Estos son los rezagos que tienen a México con problemas de educación

América del Norte/México/18 Marzo 2017/Fuente: La Nación

Los últimos lugares en calidad educativa a nivel mundial, pocos profesores certificados y poca comprensión de lectura son algunos de los problemas que deberá resolver el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, que presentó el presidente Enrique Peña Nieto.

La primera fase del proyecto se implementará durante el ciclo escolar 2018-2019 y buscará en 10 años, según el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, mejorar por completo la enseñanza pública mexicana.

Por eso aquí te presentamos algunos problemas educativos a los que se enfrentará el nuevo modelo del gobierno federal.

NIVEL

Entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se encuentra muy por debajo del promedio educativo en ciencias, lectura y matemáticas, de acuerdo con el resultado del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2015.

La prueba PISA evalúa hasta qué punto los estudiantes de 15 años de edad, cerca del final de su educación obligatoria, adquirieron conocimientos y habilidades esenciales para su participación en las sociedades modernas.

La prueba arrojó que México ocupa el lugar 60 de 72  países analizados, solo por encima de países como Jordania, Indonesia, República Dominicana, Túnez o Argelia.

De acuerdo con este estudio, menos del 1% de los estudiantes mexicanos alcanzó niveles de competencia de excelencia (nivel 5 y 6) en ciencias, lectura y matemáticas.

En lectura se obtuvieron 423 puntos de un promedio de 493 en la OCDE. Sin embargo, este puntaje fue el mejor que obtuvo el país, ya que en ciencia se lograron 416 y en matemáticas 408, cuando los promedios en la fueron 493 y 490, respectivamente.

El 42% de los estudiantes mexicanos de 15 años está por debajo del nivel 2, el mínimo requerido para involucrarse en la sociedad moderna, de acuerdo con los parámetros internacionales.

DESERCIÓN

Al menos el 36% de los estudiantes mexicanos de 15 años reconocieron que se han saltado sus clases todo un día al menos una vez, de acuerdo con la prueba PISA 2015. El promedio de la OCDE es de 26%.

Este organismo además reconoce que el 48% de los estudiantes mexicanos de 15 años tiene riesgo de abandonar sus estudios.

El absentismo estudiantil tiene un efecto discernible en el ambiente de aprendizaje y, en última instancia, en el desempeño y el compromiso de los estudiantes, de acuerdo con el reporte.

Los directores de escuelas también reportaron que el uso de alcohol o drogas ilegales y los estudiantes que hacen bullying a otros estudiantes obstaculizan a los alumnos a seguir estudiando.

De acuerdo con el estudio de Mexicanos Primero, «Tod@s: Estado de la educación en México 2017», de cada 100 niños que entran a primero de primaria, 77 pasan a la secundaria en tiempo y forma, pero solo 57 cursan el bachillerato de manera apropiada.

PROFESORES

México es el cuarto país con el menor porcentaje de profesores certificados de especialidad, de acuerdo con el Panorama de la Educación de la OCDE 2016.

En nuestro país, solo el 30% de los profesores de las áreas de ciencia en las primarias y secundarias está completamente certificado por una autoridad competente, cuando el promedio en la organización es de 84%.

Además, los maestros de primaria, secundaria y media superior en México trabajan en la enseñanza más horas por año que el promedio de los países de la OCDE, aunque eso no significa necesariamente mejores resultados.

Por ejemplo, a nivel de secundaria, los maestros en México trabajan 352 horas al año más que la media de la OCDE. Aunque en preescolar dan clases de alrededor de la mitad del tiempo promedio de la organización.

El estudio de Mexicanos Primero indica que 5 de cada 10 maestros recibió formación para desarrollar estrategias pedagógicas para la diversidad multicultural mexicana.

GASTO

El gasto de las instituciones educativas por alumno entre los 6 y los 15 años superó los 100 mil dólares en los países donde mejores resultados se obtuvieron como en la prueba PISA, como Singapur (número uno del ranking), Finlandia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Noruega y Suecia.

Pero en México solo se invierten 27 mil 848 dólares en cada estudiante de esa misma edad.

Además, según la OCDE, los salarios de los maestros mexicanos de preescolar hasta secundaria están por debajo del promedio de la organización.

De forma general, tanto el gasto en educación pública como en la privada aumentaron desde el 2005 en México, según la OCDE.

La educación representa el 17% del gasto público total en México (en comparación con la media de la OCDE, 11%).

Pero, alrededor del 96% del gasto en la enseñanza de educación primaria hasta la educación superior está destinado al gasto corriente, principalmente para cubrir los salarios de los maestros y el mantenimiento de las instituciones educativas.

Sólo Austria, Bélgica, Portugal y el Reino Unido tienen un porcentaje mayor del gasto total para el gasto corriente, aunque el promedio de los países de la OCDE de 92%.

“Hay grandes diferencias entre escuelas con menos carencias que las que tienen más desventajas económicas en Indonesia, México y Taipei”, dice el reporte.

Fuente:http://www.nacion321.com/gobierno/estos-son-los-rezagos-que-tienen-a-mexico-con-problemas-de-educacion

Comparte este contenido:

El (recorte al) gasto federal y el derecho a la educación

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

 El presupuesto de egresos de la federación es una herramienta para lograr los objetivos y metas de los programas sectoriales, del plan nacional de desarrollo, de las funciones y atribuciones de los distintos órganos de la administración pública. Sin embargo, más allá de lo anterior, el presupuesto es también un indicador de la medida en la que el gobierno asume las responsabilidades del Estado, derivadas de los fines establecidos en la legislación de cada materia en particular, así como de los derechos humanos de los ciudadanos, en general.

Los recursos de los que dispone el gobierno son, siempre, limitados. Por lo tanto, el proceso de construcción del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) es un proceso eminentemente político. Múltiples actores, con diversos intereses y capacidades de gestión, se hacen presentes durante el proceso de confección del proyecto, antes de hacerse público. El PPEF en sí es resultado de las negociaciones, de acuerdos, de ajustes de cuentas y de nuevos compromisos entre los actores. Se pueden inferir las “prioridades” del gobierno en la asignación de recursos a los distintos ramos y programas presupuestarios. Tales prioridades están mediadas por criterios de diverso origen y distinta racionalidad, considerando que en nuestro país el presupuesto federal es también un factor clave del desempeño de la economía.

Una parte de las prioridades puede ser observada a través de los “anexos transversales” que acompañan al PPEF, según lo dispuso la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Los anexos representan un “presupuesto transversal” dedicado a asuntos específicos de la agenda de políticas públicas o a sectores de población particulares. Su definición procede de una estrategia de gestión presupuestaria, pero también de la atención debida a compromisos específicos del Estado: proveer fondos para garantir los derechos humanos (véase documento de Fundar.org).

Los presupuestos transversales contenidos en los anexos del PPEF relacionados con elDerecho a la Educación son varios. Sólo de modo indicativo, destacamos: Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Atención de grupos vulnerables; Atención de niños, niñas y adolescentes, Desarrollo de los jóvenes; Programa de ciencia, tecnología e innovación.  La LFPRH prevé (art. 58) que en algunos casos no se podrán hacer reducciones presupuestarias sin atenderse a una serie de criterios. En general, sin embargo, los presupuestos transversales pueden ser incrementados, compensados o disminuidos por efecto de la integración o trasferencia de programas presupuestarios.

Las perspectivas económicas y el escenario en el que se encuentra nuestro país llevaron a la previsión de una reducción del gasto público en 2016 y, ahora, para 2017.  El recorte aplicado al PPEF de 2016 y el planteado en el PPEF de 2017 es diferente tanto en tamaño como en la forma en que afecta a distintos ramos de la administración pública federal, así como de los presupuestos transversales. En la tabla 1 se muestra la evolución de la asignación presupuestaria a tres ramos: Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Gobernación (SG) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

cuadro-1

Es claro que la reducción de la asignación presupuestaria a la SG es mayor que la que se hizo a la SEP y significativamente mayor respecto a la de la SEDENA. Sin embargo, la reducción impuesta a la SEDENA es casi tres veces menor que la hecha a la SEP, en particular, en el PPEF 2017. Si bien son ramos de la administración que no se pueden equiparar por la naturaleza de sus funciones, es evidente el mayor impacto de la reducción en el sector educativo, en la medida en que disminuye recursos necesarios para generar condiciones para el ejercicio del derecho a la educación, base para el ejercicio de otros derechos.

Otra cuestión es el impacto que la reducción presupuestaria tiene en distintos “presupuestos transversales” dirigidos a poblaciones específicas, en relación con el derecho a la educación.  Las tablas 2 y 3 permiten apreciar la variación en los presupuestos asignados (sin entrar al análisis de la dinámica que los programas presupuestarios tienen).  La reducción es de diferente intensidad e impacto en cada caso. Muestra cuidados y atenciones a unos sectores, así como tratos diferenciales que pueden resultar inequitativos.

cuadro-2

Mientras que la asignación presupuestaria destinada a ‘Desarrollo de pueblos y comunidades indígenas’ para 2017 muestra una reducción de casi 3% (mayor a 5% real si se considera la inflación), es bastante menor que la reducción aplicada al presupuesto dedicado a la ‘Atención de grupos vulnerables’ (el doble que la reducción aplicada a la SEP). Por su parte, es muy contrastante la reducción en la asignación a la ‘Atención de niños, niñas y adolescentes’ (-8%) y al ‘Desarrollo de los jóvenes’ (-0.3%) —véase tabla 3. Más allá de las diferencias en los programas presupuestarios implicados y sus costos asociados, se aprecia un desplazamiento de la atención federal hacia las metas dedicadas a la atención al ‘Desarrollo de los jóvenes’, por encima de las desigualdades y los déficits acumulados en los presupuestos destinados a la  ‘Atención a los niños, niñas y adolescentes’.

cuadro-3

El mayor contraste es ofrecido por la reducción diferencial –para 2017– en los cuatro presupuestos transversales arriba citados y el dedicado al ‘Programa de ciencia, tecnología e innovación’, cuyo caso muestra un crecimiento sostenido en las asignaciones, en un año igual a la inflación y muy por encima de la inflación en tres de los cuatro años observados –véase tabla 3. Se aprecia un sesgo inequitativo entre las asignaciones destinadas a amplios sectores de población y las asignaciones crecientes dicho programa, que refiere a un ámbito de desarrollo y no a una población en particular. Sin embargo, en términos de prioridades de desarrollo, y más si el presupuesto se basase en un enfoque de derechos, se aprecia una “tensión” entre prioridades y derechos.

La reducción presupuestaria no sólo afecta de modo desigual e inequitativo a sectores de población -niños, niñas y adolescentes o pueblos y comunidades indígenas. También tiene sesgos territoriales –implícitamente, políticos– claramente identificables en el planteamiento de los proyectos de presupuesto de egresos de la federación. Un caso se observa al comparar la variación de presupuestos asignados al componente de educación del programa Prospera (sin contemplar el gasto en el ramo de salud ni el gasto de operación) y el financiamiento a los servicios de educación básica y normal del Distrito Federal/Ciudad de México –gasto no descentralizado.  Los datos de la tabla 4 muestran que el componente de educación (luego de un incremento inicial) de Prospera perdió progresivamente por efecto inflacionario entre 2014 y 2015, así como entre 2016 y 2017; mientras que el incremento de 2016 sólo compensó la inflación de un año. Entre tanto, el gasto asignado a educación básica en el Distrito Federal/Ciudad de México tuvo incrementos por encima de la inflación, justo en los años en que se procesó una reducción significativa al presupuesto de la SEP (2016 y 2017).

cuadro-4

Las diferencias e inequidades visibles en el corto plazo –en la coyuntura de los ajustes al presupuesto federal anual– sin embargo, ofrecen indicios de inequidades estructurales que devienen de asignaciones presupuestarias desiguales acumuladas en el largo plazo. Inequidades que afectan las oportunidades para ejercer con plenitud el derecho a la educación por amplios sectores de población en situación de vulnerabilidad y de pobreza.

El caso de la educación preescolar permite observar y constatar lo anterior. La atención a la población de 3 a 5 años en México sucede a través de varios servicios: preescolar general, preescolar indígena y preescolar comunitario. Cada uno de ellos es objeto de programas presupuestarios diferentes y la asignación de recursos a gasto de operación y de inversión es distinta. Por ejemplo, el programa presupuestario dedicado a educación comunitaria sufrirá una merma igual a la inflación en 2017, porque se mantuvo la asignación de 2016; a lo que se añade que el gasto en la nómina representa en algunos casos más del 85% del gasto. Son tales las desigualdades entre los servicios de educación preescolar, que en sí mismas producen diferentes circuitos de escolarización de la población rural, indígena y urbana, con acceso a muy diferentes condiciones para la enseñanza y el aprendizaje de los niños.

La asignación presupuestaria a cada servicio no sólo afecta al derecho a la educación(accesibilidad y asequibilidad) sino en la educación (aceptabilidad y adaptabilidad) por parte de diferentes sectores sociales, inscritos en territorios también desiguales. La tabla 5 muestra que los niños tienen distintas condiciones para el aprendizaje en escuelas que ofrecen los tres grados, según el número de docentes asignados a la escuela a la que les toca asistir: más de la mitad de las escuelas de preescolar general cuentan con al menos tres docentes (uno por grado); en cambio, en las escuelas de preescolar indígena la mayor parte atiende los tres grados con un solo docente y, en el extremo, 90% de los centros de educación preescolar comunitaria (de CONAFE) atiende los tres grados con un solo educador. En ese contexto, la reducción a la previsión presupuestaria para CONAFE resulta más que inequitativa.

cuadro-5

La asignación presupuestaria para la educación preescolar en su mayor parte se destina a gastos de operación y éstos, en buena medida, se dedican al pago de los salarios y compensaciones a docentes y becarios. Las diferencias entre los servicios educativos llevan implícita una serie de desigualdades en la distribución del gasto entre diversos sectores de población, así como territorios. Desigualdades que, al mismo tiempo, afectan de manera profunda su posibilidad de ejercer el derecho en la educación, en particular, a una educación integral.

Los datos de la tabla 6 permiten confirmarlo. En el servicio de preescolar general, las escuelas públicas de las entidades federativas tienen tres docentes y en las del Distrito Federal casi seis. Esa diferencia se justifica según la ratio de alumnos por escuela. Pero las diferencias van más allá: se estima que la totalidad de escuelas de preescolar general en la Ciudad de México cuentan con director sin grupo, con docente de educación física (algunas más de uno); en tanto dos tercios de las escuelas dispondrían de docente de educación artística y la mitad de un docente de idiomas. En contraste, en las entidades de la república, sólo un poco más de un tercio de las escuelas disponen de director técnico, un tercio con docente de educación física, menos de un tercio con docente de educación artística y sólo 7% con docente de Idiomas. La diferencia en la asignación de puestos docentes –generales y especializados– entre los territorios (centro vs periferia) es abismal.  El mayor contraste en la asignación de recursos, por su puesto, se aprecia entre escuelas de preescolar general, preescolar indígena y preescolar comunitario. Estos últimos dos servicios no disponen de docentes de educación física, artística o de idiomas. Sólo una décima parte de las escuelas de educación indígena disponen de director técnico. Se podrá justificar la diferente asignación de recursos presupuestarios (salariales/docentes) a esas escuelas por la ratio de alumnos por escuela y la ratio de alumnos por docente.

Pero ese no es el punto. Lo evidente es la inequitativa asignación de recursos entre diferentes sectores de población: a la población de la Ciudad de México mayores oportunidades de educación preescolar integral –educación física, artística y de idiomas, con gestión escolar especial. A las poblaciones rurales dispersas, a los pueblos y comunidades indígenas, menos recursos asignados, docentes con responsabilidades de gestión, con atención a grupos multigrado y con cada vez menos recursos para la enseñanza y el aprendizaje, es decir, rudimentos de educación preescolar.

cuadro-6

En síntesis, el presupuesto de egresos de la federación es una herramienta para gestionar las prioridades nacionales. También lo debe ser para asegurar que la población –a pesar de las desigualdades sociales, económicas, culturales y territoriales– ejerza de manera progresiva su derecho a la educación y en la educación.  El Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados en particular, tiene la grave responsabilidad de construir equilibrio entre las prioridades nacionales privilegiando un enfoque de derechos, por encima de intereses de grupo o partido, o de posiciones de poder de distintos actores de la administración pública federal. A la vista de las desigualdades en la distribución del recorte presupuestario al gasto federal ¿puede el Congreso enfrentar la injusticia y asumir el reto de garantizar un mínimo de equidad? ¿puede abonar a superar las inequidades estructurales en la asignación del gasto educativo y aportar a una mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas rurales, indígenas y de grupos en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, desde una perspectiva de educación y desarrollo integral?  Una obligación moral que deviene de lo anterior es que el Congreso revise a fondo la distribución del recorte presupuestal para no afectar el derecho a la educación de las nuevas generaciones de mexicanos.

Referencia:

Fundar (s/f) Los presupuestos transversales como herramienta para garantizar los derechos humanos. En: www.fundar.org.mx/mexico/pdf/presupuestosyanexos.pdf

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/el-recorte-al-gasto-federal-y-el-derecho-a-la-educacion/

Fuente de la imagen: Foto de Archivo

Comparte este contenido:

Panamá: Estado debe redireccionar gasto de políticas públicas

Centro América/Panamá/19 Junio 2016/Fuente: Panamaamerica /Autor: Redacción

El retiro de ayuda estatal a los padres de familia para la educación de sus hijos, no solo ha repercutido en los gastos que tienen que desembolsar, sino que las alternativas tampoco parecen funcionar.

El bono escolar, las mochilas, útiles escolares y computadoras portátiles eran parte de los materiales y ayuda que se les entregaba a los estudiantes.

Mientras, el actual Gobierno decidió no continuar con estos aportes, y en su lugar optó por dar un subsidio para sacar a los jóvenes de las pandillas, a través de su programa insignia de seguridad, Barrios Seguros, que por el momento no ha dado los resultados esperados, lo que es confirmado por los hechos de sangre de los últimos meses en que han estado involucrados los menores.

La dirigente magisterial Yadira Pino consideró que este gobierno es caracterizado por la improvisación y por hacer las cosas sin debida planificación.

«Quita algunas cosas, como programas o incentivos, y supuestamente lo pasa a otros programas. Eso se llama improvisación», aseguró.

Pino apela a que haya una política pública para el tema educativo en cuanto al presupuesto.

Agregó que se debe destinar una política pública sobre el tema de seguridad, que responda a lo que tenemos y se puedan solucionar los problemas, poco a poco.

Para esta dirigente, uno de los mayores defectos del Gobierno es que están tratando de ver cómo quitan de un lado y ponen en otro; no se está cumpliendo con la responsabilidad del Estado que es brindarle seguridad a la población y tampoco se está sacando realmente a la juventud de la delincuencia, que afecta tanto al joven como a la sociedad.

«Aquí no se está viendo el tema educativo y de seguridad como corresponde con la prioridad y la planificación, con un presupuesto destinado para resolver los problemas y suplir las necesidades que hay en ambos sectores», dijo.

La dirigente calificó como un duro golpe para el bolsillo de las familias el retiro de los beneficios en materia de educación.

«Quitaron los subsidios para educación, pero no cumplieron con el presupuesto para la educación», alegó Pino.

Por su parte, el abogado Carlos Herrera Morán consideró que el Gobierno ha fracasado en materia de seguridad pública, porque no hay estrategia bien organizada para los ciudadanos.

«El crimen y la delincuencia siguen haciendo de las suyas, hasta el extremo de que los panameños sentimos que el país ha sido secuestrado por el delito, sobre todo, en los niveles de la juventud», expresó.

Herrera Morán recomienda que hay que hacerse un replanteamiento de la política de Barrios Seguros para ver dónde están las falencias y las deficiencias de ese programa.

«Los últimos acontecimientos demuestran que estamos en una sociedad violenta, que la Policía ha sido incapaz de detener ese incremento», detalló.

Sobre los subsidios, el jurista pidió que sean revisados, ya que a largo plazo traerá la bancarrota al Estado.

«Hay que hacerle entender a la gente que la única manera de generar riquezas es a través del trabajo y la educación».

Sin embargo, Herrera Morán cree que hay que ayudar a los lugares o barrios vulnerables, pero que no es partidario de entregar subsidio de una manera irresponsable.

Ociosidad del joven

Herrera Morán también cree necesario reprimir a su mínima expresión la ociosidad de los jóvenes, la cual genera delito.

«Hay que tener al joven ocupado en deportes, actividades culturales, musicales y darle más educación. Pasan más tiempo en las calles que en la escuela, es un asunto que hay que atender con urgencia», es su opinión.

Para el abogado, estos son temas en que el Gobierno debe jugar un papel importante y lo está descuidando.

Para el sociólogo Olmedo García hay una contracción del gasto de la política de inversión en la educación, según los informes de estadísticas que señalan que aumentó la cifra de jóvenes en edad reproductiva que ni estudian ni trabajan.

«Hay una contracción de los subsidios directos e indirectos. Hemos disminuido la educación en el nivel primario», acotó.

Según cifras, de cada 10 niños que entran a la escuela, 6 no terminan a los 12 años, la educación completa.

Al dejar la escuela, aparecen estos espacios que tienen que ver con actividades ilícitas, lo cual está impactando el problema de delincuencia juvenil, señaló García, quien explicó que se dio un aumento en la tasa de desempleo juvenil que alcanza el 23%.

El sociólogo añade que si esas políticas no van acompañadas con la sostenibilidad, el programa Barrios Seguros va a fracasar, porque no se le puede tener un subsidio directo a los que cometan un tipo de infracción o de conducta irregular.

«El Estado tiene que redireccionar el gasto de las políticas públicas. No se puede financiar un programa porque no tiene una tasa de retorno efectivo», advirtió.

Con su análisis, Olmedo García, quien es docente de la Universidad de Panamá, llegó a la conclusión de que los resultados del programa Barrios Seguros, en contexto con la realidad, ha sido un total fracaso en el periodo en que se ha implementado.

Fuente de la noticia: http://www.panamaamerica.com.pa/tema-del-dia/estado-debe-redireccionar-gasto-de-politicas-publicas-1030881

Fuente de la imagen: http://www.panamaamerica.com.pa/sites/default/files/imagenes/2016/06/17/15132571.jpg

Comparte este contenido:

PANAMÁ: Gasto educativo crece sin resultado

Otras Voces en Educación

Noticias

PANAMÁ: Gasto educativo crece sin resultado

VAMOS EN REVERSA

Panamá/ 18 de Febrero del 2016/ La Prensa

 

A pesar de que el gasto público en educación aumenta cada año, los resultados en la calidad de la enseñanza, en la permanencia de los alumnos en el sistema y en la inserción laboral están lejos de cumplir con sus objetivos.

Por ejemplo, estadísticas de la Contraloría General de la República revelan que la mitad de los jóvenes que comienza educación media y premedia no la termina.
Además, el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo presentado a finales de 2015″en el que se evaluó el aprendizaje de 15 países de América Latina y el Caribe en matemática, lectura y ciencias naturales concluyó que: en Panamá el nivel de la educación debe mejorarse. En general, el país obtuvo puntajes por debajo de los promedios regionales.

En tanto, el consultor René Quevedo explicó que los nuevos empleos creados entre 2009 y 2014 requirieron 45 años de edad y 13.3 años de escolaridad, en promedio.»Esto quiere decir que una gran cantidad de jóvenes enfrentan anualmente un mercado laboral para el cual no están preparados»
Para Quevedo,»el problema de la educación panameña no es de recursos, sino de pertinencia. Nuestra educación está divorciada de la realidad laboral del país»
En la contraparte, el Ministerio de Educación (Meduca) es la entidad que más personal tiene en el Estado: uno de cada cuatro empleados públicos, para un total de 56 mil 418 funcionarios.

Consecuentemente, es la que paga la planilla más alta. El salario bruto acumulado en 2015 de los funcionarios del Meduca ascendió a $716.3 millones, 17.8% más que en 2014, según la Contraloría.

$2 MIL 787 MILLONES EN GASTO DE PLANILLA

La planilla del sector público ascendió al cierre de 2015 a 222 mil 125 funcionarios, lo que supone un aumento de 9 mil 13 trabajadores (4.2%) más que en diciembre de 2014.

Del total de funcionarios, 196 mil 883 son permanentes y 25 mil 242 eventuales. El sueldo bruto de los funcionarios totalizó $2 mil 787 millones, un 9.8% más que el año anterior.

El informe de la Contraloría General de la República da cuenta de la planilla del sector público, que incluye 83 entidades: 25 del gobierno central (principalmente los ministerios, la Asamblea Nacional y las entidades del Órgano Judicial), 36 instituciones descentralizadas (que incluye algunas autoridades, secretarías, universidades y Caja de Seguro Social); 14 de las empresas públicas (como la Autoridad Marítima de Panamá y Metro de Panamá, S.A.), y 8 de los intermediarios financieros (superintendencias y bancos estatales). Estos cálculos excluyen a la Autoridad del Canal, los bomberos y los municipios.

La entidad con más personal es el Ministerio de Educación, con 56 mil 418, un 25.4% del total de trabajadores públicos; le siguen la Caja de Seguro Social, con 29 mil 269 empleados, el Ministerio de Seguridad Pública, con 27 mil 834 empleados y el Ministerio de Salud, con 16 mil 31.

Las entidades que más aumentaron su planilla en relación al año anterior fueron el Ministerio de Seguridad Pública (mil 199), el Ministerio de Educación (795), el Ministerio de Economía y Finanzas (764), el Servicio de Protección Institucional (282), el Ministerio de Salud (268) y el Ministerio de Comercio e Industrias (216).

También el Ministerio de Educación es el que más recursos absorbe. El pago de salarios brutos de la entidad encargada de la educación en todo 2015 fue de $716.3 millones. La Caja de Seguro Social pagó en salarios $467 millones, el Ministerio de Seguridad $310 millones y el Ministerio de Salud $231.2 millones. El salario de los funcionarios es una de las partidas más importantes en el gasto corriente del Estado. El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, explicó que el aumento de los salarios está ligado a leyes especiales que los contemplan, principalmente en Educación, Salud y Seguridad.»La intención es limitar el incremento en el gasto en todos los gastos corrientes del Estado, de manera que tengamos más espacio para inversión pública que es, al final, lo que resuelve al panameño y mejora la competitividad del país?, dijo recientemente el titular de la cartera de Economía.
REPETIRÁN PLAN DE RETIRO

Una de las propuestas del Ejecutivo para reducir en el tiempo el gasto de planilla es incentivar el retiro de funcionarios que ya están en edad de jubilación y siguen trabajando.

Con esta idea se lanzó un plan de retiro voluntario, al que se acogieron el año pasado mil 548 funcionarios, principalmente del Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Economía y Finanzas.

En total, estos funcionarios recibieron una indemnización de $8.5 millones.
La acogida del plan, no obstante, no fue la deseada, ya que había 20 mil funcionarios que tenían derecho al plan de retiro.
De La Guardia reconoció que «nos hubiera gustado que fueran más”  y adelantó que para este 2016 se implementará un plan similar para incentivar el retiro de funcionarios.

Fuente: http://www.entornointeligente.com/articulo/7921818/VICTOR-GILL-RAMIREZ–PANAMA-Gasto-educativo-crece-sin-resultado

VAMOS EN REVERSA

A nivel mundial el mayor número de funcionarios públicos se encuentran laborando en educación, razón por la cual se traduce en la cartera con mayor gasto para el país. En tal sentido, no se justifica que ante los grandes pagos que se hacen desde cualquier país a las nóminas docentes se tenga hoy día una educación tan cuestionada, parece que vamos en reversa, al contrario de lo que se debe entender por sistema educativo que avance hacia una verdadera emancipación de los pueblos latinos. Cuando un estudiante decide abandonar los espacios escolares, no solo se deja en vacío un pupitre, se deja en vacío un sueño, la esperanza futura de un gran profesional que sea capaz de contribuir a enriquecer una nación a través de sus ideas y proyectos. La pregunta obligada es: ¿Por qué se abandona la escuela?, ¿Por qué no se es capaz de mantener una matrícula escolar?, ¿Qué están haciendo los docente y el Estado para evitar el ausentismo escolar?. Hoy día son miles de jóvenes que desde edades tempranas abandonan su formación ante múltiples realidades, tales como: la descomposición social, los vicios, las drogas, la prostitución, la adicción a la tecnología y los videos juegos…, y  en otro orden de ideas, docente con baja capacidad de diálogo para la formación, escuelas en mal estado, o porque el estudiante decide asumir el compromiso o la responsabilidad de ayudar a mantener un hogar disfuncional. Todo esto, conlleva a tener niños y niñas y  jóvenes  con un profundo  sentimiento negativo ante la vida, un estado de resentimiento que más tarde se traduce en violencia y trastornos sociales. El llamado es para que se tomen las debidas intervenciones en el sector educativo para construir una educación de calidad.

 

Comentado por: Rose Mary Hernández Román

Docente de la Universidad “Rómulo Gallegos”-Venezuela

Investigadora del centro Internacional Miranda

Comparte este contenido: