercio de mercancías. Un índice de 100 indica una expansión del comercio acorde con las tendencias recientes. Índices superiores a 100 indican un crecimiento superior a la tendencia, mientras que los índices inferiores a 100 indican un crecimiento inferior a la tendencia.

Barómetro sobre el Comercio de Servicios

Mientras tanto, como complemento del Barómetro sobre el Comercio de Mercancías y al igual que su contrapartida relativa a las mercancías, el Barómetro sobre el Comercio de Servicios es un indicador coincidente que muestra la situación actual del comercio de servicios con cierta antelación respecto de las estadísticas oficiales.

Ambos barómetros están destinados a complementar las estadísticas comerciales y las previsiones convencionales. Este barómetro pone de relieve los puntos de inflexión e ilustra las pautas cambiantes del comercio mundial de servicios.

El Índice de Actividades de Servicios ofrece una medición aproximada del volumen del comercio mundial de servicios, y se calcula ajustando su valor para tener en cuenta los cambios de los precios y los tipos de cambio de divisas.

Los índices de 100 en el barómetro de servicios indican un crecimiento acorde con las tendencias de mediano plazo; los superiores a 100 indican un crecimiento superior a la tendencia, mientras que los índices inferiores a 100 señalan lo contrario. La dirección del cambio refleja el impulso en comparación con el mes anterior.

El comercio global crece a su peor ritmo desde la gran crisis

Apenas recorrido el primer peldaño del año 2020 el informe de la OMC arroja un sentimiento negativo, de no revertirse la situación. La desaceleración económica que vive el mundo, que está arrastrando a la baja todas las previsiones de crecimiento de las principales economías desarrolladas que conforman el planeta, agrava aún más la situación. Debemos tener en cuenta que uno de los principales motores de crecimiento de la economía mundial es el comercio global.

Todo esto, no debemos olvidar, viene precedido de las tensiones y auges proteccionistas de determinados países. Los tambores de guerra comercial y las continuas tensiones proteccionistas de Estados Unidos y China han acabado por debilitar las transacciones comerciales y los acuerdos de libre comercio.

Aun cuando ambos países hayan encontrado vías de negociaciones, todavía no se ha encontrado la solución que devuelva la normalidad al comercio.

Los informes que muestra el organismo indican cómo, de no corregirse las tensiones comerciales entre las dos economías líderes, las previsiones en materia de comercio internacional podrían sufrir nuevos reajustes a la baja para los próximos años.

El comercio global se encuentra amenazado y, de seguir así, continuará cayendo su actividad. Se debe destacar que a esto se le agrego un nuevo problema en la aparición del COVID-19 (coronavirus).

La crisis se diluye en el discurso

Llevamos, ya algún tiempo estudiando algunos informes premonitorios anunciando la crisis que se viene, o la que ya está desde hace mucho tiempo instalada entre nosotros, resentida como el azote de la injusticia. Otros informes -más optimistas- la esbozaban para el año en curso (2020).

Al menos, los datos de los diferentes organismos internacionales así nos lo confirmaban. No obstante, y a pesar del empirismo elocuente, siempre nos queda la duda con respeto a los aspectos teóricos de la crisis, o a su dialéctica, y retórica, en su valoración discursiva.

La evidencia, en cada Informe sobre el comercio mundial de la OMC nos soslaya los efectos más permisivos de la crisis. Sin dudas que la semántica desempeña un rol importante en la minimización de los hechos, de lo que realmente ocurre, y para eso se emplean eufemismos con los cuales se pretenden ocultar la realidad.

La negación que evidencian estos hechos es un exponente genuino de una mentira vital del sistema capitalista, porque de eso se trata. Si la fuerza de los hechos es demasiado brutal como para poder ser ignorada, siempre es posible alterar su significado.

La mentira vital del sistema, escondida, protegida por el silencio, la coartada y la negación no se revela. Los indicios son minimizados, cuando no ridiculizados o explicados de una u otra manera. ¿Acaso no hemos visto muchos líderes mundiales, manifestar su enojo cuando se hace referencia a esta problemática? La connivencia se sostiene desviando la atención del hecho concreto (la crisis) o reformulando su significado a fin de que resulte aceptable.

Hoy la realidad nos indica que estamos frente a una deuda global récord del 320% del PIB. Nunca se había registrado una deuda de esta dimensión: deudas en el sector privado, deuda corporativa y de los hogares. Y cuando vemos estos datos no deberíamos preguntarnos si el mundo se ha endeudado, sino dónde ha ido toda esa liquidez…¿a la economía real?

Mientras tanto. el Fondo Monetario Internacional advierte que el incremento de la deuda de los hogares puede desencadenar otra crisis. A pesar de las variadas experiencias vividas en la sociedad en lo que respecta a una crisis, ésta no se ha vuelto más cautelosa a la hora de pedir prestado como se podría pensar.

A través de estos ejemplos, podemos observar la fuerza que tiene una atención desviada para ocultar una realidad histórica, que no es más que la profunda crisis del capitalismo.

Las lagunas de la experiencia, disimuladas por los huecos del vocabulario, se hace legión en algunos de los informes. Y por ello necesario ofrecer una mirada más lucida al analizar algunos aspectos que cubren el área marginal de la conciencia, estos velos suelen aparecer en los campos de mayor importancia para nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones y fundamentalmente en la construcción de una realidad.

¿Si somos inducidos con tanta facilidad a ese sueño sutil del sistema capitalista, como podemos hacer para despertarnos? Nos parece que el primer paso en esa dirección seria comprender por qué estamos tan dormidos. En realidad, lo que se esconde es que asistimos al vergonzoso espectáculo del capitalismo neoliberal; que no se puede limitar hoy simplemente a la crisis del multilateralismo.

Hemos visto emerger algunos efectos nefastos relacionados con la globalización, promoviendo políticas de liberalización y libre comercio en virtud de defender las finanzas trasnacionales, la propiedad y las inversiones en desmedro de los derechos de los seres humanos.

La perplejidad es tan grande que algunas voces en el Foro de Davos, paladín del neoliberalismo mundial se preguntan en qué falló el capitalismo, ese capitalismo desregulado, salvaje que arrasó con todo. Y si éstos lo invocan es que el problema es consecuente y peligroso. ¿Será que Marx tenía razón?

Fuente: https://rebelion.org/el-comercio-global-y-la-economia-capitalista-estan-enfermas-confirma-y-oculta-la-omc/

Imagen: https://pixabay.com/photos/coins-banknotes-money-currency-1726618/

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Argentina: La deuda o la vida

La deuda o la vida

Mario Hernández

La cuenta de la deuda eterna: cuando el gobierno de Isabel Perón fue derrocado por el golpe militar de 1976, Argentina debía 5.000 millones. Militares y civiles genocidas estatizaron la deuda privada y dejaron al país endeudado en 43.000 millones. Raúl Alfonsín tras desembolsar más de 10.000 millones, dejó una deuda de algo menos de 60.000 millones. Carlos Menem vendió las empresas públicas para pagar; en una década derivó más de 100.000 millones a los acreedores, mientras la deuda crecía hasta los 150.000 millones. Fernando de la Rúa pagó casi 50.000 millones y huyó con el monto adeudado acrecido hasta 180.000 millones. Eduardo Duhalde pagó algo menos de 20.000 millones (o sea cuatro veces lo que el país debía en 1976). Pero, entregó el mandato con casi 220.000 millones de deuda. Los Kirchner pagaron más de 200.000 millones y tras 12 años dejaron una Argentina endeudada en mucho más de 220.000 millones. Macri en 4 años pagó más de 100.000 millones y dejó la deuda acrecida en 310.000 millones. Argentina pasó de una deuda de 5.000 millones en 1976 a una de 323.177 millones a comienzos de 2020, tras haber pagado en ese período casi 500.000 millones.

El Fondo Monetario Internacional, como prestamista de último recurso, ratificó que no ofrecerá un recorte de su préstamo a Argentina,a pesar del pedido de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que instó al organismo a asumir una pérdida. En tanto, el Gobierno argentino prepara su oferta a los tenedores de bonos soberanos en la que, se espera, se incluya una fuerte quita de capital.

Una misión técnica del FMI abandonó Buenos Aires el 19 de febrero tras reunirse con funcionarios de Argentina y evaluar la sostenibilidad de la deuda del país. Sin embargo, el Gobierno prioriza la reestructuración con los acreedores privados. Es más del doble que la deuda con el FMI, y los vencimientos son cuantiosos a partir de abril, de ahí el objetivo de cerrarla el 31 de marzo. En cambio, el primer vencimiento con el FMI cae en septiembre de 2021 y las sumas más pesadas en 2022 y 2023.

La Argentina es el principal deudor del FMI, con una línea por USD 44.000 millones que equivale al 43% del total que hoy tiene prestados el organismo a sus países miembro. Las tenencias de acreedores privados más que duplican esa cifra.

El FMI estima que la Argentina necesita hacer una “quita” de capital a los acreedores privados cercana al 20%, trato que por estatuto rechaza para sus propias acreencias.

Invoca un estatus de “acreedor privilegiado”, por actuar como “prestamista de última instancia” en situaciones de crisis, cuando se secan otras fuentes de crédito; por cobrar intereses mucho más bajos que los mercados de capital; y porque su capital se conforma con aportes de los 189 países miembros.

El FMI consideró que la deuda externa argentina “no es sostenible” y que, por lo tanto, se requiere que la reestructuración se haga en base a “una contribución apreciable de los acreedores privados”. Esto quiere decir que el organismo abogó por una negociación de deuda que no sólo modifique plazos en el repago de las obligaciones con tenedores privados sino que además implique una considerable quita, ya sea de capital, intereses o ambos.

Al respecto, el vocero de los buitres, Marcelo Bonelli, en Clarín sostuvo el viernes pasado que “Si Argentina quiere cuatro años de gracia debe hacer una contribución inicial de U$S 10.000 millones”. La suma que faltaría ingresar del préstamo del FMI y el actual Gobierno rechazó.

Hubo otros guiños del FMI hacia el gobierno, con consideraciones positivas sobre las primeras medidas implementadas y en relación a la coherencia del plan económico. Sin embargo, el FMI no hizo autocrítica ni se refirió al hecho de que el gobierno anterior aplicó al pie de la letra las recomendaciones del organismo a la hora de tomar los fabulosos créditos de 44.000 millones de dólares en 2018 y 2019, lo cual implica que el fracaso estuvo de entrada en la genética del programa. El Fondo dejó en claro que no acepta ni quitas ni reperfilamiento en sus créditos otorgados, lo cual obliga al gobierno argentino a entrar en un nuevo programa de financiamiento si es que decide pagar los enormes vencimientos de capital previstos para 2022 y 2023. Una de las grandes incógnitas es si el gobierno buscará cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo como llave para resolver la negociación con los acreedores privados. Si bien el acuerdo con el FMI no es una condición necesaria, la secuencia habitual sí supone un entendimiento previo con el organismo.

¿Por qué apoya el FMI las primeras medidas implementadas por el Gobierno?

El aumento que debió otorgarse a las jubilaciones según la legislación suspendida era de 11,56% y en la difusión de las nuevas escalas el gobierno enfatizó el casi 13% para la mínima, asignaciones familiares y la AUH (11,8 millones de personas); incluso difunde que el aumento de la jubilación mínima alcanzó al 18,8% sumando los bonos otorgados por 5.000 pesos en diciembre y enero pasados.

En todas las otras categorías actualizan ingresos por debajo del guarismo oficial, desde 9,80% a quienes perciben 20.000 pesos mensuales, en escala descendente hasta el 3,80% de los que perciben entre 100.000 pesos mensuales y la máxima que era de 103.800 pesos. Se argumenta que el incremento destacado de la mínima alcanza a los 197 pesos al mes, y para el resto de las categorías, pierden por ausencia de actualización, desde $ 352 en los que perciben 20.000 pesos mensuales hasta $ 8.038 en las jubilaciones entre 100.000 a 103.800 pesos al mes.

Se trata de un ahorro en la seguridad social que disminuye el compromiso del gasto social y es por ende calificado como “ajuste”, al tiempo que achata la pirámide de ingresos previsionales.

Entre los anuncios se destaca el Proyecto de ley para modificar el régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos, aumentando los aportes de los activos, elevando progresivamente la edad jubilatoria y reduciendo la relación del haber, del 82/85% a un 60% aproximado. La cuestión de fondo se discutirá bajo el nuevo régimen legal antes de junio próximo.

El ajuste a las jubilaciones tiene por finalidad aumentar el Superávit Fiscal Primario para poder afrontar así el pago de los Intereses de la Deuda Pública.

En esta misma frecuencia, la Anses salió a aclarar que «no está previsto modificar la edad jubilatoria», luego de que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, planteara que «en algún momento esas discusiones las vamos a tener que dar» y que «no es un disparate pensar que una mujer se jubile a los 65 años».

Este martes, Moroni abrió la puerta a la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria. «La expectativa de vida todos los años crece y los sistemas jubilatorios se van a tener que ir adaptando», evaluó Moroni.

Por otra parte, la Argentina estaría dando cumplimiento a otra de las reformas acordadas en el Programa Stand-By con el FMI: la Reforma Laboral mediante la reducción de los costos laborales disminuyendo los salarios reales afectados no solo por la inflación sino también por lo perdido durante el macrismo que se estima en un 20% y la idea del actual gobierno de eliminar los ajustes automáticos por cláusula gatillo.

Ambas medidas tienen por objeto disminuir el Gasto Social Total del Estado – incluyendo las Asignaciones Familiares, la Asignación Universal por Hijo y los Subsidios Personales – merced a la desactualización frente a la Inflación.

“De esta manera, sin decirlo y dejando que el tiempo actúe de hecho a favor de estas modificaciones que se están produciendo, el gobierno FF está llevando a cabo las recomendaciones y compromisos acordados con el FMI en materia de Superávit Fiscal

Primario y de Reformas Estructurales, con lo que allanaría el camino de cumplimiento de lo pactado por la administración Macri y facilitaría así el entendimiento con el FMI”, afirma el economista Héctor Giuliano en “LA DEUDA PÚBLICA EN LA CUENTA REGRESIVA”.

Las negociaciones secretas siguen así su curso mientras el gobierno busca generar resultados presentables a los Acreedores y Organismos Multilaterales de Crédito en materia de Ajuste Fiscal y Reformas Estructurales que garanticen la capacidad de repago de los Intereses de la Deuda Pública para que nuestro país pueda así volver a colocar Deuda Nueva en los Mercados Internacionales.

Reperfilando las paritarias

Trascendió que Armando Cavalieri ya habría acordado un esquema de sumas fijas definidas por el Poder Ejecutivo al ritmo de la negociación con el FMI.

El plan del gobierno es una “tregua salarial” hasta mayo y “acuerdo social con pauta general” una vez renegociada la deuda. Con esos condicionamientos el aumento no dependerá de las necesidades de las familias trabajadoras ($ 40.373), sino de la “sostenibilidad de la deuda”.

Uno de los gremios pesados de la CGT decidió ofrecerse como ejemplo. El “eterno” Armando Cavalieri avanzó en un acuerdo con el ministerio de Trabajo. El Sindicato de Comercio estaría a punto de acordar un aumento que implicaría, en una primera etapa, absorber la suma fija de $ 4.000 decretada por el Gobierno y sumarle $ 2.000 para cerrar el primer trimestre. Así el aumento interanual alcanzaría un 52%, casi tres puntos por debajo de la inflación oficial. En una segunda etapa, acordar una suma fija remunerativa para los meses de abril, mayo, junio, y posiblemente julio. Con esa suma, el básico de los empleados y empleadas de Comercio queda arañando la línea de pobreza del Indec.

El caso testigo de Comercio tiene la función de marcar los objetivos del Gobierno para las paritarias 2020. Cavalieri es solo el abanderado de una política que involucra a todas las cúpulas sindicales. Héctor Daer se reunió con Alberto Fernández hace pocos días, donde no habló de las paritarias libres y directamente dejó de lado el reclamo de “cláusula gatillo”. Como también lo hizo Hugo Yasky, de la CTA. Parece que la unificación de las centrales sindicales que proponen algunos de sus dirigentes tendrá como primera pelea anestesiar las expectativas de trabajadores y trabajadoras de recuperar su poder adquisitivo.

Al respecto, el secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo «Cachorro» Godoy, se diferenció este lunes de otros sindicalistas y no descartó la incorporación de la «cláusula gatillo» en el marco de las negociaciones paritarias que se avecinan.

«Está demostrado que a la inflación no la genera la evolución de los salarios. El último año, éstos perdieron entre un 15 y 20 % y, en el caso de los estatales, un 25 % de la capacidad de ingreso», explicó Godoy.

«Aun con servicios congelados, naftas con incrementos limitados y dólar planchado, los precios siguen aumentando. Eso demuestra que la espiral inflacionaria no la generan los salarios, sino las especulaciones de unas 200 empresas, que bien podrían ser controladas por el Estado, pero no hay políticas activas al respecto», concluyó.

También Carlos Acuña, uno de los integrantes del binomio que conduce la CGT, polemizó con el concepto esgrimido por el Ejecutivo acerca de que las cláusulas gatillo serán eliminadas porque “indexan la economía”. Disparó: “pareciera que los responsables de la inflación fueran los salarios». Y agregó: “en campaña se comprometen y después nos dan la espalda».

Los alimentos subieron en enero el doble (4,7%) que el costo de vida (2,3%). Y en 15 días de febrero otro 2%.

Un relevamiento nacional de precios efectuado por integrantes de Libres del Sur, Barrios de Pie, Jóvenes de Pie, el movimiento universitario SUR, Libres y Diverses y MuMaLa (Mujeres de la Matria Latinoamericana) en distintas ciudades argentinas indican incrementos cercanos al 20% en arroz, azúcar y yerba, y superior al 10 % en pan, manteca y asado. El promedio de subas es de 9,88%.

Además, las agrupaciones corroboraron que en la mayoría de los supermercados hay un faltante de los alimentos que tienen los Precios Cuidados.

Ante la falta de acuerdo en la paritaria, el gobierno de Axel Kicillof resolvió otorgar por decreto un aumento de 4.000 pesos a los trabajadores estatales, a pagar en dos cuotas, con los sueldos de febrero y marzo.

El Ejecutivo comunicó esta decisión luego de que fracasara una nueva reunión con los gremios ATE, FEGEPPBA y UPCN por la paritaria 2020. En concreto, se replicará la decisión nacional de otorgar una suma fija remunerativa de 4.000 pesos, aunque en este caso será percibida por todos los trabajadores del Estado bonaerense, incluidos los médicos.

A diferencia de Nación, en donde se dispuso que lo cobren quienes tienen sueldos de hasta 60.000 pesos, en Provincia no habrá tope salarial y será percibida por todos los empleados de la Ley 10.430 y también por los profesionales de la salud, cuyo trabajo está regulado por la Ley 10.471. No lo cobrarán los docentes ni los judiciales.

La discusión salarial 2019, que quedó inconclusa durante el gobierno de María Eugenia Vidal, volverá a retomarse en las futuras mesas técnicas: los gremios aseguran que perdieron más de 25 puntos frente a la inflación.

Oscar de Isasi, secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, indicó que “desde ATE se planteó que era absolutamente insuficiente el planteo salarial del gobierno y todo el arco sindical ratificó lo expuesto por nuestra organización.Además agregó“frente a lo que expusimos el gobierno expresó que sigue abierta la paritaria y que nos van a convocar para seguir discutiendo salario”.

El Gobierno aclaró que la doble indemnización que regirá hasta mitad de año no podrá aplicarse a trabajadores del sector público nacional, luego de que jerárquicos de empresas estatales advirtieran que no planeaban dejar sus cargos sin cobrar ese beneficio. La explicación, plasmada en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), forma parte de un plan de la administración de Alberto Fernández orientado a delimitar con la mayor claridad posible la condición de político de un cargo en el Estado.

Sólo en la Administración pública nacional (ministerios y organismos descentralizados) hay más de 4.000 cargos considerados “políticos” en tanto que existe un número, por ahora indeterminado aunque quizás superior, en las empresas y sociedades ligadas al Estado como YPF, Aerolíneas Argentinas, Arsat, entre otras, con salarios que llegan a oscilar de los 100.000 a los 500.000 pesos. A ese tipo de cargos apuntó el DNU publicado ayer en el Boletín Oficial que los privó del derecho de reclamar por la doble indemnización.

La decisión encendió las alarmas en algunos sectores gremiales del Estado por la eventualidad de que pudiese ser utilizada para facilitar despidos indiscriminados.

El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, admitió que la norma “evidentemente está destinada a los funcionarios macristas que no dejaron sus puestos cuando cambió el Gobierno”, lo que tildó de “actitud deshonesta, repudiable y, en algunos casos, ilegal”, aunque advirtió que “esta medida de carácter general puede afectar también a trabajadores que eventualmente sean despedidos de empresas estatales”.

Docentes

El titular de Suteba, Roberto Baradel, puntualizó que durante esta semana el gremio será convocado para mantener negociaciones respecto a los salarios docentes y aseguró: «a este gobierno le vamos a pedir más que a Vidal».

En declaraciones formuladas aseguró: «lo que vamos a plantear a nivel nacional y provincial son discusiones que nos permitan no solamente no perder poder adquisitivo sino mejorar las condiciones de los salarios docentes».

Gremios docentes adheridos a la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGTRA), AMET, CEA y UDA, exigieron al Ministro de la Nación, Nicolás Trotta, la urgente convocatoria a paritarias.

Advierten que “no somos responsables si la mentada dilación afecta las negociaciones jurisdiccionales y el normal inicio del ciclo lectivo”.

Al respecto, Nicolás Trotta, ratificó el compromiso de que durante el 2020 «los salarios de los docentes le ganen a la inflación», lo que requerirá «un esfuerzo de las provincias y el Estado Nacional en una realidad fiscal tan compleja» y pidió «responsabilidad», de cara a la paritaria nacional que continuará la semana próxima.

Si bien el gobierno de Chubut había previsto el inicio de las actividades escolares para el 18 de febrero, en Esquel no ocurrió así: la mayoría de las escuelas permanecieron sin actividad ya que se mantuvo el paro de auxiliares de la educación por 48 horas y pese a que el sindicato no llamó a paro, hubo una presentación masiva de retenciones de servicios.

ATECh había llamado a asambleas escolares para el día martes y miércoles. Sin embargo, debido a la urgencia del conflicto, muchas escuelas realizaron asambleas el lunes y mandataron. En su mayoría se rechazó la “propuesta” del gobierno, porque no cumple con los acuerdos firmados en noviembre del año 2019. El único gremio que realizó paro fue SADOP, que nuclea a los docentes de escuelas privadas.

Un centenar de docentes de varias escuelas del nivel medio se autoconvocaron en el local de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) de Esquel para pedir explicaciones sobre la dilatación de los tiempos que la conducción genera para resolver el conflicto.Un afiliado subrayaba en referencia a la conducción del sindicato: “están haciendo el juego al gobierno. El gobierno nacional tiene una línea: banca al gobierno provincial, que tiene otra línea parecida. Los partidos políticos hacen su juego. Y los sindicatos pegados a los partidos políticos y a los gobiernos hacen su juego, completamente en contra nuestra. Si ponemos un poquito la lupa en lo que se lee en las noticias, en lo que dicen ustedes, es claro que les están dando tiempo, que le dieron tiempo a Arcioni, que jugaron el juego que les pidieron desde el gobierno nacional. Está a la vista las razones de por qué no se puede creer en el sindicato. En el 2018 se firmó y no se cumplió. En el último mandato del 2019 se firmó y no se cumplió. Lo dijo Goodman: si no están las condiciones, sino se cumple con todo, no arrancamos. Listo. Es más, gente del sindicato diciendo que están dadas las condiciones, que está todo más o menos bien”.

Los trascendidos en algunos medios sobre personas muy afines al sindicato que estarían trabajando en el Ministerio, la representatividad para las escuelas de ciclo invertido, que debían empezar las clases a mediados de enero y no lo hicieron por falta de transporte escolar y por retención de servicio, fueron otros temas cuestionados a la conducción del gremio.

En el caso de Santa Cruz, la gobernadora Alicia Kirchner ofreció una suma fija de 2.000 pesos a pagar en marzo. La comisión directiva de Adosac (Asociación de Docentes de Santa Cruz) rechazó el ofrecimiento. Dice que es “una provocación” y aseguraron que «pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo”, que tendría que comenzar el 2 de marzo.

El argumento que plantea el gobierno provincial iría en sintonía con la línea del gobierno nacional de «reducir la brecha» entre «el trabajador que más gana y el que menos gana». Pero lejos de implicar un mejoramiento de las condiciones salariales del conjunto de la docencia, implica un «achatamiento» de sus ingresos. Lejos de imponerle una «solidaridad» a las petroleras, mineras y pesqueras que saquean Santa Cruz, se propone una redistribución entre los propios trabajadores y trabajadores en clave de ajuste.

Trabajadores y trabajadoras de la obra social docente, organizados en el SITOSPLAD, marcharon el miércoles 19 de febrero hasta el Ministerio de Trabajo, ante la falta del pago total del sueldo de enero. Al no encontrar respuestas los días 20 y 21 de febrero realizaron un paro de 48 horas.
“Cabe recordar que además de padecer el desdoblamiento salarial, les trabajadores estamos en estado de emergencia salarial dado que perdimos el 50% del poder adquisitivo en dos años, gran parte del salario se abona de manera no remunerativa y la OSPLAD no pagó los bonos de $ 5.000 de 2018 y 2019 ni los $ 3.000 de enero de 2020 decretados por el gobierno nacional”, agregaron.

El miércoles 19, representantes de la Mesa Ejecutiva de CONADU Histórica, se reunieron con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni.

La conducción de la CONADU Histórica manifestó centralmente la preocupación ante la falta de precisiones respecto del cumplimiento de los acuerdos paritarios 2019 y el inicio de la negociación salarial 2020. En particular, enfatizaron las incertidumbres generadas ante la posibilidad del no pago en tiempo y forma de la cláusula gatillo correspondiente al último acuerdo salarial y la posible incorporación de sumas fijas en la paritaria 2020.

CONADU Histórica enfatizó su rechazo a cualquier modificación al acuerdo paritario vigente, destacando que el desconocimiento del mismo sería contrario a los derechos adquiridos en el ámbito de una negociación salarial realizada de buena fe.

En relación al inicio de las próximas paritarias, la Federación adelantó que no se aceptará la incorporación de sumas fijas que achatan la pirámide salarial, al tiempo que perjudican a quienes tienen mayor antigüedad y quienes cobran zona desfavorable.

Por otra parte, consultaron al Ministro sobre la situación de nuestros regímenes jubilatorios especiales a la luz del decreto 163/2020 de movilidad jubilatoria firmado el pasado 18 de febrero. Al respecto, Moroni aseguró que la movilidad de las jubilaciones de docentes universitarios (ley 26508-82%) y preuniversitarios (decreto 137/2005) no se encuentran alcanzados por esta disposición.

El próximo 4 de marzo se reunirá el Plenario de Secretarías Generales donde se analizará la coyuntura del sector y se debatirán los pasos a seguir en función de los mandatos de base de las asambleas docentes.

VICENTÍN: Peligra la continuidad de 3.000 puestos de trabajo

Tras haber entrado en cesación de pagos en noviembre pasado aduciendo «stress financiero», Vicentín presentó la convocatoria de acreedores a comienzos de esta semana. La empresa, parte del complejo agroexportador y productora de alimentos, acumuló deudas millonarias con diferentes Bancos y proveedores manteniendo en vilo la continuidad de 3.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos en Santa Fe.

Un sector afectado es el aceitero en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, ciudad lindera a Rosario por cuyos puertos es la salida más importante de granos de la Argentina.

Pablo Reguera, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), manifestó: «La situación nos tiene muy preocupados porque no es sólo una deuda del Banco Nación. Se le debe a los bancos exteriores, se le debe al Nación, al Banco Provincia y también a las cerealeras que transportaban su mercadería. Se debe una suma que asciende a 1.300 millones de dólares», detalla.

«La planta que tenemos en San Lorenzo está parada desde el 14 de noviembre. Hay una guardia mínima, se retiraron los camiones y lo único que se hace es cuidar la maquinaria. Si bien cumplen con el 93% de los sueldos, no están tributando a la Municipalidad. Es la empresa que más puestos de trabajo genera en el Departamento«, agrega.

La cerealera estaba dentro de las cuatro empresas con mayores exportaciones en la región. San Lorenzo cuenta, además, con el polo aceitero más grande del mundo.

La deuda con la banca pública

Al respecto, el Diputado Nacional del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, publicó un documento, donde entre otras cosas señala: El informe que el director del Banco Nación, Claudio Lozano, elevó al directorio de la entidad para que determine los pasos a seguir frente al pedido de renegociación que pidió la compañía Vicentin cuestiona el “estrés” alegado por el Grupo y considera, que “ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentin”.

Según se indica en el informe, “[…] en el proceso de endeudamiento que fue acumulando Vicentin con el Banco Nación, se superaron los límites a los que podía acceder en función de la normativa correspondiente fijada por el Ente Regulador para las Grandes Empresas […]”. Y que “[…] Sin embargo y sin fundamento alguno la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin hacer las cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la normativa. Extrañamente la decisión de violar la normativa del Banco Central para grandes empresas no fue tomada por un acto administrativo del directorio del Banco, sino por la línea gerencial, en el período del último gobierno […]”.

En el referido informe se documenta el acelerado crecimiento de la empresa en los últimos cuatro años, lo que se advierte en que las ventas anuales del Grupo Vicentin variaron como se indica a continuación:

  • Año 2015. 27.100 millones de pesos, 19° puesto en el ranking de ventas.
  • Año 2016. 45.200 millones de pesos, 10° puesto en el ranking de ventas.
  • Año 2017. 61.335 millones de pesos, 7° puesto en el ranking de ventas.
  • Año 2018. 118.015 millones de pesos, 6° puesto en el ranking de ventas.

Mientras que en el acumulado anual de los años 2016, 2017 y 2018, el total de las empresas de mayor facturación tuvieron una expansión de ventas del 51,36% de promedio anual; el Grupo Vicentin superó ese porcentaje ampliamente en un 83,87% de promedio anual.

Por otro lado, los 23.500 millones de pesos en los que está endeudado Vicentin en el mercado financiero doméstico representan el 20% de la facturación del 2018 y dentro de ella, la deuda con Banco Nación de $ 18.000 millones es sólo el 15% de su facturación del 2018.

Además, en el citado informe se detalla el entramado societario que se utilizó para operar y se destaca que la relación entre el préstamo impago y la facturación de la empresa llega apenas al 20%, mientras que otras compañías como Arcor o YPF tienen una relación de 50% y 65% y no han planteado la crisis que alega Vicentin.

Teniendo en cuenta que el incumplimiento de la empresa en el periodo 2015 – 2018 no hizo más que expandir su facturación, haciendo que los fondos públicos financiaran su crecimiento a expensas de los más necesitados propone:La intervención del Grupo Vicentin por parte del Estado (principal acreedor) permitiría incidir en un sector clave de la economía nacional evitando que los productores agrarios, en su mayoría pequeños y medianos como demuestra el reciente Censo Agropecuario Nacional, sean perjudicados.

Se garantizaría la continuidad laboral de los cientos de trabajadores y trabajadoras que desempeñan funciones directas e indirectas en sus plantas y que no se corte la cadena de pagos golpeando a los pequeños productores y los pueblos del interior.

Por último, propone iniciar un proceso de debate público sobre la necesidad de constituir una sociedad del Estado o una sociedad mixta con mayoría Estatal con la empresa Vicentin. Buscando, de esta manera, los medios para la participación de los sectores interesados en el debate sobre el destino futuro de Vicentin: productores pequeños y medianos, las organizaciones de los trabajadores, así como las representaciones sociales y políticas de las regiones y las provincias para aportar la experiencia y el conocimiento desde la cercanía.

Garbarino

La empresa de electrodomésticos Garbarino podría cerrar la mitad de sus sucursales y alrededor de 2.000 trabajadores quedarían en la calle.

La empresa justifica la posible decisión a la caída de ventas de varios comercios del país, que va en línea con otras empresas de electrodomésticos, y la competencia que debe afrontar con los nuevos sistemas de venta on line que no necesitan una cantidad considerable de empleados ni locales al público. Según trascendidos, la medida sería confirmada por representantes de la compañía en las próximas horas.

Durante el año pasado, llevó adelante la paga de salarios en cuotas, como primera medida para mantener todos locales abiertos y no verse obligado a realizar despidos o suspensiones. Pero debido a la crisis que viene atravesando durante los últimos años parece no haber salida posible.

De esta manera, se prevé que la firma se desprenda de 152 sucursales distribuidas a lo largo de todo el país, y al menos 2.000 trabajadores pierdan su fuente laboral. La incertidumbre, que ya se mantiene en el universo trabajador desde hace meses, creció fuertemente durante las últimas horas debido a los rumores de cierre.

Asbesto en el subte

El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, advirtió que si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conducido por Horacio Rodríguez Larreta, y la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) “no retiran los vagones contaminados con asbesto y no llaman a licitación para la compra de nuevas unidades, nos veremos obligados a tomar medidas”. El límite es el 1° de marzo, declaró Pianelli.

En enero, la jueza Elena Liberatori falló a favor del amparo ambiental promovido por el gremio junto a miles de usuarios para exigir “la desabestización completa y definitiva del subte”.

La primera respuesta oficial fue intentar el recambio de sólo los componentes con asbesto, lo cual fue rechazado por el gremio, que exigió el retiro de las unidades.

Créditos UVA: ¿con los Bancos o con la gente?

La red nacional Autoconvocados UVA, que agrupa a miles de familias que obtuvieron los préstamos hipotecarios lanzados en la era Macri, volvió a manifestarse en contra de la postura que adopta el presidente Alberto Fernández, a quien le exigen «terminar con esta usura, llevando a la práctica una de sus frases de campaña: ‘Entre los bancos y la gente, me quedo con la gente’».

Reproducimos comunicado:
A lo largo de toda la campaña electoral, el por entonces candidato no se refería a estos créditos como una mera cuestión entre privados. Muy por el contrario, aludía a los mismos como una pesada carga para los deudores y señalaba que todo el costo de la devaluación recaía sobre los deudores y que los bancos eran los grandes beneficiarios de esta relación contractual. Así mismo, señalaba que en el año 2003 y siendo él jefe de gabinete, junto con el Presidente Néstor Kirchner habían tenido que enfrentar una situación similar con los créditos hipotecarios dolarizados de la época de la convertibilidad. “Sabemos cómo hacerlo”, sentenció en más de una oportunidad.

En ese momento, el Estado se hizo presente y asumió su responsabilidad.

Han pasado solamente 60 días desde la asunción presidencial y su discurso en la materia, cambió radicalmente. Se devaluó su palabra.

Ahora la cuestión quedaría reducida a sólo 90.000 créditos, los cuales, en palabras del Presidente, ya han recibido asistencia con el congelamiento de sus cuotas durante cinco meses. Toda la asistencia e involucramiento del Estado se redujo a eso. Suena a poco, más bien a nada.

Es necesario recordar -pues las autoridades parecieran ser que se han olvidado de ello-, que estos créditos fueron impulsados desde el Estado Nacional como una política pública de vivienda. La normativa para instrumentar créditos indexados fue impulsada por el Banco Central, pese a que en marzo de 2016 se encontraba plenamente vigente la prohibición de indexar por precios.

Haciendo caso omiso a ello, toda la maquinaria publicitaria del Estado y del sistema financiero se puso a disposición para promocionar esta nueva cuasi moneda, la UVA. Estas líneas crediticias tomaron fuerte impulso hacia mediados de 2017, comienzos de 2018 y con el paso del tiempo se convirtieron en las únicas disponibles para acceder a una vivienda.

El Estado nunca estuvo ausente. Fue el motor e impulsor de estos créditos. El gobierno actual no puede desatenderse de ello. No son viables créditos indexados a 20, 25 o hasta 30 años, con una inflación que navega por encima del 50 % anual, con ingresos de la población cada vez más devaluados y que se ajustan muy por debajo del nivel general de precios de toda la economía.

En momentos de descreimiento generalizado, cobra valor la palabra empeñada. No se puede pasar de calificar estos créditos como una pesada carga para los deudores a quienes hay que brindarles una salida, y sin solución de continuidad sostener que sólo se trata de una cuestión entre particulares que aceptaron las cláusulas de un contrato.

Sr. Presidente Alberto Fernández, hemos reflexionado y estamos convencidos que estos créditos indexados, son una estafa. De usted depende tomar una decisión y terminar con esta usura, llevando a la práctica una de sus frases de campaña: “Entre los bancos y la gente, me quedo con la gente”.

En la actualidad, el congelamiento caducó, con lo que los deudores de hipotecas UVA deben pagar la cuota del mes más el plus correspondiente al plan de pagos por el congelamiento. Además, el mecanismo de indexación sigue vigente tal cual estaba. Mientras las autoridades llaman a desindexar la economía, liberan a los créditos UVA de esta convocatoria.

Los créditos UVA fueron una estafa creada durante la gestión de Macri. Con un mecanismo ajustado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el valor de los mismos no paró de escalar. Entre marzo de 2016 y noviembre de 2019 hubo subas de más del 200 %. El sueño de la casa propia se volvió una historia de terror por la inflación y las devaluaciones.

Los precios de los alquileres se duplicaron en CABA desde 2017

Una familia inquilina que pagaba 10.000 pesos y renovó contrato en diciembre de 2017, terminó su contrato a fines de 2019 pagando cerca de 21.000 pesos. En los últimos 24 meses, los contratos de alquiler de vivienda se renovaron con un 40% por encima del valor anterior y ajustes semestrales del 15%. Estos datos se desprenden de un informe del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo porteña.

Como los aumentos los fija arbitrariamente el mercado inmobiliario, para los próximos dos años las renovaciones de contratos se están firmando con un aumento del 30% inicial y ajustes semestrales del 18%. Es decir que el mercado inmobiliario está previendo una espiral inflacionaria de más del 50% anual.

La difícil situación no es nueva y las organizaciones de inquilinos impulsan desde hace años una Ley de alquileres que regule el mercado inmobiliario. Si bien en 2016 la norma consiguió media sanción en el Senado, no fue impulsada por el macrismo en Diputados y perdió estado parlamentario. En noviembre, la misma ley fue aprobada en la Cámara baja por unanimidad y las organizaciones de inquilinos reclaman que se incluya en la agenda de las sesiones extraordinarias para su tratamiento en el Senado.

Allanan casa de integrantes del FOL

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) denunció que efectivos de la Policía Federal allanaron la casa de dos de sus integrantes en la ciudad de Fiske Menuco (General Roca), Río Negro, «bajo una supuesta ‘causa por extorsión’, sin haber sido notificado en el momento del allanamiento». Asimismo, la organización relató que «entraron violentamente» y «procedieron a llevarse computadora, teléfono celular, y todos aquellos papeles que tengan alguna vinculación con la organización». La causa está a cargo del juez federal Hugo Greca, «quién carga en sus espaldas la criminalización de distintas luchas que se vienen dando en la región», lo cual la organización considera «una clara persecución política a una organización que en el marco del ajuste, precarización y crisis económica, lucha por trabajo y realiza actividades laborales en cooperativas, además de tareas educativas y sociales con fines comunitarios». El FOL concentró el jueves en la sede del Poder Judicial Federal de la ciudad, para que se les informe del estado y actuaciones de la causa, y el viernes dará una conferencia de prensa.

Cooperativas porteñas

Reproducimos comunicado: En este contexto social y económico, vemos con gran preocupación la demora en la prórroga de los convenios de trabajo para este año 2020, debido a la consecuente demora del pago de enero, teniendo en cuenta que ya está finalizando el mes de febrero. En el caso de nuestro sector, esta situación tiene un impacto profundo, ya que nuestros ingresos son destinados principalmente al consumo para satisfacer las necesidades básicas más elementales de nuestras familias y dada la situación económica no nos permite llegar a fin de mes.

Exigimos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una urgente recomposición de ingresos del 30% correspondiente al año 2019, para compensar lo perdido y el adelanto del nuevo convenio. En la Ciudad más rica del país no podemos resignarnos a trabajar en condiciones de tal precariedad.

Asimismo, ante una economía en crisis, exigimos también la reapertura de los programas de trabajo que fueron cerrados por la gestión del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, así como la igualación de los convenios para todas las cooperativas.

Finalmente, destacamos el arduo trabajo y dedicación de las compañeras que cocinan día a día para cientos de familias. Al mismo tiempo denunciamos que el gobierno porteño ha incumplido los acuerdos con los comedores y merenderos: tanto de mercadería a granel como los asistidos con raciones para dichos grupos comunitarios. Esta ausencia del Estado agrava notablemente nuestras condiciones de vida por lo cual el reclamo de actualización que estamos reclamando es de imponente urgencia.

Las organizaciones abajo firmantes, exigimos:
– Aumento para las y los cooperativistas YA
– Apertura de los programas de empleo y construcción de nuevos puestos de trabajo
– Igualación de los convenios a todas las cooperativas
– Regularización y actualización de la situación de los comedores
– Entrega inmediata de útiles escolares y guardapolvos
– Actualización de compras a los productivos de la economía popular

Encuentro de Organizaciones Populares:
Barrios de Pie, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa, Frente Popular Darío Santillán (FPDS), Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), CTA Autónoma Capital, Frente Popular Venceremos, Movimiento Octubres, La Poderosa, Organizaciones de Base Autónoma (FOB-Autónoma), Movimiento Resistencia Popular (MRP), MTL Rebelde.

Fuentes: Tiempo Argentino, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Clarín, Ambito Financiero, Infogremiales, APU, Anred, argentina.indymedia, Mundo Gremial

Fuente de la Información: https://rebelion.org/la-deuda-o-la-vida-2/

Fuente de la Imagen: TELESUR

 

 

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El FMI y su papel en la crisis de Haití

El FMI y su papel en la crisis de Haití

Por Aneli Ruiz Garcia

El pasado 25 de noviembre, el controvertido Fondo Monetario Internacional (FMI)  afirmó que la actual crisis de Haití no tiene precedentes y puede contraer un 1,2 por ciento el Producto Interno Bruto.

Nicole Laframboise, directora del equipo del FMI, tras una breve visita a la nación caribeña, señaló que si la crisis continúa, podría tener consecuencias ‘devastadoras’ a largo plazo, incluyendo las pérdidas de capital físico y humano.

Laframboise hizo referencia al empeoramiento de la pobreza y la inseguridad, y cómo el Gobierno ha sido privado de los medios para realizar inversiones productivas y actividades de apoyo, aunque omitió la responsabilidad del organismo financiero en la situación que vive el país.

Movilización general

A mediados de septiembre, debutó la más reciente oleada de protestas antigubernamentales, la más larga e intensa desde la llegada al poder del presidente Jovenel Moïse en febrero de 2017.

Las manifestaciones estuvieron precedidas por una fuerte escasez de combustible que casi triplicó su precio en el mercado informal, a pesar de las prohibiciones de autoridades oficiales.

Aunque el suministro de los carburantes se estabilizó, ya el polvorín de décadas de inconformidad, desempleo, mínimas políticas públicas, aumento de la desigualdad, falta de acceso a servicios básicos y oportunidades, se diseminó por casi todo el territorio nacional.

‘Jamás en el desarrollo de este siglo XXI, hubo tanta conciencia de que las cosas tienen que cambiar, y hay un pueblo inmenso a nivel de todos los sectores, hay un rechazo de la población’, dijo en conversación con Prensa Latina, Susy Castor, reconocida intelectual e historiadora.

Exiliada durante la dictadura de los Duvalier (François y Jean Claude), Castor señala que más allá de las claras reivindicaciones, no se trata solamente de que un gobierno se vaya, sino del reclamo a la ciudadanía y la soberanía, ‘la gente quiere vivir y ser ciudadanos de un país verdadero’.

En la reciente crisis salieron a las calles casi todos los sectores de la vida nacional, con demandas como cambio de sistema, gobierno de unión nacional y juicio contra quienes desfalcaron el tesoro público.

Pese al reclamo popular, en un país donde el 60 por ciento vive por debajo de la línea de la pobreza, el 70 por ciento de la población activa está desempleada, y casi cuatro millones padece de inseguridad alimentaria, el mandatario Jovenel Moïse insiste en mantener su puesto y llama a unidad y diálogo nacional.

Su propuesta ha sido rechazada en reiteradas ocasiones por sectores opositores, que ya oficializaron un comité de transición para guiar al país tras una eventual renuncia del jefe de Estado.

Las protestas antigubernamentales estuvieron acompañadas de una forzada recesión de actividades económicas, el cierre de algunas empresas o la reducción de personal en otras, además de cortes de carreteras y el precario funcionamiento de la administración pública.

Desde el debut de la movilización, se estima que unos dos millones de niños no han podido asistir a clases, y aunque en noviembre Haití experimentó una tensa tregua, aún muchas escuelas de la capital y la periferia de Puerto Príncipe permanecen cerradas.

Papel del FMI en la crisis nacional

La crisis que llenó titulares en buena parte de la prensa regional, con acuciosas historias de corrupción, implicación del mandatario en defalco de fondos públicos que debieron atender las urgencias de la desgastada nación, muchas veces pasaron por alto el papel del cuestionado FMI en la degeneración de la economía nacional, y sus consecuencias en la sociedad haitiana.

En el ocaso del régimen de Jean Claude Duvalier (1971-1986), cuando huyó del país en medio una insurrección popular contra su gobierno, el FMI y otros organismos internacionales, liderados por Estados Unidos, vieron en Haití un mercado virgen y cercano para el arroz subsidiado de los agricultores norteamericanos.

En esa fecha, la nación caribeña producía todo el grano que necesitaba para sobrevivir, pero los ‘amigos’ del FMI, a cambio de un préstamo de 24,6 millones de dólares, esencial para un país saqueado por la dictadura, exigieron la reducción de los aranceles comerciales que protegían su producción arrocera y agrícola nacional.

Tres décadas después, el llamado país más pobre del hemisferio norte, tiene una total dependencia del arroz estadounidense, mientras los agricultores tuvieron que abandonar el campo al no poder competir con los productos importados.

Más recientemente, a mediados de 2018, el FMI condicionó un préstamo al Gobierno, a la eliminación de la subvención del combustible, lo que generó una ‘insurrección popular’ de aquellos a quien la vida se le encarecería sustancialmente.

Algunos expertos señalan ese momento como el debut de la crisis que se extiende hasta estos días y cuya resolución no se avizora en un corto o mediano plazo.

Sin embargo, estas causas no aparecen en el informe del organismo internacional, que se limita a indicar la necesidad de designar a un Gobierno ‘comprometido con la reforma de la economía’.

La prioridad inmediata de las autoridades, según el texto, debería ser estabilizar la economía, aumentar la recaudación de impuestos, reducir las exenciones fiscales y tomar medidas para racionalizar el gasto público.

Una conclusión similar a la de expertos nacionales, que también abogan por la urgente revitalización de la producción agrícola, que le permitirá al país una mayor independencia económica, mientras disminuye la cifra de desempleo, y se reduce la inseguridad alimentaria.

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2020/02/el-fmi-y-su-papel-en-la-crisis-de-haiti-por-aneli-ruiz-garcia/
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