Fondos Públicos

Europa/ España/ 15.01.2019/ Fuente: elpais.com.

Ocho días de huelga convocados a partir de este miércoles en los centros concertados religiosos del País Vasco tienen en jaque a 120.000 alumnos de 215 colegios, la mayoría religiosos, y a sus familias. Las aulas volverán a sufrir las consecuencias de un conflicto laboral que protagonizan la patronal educativa y la representación sindical de los 9.000 docentes que siguen con los salarios congelados desde hace 10 años. El Gobierno vasco, que financia con fondos públicos a la escuela concertada, se ha mantenido al margen de esta crisis al considerar que el desacuerdo es de índole exclusivamente laboral.

Los paros lectivos entre los días 16 y 25 de abril se suman a otros cuatro días sin clase en noviembre pasado, y otros dos durante el curso anterior. «La situación es muy grave. Entendemos las reivindicaciones de los profesores, tienen todo el derecho a hacer huelga, pero los que van a pagar este follón son los estudiantes. Los tienen como rehenes, cuando no tienen ninguna culpa», afirma Miriam González, presidenta de la Federación Católica de Padres de Alumnos de Bizkaia (Fecapp).

Todos los sindicatos que representan a los trabajadores (el mayoritario ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT) vienen exigiendo a las patronales Kristau Eskola y Aice-Izei una mejora de sus condiciones de trabajo: avanzar en la recuperación del poder adquisitivo perdido, que cifran en un 12,6% desde 2009, rebajar las cargas de trabajo del personal docente y administrativo, además de equiparar las diferencias salariales que se dan entre el profesorado que imparte la ESO. También reclaman un acuerdo para recolocar al personal afectado por el previsible cierre de aulas a causa del descenso de la natalidad, así como mejorar las condiciones de «colectivos especialmente precarizados», como los profesores de educación infantil y los especializados en apoyo educativo.

Las demandas sindicales para los profesores no han sido atendidas por los centros. La patronal se escuda, a su vez, en que también atraviesa dificultades económicas por la financiación que tiene concertada con el Gobierno. Mikel Ormazabal, director general de Kristau Eskola, afirma que la red concertada de iniciativa social «también ha sufrido pérdida de poder adquisitivo durante estos años a causa de los recortes en Educación». Aunque precisa que «a esta situación crítica se ha llegado por la falta de voluntad negociadora de los sindicato». «Hemos aceptado muchos de sus planteamientos, pero ellos se mantienen en posiciones maximalistas que, si se aceptan, pondrían en peligro la viabilidad económico-financiera de muchos centros», asegura a este diario.

Los profesores de la concertada vasca mantienen los mismos sueldos que en 2009. Los maestros de educación infantil y primaria cobran un salario bruto base de 2.223 euros al mes. En secundaria, los docentes que imparten el primer ciclo (primero y segundo de la ESO) perciben 2.359 euros, mientras que en segundo ciclo, con la misma titulación y trabajo, ganan 2.584 euros mensuales. Esta cantidad es la misma para los profesores de bachillerato y FP. Los salarios en la red pública son algo superiores en todos los casos: 2.424 euros al mes hasta primaria y 2.805 euros en secundaria, bachillerato y FP, siempre según los datos aportados por los sindicatos.

Frente a las reivindicaciones sindicales, sostiene Miren Zubizarreta, de ELA, la patronal ha respondido con «una oferta insuficiente, muy alejada de las necesidades» del colectivo docente. «No nos dejan otra alternativa que seguir con las movilizaciones y las huelgas previstas», señala. En los paros celebrados en noviembre lograron un seguimiento del 65%, según el recuento de las centrales, un 32% en cifras de la patronal.

Los colegios religiosos, que representan cerca del 30% del sistema educativo vasco, no han atendido las exigencias de los profesores porque «se ataca la línea de flotación de los centros», afirma Ormazabal. El Gobierno vasco destinó en 2018 un total de 623,3 millones de euros para la red concertada, que también incluye a las ikastolas, y asignó 1.193,5 millones para la pública. El Ejecutivo autonómico aporta este curso 9.000 euros por alumno de la red pública y 5.000 euros de la concertada.

El Departamento de Educación asegura que el reparto de recursos públicos está regulado por la ley y no existe margen de maniobra para ampliar estas cifras. En este conflicto no ha tomado posición porque supondría «una intromisión sin justificación», en palabras del portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, y se ha limitado a pedir a las partes enfrentadas que hagan «un esfuerzo para sacar el conflicto de las aulas», indicó la consejera del ramo, Cristina Uriarte. La Administración se abre ahora, a una iniciativa del PP vasco, a aprobar «una actualización al alza» de los conciertos educativos que financian la red concertada.

Servicios mínimos

La convocatoria de huelga solo afecta a una parte de la red privada concertada, puesto que en el ámbito de las ikastolas, donde la central mayoritaria es LAB —afín a la izquierda abertzale—, ya se selló en diciembre pasado un acuerdo con unas «condiciones parecidas» a las que ahora se ofrecen a los centros religiosos. «La pelota está en el tejado de los sindicatos. ¿Por qué el acuerdo es posible con LAB en las ikastolas y no se consigue en nuestros centros con ELA?», se pregunta el representante de Kristau Eskola.

En medio de este enfrentamiento, el malestar crece entre las asociaciones de padres y madres. En algún caso, están barajando como «medida de presión» llevar a sus hijos a la escuela durante las jornadas de huelga, con la finalidad de «trasladar el problema de las casas a los colegios», explica Sonia Aldabe, del colegio Corazonistas de Rentería (Gipuzkoa): «Nosotros, las familias y los alumnos, no somos parte en este conflicto. Si llevamos a nuestros hijos al colegio, queremos obligar a los profesores a dar clase, porque no pueden estar ocho días en casa viendo la televisión», añade. Si salen adelante los ocho días de paro, los estudiantes de bachillerato perderían este curso 14 jornadas lectivas, casi el 10% del curso académico (152 días).

El Departamento de Trabajo del Gobierno vasco ha decidido esta tarde aumentar de forma notable los servicios mínimos durante la huelga y obliga a que haya presencia de profesores en las aulas por etapas educativas y la mitad del personal habitual en las de educación especial. Si en anteriores convocatorias decretó la necesidad de que acudieran dos personas por colegio, una de dirección y otra de personal administrativo, en esta ocasión establece que haya un profesor para educación infantil y otro para educación primaria, y un docente para el conjunto de ESO, bachiller y formación profesional. La medida ha sido calificada de «desproporcionada y abusiva», pues cuadruplica los servicios mínimos fijados hasta ahora.

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