Educación en América Latina: la hora de los gobiernos locales

Por: Otto Granados

Seguir avanzando en el ámbito escolar en la región requiere abrirse a nuevos mecanismos y experimentar para hacer más participativas las decisiones, comprender mejor las necesidades de las diversas geografías y gestionar de manera más eficaz la profesionalización de los docentes

En las últimas décadas, diversos países de América Latina y el Caribe (ALC) han emprendido reformas educativas de carácter sistémico y estructural orientadas a la calidad. Desde que en el siglo pasado se ejecutaron políticas públicas destinadas a satisfacer las necesidades básicas de alfabetización, infraestructura y escolaridad, llamadas también “reformas de acceso”, se han registrado avances que, en pleno siglo XXI, deben ser profundizados para que la educación de calidad sea una palanca de la mayor relevancia para el crecimiento, la innovación y la productividad de las economías de la región. Esto supone abrirse a nuevos mecanismos y experimentos sobre cómo hacer más participativas las decisiones educativas a nivel local, cómo comprender mejor las necesidades de las diversas geografías, cómo liderar con éxito una escuela y cómo gestionar de manera más eficaz la profesionalización de los docentes. O, dicho de otra forma, la conducción nacional ¿sigue siendo funcional para operar instituciones y políticas educativas con la suficiente flexibilidad y capacidad de adaptación para desempeñar su papel en entornos locales cambiantes e impredecibles? Parece que no.

Los procesos de descentralización o regionalización en diversos campos se volvieron algo más o menos común en ALC. En países con sistemas federales muy arraigados históricamente, regímenes políticos presidencialistas, burocracias centralizadas y una diversidad geográfica, cultural, étnica y lingüística particularmente compleja y persistente, la descentralización de la educación constituyó, hasta entonces, el hecho más significativo. La combinación de diversos instrumentos dio por resultado progresos en materia de provisión del servicio, cobertura e infraestructura escolar, pero también una concentración del poder político y presupuestario y, por supuesto, de las decisiones en diversos capítulos de la política educativa.

Con la apertura económica y la modernización del Estado, entre otras cosas, los países se dieron cuenta de que en las reformas de acceso lo relevante era la cobertura y no la calidad, y emprendieron procesos de descentralización educativa hacia los niveles subnacionales de gobierno considerando, por un lado, hacer copartícipes a los gobiernos locales de esta responsabilidad y, por otro, para llevar el hecho educativo más cerca de las comunidades donde éste se produce.

Sería inexacto, sin embargo, atribuir exclusivamente a la centralización los rezagos educativos, pues nadie discute sus resortes fundacionales, pero es evidente que algunos de ellos no se explican sin sus excesos: la presencia férrea de un sistema que ahogó casi por completo la creatividad de los actores locales del proceso educativo, produjo distorsiones muy serias en la asignación de recursos financieros, procreó una pesada burocracia y tejió inevitablemente un andamiaje corporativo, y en muchos casos corrupto, con los sindicatos, que en varios países de ALC llevó a la colonización de los propios ministerios de Educación y, por tanto, de la formulación y ejecución de muchas decisiones.

Intereses creados

La cantidad de intereses creados en torno a esa estructura reflejan también, por otro lado, las enormes resistencias para digerir la descentralización, las variadas formas de implementarla, los resultados heterogéneos y, sobre todo, el escepticismo e incluso la relativa oposición con que fue recibida por las autoridades subnacionales así como la carencia de una política explícita para desarrollar capacidades a nivel local para gestionar esta responsabilidad mayúscula. Más aún: quizá con excepciones, los Gobiernos centrales se reservaron el control del presupuesto educativo nacional, la relación política con los sindicatos y las políticas de ingreso, promoción y permanencia de los docentes, lo cual explica que normalmente hicieran poco por impulsar reformas sistémicas.

Hubo otros dos elementos que inhibieron el pleno arraigo de la descentralización: la falta de un verdadero compromiso político de los Gobiernos subnacionales para hacerse cargo del servicio educativo con todo lo que ello implica, y el riesgo de que el proceso mismo, que ha tenido sin duda avances, reprodujera a nivel local las malas prácticas nacionales. Las razones son varias pero destaca que los incentivos más importantes en favor de la descentralización, entre ellos redistribuir el poder, aumentar la eficiencia del servicio y mejorar los aprendizajes, entraron en conflicto directo con los intereses políticos de los Gobiernos centrales y locales y de otros agentes opuestos al cambio. De hecho, en algunos países, parecen estar resurgiendo tendencias hacia la recentralización de la gestión educativa.

En suma, ¿cómo evitar desandar el camino o, en otras palabras, cómo formular y ejecutar procesos de segunda generación que aprovechen los progresos logrados, empoderen a los actores locales y desarrollen nuevas capacidades para gestionar la educación? Se trata, en concreto, de discutir un nuevo y amplio arreglo descentralizador en materia educativa.

Desarrollo sostenible

El primer aspecto tiene que ver con el papel de los gobiernos locales. Hasta antes de la descentralización, los estados habían rehuido asumir la función educativa pues ésta era, a juicio de sus dirigentes, una fuente de problemas más que un abanico de oportunidades. La descentralización ha obligado a los líderes locales a aceptar, por lo menos en teoría, que la educación es fundamental para un desarrollo sostenible e integral de sus comunidades y regiones, que el impulso a otros sectores, como la economía y la industria, se retroalimentan positivamente de los avances educativos, que es viable encarar los problemas de distribución del ingreso mediante una buena oferta educativa de calidad, y que incluso, en el mediano plazo, la educación puede ser también una buena inversión política. Sin embargo, en la heterogeneidad geográfica, cultural y política de países como México, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia o Colombia, por ejemplo, este es un escenario todavía frágil en las provincias, departamentos o estados.

En segundo término, los padres de familia, los organismos intermedios o los gremios empresariales han empezado a interesarse más vivamente en la educación. Sin llegar todavía a mecanismos vinculantes de carácter institucional y permanente, se percibe, en algunas regiones de ALC, un mayor sentido crítico del desempeño de los profesores y las escuelas, pero aún subsisten prácticas de manipulación de padres de familia por parte de directivos escolares y sindicales, especialmente para apoyar reclamos salariales.

En tercer lugar, administrar localmente el sistema educativo hace factible introducir innovaciones que, con estructuras excesivamente centralizadas, es casi imposible. Planear por ejemplo nuevos diseños para la infraestructura escolar; experimentar con contenidos curriculares adaptados al espacio local o adoptados directamente de buenas prácticas internacionales; formular programas de actualización para maestros distintos y más audaces a los de carácter central; aprovechar más eficientemente los recursos financieros, entre otras acciones, son posibles cuando las autoridades locales cuentan con un adecuado espacio institucional, presupuestario y político para instrumentarlas, en estrecha cercanía con su propia comunidad educativa.

Un nuevo arreglo

Un nuevo arreglo debiera incentivar a los Gobiernos subnacionales a destinar mayores recursos propios para la educación y a presionar por nuevas fórmulas de asignación. Como las transferencias centrales tienen una estructura muy rígida y son limitadas o incluso discrecionales, los Gobiernos interesados en la educación y decididos a introducir proyectos innovadores, con altas tasas de retorno para la economía local, deben ir explorando fórmulas fiscales imaginativas (destinar parte de los impuestos locales como el de la propiedad o del impuesto al valor agregado a educación), mayor participación privada en la gestión de escuelas públicas, emisión de papel en mercados bursátiles etiquetado a financiamiento educativo, o integración de fondos nacionales que premien a las regiones con mejor desempeño educativo, de manera que pueda irse creando un sistema de incentivos diferenciados y competitivos que combinen virtuosamente cobertura, calidad e inclusión.

A medio plazo, un arreglo de este tipo obligará a los Gobiernos nacionales a profundizar programas compensatorios para determinados Estados o regiones, pues el éxito de unos y el fracaso de otros muy probablemente tenderá a acentuar disparidades y desequilibrios. De otra manera, las regiones que mejor funcionen van a seguir produciendo un capital humano de alta calidad, van a tener un mejor desempeño económico, indicadores sociales más balanceados e ingreso per cápita más alto, en oposición a los que exhiban mayor atraso y que, por ende, no lograrán salir del círculo vicioso y estarán más cerca de ser estados fallidos, como de hecho ya sucede en algunos países. Pero esto supone una oportunidad también para los ministerios nacionales porque podrán concentrar mucho mejor sus energías y recursos en las áreas que más los necesiten, y dejar que el resto desarrolle más capacidades propias y vaya entrando a la edad adulta en la gestión de los sistemas educativos.

Finalmente, será inevitable una reforma que deje a los ministerios nacionales de Educación única y exclusivamente con atribuciones normativas, transfiera más competencias a las regiones, y encuentre fórmulas para aislarlos de los ciclos políticos y partidistas, a semejanza de los procesos que orientan en muchos países las políticas monetarias, comerciales o de competencia, por ejemplo, de tal manera que aseguren razonablemente la continuidad de los líderes, las políticas y las reformas educativas a mediano y largo plazo, más allá de los períodos de gobierno.

Todo parece sugerir, en suma, que en materia educativa ha llegado una nueva hora para los gobiernos locales.

Fuente: https://elpais.com/educacion/2020-07-13/educacion-en-america-latina-la-hora-de-los-gobiernos-locales.html

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En RepúblicaDominicana: Minerd integrará a los cabildos en la mejora de la calidad educativa

América Central/Repúbllica Dominicana/elcaribe.com.do

El ministro de Educación, Andrés Navarro, y el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) firmaron ayer un convenio para impulsar la mejora de la calidad educativa conjuntamente con las alcaldías a nivel nacional.Al participar como orador invitado en la Asamblea General de Municipios, Doctor Rubén Lulo Gitte, Navarro dijo que compartir con el sector es una magnífica oportunidad para aportar desde el Minerd por el desarrollo municipal, “pues como todos ustedes saben, soy un permanente militante por el desarrollo local, dado que fue en la gestión municipal donde aprendí en teoría y práctica, los principios básicos del adecuado manejo de la cosa pública”.

Declaró que el Minerd y Fedomu han aprovechado esta valiosa oportunidad para firmar una alianza estratégica que desde ya se está impulsando desde la municipalidad, “porque nos permitirá perfilar el rol que muy bien podrán jugar los ayuntamientos en la Revolución Educativa que impulsa el presidente Danilo Medina, con una decidida voluntad política por la mejora de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje”.

Las principales líneas de acción del convenio son la gestión ambiental y saneamiento; gestión de riesgos y seguridad, animación cultural, fomento deportivo y democracia y gestión local.

Dijo que el convenio entre el Minerd y Fedomu abrirá grandes oportunidades para una significativa participación de los gobiernos locales en la mejora de la calidad de la educación en cada uno de los 158 municipios del país.

El funcionario consideró que la nueva realidad dominicana deja claro que es imposible lograr desarrollo local sostenible sin una notable mejora de la educación de los niños y los jóvenes, “porque no es casual que en la agenda de desarrollo sostenible 20-30 se formuló un objetivo focalizado a la educación para todos y durante toda la vida”.

Fuente: http://elcaribe.com.do/2017/11/30/minerd-integrara-los-cabildos-en-la-mejora-de-la-calidad-educativa/

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México: El municipio debe participar en la educación

México/09 febrero 2017/Fuente: Alcaldes de Mexico

La educación es un tema que cada día toma mayor relevancia en las proyecciones de crecimiento, evolución y desarrollo de los países. El reto es mejorar los procesos y adecuar las políticas y programas educativos a cada sociedad, dependiendo de sus necesidades y realidad, con el fin de lograr los objetivos y metas planteados por los organismos internacionales para abatir, mediante una mejor preparación de profesionistas y trabajadores, los grandes rezagos y desequilibrios que se presentan en el mundo, como la pobreza, violencia y el hambre.

Un ejemplo de lo anterior se puede ver en el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) Competencias en Iberoamérica: Análisis de PISA 2012, en el que se recomienda que los países iberoamericanos redoblen esfuerzos para mejorar la calidad y la igualdad de sus sistemas educativos.

“La educación y las competencias son la base del crecimiento incluyente en Iberoamérica y la clave para superar desafíos económicos y sociales compartidos, como la baja productividad, la falta de inclusión social y la elevada tasa de desempleo juvenil”, afirma Gabriela Ramos, directora de Gabinete del Secretario General de la OCDE, al dar a conocer dicho informe.

GOBIERNOS LOCALES ACTIVOS

Como parte de los esfuerzos para mejorar, está el planteamiento de profesionales, estudiosos e investigadores en esta materia, en el que proponen la democratización de la educación, partiendo de la participación directa y activa del municipio, orden de gobierno al que se le tiene prácticamente marginado en la estructuración de políticas y programas educativos, y sólo es operativo de las disposiciones federales o estatales en este sector.

Cecilia Perasa Sanginés, doctora en Sociología y profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM), afirma que democratizar la educación dependerá de las capacidades que les otorguen a los municipios en este rubro, porque la realidad educativa del país está marcada por el Estado de manera vertical, “viene desde arriba, sin la participación de este orden de gobierno que es el que está en contacto más directo y cercano con los gobernados”.

El municipio es la instancia de gobierno que puede detectar las necesidades reales de la población en general, y en particular las educativas locales. “Y esto es lo que más falta hace en estos momentos en el proceso educativo, precisamente por la diversidad que existe en el país”, con casi 2,450 municipios que tienen características propias.

El reto es que debe haber congruencia entre el marco legal, el marco presupuestal y las capacidades verdaderas de cada localidad. La democratización de la educación implica necesariamente la participación de las mayorías. Entonces hablar de este tema es escuchar cuáles son las necesidades a nivel de aula, de escuela, para que el proceso no pase por la imposición burocrática desde arriba, sino construir las políticas educativas desde abajo, en un proceso participativo, explica.

Considera que una de las barreras más importantes para que los municipios puedan participar en la educación, es el periodo de gobierno que tienen, que es de tres años, y en algunos casos cuatro: “Es poco tiempo para atender los programas y políticas en la materia, y sí, los tiempos políticos no corresponden a nivel municipal, estatal y federal, sabemos que en la real politic, las decisiones se toman por el partido que gobierna y cada gobernante, sea federal, estatal o municipal, llega con sus propuestas independientemente de las necesidades o lo que haya dejado su antecesor”.

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Cecilia Perasa Sanginés.
FOTO: ROSALÍA MORALES

Cecilia Perasa afirma que ahora que se habla de una mayor autonomía de gestión, de una mayor autonomía incluso curricular en la educación (con la Reforma Educativa), los municipios deben tener un papel relevante para atender las necesidades particulares de las localidades, hablando en términos de diversidad: no son las mismas condiciones educativas las de la Sierra Zongolica, Veracruz, que las de Santa Fe, en la Ciudad de México; es aquí donde debe jugar un papel decisivo la detección de necesidades y debería tener congruencia con la gestión de los presupuestos.

Al respecto, en el documento que contiene la Reforma Educativa, se precisa: “Es impostergable fortalecer las políticas de Estado ya existentes e impulsar las que sean necesarias para hacer posibles los cambios que la educación requiere. Es con este propósito que se estima necesario elevar a rango constitucional las disposiciones que permitirán dotar al Sistema Educativo Nacional de los elementos que impulsen su mejoramiento y aseguren la superación de los obstáculos que lo limitan.

“El Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la república. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale.”

Quedan excluidos los municipios como instancias de gobierno y esto es contrario a lo que plantean los investigadores para democratizar la educación. Cecilia Perasa precisa: “Veo más barreras y una voluntad discursiva que tiene que librar una cantidad de obstáculos de la real politic, que difícilmente, en nuestro país, se podrá dar a corto o mediano plazos”.

José Luís Muñoz Moreno, del Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, en un estudio sobre las formas de participación de los municipios en educación, explica que ésta “se presenta como uno de los retos principales de la democratización de una sociedad”.

“Actualmente, en el contexto de la mejora por la calidad de vida de la ciudadanía, es necesario producir oportunidades verdaderas de participación ciudadana en el ámbito educativo. Potenciar la participación de los municipios y de la ciudadanía en educación es una responsabilidad, especialmente, de los ayuntamientos y de las instituciones educativas que debe reflejarse en planes e iniciativas concretas.”

Fuente:http://www.alcaldesdemexico.com/expediente-abierto/el-municipio-debe-participar-en-la-educacion/

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