María Margarita Galindo *
Las instituciones de Educación Superior están obligadas a formar profesionales que respondan a las exigencias que demanda la sociedad para su desarrollo y transformación, a partir de la generación de nuevos conocimientos, siendo la investigación el medio idóneo para producir el conocimiento transformador requerido.
De acuerdo con Padrón (2009), la investigación debe ser entendida “…como aquella clase de procesos de producción de conocimiento científico y tecnológico” (p. 1); la cual, tal como lo señala Rodríguez (2009), debemos asumirla “como forma de vida que posibilita la construcción, elaboración y producción del conocimiento” (p. 27).
Ahora bien ¿cómo ser investigadores y cómo aprender a investigar en la Universidad?, dos interrogantes con una respuesta en común, la investigación solo se aprende cuando se toma conciencia y se comprende lo que este proceso significa, y es al Estado, a través de las instituciones de Educación Superior, en su condición de instituciones de formación profesional, a quienes les corresponde la responsabilidad de formar investigadores, para lo cual requieren contar con docentes-investigadores, profesores que asuman la investigación como parte de su quehacer como docentes.
Para lograr una mejor comprensión de lo que aquí se plantea debemos puntualizar que un docente investigador es aquel que fundamenta su práctica en aula a partir de sus propias investigaciones, que convierte su aula en su mayor laboratorio para constatar lo que investiga; en tal sentido, Pírela y Prieto (2006) señalan:
Los docentes como investigadores deben desarrollar las competencias, con énfasis en el dominio de los términos, procesos y teorías del campo de la investigación, fundamentadas en el razonamiento científico, que le permita abordar de manera crítica la realidad, construir mapas cognoscitivos y valorativos que expliquen la misma, utilizar la capacidad de análisis y síntesis, juicio crítico, motivación al logro, entre otros, para generar de esta forma nuevos conocimientos (p. 121).
De modo que constituye un requerimiento la formación permanente del docente en y para la investigación, lo que implica capacitarlo en el dominio de los elementos (filosóficos, epistémicos y ontológicos) propios de la investigación, siendo la Universidad el principal escenario de referencia para dar respuestas a las exigencias de dicha formación.
A tenor de lo señalado, la investigación, como política de estado, debe ser promovida desde los primeros niveles del sistema educativo por lo que todo maestro o profesor debe ser un docente-investigador, y su acción se debe sentir en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo.
En otro orden de ideas, Maggiolo y Perozo (2007) afirman que:
El término políticas públicas (PP), se asocia de inmediato con asuntos del gobierno y sistemas políticos o como actividades de las instituciones públicas, que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos; para considerarse como pública tiene que haber sido generada, o al menos procesada, en el marco de los procedimientos, instituciones y organizaciones gubernamentales.
Partiendo de lo citado, las líneas gruesas de las políticas públicas se construyen a partir del proyecto de país que se prefigura en la Carta Magna de toda Nación, y que posteriormente son desarrolladas en mayor detalle y amplitud en las leyes orgánicas, reglamentos y otros elementos normativos, para atender las demandas y necesidades de la población, que van desde lo social, lo económico, lo educativo, y la salud, entre otras.
Ahora bien, con base a lo señalado, ¿Existen políticas públicas en desarrollo orientadas a la formación de docentes-investigadores en Latinoamérica?
Para dar respuesta, en primer lugar es necesario presentar una breve indagación de la existencia de políticas públicas orientadas a la formación de docentes-investigadores en las Constituciones Políticas o Nacionales de algunos países latinoamericanos, como Venezuela, Colombia y México, para constatar lo que señalan al respecto.
En el caso venezolano, la Constitución Nacional (1999) señala en el artículo 109 que
El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, estudiantas, egresados y egresadas de la comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación.
Este artículo resulta esclarecedor cuando, amparado en el principio de “autonomía universitaria”, el Estado concede la responsabilidad tácita a las Instituciones de Educación Superior de la formación del recurso humano desde y para la investigación.
Por otra parte, el artículo 3 de la Ley de Universidades (1970) específica el alcance de la actividad formativa al indicar que:
Las Universidades deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza; a completar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores; y a formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y progreso.
Por otra parte, la Constitución Política de Colombia (1991) en su artículo 68 expresa que “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra…”; y en el artículo 69 señala que “…El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo”; por otra parte, en la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 (Ley que organiza el servicio público de educación superior), en el artículo 38 indica que “Las funciones del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), son…Fomentar la preparación de docentes, investigadores, directivos y administradores de la Educación Superior”.
Se puede apreciar que la legislación colombiana resulta ser más explícita en la materia en referencia, ya que por una parte involucra a las universidades privadas, y por la otra, cuenta con un Instituto específico, como es el ICFES, para asumir la función formativa del docente-investigador.
Igualmente, al revisar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), se observa en el apartado V del artículo 3, que “…el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”; asimismo, en su apartado VII del mismo artículo expresa que “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, … realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura …, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas”.
Aun cuando este artículo no resulta clarificador en lo que se refiere a la formación del docente-investigador, en Ley General de Educación (1993) encontramos que el artículo 7 indica que:
La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: … VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como su comprensión, aplicación y uso responsables.
Se puede entender que dentro del “fomento de actitudes que estimulen la investigación” se encuentra la formación del docente-investigador; sin embargo, al estar cargado de subjetividad su implementación se convierte en condición de posibilidad de la autoridad universitaria.
Si algo tienen en común los modelos educativos latinoamericanos es que la investigación es una actividad exclusiva del sector Universitario, las políticas públicas declaradas en estas naciones expresan en líneas generales que la investigación es función indeclinable del ámbito de la Educación Superior; asimismo, estas políticas públicas reconocen la necesidad de apoyar y fomentar la investigación pero no se aprecia claramente la formación de docentes-investigadores como una política clave y fundamental para el desarrollo que declaran y aspiran alcanzar.
Nuestras universidades deberían contar con programas específicos para la formación de docentes-investigadores, preparados no solo en el dominio de un área del conocimiento sino capacitados realmente para hacer investigación en dicha área y que conlleve a enriquecer su acción docente.
En atención a lo expuesto, se observa carencia de claras políticas públicas en materia de formación de docentes-investigadores. Aun cuando algunas universidades han formulado programas de formación de sus docentes, son pocos los programas consolidados orientados a la formación de docentes-investigadores.
Lo anterior no implica el desconocimiento de la existencia de docentes-investigadores, cuya actividad académica se nutre a partir del producto de la investigación que realiza, pero si el reconocimiento de docentes exclusivos dadores de clases, atados al aula sin hacer investigaciones.
Es urgente que la región reflexione sobre la necesidad de conectar la docencia y la investigación y no separarlas, es indispensable reconocer los procesos de formación de docentes-investigadores, que se diseñen programas de formación en investigación de carácter obligatorio.
Investigar no es trasmitir datos producidos por otros, investigar es acudir a la búsqueda de la verdad desde la racionalidad critica y la formación de docentes-investigadores debe estar fundamentada dentro de esa concepción.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Constitución Política de la República de Colombia (1991) [Documento en línea]. Disponible: http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/constitucio-politica-colombia-1991.pdf [Consulta: 2016, agosto 15]
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Ley 30 de Diciembre 28 de 1992 de la República de Colombia [Documento en línea]. Disponible: http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_ley_3092.pdf [Consulta: 2016, agosto 15]
Ley de Universidades. (1970). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 1.429 (Extraordinario). Septiembre 8, Caracas.
Ley General de Educación de los Estados Unidos Mexicanos (1993). [Documento en línea] Disponible: https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf [Consulta: 2016, agosto 15]
Maggiolo, I. y Perozo Maggiolo, J. (2007). Políticas públicas: proceso de concertación Estado-Sociedad. Revista Venezolana de Gerencia, 12(39), 373-392. [Documento en línea] Disponible: HYPERLINK «http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-99842007000300004&lng=es&tlng=es»http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-99842007000300004&lng=es&tlng=es. [Consulta: 2016, agosto 15]
Padrón, J. (2009). Obstáculos para una investigación social orientada al desarrollo. Seminario nacional de ciencias sociales. [Documento en línea]. Disponible: HYPERLINK «http://www.ucla.edu.ve/viacadem/redine/jornadas/CarpetaConferencistas/ResumenConversatorioDrJPadron_UCLA2008.pdf»http://www.ucla.edu.ve/viacadem/redine/jornadas/CarpetaConferencistas/ResumenConversatorioDrJPadron_UCLA2008.pdf [Consulta: 2016, Abril 16]
Pírela de Farria, L. y Prieto de Alizo, L. (2006). Perfil de competencias del docente en la función de investigador y su relación con la producción intelectual. Opción, vol. 22, núm. 50, 2006, pp. 159-17
Rodríguez, Y. (2009) La formación de docentes investigadores: lineamientos pedagógicos para su inserción en los currículos. Revista TEORÍA Y PRAXIS INVESTIGATIVA, Volumen 4 – No. 1, Enero – Junio 2009 Centro de Investigación y Desarrollo • CID / Fundación Universitaria de Área Andina
* María Margarita Galindo
correo de contacto:mariagalindo2008@hotmail.com
La autora forma parte del Doctorado Latinoaméricano en Educación: Políticas públicas y profesión docente.
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Las jornadas del 26 y 27 de septiembre estarán dedicadas a la presentación de las experiencias de varios centros educativos públicos, concertados y privados de la Comunidad Valenciana y Cataluña en la aplicación del modelo dialógico para la eliminación de la violencia.
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