Puerto Rico: La Cámara verá proyecto sobre educación especial

Centroamérica y El Caribe / Puerto Rico/ 07.05.2018 / Fuente: www.elnuevodia.com.

El proyecto para crear la nueva Ley de Educación Especial será considerado dentro de dos semanas por el pleno la Cámara de Representantes sin tomar en cuenta gran parte de las enmiendas recomendadas por el Departamento de Educación en el proceso de vistas públicas, adelantó el representante Rafael ‘June’ Rivera Ortega.

Como presidente de la Comisión de Educación Especial de la Cámara, Rivera Ortega dirigió el proceso de evaluación del proyecto de ley.

En una vista celebrada el 4 de abril, Educación presentó una ponencia con sobre 100 enmiendas, en la que alertó que ese lenguaje incluido en la medida ya es atendido en la Ley federal de Educación para Personas con Discapacidad. Argumentó, además, que el proyecto es muy específico en ciertos aspectos que deben ser dejados en manos de la agencia mediante reglamentación.

Rivera Ortega dijo, tras la vista, que la secretaria de Educación, Julia Keleher, se comunicó con él. “Ella lo que me dijo es que apoya la medida como la radiqué”, aseguró. “Se queda como está ahí”, agregó al señalar el proyecto de 144 páginas.

Una de las principales objeciones de Educación tiene que ver con la creación de la nueva Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial, una especie de miniagencia   con autonomía administrativa, fiscal y docente. Su titular sería nombrado por el gobernador y tendría que ser confirmado por la Asamblea Legislativa.

En la vista pública, Educación planteó que la Secretaría aumenta los gastos y la nómina, criticó que tenga su propia División de Compras de Bienes y Servicios y que solicite directamente su presupuesto a la Legislatura.

Rivera Ortega argumentó, en una entrevista en su oficina, que la ley vigente de Educación Especial le daba ese poder a la actual Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, pero la ley nunca se respetó.

“La autoridad la tiene el secretario de Educación Especial”, contestó Rivera Ortega cuando se le preguntó cómo se resolverían disputas entre el titular de Educación y este funcionario.

El proyecto también ordena la creación de un panel de seis jueces administrativos supervisados por un juez administrador que tendrán la misión de atender querellas de padres y tutores. Todos   tendrían que ser confirmados por la Asamblea Legislativa.

Rivera Ortega sí acogió una petición de la Oficina de la Administración de Tribunales para que estas vistas no se celebren en tribunales, como dispone la medida originalmente.

En la actualidad, estas vistas se celebran en las regiones educativas -conocidas tras la aprobación de la reforma educativa (Ley 85) como Agencias Locales Educativas- y Rivera Ortega ha argumentado que el proceso coloca en desventaja a los querellantes al celebrarse los procedimientos en un edificio de la dependencia.

No se ha determinado dónde se celebrarán las vistas con la enmienda acogida.

La legislación propuesta también crea la Junta Examinadora de Defensores de Niños con Discapacidades, un ente creado bajo el Departamento de Estado que licenciará a estas figuras que en la actualidad son conocidas como intercesores. Estos ciudadanos privados o agrupados bajo organizaciones acompañan a padres o tutores de estudiantes en vistas administrativas del DE. Según Rivera Ortega, el trabajo de estas personas no está regulado y tampoco sus honorarios.

De convertirse en ley el proyecto, estos tendrán que aprobar un examen confeccionado por el Departamento de Estado y cumplir con una serie de requisitos, que incluye una cuota anual máxima de $100 para realizar el trabajo. Los honorarios serán reglamentados por el Departamento de Estado.

De otro lado, Rivera Ortega no acogió enmiendas como eliminar de la medida un listado de las condiciones de salud incluidas en la definición de un niño con discapacidad o dejar en manos del DE la reglamentación necesaria para confeccionar el Programa Educativa Individualizado (PEI) de cada estudiante de educación especial.

El DE también objeta que se eleve a rango de ley lo que se conoce como el Remedio Provisional, una herramienta que forma parte del laudo del pleito de clase Rosa Lydia Vélez que pueden utilizar los padres o tutores para exigirle a la agencia que sufrague los costos con proveedores privados de servicios que la agencia no puede brindar a los niños.

La posición del DE es que el titular de la agencia establezca, como dice en la Ley 85 de reforma educativa, “normas para la operación de este mecanismo”.

“Queremos hacerlo por ley. El reglamento es una autorización que se le da a la agencia para que legisle internamente”, dijo Rivera Ortega, acompañado por su asesora, Carmen Pereles, una veterana de 36 años de servicios en el DE.

“Si estuviera atendido, la pregunta que hay que hacer es por qué al día de hoy tenemos ejemplos que demuestran que no se está cumpliendo con el estudiante?”, se preguntó.

Fuente: https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/lacamaraveraproyectosobreeducacionespecial-2420427

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República Dominicana: Educación asiste legal y psicológicamente a familia joven agredida en escuela

Centro América/República Dominicana/14 Mayo 2017/Fuente y Autor:  7dias

El Ministerio de Educación dispuso brindar asistencia legal y psicológica a la familia de la estudiante menor de edad que fue agredida por un compañero de clases en el centro educativo Félix Rafael Nova, de Bayaguana, provincia Monte Plata.

El portavoz de la institución, Miguel Medina, indicó que desde este viernes un personal especializado de la Dirección de Orientación y Psicología se encuentra en Bayaguana para ofrecer asistencia a la víctima y sus familiares, luego de que esta fuera agredida física y verbalmente por Daniel López Vázquez, de 18 años.

Informó que la Consultoría Jurídica del Ministerio de Educación trabaja conjuntamente con el Ministerio Público para profundizar las investigaciones en torno a las circunstancias en que se produjo el incidente entre los estudiantes, quienes cursan el tercer grado del bachillerato, a los fines de tomar las acciones institucionales de lugar y brindar el debido acompañamiento tanto a la víctima como al victimario y a los familiares de ambos.

«Además de condenar la agresión, entendemos que es clave que en el Ministerio de Educación seamos los primeros en garantizar el sosiego y la seguridad de nuestros estudiantes. Por eso se ha dispuesto una intervención inmediata, en procura de reducir las consecuencias psicológicas o físicas», expresó Medina.

Indicó que, en ese mismo orden, se conformó una comisión, encabezada por Frank Cáceres, director de Descentralización del ministerio, para realizar una investigación exhaustiva en el plantel y su entorno.

Fuente de la noticia: http://www.7dias.com.do/portada/2017/05/13/i228837_educacion-asiste-legal-psicologicamente-familia-joven-agredida-escuela.html#.WRcnI4g1_IU

Fuente de la imagen: http://www.7dias.com.do/showimage.php?typeid=18&imageid=1673

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Las reformas al Artículo 3º Constitucional: del cambio a la gobernabilidad política

Francisco Miranda Lopez

fmirandalop@hotmail.com

@Fmiranda2562

“Los problemas aparecen a través de las instituciones responsables. Voluntad política y capacidades institucionales, frente a las resistencias, las restricciones institucionales y los conflictos: es en esta arena en donde se ponen a prueba las leyes”.

No una, sino diez ocasiones se ha reformado el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917 a 2016. Estas reformas han dado lugar a la estructura y dimensión de la educación obligatoria actual, a partir de cinco hitos fundamentales: 1) la definición de sus principios históricos fundacionales: educación pública, gratuita y laica, así como de su orientación democrática y hacia la convivencia humana; 2) el crecimiento de la escolarización obligatoria que ahora cubre desde la educación preescolar, hasta la media superior; 3) la distribución de la función social educativa, que establece el marco legal de atribuciones entre los diferentes órdenes de gobierno; 4) el reconocimiento del enfoque de derechos que pone mayor énfasis en la atención de los grupos más vulnerables, y 5) la incorporación de una característica más a la educación obligatoria con la reforma de 2013: el ser de “calidad” ―definiéndola como el máximo logro de aprendizaje de los alumnos,asignando al Estado la obligación de garantizarla.

Las aportaciones constitucionales para hacer de la educación una palanca de inclusión, desarrollo, bienestar e igualdad social, son claras. Sin embargo, los problemas aparecen en el momento de su implementación a través de las instituciones responsables, de las políticas que emanan del Estado y de los gobiernos en turno. Es en esta arena donde se ponen a prueba las leyes, la voluntad política y las capacidades institucionales, frente a las resistencias, las restricciones institucionales y los conflictos, lo que en conjunto marca los espacios de viabilidad y avance entre los fines, y lo que realmente se concreta.

Estos problemas de implementación reflejan, en el fondo, la tensión con la que nació el artículo tercero constitucional en el marco del arquetipo originario del liberalismo social que fue la gran pértiga para afianzar la estabilidad social y la gobernabilidad política del país. En la realidad de la política educativa, esta tensión se manifestó en una lógica pendular: a veces más liberal alineada a los ideales de progreso de la sociedad de mercado y a veces más social, con mayor cercanía a los anhelos populares de justicia y democracia.

Las reacciones ante cada extremo de esta contradicción, asociadas a la puesta en marcha de la ley, distintos espacios de encuentro en esta arena, a partir de lo que algunos analistas denominan la “trayectoria de dependencia”. El resultado ha sido un diseño organizativo basado en tres patrones de dependencia institucional que amalgamados al sistema educativo mexicano y que aparecen, invariablemente, en los procesos de implementación: la centralización político-administrativa, que se caracteriza por la estructura de decisiones altamente concentrada y anclada en el poder federal sobre el funcionamiento de los servicios educativos locales; la mediación política-corporativa, es decir, este sistema de representación de intereses que sirve de puente de comunicación y procesamiento de conflictos entre las élites gubernamentales y los diferentes actores involucrados en el funcionamiento del sistema educativo; y el regulacionismo pedagógico y curricular, que alude a la trayectoria institucional basada en la definición centralizante de las grandes orientaciones educativas y de los contenidos y los procesos de gestión en la escuela para definir qué se enseña y cómo.

Conviene tomar en cuenta esto cuando la reforma de 2013 y el nuevo modelo educativo mexicano que se deriva de ella, plantea sustituir la centralización político-administrativa por un nuevo modelo de gobernanza institucional; la mediación política corporativa por un sistema de mérito y de evaluación; y la regulación pedagógica centralizada por la autonomía curricular para las escuelas.

Una hipótesis que explica estos patrones de dependencia es que la matriz del liberalismo social no ha podido cristalizarse en nuestro sistema educativo, entre otras razones, por la desigualdad social, la falta de transformaciones democráticas, la ausencia de innovación de las instituciones del Estado y un déficit de ciudadanía plena.

Mientras esto no se resuelva, será muy difícil crear un escenario político, social y cultural que permita nuevos arreglos institucionales para definir y ejecutar las políticas educativas de la reforma. En tanto los mandatos de las reformas constitucionales no se reflejen en nuevas trayectorias de acción y sentido para la sociedad y la política, es decir, pasar de la gobernabilidad a la gobernanza del sistema educativo a efecto de replantear los patrones de dependencia, concretar el derecho a una educación de calidad para todos seguirá siendo, para México y para todos nosotros, un descomunal y lacerante desafío.

* Estudioso e interesado en los temas de política educativa, juventud, educación media superior y migración, autor de numerosos ensayos y libros en el tema. Es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II, premio de la Academia Mexicana de Ciencias en Sociología en 1999. Ha sido profesor-investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, consultor de la Organización de las Naciones Unidas, coordinador general de la Reforma de Educación Secundaria en México y representante del país ante la Unión Europea para el Proyecto Alfa-Tuning para América Latina. Hoy es titular de la Unidad de Normatividad y Política Educativa en el INEE. 

Fuente del Artículo:

Las reformas al Artículo 3º Constitucional: del cambio a la gobernabilidad política

 

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